Auswahl der wissenschaftlichen Literatur zum Thema „Chile. Ley no. 20.780“

En este artículo presentamos un estudio comparado e iushistórico del matrimonio civil en Colombia, destacando los principales requisitos y los procedimientos establecidos en las constituciones de 1853, 1863 y la carta política de 1886, en relación a las normas que consagran el matrimonio civil (Ley 20 de julio de 1853), el Código Civil de 1873 (Ley 84) y el Civil de 1887 (Ley 57 ); identificamos además los “trasplantes legales” (o transferencias normativas) del Código Civil de la República de Chile (Andrés Bello, 1857).

Desde los albores de la humanidad, la actividad cinegética ha sido proveedora de sustentos alimenticios básicos. En la actualidad, la caza ha perdido esta centralidad, considerándose como una alternativa productiva y de ocio más para las comunidades rurales. En Chile, así como en otros países, esta actividad se ha legislado y reglamentado en las últimas décadas. De este modo, la vigente ley N°19.473 de 1996 y su reglamento (Decreto Supremo N°5 de 1998) son el marco básico que rige la caza en Chile. Pasados más de 20 años desde su entrada en vigor, y en atención a la laguna científica y académica imperante sobre el particular en el país, planteamos este trabajo con el objetivo de analizar la normativa y organismos chilenos implicados en el rubro, así como también las asociaciones y sus formas de organizarse y practicar la actividad cinegética. Finalmente, se descubre que en Chile la actividad cinegética es muy minoritaria. Además, persiste una visión tradicional y poco productiva, en la que el asociacionismo y el número de cotos de caza es reducido.

El enfoque de la discapacidad constituye actualmente una perspectiva que pretende hacerse cargo de la incorporación de la dimensión social en la comprensión de la salud mental, y su hegemonía en Chile es visible en el diseño de las legislaciones y políticas públicas sobre salud mental durante los últimos 20 años. Sin embargo, tanto este enfoque de la salud mental como las respectivas legislaciones y políticas desarrolladas, presentan importantes dificultades para hacerse cargo de la situación de justicia y ciudadanía de este grupo de personas. Estas dificultades del enfoque se hacen particularmente evidentes cuando se requiere garantizar el ejercicio de una ciudadanía activa, ya que los aspectos relativos a la ciudadanía han demostrado tener un efecto terapéutico sobre las deficiencias o trastornos mentales. La urgente necesidad de una ley de salud mental para Chile demanda el desafío de diseñar una legislación que se haga cargo de las particularidades de la discapacidad mental, pero además la posibilidad histórica de incluir efectivamente la perspectiva de las personas con discapacidad mental y sus familias en la discusión de una nueva ley.

El establecimiento de espacios de participación es un desafío abierto para gran parte de los Estados latinoamericanos. Su óptimo funcionamiento dependería de factores adicionales a la gestión institucional. Este artículo indaga cómo los Consejos Comunales de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC) responden a requerimientos de gobernanza y deliberación democrática, que articulados con elementos de capital social y cultural, son componentes fundamentales del ejercicio de participación ciudadana. Para explorar este planteamiento, se tomó el caso del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), Chile. Los datos surgen del proyecto para la instalación del cosoc (Ley 20 500), ejecutado en la región del Biobío, Chile, en 2017. La metodología es mixta, predominantemente cualitativa, basada en el análisis de talleres participativos con apoyo de datos descriptivos tomados de las encuestas. Los principales resultados apuntan a la operatividad y eficacia de la participación y al valor que esta adquiere a partir de las condiciones del contexto y demanda social, es decir, cuestiones como la información disponible, el nivel de asociatividad, la formación cívica, las asimetrías de poder, entre otras. Las anteriores, variables vinculadas a la estructura y condiciones de los espacios promovidos y a la calidad de los procesos democráticos en la región.

El 20 de abril de 2009 entró en vigencia en Chile la Ley de Transparencia, que asegura a los ciudadanos el acceso a la información pública. Si bien el balance de este régimen es positivo, importa analizar los núcleos de conflictos que se generan cuando se deben conciliar derechos e intereses jurídicos tutelados por el ordenamiento jurídico chileno, como la protección de la vida privada y datos personales. El artículo analiza la situación de la protección de datos personales en el ordenamiento jurídico chileno. Por una parte, argumenta que el derecho a la protección de los datos personales traspasa la clásica división del ámbito de lo público y lo privado, pues en ambos campos es necesario cautelarlo. Por otro lado, el trabajo busca aportar al debate para la construcción de estándares de actuación para los organismos públicos que permitan compatibilizar la transparencia con la protección de datos personales.

Existen al menos dos Convenios Internacionales asociados a la Justicia de Familia que han sido suscritos y ratificados por Chile, por tanto, ley de la República, que operan desde hace años en una aparente opacidad. La complejización del sistema social ha obligado a la visibilización de dichos Convenios, especialmente ante fenómenos tales como los movimientos migratorios y la constitución de familias con características de transnacionalidad. La ejecución en Chile del “Convenio de Nueva York de 1956 para la Obtención de Alimentos en el Extranjero” y el “Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción de Niños, Niñas y Adolescentes”, tras los fenómenos enunciados, han permitido la observación de algunas prácticas asociadas a los géneros, las edades y la paternidad/maternidad, distinciones que intentaremos develar en el presente artículo.Palabras clave: Convenios Internacionales, Familias Transnacionales, Migraciones. Aplicação de Convênios Internacionais em matéria de Família e seu envolvimento com fenômenos contemporâneosRESUMOHá pelo menos dois Acordos Internacionais relacionados com a Justiça de Família que tem sido assinados e ratificados pelo Chile, portanto, lei da República, que operam há anos numa opacidade aparente. A complexidade do sistema social tem forçado a visibilidade de ditos Convênios, especialmente a fenômenos como a migração e a constituição de famílias com caraterísticasda transnacionalidade. A execução no Chile do “Convênio de Nova Iorquede 1956 para a obtenção de alimentos no Exterior” e “a Convenção da Hayade 1980 sobre os Aspectos Civis do Rapto de Crianças e Adolescentes”, apósdos fenômenos enunciados, têm permitido a observação de algumas práticasassociadas aos gêneros, as idades e a paternidade / maternidade, distinçõesque tentam-se revelar no presente artigo.Palavras-chave: Convênios Internacionais, Famílias Transnacionais,Migrações. Application of International Conventions related to familyissues and their link to contemporary phenomena. ABSTRACTThere are at least two international conventions associated with Family Lawthat have been signed and ratified by Chile, which have been operating foryears in apparent opacity.The complexity of the social system has forced the visibility of thoseConventions, especially in connection with migration and the formation oftransnational families.The implementation in Chile of the “Convention on the Recovery Abroadof Maintenance, New York 20 June 1956” and “Convention of 25 October1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction”, based on theaforementioned phenomena, have allowed the observation of some practicesassociated with gender, age and paternity/maternity, which we will discussin this article.Keywords: International Conventions, Transnational Families, Migrations.

AbstractObjective:Assess the effectiveness of iron-fortified flour on iron status.Design:Systematic review and meta-analysis.Setting:Argentina, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Brazil, Cameroon, Chile, China, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Denmark, India, Iran, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Mongolia, Morocco, Norway, South Africa, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, UK, USA, Uzbekistan, Venezuela, Vietnam, and Zambia.Participants:Fifty-two articles (ninety-four trials) were examined. The main target groups were women, children, and infants/toddlers. The effects of different types of iron-fortified flour (wheat, maize, rice, soy, and beans) on iron status were examined.Results:A random effects analysis of before–after studies showed that iron-fortified flour led to significant increases of mean haemoglobin level (3·360 g/l; 95 % CI: 0·980, 5·730) and mean serum ferritin level (4·518 µg/l; 95 % CI: 2·367, 6·669); significant decreases of anaemia (−6·7 %; 95 % CI: −9·8 %, −3·6 %) and iron deficiency (ID) (−10·4 %; 95 % CI: −14·3 %, −6·5 %); but had no significant effect on iron deficiency anaemia (IDA). A random effects analysis of controlled trials indicated that iron-fortified flour led to significant increases of mean haemoglobin level (2·630 g/l; 95 % CI: 1·310, 3·950) and mean ferritin level (8·544 µg/l; 95 % CI: 6·767, 10·320); and significant decreases of anaemia (−8·1 %; 95 % CI: −11·7 %, −4·4 %), ID (−12·0 %; 95 % CI: −18·9 %, −5·1 %), and IDA (−20·9 %; 95 % CI: −38·4 %, −3·4 %).Conclusions:Flour fortification with iron is an effective public health strategy that improves iron status of populations worldwide.

Este artículo de reflexión es el resultado de la revisión analítica, interpretativa y crítica de los documentos, leyes y jurisprudencia relacionada con el derecho al olvido de los pederastas, la pedofilia y la pederastia, cumpliendo con los objetivos principales de clarificar los conceptos objeto de discusión y formular posibles alternativas frente a las escasas limitaciones para la vinculación al mercado laboral de quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores de catorce años. Mediante la utilización del tipo de investigación dogmática, descriptiva y de análisis estático de precedente se logró concluir que la pedofilia, al ser una enfermedad incurable, debe ser tratada con el fin de evitar su materialización en la pederastia y, como medida preventiva de delitos, el Congreso de la República de Colombia ostenta la misión de reglar el manejo de las bases de datos de los condenados por estos delitos a través de una ley estatutaria.
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La universidad pública nuevamente pasa por una de sus tantas crisis educativas y econ6micas, las cuales le impiden avanzar hacia la consecución de objetivos académicos de alta calidad. Pero, a pesar del reconocimiento de la crisis y de, en algunos casos, su falta de calidad, diferentes sectores de la sociedad hacen esfuerzos muy grandes por la creación de un sistema que se encargue de la evaluación, acreditación y la certificación de la calidad educativa, ya que el Perú no cuenta aún con un sistema para la acreditación de su educación superior. Es más, aunque la Ley General de Educación garantiza su funcionamiento, no existen señales políticas claras que permitan inferir que el Ejecutivo o el Legislativo tengan la voluntad de crear los organismos que velen por la calidad de la educación superior peruana. No existen en el Perú mecanismos que permitan comparar la homogeneidad de la formación de profesionales de la misma especialidad en dos universidades públicas distintas. El Perú, como uno de los tantos países latinoamericanos que permanentemente están sumergidos en la ingobernabilidad, muestra cifras alarmantes de desempleo y subempleo, producto de su falta de planeación educativa. Por ejemplo, si analizamos la evolución del crecimiento universitario observamos que en 1980 existían en el Perú 35 universidades y este número se incrementó a 56 en 1994 y a 78 en el 2002. En 1980, de las 35 universidades que existían, 25 eran públicas; en 1994 de las 56 universidades, 28 eran públicas; y en el 2002, de las 78 universidades 46 eran privadas. Pero a pesar de este importante incremento de universidades privadas, las públicas siguen albergando el mayor número de alumnos (59% de la población estudiantil). Según estudios realizados por el CONCYTEC, la investigación y el desarrollo (I&D) en nuestro país representa el 0,11% del PBI, una de las más bajas de la región y bastante rezagadas respecto de países como Brasil, Cuba, Chile y Argentina, que tienen un coeficiente de 1,05%; 0,62%; 0,56% y 0,42%, respectivamente. En el Perú, en los últimos 25 años, la inversión en I&D ha descendido de 0,36% del PBI en 1975 a 0,10% del PBI en el 2002. La inversión pública en I&D es alrededor del 55% del total de la inversión y el resto es originada en el sector privado; sin embargo, si se analiza por sectores institucionales se puede observar que las universidades en su conjunto representan aproximadamente el 42% del total de la inversión, siendo muy similar los niveles en las universidades públicas y privadas. Según la Asamblea Nacional de Rectores, en el año 2000, el gasto promedio por cada estudiante de universidad pública en el Perú fue equivalente a 780 dólares, mientras que el promedio para el resto de países en América Latina fue de 937 dólares y de 5595 dólares en Estados Unidos, según datos de la UNESCO para 1998. Entre los años 1991 y 2002, el número de postulantes a universidades públicas aumentó en 66%, asimismo en el 2002 postularon 229 107 jóvenes a universidades públicas, mientras que 62 149 lo hicieron a universidades privadas.

El objetivo de este trabajo es evaluar un proyecto fotovoltaico como fuente de energía alternativa en el sector de salud primaria como estudio de caso, desde la perspectiva económica y social. La evaluación se basó en variables técnicas y económicas bajo los criterios de Valor Actual Neto (VAN) y Tasa interna de retorno (TIR), valorizando las reducciones de carbono (CO2) y utilizando la tasa de descuento social del Ministerio de Desarrollo Social. Los resultados son favorables y sugieren la ejecución de este proyecto como iniciativa de política pública. Sin embargo, queda en evidencia que en periodos de invierno no se cubre las necesidades energéticas, haciendo imprescindible diversificar la matriz con fuentes tradicionales.
 Palabras Clave: Energía solar fotovoltaica, sector salud, sustentabilidad, evaluación social.
 Referencias
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