Academic literature on the topic 'Asamblea Constituyente (2006- )'

Se analiza desde un punto de vista filosófico-político y pragmático-discursivo las características ideológicas del discurso de Rafael Correa durante las elecciones presidenciales de 2006. Correa acometió una interpretación laclausiana del tiempo histórico, traduciendo que la crisis de representación del país podía originar un estallido o momento populista. En base a ello, el discurso populista que llevó a Correa al poder en 2007, se construyó sobre el uso de dos marcos argumentativos básicos: 1) ubicar a los partidos políticos tradicionales (“la partidocracia”) como antagónicos a la patria y 2) proponer una reforma constitucional mediante una Asamblea Constituyente. Se concluye con una valoración crítica sobre los límites entre movilización popular y su institucionalismo.

Este trabajo muestra cómo, durante lo que se denominó, en Ecuador, la Revolución Ciudadana (2007-2017), se reformaron y manipularon las reglas electorales a favor del partido en el poder (Alianza País). Una de las características del sistema electoral anterior al periodo en estudio fue el uso del método D’Hondt para la adjudicación de escaños. Este método, bastante criticado, fue declarado incompatible con la Constitución por el Tribunal Constitucional en febrero de 2004, pero fue reincorporado a la ley electoral en abril de 2006. Pese a que Alianza País había ofrecido reglas electorales más incluyentes y participativas, que al principio se reflejaron en los sistemas electorales de 2007 (Asamblea Constituyente) y 2009 (elecciones de transición), al final terminó diseñando normas electorales más injustas y excluyentes que las precedentes, mediante el cercenamiento de las circunscripciones (nueva ley electoral de 2009) y la reintroducción del método D’Hondt (reforma de 2012).

El ascenso de Evo Morales al poder, en Bolivia, a la cabeza del Movimiento al Socialismo (en adelante, MAS) y en representación del bloque indígena y nacional-popular, supuso para las elites políticas tradicionales su reducción a condición de minorías. Ello, como resultado, además, del derrocamiento del orden político que dichas elites habían logrado establecer, en el ciclo conflictivo 2000-2005, el cual supuso la actualización del histórico desencuentro entre una Bolivia india y una Bolivia blanca, al estar enmarcado en la tesis de las dos bolivias. De hecho, de acuerdo con el sentido de esta tesis Morales arribó al poder con el imperativo de impulsar la transformación estructural del país, misma que encontró obstáculos al producirse la retención de espacios de poder por parte de aquellas elites que en representación de sectores medios y altos, y auto-identificados como mestizos, defenderían otro proyecto de nación. Así, con la polarización resultante de esos hechos el contexto de la Asamblea Constituyente (2006-2009) se tornó en extremadamente álgido puesto que aquella detonó en actos de odio y violencia racial, tendencias hacia el secesionismo y llamados a guerra civil.

El artículo tiene como objetivo revisar el estado actual del proyecto indígena de refundación estatal enel contexto de los gobiernos de Evo Morales Ayma en Bolivia. Como proyecto indígena se entenderá la propuesta política surgida desde las organizaciones indígenas como consecuencia de la actividad del movimiento originario en Bolivia que tomó cuerpo en la Asamblea Constituyente bajo las figuras del Estado Plurinacional y del modelo Buen Vivir. ¿Es el Estado boliviano plurinacional como declara la Nueva Constitución o se trataría más bien de un Estado-nación pluricultural y multiétnico? ¿Coincide el modelo de desarrollo económico y social promovido por el gobierno con el ideal del Buen Vivir? Analizaremos tanto el discurso oficial, como las políticas concretas del gobierno de Evo Morales Ayma (2006-2020) a fin de revelar la situación actual de la propuesta indígena, tomando en cuenta un largo debate histórico sobre la construcción del Estado-nación en Bolivia.

Evo Morales, quien fue elegido en 2005 e inició su gobierno en 2006, como primer presidente indígena de Bolivia, empezó el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual presentó como una gran oportunidad para refundar Bolivia desde la unidad, la igualdad y la dignidad. Con ello, dio reconocimiento a 36 naciones o pueblos indígenas originarios —quienes han representado más del 60% de la población en el país— y buscó dar fin a los conflictos políticos, económicos, sociales y culturales que generaron brechas de desigualdad e invisibilización de las comunidades indígenas por años. Tal proceso cual culminó con la expedición de la Constitución Política en 2009. La nueva constitución implementó, como políticas del Estado, el Vivir Bien y la educación universal, productiva e intercultural, entre otras. Esto con el propósito de generar espacios de educación superior en áreas rurales buscando la participación social como respuesta a las necesidades. En este artículo se hace un análisis documental de la noción del Vivir Bien, la educación superior intercultural y su aplicación en el caso de la UNIBOL – Guaraní y pueblos de tierras bajas (Apiaguaiki Tüpa), desde 2008 hasta el 2019.

El enfrentamiento por la capitalidad entre La Paz y Sucre, aunque poco conocido internacionalmente, estuvo a punto de impedir la aprobación de la Constitución de 2009. En este artículo se realiza una revisión teórica de los estudios geográficos y politológicos sobre las capitales de los Estados, con un apartado propio para la tipología elaborada a partir de la teoría de los sistemas-mundo. Siguiendo estos trabajos, se analiza el conflicto boliviano a través de un repaso de su historia, prestando una atención especial al período de la Asamblea Constituyente entre 2006 y 2009, y a continuación se presentan los argumentos que sustentan las posiciones de ambas ciudades candidatas. En base a la literatura académica, el caso de Bolivia podría considerarse el de una capital compartida asimétrica, con preminencia de La Paz. No obstante, a falta de una capital indiscutible, se trata de una cuestión que puede reabrirse en cualquier momento. Partiendo de la experiencia boliviana, también se extraen conclusiones que pueden ser útiles para otros países que experimenten una situación similar.

Con el repaso de la normativa legal del género en el Ecuador, este trabajo muestra su estado actual y los avances desde una progresión teórica y práctica para construir un modelo de sociedad que tenga sus cimientos en la filosofía del buen vivir. A través de la metodología cualitativa, y del método documental se analizaron 13 instrumentos legales y 4 planes y proyectos estatales. Los resultados dan cuenta que a pesar de los importantes avances legislativos siguen existiendo falencias en materia de género en el país, pues en la práctica se requiere, por un lado, que el estado garantice el cumplimiento de la normativa, y que, por otro, que la sociedad en su conjunto la asuma responsablemente y lo haga posible. Palabras Clave: Normativa legal, sociedad, género, derechos de la mujer. Referencias [1]C. Valle, Atlas de Género, Quito: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2018. [2]L. M. Martínez y T. 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Los Principios de la Naciones Unidas en favor de los adultos mayores (AM) son: independencia, participación, contar con los cuidados necesarios, autorrealización, dignidad (ONU, 1991); en este marco, la Constitución Política del Ecuador (Asamblea Constituyente, 1998) contiene normas de protección que se traducen en igualdad de derechos y garantías a favor de todos, ecuatorianos y extranjeros, independientemente de su edad. A partir del año 1984 el Ministerio de Bienestar Social, establece programas y proyectos en beneficio de los AM (MBS, 2014) y en el año 1991 se crea la Ley Especial del Anciano, según la cual el Estado garantiza el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, vivienda, asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una vida digna (Congreso Nacional, 2006). No obstante lo antes mencionado, en la práctica dicho grupo etario reclama mayor atención; de ahí que el objetivo del presente estudio es valorar en qué medida las acciones que emprenden las instituciones estatales consiguen satisfacción en los AM, que se evidencia mediante la percepción en el ejercicio de sus derechos y la calidad de los servicios de salud. Método Se realizó un estudio transversal que incluyó, de manera aleatoria a 557 adultos mayores residentes en áreas de cobertura de centros de primer nivel de atención, mediante la aplicación de un formulario validado, previa la aplicación del consentimiento informado por parte de estudiantes de la carrera de medicina, que recibieron capacitación y supervisión de docentes. Entre las variables analizadas estuvieron las características sociodemográficas, derechos del adulto mayor y percepción sobre la calidad de la atención de salud.

Desde la década de los años 90 surgen movimientos reivindicatorios de los pueblos originarios, acompañados por el sustento ideológico de los trabajadores de la clase media y líderes destacados del sector campesino: Marcial Fabricano, Evo Morales Ayma, Román Loayza y Felipe Quispe Huanca. Quienes, perdiendo miedo a la elite gobernante partidista, cuestionan la vida institucional del Estado Social y Democrático de Derecho de Bolivia . Es inminente el descontento de la sociedad boliviana que se expresó en avalancha de protestas, marchas a la sede de Gobierno, bloqueo de caminos hasta las últimas consecuencias, masivas movilizaciones de afronte y huelgas de hambre instalados en piquetes; con una sola decisión de enfrentar al Estado neoliberal de economía de libre mercado que permitió la venta de empresas estratégicas y saqueo de los recursos naturales por las trasnacionales. Situación que indudablemente desnudó a la luz pública la crisis estructural que vivió Bolivia desde su fundación y esencialmente a partir del año 2000 hasta el año 2005. Fantasmas de ingobernabilidad, inestabilidad, ilegitimidad política rondó y ronda por los escenarios del poder estatal, colmando la paciencia de los bolivianos, quienes exigieron Asamblea Constituyente, para construir un nuevo Estado más equitativo, solidario, justo y soberano; integrador de todas las nacionalidades existentes en el territorio boliviano

Introducción En 2023 el Banco de la República celebra 100 años de su fundación. Este es un aniversario de gran significado, el cual ofrece la oportunidad de resaltar el aporte que el Banco ha hecho al desarrollo del país. Su trayectoria como garante de la estabilidad monetaria lo ha consolidado como la institución estatal independiente que genera mayor confianza entre los colombianos por su transparencia, capacidad de gestión y el cumplimiento efectivo de las funciones de banca central y culturales encomendadas en la Constitución y la Ley. En una fecha tan importante como esta, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) hace un reconocimiento a las generaciones de directivos y funcionarios que con su compromiso y dedicación contribuyeron a engrandecer esta institución1. El mandato del Banco de la República se consolidó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, para cuya integración los ciudadanos tuvieron la oportunidad de elegir a las setenta personas que tendrían como tarea redactar una nueva constitución. Los dirigentes de los tres movimientos políticos más votados fueron elegidos presidentes de la Asamblea, y esta presidencia tripartita reflejó la pluralidad y la necesidad de consenso entre las diferentes fuerzas políticas para sacar adelante la reforma. Entre los asuntos considerados, la Asamblea Nacional Constituyente le otorgó especial importancia a la estabilidad monetaria. Por esta razón decidió incluir el tema de banca central y dotar al Banco de la República de la autonomía necesaria para utilizar los instrumentos a su cargo sin injerencia de otras autoridades. El constituyente entendió que velar por la estabilidad de precios es un deber del Estado y que la entidad responsable de este cometido debe estar consagrada en la Constitución y contar con la capacidad técnica y autonomía institucional necesaria para adoptar las decisiones que considere pertinentes para alcanzar este objetivo fundamental, en coordinación con la política económica general. En particular, el artículo 373 estableció que “el Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, disposición que coincidía con el esquema de banca central adoptado por países exitosos en el control de la inflación. En 1999, mediante sentencia 481, la Corte Constitucional indicó que “el deber de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda no solo se predica de la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria, esto es de la Junta del Banco de la República, sino también de quienes tienen responsabilidades en la formulación y ejecución de la política económica general del país” y que “la finalidad constitucional básica del Banco de la República es la protección de la moneda sana, pero esa autoridad debe tomar en consideración en sus decisiones los otros objetivos económicos de la intervención del Estado, como el pleno empleo, pues sus funciones deben coordinarse con la política económica general.” La reforma al Banco de la República concertada en la Constituyente de 1991 y en la Ley 31 de 1992 se puede resumir en los siguientes aspectos: i) asignó al Banco un mandato específico: mantener la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general; ii) designó a la JDBR como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia; iii) otorgó al Banco y a su Junta Directiva un importante grado de independencia frente al Gobierno; iv) prohibió al Banco otorgar crédito al sector privado distinto del financiero; v) estableció que para otorgar crédito al Gobierno se requería del voto unánime de su Junta Directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto; vi) determinó que el legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares; vii) designó al Congreso, en representación de la sociedad, como principal destinatario del ejercicio de rendición de informes del Banco; y viii) delegó en el presidente de la República la función de inspección, vigilancia y control sobre el Banco de la República. Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente entendieron claramente que los beneficios de una inflación baja y estable se extienden a toda la sociedad y contribuyen al buen funcionamiento del sistema económico. Entre los más importantes cabe mencionar que una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos, al permitir que los precios relativos guíen de mejor forma la asignación de recursos, lo cual promueve el crecimiento económico y aumenta el bienestar de la población. Igualmente, una inflación baja reduce la incertidumbre sobre la rentabilidad esperada de la inversión y sobre el precio futuro de los activos, lo que aumenta la confianza de los agentes económicos, facilita la financiación de largo plazo y estimula la inversión. Una inflación baja evita redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, debido a que los estratos de ingresos bajos de la población no pueden protegerse de la inflación mediante la diversificación de sus activos, y concentran una elevada proporción de su ingreso en la compra de alimentos y otros bienes básicos, ítems que generalmente son los más afectados por los choques inflacionarios2. Por otra parte, una baja inflación facilita las negociaciones salariales, lo cual crea un buen clima laboral y reduce la volatilidad del nivel de empleo. Finalmente, una inflación baja contribuye a que el sistema de impuestos sea más transparente y equitativo, al evitar las distorsiones que la inflación introduce sobre el valor de los activos y de los ingresos que componen la base tributaria. Desde el punto de vista de la autoridad monetaria, uno de los beneficios más relevantes de una inflación baja es la credibilidad que los agentes económicos adquieren en la meta de inflación, lo que la convierte en un ancla nominal efectiva sobre el nivel de precios. Al recibir su mandato, y en uso de su autonomía, el Banco de la República empezó a anunciar metas puntuales de inflación anual a partir de 1992. Si bien en esta primera etapa las metas de inflación propuestas no se lograron cumplir de forma precisa, sí se consiguió imprimirle a la inflación una tendencia descendente, que la llevó desde un nivel del 32,4% en 1990 al 16,7% en 1998. Para aquella época la tasa de cambio se mantenía dentro de una banda, lo cual limitaba la efectividad de la política monetaria, que buscaba cumplir simultáneamente una meta de inflación y un objetivo de tasa de cambio. La crisis asiática se contagió a las economías emergentes y afectó de manera importante a la economía colombiana. La tasa de cambio presentó una fuerte presión a la depreciación al cerrarse el acceso al financiamiento externo en condiciones de un elevado desequilibrio externo. Lo anterior, junto con la falta de flexibilidad cambiaria, impidió hacer una política monetaria contracíclica, lo que condujo a una contracción del PIB del 4,2% en dicho año. En este contexto de desaceleración económica, la inflación anual se redujo al 9,2% a finales de 1999, situándose por debajo de la meta del 15% que se había fijado para ese año. Este episodio reveló plenamente lo costoso que podría ser, en términos de actividad económica, el tener simultáneamente metas para la inflación y para la tasa de cambio. Hacia finales de 1999 el Banco de la República anunció la adopción de un nuevo régimen de política monetaria que denominó Esquema de Inflación Objetivo. Este régimen, conocido internacionalmente como ‘Inflation Targeting,’ venía ganando creciente aceptación en países desarrollados, al haber sido adoptado a partir de 1991 por Nueva Zelanda, Canadá e Inglaterra, entre otros, logrando importantes avances en el manejo de la inflación, sin incurrir en costos en términos de actividad económica. En América Latina, Brasil y Chile también lo acogieron en 1999. En el caso colombiano, el último requisito pendiente por cumplir para adoptar dicho esquema de política era la flexibilidad de la tasa de cambio, la cual se materializó hacia septiembre de 1999, cuando la JDBR decidió abandonar las bandas cambiarias para permitir que la tasa de cambio se determinara libremente en el mercado. De forma coherente con el mandato constitucional, el objetivo fundamental de este nuevo esquema de política consistía en “el cumplimiento de una meta de inflación que contribuya a mantener un crecimiento del producto alrededor de su capacidad potencial”3. Dicha capacidad potencial se entendía como aquel crecimiento del PIB que la economía puede obtener si utiliza plenamente sus recursos productivos. Para cumplir este objetivo la política monetaria debe cumplir necesariamente un papel contracíclico en la economía. Ello porque cuando la actividad económica está por debajo de su potencial y existen recursos ociosos, la autoridad monetaria puede reducir la tasa de interés ante la ausencia de presiones inflacionarias para estimular por esa vía la economía y, de manera inversa, cuando el producto supera su capacidad potencial. Este principio de política, que está inmerso en los modelos para guiar la postura de política monetaria, hace que, en el mediano plazo, sean totalmente compatibles los objetivos del cumplimiento de la meta de inflación y de un nivel de actividad económica compatible con su capacidad productiva. Para alcanzar este propósito, en el esquema de inflación objetivo se utiliza la tasa de interés del mercado monetario (a la cual el banco central suministra liquidez primaria a los bancos comerciales), como el instrumento primordial de política. Con ello se sustituyó la cantidad de dinero como meta intermedia de política monetaria, que el Banco de la República, al igual que varios otros bancos centrales, utilizaron por mucho tiempo. En el caso colombiano, el objetivo del nuevo esquema de política monetaria implicaba, en términos prácticos, que la recuperación de la economía, luego de la contracción ocurrida en 1999, debía lograrse al tiempo que se cumplían las metas decrecientes de inflación establecidas por la JDBR. De manera notable este propósito se cumplió. En la primera mitad de la década del 2000 la actividad económica logró una recuperación importante, hasta alcanzar un crecimiento del 6,8% en 2006. Entretanto, la inflación fue descendiendo gradualmente, en línea con las metas de inflación. Fue así como la tasa de inflación se redujo desde el 9,2% en 1999 al 4,5% en 2006, cumpliendo con la meta de inflación establecida para ese año, mientras que el PIB alcanzó su nivel potencial. Después de lograrse este equilibrio en 2006, la inflación repuntó al 5,7% en 2007, por encima de la meta del 4% fijada para ese año, debido a que el crecimiento del PIB del 7,5% superó su capacidad potencial4. Luego de comprobarse la eficacia del esquema de inflación objetivo en sus primeros años de operación, este régimen de política continuó consolidándose a medida que la JDBR y el equipo técnico ganaron experiencia en su manejo y se incorporaron modelos económicos de última tecnología para diagnosticar el estado presente y futuro de la economía, y evaluar la persistencia de los desvíos de la inflación y sus expectativas con respecto a la meta de inflación. A partir de 2010 la JDBR estableció la meta de inflación anual de largo plazo del 3%, que continúa vigente en la actualidad. La menor inflación ha contribuido a crear un entorno macroeconómico más estable, que ha favorecido el crecimiento económico sostenido, la estabilidad financiera, el desarrollo del mercado de capitales y el funcionamiento de los sistemas de pagos. Gracias a ello se lograron reducciones en la prima por riesgo inflacionario y menores tasas de interés de los TES y de crédito. A su vez, la duración de la deuda interna pública aumentó de forma importante pasando de 2,27 años en diciembre de 2002 a 5,86 años en diciembre de 2022 y la profundización financiera, medida como el nivel de la cartera como porcentaje del PIB, pasó de cerca del 20% a mediados de la década de los noventa a valores superiores al 45% en años recientes, en un contexto saludable de los establecimientos de crédito. Los logros tangibles alcanzados por el Banco de la República en el manejo de la inflación al haber contado con la autonomía que le otorgó la Constitución para cumplir con el mandato de preservar el poder adquisitivo de la moneda, junto con los importantes beneficios que se derivaron del proceso de llevar la inflación a su meta de largo plazo, hacen que el reto que actualmente enfrenta la JDBR de retornar la inflación a la meta del 3% sea aún más exigente y apremiante. Como es bien conocido, a partir de 2021, y especialmente en 2022, la inflación en Colombia volvió a convertirse en un serio problema económico, con elevados costos de bienestar. El fenómeno inflacionario no ha sido exclusivo de Colombia y es así como muchos otros países desarrollados y emergentes han visto alejarse sus tasas de inflación de las metas propuestas por sus bancos centrales5. Las razones de este fenómeno se han analizado en los recientes Informes al Congreso, y en esta nueva entrega se profundiza al respecto con información actualizada. La sólida base institucional y técnica que soporta el esquema de inflación objetivo bajo el cual opera la estrategia de política monetaria le da a la JDBR los elementos necesarios para enfrentar con confianza este difícil reto. Al respecto, en su comunicado del 25 de noviembre la JDBR reiteró su compromiso con la meta de inflación del 3,0%, la cual prevé alcanzar hacia finales de 20246. La política monetaria continuará enfocada en cumplir este objetivo, al tiempo que velará por la sostenibilidad de la actividad económica, tal y como lo ordena la Constitución. Las encuestas a analistas llevadas a cabo en marzo mostraron un incremento importante (del 32,3% en enero al 48,5% en marzo) en el porcentaje de respuestas que sitúan las expectativas de inflación a dos años o más en un rango entre el 3% y 4%. Este es un indicativo claro de recuperación de credibilidad en la meta de inflación a mediano plazo, lo cual guarda coherencia con el anuncio de la JDBR de noviembre pasado. La moderación de la tendencia alcista de la inflación que se observó en enero, y especialmente en febrero, contribuirá a reforzar esta revisión de expectativas de inflación, y ayudará a cumplir los objetivos propuestos. Luego de registrarse una inflación del 5,6% a finales de 2021, la inflación mantuvo una tendencia alcista a lo largo de 2022 debido a las presiones inflacionarias tanto de origen externo, asociadas con las secuelas de la pandemia y las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, como de origen interno, resultantes de: el fortalecimiento de la demanda local; los procesos de indexación de precios estimulados por el aumento de las expectativas de inflación; las afectaciones a la producción de alimentos provocadas por el paro de mediados de 2021, y el traspaso de la depreciación a los precios. Los aumentos del salario mínimo del 10% en 2021 y del 16% en 2022, que en ambos casos superaron la inflación observada y el incremento de la productividad, acentuaron los procesos de indexación al haber establecido un elevado referente de ajuste nominal. De esta forma, la inflación total aumentó al 13,1% a finales 2022. La variación anual de alimentos, que subió del 17,2% al 27,8% entre esos dos años, fue el factor que más influyó en la aceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Otro rubro que contribuyó de manera importante a las alzas de precios fue el de regulados, cuya variación anual aumentó del 7,1% en diciembre de 2021 al 11,8% a finales de 2022. Por su parte, la medida de inflación básica sin alimentos ni regulados subió del 2,5% al 9,5% entre finales de 2021 y finales de 2022. El aumento sustancial de la inflación básica muestra que la presión inflacionaria se extendió a la mayoría de los rubros de la canasta familiar, lo cual es característico de procesos inflacionarios con una indexación de precios generalizada, como ocurre en Colombia. La política monetaria empezó a reaccionar tempranamente a estas presiones inflacionarias. Fue así como a partir de su sesión de septiembre de 2021 la JDBR inició un cambio progresivo de la postura de la política monetaria a partir del mínimo histórico del 1,75% de la tasa de interés de política al cual se había llegado para estimular la recuperación de la economía. Este proceso de ajuste prosiguió sin interrupción a lo largo de 2022 y hasta inicios de 2023, cuando la tasa de política monetaria alcanzó el 12,75% en enero pasado, con lo cual acumuló un incremento de 11 puntos porcentuales (pp). El público y los mercados se han mostrado sorprendidos de que la inflación continuara aumentando, a pesar de los significativos incrementos de la tasa de interés. Pero como lo ha explicado la JDBR en sus diversas comunicaciones, la política monetaria actúa con rezago. Así como en 2022 la actividad económica se recuperó hasta alcanzar un nivel superior al de prepandemia, impulsada, entre otros factores, por el estímulo monetario otorgado durante el período de pandemia y de los meses subsiguientes, así también los efectos de la actual política monetaria restrictiva se irán dando paulatinamente, lo que permite esperar que hacia finales de 2024 la tasa de inflación converja hacia el 3%, como es el propósito de la JDBR. Los resultados de la inflación en enero y febrero de este año mostraron incrementos marginales decrecientes (13 pb y 3 pb respectivamente), en comparación con la variación observada en diciembre (59 pb). Esto sugiere que se aproxima un punto de inflexión en la tendencia de la inflación. En otros países de América Latina, como Chile, Brasil, Perú y México, la inflación llegó a su techo y ha empezado a descender lentamente, aunque con algunos altibajos. Es previsible que en Colombia ocurra un proceso similar durante los próximos meses. El descenso previsto de la inflación en 2023 obedecerá, entre otros factores, a las menores presiones de costos externos por cuenta de la progresiva normalización de las cadenas de suministro, a la superación de los choques de oferta por razones de clima y por los bloqueos viales de años anteriores, lo que se reflejará en menores ajustes en los precios de los alimentos, como ya se observó en los primeros dos meses del año y, por supuesto, al efecto rezagado de la política monetaria. El proceso de convergencia de la inflación a la meta será gradual y se extenderá más allá de 2023. Dicho proceso se facilitará si se revierten las presiones a la devaluación, para lo cual resulta esencial que se continúe consolidando la sostenibilidad fiscal y se eviten mensajes en diferentes frentes de la política pública que generan incertidumbre y desconfianza. _______________________________________ 1 Este Informe al Congreso contiene el recuadro 1 que resume la trayectoria del Banco de la República en estos 100 años. Adicionalmente, con auspicio del Banco, varios libros que profundizan diversos aspectos de la historia de esta institución fueron publicados en años recientes. Véase, por ejemplo: Historia del Banco de la República 1923-2015; Tres banqueros centrales; Junta Directiva del Banco de la República: grandes episodios en 30 años de historia; Banco de la República : 90 años de la banca central en Colombia. 2 Es por ello que una menor inflación se ha reflejado en la reducción de la desigualdad del ingreso medida a través del coeficiente de Gini al pasar de 58,7 en 1998 a 51,3 en el año previo a la pandemia. 3 Véase Gómez Javier, Uribe José Darío, Vargas Hernando (2002). “The Implementation of Inflation Targeting in Colombia”. Borrador de Economía, núm. 202, marzo, disponible en: https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5220 4 Véase López-Enciso Enrique A.; Vargas-Herrera Hernando y Rodríguez-Niño Norberto (2016). “La estrategia de inflación objetivo en Colombia. Una visión histórica”, Borrador de Economía, núm. 952. https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6263 5 Según el FMI, la variación porcentual de los precios al consumidor entre 2021 y 2022 pasó del 3,1 % al 7,3 % para las economías avanzadas, y del 5,9 % al 9,9 % para las economías de mercados emergentes y en vías de desarrollo. 6 https://www.banrep.gov.co/es/noticias/junta-directiva-banco-republica-reitera-meta-inflacion-3