Academic literature on the topic 'Asamblea constituyente'

El artículo analiza la posibilidad de un control de Convencionalidad Concentrado aplicable a los actos de una Asamblea Constituyente de Colombia; para ello, estudia la naturaleza y los límites de la Asamblea Constituyente, la internacionalización del derecho, el carácter vinculante de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado colombiano y la responsabilidad internacional del Estado por actos de la Asamblea Constituyente. Como resultado se concluye, desde la teoría de la internacionalización del derecho, que en un Estado constitucional no existen poderes constituyentes absolutos y, por tanto, los actos de una Asamblea Constituyente en Colombia no deben desconocer los compromisos internacionales sobre derechos humanos, so pena de una declaración de responsabilidad internacional del Estado, que en virtud del control de convencionalidad pueda aplicar la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

<div id="cke_pastebin">La Iglesia en sus principios y en su doctrina no hace política, no interviene en las luchas de los partidos, ni pretende inmiscuirse en las decisiones de los gobiernos. Respeta escrupulosamente la independencia del poder civil y la autonomía de lo profano. Este principio continuamente ha expresado la no-intervención en la vida política. Sin embargo existe otro principio también afirmado por la Iglesia no menos importante que el primero, quepodemos llamarlo de intervención.</div>

Muchos países en Latinoamérica han dado una vuelta de tuerca hacia gobiernos socialistas. Estos procesos han estado acompañados de reformas constitucionales en muchos casos, especialmente los relacionados al movimiento castro-chavista. Este trabajo discute dos ideas generalmente aceptadas: i) que existe algo así como una «constitución bolivariana» o «castro-chavista»; y, ii) que una nueva constitución es necesaria para instaurar un gobierno de corte castro-chavista. Por el contrario, sostenemos que «constitución-castro-chavista» es un oxímoron. No existe constitución cuando lo que se busca es justamente la destrucción del estado de Derecho. Precisamente por lo anterior, tampoco es necesaria una reforma constitucional para lograr este objetivo, sino solo visto desde una perspectiva superficial e instrumental. El ensayo se basa en el estudio del caso peruano, que profundiza en la actualidad noticiosa al punto de arriesgar su valor académico o «científico», pero como un recurso necesario para lograr entender el proceso constitucional/político vivido en Perú, más allá de la teoría.

A lo largo de este artículo se hace un recorrido por la historia de nuestras constituciones y los respectivos poderes constituyentes que dieron origen a las mismas. De especial interés resulta el análisis de la génesis y desarrollo de la Asamblea Constituyente de 1978, a partir de la cual se inicia la recuperación de la institucionalidad en la Nación tras más de diez años de gobierno militar, y que finalmente aprobó la nueva Constitución el 12 de julio de 1979.Palabras clave: Constitución, Asamblea Constituyente, derechos humanos, garantías constitucionales.

Boletín de la Asamblea Nacional Constituyente. Serie I. Tegucigalpa, 2 de agosto de 1924. No. 1. Tegucigalpa: Asamblea Nacional Constituyente. pp. 2-5 Transcripción del mensaje de Vicente Tosta Carrasco dirigiéndose a la asamblea nacional constituyente, este relata el significativo triunfo por amor a la libertad y su paso en las trincheras rumbo a una vida constitucional de la República.

En el Campus El Girón de la Universidad Politécnica Salesiana de Quito, los días 1 y 2 de marzo del presente año, se llevaron a cabo las Jornadas de Capacitación Docente sobre el tema Educación, Universidad y Asamblea Constituyente: por una ciudadanía activa y responsable. Fueron cordinadas por la Comisión Política de la UPS y el Centro Andino para la Formación de Líderes Sociales (CAFOLIS).

Las expectativas que tiene Chile respecto al desempeño y ejercicio del poder constituyente de la Convención Constitucional que se inició el 4 de julio de 2021, no se diferencia de lo que parte de la experiencia comparada en Latinoamérica a esperado de sus respectivos procesos constituyentes de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. En los hechos, desde que se empieza a consolidar la demanda por una nueva constitución, la Asamblea Constituyente es la opción que refleja una instancia que se aleja de la política de los partidos, participativa y reflejo de la voluntad del pueblo o ciudadana. La elección de convencionales constituyentes de mayo de 2021, es el resultado de esta convicción que ya se había sincerado en el proceso participativo para la elaboración de las bases ciudadanas para una nueva constitución, impulsada por el gobierno de Bachelet en 2016.

Desde la década de los años 90 surgen movimientos reivindicatorios de los pueblos originarios, acompañados por el sustento ideológico de los trabajadores de la clase media y líderes destacados del sector campesino: Marcial Fabricano, Evo Morales Ayma, Román Loayza y Felipe Quispe Huanca. Quienes, perdiendo miedo a la elite gobernante partidista, cuestionan la vida institucional del Estado Social y Democrático de Derecho de Bolivia . Es inminente el descontento de la sociedad boliviana que se expresó en avalancha de protestas, marchas a la sede de Gobierno, bloqueo de caminos hasta las últimas consecuencias, masivas movilizaciones de afronte y huelgas de hambre instalados en piquetes; con una sola decisión de enfrentar al Estado neoliberal de economía de libre mercado que permitió la venta de empresas estratégicas y saqueo de los recursos naturales por las trasnacionales. Situación que indudablemente desnudó a la luz pública la crisis estructural que vivió Bolivia desde su fundación y esencialmente a partir del año 2000 hasta el año 2005. Fantasmas de ingobernabilidad, inestabilidad, ilegitimidad política rondó y ronda por los escenarios del poder estatal, colmando la paciencia de los bolivianos, quienes exigieron Asamblea Constituyente, para construir un nuevo Estado más equitativo, solidario, justo y soberano; integrador de todas las nacionalidades existentes en el territorio boliviano

El presente trabajo es una investigación cualitativa cuya finalidad es caracterizar el proyecto de ciudadanía intercultural que se identifica en la propuesta que presentaron los movimientos sociales indígenas y campesinos que conformaron el “Pacto de Unidad” a la Asamblea Constituyente en Bolivia. Para ello, realiza una revisión del proceso constituyente, dando cuenta del cambio que enmarca esta nueva perspectiva de ciudadanía “ampliada” en el marco de una democracia participativa y un estado multicultural, a partir de los espacios de participación y visibilización logrados por los movimientos sociales indígenas y campesinos, que se proyectan a la constitución de un sujeto colectivo para dejar de ser asumidos como sujetos subalternos. La investigación se enmarca en un escenario de diversidad étnico-cultural y conflictividad social, enfatizando el rol de la identidad y alteridad, ya que Bolivia cuenta con treinta y seis pueblos indígenas (como población mayoritaria) y sectores que se reconocen como “no indígenas”. Los antecedentes principales del estudio parten del momento que se ha reconocido como detonante de un proceso en crecimiento que devino en la elección de un presidente de origen indígena. Nos referimos al año 2000 que implica el inicio de un proceso movilizatorio de masividad e incidencia mayor.

Tesis (Magister en Derecho)
Esta tesis pretende, desde el conocimiento de la realidad ya vivida en Ecuador, describir brevemente su proceso constituyente, realizando una explicación del momento histórico que se vivió, lo que significó su realización en términos políticos, la influencia que tuvo la prensa escrita en la discusión jurídica y política del país, que se tradujo en discursos de legitimación y deslegitimación del proceso, lo que permitirá en un primer momento caracterizar el proceso constituyente ecuatoriano; en segundo lugar describir los discursos que legitimaron y deslegitimaron su proceso constituyente; y como la discusión en torno a ellos en la prensa, se trasladó a la discusión jurídica y política que influyó en la redacción del texto final de Constitución a cargo de la Asamblea Constituyente; para en tercer lugar; realizar un ejercicio comparado de identificación de los principales discursos deslegitimadores, que se presentan en el caso ecuatoriano, y que coincidentemente también se presentan en el debate que sobre la materia se ha instalado en Chile; para analizar la pertinencia de la instalación de una Asamblea Constituyente en Chile. El trabajo de investigación para el caso chileno, se centra fundamentalmente en el debate académico, a veces imbricado con el movimiento social, y en menor medida en la historia social. El método empleado implica una historia constitucional del tiempo presente, en concreto, una aproximación a la dogmática constitucional ocupada de un problema político institucional sustantivo como es el de generar o no una nueva Constitución. Por lo tanto, a pesar que la temática es propia del Derecho Público, no aspira a satisfacer las exigencias de la dogmática constitucional sino a conocer la dimensión más sociopolítica del fenómeno constitucional en la medida que el enfoque empleado es el de los discursos de legitimación y deslegitimación del proceso constituyente ecuatoriano y chileno. En razón de ser una tesis de magíster, cuya extensión debe ser adecuada al nivel intermedio de postgraduación, no hemos buscado agotar el tema sino sólo presentar sus rasgos generales y tendenciales.

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Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
O objetivo da pesquisa é analisar o processo da descolonização/desabigarramiento do território desde as lutas e resistências dos povos e desde um campo político, a Assembléia Constituinte (2006-2008), onde a disputa do território é a base da construção da sociedade e do estado na Bolívia. O estudo coloca o analise no momento constitutivo, o qual surge das lutas anticoloniais e anticapitalistas que põem a crise o modelo do estado e da sociedade, onde o epicentro destas lutas e o mundo agrário, cujos tecidos societários comunitários e outras formas de organização interpelam o núcleo da dominação (TAPIA, 2005) colocando no debate a compreensão unilinear do território como dispositivo da dominação. A abordagem deste debate inicia-se na compreensão da Bolívia como uma formação social abigarrada (ZAVALETA, 1986), expressado em um estado e um território monocultural que se cimenta sobre a diversidade territorial pré-existente ao fato da invasão. O processo desencadeado pelos povos planteia avançar no desabigarramento do território, colocando em debate a compreensão do território único e a qualidade política como condição inerente só ao estado
The goal of the research is to analyze the territory decolonization process from the resistance and struggle of the indigenous people, as from a political field, the Constituent Assembly (2006-2008), where the territory dispute is the basis for building the society and state in Bolivia. This study places its analysis in the constituent moment, located in the anticapitalist and anticolonial fights that shows the model of society and state crisis, where the center of these fights is the agrarian world, whose social community texture and other forms of organization challenge the very center of dominance (TAPIA, 2005), placing a debate over the unilateral understanding of the territory as a dispositive of dominance. The approach to this debate begins with the understanding that Bolivia has an abigarrada social formation (ZAVALETA, 1986), which in turn produce a monocultural estate and territory overlapped on the pre-existing territorial diversity to the fact of invasion. The process initiated by the indigenous people looks forward to strengthening the territory decolonization process, facing the debate over the unique understanding of territory and its political quality only as a state intrinsic condition
El objetivo de esta investigación es analizar el proceso de descolonización/desabigarramiento del territorio desde las luchas y resistencias de los pueblos como desde un campo político, la Asamblea Constituyente (2006/2008), que disputa el territorio como base de la construcción de la sociedad y el estado en Bolivia. El estudio sitúa su análisis en un momento constitutivo, que se constituye a partir de las luchas anticoloniales y anticapitalistas que ponen en crisis al modelo de estado y sociedad, donde el epicentro de estas luchas es el mundo agrario, que a través de sus tejidos societales comunitarios y otras formas de organización han interpelado el núcleo de la dominación (TAPIA, 2005) poniendo en debate la comprensión unilineal del territorio como dispositivo de la dominación. Abordamos este debate partiendo de la comprensión de que Bolivia tiene una formación social abigarrada (ZAVALETA, 1986), que da paso a la formación de un estado y territorio monocultural que se ancla sobre la diversidad territorial preexistente al hecho de la invasión. El proceso desatado por los pueblos plantea avanzar en el desabigarramiento del territorio, poniendo en debate la comprensión de territorio único y de la cualidad política como condición intrínseca solo al estado

Orientador: Bernardo Mançano Fernandes
Banca: Luis Tapia Mealla
Banca: Antonio Thomaz Júnior
Resumo: O objetivo da pesquisa é analisar o processo da descolonização/desabigarramiento do território desde as lutas e resistências dos povos e desde um campo político, a Assembléia Constituinte (2006-2008), onde a disputa do território é a base da construção da sociedade e do estado na Bolívia. O estudo coloca o analise no momento constitutivo, o qual surge das lutas anticoloniais e anticapitalistas que põem a crise o modelo do estado e da sociedade, onde o epicentro destas lutas e o mundo agrário, cujos tecidos societários comunitários e outras formas de organização interpelam o núcleo da dominação (TAPIA, 2005) colocando no debate a compreensão unilinear do território como dispositivo da dominação. A abordagem deste debate inicia-se na compreensão da Bolívia como uma formação social abigarrada (ZAVALETA, 1986), expressado em um estado e um território monocultural que se cimenta sobre a diversidade territorial pré-existente ao fato da invasão. O processo desencadeado pelos povos planteia avançar no desabigarramento do território, colocando em debate a compreensão do território único e a qualidade política como condição inerente só ao estado
Resumen: El objetivo de esta investigación es analizar el proceso de descolonización/desabigarramiento del territorio desde las luchas y resistencias de los pueblos como desde un campo político, la Asamblea Constituyente (2006/2008), que disputa el territorio como base de la construcción de la sociedad y el estado en Bolivia. El estudio sitúa su análisis en un momento constitutivo, que se constituye a partir de las luchas anticoloniales y anticapitalistas que ponen en crisis al modelo de estado y sociedad, donde el epicentro de estas luchas es el mundo agrario, que a través de sus tejidos societales comunitarios y otras formas de organización han interpelado el núcleo de la dominación (TAPIA, 2005) poniendo en debate la comprensión unilineal del territorio como dispositivo de la dominación. Abordamos este debate partiendo de la comprensión de que Bolivia tiene una formación social abigarrada (ZAVALETA, 1986), que da paso a la formación de un estado y territorio monocultural que se ancla sobre la diversidad territorial preexistente al hecho de la invasión. El proceso desatado por los pueblos plantea avanzar en el desabigarramiento del territorio, poniendo en debate la comprensión de territorio único y de la cualidad política como condición intrínseca solo al estado
The goal of the research is to analyze the territory decolonization process from the resistance and struggle of the indigenous people, as from a political field, the Constituent Assembly (2006-2008), where the territory dispute is the basis for building the society and state in Bolivia. This study places its analysis in the constituent moment, located in the anticapitalist and anticolonial fights that shows the model of society and state crisis, where the center of these fights is the agrarian world, whose social community texture and other forms of organization challenge the very center of dominance (TAPIA, 2005), placing a debate over the unilateral understanding of the territory as a dispositive of dominance. The approach to this debate begins with the understanding that Bolivia has an abigarrada social formation (ZAVALETA, 1986), which in turn produce a monocultural estate and territory overlapped on the pre-existing territorial diversity to the fact of invasion. The process initiated by the indigenous people looks forward to strengthening the territory decolonization process, facing the debate over the unique understanding of territory and its political quality only as a state intrinsic condition
Mestre

El presente artículo tiene como objetivo principal mostrar cómo el nuevo constitucionalismo ha sido incorporado en el derecho colombiano mediante la Constitución Política de 1991. El Estado Social de Derecho, los derechos fundamentales, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los mecanismos de participación ciudadana y distintas y eficaces acciones judiciales como la Acción de Tutela forman hoy parte activa del ejercicio jurídico colombiano.Sin embargo, distintos aspectos parecen hoy amenazar lo conquistado durante estos casi veinticinco años, a un insuficiente diseño institucional en algunos casos se une la necesidad urgente de incorporar a las normas vigentes lo que se acuerde en el proceso de paz con las FARC en la Habana, poniendo a prueba el paradigma constitucional actual, el cual se encuentra consolidado en algunos casos pero que permanece frágil en otros.

¿Es la integración económica, política y social un mandato jurídico en Latinoamérica? ¿Es dicha integración una de las promesas centrales del derecho constitucional contemporáneo de la región? La respuesta rápida es: sí. Para demostrar por qué y para qué, en esta monografía se han creado y analizado taxonomías que explican cada una de las normas relevantes para consolidar un espacio supranacional a partir de las disposiciones existentes en 36 constituciones de las Américas y el Caribe. Con especial énfasis en el caso y la experiencia suramericana, se contextualiza y se reconstruye el origen histórico de estas normas, la función técnica que cumplen y su condición de disposiciones aspiracionales. En las últimas décadas, América Latina ha avanzado en la construcción de un espacio supranacional común, precisamente por haber despertado otras cláusulas durmientes, las democráticas y de derechos fundamentales. El aporte nuclear de esta investigación consiste en señalar la posibilidad de despertar y dotar de eficacia a las cláusulas de integración regional “profunda”, es decir, la integración económica, política y social como elemento cohesionador de un derecho commune y transformador para la región. Como alternativas para despertarlas, se propone que estas sean interpretadas mediante un criterio pro integratione así como adaptar algunos mecanismos de las experiencias integradoras de Europa, África y Asia.
Is economic, political, and social integration a legal objective in Latin America? Is integration one of the central promises of contemporary constitutional law in that region? The quick answer is yes. To demonstrate the reason for and purpose of integration, this dissertation offers a set of taxonomies of thirty-six constitutions of the Americas and the Caribbean for the object of illustrating and analyzing those norms that contemplate the creation of a supranational space. With a special focus on the South American experience, this work aims at contextualizing and reconstructing the historical origins of these norms, their technical function, and their status as aspirational provisions. In recent decades, Latin America has made progress in the construction of a common supranational space. It has done so precisely by ‘awakening’ the dormant clauses concerning democracy and fundamental rights. The key contribution of this research consists of pointing out the possibility of awakening and implementing these clauses for attaining "deeper" regional integration. To this effect, it understands economic, political, and social integration as a cohesive element of a commune and transformative law in the region and proposes to interpret the dormant clauses through a pro integratione criterion as well as to take inspiration from and adapt some mechanisms of the integration experiences in Europe, Africa and Asia.
As cláusulas adormecidas da integração latino-americana: Origem, função e alternativas para despertá-lasA integração econômica, política e social é um mandamento jurídico na América Latina? Esta integração é uma das promessas centrais do direito constitucional contemporâneo na região? A resposta rápida é sim. Para demonstrar por que e para que fins, nesta monografia foram criadas e analisadas as taxonomias que explicam cada uma das normas relevantes para consolidar um espaço supranacional a partir das disposições existentes em 36 constituições das Américas e do Caribe. Com especial ênfase no caso e na experiência sul-americana, são contextualizados e reconstruídos a origem histórica dessas normas, sua função técnica e seu status como disposições operacionais.Nas últimas décadas, a América Latina avançou na construção de um espaço supranacional comum, justamente porque despertou outras cláusulas adormecidas, as democráticas e relativas aos direitos fundamentais. A contribuição nuclear desta pesquisa consiste em apontar a possibilidade de despertar e efetivar as cláusulas de integração regional "profunda", ou seja, a integração econômica, política e social como elemento coeso de um direito commune e transformador para a região. Como alternativas para despertá-las, propõe-se que estas sejam interpretadas através de um critério pro integratione, assim como a adaptação de alguns mecanismos das experiências integrativas da Europa, África e Ásia.

En Ecuador, tras el impacto de la pandemia, la normativa ecuatoriana ha sido cambiante, la presidencia presentó la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, eliminando gastos personales y modificando el pago del impuesto a la renta. Un año después, se cuestionó su viabilidad y constitucionalidad y en mayo de 2023, otra resolución presidencial y la Asamblea Nacional Constituyente alteraron nuevamente los procedimientos del impuesto a la renta. Esta investigación experimental manipula variables para estudiar el impacto de estas reformas, presentando datos cuantitativos con el objetivo de evaluar la realidad de las nuevas políticas tributarias, analizando la relación entre el impuesto a la renta a pagar de personas naturales y las variables independientes relacionadas con el cálculo del impuesto con el caso de una persona natural cuya actividad principal es el transporte. Se realizó el análisis a los elementos del pago del IR, resultando así con la comparabilidad entre valores a pagar con respecto a la normativa vigente y la normativa anterior, así generando preguntas sobre su viabilidad y percepción por parte de los contribuyentes, y es que las últimas reformas tributarias en Ecuador según la investigación, y la realizada y tomada como referencia, afirman, que la normativa precedida tuvo un impacto negativo en el poder adquisitivo de las personas naturales, debido al aumento del monto a pagar del IR, y bajo las controladas experimentaciones se deduce y se afirma que existe una diferencia a favor de la nueva normativa del año 2023.

El meticuloso análisis de los distintos componentes y características de la gobernabilidad ecuatoriana contenido en el presente documento podría coadyuvar en la búsqueda de espacios para el consenso respecto de los grandes temas relacionados con la reforma democrática y política del Ecuador, que de manera indispensable se abordarán en el marco de la Asamblea Constituyente. Esperamos que el presente documento sea un pequeño aporte al ambiente de diálogo necesario para la gobernabilidad del Ecuador.

Introducción En 2023 el Banco de la República celebra 100 años de su fundación. Este es un aniversario de gran significado, el cual ofrece la oportunidad de resaltar el aporte que el Banco ha hecho al desarrollo del país. Su trayectoria como garante de la estabilidad monetaria lo ha consolidado como la institución estatal independiente que genera mayor confianza entre los colombianos por su transparencia, capacidad de gestión y el cumplimiento efectivo de las funciones de banca central y culturales encomendadas en la Constitución y la Ley. En una fecha tan importante como esta, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) hace un reconocimiento a las generaciones de directivos y funcionarios que con su compromiso y dedicación contribuyeron a engrandecer esta institución1. El mandato del Banco de la República se consolidó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, para cuya integración los ciudadanos tuvieron la oportunidad de elegir a las setenta personas que tendrían como tarea redactar una nueva constitución. Los dirigentes de los tres movimientos políticos más votados fueron elegidos presidentes de la Asamblea, y esta presidencia tripartita reflejó la pluralidad y la necesidad de consenso entre las diferentes fuerzas políticas para sacar adelante la reforma. Entre los asuntos considerados, la Asamblea Nacional Constituyente le otorgó especial importancia a la estabilidad monetaria. Por esta razón decidió incluir el tema de banca central y dotar al Banco de la República de la autonomía necesaria para utilizar los instrumentos a su cargo sin injerencia de otras autoridades. El constituyente entendió que velar por la estabilidad de precios es un deber del Estado y que la entidad responsable de este cometido debe estar consagrada en la Constitución y contar con la capacidad técnica y autonomía institucional necesaria para adoptar las decisiones que considere pertinentes para alcanzar este objetivo fundamental, en coordinación con la política económica general. En particular, el artículo 373 estableció que “el Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, disposición que coincidía con el esquema de banca central adoptado por países exitosos en el control de la inflación. En 1999, mediante sentencia 481, la Corte Constitucional indicó que “el deber de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda no solo se predica de la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria, esto es de la Junta del Banco de la República, sino también de quienes tienen responsabilidades en la formulación y ejecución de la política económica general del país” y que “la finalidad constitucional básica del Banco de la República es la protección de la moneda sana, pero esa autoridad debe tomar en consideración en sus decisiones los otros objetivos económicos de la intervención del Estado, como el pleno empleo, pues sus funciones deben coordinarse con la política económica general.” La reforma al Banco de la República concertada en la Constituyente de 1991 y en la Ley 31 de 1992 se puede resumir en los siguientes aspectos: i) asignó al Banco un mandato específico: mantener la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general; ii) designó a la JDBR como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia; iii) otorgó al Banco y a su Junta Directiva un importante grado de independencia frente al Gobierno; iv) prohibió al Banco otorgar crédito al sector privado distinto del financiero; v) estableció que para otorgar crédito al Gobierno se requería del voto unánime de su Junta Directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto; vi) determinó que el legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares; vii) designó al Congreso, en representación de la sociedad, como principal destinatario del ejercicio de rendición de informes del Banco; y viii) delegó en el presidente de la República la función de inspección, vigilancia y control sobre el Banco de la República. Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente entendieron claramente que los beneficios de una inflación baja y estable se extienden a toda la sociedad y contribuyen al buen funcionamiento del sistema económico. Entre los más importantes cabe mencionar que una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos, al permitir que los precios relativos guíen de mejor forma la asignación de recursos, lo cual promueve el crecimiento económico y aumenta el bienestar de la población. Igualmente, una inflación baja reduce la incertidumbre sobre la rentabilidad esperada de la inversión y sobre el precio futuro de los activos, lo que aumenta la confianza de los agentes económicos, facilita la financiación de largo plazo y estimula la inversión. Una inflación baja evita redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, debido a que los estratos de ingresos bajos de la población no pueden protegerse de la inflación mediante la diversificación de sus activos, y concentran una elevada proporción de su ingreso en la compra de alimentos y otros bienes básicos, ítems que generalmente son los más afectados por los choques inflacionarios2. Por otra parte, una baja inflación facilita las negociaciones salariales, lo cual crea un buen clima laboral y reduce la volatilidad del nivel de empleo. Finalmente, una inflación baja contribuye a que el sistema de impuestos sea más transparente y equitativo, al evitar las distorsiones que la inflación introduce sobre el valor de los activos y de los ingresos que componen la base tributaria. Desde el punto de vista de la autoridad monetaria, uno de los beneficios más relevantes de una inflación baja es la credibilidad que los agentes económicos adquieren en la meta de inflación, lo que la convierte en un ancla nominal efectiva sobre el nivel de precios. Al recibir su mandato, y en uso de su autonomía, el Banco de la República empezó a anunciar metas puntuales de inflación anual a partir de 1992. Si bien en esta primera etapa las metas de inflación propuestas no se lograron cumplir de forma precisa, sí se consiguió imprimirle a la inflación una tendencia descendente, que la llevó desde un nivel del 32,4% en 1990 al 16,7% en 1998. Para aquella época la tasa de cambio se mantenía dentro de una banda, lo cual limitaba la efectividad de la política monetaria, que buscaba cumplir simultáneamente una meta de inflación y un objetivo de tasa de cambio. La crisis asiática se contagió a las economías emergentes y afectó de manera importante a la economía colombiana. La tasa de cambio presentó una fuerte presión a la depreciación al cerrarse el acceso al financiamiento externo en condiciones de un elevado desequilibrio externo. Lo anterior, junto con la falta de flexibilidad cambiaria, impidió hacer una política monetaria contracíclica, lo que condujo a una contracción del PIB del 4,2% en dicho año. En este contexto de desaceleración económica, la inflación anual se redujo al 9,2% a finales de 1999, situándose por debajo de la meta del 15% que se había fijado para ese año. Este episodio reveló plenamente lo costoso que podría ser, en términos de actividad económica, el tener simultáneamente metas para la inflación y para la tasa de cambio. Hacia finales de 1999 el Banco de la República anunció la adopción de un nuevo régimen de política monetaria que denominó Esquema de Inflación Objetivo. Este régimen, conocido internacionalmente como ‘Inflation Targeting,’ venía ganando creciente aceptación en países desarrollados, al haber sido adoptado a partir de 1991 por Nueva Zelanda, Canadá e Inglaterra, entre otros, logrando importantes avances en el manejo de la inflación, sin incurrir en costos en términos de actividad económica. En América Latina, Brasil y Chile también lo acogieron en 1999. En el caso colombiano, el último requisito pendiente por cumplir para adoptar dicho esquema de política era la flexibilidad de la tasa de cambio, la cual se materializó hacia septiembre de 1999, cuando la JDBR decidió abandonar las bandas cambiarias para permitir que la tasa de cambio se determinara libremente en el mercado. De forma coherente con el mandato constitucional, el objetivo fundamental de este nuevo esquema de política consistía en “el cumplimiento de una meta de inflación que contribuya a mantener un crecimiento del producto alrededor de su capacidad potencial”3. Dicha capacidad potencial se entendía como aquel crecimiento del PIB que la economía puede obtener si utiliza plenamente sus recursos productivos. Para cumplir este objetivo la política monetaria debe cumplir necesariamente un papel contracíclico en la economía. Ello porque cuando la actividad económica está por debajo de su potencial y existen recursos ociosos, la autoridad monetaria puede reducir la tasa de interés ante la ausencia de presiones inflacionarias para estimular por esa vía la economía y, de manera inversa, cuando el producto supera su capacidad potencial. Este principio de política, que está inmerso en los modelos para guiar la postura de política monetaria, hace que, en el mediano plazo, sean totalmente compatibles los objetivos del cumplimiento de la meta de inflación y de un nivel de actividad económica compatible con su capacidad productiva. Para alcanzar este propósito, en el esquema de inflación objetivo se utiliza la tasa de interés del mercado monetario (a la cual el banco central suministra liquidez primaria a los bancos comerciales), como el instrumento primordial de política. Con ello se sustituyó la cantidad de dinero como meta intermedia de política monetaria, que el Banco de la República, al igual que varios otros bancos centrales, utilizaron por mucho tiempo. En el caso colombiano, el objetivo del nuevo esquema de política monetaria implicaba, en términos prácticos, que la recuperación de la economía, luego de la contracción ocurrida en 1999, debía lograrse al tiempo que se cumplían las metas decrecientes de inflación establecidas por la JDBR. De manera notable este propósito se cumplió. En la primera mitad de la década del 2000 la actividad económica logró una recuperación importante, hasta alcanzar un crecimiento del 6,8% en 2006. Entretanto, la inflación fue descendiendo gradualmente, en línea con las metas de inflación. Fue así como la tasa de inflación se redujo desde el 9,2% en 1999 al 4,5% en 2006, cumpliendo con la meta de inflación establecida para ese año, mientras que el PIB alcanzó su nivel potencial. Después de lograrse este equilibrio en 2006, la inflación repuntó al 5,7% en 2007, por encima de la meta del 4% fijada para ese año, debido a que el crecimiento del PIB del 7,5% superó su capacidad potencial4. Luego de comprobarse la eficacia del esquema de inflación objetivo en sus primeros años de operación, este régimen de política continuó consolidándose a medida que la JDBR y el equipo técnico ganaron experiencia en su manejo y se incorporaron modelos económicos de última tecnología para diagnosticar el estado presente y futuro de la economía, y evaluar la persistencia de los desvíos de la inflación y sus expectativas con respecto a la meta de inflación. A partir de 2010 la JDBR estableció la meta de inflación anual de largo plazo del 3%, que continúa vigente en la actualidad. La menor inflación ha contribuido a crear un entorno macroeconómico más estable, que ha favorecido el crecimiento económico sostenido, la estabilidad financiera, el desarrollo del mercado de capitales y el funcionamiento de los sistemas de pagos. Gracias a ello se lograron reducciones en la prima por riesgo inflacionario y menores tasas de interés de los TES y de crédito. A su vez, la duración de la deuda interna pública aumentó de forma importante pasando de 2,27 años en diciembre de 2002 a 5,86 años en diciembre de 2022 y la profundización financiera, medida como el nivel de la cartera como porcentaje del PIB, pasó de cerca del 20% a mediados de la década de los noventa a valores superiores al 45% en años recientes, en un contexto saludable de los establecimientos de crédito. Los logros tangibles alcanzados por el Banco de la República en el manejo de la inflación al haber contado con la autonomía que le otorgó la Constitución para cumplir con el mandato de preservar el poder adquisitivo de la moneda, junto con los importantes beneficios que se derivaron del proceso de llevar la inflación a su meta de largo plazo, hacen que el reto que actualmente enfrenta la JDBR de retornar la inflación a la meta del 3% sea aún más exigente y apremiante. Como es bien conocido, a partir de 2021, y especialmente en 2022, la inflación en Colombia volvió a convertirse en un serio problema económico, con elevados costos de bienestar. El fenómeno inflacionario no ha sido exclusivo de Colombia y es así como muchos otros países desarrollados y emergentes han visto alejarse sus tasas de inflación de las metas propuestas por sus bancos centrales5. Las razones de este fenómeno se han analizado en los recientes Informes al Congreso, y en esta nueva entrega se profundiza al respecto con información actualizada. La sólida base institucional y técnica que soporta el esquema de inflación objetivo bajo el cual opera la estrategia de política monetaria le da a la JDBR los elementos necesarios para enfrentar con confianza este difícil reto. Al respecto, en su comunicado del 25 de noviembre la JDBR reiteró su compromiso con la meta de inflación del 3,0%, la cual prevé alcanzar hacia finales de 20246. La política monetaria continuará enfocada en cumplir este objetivo, al tiempo que velará por la sostenibilidad de la actividad económica, tal y como lo ordena la Constitución. Las encuestas a analistas llevadas a cabo en marzo mostraron un incremento importante (del 32,3% en enero al 48,5% en marzo) en el porcentaje de respuestas que sitúan las expectativas de inflación a dos años o más en un rango entre el 3% y 4%. Este es un indicativo claro de recuperación de credibilidad en la meta de inflación a mediano plazo, lo cual guarda coherencia con el anuncio de la JDBR de noviembre pasado. La moderación de la tendencia alcista de la inflación que se observó en enero, y especialmente en febrero, contribuirá a reforzar esta revisión de expectativas de inflación, y ayudará a cumplir los objetivos propuestos. Luego de registrarse una inflación del 5,6% a finales de 2021, la inflación mantuvo una tendencia alcista a lo largo de 2022 debido a las presiones inflacionarias tanto de origen externo, asociadas con las secuelas de la pandemia y las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, como de origen interno, resultantes de: el fortalecimiento de la demanda local; los procesos de indexación de precios estimulados por el aumento de las expectativas de inflación; las afectaciones a la producción de alimentos provocadas por el paro de mediados de 2021, y el traspaso de la depreciación a los precios. Los aumentos del salario mínimo del 10% en 2021 y del 16% en 2022, que en ambos casos superaron la inflación observada y el incremento de la productividad, acentuaron los procesos de indexación al haber establecido un elevado referente de ajuste nominal. De esta forma, la inflación total aumentó al 13,1% a finales 2022. La variación anual de alimentos, que subió del 17,2% al 27,8% entre esos dos años, fue el factor que más influyó en la aceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Otro rubro que contribuyó de manera importante a las alzas de precios fue el de regulados, cuya variación anual aumentó del 7,1% en diciembre de 2021 al 11,8% a finales de 2022. Por su parte, la medida de inflación básica sin alimentos ni regulados subió del 2,5% al 9,5% entre finales de 2021 y finales de 2022. El aumento sustancial de la inflación básica muestra que la presión inflacionaria se extendió a la mayoría de los rubros de la canasta familiar, lo cual es característico de procesos inflacionarios con una indexación de precios generalizada, como ocurre en Colombia. La política monetaria empezó a reaccionar tempranamente a estas presiones inflacionarias. Fue así como a partir de su sesión de septiembre de 2021 la JDBR inició un cambio progresivo de la postura de la política monetaria a partir del mínimo histórico del 1,75% de la tasa de interés de política al cual se había llegado para estimular la recuperación de la economía. Este proceso de ajuste prosiguió sin interrupción a lo largo de 2022 y hasta inicios de 2023, cuando la tasa de política monetaria alcanzó el 12,75% en enero pasado, con lo cual acumuló un incremento de 11 puntos porcentuales (pp). El público y los mercados se han mostrado sorprendidos de que la inflación continuara aumentando, a pesar de los significativos incrementos de la tasa de interés. Pero como lo ha explicado la JDBR en sus diversas comunicaciones, la política monetaria actúa con rezago. Así como en 2022 la actividad económica se recuperó hasta alcanzar un nivel superior al de prepandemia, impulsada, entre otros factores, por el estímulo monetario otorgado durante el período de pandemia y de los meses subsiguientes, así también los efectos de la actual política monetaria restrictiva se irán dando paulatinamente, lo que permite esperar que hacia finales de 2024 la tasa de inflación converja hacia el 3%, como es el propósito de la JDBR. Los resultados de la inflación en enero y febrero de este año mostraron incrementos marginales decrecientes (13 pb y 3 pb respectivamente), en comparación con la variación observada en diciembre (59 pb). Esto sugiere que se aproxima un punto de inflexión en la tendencia de la inflación. En otros países de América Latina, como Chile, Brasil, Perú y México, la inflación llegó a su techo y ha empezado a descender lentamente, aunque con algunos altibajos. Es previsible que en Colombia ocurra un proceso similar durante los próximos meses. El descenso previsto de la inflación en 2023 obedecerá, entre otros factores, a las menores presiones de costos externos por cuenta de la progresiva normalización de las cadenas de suministro, a la superación de los choques de oferta por razones de clima y por los bloqueos viales de años anteriores, lo que se reflejará en menores ajustes en los precios de los alimentos, como ya se observó en los primeros dos meses del año y, por supuesto, al efecto rezagado de la política monetaria. El proceso de convergencia de la inflación a la meta será gradual y se extenderá más allá de 2023. Dicho proceso se facilitará si se revierten las presiones a la devaluación, para lo cual resulta esencial que se continúe consolidando la sostenibilidad fiscal y se eviten mensajes en diferentes frentes de la política pública que generan incertidumbre y desconfianza. _______________________________________ 1 Este Informe al Congreso contiene el recuadro 1 que resume la trayectoria del Banco de la República en estos 100 años. Adicionalmente, con auspicio del Banco, varios libros que profundizan diversos aspectos de la historia de esta institución fueron publicados en años recientes. Véase, por ejemplo: Historia del Banco de la República 1923-2015; Tres banqueros centrales; Junta Directiva del Banco de la República: grandes episodios en 30 años de historia; Banco de la República : 90 años de la banca central en Colombia. 2 Es por ello que una menor inflación se ha reflejado en la reducción de la desigualdad del ingreso medida a través del coeficiente de Gini al pasar de 58,7 en 1998 a 51,3 en el año previo a la pandemia. 3 Véase Gómez Javier, Uribe José Darío, Vargas Hernando (2002). “The Implementation of Inflation Targeting in Colombia”. Borrador de Economía, núm. 202, marzo, disponible en: https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5220 4 Véase López-Enciso Enrique A.; Vargas-Herrera Hernando y Rodríguez-Niño Norberto (2016). “La estrategia de inflación objetivo en Colombia. Una visión histórica”, Borrador de Economía, núm. 952. https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6263 5 Según el FMI, la variación porcentual de los precios al consumidor entre 2021 y 2022 pasó del 3,1 % al 7,3 % para las economías avanzadas, y del 5,9 % al 9,9 % para las economías de mercados emergentes y en vías de desarrollo. 6 https://www.banrep.gov.co/es/noticias/junta-directiva-banco-republica-reitera-meta-inflacion-3