Artículos de revistas sobre el tema "Dolo (Derecho penal) Chile"

En el Derecho penal contemporáneo, debido a la creciente importancia de la doctrina del dolo eventual, la distinción entre resultados intentados y consecuencias previstas no es tomada como normativamente relevante. De acuerdo a esta doctrina, ambos efectos de nuestras acciones son equivalentes al momento de atribuir responsabilidad penal. Por el contrario, en filosofía moral se utiliza esta distinción por medio de la doctrina del doble efecto que entiende que nuestra responsabilidad es mayor cuando provocamos un daño de manera directa que cuando el daño es producto de nuestra intención oblicua. Nuevas aproximaciones a la doctrina del doble efecto conectan esta estrategia con el liberalismo moral y político. Si el Derecho penal necesita estar justificado por principios liberales —como las constituciones y los códigos penales parecen exigir––, la doctrina del doble efecto genera un importante desafío a nuestras concepciones de responsabilidad penal. Más específicamente, este trabajo sostiene que la doctrina del doble efecto provee de una mejor solución al problema de la distinción entre resultados intentados y consecuencias previstas que la doctrina del dolo eventual.

En este trabajo pretendo mostrar que el derecho penal contemporáneo no ha encontrado todavía buenas soluciones a las difi cultades conceptuales y normativas planteadas por los casos de ignorancia deliberada. Las difi cultades surgen, en buena medida, al tratar de resolver estas situaciones mediante una herramienta equivocada: ampliando el concepto de dolo eventual. Este recurso conceptual intenta encontrar justifi cación para un castigo severo –el tipo de castigo paradigmáticamente ligado a los delitos intencionales–pero fracasa porque el dolo eventual requiere que exista conocimiento. En contraste con ello, sugiero que la ignorancia deliberada puede ser vista, en algunas situaciones, como una especifi cación del fraude de ley. Esta sería la razón por la que esta fi gura puede algunas veces parecer más grave que la imprudencia.

El artículo analiza las relaciones existentes entre los procesos de contratación económica y el Derecho penal. Es el producto de una investigación doctoral. En la misma se valoran algunas de las características de los procesos de negociación de contratos económicos y cómo puede surgir una relación jurídico penal. Entre los elementos fundamentales para determinar la presencia de ilícitos penales está la determinación del tipo de dolo y la existencia o no del llamado riesgo permitido. Se realizan algunas valoraciones pertenecientes a la dogmática penal y al Derecho de contratos. Entre los aspectos que se analizan está la búsqueda de argumentos doctrinales para la solución de conflictos mediante vías distintas al Derecho penal. Resulta necesario que esta materia sea realmente un Derecho de última ratio.

El derecho penal y el derecho civil no son ramas parecidas, pero cuando estas dos colisionan vamos a encontrar las bases del derecho en conflicto. Este es el caso que sucede con el dolo como vicio de la voluntad y el delito de estafa; ambas figuras jurídicas enfocan los mismos elementos pero su tratamiento, o su procedimiento o sus consecuencias son bastamente distintas. Además que la propia razón de existir ambas estructuras son propias a cada rama del derecho. Pero este conflicto puede provocar que el derecho civil entre a dejar en impunidad conductas delictivas que deben ser valoradas por el estado y además ser juzgadas; o que conductas civiles sean sancionadas como un delito. Es necesario crear un muro que separe la actuación de estas dos figuras del derecho que apoye a los juzgadores en cada caso a valorar la acción como penalmente relevante o como un ámbito netamente civil.

El artículo 9 del Código Penal colombiano define, como norma rectora del sistema penal, a la conducta punible. El siguiente texto, cuestionando la recepción acrítica de doctrinas extranjeras al ordenamiento jurídico (y también Códigos, normas, entre otros.), expone algunos de los puntos más trascendentales de la teoría del delito, entre ellos, el concepto de conducta, desvalor de acción y resultado, relación de causalidad e imputación, ubicación sistemática del dolo y el tratamiento penal de los imputables) a través de las interpretaciones de la doctrina penal colombiana.

En este artículo se revisará un fallo sobre negligencia media, proveniente del Distrito Judicial deCajamarca, la intención es hacer notar que, como la figura del dolo eventual, por más que hayasido desarrollada por la doctrina, no encuentra aceptación por parte de los operadores judiciales yesto se debe a que no cuenta con mayor respaldo legislativo. Por ello se da respuesta a la siguienteinterrogante: ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos para incorporar en el Código Penal peruanotaxativamente el Dolo Eventual, tomando en cuenta lo ocurrido en el delito de Homicidio Culposoen los juzgados penales del Distrito Judicial de Cajamarca, durante el periodo 2012-2016? Luegode la investigación se llegó a concluir que como los jueces no evalúan la concurrencia de doloeventual en los delitos de homicidio culposo y que además existe, en el derecho comparado,legislaciones que especifican la figura del dolo eventual de forma explícita, entonces estos sonlos fundamentos jurídicos que permiten la incorporación en el Código Penal peruano del doloeventual de manera taxativa.Palabras clave: Regulación taxativa, principio de legalidad, culpa consiente y homicidio culposo.

En la presente investigación presentamos algunos criterios para determinar la responsabilidad penal de los profesionales de la salud (médicos) en sus diversas intervenciones de su praxis médica. Con lo que no pretendemos dejar agotado el problema pues se trata de una realidad que hoy en día se ha convertido en viral. Tenemos como objetivo que los operadores del derecho cuenten con mejores posibilidades de aplicación de las teorías que brinda el derecho penal, para efectos de determinar si constituye dolo eventual o culpa consiente, cuando con una mala praxis médica se lesionen bienes jurídicos tutelados como la vida o la salud de las personas. Para lo cual se ha revisado los diferentes criterios doctrinarios que han desarrollado en relación al dolo y culpa, además de tener en consideración la jurisprudencia que hasta el momento ha sido emitida por el Poder Judicial. Se ha logrado determinar que si el profesional de salud tiene conocimiento de que con su conducta incrementa el riesgo, esto sustentado en circunstancias específicas, como no tener condiciones de infraestructura adecuada, implementaciones de equipos de medicina para la posible atención de alguna emergencia, no tener ambulancia, no contar con personal asistencial adecuado, tener conocimiento que el lugar en que realiza una intervención quirúrgica no cuenta con autorización del Ministerio de Salud, y de la Municipalidad correspondiente, actúa con el elemento del conocimiento que requiere el dolo eventual. Así mismo el elemento volitivo del dolo eventual, está representado por decisión que toma el profesional de la salud, de continuar con la intervención quirúrgica en esas condiciones.

El estudio de la dogmática penal es de vital importancia en un estudiante de derecho y mucho más si en un futuro tiene pensado ejercer la profesión en la rama del Derecho Penal, ya que la misma es fundamental para la construcción de una teoría del caso, ya sea para la parte que acusa (Fiscalía), como para la defensa. A través de un análisis minucioso de los elementos que componen la teoría del delito, podemos encontrar una peculiaridad que sea determinante para poder obtener un dictamen a favor para nuestro defendido en un litigio, o de igual manera, que se determine su responsabilidad penal. Es por eso, que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) reformado recoge temas dogmáticos tales como: el concepto de dolo, el error de tipo, error de prohibición, etc. Es decir, instituciones dogmáticas que sin duda son de suma importancia en la praxis jurídica.

<p>En este trabajo se defiende que el fundamento de punición de la tentativa y su comienzo es idéntico en la tentativa idónea y en la tentativa inidónea. En concreto, se considera punible la tentativa inidónea, inclusive la no peligrosa para el bien jurídico, en el caso de que el quebrantamiento del rol o la ejecución del plan/representación del autor contenga el mínimo de racionalidad (Persona) en un concreto ámbito de ejecución (sistema concreto de comunicación), más allá de lo irreal y supersticioso. Amén de ello, el fundamento de la tentativa ya no podrá ser el peligro objetivo. La peligrosidad únicamente incrementará el quantum del quebrantamiento normativo, mientras que su fundamento será la imputación objetiva de la ejecución típica del dolo o la culpa. </p>

En el presente trabajo analizaré la estructura misma de la doctrina de la ignorancia deliberada, cuyo desarrollo es obviamente favorecido por la indeterminación del concepto de dolo (I). Por otro lado, intentaré demostrar que esta doctrina, tal como desarrollada por el Tribunal Supremo Español (II) es a la vez peligrosa, por constituir un claro ejemplo de retroactividad penal, que llamaré epistémica, y reveladora, probablemente más allá de los casos llamados de ignorancia deliberada, de la relación de causalidad entre los juicios de reprochabilidad moral que formulan implícitamente los jueces y las decisiones que imputan responsabilidad penal, independientemente de cualquier elemento epistémico (III).

<p style="text-align: justify;">El presente artículo es un análisis sobre la justificación o no de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sobre la base del principio societas delinquere non potest, considerando la doctrina a favor y en contra de dicha responsabilidad penal; tomando en cuenta los criterios del Derecho Penal clásico, donde sólo las personas físicas son sujetos del responsabilidad penal, al actuar con conciencia y voluntad (dolo/culpa), mientras que un ente ficticio como son las personas jurídicas, cuentan con capacidad, mas no con la voluntad. Sin embargo, el avance y desarrollo de la sociedad, crea nuevas necesidades que deben ser reguladas –uso de la tecnología, industrialización de la producción, etc.–, a fin de mantener la paz y la tranquilidad sociedad, papel fundamental del Estado, por lo que se debería pensar en atribuirle responsabilidad penal a las personas jurídicas. Además, también dedica el autor un especial interés a la legislación ecuatoriana, que en el año 2014 introduce en su andamiaje jurídico dicha responsabilidad penal.</p>

El presente artículo sintetiza la tesis de pregrado “Derecho Penal Informático: Deslegitimación del poder punitivo en la sociedad de control”, el cual estudió la problemática del poder de vigilancia del poder punitivo habilitado con los delitos informáticos, para ello nos planteamos como objetivos: explicar los limites u horizonte de proyección del Derecho Penal Informático, la interdisciplinariedad del Derecho Informático y el Derecho Penal, señalar las fuentes del Derecho Penal Informático, definir el Delito Informático, describir el tratamientode los Delitos Informáticos en el Derecho Penal peruano y comparado, explicar la aplicación espacial y temporal de los Delitos Informáticos, por último señalar las consideraciones de política criminal sobre los Delitos Informáticos; la mencionada tesis concluyó que el Derecho Penal Informático Humano, es el saber jurídico penal que mediante la interpretación de leyes penales sobre Delitos Informáticos, propone a los agentes jurídicos un sistema reductor del poder de vigilancia del poder punitivo en la sociedad de control, para impulsar el poder jurídico con el fin de preservar los espacios de libertad y privacidad de las personas, además se explica la interdisciplinariedad del Derecho Informático y el Derecho Penal, como correspondencia secante entre saberes jurídicos, sus fuentes de conocimiento y de información, también se sostiene varias definiciones de manera formal, material y analítica de los delitos informáticos que en el Perú, se encuentran en la Ley N° 30 096 “Ley de Delitos Informáticos” y diversas leyes de Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Chile, Argentina,y Ecuador, también concluimos que los delitos informáticos requieren de los principios de aplicación temporal del Código Penal, finalmente señalamos algunos problemas con el poder punitivo partiendo desde la Criminología cautelar expuesto por el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni y pautas a considerar para la prevención de los delitos informáticos y del poder de vigilancia.

Resumen: El presente trabajo tiene como objeto analizar el delito de tráfico ilícito de migrantes en Chile, cuyos elementos esenciales del tipo delictivo están referidos al traspaso de manera clandestina de fronteras. Para esto, se organiza este trabajo en tres secciones: en la primera parte, se realiza un breve rescate histórico de la migración en Chile, desde su concepto como también su relación con los flujos migratorios que han llegado al país desde los tiempos donde se inicia la población española en América. Luego, se analiza el tráfico ilícito de migrantes desde el ámbito del Derecho Internacional, la legislación que regula este delito transnacional y los diferentes tratados que permiten su persecución penal. En la parte final se profundiza el análisis de los convenios sobre tráfico ilícito de migrantes que Chile está cumpliendo en la actualidad, y que falta en el derecho interno para avanzar hacia una sociedad integradora que garantice a cada uno de sus habitantes sean nacionales o no, el respeto hacia sus derechos humanos. Palabras-clave: Delito transnacional. Derechos humanos. Derecho migratorio. Derecho Penal Chileno. Tráfico de migrantes. Abstract: This paper analyzes the crime of illicit trafficking in migrants in Chile, whose essential elements of the criminal type are related to the smuggling of frontiers. For this, this work is organized in three sections: in the first part, a brief historical rescue of migration in Chile is presented, considering its concept as well as its relationship with the migratory flows that have arrived at the country from the times of Spanish population in America. Then, in the second part, the illegal trafficking of migrants is analyzed from the scope of International Law, the legislation that regulates this transnational crime and the different treaties that allow its criminal prosecution. In the final part, the analysis of the agreements on illegal smuggling of migrants that Chile is currently fulfilling is deepened, and it lacks in domestic law to move towards an integrating society that guarantees each one of its inhabitants whether national or not, the respect for their human rights. Keywords: Chilean Criminal Law. Immigration law. Human rights. Trafficking of migrants. Transnational crime.

Las cirugías estéticas se han triplicado en los últimos diez años en Chile. Se considera que esta intervención médica es satisfactiva y no curativa, de ahí que se establecen diferencias jurídicas al momento de atribuir responsabilidades. La disyuntiva está en cómo determinar la conducta del facultativo ¿obligación de medios o resultado? Este trabajo analizará el dilema desde una perspectiva del derecho civil y derecho penal.

El presente trabajo analiza el tipo penal de tráfico ilícito de migrantes desde sus elementos, con la finalidad de establecer diferencias con el delito de trata de personas y verificar si se justifica su inclusión en el catálogo penal, a partir de someterlo al test de proporcionalidad, por lo que se toman como referentes las tipificaciones constantes en los Códigos Penales de Chile, España y Ecuador. A partir de los principios y subprincipios del test de proporcionalidad se argumenta que no todos los casos de tráfico ilícito de migrantes deben, necesariamente, estar inscritos en la protección del ius puniendi estatal, para lo cual se recurre a las funciones del Derecho Penal en el estado constitucional de derecho, el principio de proporcionalidad y la necesidad de combatir y sancionar la criminalidad organizada.

Resumen Este artículo trata de un estudio que evalúa las consecuencias de regular normativamente la mediación penal en un sistema acusatorio de corte continental en Chile, como salida alternativa autónoma. Por medio de un diseño exploratorio-descriptivo con metodología cualitativa y de derecho comparado, utilizando fuentes secundarias y además un acotado trabajo de campo en una muestra de operadores jurídicos. Concluyendo que esta inclusión normativa sería un aporte para el sistema penal, para la víctima, imputado y sociedad, requiriendo se regulen exhaustivamente aspectos que impidan decisiones discriminatorias en la derivación y forma de término que se da a los delitos mediados, para no afectar el principio de legalidad procesal.

El tipo penal de desórdenes públicos en Chile frente al derecho de reunión y a la libertad de expresión en el marco del derecho de manifestación Resumen: En Chile, la gran mayoría de las detenciones por el delito de Desórdenes Públicos se producen en el contexto de marchas o manifestaciones públicas, específicamente en aquellos casos, en que, a raíz de dichas expresiones colectivas, se ve vulnerado el orden público, produciéndose una afectación a los bienes jurídicos correspondientes a terceros ajenos a dicha manifestación. En este orden de ideas, se ha sostenido muchas veces que existe un antagonismo entre el derecho a manifestación – el cual es reconocido como un derecho humano o fundamental, tanto a nivel internacional como nacional – y el orden público, entendido este último como un estado de situación que permite un normal desenvolvimiento de la sociedad y las instituciones en general. Considerando este contexto, el presente trabajo tiene el objetivo de analizar el tipo penal de desórdenes públicos en chile frente al derecho de reunión y a la libertad de expresión en el marco del derecho de manifestación. Primero se analiza el derecho de manifestación, atentando al derecho de reunión y a la libertad de expresión. En la secuencia, se examina el derecho de reunión y libertad de expresión con relación al orden público. Al final, se estudia los elementos de tipo del delito de desórdenes públicos, con especial atención al bien jurídico protegido. Se concluye que efectivamente se pueden producir antagonismos, entre el derecho a manifestación (libertad de reunión y de opinión) y el orden público. Además, si bien se reconoce la importancia del orden público, también se ha establecido que este no puede ser invocado por si sólo como una limitación al ejercicio de los señalados derechos. Asimismo, las limitaciones deben ser establecidas mediante una ley, en sentido estricto, según lo disponen los instrumentos internacionales y el principio de reserva legal consagrado en la Constitución Chilena. Palabras-clave: Derechos humanos. Derecho de manifestación. Derecho penal chileno. Derecho de reunión. Desórdenes públicos. Libertad de expresión. The criminal type of public disorders in Chile in front of the right of assembly and to freedom of expression within the framework of the right of manifestation Abstract: In Chile, the great majority of arrests for the crime of Public Disorders occur in the context of marches or public manifestations, specifically in those cases in which, as a result of said collective expressions, public order is violated, resulting in an affectation to the legal assets corresponding to third parties outside said manifestation. In this order of ideas, it has been argued many times that there is an antagonism between the right to manifestation - which is recognized as a human or fundamental right, both at the international and national levels - and public order, understood as a state of situation that allows a normal development of society and institutions in general. Considering this context, the present work has the objective of analyzing the criminal type of public disorder in Chile against the right of assembly and freedom of expression within the framework of the right to manifestation. First, the right to manifestation is analyzed, based in the right of assembly and freedom of expression. In the sequence, the right of assembly and freedom of expression in relation to public order is examined. In the end, the type elements of the offense of public disorder are studied, with special attention to the protected legal right. It is concluded that there are antagonisms between the right to manifestation (freedom of assembly and opinion) and public order. Although the importance of public order is recognized, it has also been established that this can not be invoked by itself as a limitation to the exercise of these rights. Likewise, the limitations must be established by means of a law, in the strict sense, as provided in international instruments and the principle of legal reserve enshrined in the Chilean Constitution. Keywords: Chilean criminal law. Freedom of expression. Human rights. Right of assembly. Right of manifestation. Public disorders.

En este artículo se expone la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Chile en materia de dignidad humana con valor fundamental del orden constitucional chileno, y la manera como lo instituye con un límite al ius puniendi estatal. Se exponen textos doctrinales, tanto nacionales como extranjeros, en torno a la noción de dignidad humana y su forma de incorporación en los ordenamientos constitucionales, específicamente en la Constitución chilena. Del mismo modo, se analiza la jurisprudencia del Tribunal, para indagar la idea de dignidad humana que posee, y la manera y los alcances en su aplicación. El Tribunal considera la dignidad humana como una condición intrínseca del ser humano, de la cual se colige un deber de respeto y de consideración, principalmente del Estado. La circunstancia del reconocimiento constitucional de la dignidad lleva a estimarla como la base del orden político y social en el contexto de un Estado democrático de derecho, de lo cual se derivan y concretan en el orden del derecho punitivo una serie de principios, como la presunción de inocencia, el principio non bis in idem, el principio de culpabilidad y el de proporcionalidad de las penas, los cuales necesariamente limitan el derecho penal subjetivo del Estado.

Este trabajo ofrece una interpretación del elemento “interés o provecho” exigido en el art. 3 de la Ley Nº 23.393 como condición de la punibilidad de las personas jurídicas, a partir de un análisis de los distintos modelos de responsabilidad penal en el derecho compa-rado y el análisis de la coherencia de dicha exigencia para el propio sistema. Se concluye que la función de dicho elemento en el sistema de imputación chileno es definir objetivamente, y desde una perspectiva objetiva ex ante, el ámbito de competencia de la persona jurídica sobre las conductas de terceros autorresponsables, de manera de limitar los deberes de dirección y control. Por su parte, la incorporación de los adverbios “directa e inmediatamente” debe ser entendida como un elemento cualificador del injusto merecido de pena.

El derecho comparado es una alternativa para adoptar un punto de vista general y completo sobre la admisibilidad de la prueba pericial en Perú, Colombia y Chile. Con la finalidad conocer sobre los diferentes enfoques que se dan en los procesos de admisibilidad en Sudamérica, para ello se realizará una búsqueda bibliográfica y utilización de descriptores. La admisibilidad de la prueba pericial, tiene un manejo diferente a pesar de temer un mismo modelo procesal penal, es necesario elevar las exigencias de admisibilidad de la prueba pericial, el incursionamiento progresivo de valoración en cuanto a la cientificidad de la prueba, la necesidad de la opinión experta, idoneidad del perito y confiabilidad de la pericia.

El año 2007 se implementa en Chile la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, llevando a cabo distintos programas centrados en el control social, los cuales han sido ejercidos históricamente por trabajadores sociales. Esto ha llevado a repensar la acción profesional, en la que se evidencian distintas tensiones; por una parte, un sistema enfocado en que los adolescentes infractores de ley lleven a cabo sus medidas y sanciones respecto de los delitos cometidos y que frente a esto logren la reinserción social, pero, por otra, la invisibilización de un sistema neoliberal, altamente desigual y violento, en el que se responsabiliza únicamente a los jóvenes y a sus familias. Es decir, un sistema que vulnera y pasa por alto todo tipo de derecho, que a través de políticas públicas de reinserción social nos hace creer que encuentra la solución respecto de las mismas problemáticas que este ha creado desde el surgimiento de la cuestión social.

El artículo presenta las propiedades psicométricas a nivel exploratorio de la “Escala de Adhesión a los Principios del Derecho Penal” de un estudio piloto aplicado a una muestra consecutiva de 369 casos en el conurbano del Gran Concepción, Chile. Se describe la construcción del instrumento y su estructura, centrándose en la exposición de las propiedades de validez de constructo a través del AFE y de validez convergente por medio de una correlación inversa con la escala de Percepción de Inseguridad. Para establecer confiabilidad, se presenta el Alpha de Cronbach para la Escala General y para cada subescala generada. Se concluye con los alcances, limitaciones, proyecciones de la escala, así como las sugerencias para su ampliación y la necesidad de aplicación en otros contextos, puesto que el estudio es una primera aproximación al fenómeno.

El autor de este artículo presenta de manera sucinta la responsabilidad penal individual, en Derecho Internacional, a través del caso Augusto Pinochet. La dicotomía entre la jurisdicción extraterritorial, con la jurisdicción territorial chilena, es resuelta al no acceder el Ministro del Interior británico, Jack Straw, a conceder la extradición del General Augusto Pinochet a España, por motivos humanitarios, regresando éste a Chile para ser juzgado por su juez natural una vez levantada su inmunidad. Se le acusa de ser autor intelectual y coautor de supuestos delitos, de 18 secuestros y 57 homicidios, perpetrados por la llamada "caravana de la muerte", una comitiva militar que recorrió el país en 1973, exterminando opositores al régimen de Pinochet, quien ha quedado bajo arresto domiciliario tras habérsele efectuado exámenes mentales y tomada su declaración indagatoria por el juez Juan Guzmán.

En estos días, a fines de 2020, se discute en el Congreso Nacional de Chile, el proyecto de ley que implementa el Convenio de Budapest sobre Cibercrimen y que deroga la Ley Nº19.223 sobre delitos informáticos de 1993. Un proyecto largamente anhelado por la comunidad técnica vinculada a la ciberseguridad y por la comunidad científica del derecho y la tecnología, que, por largos años, ha evidenciado las insuficiencias de la ley vigente —aprobada antes de la existencia y masificación de la web— en múltiples conferencias, seminarios y artículos de doctrina, muchos de ellos publicados en nuestras páginas. Entre las innovaciones que considera el proyecto de ley, varias de ellas fruto del aporte de parlamentarias y parlamentarios interesados en este tema, queremos destacar la incorporación de normas que tienen por objeto proteger legalmente la búsqueda y notificación de vulnerabilidades de ciberseguridad. De aprobarse una disposición expresa que exima de responsabilidad penal a los investigadores en ciberseguridad que habiendo encontrado una vulnerabilidad en una red, sistema o programa computacional, notifiquen inmediatamente de ella a la entidad responsable y, eventualmente, a la autoridad pública competente, Chile pasaría a tener no solo una legislación moderna sino que también de vanguardia en la región y el mundo.

El presente ensayo tiene por objeto analizar y reflexionar en torno al concepto de justicia desde una mirada de la terapia ocupacional. Para esto se revisarán tres conceptos fundamentales: la idea de justicia y justicia social como ideales dentro de nuestra socie- dad; la justicia penal y la justicia ocupacional. Para enriquecer esta reflexión teórica, se considera el marco institucional vigente en Chile, los cuales son clave para establecer que ocurre en las residencias forenses para pacientes psiquiátricos ya que es allí donde convergen claramente las visiones desde las disciplinas del derecho y la salud mental. Finalmente, se establecen los alcances de esta relación en el quehacer profesional de los y las terapeutas ocupacionales, principalmente al momento de considerar la com- plejidad de su práctica dentro de los equipos de salud que se vinculan a la salud mental y psiquiatría forense dentro de un marco institucional establecido.

Este artículo de reflexión es el resultado de la revisión analítica, interpretativa y crítica de los documentos, leyes y jurisprudencia relacionada con el derecho al olvido de los pederastas, la pedofilia y la pederastia, cumpliendo con los objetivos principales de clarificar los conceptos objeto de discusión y formular posibles alternativas frente a las escasas limitaciones para la vinculación al mercado laboral de quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores de catorce años. Mediante la utilización del tipo de investigación dogmática, descriptiva y de análisis estático de precedente se logró concluir que la pedofilia, al ser una enfermedad incurable, debe ser tratada con el fin de evitar su materialización en la pederastia y, como medida preventiva de delitos, el Congreso de la República de Colombia ostenta la misión de reglar el manejo de las bases de datos de los condenados por estos delitos a través de una ley estatutaria. 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INSPIRE, Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños. Recuperado de https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire/INSPIRE_ExecutiveSummary_ES.pdf

La investigación se fundamenta en la normativa vigente y las sanciones correspondientes por evasión tributaria a las pequeñas y medianas empresas. El estudio se basó en analizar las contribuciones tributarias de todos los sectores económicos y la gestión que realiza el SRI para combatir las empresas fantasmas. El objetivo del estudio fue determinar los principales delitos que existen y las sanciones correspondientes por cada infracción. El diseño metodológico fue de orden mixto. Cualitativo porque se realizó un análisis descriptivo de los principales delitos especificados en el COIP Art. 298. Cuantitativo porque se analizó e interpretó datos económicos acerca de las PYMES, contribuciones tributarias generales y evasión de impuestos. Los resultados revelaron que las PYMES generan un alto valor tributario, por ende, existe incremento de empresas fantasmas que evaden impuestos y no existe una adecuada gestión para combatir este problema. Palabras Clave: Contribución tributaria, PYMES, evasión de impuestos, empresas fantasmas. Referencias [1]I. Quispe, “La evasión tributaria y su influencia en las micro y pequeñas empresas del sector comercio distrito de quilmaná provincia de cañete, periódo 2018,” 2019. [2]E. Cobos, “Los impuestos financian el 70% del sector público,” Rev. Gestión, no. El petróleo pierde revancha, pp. 1–2, 2018, [En línea]. Disponible en: https://revistagestion. ec/index.php/economia-y-finanzas-analisis/los-impuestos-financian-el-70-del-sector-publico. [Último acceso: 4 de mayo de 2020] [3]J. Yañez, “Evasión Tributaria : Atentado a la Equidad,” Cent. Estud. Tribut. Univ. Chile, pp. 171–206, 2015, [En línea]. Disponible en: https://revistaestudiostributarios.uchile.cl/index.php/RET/article/view/39874%0Ahttps://revistaestudiostributarios.uchile.cl/index.php/RET/article/view/39874/41444. [Último acceso: 4 de mayo de 2020]. [4]J. Benítez, R. Granda, R. Noboa, E. Villegas, I. Valero, and S. 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En el presente trabajo se abordará un estudio dogmático sobre el dolo, desde una evolución historicista hacia un enfoque conceptual; partiendo de una vertiente general a una particular, aplicado al Derecho Sancionatorio en amplio sentido, con óptica comparada entre el Derecho Penal y su relación natural con el Derecho Disciplinario. De esta manera, se destacaran los elementos diferenciadores en estas materias, con la precisión de extraer un concepto autónomo del dolo. Se parte de la tesis de que esta modalidad de conducta ha mutado del matiz penal delictivo al disciplinario, que por ser independiente, ha regido bajo una noción propia, pero que mutatis mutandi ha tomado sus bases de esta primera disciplina jurídica. La inaplicación o evasión de la utilización del dolo en materia de Derecho Disciplinario no ha sido gratuita, puesse debe a que este tiene una etiología distinta a la del Derecho Criminal, además porque existe, en el ámbito de la Ley 734 de 2002, una partición entre el dolo y la culpa, y del dolo en estricto sentido con la culpa gravísima, lo cual llega asemejarse en muchos eventos a nivel sancionatorio.

En el presente trabajo se pretende abordar cómo el feminismo ha influido en el Derecho Penal chileno, observando en primer lugar el fenómeno político del feminismo, considerando la gran fuerza que este movimiento ha tenido en Chile, para luego, en segundo lugar, observar la influencia de este movimiento en el Derecho Penal chileno. En dicho contexto, se abordarán tres reformas al Derecho Penal sustantivo de este último tiempo: La Ley sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo, Ley Nº21.030; la Ley sobre el Femicidio, Ley Nº20.480; y la Ley sobre Acoso Sexual en Espacios Públicos, Ley Nº21.153. Como se observará, la tesis central de este trabajo es que, si bien el feminismo ha influido en el Derecho Penal, ello no ha implicado establecer una asimetría inversa, sino que una igualdad de derechos en la legislación penal entre hombres y mujeres. Finalmente, terminaré el trabajo con algunas conclusiones.

En marzo del año 2015, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció, por primera vez, sobre el llamado feminicidio. Es preciso advertir que la decisión comentada se ocupó de la modificación introducida al art. 104 CP por el art. 26 de la Ley 1257 de 2008, en concreto, de la circunstancia de agravación número 11, consistente en que el hecho se cometa contra una mujer por el hecho de ser mujer.Afirmar la tipicidad de los comportamientos que incorporan elementos subjetivos distintos del dolo –como el feminicidio– no es una tarea sencilla y ello obedece, en buena medida, a las dificultades inherentes a su prueba. De ahí la importancia que tanto los teóricos como los prácticos del derecho desarrollen criterios que permitan reducir el margen de arbitrariedad en la aplicación de estas normas y hagan mucho más calculable su aplicación. La decisión comentada, cuya importancia está fuera de toda discusión, alude a la problemática apuntada, aunque no la sortea de la mejor manera: los correctivos introducidos por la Sala no solo flexibilizan, quizás demasiado, el principio de legalidad, sino que, además, introducen una serie de circunstancias que desnaturalizan el delito mismo de feminicidio.

En este artículo se problematizará sobre el peritaje cultural como práctica antropológica utilizada para comprender el entorno y el comportamiento de imputados en situación de diversidad cultural. Se reflexionará sobre la actividad procesal y la posible construcción de una nueva relación entre los pueblos indígenas y el Estado, a partir de la revisión de las definiciones de pluralismo jurídico y su injerencia para una política de reconocimiento, del derecho indígena y la diferenciación entre derecho consuetudinario y derecho propio, del rol del peritaje antropológico, la delimitación del sujeto indígena y la noción de cultura presente en el sistema judicial chileno, considerando la experiencia de defensa indígena en Chile desde la Defensoría Penal Pública.

La Revista Justicia & Derecho de la Universidad Autónoma de Chile se complace en presentar el segundo volumen correspondiente al año 2020 que constituye el término de un primer ciclo en el cual nos enfrentamos, entre otros retos, a la tarea de migrar la Revista a la plataforma Open Journal System. Junto con ese desafío cumplido, hemos iniciado también con éxito el camino a posicionar la Revista en índices relevantes (DOAJ, Latindex, Portal de Revistas Académicas chilenas, Dialnet) con miras a iniciar el 2021 la postulación para obtener su indexación a SciELO y en otros índices en el corto plazo. Cambios vendrán y serán anunciados en el sitio web del repositorio de revistas de la universidad (https://revistas. uautonoma.cl/), entre otros las modificaciones que se pondrán en aplicación para los envíos a partir de 2021 en lo referente a las directrices para los autores. El 2021 traerá consigo algunos cambios al equipo editorial de la revista a fin de fortalecerlo en beneficio de la calidad científica que es una prioridad para nosotros. En este volumen 2/2020 se han seleccionado nueve trabajos de investigación y reflexión científicojurídicos, un comentario de sentencia y una recensión de una obra dirigida por un profesor de nuestra universidad y miembro del Instituto de Investigación en Derecho (IID). El primer artículo, contribución del profesor don Carlos López Dawson, se titula “La didáctica participativa. La educación superior y su contexto” en donde se explora el tema siempre interesante y tanto más actual, en estos tiempos de cambios pandémicos, de la enseñanza del Derecho y de la metodología pedagógica de enseñanza-aprendizaje basadas en competencias como instrumento útil para la formación de competencias profesionales en los estudiantes de la disciplina. El segundo artículo, lleva por título “La ambivalencia de la Excma. Corte Suprema frente a la estabilidad en los empleos de la función pública” y es de autoría de don Héctor Muñoz Díaz, una interesante reunión y análisis de los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema en lo relativo a la no renovación de los empleos a contrata en el período 2015-2019. La tercera contribución la entrega don Tomás de Rementería Venegas, doctorando de la Universidad Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Francia, bajo el título “Desentrañando la excepción: Análisis doctrinario y comparativo sobre los estados de excepción constitucional”, de actualidad evidente en tiempos de Covid-19, propone un examen jurídico comparativo en torno a la regulación normativa de los estados de excepción, acompañado de un análisis doctrinario e histórico de la institución. El cuarto trabajo titulado “La libre circulación de resoluciones en la UE en el caso de la sustracción internacional de menores” pertenece a la profesora española doña María González Marimón, en él aborda la regulación actual (Reglamento Bruselas II bis) y futura (Reglamento 2019/1111) del sector del reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras en materia de sustracción internacional de menores en el ámbito de la Unión Europea. En quinto artículo, cuya autoría pertenece a la profesora doña María Constanza Cubillos Torres, y lleva por título “Hacia un Constitucionalismo Ambiental en la Región Andina: Breve estudio de las Constituciones de Bolivia, Ecuador y del proyecto de nueva Constitución de Chile del 2018”, trabajo que aborda la noción ambiental presente en el proyecto de nueva Constitución de 2018 (Boletín 11617-07), así como el diálogo ciudadano previo al proyecto, que persigue como objetivo el determinar hasta donde se extiende dicha protección y cuánto del Constitucionalismo Ambiental Andino de Ecuador y Bolivia está presente esa propuesta de reforma para Chile. El sexto artículo titulado “Nuevos estándares del ejercicio de la función pública de planificación territorial urbana. Análisis del artículo 28 decies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones” es una contribución de la profesora doña Paola Román Fuentealba y entrega al lector un análisis del precepto a que se refiere su título, que constituye la piedra angular de la nueva forma de planificar territorialmente en Chile. La séptima contribución nos las entrega, en coautoría, los profesores don Alexander Espinoza Rausseo y doña Jhenny Rivas Alberti, y lleva por título “El concepto de la función administrativa y su delimitación frente a los actos de naturaleza jurisdiccional”, que nos entrega las pautas para distinguir entre una función administrativa y jurisdiccional tomando como punto de partida el criterio residual, así como su función de proteger los intereses generales. Por esa vía, los autores proponen que en aquellos casos que no puedan ser calificados de jurisdiccionales o legislativos la calificación de procederá será de naturaleza administrativa. El octavo trabajo, también en coautoría de don Sebastián Hassi Troxler y de don Matías Roa Navarrete, se titula “Acciones temerarias en la ley de protección de los derechos de los consumidores: Críticas a su regulación contenida en la ley N°19.496 y a su falta de desarrollo”, tiene como propósito entregar un análisis de las denominadas “acciones temerarias” reguladas en el artículo 50 E de la Ley Nº 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores, conteniendo además una interesante propuesta de lege ferenda. Finalmente, el noveno artículo cuyo título es “Feminismo y Derecho Penal”, pertenece al profesor don Luis Hernán Acevedo Espínola y de él el lector constatará cómo el feminismo ha influido en el Derecho Penal chileno, abordando para el efecto tres reformas a esa disciplina de este último tiempo. En la sección comentarios de sentencias, ofrecemos al lector nuevamente un interesante trabajo de Tomás Frenck “Daño emergente futuro. Corte Suprema, sentencia de fecha 14 de septiembre 2017, Rol N°400-2017”, en donde el Excmo. Tribunal sienta la doctrina que el daño emergente que se producirá en el futuro puede ser indemnizado, en la medida que exista certeza de su ocurrencia venidera. Finalmente, la profesora y Directora del IID de la Universidad Autónoma, doña Andrea Lucas Garín nos entregan la recensión de la obra “Estado y Pueblo Mapuche. Una mirada desde el Derecho y las políticas públicas”, bajo la Dirección del también investigador del IID, Dr. Francisco Bedecarratz S. (Santiago de Chile, RIL Editores y Universidad Autónoma de Chile, 2020). En esta obra, se presentan, en base a cuatro pilares, las interrelaciones entre el Pueblo Mapuche y del Estado de Chile: Derechos Fundamentales, Formas de Estado, Orden y Seguridad Pública y Fomento Económico, Social y Cultural, temáticas que evidentemente merecen reflexiones de cara al próximo debate constituyente. Vaya, entonces, sin más, el saludo del equipo editorial de la Revista Justicia & Derecho de la Universidad Autónoma de Chile para los lectores de este nuevo volumen y los deseos que la lectura de los trabajos expuestos abra nuevos horizontes del conocimiento del Derecho. Hacemos extensivos nuestros más sinceros agradecimientos a los árbitros que han contribuido decididamente a la publicación de este segundo volumen del año 2020, deseándole a todos, lectores, árbitros, autores y colaboradores los mejores deseos para el 2021 que se avecina. Gonzalo Ruz Lártiga Editor General Revista Justicia & Derecho Santiago de Chile, diciembre de 2020.