Literatura académica sobre el tema "Derecho bancario y financiero"

El derecho bancario como fuente del conocimiento jurídico especializado en un ámbito que incluye un estudio multidisciplinario, técnico y complejo, es una rama poco explorada por la literatura en especial por la literatura jurídica panameña. Esta rama del derecho viene a suponer una especialidad jurídica que evidentemente tiene su desarrollo sobre la actividad de una empresa, el banco, pero que, por otro lado, tiene a su sujeto de protección, el cual lo hace conforme a criterio de la autora una rama del derecho eminentemente pública, en la persona entendida como consumidor bancario. Así, ante la captación de fondos del del público y ante la clara importancia que reviste en todo el sistema financiero, el derecho bancario tiende a enmarcar todo este ámbito de estudio y a encontrar las mejores fuentes de regulación del sector que per se es ampliamente regulado, en el caso panameño, a través de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

En tiempos de bancarización donde abundan políticas para masificar el consumo de servicios financieros, la expansión de productos como la cuenta de ahorros y su llegada al promedio de la población con especiales condiciones de indefensión, ha dejado entrever una histórica tensión entre el ejercicio de los derechos de las entidades bancarias y los derechos de los consumidores financieros, que se profundiza cuando la naturaleza del producto adquirido está vinculada al ejercicio de derechos laborales y a la garantía de derechos básicos como el mínimo vital.Con la revisión de las prácticas incluidas por las entidades financieras en los contratos de cuenta de ahorros, se hace visible la necesidad de que el análisis de las relaciones contractuales en el marco de relación producto financiero – derechos, se realice desde una perspectiva que tenga en cuenta que dentro de la expresión ‘consumidores financieros’ existen categorías que merecen una especial protección, información y educación financiera, a fin de no sobreponer la masificación de los servicios financieros en detrimento de derechos fundamentales, y resolver así esta tensión en favor de la garantía de derechos.

Los cambios acontecidos en el Japón que originaron la crisis bancaria-puesta de manifiesto como una fuerte contracción del crédito bancario que acompañó el brote final de la crisis financiera-, tenían sus orígenes en la evolución de la banca y las finanzas en los Estados Unidos tres décadas antes. Hacia la década de los setenta comenzaba a producirse cambios profundos que habían comenzado allí. Dichos cambios generaban preocupación por la creciente fragilidad del sistema financiero (Mayer M., 1974). Un aspecto importante de los cambios iniciados en Estados Unidos y Japón, décadas después, fue la disminución de los aspectos del crédito bancario referentes a las relaciones; es decir, fueron orientándose cada vez más a la realización de operaciones, en las cuales muchos bancos dejaron de ver la concesión y la vigilancia de préstamos como su función principal. Mientras, los bancos japoneses concedían y mantenían préstamos con el fin de obtener otros negocios con sus clientes. Así, la estrategia de los bancos norte­americanos hacía hincapié en otorgar un préstamo y después vender el crédito a otros y, en la actualidad, dichos bancos no sólo se deshacen de hipotecas que seguidamente se reúnen para respaldar títulos con garantía hipotecaria; sino que también enajenan sus derechos en casi cualquier tipo de préstamo, tanto en los créditos de consumo como en los otorgados a las empresas.

La figura de la intimidación resulta más habitual de lo que parece en el entorno de las relaciones comerciales y el ámbito bancario no es una excepción. El carácter de establecimiento público de las entidades financieras y su aparente formalidad no han sido óbice para que muchos clientes hayan aceptado, bajo intimidación, productos no deseados o cláusulas abusivas, que, en total libertad y existiendo alternativa, no habrían firmado. Estas conductas se han manifestado mayoritariamente en situaciones de renegociación contractual, en donde el cliente se veía inmerso en dificultades financieras que no dejaban más alternativa que aceptar una modificación de la situación contractual que mantenía con la entidad bancaria. Se trata de consentimientos impuestos y, por tanto, viciados, que se analizarán en el presente artículo. Recibido: 25.06.2020Aceptado: 14.10.2020

Esta norma en lo esencial, viene a modificar la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, pero que, concebida en una coyuntura bien diferente, parte de una filosofía mucho más ambiciosa que la que inspiró a aquélla. De hecho, el impacto de este Decreto-ley no solo desbordó las fronteras regionales para alcanzar al conjunto del Estado, sino que su incidencia incluso se hizo notar a escala de la Unión Europea, dado el temor de que la misma pudiera tener efectos negativos en un sector bancario cuya supervivencia depende del apoyo financiero europeo.

Desde marzo del año 2012, los jubilados y pensionados argentinos cobran sus haberes a través de una caja de ahorro bancaria de forma obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por una ley aprobada en octubre de 2011 (reglamentada por el Banco Central de la República Argentina), siendo imprescindible utilizar una tarjeta débito para realizar cualquier trámite de extracción. Si bien esta fue una política pública innovadora al otorgar un derecho gratuito a siete millones de beneficiarios, también ocasionó diversos problemas. La principal cuestión es la delegación, por parte del Estado, de temas de gestión de cobro de haberes y de certificación de supervivencia en las entidades financieras. Este trabajo se propone analizar, desde la perspectiva de una persona mayor que tiene problemas motrices y que nunca había utilizado tarjetas de débito, si esta innovación es socialmente responsable. Para ello, en primer lugar se contextualiza el problema del lugar que ocupan las personas mayores en las políticas públicas; luego, se estudia el reconocimiento del abuso financiero como un problema social y su articulación con políticas públicas; a continuación, se analiza la ley reglamentada sobre la bancarización de los beneficiarios del ANSES; por último, se presenta una propuesta de innovación financiera responsable para personas mayores.

Los estudiantes necesitan disponer de libros y otros materiales en los que, de forma clara y concisa, se describan y comenten los aspectos fundamentales de una materia concreta. Disponer de tales herramientas les permitirá llegar a dominar los temas básicos, aprender y, por supuesto, superar con éxito dicha materia en el momento de su evaluación.El presente manual pretende cumplir esos requisitos, poniendo a disposición de los estudiantes un material que les permita comprender, aprender y aplicar los conceptos fundamentales de las Finanzas Corporativas, asignatura incluida en el plan de estudios de varias titulaciones como el Grado en Administración y Dirección de Empresas o el Grado en Turismo, además de Dobles Grados como el de Administración y Dirección de Empresas y Derecho de muchas universidades españolas y extranjeras.A fin de conseguir tales objetivos, este manual se ha dividido en ocho capítulos, añadiéndose al final un compendio de conceptos relevantes en el campo de las Finanzas Corporativas. La estructura seguida en cada capítulo la forman cuatro bloques, recogiendo el primero el desarrollo del tema, el segundo la bibliografía recomendada, el tercero una serie de cuestiones de autoevaluación con sus correspondientes respuestas y el cuarto determinadas aplicaciones prácticas que se recomiendan para un mejor conocimiento del tema tratado en el capítulo.El primer capítulo comprende el estudio de las magnitudes patrimoniales básicas y su representación en los estados financieros. Así, se aborda el estudio de la empresa, el contexto de la actividad económica, el ciclo económico-financiero básico de la empresa, el patrimonio, el balance de situación, alteraciones de la estructura económico-financiera, la cuenta de pérdidas y ganancias y otro tipo de informes, todos ellos necesarios para el estudio de las Finanzas Corporativas.En el segundo capítulo se presenta una introducción a las Finanzas Corporativas al comentar las decisiones financieras de una empresa, su objetivo financiero y el papel del director financiero.El tercer capítulo introduce el estudio del sistema financiero y sus tres componentes (instrumentos financieros, mercados financieros e instituciones financieras) así como de los tipos de interés.El cuarto capítulo se dedica a la metodología aplicable a la evaluación de proyectos de inversión. Se hace referencia a los aspectos fundamentales de la decisión de inversión y a la dimensión financiera de un proyecto de inversión. Asimismo, se analiza la importante cuestión del valor del dinero en el tiempo.El capítulo quinto, continuación del anterior, abarca el estudio de los principales criterios para evaluar proyectos de inversión (plazo de recuperación, valor actual neto y tasa interna de rendimiento), así como otras cuestiones tales como la hipótesis de reinversión de los flujos netos de caja, la inconsistencia del criterio de la tasa interna de rendimiento, la homogeneización de proyectos de inversión y la renovación de equipos.El capítulo sexto aborda aspectos fundamentales relacionados con las principales fuentes de financiación a través de las cuales una empresa puede captar fondos para llevar a cabo sus decisiones de inversión como son el crédito comercial, el factoring, el confirming, los pagarés de empresa, la financiación bancaria tradicional a corto y largo plazo, la emisión de obligaciones y de acciones, el leasing, el renting, el capital riesgo, los business angels, las subvenciones, donaciones y legados, y la autofinanciación o financiación interna.El capítulo siete es continuación del anterior, estando centrado en el cálculo del coste medio ponderado de capital o coste de capital, así como del coste de las distintas fuentes de financiación que la empresa utiliza para financiarse. Concretamente, se aborda el cálculo del coste de capital, el coste del crédito comercial o de proveedores, el coste del factoring, el coste del préstamo, el coste del empréstito, el coste de las acciones y el coste de otras fuentes de financiación de naturaleza propia.El último capítulo se dedica al estudio de la dirección financiera internacional abordando además de los conceptos básicos los factores condicionantes de la dirección financiera internacional, riesgos financieros específicos, decisión de inversión y financiación en el contexto internacional así como una breve presentación de los principales instrumentos de financiación internacional utilizados por la empresa española.

Como respuesta al recurrente problema de evasión fiscal internacional, el Congreso de los Estados Unidos emitió la Ley de CumplimientoTributario de Cuentas Extranjeras (Foreign Acccount Tax Compliance Act, comúnmente conocida por sus siglas Fatca). Dicha ley tiene por objeto promover el cumplimiento tributario de ciudadanos y residentes de Estados Unidos que son titulares de cuentas bancarias en el exterior, dado su sistema fiscal basado en residencia y ciudadanía. A través de Fatca, se invita a las entidades financieras locales a suscribir un acuerdo con la Administración tributaria de Estados Unidos, mediante el cual se comprometan a brindar información acerca de las cuentas cuyos titulares son ciudadanos o residentes de dicho país bajo apercibimiento de sanción. La aplicación de esta norma en nuestro paísgenera muchas preguntas relativas a su naturaleza, su extraterritorialidad, su vulneración del derecho bancario, civil y penal, y demás aristas. Su inminente aplicación, el 1 de julio de 2014, genera un clima de especial interés a la espera de un pronunciamiento oficial de las autoridades locales. Definitivamente, la importancia de Fatca reside en que marca una nueva etapa respecto de los anteriores sistemas de intercambio de información que podría revolucionar la forma de administrar los impuestos.

Muchas personas recuerdan con seguridad la película Una Mente Brillante del 2001, ganadora de cuatro Oscar de la Academia, Russell Crowe representa al matemático John Nash. Ante el ingreso de unas señoritas en un bar, en el grupo de amigos de Nash todos se preparan para cortejar a la más bonita. Entonces Nash manifiesta:”si todos vamos por la bonita, no conseguimos nada. Ni con ella ni con las amigas, que se sentirán tratadas como una segunda opción. Pero si vamos por las amigas, tendremos más posibilidades”. El plan funcionó, John Nash años después en 1994, ganó el premio Nobel de Economía y la teoría de juegos pasa a ser estudiada por todo el mundo. La escena descrita grafica lo ocurrido en nuestro sistema financiero en los últimos 20 años, en un periodo donde fue necesario reestructurar a las empresas, en tanto hubo adquisiciones y necesidad de 9 negociar por el control social por terceros o como el empleado por el grupo que domina la sociedad para consolidar su posición de control.
Tesis

Esta investigación tiene como principal propósito, analizar las características del esquema tradicional de liquidación bancaria (liquidación lisa y llana) adoptada por nuestra normativa legal y aplicada en los procesos liquidatorios de las empresas supervisadas del sistema financiero, teniendo como consecuencia procesos liquidatorios actuales cuyo promedio bordean los 15 años, con evidente perjuicio de los acreedores y en especial de los ex ahorristas. En este sentido, es imprescindible señalar que las crisis bancarias siempre han representado un costo económico, financiero y social bastante alto para los países que la han experimentado, y que el Perú le ha tocado vivir en la década de los 90’s e inicios de los 2000, y que en la actualidad los Estados Unidos y gran parte de los países de Europa sufren sus consecuencias, repercutiendo estas a nivel mundial. Si bien actualmente el Perú goza de una estabilidad económica, con la moneda del Nuevo Sol fortalecida frente a la divisa norteamericana, y con una proyección de crecimiento para los próximos años de alrededor del 6%, no somos un país que vive aislado del contexto económico adverso que atraviesa Europa y los Estados Unidos, y en donde el riesgo de desaceleración en nuestra economía siempre está latente, por tal motivo no debemos dejar de lado nuestra normativa bancaria en lo concerniente a las entidades del sistema financiero que atraviesen problemas financieros, legales y demás, sino también en los procesos liquidatorios de las mismas, y muy por el contrario con la experiencia adquirida, podemos modernizar nuestra normativa, adoptando mecanismos que nuestra propia ley contempla como la cesión de cartera.
Tesis

Durante las últimas décadas, en nuestro país, la actividad económica se ha ido incrementando haciendo que las empresas busquen y opten por nuevas alternativas de financiamiento para poder operar, esto requiere entre otros muchos aspectos el disponer de bienes muebles, entendiendo que la carencia de estos, paralizaría el desarrollo de muchas empresas, es así que surge la necesidad de contratar mediante una no tan conocida forma de financiamiento denominada Arrendamiento Financiero o Leasing, como una atractiva alternativa frente al crédito tradicional, donde una persona o cliente contrata con una entidad financiera para que le ceda en uso el bien requerido (previamente adquirido según indicaciones del arrendatario), para que la empresa arrendataria pueda hacer uso y beneficiarse del mismo.
Tesis

La contribución de las Administradoras de Fondos Pensiones en el Buen Gobierno Corporativo de las empresas en las cuales invierten es un tema desarrollado de manera diferente por los países latinoamericanos y Europeos. En algunos países no existe regulación previsional que haga referencia a este tema en particular, sin embargo, la tendencia a nivel mundial es a mejorar las Prácticas de Buen Gobierno Corporativo en las empresas invertidas en vista a la importancia y valor agregado que puede generar no solo a los accionistas mayoritarios, administradores y demás grupos de intereses que giran en torno a la empresa invertida sino además a los propios afiliados, quienes por intermedio de las AFPs son los beneficiarios indirectos del éxito de la empresa. Chile, es uno de los países que presenta un completo desarrollo sobre las responsabilidades de las administradoras en las empresas donde se invierte los fondos, en tanto que se ha regulado la concurrencia a Junta de Accionistas de las empresas, estableciéndose el deber de pronunciarse en cada una de las materias tratadas. En Republica Dominicana se ha establecido que las AFPs deben definir políticas para votación en elección de Directores de sociedades, para de esta manera evitar conflicto de interés. Asimismo se ha señalado en su normativa interna que las AFP deben concurrir a las Asambleas de Accionistas y emitir su voto, salvo que presente una inversión inferior al 3% del emisor. En Colombia si bien no se ha establecido en la ley, en la práctica las AFPs tienen la obligación de velar porque los emisores que reciban inversión de los fondos de pensiones obligatorios cuenten con estándares de gobierno corporativo que cumplan con las políticas internas de las AFP.
Tesis

La investigación tuvo como objeto analizar la posibilidad de que las entidades financieras accedan al concurso preventivo. Para esto se analizó la ley de entidades financieras y la ley de concursos y quiebras, así como sus sucesivas reformas teniendo en cuenta la jurisprudencia reciente, donde se advirtieron discrepancias, lo que motivó la presente investigación.
Fil: Barafani, Marcela. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
Fil: Furlán, Pablo. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
Fil: Lores, Soledad. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.
Fil: Prado, Jésica. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.

El presente trabajo de investigación es fruto de una inquietud académica por una lectura diferente de las normas que analizaremos formada desde las aulas de mi alma máter, por intensas discusiones en clase y al interior de mi asociación Círculo de Derecho Administrativo
Tesis

La presente investigación desarrolla un tema de actualidad muy relevante para la promoción de nuestro mercado de valores especialmente para el mercado primario de instrumentos representativos de deuda, las Ofertas Híbridas o Profesionales. La promoción, desarrollo e implementación de estas Ofertas Híbridas facilitaría el incremento de las emisiones de instrumentos de deuda y el ingreso de nuevos emisores; lo cual podría ampliar las alternativas de inversión actualmente disponibles para los inversionistas. La conceptualización de Ofertas Híbridas es una terminología introducida por el Banco Mundial, a partir del estudio de experiencias exitosas en países con economías emergentes y también en países desarrollados que en sus regulaciones diseñaron ofertas flexibles en cuanto a la carga regulatoria para la inscripción de los valores, el rol del regulador, las obligaciones informativas periódicas, restricciones a la negociación de los valores, los destinatarios de la oferta, entre otros aspectos; a partir de la combinación de características de las ofertas públicas y de las ofertas privadas de valores. La justificación de la presente investigación se centra en que a pesar del crecimiento económico obtenido por nuestro país durante los últimos veinte años, nuestro mercado de valores es aún pequeño en comparación a otros países latinoamericanos como el chileno y el colombiano. Ello debido a una serie de factores como los altos costos de acceso para que una empresa pueda financiarse, por los trámites y plazos muy prolongados en el tiempo para la aprobación de las inscripciones, empresas con tamaños pequeños para los estándares que el mercado de valores requiere y que no cuentan con políticas de buen gobierno corporativo e información financiera elaborada de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), desconocimiento de los beneficios del mercado de valores y poca cultura financiera, entre otros temas que desincentivan el ingreso al mercado de valores. En consideración a ello, el desarrollo y posible implementación en nuestra regulación de esquemas como las Ofertas Híbridas podría constituir una alternativa diferente al régimen general de ofertas públicas primarias y a los regímenes especiales, como el regulado mediante el Reglamento de Oferta Pública Primaria dirigido exclusivamente a Inversionistas Acreditados – ROPPIA, el cual a diferencia de dichos regímenes promoverá el ingreso de nuevas empresas al mercado de valores y de ampliar las opciones de financiamiento a los emisores, constituyéndose en una fuente alternativa al sistema bancario.
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Conforme se detalla en el Examen Diagnóstico de Protección al Consumidor y Alfabetización Financiera en el Perú, elaborado por el Banco Mundial en el año 2013, el 20.5% de los peruanos adultos indicó, en una encuesta realizada para la base de datos “Global Findex”, que tiene una cuenta de ahorro en una institución financiera. Asimismo, un 8.6% de los encuestados ahorró en una institución financiera el año anterior, mientras que un 12.7% de la muestra admitió haber recibido un préstamo otorgado por una empresa del sistema financiero el año anterior. A pesar de lo desolador que, “prima facie” puede parecer este panorama, máxime si comparamos el caso peruano con otros países latinoamericanos, el mismo informe detalla que, en la primera década del siglo XXI, el sector financiero peruano ha experimentado un crecimiento sostenido, ello gracias a la estable situación financiera y macroeconómica que se evidenció en dicha década. También asevera el referido informe que los peruanos recurren frecuentemente al mercado formal de créditos bancarios. No obstante, en lo que se refiere al consumo de productos pasivos, la población peruana sigue manteniéndose rezagada con respecto al promedio latinoamericano de titularidad de cuentas bancarias y ahorro.
Tesis

Busca conocer los tipos de riesgo al que está expuesto el ahorro del público en el Perú y cómo afecta el riesgo cambiario crediticio en las colocaciones bancarias. Para la hipótesis general, se ha probado que se puede mitigar los riesgos que enfrentan las entidades bancarias en el Perú, a través, de una supervisión bancaria efectiva. Para la hipótesis específico número uno, se ha demostrado que el riesgo bancario en relación al ahorro del público en el Perú ha influido negativamente en los bancos estudiados, al concentrar estos su cartera crediticia, dar créditos a personas vinculadas con accionistas de la entidad, violando lo establecido por la Ley de Entidades Bancarias, afectando con esto el ahorro del público en el Perú, al perder sus ahorros algunos agentes económicos que confiaron en el sistema. Para la hipótesis específica número dos, se ha probado que el riesgo cambiario crediticio se da fuertemente en economías con alta dolarización y determina la falta de solidez de la entidad bancaria y fragilidad del sistema. En conclusión, mitigar los riesgos de crédito, liquidez, cambiario y crediticio que enfrentan las entidades bancaria en el Perú, es posible a través de una supervisión bancaria efectiva por la Superintendencia de Banca y Seguros.
Tesis

Las Administraciones Públicas también interactúan en el mercado con la finalidad de obtener financiación y servicios de las entidades financieras, al igual que las personas físicas y las empresas. Se les puede considerar, por tanto, como clientes bancarios públicos en contraposición a los privados. En efecto, tales Administraciones están legalmente habilitadas para contraer obligaciones de endeudamiento con entidades financieras que luego se formalizarán a través de contratos bancarios. Sin embargo, cuando la Administración Pública, regida idiosincrásicamente por el Derecho Administrativo, interactúa con entidades financieras, regidas por el Derecho Mercantil y Bancario, ello provoca que los contratos bancarios habituales en el tráfico negocial no puedan serle directamente aplicables sin una previa adaptación de los mismos a la peculiaridad del cliente bancario público. Dicha adaptación se halla justificada en nuestro ordenamiento jurídico por la preferente protección de los intereses públicos, como demuestra por ejemplo la introducción del principio de prudencia financiera, que limita el coste de endeudamiento de las operaciones de financiación para Comunidades Autónomas y Entidades Locales, a la vez que prohíbe algunas, y afecta al normal ejercicio de la autonomía de la voluntad. Además, dicha adaptación de los contratos bancarios a la parte contratante pública, también alcanza al régimen de garantías aplicable a la concreta operación financiera, siendo ambos extremos los que constituyen las peculiaridades de los mcontratos de financiación bancaria con Administraciones Públicas. De hecho y en lo que a garantías se refiere, se parte de que el dinero público no puede ser objeto de compensación ni de embargo. Así, la Administración Pública, a pesar de estar sujeta al principio de legalidad, en la actualidad sigue manteniendo una posición de supremacía en determinados aspectos en el ámbito de los contratos bancarios, y éste es el más destacable. También, figuras como la prenda y cesión de créditos deberán ser matizadas, u otras como los avales y cartas de conformidad someterlas a una adecuada valoración de conveniencia, jurídica y práctica. Pues bien, el estudio de estas peculiaridades constituye el objeto de la presente tesis. Son contratos en los que se produce claramente la interconexión entre el Derecho público y el Derecho privado por la interacción que se produce entre la Administración Pública, como parte deudora contratante, y la entidad financiera, como parte acreedora contratante. La fusión y conexión entre ambas ramas del Derecho es necesaria para el fin pretendido por ambas partes, siendo el estudio de dicha interacción y el alcance del Derecho público y del Derecho privado en estos casos lo que se analiza en la presente tesis. También aportando una perspectiva práctica y finalista mediante el presente estudio, bajo la consideración de que el Derecho debe ser aplicable a una realidad, que en este caso es mixta o basada en una relación público-privada, aunque sin olvidar que se está ante un estudio académico en el ámbito del Derecho cuya rigurosidad teórica resulta esencial. Adicionalmente, se hará alusión también a otra tipología de contratos que pueden convenir Administraciones Públicas con entidades financieras distintas a los de financiación: los contratos de servicios bancarios. Están sujetos a Derecho público en gran medida y su objeto es la gestión de cobros y pagos del cliente público para el desarrollo normal la actividad financiera y de la hacienda pública. En ambas tipologías contractuales las partes son las mismas pero el régimen jurídico es distinto, que se va a contraponer y comparar a efectos discursivos, sin perjuicio de centrar el objeto de análisis en los contratos de financiación bancaria. En definitiva, se trata de un estudio contextualizador de la realidad de los contratos de financiación bancaria que conciertan las Administraciones Públicas con las entidades financieras, que partirá del estudio de los contratos bancarios habituales en este ámbito, continuará por la explicación de la peculiaridad del cliente bancario público, el análisis de la evolución normativa habida en la materia, hasta culminar con el detalle del régimen y limitaciones del endeudamiento bajo nuestro ordenamiento jurídico, a través de un examen crítico del status quo y con ánimo de ofrecer una visión jurídico-práctica de la realidad de estos contratos de financiación bancaria.
Les Administracions Públiques també interactuen en el mercat amb la finalitat d’obtenir finançament i serveis de les entitats financeres, al igual que les persones físiques i les empreses. Se les pot considerar, per tant, com a clients bancaris públics en contraposició als privats. En efecte, aquestes Administracions estan legalment habilitades per a contraure obligacions d’endeutament amb entitats financeres que després es formalitzaran a través de contractes bancaris. Tanmateix, quan l’Administració Pública, regida idiosincràsicament pel Dret Administratiu, interactua amb entitats financeres, regides pel Dret Mercantil i Bancari, això provoca que els contractes bancaris habituals en el tràfic negocial no puguin ésser-li directament aplicables sense una prèvia adaptació dels mateixos a les peculiaritats del client bancari públic. Aquesta adaptació es troba justificada en el nostre ordenament jurídic per la preferent protecció dels interessos públics, com demostra per exemple la introducció del principi de prudència financera, que limita el cost d’endeutament de les operacions de finançament per a Comunitats Autònomes i Entitats Locals, a la vegada que en prohibeix algunes, i afecta al normal exercici de l’autonomia de la voluntat. A més, aquesta adaptació dels contractes bancaris a la part contractant pública, també arriba fins al règim de garanties aplicables a la concreta operació financera, essent ambdós extrems els que constitueixen les peculiaritats dels contractes de finançament bancari amb Administracions Públiques. De fet i en quant a les garanties, cal partir de la base que el diner públic no pot ser objecte de compensació ni d’embargament. Així, l’Administració Pública, malgrat estar subjecta al principi de legalitat, a l’actualitat segueix mantenint una posició de supremacia en determinats aspectes en l’àmbit dels contractes bancaris, i aquest és el més destacable. També, figures com la penyora i la cessió de crèdits hauran de ser matisades, o altres com els avals i les cartes de conformitat sotmetre-les a una adequada valoració de conveniència, jurídica i pràctica. Doncs bé, l’estudi d’aquestes peculiaritats constitueix l’objecte de la present tesi. Són contractes en els quals es produeix clarament la interconnexió entre el Dret públic i el Dret privat per la interacció que es produeix entre l’Administració Pública, com a part deutora contractant, i l’entitat financera, com a part creditora contractant. La fusió i connexió entre ambdues branques del Dret és necessària per a la finalitat pretesa per ambdues parts, essent l’estudi d’aquesta interacció i l'abans del Dret públic i del Dret privat en aquests casos allò que s’analitza en aquesta tesi. També aportant una perspectiva pràctica i finalista mitjançant el present estudi, sota la consideració de què el Dret ha de ser aplicat a una realitat, que en aquest cas és mixta o basada en una relació público-privada, tot i que sense oblidar que s’està davant d’un estudi acadèmic en l’àmbit del Dret la rigorositat teòrica del qual resulta essencial. Addicionalment, es farà també al·lusió a una altra tipologia de contractes que poden convenir les Administracions Públiques amb les entitats financeres diferents als de finançament: els contractes de serveis bancaris. Estan subjectes a Dret públic en gran mesura i el seu objecte és la gestió de cobraments i pagaments del client públic per al desenvolupament normal de l’activitat financera i de la hisenda pública. En ambdues tipologies contractuals les parts són les mateixes però el règim jurídic és diferent, els qual es contraposaran i compararan a efectes discursius, sens perjudici de centrar l’objecte d’anàlisi en els contractes de finançament bancari. En definitiva, es tracta d’un estudi contextualitzador de la realitat dels contractes de finançament bancari que concerten les Administracions Públiques amb entitats financeres, que partirà de l’estudi dels contractes bancaris habituals en aquest àmbit, continuarà per l’explicació de la peculiaritat del client bancari públic, l’anàlisi de l’evolució normativa que hi ha hagut en la matèria, fins a culminar amb el detall del règim i les limitacions d’endeutament d’acord amb el nostre ordenament jurídic, a través d’un examen crític de l’status quo i amb l’ànim d’oferir una visió jurídicopràctica de la realitat d’aquests contractes de finançament bancari.
Public Administrations also interact in the market in order to obtain financing and services from financial institutions, like natural persons and companies do. They can therefore be considered as public bank clients as opposed to private clients. In effect, such Administrations are legally empowered to enter into debt obligations with financial entities that will then be formalized through bank contracts. However, when the Public Administration, governed idiosyncratically by Administrative Law, interacts with financial entities, governed by Commercial and Banking Law, this causes that the usual banking contracts in the negotiation traffic cannot be directly applicable to it without a previous adaptation to the peculiarity of the public bank client. Such adaptation is justified in our legal system by the preferential protection of public interests, as demonstrated for example by the introduction of the principle of financial prudence, which limits the cost of indebtedness of financing operations for Autonomous Communities and Local Entities, and bans some of them, and where the normal exercise of the autonomy of will is affected. Besides, such adaptation of the bank contracts to the public contracting party, also reaches the guarantee regime applicable to the specific financial transaction, both of which are the peculiarities of bank financing contracts with Public Administrations. In fact and as far as guarantees are concerned, it is assumed that public money cannot be subject to compensation or seizure. Thus, although the Public Administration is subject to the principle of legality, it still maintains a position of supremacy in certain aspects in the field of bank contracts, and this is the most remarkable. Also, figures such as pledge and assignment of credits should be qualified, or others such as bank guarantees and comfort letters submit them to an appropriate valuation of convenience, legal and practical. Then, the study of these peculiarities is the object of the present thesis. They are contracts in which the interconnection between public law and private law is clearly produced by the interaction between the Public Administration as contracting debtor and the financial entity as contracting party. The fusion and connection between both branches of law is necessary for the purpose intended by both parties, being the study of such interaction and the scope of public law and private law in these cases what is discussed in this thesis. Also providing a practical and finalist perspective through the present study, under the consideration that the law should be applicable to a reality, which in this case is mixed or based on a public-private relationship, but without forgetting that it is before an academic study within the field of Law whose theoretical rigor is essential. In addition, reference will also be made to another typology of contracts that may be agreed by Public Administrations with financial entities other than those of financing: bank services contracts. They are subject to public law to a great extent and its purpose is the collection and payment management of the public client for the normal development of financial and public finance activity. In both contractual typologies the parties are the same but the legal regime is different, which will be contrasted and compared for discursive purposes, without prejudice to focus the subject of analysis in bank financing contracts. In short, this is a contextualizing study of the reality of bank financing contracts that the Public Administrations arrange with financial institutions. It will start from the study of the usual banking contracts in this area, and will continue for the explanation of the peculiarity of the banking client analysis of regulatory developments in this area. Then the study will culminate in the detail of the regime and limitations of indebtedness under our legal system, through a critical examination of the status quo and with the aim of offering a legal and practical vision of the reality of these bank financing contracts.

La enseñanza del Derecho Financiero y Tributario en la UPV-EHU se circunscribe al entorno del Grado en Derecho y del Doble Grado en Derecho-ADE, limitándose en cuanto a su contenido, al número de alumnos y al espacio físico y temporal que se le asigna. Igualmente, estas limitaciones constriñen los instrumentos docentes a utilizar, dificultando el empleo de metodologías activas que impulsen el aprendizaje significativo de esta disciplina. Las nuevas tecnologías, la creación de contenidos online y el establecimiento de entornos virtuales y semipresenciales se erigen como herramientas fundamentales para abordar la búsqueda de nuevos conocimientos que trasciendan a escenarios más complejos, los requeridos en entornos profesionales. La incorporación de las TIC, los instrumentos Web 2.0 y las CVA suponen un recurso eficaz para implementar un aprendizaje profundo del Derecho Tributario, pero, para ello, se requieren elementos y condiciones que lo faciliten. Así, si bien lograr un aprendizaje significativo depende “del que aprende”, corresponde al docente generar el clima adecuado y las estrategias que motiven que ese aprendizaje se desarrolle. Esta comunicación reflexiona sobre la modalidad virtual en nuestra práctica docente presencial, planteando el diseño de materiales y de actividades online que impulsen el aprendizaje significativo del Derecho Financiero y Tributario.

Los tributos, además de instrumentos para la captación de los recursos necesarios para el sostenimiento de gastos públicos se erijen como herramientas de política económica y social cuya finalidad consiste en atender a realización de los principios contenidos en la Constitución. El espíritu del Estado social y democrático de Derecho que propugna en su artículo primero como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, y que se construye en el Capítulo Tercero de su Título I, coincide con el de la mayoría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en el documento “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” adoptado en el marco de Naciones Unidas en 2015. Esta comunicación analiza el papel de la asignatura Derecho Financiero y Tributario en la incorporación de esos ODS, por un lado, a través de la puesta en relevancia del papel de los tributos como herramientas de política económica y social, subrayando no sólo la relevancia de los impuestos más generalistas sino también de los de corte extrafiscal, y, por otro, empoderando y movilizando al alumnado proporcionándole una formación académica para implementar soluciones ODS a través de los conocimientos y habilidades adquiridos.

El sistema financiero panameño es uno de los grandes activos del país. Ha acompañado la fuerte expansión económica que ha permitido a Panamá convertirse en la nación con mayor PIB per cápita de América Latina. Sin embargo, en los últimos años ha venido perdiendo competitividad, presencia en la economía y atractivo para los inversores extranjeros. El objetivo de este trabajo es, justamente, analizar su desempeño reciente, evaluar su nivel de desarrollo y competitividad y ofrecer posibles alternativas para su modernización y para aumentar su capacidad como promotor de una recuperación económica sostenible post COVID-19. Los hallazgos muestran que el sistema financiero tiene carencias importantes para atender a determinados segmentos empresariales y de población y cuenta con un bajo grado de desarrollo de los mercados de valores y de la industria Fintech. Además, la concentración del negocio bancario en pocos segmentos ha promovido el desarrollo de un sistema conservador, con una reducida oferta de productos y una capacidad limitada para adaptarse rápidamente y ofrecer soluciones innovadoras a otros sectores relevantes de la economía. Reconociendo las ventajas y el potencial que el país ofrece, la modernización del sistema financiero debería centrarse, a nuestro juicio, en varios aspectos clave: la reducción del costo regulatorio, el desarrollo del mercado de capitales como un hub regional, el aprovechamiento de la tecnología para lograr eficiencia y reducción de costos y la mayor profundización financiera e inclusión de aquellos grupos socioeconómicos con un limitado acceso a productos.

1.1 Resumen macroeconómico En el segundo trimestre la economía enfrentó varios choques, principalmente de oferta y de costos, la mayoría de los cuales no fueron anticipados, o los previstos fueron más persistentes de lo esperado, y que en conjunto interrumpieron la recuperación de la actividad económica observada a comienzos de año y llevaron la inflación total a niveles superiores a la meta. La inflación básica (sin alimentos ni regulados: SAR) aumentó, pero se mantuvo baja y acorde con lo esperado por el equipo técnico. A comienzos de abril se inició una tercera ola de pandemia, más acentuada y prolongada que la anterior, con un elevado costo en vidas humanas y algún impacto negativo en la recuperación económica. Entre mayo y mediados de junio los bloqueos de las carreteras y los problemas de orden público tuvieron un fuerte efecto negativo sobre la actividad económica y la inflación. Se estima que la magnitud de estos dos choques combinados habría generado una caída en niveles en el producto interno bruto (PIB) con respecto al primer trimestre del año. Adicionalmente, los bloqueos causaron un aumento significativo de los precios de los alimentos. A estos choques se sumaron los efectos acumulados de la disrupción global en algunas cadenas de valor y el incremento en los fletes internacionales que desde finales de 2020 vienen generando restricciones de oferta y aumentos de costos. Todos estos factores, que afectaron principalmente el índice de precios al consumidor (IPC) de bienes y de alimentos, explicaron la mayor parte del error de pronóstico del equipo técnico y el aumento de la inflación total a niveles superiores a la meta del 3 %. El incremento en la inflación básica y de los precios de los regulados fue acorde con lo esperado por el equipo técnico, y se explica principalmente por la eliminación de varios alivios de precios otorgados un año atrás. A todo esto se suma la mayor percepción de riesgo soberano y las presiones al alza que esto implica sobre el costo de financiamiento externo y la tasa de cambio. A pesar de los fuertes choques negativos, el crecimiento económico esperado para la primera mitad del año (9,1%), es significativamente mayor que lo proyectado en el informe de abril (7,1%), signo de una economía más dinámica que se recuperaría más rápido de lo previsto. Desde finales de 2020 las diferentes cifras de actividad económica han mostrado un crecimiento mayor que el esperado. Esto sugiere que los efectos negativos sobre el producto de las recurrentes olas de contagio estarían siendo cada vez menos fuertes y duraderos. No obstante, la tercera ola de contagio del Covid-19, y en mayor medida los bloqueos a las vías y los problemas de orden público, habrían generado una caída del PIB durante el segundo trimestre, frente al primero. Pese a lo anterior, los datos del índice de seguimiento a la economía (ISE) de abril y mayo han resultado mayores que lo esperado, y las nuevas cifras de actividad económica sectoriales sugieren que el impacto negativo de la pandemia sobre el producto se sigue moderando, en un entorno de menores restricciones a la movilidad y de mayor avance en el ritmo de vacunación. Los registros de transporte de carga (junio) y la demanda de energía no regulada (julio), entre otros, indican una recuperación importante después de los bloqueos en mayo. Con todo lo anterior, el incremento anual del PIB del segundo trimestre se habría situado alrededor del 17,3 % (antes 15,8 %), explicado en gran parte por una base baja de comparación. Para todo 2021 el equipo técnico incrementó su proyección de crecimiento desde un 6 % hasta el 7,5 %. Este pronóstico, que está rodeado de una incertidumbre inusualmente elevada, supone que no se presentarán problemas de orden público y que posibles nuevas olas de contagio del Covid-19 no tendrán efectos negativos adicionales sobre la actividad económica. Frente al pronóstico del informe pasado, la recuperación de la demanda externa, los niveles de precios de algunos bienes básicos que exporta el país y la dinámica de las remesas de trabajadores han sido mejores que las esperadas y seguirían impulsando la recuperación del ingreso nacional en lo que resta del año. A esto se sumaría la aún amplia liquidez internacional, la aceleración en el proceso de vacunación y las bajas tasas de interés, factores que continuarían favoreciendo la actividad económica. La mejor dinámica del primer semestre, que llevó a una revisión al alza en el crecimiento de todos los componentes del gasto, continuaría hacia adelante y, antes de lo esperado en abril, la economía recuperaría los niveles de producción de 2019 a finales de 2021. El pronóstico continúa incluyendo efectos de corto plazo sobre la demanda agregada de una reforma tributaria de magnitud similar a la proyectada por el Gobierno. Con todo eso, en el escenario central de este informe, el pronóstico de crecimiento para 2021 es del 7,5 % y para 2022 del 3,1 %. A pesar de esto, el nivel de la actividad económica seguiría siendo inferior a su potencial. La mejora en estas proyecciones, sin embargo, está rodeada de una alta incertidumbre. En junio la inflación anual (3,63 %) aumentó más de lo esperado debido al comportamiento del grupo de alimentos, mientras que la inflación básica (1,87 %) fue similar a la proyectada. En lo que resta del año el mayor nivel del IPC de alimentos persistiría y contribuiría a mantener la inflación por encima de la meta. A finales de 2022 la inflación total y básica retornarían a tasas cercanas al 3 %, en un entorno de desaceleración del IPC de alimentos y de menores excesos de capacidad productiva. En los meses recientes el aumento en los precios internacionales de los fletes y de los bienes agrícolas, y las mayores exportaciones de carne y el ciclo ganadero han ejercido presiones al alza sobre el precio de los alimentos, principalmente de los procesados. A estas fuerzas persistentes se sumaron los bloqueos de las vías nacionales y los problemas de orden público en varias ciudades registrados en mayo y parte de junio, los cuales se reflejaron en una fuerte restricción en la oferta y en un aumento anual no esperado del IPC de alimentos (8,52 %). El grupo de regulados (5,93 %) también se aceleró, debido a la baja base de comparación en los precios de la gasolina y a la disolución de parte de los alivios a las tarifas de servicios públicos otorgados en 2020. Como se proyectaba, la inflación SAR repuntó al 1,87 %, debido a la reactivación de los impuestos indirectos de algunos bienes y servicios eliminados un año atrás, y por las presiones al alza que ejercieron los alimentos sobre las comidas fuera del hogar (CFH), entre otros. En lo que resta del año se espera que el aumento en los alimentos perecederos se revierta, siempre y cuando no se registren nuevos bloqueos duraderos a las vías nacionales. El mayor nivel de precios de los alimentos procesados persistiría y contribuiría a mantener la inflación por encima de la meta a finales de año. La inflación SAR continuaría con una tendencia creciente, en la medida en que los excesos de capacidad productiva se sigan cerrando y registraría un aumento transitorio en marzo de 2022, debido principalmente al restablecimiento del impuesto al consumo en las CFH. Con todo esto, para finales de 2021 y 2022 se estima una inflación total del 4,1 % y 3,1 %, y una inflación básica del 2,6 % y 3,2 %, respectivamente. El comportamiento conjunto de los precios del IPC SAR, junto con continuas sorpresas al alza en la actividad económica, son interpretados por el equipo técnico como señales de amplios excesos de capacidad productiva de la economía. Estos persistirían en los siguientes dos años, al final de los cuales la brecha del producto se cerraría. El mayor crecimiento económico sugiere una brecha del producto menos negativa que la estimada hace un trimestre. Sin embargo, el comportamiento de la inflación básica, especialmente en servicios, indica que el PIB potencial se ha recuperado de forma sorpresiva y que los excesos de capacidad siguen siendo amplios, con una demanda agregada afectada de forma persistente. Esta interpretación encuentra soporte en el mercado laboral, en donde persiste un desempleo alto y la recuperación de los empleos perdidos se estancó. Adicionalmente, los aumentos en la inflación en buena medida están explicados por choques de oferta y de costos y por la disolución de algunos alivios de precios otorgados un año atrás. Los pronósticos de crecimiento y de inflación descritos son coherentes con una brecha del producto que se cierra más rápido y es menos negativa en todo el horizonte de pronóstico con respecto al informe de abril. No obstante, la incertidumbre sobre los excesos de capacidad es muy alta y es un riesgo sobre el pronóstico. Las perspectivas de las cuentas fiscales de Colombia se deterioraron, Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) y Fitch Ratings (Fitch) redujeron su calificación crediticia, los bloqueos y problemas de orden público afectaron el producto y el país enfrentó una nueva ola de contagios de Covid-19 más acentuada y prolongada que las pasadas. Todo lo anterior se ha reflejado en un aumento de las primas de riesgo y en una depreciación del peso frente al dólar. Esto ha ocurrido en un entorno favorable de ingresos externos. Los precios internacionales del petróleo, del café y de otros bienes básicos que exporta el país aumentaron y han contribuido a la recuperación de los términos de intercambio y del ingreso nacional, y han mitigado las presiones al alza sobre las primas de riesgo y la tasa de cambio. En el presente informe se incrementó el precio esperado del petróleo para 2021 a USD 68 por barril (antes USD 61 bl) y para 2022 a USD 66 bl (antes USD 60 bl). Esta mayor senda presenta una convergencia hacia precios menores que los observados recientemente, como resultado de una mayor oferta mundial esperada de petróleo, la cual más que compensaría el incremento en la demanda de este bien básico. Por ende, se supone que el aumento reciente de los precios tiene un carácter transitorio. En el escenario macroeconómico actual se espera que las condiciones financieras internacionales sean algo menos favorables, a pesar de la mejora en los ingresos externos por cuenta de una mayor demanda y unos precios del petróleo y de otros productos de exportación más altos. Frente al informe de abril el crecimiento de la demanda externa fue mejor que el esperado, y las proyecciones para 2021 y 2022 aumentaron del 5,2 % al 6,0 % y del 3,4 % al 3,5 %, respectivamente. En lo corrido del año las cifras de actividad económica muestran una demanda externa más dinámica de la esperada. En los Estados Unidos y China la recuperación del producto ha sido más rápida que la registrada en los países de la región. En estos últimos la reactivación económica ha estado limitada por los rebrotes del Covid-19, las limitaciones en la oferta de vacunas y el poco espacio fiscal para enfrentar la pandemia, entre otros factores. La buena dinámica en el comercio externo de bienes se ha dado en un entorno de deterioro en las cadenas de valor y de un aumento importante en los precios de las materias primas y en el costo de los fletes. En los Estados Unidos la inflación sorprendió al alza y su valor observado y esperado se mantiene por encima de la meta, al tiempo que se incrementó la proyección de crecimiento económico. Con esto, el inicio de la normalización de la política monetaria en ese país se daría antes de lo proyectado. En este informe se estima que el primer incremento en la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos se dé a finales de 2022 (antes del primer trimestre de 2023). Para Colombia se supone una mayor prima de riesgo frente al informe de abril y se sigue esperando que presente una tendencia creciente, dada la acumulación de deuda pública y externa del país. Todo esto contribuiría a un incremento en el costo del financiamiento externo en el horizonte de pronóstico. La postura expansiva de la política monetaria sigue soportando unas condiciones financieras internas favorables. En el segundo trimestre la tasa de interés interbancaria y el índice bancario de referencia (IBR) se han mantenido acordes con la tasa de interés de política. Las tasas de interés promedio de captación y crédito continuaron históricamente bajas, a pesar de algunos incrementos observados a finales de junio. La cartera en moneda nacional detuvo su desaceleración anual y, entre marzo y junio, el crédito a los hogares se aceleró, principalmente para compra de vivienda. La recuperación de la cartera comercial y de los desembolsos a ese sector fue importante, y se alcanzó de nuevo el elevado saldo observado un año atrás, cuando las empresas requirieron niveles significativos de liquidez para enfrentar los efectos económicos de la pandemia. El riesgo de crédito aumentó, las provisiones se mantienes altas y algunos bancos han retirado de su balance una parte de su cartera vencida. No obstante, las utilidades del sistema financiero se han recuperado y sus niveles de liquidez y solvencia se mantienen por encima del mínimo regulatorio. A partir de este informe se implementará una nueva metodología para cuantificar y comunicar la incertidumbre que rodea los pronósticos del escenario macroeconómico central, en un entorno de política monetaria activa. Esta metodología se conoce como densidades predictivas (DP) y se explica en detalle en el Recuadro 1. Partiendo del balance de riesgos que contiene los principales factores que, de acuerdo con el juicio del equipo técnico, podrían afectar a la economía en el horizonte de pronóstico, la metodología DP produce distribuciones de probabilidad sobre el pronóstico de las principales variables (v. g.: crecimiento, inflación). Estas distribuciones reflejan el resultado de los posibles choques (a variables externas, precios y actividad económica) que podría recibir la economía y su transmisión, considerando la estructura económica y la respuesta de política monetaria en el futuro. En este sentido, permiten cuantificar la incertidumbre alrededor del pronóstico y su sesgo. El ejercicio DP muestra un sesgo a la baja en el crecimiento económico y en la brecha del producto, y al alza en la inflación. El balance de riesgos indica que las disyuntivas para la política monetaria serán potencialmente más complejas que lo contemplado en el pasado. Por el lado de las condiciones de financiamiento externo, se considera que el mayor riesgo es que se tornen un poco menos favorables, en un escenario en el cual la Reserva Federal de los Estados Unidos incremente con mayor prontitud su tasa de interés. Esto último, ante un crecimiento económico y del empleo mayor que el esperado en los Estados Unidos que genere presiones significativas sobre la inflación de ese país. A esto se suma la incertidumbre sobre el panorama fiscal en Colombia y sus efectos sobre la prima de riesgo y el costo del financiamiento externo. En el caso del crecimiento, la mayoría de los riesgos son a la baja, destacándose los efectos de la incertidumbre política y fiscal sobre las decisiones de consumo e inversión, la aparición de nuevas olas de contagio de la pandemia del Covid-19 y sus impactos sobre la actividad económica. En el caso de la inflación, se incorporó el riesgo de una mayor persistencia de los choques asociados con la disrupción de las cadenas de valor, mayores precios internacionales de las materias primas y de los alimentos, y una recuperación más lenta que la esperada de la cadena agrícola nacional afectada por los pasados bloqueos a las vías. Estos riesgos presionarían al alza principalmente los precios de los alimentos y de los bienes. Como principal riesgo a la baja se incluyó un alza de los arriendos menor que el esperado en el escenario central, explicada por una demanda débil y por una mayor oferta en 2022 dadas las altas ventas de vivienda observadas en el presente año. Con todo, el crecimiento económico presenta un sesgo a la baja y, con el 90 % de confianza, se encontraría entre un 6,1 % y 9,1 % para 2021 y entre el 0,5 % y 4,1 % para 2022. La brecha del producto tendría un sesgo a la baja, principalmente en 2022. El sesgo de la inflación es al alza, y se encontraría entre el 3,7 % y 4,9 % en 2021, y el 2,2 % y 4,7 % en 2022, con un 90 % de probabilidad. 1.2 Decisión de política monetaria En las reuniones de junio y julio la JDBR decidió mantener la tasa de política monetaria inalterada en 1,75 %.