Добірка наукової літератури з теми "Derecho tributario administrativo"

El TEAC ha dictado 4 resoluciones donde determina que un Director General con amplios poderes no puede considerarse que es quien administra y gestiona de forma efectiva una entidad a efectos de IVA [artículo 133.b) de la Directiva 2006/112]. En este trabajo se analiza el concepto de administrador de hecho en Derecho tributario, vinculado con otras ramas del Derecho, y se concluye que la doctrina del TEAC en el IVA supone dejar sin contenido la figura de administrador de hecho en Derecho tributario a los efectos de derivar la responsabilidad tributaria.

El tema tributario siempre es controversial, toda vez que juegan dos elementos sustanciales: el acreedor tributario y el sujeto pasivo, quienes como consecuencia de una transacción económica y la aplicación del hecho generador de la obligación, establecen una relación jurídica de obligación tributaria sustancial y/o formal. Los principios aplicables en el ambiente tributario son principios constitucionales y no constitucionales y, principios específicos para determinar obligaciones dentro de ellos, el Principio del “Solve et Repete” como principio en términos comunes de “Pague primero luego reclame”. Este principio se aplica, en los procesos tributarios tanto contencioso como no contencioso. La aplicación de este principio lleva a que el contribuyente tenga que desembolsar una deuda tributaria frente a un valor reclamable sea una Resolución de Determinación, una Resolución de Orden de Pago o una Resolución de Multa y aun teniendo la razón, el contribuyente deberá pagar una determinada suma de dinero para ejercer su derecho a la defensa y poder oponerse en el proceso administrativo ante la SUNAT, y hasta el Poder Judicial, e inclusive el Tribunal Constitucional. Creemos, que el Sistema Tributario Nacional requiere de cambios estructurales y dentro de ellos, la revisión de determinados principios como sería el tema del presente artículo.

La tecnología y el desarrollo de la Inteligencia artificial están creando un nuevo paradigma de Administración Pública, justificado en el principio de eficacia del artículo 103 Constitución Española. La Administración Tributaria ha sido la que más ha desarrollado el uso de la tecnología no solo en sus servicios, en la gestión de los tributos, en la implantación de nuevos canales de comunicación o programas de ayudas, sino que ha dado un paso más introduciendo la respuesta automatizada, la llamada informática decisional.
 Se pretende el análisis de la regulación de la informática decisional en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aunque se harán alusiones a su regulación por parte del Derecho Administrativo y la valoración doctrinal de la respuesta automatizada y su uso por la Administración Tributaria. A las evidentes ventajas, hay que subrayar las carencias, déficits y dudas que su utilización genera y, sobre todo, si la utilización de la inteligencia artificial en las respuestas automatizadas en el ámbito tributario supone un menoscabo en la seguridad jurídica y en los derechos y garantías de los obligados tributarios.

Los deberes tributarios constituyen una auténtica necesidad pública que impone al Estado la adopción de una serie de procedimientos administrativos para realizar las actividades de fiscalización y sanción de su cumplimiento. Con el fin de asegurar el respeto del principio de seguridad jurídica y toda vez que los fines, las consecuencias jurídicas y los principios rectores de cada uno de estos procedimientos son diferentes, la presente investigación encuentra que estos deben adelantarse y resolverse de forma separada. Se argumenta por la separación del procedimiento administrativo sancionador en materia tributaria de otros procedimientos, como la visita domiciliaria, dentro del cual se encuentra inmerso, con el fin de proteger el derecho humano a la seguridad jurídica.

A pesar de que el Principio de Buena Fe pueda parecer, a primera vista, difuso o incompleto para el Derecho, el análisis de su correcta aplicación es de trascendental importancia para establecer un estándar de conducta a los contribuyentes. Particularmente, es pacífico el reconocimiento de la Buena Fe en todos los campos del sistema jurídico. No obstante, la cuestión de su adecuada realización en el Derecho Tributario permanece no resuelta.
 En este artículo, el autor recomienda algunas categorías para analizar los valores que inspiran el principio en la práctica. Para ello, la jurisprudencia del Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Uruguay (TCA) es examinada y comparada con doctrina con el propósito de arribar a algunas consideraciones rigurosamente presentadas.

En estas líneas presentamos el Nº 25 de la REJIE, Nueva época que se estrena con un Consejo de Redacción renovado, al que se incorporan los profesores José Francisco Alenza García, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra; Maribel Canto López, Associate Professor (Senior Fellow of the Higher Education Academy y University Distinguished Teaching Fellow), de la University of Leicester (United Kingdom); María Jesús Elvira Benayas, Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Madrid; Inmaculada González Cabrera, Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Nicola Gullo, Professore Associato di Diritto amministrativo de la Università degli Studi di Palermo (Italia). La incorporación de estos profesores al Consejo de Redacción lo enriquecen al abrirse a miembros de distintas Universidades nacionales e internacionales ayudando a incrementar la calidad de las publicaciones y el ámbito de difusión de la Revista. Por otro lado, Patricia Benavides Velasco, Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga; Rocío Caro Gándara, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Málaga; Mª Encarnación Gómez Rojo, Profesora Titular de Historia del Derecho de la Universidad de Málaga; Miguel Gutiérrez Bengoechea, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga, Mª Ángeles Liñán García, Profesora Contratada Doctora de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Málaga, y Mª Belén Malavé Osuna, Profesora Titular de Universidad de Derecho Romano de la Universidad de Málaga dejan el Consejo de Redacción de la Revista y se incorporan al Comité Científico Nacional de la misma. En estas líneas, desde la Dirección de la Revista queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los profesores que se incorporan al Consejo de Redacción y a los profesores que asumen una responsabilidad nueva como miembros del Comité Científico. Esta Revista desde sus comienzos fue un proyecto de equipo y es una satisfacción ir sumando a colegas que se ilusionan y lo hacen suyo también. GRACIAS. 
 En este número se han publicado un total de seis artículos y tres recensiones.
 En el bloque sobre innovación docente, el primer artículo se titula “Las actividades prácticas evaluables en los estudios jurídicos universitarios. Vídeo-ejercicios como instrumentos trasformadores” y ha sido elaborado por Gabriele Vestri, Profesor Ayudante Doctor (acr. PCD) de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz. Este estudio comparte el resultado del análisis de un Proyecto de Innovación y Mejora Docente llevado a cabo durante el curso académico 2020-2021 en el marco de tres asignaturas del Grado en Gestión y Administración Pública. El autor explica detalladamente tanto los supuestos prácticos que se facilitaron a los alumnos como los requisitos y características que debían tener los videos resolutorios entregados por ellos, así como los resultados obtenidos en dicha experiencia, ayudándose de los oportunos gráficos y tablas explicativas. Todo ello en un contexto de pandemia y entre la enseñanza presencial y virtual.
 El segundo artículo titulado “Las cuestiones de debate de la Ciencia Política como docencia práctica en un entorno de enseñanza semipresencial y virtual” ha sido escrito en coautoría por Francisco Collado Campaña, Profesor Sustituto Interino de Ciencia Política y Ángel Valencia Sáiz, Catedrático de Ciencia Política, ambos de la Universidad de Málaga. Este estudio se centra también en una experiencia docente en el contexto del Grado en Gestión y Administración Pública, pero en las asignaturas introductorias de Ciencia Política. El esquema de la experiencia, asentada en la metodología de debate (razonamiento, discusión y argumentación) se concreta en cuatro fases: primero, los alumnos desarrollan su conocimiento sobre una pregunta clásica en la asignatura y la confrontan; segundo, los estudiantes se documentan y seleccionan fuentes que favorezcan su conocimiento referente a las distintas respuestas y/o posturas; tercero, los alumnos analiza las lecturas para diseñar su propia postura ya sea adhiriéndose a alguna de las existentes o conformando una posición ecléctica y, finalmente, los alumnos presentan la importancia de la pregunta trabajada, muestran una panorámica de las distintas respuestas para afrontarla y razonan su postura ante una audiencia formada por el profesor y el resto de la clase. Esta fase final va acompañada de un turno de preguntas o réplicas por parte del público para evaluar la fundamentación de los argumentos del alumno. Es de destacar en este estudio el análisis que se realiza sobre las diversas dificultades que tanto profesores como alumnos nos hemos encontrado ante las restricciones en las clases en el contexto de la crisis sanitaria.
 El tercer artículo lleva por título ”Los derechos fundamentales más allá de los derechos fundamentales. Notas para enseñar Derecho Constitucional” y ha sido realizado por Ignacio Álvarez Rodríguez, Profesor Contratado Doctor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid”. Este original artículo, partiendo de la selección de jurisprudencia del TEDH tiene como ambicioso objetivo demostrar cómo la enseñanza del Derecho Constitucional en pleno siglo XXI no puede limitarse a explicar cómo afecta el Convenio Europeo de Derechos Humanos a la parte dogmática de la Constitución (derechos fundamentales) sino cómo lo hace, desde la transversalidad más objetiva, a la parte orgánica (órganos, instituciones). Es decir, la enseñanza del Derecho Constitucional, a juicio del autor, no puede limitarse a “actualizar” el catálogo de derechos fundamentales en base a la literalidad constitucional y/o convencional y en la interpretación que los altos tribunales hagan de los mismos, sino que es necesario explorar cómo afecta y en qué medida podría seguir afectando a las instituciones y órganos estatales la interpretación que de tales derechos se hacen.
 El artículo que cierra el bloque sobre innovación docente lo firman Daiana-Yamila Rigo, Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, y Rosana Beatriz Squillari, Profesora Adjunta Exclusiva en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la citada Universidad. El estudio lleva por título “Clase invertida, formación docente y agencia transformadora: Un estudio preliminar en pandemia con estudiantes argentinos” y en él, las autoras, además de centrarse en la experiencia del uso de la clase invertida como recurso docente en el contexto de la COVID-19, constatan la necesidad de formar a los futuros formadores para las futuras pandemias, repensando las formas de trabajo en el aula y contemplando que las instituciones educativas van más allá de sus propias infraestructuras físicas.
 El bloque dedicado a la investigación sustantiva se inicia con el estudio titulado “¿Hacia un cambio de modelo en la relación Administración tributaria-contribuyente? Análisis del cumplimiento fiscal voluntario” y realizado por José Francisco Sedeño López, Personal Investigador en Formación de la Universidad de Málaga. Este interesante estudio analiza el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y constata que, partiendo de la idea de que la decisión final del contribuyente es crucial para la voluntariedad del cumplimiento, otros factores psicológicos, enraizados en la confianza en las instituciones formales y la confianza en las instituciones informales, así como la edad, el nivel de renta o la ideología han resultado ser circunstancias sociodemográficas que influyen en el cumplimiento voluntario.
 El segundo y último artículo del bloque dedicado a la investigación sustantiva lo ha realizado Ana Rosa Aguilera Rodríguez, Profesora de la Universidad de Las Tunas, Cuba. El estudio se titula “La enseñanza del derecho a la ciudad en la formación de profesionales del Derecho”. En él la autora reflexiona sobre la necesidad de mejorar la enseñanza del Derecho y los vigentes planes de estudios de las Universidades cubanas con la incorporación de asignaturas relacionadas con el Derecho a la Ciudad, la Ordenación del Territorio y el Urbanismo. Incorporar estas disciplinas, a juicio de la autora, contribuiría a elevar la cultura jurídica de los profesionales del Derecho, y con ello, a conseguir una mayor integralidad en la formación que permita dar respuesta a necesidades e intereses de la sociedad.
 El número se cierra con tres reseñas. La primera, de María del Carmen Macías García sobre la monografía “La cuarta revolución industrial y su impacto sobre la productividad, el empleo y las relaciones jurídico-laborales: desafíos tecnológicos del siglo XXI” del profesor de la Universidad de Málaga Miguel Ángel Gómez Salado, publicado en 2021 por la editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor. La segunda, de Miguel Ángel Gómez Salado sobre la monografía “La protección social de las personas inmigrantes: un modelo garantista” de la profesora de la Universidad de Granada Belén del Mar López Insua, publicada en 2020 por la editorial Atelier. La tercera, de Virginia Martínez Torres sobre la monografía “La tributación de los servicios digitales en Europa y España” del profesor de la Universidad Complutense de Madrid Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo, publicada en 2020 por la editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor.
 Antes de concluir la presentación, una breve reflexión, la aparición de la COVID-19 ha influido profundamente en el modo de vivir, de relacionarnos, de desempeñar nuestro cometido de enseñar y seguir aprendiendo, como miembros de la comunidad universitaria. El cierre físico de las instalaciones universitarias, la apertura de nuestro entorno doméstico y personal en la realización de nuestro cometido profesional, ha aumentado la conciencia de comunidad con nuestros estudiantes. Esta revista, como se deja sentir en este número, especialmente en el bloque de innovación docente, también está aumentando la conciencia de comunidad, de grupo de colegas con una preocupación especial por la mejora de la educación superior sean cuales sean las circunstancias que se presenten, a modo de pandemia, o de cambios legislativos y de modelo de enseñanza, como fue la implantación del modelo universitario de Bolonia. Por este motivo es merecido agradecer a todos los autores que han publicado en esta Revista, desde sus inicios, la confianza que han depositado en nosotros y, también, a los lectores, que número tras número, la consultan y la citan. Entre todos contribuimos a que esté viva a que tenga dinamismo y a que sea un foro de intercambio intelectual y debate académico.
 
 Carmen María Ávila Rodríguez
 Subdirectora académica de la REJIE, Nueva época.

En línea con la opinión del Departamento de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo (2014), en este artículo se aboga por la inclusión de los sistemas alternativos de resolución de conflictos (ADR) como sistemas absolutamente cooperantes a la reducción de la litigiosidad en aquellos países como España y muchos Estados de Latinoamérica donde desafortunadamente la litigiosidad tributaria es un hecho de difícil erradicación. Tras ser analizados los principales referentes mundiales internacionales de ADR en derecho tributario comparado legislados en Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Holanda, Suecia y otros países, este artículo realiza una propuesta de política fiscal para su aplicación en España y Latinoamérica, consistente en legislar tres paquetes de medida de adr arbitrables en los tres estadios siguientes: a) con antelación a la fase administrativa, b) en la fase administrativa, c) en la fase contencioso administrativa.

En el presente artículo nos proponemos analizar el Poder Judicial en situaciones de desalojo de ocupaciones de suelo urbano realizadas por sectores populares carentes de vivienda. Esto implica interrogarnos sobre los modos en que un ámbito del derecho problematiza los conflictos urbanos y los roles que ocupan los organismos judiciales en ellos, así como el contexto en el que actúan. Para ello indagaremos dos casos que sucedieron en terrenos de propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en porciones diferenciadas dentro de villas en proceso de re-urbanización. La gestión del desalojo de la Villa Papa Francisco (Villa Lugano, cercana al asentamiento de igual nombre) se realizó mediante una causa judicial penal y la del Elefante Blanco (Mataderos, cercana a la Villa 15) fue realizada de hecho por el gobierno local, a posteriori de la actuación del Fuero Contencioso Administrativo y Tributario en relación al saneamiento del lugar. Esta última expulsión fue avalada por dicho fuero en una modalidad gubernamental de arreglo familia por familia. Para el primer caso de desahucio se utilizó la violencia policial y para el segundo la coacción institucional formal e informal. Esto significó construcciones disimiles de legitimación y deslegitimación de los ocupantes y sus modos de desalojo.
 Se presentan aquí los resultados parciales de un estudio cualitativo sobre judicialización de conflictos por el acceso al suelo urbano que recurre en diversos tipos de fuentes que son trianguladas: a) documentos emitidos en los tribunales; b) entrevistas a informantes claves dentro del Poder Judicial, dirigentes barriales y pobladores desalojados, miembros de ONGs y universidades, etc.; c) prensa escrita

El debido proceso como garantía constitucional judicial y administrativa rige en materia tributaria cuando la administración supone que la liquidación privada se realizó con el desconocimiento de los hechos configuradores de un impuesto o indebida aplicación normativa. Esta fiscalización tributaria debe garantizar el debido proceso y el derecho de defensa como garantía a los derechos de los ciudadanos. El propósito de este estudio se centra en complementar los conocimientos contables en materia impositiva con un análisis jurisprudencial del debido proceso que nos permite concluir que se requiere mayor apropiación del conocimiento por parte de los ciudadanos a fin de realizar una correcta defensa de sus intereses en la discusión del tributo. Se realizó un análisis jurisprudencial a la luz de las normas tributarias que ha construido la Corte Constitucional, pero, igualmente, el Consejo de Estado y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

<p style="text-align: justify;">Los ingresos tributarios generan una mayor estabilidad económica y social por lo cual son parámetros de la calidad de vida del ciudadano. Dentro de estos se encuentra el impuesto a la renta el cual toman un porcentaje de los ingresos netos obtenidos por los contribuyentes dependiendo de factores sociales, culturales, geográficos y económicos. Las políticas tributarias del estado deben incentivar a los ciudadanos a declarar estos impuestos y con esto generar una cultura tributaria en la sociedad. Al existir derechos también hay deberes y el no cumplimiento de estos ocasionan sanciones administrativas. Esta investigación tiene como objetivo analizar la incidencia que tiene el desconocimiento de obligaciones tributarias sobre el impuesto a la renta. La metodología utilizada se basó en definir la importancia de los impuestos, conocer los deberes y derechos de las personas naturales y jurídicas, entender las obligaciones tributarias y cómo influyen en el comportamiento socioeconómico del país y por último conocer las sanciones por el no cumplimiento de la declaración de este impuesto. Como conclusión se determinó que el desconocimiento de obligaciones tributarias es función directa de la educación del individuo y de las políticas educativas del estado y por ende afectan, proporcionalmente, al crecimiento del país y la calidad de vida de los ciudadanos.</p>

El autor del presente artículo hace un exhaustivo análisis de cómo se encuentra regulado este mecanismo protector, criticando actuales posturas tanto de la Administración como del Poder judicial, de la legislación actual sobre el tema y de la doctrina nacional y extranjera.

Partiendo del estado actual del Derecho Tributario, los autores desarrollan la Ley del Procedimineto Administrativo General a partir de su aplicación, su relación con el Código Tributario y sus alcances que el Tribunal Fiscal ha delimitado. Asimismo, en este contexto tratan sobre la adecuada motivación en los actos administrativos, conespecial referencia al mismo Tribunal Fiscal.

En el presente informe, se analizarán dos de los más importes potestades de control de los Actos Administrativos con las que cuenta la Administración, nos referimos a la nulidad y revocación. Nuestra finalidad es evaluar la introducción de las referidas potestades en el ordenamiento jurídico peruano, particularmente nos interesante ver la regulación de las mismas en Ley No. 27444, cuyo Texto Único Ordenado (TUO) ha sido aprobado por Decreto Supremo No.004-2019 (en adelante la “LPAG”) para compararlas con la regulación que sobre las mismas existe en el Código Tributario, cuyo Texto Único Ordenado (TUO) ha sido aprobado por Decreto Supremo No. 133-2013-EF (en adelante, el “Código Tributario”), a fin de evaluar hasta qué punto la regulación especial de la materia tributaria se encuentra regulada dentro de los parámetros de la normativa general de la LPAG<br>Trabajo académico

El objetivo del trabajo es analizar la constitucionalidad del requisito de agotar la vía administrativa en materia tributaria, establecido en la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, considerando que en la Constitución se señala que son impugnables las resoluciones que “causan estado”; así como también se analiza la controversia respecto a si la queja tributaria agota la vía administrativa, permitiendo que el asunto controvertido en queja sea impugnado en la vía contenciosa administrativa. Respecto al primer tema abordado, a través de una interpretación histórica del término “causar estado” y de lo desarrollado en la jurisprudencia, se concluye que “agotar la vía administrativa” es un concepto equiparable a “causar estado”. Posteriormente, se analiza cuáles son las consecuencias de exigir este requisito en los procedimientos tributarios, debido a que el mismo podría vulnerar el derecho de acceso a la justicia. Para lo cual se plantea la aplicación del Test de Proporcionalidad a efectos de determinar en qué contextos la exigencia del agotamiento de la vía administrativa podría devenir en inconstitucional por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que este requisito no debería ser usado como una traba para acceder a la revisión judicial de los actos de la Administración Tributaria. Así, se concluye que no debería exigirse este requisito cuando estemos frente a jurisprudencia de observancia obligatoria del Tribunal Fiscal; así como, frente a jurisprudencia reiterada del Tribunal Fiscal, que tiene pronunciamientos contrarios a los emitidos por la Corte Suprema. Respecto al segundo tema de análisis, es importante analizar si la queja tributaria es susceptible de habilitar la impugnación judicial debido a que existe jurisprudencia contradictoria a nivel del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Primero, se define cuál es la característica que deben cumplir las resoluciones para que califiquen como acto que ha agotado la vía administrativa, como por ejemplo, ser un acto definitivo. Sin embargo, se debe considerar que también son impugnables en vía administrativa, y por ende en vía judicial, los actos de trámite cualificados. En tal sentido, para poder impugnar en vía judicial las resoluciones que se emiten vía queja tributaria, estas deben agotar la vía administrativa y ser actos de trámite cualificados; por lo que se deberá analizar en cada caso concreto si se cumplen con ambos requisitos. Así, no tendrá igual calificación una resolución que resuelve una queja tributaria dentro de un procedimiento de cobranza coactiva, que sí sería susceptible de ser impugnada en la vía judicial; que una resolución que resuelve una queja tributaria dentro de un procedimiento de fiscalización, que no sería impugnable en vía judicial.<br>Trabajo académico

La presente investigación, denominada “la capacidad procesal de los consorcios”, tiene como justificación el reconocimiento de la importancia y presencia de los contratos asociativos de consorcio en nuestra sociedad, pero sin que exista un ordenamiento jurídico que lo regule en forma clara y precisa, en lo particular, cuando se discute la capacidad procesal del consorcio que mantienen una contabilidad independiente a la de sus miembros consorciados en procedimientos administrativos tributarios, generando interrogantes que no son resueltas directamente por la normatividad aplicable, como por ejemplo, la situación de los pagos a cuenta que se efectúan por los resultados del consorcio o el embargo de los ingresos del consorcios en casos de cobranza coactiva de uno de los consorciados. Por lo expuesto, la hipótesis de la investigación está referida a la falta de reconocimiento jurídico de la capacidad procesal de los consorcios en los procedimientos administrativos tributarios. En tal sentido, el marco teórico comprende las teorías jurídicas referidas al contrato de consorcio, la capacidad procesal, los principios del derecho tributario y la capacidad jurídica tributaria. La metodología que se emplea es la de tipo dogmática y la conclusión principal a la que se arriba es la existencia de reconocimiento de la capacidad procesal del contrato de consorcio en un procedimiento administrativo tributario amparado en los principios constitucionales tributarios de igualdad, certeza y simplicidad, cómo en los principios constitucionales generales de legítima defensa y debido procedimiento.<br>Trabajo de investigación

La Administración Tributaria tiene el encargo de asegurar la recaudación de tributos. Para cumplir tal fin se encuentra dotada de la facultad sancionadora que busca evitar el incumplimiento de las obligaciones tributarias de parte de los ciudadanos. En el caso de SUNAT debe imponer, entre otras sanciones, las multas o, sustituir la sanción de cierre de establecimiento por multa cumpliendo así su objetivo: ser un mecanismo disuasivo destinado a cumplir una función preventiva antes que recaudatoria. ¿El ejercicio de la facultad sancionadora de SUNAT se efectúa acorde a los principios constitucionales que garantizan el ejercicio del poder sancionador del Estado?. ¿El Tribunal Fiscal, como máxima instancia administrativa en el ámbito sancionador tributario, ejerce el control sobre la actuación de la Administración a la luz de los principios constitucionales que garantizan la potestad administrativa sancionadora del Estado.? Entendemos que no hay una aplicación uniforme de los principios por parte de los actores tributarios en los roles que les corresponden cumplir. Demostraremos que la Administración, en el ejercicio de su facultad discrecional, aplica criterios disonantes con los principios constitucionales de Proporcionalidad y de Interdicción de la Arbitrariedad en el ejercicio de su facultad sancionadora. Asimismo, la Administración, en cumplimiento de ciertas normas, como la que regula la determinación objetiva de la infracción (artículo 165 del Código Tributario) y aquella que no reconoce la retroactividad benigna en materia sancionadora tributaria (artículo 168º del Código Tributario) vulnera los Principios de Culpabilidad y de Retroactividad de las Normas Sancionadoras Favorables. Por su parte, el Tribunal Fiscal, al emitir resoluciones de observancia obligatoria, exime de motivación a la Administración no incorpora en su razonamiento el Principio de Legalidad , Tipicidad e Interdicción a la Arbitrariedad. En un Estado Constitucional y Democrático urge que el ejercicio de la facultad sancionadora se desarrolle respetando los derechos fundamentales de la persona en tanto ella es el fin supremo de la sociedad, lo que sin duda se garantizará respetando los límites impuestos por el Principio de Legalidad, Reserva de Ley, Tipicidad, Retroactividad de las normas sancionadoras favorables, Culpabilidad, Interdicción de la Arbitrariedad de los Poderes Públicos y Proporcionalidad.<br>Tesis

Contrariamente a las perspectivas tradicionales que elaboran teorías y argumentos para sostener que el Derecho Tributario o bien no tiene lagunas jurídicas o que bien sí las tiene, nosotros hemos optado por una perspectiva distinta, que consiste en comprobar empíricamente mediante el análisis jurisprudencial, que el Tribunal Fiscal y del Tribunal Constitucional resuelven casos que inequívocamente califican como lagunas jurídicas y antinomias, aun cuando no lo digan formalmente e inclusive cuando lo nieguen expresamente, comprobando con ello que en el Derecho Tributario objetivamente existen supuestos de indeterminación normativa. Tradicionalmente se ha sostenido que en el Derecho Tributario no existen lagunas jurídicas, precisamente por ser completo a causa del principio de legalidad, reserva de ley y tipicidad, de los que se deriva una regla general excluyente o principio de cierre, que constituye derecho positivo y conforme al cual, lo no regulado no está fiscalmente gravado. Conforme a ello, cualquier caso relevante o bien tiene una regla específica que lo regula, o no la tiene. En este último caso, sería de aplicación la regla de cierre, que dispone la ausencia de gravamen. La tradicional reconstrucción del Derecho Tributario está elaborada sobre los caracteres del primigenio “Estado Legal de Derecho”, cuyas bases teóricas son las del positivismo teórico, que concebía al derecho como pleno, cerrado, autosuficiente y consistente; por ende, carente de lagunas y de antinomias. Sin embargo, desde poco antes de mediados del Siglo XX el modelo de estado ha evolucionado hacia el “Estado Constitucional de Derecho“ y sus bases teóricas también se han reformulado. Ahora se admite que la Constitución al igual que los principios tienen valor normativo. Hay control de la constitucionalidad de las leyes, lo que quiere decir que el legislador se puede equivocar. El principio de legalidad ha cedido su supremacía al principio de constitucionalidad. Se admite la incorporación de la moral al derecho, entre otros caracteres, conforme a los cuales, no hay objeción para admitir la existencia de lagunas en el Derecho Tributario, toda vez que las reglas son derrotables y los principios en conflicto se aplican por ponderación. Así por ejemplo, en la RTF 1479-10-2013 se da cuenta de un caso en el que se determinó incremento patrimonial no justificado, que constituye renta presunta, pero para el cual el sistema no contenía regla que fijara la alícuota que permita calcular el impuesto. Claramente es un caso de laguna normativa en el que no hay regla que establezca la tasa aplicable. Conforme a la reconstrucción del positivismo teórico, se debió haber resuelto que el supuesto no estaba gravado, en aplicación de la regla de cierre; sin embargo, el Tribunal Fiscal aplicando el principio nadie puede beneficiarse de su propia torpeza, resolvió disponiendo el gravamen y aplicando la escala progresiva acumulativa que está prevista para rentas de cuarta y quinta categoría

En esta oportunidad abordaré el tema Responsabilidad de la persona jurídica en el derecho administrativo sancionador tributario en Colombia. Es uno de los tantos temas que vincula el derecho administrativo sancionatorio con el derecho tributario, de ahí la denominación derecho administrativo sancionador tributario. El objetivo de esta contribución es presentar a la comunidad académica un análisis sobre la responsabilidad de la persona jurídica en el derecho administrativo sancionador tributario en Colombia, para concluir que no es conveniente castigar a dicha persona a través del sistema subjetivo (responsabilidad con el estudio de factores como el dolo o la culpa), sino con el sistema objetivo (responsabilidad sin dicho análisis de factores subjetivos), dado que no queda supeditado a la difícil prueba del dolo y la culpa. Este artículo se desarrollará en cinco partes. La primera, presenta la potestad sancionadora de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que se plasma en nuestra noción de derecho administrativo sancionador tributario. La segunda, expone aspectos generales del derecho administrativo sancionador y del derecho penal económico. La tercera aborda la responsabilidad objetiva en el derecho administrativo sancionador. En la cuarta, se realiza un análisis de responsabilidad de la persona jurídica en el derecho administrativo sancionador tributario en Colombia, a través de nuestra postura. Y, en la quinta, se propone si resulta conveniente ampliar la aplicación del derecho administrativo sancionador para castigar a las personas jurídicas por la comisión de determinados ilícitos que afectan el orden público económico.