Journal articles on the topic 'Asamblea Constituyente (2006- )'

Se analiza desde un punto de vista filosófico-político y pragmático-discursivo las características ideológicas del discurso de Rafael Correa durante las elecciones presidenciales de 2006. Correa acometió una interpretación laclausiana del tiempo histórico, traduciendo que la crisis de representación del país podía originar un estallido o momento populista. En base a ello, el discurso populista que llevó a Correa al poder en 2007, se construyó sobre el uso de dos marcos argumentativos básicos: 1) ubicar a los partidos políticos tradicionales (“la partidocracia”) como antagónicos a la patria y 2) proponer una reforma constitucional mediante una Asamblea Constituyente. Se concluye con una valoración crítica sobre los límites entre movilización popular y su institucionalismo.

Este trabajo muestra cómo, durante lo que se denominó, en Ecuador, la Revolución Ciudadana (2007-2017), se reformaron y manipularon las reglas electorales a favor del partido en el poder (Alianza País). Una de las características del sistema electoral anterior al periodo en estudio fue el uso del método D’Hondt para la adjudicación de escaños. Este método, bastante criticado, fue declarado incompatible con la Constitución por el Tribunal Constitucional en febrero de 2004, pero fue reincorporado a la ley electoral en abril de 2006. Pese a que Alianza País había ofrecido reglas electorales más incluyentes y participativas, que al principio se reflejaron en los sistemas electorales de 2007 (Asamblea Constituyente) y 2009 (elecciones de transición), al final terminó diseñando normas electorales más injustas y excluyentes que las precedentes, mediante el cercenamiento de las circunscripciones (nueva ley electoral de 2009) y la reintroducción del método D’Hondt (reforma de 2012).

El ascenso de Evo Morales al poder, en Bolivia, a la cabeza del Movimiento al Socialismo (en adelante, MAS) y en representación del bloque indígena y nacional-popular, supuso para las elites políticas tradicionales su reducción a condición de minorías. Ello, como resultado, además, del derrocamiento del orden político que dichas elites habían logrado establecer, en el ciclo conflictivo 2000-2005, el cual supuso la actualización del histórico desencuentro entre una Bolivia india y una Bolivia blanca, al estar enmarcado en la tesis de las dos bolivias. De hecho, de acuerdo con el sentido de esta tesis Morales arribó al poder con el imperativo de impulsar la transformación estructural del país, misma que encontró obstáculos al producirse la retención de espacios de poder por parte de aquellas elites que en representación de sectores medios y altos, y auto-identificados como mestizos, defenderían otro proyecto de nación. Así, con la polarización resultante de esos hechos el contexto de la Asamblea Constituyente (2006-2009) se tornó en extremadamente álgido puesto que aquella detonó en actos de odio y violencia racial, tendencias hacia el secesionismo y llamados a guerra civil.

El artículo tiene como objetivo revisar el estado actual del proyecto indígena de refundación estatal enel contexto de los gobiernos de Evo Morales Ayma en Bolivia. Como proyecto indígena se entenderá la propuesta política surgida desde las organizaciones indígenas como consecuencia de la actividad del movimiento originario en Bolivia que tomó cuerpo en la Asamblea Constituyente bajo las figuras del Estado Plurinacional y del modelo Buen Vivir. ¿Es el Estado boliviano plurinacional como declara la Nueva Constitución o se trataría más bien de un Estado-nación pluricultural y multiétnico? ¿Coincide el modelo de desarrollo económico y social promovido por el gobierno con el ideal del Buen Vivir? Analizaremos tanto el discurso oficial, como las políticas concretas del gobierno de Evo Morales Ayma (2006-2020) a fin de revelar la situación actual de la propuesta indígena, tomando en cuenta un largo debate histórico sobre la construcción del Estado-nación en Bolivia.

Evo Morales, quien fue elegido en 2005 e inició su gobierno en 2006, como primer presidente indígena de Bolivia, empezó el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual presentó como una gran oportunidad para refundar Bolivia desde la unidad, la igualdad y la dignidad. Con ello, dio reconocimiento a 36 naciones o pueblos indígenas originarios —quienes han representado más del 60% de la población en el país— y buscó dar fin a los conflictos políticos, económicos, sociales y culturales que generaron brechas de desigualdad e invisibilización de las comunidades indígenas por años. Tal proceso cual culminó con la expedición de la Constitución Política en 2009. La nueva constitución implementó, como políticas del Estado, el Vivir Bien y la educación universal, productiva e intercultural, entre otras. Esto con el propósito de generar espacios de educación superior en áreas rurales buscando la participación social como respuesta a las necesidades. En este artículo se hace un análisis documental de la noción del Vivir Bien, la educación superior intercultural y su aplicación en el caso de la UNIBOL – Guaraní y pueblos de tierras bajas (Apiaguaiki Tüpa), desde 2008 hasta el 2019.

El enfrentamiento por la capitalidad entre La Paz y Sucre, aunque poco conocido internacionalmente, estuvo a punto de impedir la aprobación de la Constitución de 2009. En este artículo se realiza una revisión teórica de los estudios geográficos y politológicos sobre las capitales de los Estados, con un apartado propio para la tipología elaborada a partir de la teoría de los sistemas-mundo. Siguiendo estos trabajos, se analiza el conflicto boliviano a través de un repaso de su historia, prestando una atención especial al período de la Asamblea Constituyente entre 2006 y 2009, y a continuación se presentan los argumentos que sustentan las posiciones de ambas ciudades candidatas. En base a la literatura académica, el caso de Bolivia podría considerarse el de una capital compartida asimétrica, con preminencia de La Paz. No obstante, a falta de una capital indiscutible, se trata de una cuestión que puede reabrirse en cualquier momento. Partiendo de la experiencia boliviana, también se extraen conclusiones que pueden ser útiles para otros países que experimenten una situación similar.

Con el repaso de la normativa legal del género en el Ecuador, este trabajo muestra su estado actual y los avances desde una progresión teórica y práctica para construir un modelo de sociedad que tenga sus cimientos en la filosofía del buen vivir. A través de la metodología cualitativa, y del método documental se analizaron 13 instrumentos legales y 4 planes y proyectos estatales. Los resultados dan cuenta que a pesar de los importantes avances legislativos siguen existiendo falencias en materia de género en el país, pues en la práctica se requiere, por un lado, que el estado garantice el cumplimiento de la normativa, y que, por otro, que la sociedad en su conjunto la asuma responsablemente y lo haga posible. Palabras Clave: Normativa legal, sociedad, género, derechos de la mujer. Referencias [1]C. Valle, Atlas de Género, Quito: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2018. [2]L. M. Martínez y T. 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Los Principios de la Naciones Unidas en favor de los adultos mayores (AM) son: independencia, participación, contar con los cuidados necesarios, autorrealización, dignidad (ONU, 1991); en este marco, la Constitución Política del Ecuador (Asamblea Constituyente, 1998) contiene normas de protección que se traducen en igualdad de derechos y garantías a favor de todos, ecuatorianos y extranjeros, independientemente de su edad. A partir del año 1984 el Ministerio de Bienestar Social, establece programas y proyectos en beneficio de los AM (MBS, 2014) y en el año 1991 se crea la Ley Especial del Anciano, según la cual el Estado garantiza el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, vivienda, asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una vida digna (Congreso Nacional, 2006). No obstante lo antes mencionado, en la práctica dicho grupo etario reclama mayor atención; de ahí que el objetivo del presente estudio es valorar en qué medida las acciones que emprenden las instituciones estatales consiguen satisfacción en los AM, que se evidencia mediante la percepción en el ejercicio de sus derechos y la calidad de los servicios de salud. Método Se realizó un estudio transversal que incluyó, de manera aleatoria a 557 adultos mayores residentes en áreas de cobertura de centros de primer nivel de atención, mediante la aplicación de un formulario validado, previa la aplicación del consentimiento informado por parte de estudiantes de la carrera de medicina, que recibieron capacitación y supervisión de docentes. Entre las variables analizadas estuvieron las características sociodemográficas, derechos del adulto mayor y percepción sobre la calidad de la atención de salud.

The arrival of Evo Morales to power in January of 2006 –supported with an unprecedent 54% of the votes– marked a milestone in Bolivian political history and opened the way to an ambitious project of re-foundation of the country. Those events were translated in the call for a Constituent Assembly and in the nationalization of hydrocarbons, within the framework of a strong “ruralización de la política”. More than five years of that one triumph has passed and after a re-election with 64% of the votes in December 2009 that consolidated the “evista” hegemonyhas declined. Now the government faces a series of challenges tied to the effective materialization of the change proposed in the re-foundational speeches. This article analyses the novel experience of “Indians in the power” centered in the tension between the changes implemented and the inertias of the past in spheres such as the democratic radicalization, the social equality, the model of development, and the political project. All these themes affected by a powerful, and yet somehow vague objective: the decolonization of the country.La llegada de Evo Morales al poder en enero de 2006 ―avalado con un inédito 54% de los votos― marcó un punto de inflexión en la historia política boliviana y abrió paso a un ambicioso proyecto de refundación del país. Esos ejes se tradujeron en la convocatoria a una Asamblea Constituyente y en la nacionalización de los hidrocarburos, en el marco de una fuerte “ruralización de la política”. A más de cinco años de aquel triunfo y luego de una reelección con el 64% en diciembre de 2009 que consolidó la hegemonía “evista”, el gobierno enfrenta una serie de retos vinculados a la materialización efectiva del cambio propuesto en los discursos refundacionales. En este artículo se analiza esta experiencia novedosa de “los indios en el poder” centrada en la tensión entre los cambios operados y las inercias del pasado en esferas como la radicalización democrática, la igualdad social, el modelo de desarrollo y el proyecto político. Temas todos ellos atravesados por un objetivo tan poderoso como por momentos impreciso: la descolonización del país.

By drawing on the theoretical framework of the second incorporation of heterogeneous social organizations by progressive governments through informal contestation and/or technocratic implementation of their demands in Latin America, this article argues that the first presidential term of Evo Morales in Bolivia (2006–2009) was marked by the incorporation of combative social movements through both a multidimensional co-optation of movements and the technocratic competition of the central movement demands for the nationalization of gas and the rewriting of the constitution through a constituent assembly. However, by 2010, this incorporation had stripped social movements of their ability to mobilize for change and the political conjuncture had shifted, making the government less dependent on its social bases to maintain political stability. This simultaneously transformed movements into defensive movements protecting the gains from the previous period and state–social-movement relations into informal contestatory regimes in which movements could only struggle against proposed political agendas. En base a un marco teórico que abarca la segunda incorporación de organizaciones sociales heterogéneas por parte de gobiernos progresistas a través de la contestación informal y/o la implementación tecnocrática de sus demandas en América Latina, un análisis del proyecto político de Evo Morales en Bolivia sostiene que su primer mandato presidencial se vio caracterizado por la incorporación de movimientos sociales combativos a través de una cooptación multidimensional de dichos movimientos y la competencia tecnocrática de las demandas del movimiento central en torno a la nacionalización del gas y la modificación de la constitución por una asamblea constituyente. Sin embargo, para 2010, esta incorporación había despojado a los movimientos sociales de su capacidad de movilizarse a favor del cambio y la coyuntura política había cambiado, haciendo que el gobierno dependiera menos de sus bases sociales para mantener la estabilidad política. Esto transformó a los movimientos en entidades defensivas dedicadas a proteger las ganancias del período anterior y las relaciones entre el estado y los movimientos sociales en regímenes informales de impugnación dentro de los cuales los movimientos mismos sólo podían luchar contra las agendas políticas propuestas.

¿Cómo pueden atar los poderes constituidos al poder Constituyente? ¿En qué condiciones una asamblea constituyente que se halla limitada en sus poderes para restringir a otros actores puede ampliar el espacio constitucional subnacional? Este trabajo toma a la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México como caso de estudio para mostrar la lógica de precompromiso de los actores, en la forma de un juego anidado (Tsebelis,1990; Schedler, 2003) en el cual los poderes constituidos a nivel nacional aceptaron la celebración de un Constituyente subnacional, diseñando las reglas para convocar y seleccionar a los miembros de la asamblea y para limitar su autonomía decisoria, en tanto que el partido gobernante en la Ciudad de México respaldó la iniciativa de reformas constitucionales que le interesaban al gobierno federal. En el proceso constituyente, a pesar de estas ataduras, los actores ampliaron el espacio constitucional subnacional, al celebrar acuerdos y formar coaliciones para aprobar una constitución en la que plasmaron un conjunto de derechos fundamentales y disposiciones que sustentan la organización política de la ciudad capital.

Los procesos constituyentes de Venezuela en 1999, en Ecuador en 2008, y fundamentalmente en Bolivia entre el 2006 y el 2009, muestran una interesante novedad: organizaciones indígenas, sociales, campesinas y obreras encuentran en las Asambleas Constituyentes y las reformas constitucionales dispositivos y mecanismos para avanzar en un sendero emancipatorio.

Este artículo aborda la problemática de la configuración de las élites hondureñas previo al golpe de Estado del 2009 que derrocó el Gobierno del presidente José Manuel Zelaya Rosales. Ese y otros sucesos posteriores provocaron una de las mayores crisis sociales y políticas en Honduras en los últimos 50 años. Con el golpe de Estado del 2009 se destruyeron casi treinta años de gobernabilidad democrática establecida desde la Asamblea Nacional Constituyente que generó la última Constitución del país, ello después de casi veinte años de gobiernos militares. Dos meses luego del golpe se publicaron las primeras interpretaciones explicando los orígenes, a corto y mediado y hasta largo plazo de los sucesos de 2009. Un foco de atención de esas interpretaciones perfiló como protagonistas a los personajes más conspicuos y miembros de una llamada “oligarquía” capitalista hondureña. Este artículo contextualiza esta interpretación históricamente y ofrece una hipótesis al respecto.

El artículo analiza el sistema educativo de Ecuador. El sistema educativo ecuatoriano suscita interés internacional, especialmente en la región latinoamericana. En el trabajo se intentará responder a estas preguntas: ¿Cuáles pueden ser algunas claves relevantes de la educación pública del Ecuador? ¿Por qué ha alcanzado su actual estado de desarrollo, particularmente en educación inclusiva? ¿Qué fundamentos y políticas subyacen a los resultados de las metas de Educación para Todos (EPT) 2000-2015, del Marco de Acción de Dakar? (Foro Mundial sobre la Educación, 2000). A la luz de estas cuestiones, el objetivo es comprender factores y razones claves que han contribuido al desarrollo de la educación pública ecuatoriana. En cuanto a la metodología, el enfoque es cualitativo, dialéctico, documental y descriptivo (Mc Millan y Schumacher, 2005). La investigación se propone como un estudio de caso, donde la elección del caso está justificada por su carácter novedoso, por su grado de desarrollo y por su énfasis en la inclusión y la equidad en todos los niveles de enseñanza. A tal fin, se realiza un análisis descriptivo de las normas que subyacen a los cambios en el sistema educativo de Ecuador en los últimos tres lustros y, particularmente, desde el año 2008, a raíz de la última Constitución (Asamblea Constituyente, 2008). Se ofrecen tablas como aporte analítico de los autores. Así mismo se detallan datos avalados por autores y organismos del máximo prestigio nacional e internacional que dan cuenta de la efectividad de las políticas y de dichos cambios.

<p>El presente trabajo pretende analizar la relación de los gobiernos de Evo Morales con las Fuerzas Armadas Bolivianas en el periodo 2005-2010 y dar respuesta a tres preguntas centrales: ¿Existe una alianza informal entre estos dos actores de la política boliviana? En caso de existir ¿Cuáles son los factores institucionales, históricos, políticos y económicos en que se fundamenta? Y, por último ¿Cuáles son los costos que implica esta alianza? A tales fines se realizará un sucinto análisis de los actores en cuestión y posteriormente se estudiará la relación entre ellos tomando en cuenta los siguientes elementos: la política económica del Movimiento al Socialismo (MAS); la Asamblea Constituyente, los conflictos regionales y los intentos de autonomía; las políticas sociales impulsadas por el gobierno; las concesiones que implica esta relación; y los intentos de redefinición institucional de las Fuerzas Armadas.</p>

El 28 de junio de 2009 la oligarquía hondureña dio golpe de Estado al presidente José Manuel Zelaya Rosales, para detener un proceso de consulta popular sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que abriera espacios para el ejercicio de una democracia participativa. Tras el derrocamiento de Manuel Zelaya irrumpió un masivo movimiento social de resistencia popular, que condenó el golpe y exigió la restitución del presidente derrocado. Las claves de la explicación de esta masiva irrupción popular en la calles se encuentran en el acumulado de la reactivación de la protesta social que se venía expresando desde el año 2001 y a las alianzas, más tácitas que explícitas entre las organizaciones populares y el presidente Zelaya a partir de su segundo año de gobierno. Actualmente, el movimiento social de resistencia contra el golpe de Estado enfrenta el desafío de construir un proyecto político, para disputar el poder a la oligarquía en las elecciones que se celebrarán en noviembre de 2013.

<p>¿Está naciendo una democracia en Irak? Para formular una respuesta sensata necesitamos dos cosas. En primer lugar, debemos contar con información fiable de lo que ha sucedido y sucede en dicho país. En segundo lugar, debemos utilizar un concepto no vacuo y no retórico de democracia, que nos sirva para establecer si lo que está sucediendo en Irak es reconocible, al menos en parte, como un proceso de construcción de instituciones democráticas.<br />Ante todo, preguntémonos: ¿qué es lo que verdaderamente sabemos? Sabemos que muchos iraquíes fueron a votar el 30 de enero de 2005 para elegir una asamblea nacional, dotada de poderes constituyentes.<br />Sabemos que el 28 de agosto del mismo año este órgano ha producido un texto constitucional, sin un voto formal y con el disenso de los representantes de uno de los tres grupos principales (étnico-religiosos) de la población. Sabemos que el 15 de octubre tuvo lugar un referéndum popular, cuyo resultado hizo entrar en vigor a la nueva Constitución.<br />Sabemos que el 15 de diciembre los iraquíes fueron a votar otra vez, con base en las nuevas reglas constitucionales, para elegir a su parlamento, y que en dichas elecciones —cuyos resultados han sido proclamados a finales del mes de enero de 2006— participaron finalmente todos los sectores que integran la sociedad. Elecciones y referéndum: dos instituciones características de un régimen democrático; una Constitución, que instituye una república parlamentaria. ¿Es suficiente para afirmar que en Irak ha nacido una democracia constitucional? En las páginas que siguen pretendo acercarme a una respuesta, articulando mi discurso en tres puntos: 1) el valor de las elecciones del 30 de enero, el acto originario del proceso; 2) el significado simbólico-político del referéndum constitucional, comúnmente interpretado como acto de aceptación de la democracia, “exportada” por los occidentales; 3) la naturaleza de la propia Constitución iraquí.</p>

El 23 de mayo del 2014, los docentes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Argentina, agremiados en la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) dispusieron, en una asamblea, un paro por tiempo indeterminado. Esta suspensión de las actividades laborales se realizó inicialmente como una forma de protesta en reclamo a la recomposición y mejora salarial. Este trabajo realiza una aproximación a este paro docente y sus representaciones, mediante un recorte empírico obtenido en base a una muestra de 200 estudiantes (X=23,38, DE=3,90) pertenecientes a la Facultad de Psicología y Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Para cumplimentar con este objetivo se recurre a los fundamentos teóricos de la Psicología social, en especial a la Teoría de las representaciones sociales inaugurada por Moscovici (1961/1979) y a la Teoría del núcleo central promovida por Abric (1994/2001)-, rescatando la utilidad de estas contribuciones para la pesquisa de problemáticas actuales en instituciones de educación superior. Para el relevamiento de los datos se utiliza un test de evocación jerarquizada (ABRIC, 2003; VERGÉS, 1992), auto-aplicado grupalmente y para el análisis de los mismos se realizan cálculos estadísticos -mediante el auxilio de los programas IRAMUTEQ versión 0.7 alpha 2 y SPSS-, así como un examen del sentido del contenido representacional.Los principales resultados logrados indican que para los sujetos interrogados el “Paro docente” emerge como una forma de reclamo justa en el marco de una lucha por la defensa de derechos de los docentes universitarios -principalmente el derecho a un salario digno- la cual al mismo tiempo es considerada una medida perjudicial e injusta en tanto interfirió en el normal desarrollo de las actividades académicas -atentando esencialmente contra el derecho de acceso a la educación superior-, constituyendo una circunstancia atravesada por diversos conflictos, generando en consecuencia masiva preocupación y desacuerdos.

The research focuses its analysis on the Electronic Government application in the ecuadorian public administration, taking into consideration the violation of the quality tenet inscribed in the Organic Administrative Code, a law that regulates the exercise of the administrative function of public sector institutions. The methodology used follows a qualitative, descriptive-documentary type route, under an exhaustive review of the Ecuadorian jurisprudential regulations that structure and sustain this document. Despite the fact in Ecuador there have been plans such as the Electronic Government 2018-2021, with the objective a procedure could affect the quality principle based on non-compliance. In summary, the need to integrate the Electronic Government in Ecuador, in order to have an efficient and competitive public administration, hoping to recover the legitimacy of the administration. Keywords: public administration, electronic government, quality principle, ICT’s. References [1]A. 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La investigación se fundamenta en el Derecho Constitucional y el Derecho a la educación, en torno al eje de innovación educativa. El estudio tiene un sustento teórico y de análisis acerca de los principales artículos que amparan la educación, así como el panorama meso desde una perspectiva de América Latina. El objetivo del trabajo fue desarrollar un análisis del Derecho Constitucional y la Innovación Educativa. El método investigativo fue cualitativo-descriptivo, puesto que se analizaron las principales divergencias del problema. Además, está inmerso en un marco crítico-propositivo, puesto que, se estudiaron en una parte el Derecho Constitucional, de manera infra ordinada y la innovación educativa con un enfoque en las Tecnologías de Información y Comunicaciones. Propositivo, porque determinó un programa de innovación para ser considerada como alternativa de proceso. Los resultados indicaron de manera separada la importancia del Derecho Constitucional sobre la innovación educativa y la preponderancia de las TICs. Palabras Clave: derecho constitucional, educación, innovación educativa. Referencias [1]M. Cruz, M. Pozo, H. Ashay, y A. Arias, “Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) como forma investigativa interdisciplinaria conun enfoque intercultural para el proceso de formación estudiantil,” e-Ciencias la Inf., vol. 9, 2019. [2]M. Zibel, “Tras 10 años de gobierno, además de un Ecuador dividido, ¿qué más deja Rafael Correa?,” BBC, 2017, [En línea]. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-38980926. [Último acceso: 2020]. [3]A. Ruíz, Constitucionalismo en el Ecuador, vol. 3, no. 2. 2015. [4]F. Rubio, “Derecho Constitucional,” Rev. española derecho Const., vol. 20, no. 58, pp. 345–352, 2000. [5]L. C. Sáchica, “Constitucionalismo y Derecho Constitucional,”Const. Mestizo, pp. 1–11, 2002, [En línea]. 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Las malformaciones congénitas constituyen anomalías estructurales o funcionales, como trastornos metabólicos, que ocurren durante la vida intrauterina y se detectan durante el embarazo, en el parto o en un momento posterior de la vida. Constituyen una problemática que no podría denominarse emergente sino que más bien, ha adquirido una mayor visibilidad en los últimos años; se calcula que cada año 303.000 recién nacidos fallecen durante las primeras cuatro semanas de vida en el mundo debido a malformaciones congénitas (1) Desde el año 2000, en base a un decenio de grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, los dirigentes del mundo se reunieron para aprobar la Declaración del Milenio, y los países miembros se comprometieron en una nueva alianza mundial para reducir los niveles de pobreza extrema; el ODM 4 (objetivos del milenio) enfatizaba la reducción de la mortalidad en menores de 5 años. De esta manera, el Paraguay como país miembro de las Naciones Unidas puso en marcha las estrategias con el fin de disminuir las causas prevenibles de mortalidad en menores de 5 años; el impacto de las mismas se observaron en la variación registrada como principales causas de mortalidad en este grupo etario. En el año 2000 las causas de mortalidad en < 5 años en orden descendente eran: 1o Neumonía, 2o Diarrea, 3o Causas externas, 4o Septicemia, 5o Tumores, 6o Malformaciones congénitas; casi 20 años después según reportan las estadísticas vitales del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, MSPyBS, las causas de mortalidad para la franja etaria referida es cuanto sigue: 1o Lesiones debidas al parto, 2o Malformaciones congénitas, 3o Causas externas, 4o Infecciones del recién nacido, 5o Prematuridad, 6o Neumonía. (1) Se puede manifestar, fundamentado en lo expresado arriba, que en casi 2 décadas, en nuestro país, las malformaciones congénitas pasan de ser la sexta causa a la segunda causa de mortalidad en < 5 años; en algunos países constituye la primera causa. Las anomalías congénitas pueden ocasionar discapacidades crónicas con un gran impacto en los afectados, sus familias, los sistemas de salud y la sociedad. Ante esta realidad, en el año 2010 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución sobre los defectos de nacimiento, y solicitó a todos los Estados miembros que fomentaran la prevención primaria y la salud de los niños con malformaciones congénitas, mediante el desarrollo y fortalecimiento de: registros, vigilancia, conocimientos, investigación, diagnóstico y prevención. En el Paraguay, en el año 2007, el punto de partida del proceso de detección de anomalías fue la implementación del Programa de Prevención de la Fibrosis quística y del Retardo Mental. Se estableció el Test del Piecito gratuito y obligatorio para toda la población. Posteriormente por medio de la labor encomiable del grupo de profesionales liderado por la Dra. Marta Ascurra, en el año 2015, por resolución ministerial se crea el Programa Nacional de Prevención de Defectos Congénitos. Dicho programa surge ante la necesidad de contar con una instancia que se ocupe de la prevención y atención de los pacientes con defectos congénitos. También se establece la notificación obligatoria de pacientes con estas noxas y se genera una red de servicios y profesionales con el fin de facilitar el diagnóstico, tratamiento, seguimiento de los pacientes y además de la contención de las familias. (2, 3) Por otro lado, es sabido que de alrededor del 50% de los defectos congénitos no es posible asignarle una causa específica; sin embargo, se han identificado algunas de las causas o factores de riesgo. Actualmente, se consideran que las mismas un origen genético, infeccioso o ambiental. (4, 5, 6) La identificación de factores de riesgo prenatales como antecedentes familiares o de un hijo previo con malformaciones congénitas, la falta de suplemento de ácido fólico antes y/o durante el embarazo, la exposición materna a plaguicidas entre otros, constituye un componente fundamental para la consejería y por ende planificación del embarazo y/o nacimiento del niño; el artículo de Ojeda L, y col, publicado en el presente número de la revista, establece la importancia estadística de esto. (4) En el artículo mencionado las anomalías congénitas más frecuentemente detectadas fueron los defectos del tubo neural y las malformaciones cardiacas entre otras, dato que coincide a lo publicado en la literatura internacional. La detección prenatal de la cardiopatía congénita, la hernia diafragmática, los defectos del tubo neural y de algunas otras anomalías, tiene gran importancia a la hora de determinar la vía de atención del parto, el nivel de complejidad de atención y el resultado del parto debido a la instauración temprana de tratamiento, así como para ofrecer asesoría a las mujeres gestantes de un niño con anomalías congénitas. Algunas anomalías congénitas son posibles de prevenir y existen medidas de prevención fundamentales como la vacunación, la ingesta suficiente de ácido fólico y yodo mediante el enriquecimiento de alimentos básicos o el suministro de complementos así mismo los cuidados prenatales adecuados. En este contexto la probabilidad de prevenir las malformaciones congénitas es del 50% al 70% del total de casos de espina bífida y anencefalia con la suplementación preconcepcional de ácido fólico. En el Paraguay, la fortificación de los alimentos con ácido fólico es obligatoria, mediante el Decreto No 20930 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del 24 de abril de 1998. Sin embargo según datos publicados por la INAN en el año 2015, mediante la vigilancia realizada, de 155 muestras de harina analizadas: 79% de las muestras no cumplían con los requerimientos establecidos y en casi el 8% de las muestras no era detectable el ácido fólico. (7,8,9) El artículo que se publica en este número expone con claridad la problemática de las malformaciones congénitas y ante lo expuesto en esta editorial, podemos concluir que: Todas las instituciones y profesionales involucrados con esta situación no deben dejar de vigilar y velar por el cumplimiento de normativas establecidas; no deben dejar de sumar esfuerzos para prevenir lo que se puede prevenir por medio de la planificación; deben garantizar el tratamiento a los que se pueden tratar; y principalmente deben comprometerse y enfocarse a contener a las familias que tienen a un miembro de la misma solo le resta una muerte digna.

¡Que se vayan todos! fue la proclama que se escuchó en las calles de Quito aquel 20 de abril del 2005, tras la caída del Ing. Lucio Gutiérrez. Y es que es innegable que el Ecuador vivió -y vive aún- una crisis de los partidos políticos tradicionales, arrastrada desde las elecciones del 2002, hasta la llegada de la Revolución Ciudadana, con su estigmatización de la partidocracia. Cuando era candidato a la presidencia en el 2002, Gutiérrez aseguraba: “Si Noboa y yo estamos encabezando es porque la gente dijo basta a los mismos políticos de siempre”[1].A partir de ese año electoral, tanto el Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN) y el Partido Sociedad Patriótica (PSP) tomaron la posta de los partidos tradicionales como el Partido Social Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (ID), Democracia Popular (DP), Movimiento Popular Democrático (MPD) y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). No obstante, con el liderazgo de Rafael Correa y su movimiento Alianza PAIS en el 2006, la dinámica del sistema de partidos volvió a cambiar. Actualmente, tanto el PSP como el PRIAN representan a la partidocracia, según el oficialismo.Ahora, cabe preguntarse: ¿Hasta qué punto el nuevo sistema de partidos será sostenible y legítimo para el electorado?Causas de la crisis de partidosLos partidos políticos son, por excelencia, el “eslabón de representación entre el gobierno y los ciudadanos, éstos reflejan las diversas aspiraciones de una sociedad heterogénea, pero también modelan la estructura social, económica y cultural de un país, a través de las políticas de gobierno que aprueban”[2]. Por ello, es necesario que los partidos presenten un alto grado de representatividad, legitimidad y credibilidad, cualidades carentes en los partidos políticos ecuatorianos.La falta de Identificación y conexión de los ciudadanos con estas organizaciones ha resultado en una población marginada política y socioeconómicamente, que a su vez propicia a un electorado volátil y vulnerable frente a medidas clientelares que dan cabida a la presencia de ‘outsiders’ y candidatos antisistema. Es así como Gutiérrez y Correa, con un discurso anti partido, calaron hondo en los ecuatorianos, aprovechándose de “la pérdida de control de redes clientelares por parte de los partidos tradicionales en beneficio” de sus organizaciones, alcanzando finalmente la Presidencia.[3]Esta carencia de representatividad también facilita el surgimiento de asambleístas independientes (permitido tras el referéndum de 1997) que desean alejarse de los viejos partidos para no manchar su imagen frente al electorado. Sin embargo, al existir diputados y asambleístas carentes de ideología, se presentó un espacio propicio para que personas ajenas a la política, como personajes de la televisión, deportistas y artistas nacionales fueran electos tanto en el Congreso como en la Asamblea. La persistente crisis ha resultado en que, en la actualidad, tanto los partidos políticos tradicionales como los nuevos, (quienes incluso criticaron este recurso previamente), utilicen la popularidad de estas figuras públicas para atraer votos desprovistos de ideología.El politólogo Simón Pachano considera que, desde el período electoral del 2006 hasta la actualidad, con la incursión de Rafael Correa en la política a través de PAIS, se ha generado un cambio de sistema de partidos que se puede clasificar como uno de pluralismo extremo a uno de partido predominante.[4] Es decir que el electorado en el 2006 -alentado por el actual Presidente de la República a votar nulo y testigo de su victoria en 14 provincias, junto a la posterior destitución de 57 diputados de oposición reiteró una vez más la ilegitimidad y el rechazo total al sistema de partidos tradicionales y depositó su confianza en un solo movimiento: PAIS. Confianza que se vio legitimada como nunca antes en la historia ecuatoriana en siete oportunidades: la victoria en las elecciones presidenciales de 2006; la consulta a la convocatoria a una Asamblea Constituyente en abril de 2007; la mayoría en la Asamblea Constituyente en septiembre de 2007; el triunfo del ‘Sí’ a la Constitución en septiembre de 2008; la victoria en las elecciones presidenciales y de 59 asambleístas en abril de 2009, y el ‘Sí’ a la consulta popular en mayo de 2011. Finalmente, el 17 de febrero de 2013, el pueblo reiteró su confianza una vez más.¿Continúa la crisis del sistema de partidos?Con la elección y reelección de Rafael Correa, en 2007, 2009 y 2013 respectivamente, se rompió el recurrente patrón bajo el cual “ningún partido político lograba tener más que un presidente elegido”. Asimismo, cuando Alianza País obtuvo 59 escaños en la Asamblea, disminuyó el número efectivo de partidos* al nivel más bajo desde el retomo a la democracia, de una media de 5,85 hasta las elecciones del 2006 hasta un promedio de 3,76 en las elecciones del 2009.[6]Sin embargo, y a pesar de que se podría considerar que el sistema de partidos se encuentra en un momento de transición, es incuestionable que éstos continúan carentes de legitimidad frente a los ciudadanos. Tanto en el 2008 como en el 2010, los partidos políticos presentaron los niveles más bajos de confianza dentro de las instituciones del Estado, con 22.6 y 26.4 puntos respectivamente, dentro de una escala de 0 a 100[7].El sistema de partidos actual continúa presentando algunas características del anterior, como la atomización de partidos. La creación de nuevos partidos tiene sus raíces en la ambición personal que presentaban ciertos políticos para figurar y liderar las campañas.Hoy en día, la creación de estas instituciones como vehículos electorales se presentan nuevamente en los casos de los movimientos Creando Oportunidades (CREO) de Guillermo Lasso y SUMA de Mauricio Rodas. Igualmente, la fragmentación partidaria interna y los llamados ‘camisetazos’** no están exentos en estas elecciones. Un partido tradicionalmente importante, como la ID de tendencia socialdemócrata, ha distribuido a sus principales políticos entre los movimientos CREO, Avanza y Ruptura25.Asimismo, figuras como la de Auki Tituaña, que sin desafiliarse de Pachacutik aceptó ser candidato a la vicepresidencia por el movimiento CREO, y Juan Carlos Solines, quien finalmente se convirtió en el binomio de Lasso tras haberse desempeñado como presidente del Movimiento Concertación, evidencian nuevamente la falta de incentivos colectivos, como la poca importancia de la ideología y las convicciones políticas, en la toma de decisiones.El caudillismo y el personalismo político característico del sistema de partidos ecuatoriano no se ha alejado de los partidos políticos actuales. El PSP, el PRIAN y PAIS están bajo la única y sola tutela de sus líderes, Lucio Gutiérrez, Alvaro Noboa y Rafael Correa respectivamente, por lo que si estas piedras angulares cayeran, el partido entero se desmoronaría.La indefinición y discrepancias ideológicas, junto a la ruptura de alianzas, es aún característico de este sistema. Un ejemplo claro es el PSP, que se presentó en el 2002 con una tendencia de centro izquierda y forjó alianzas con Pachacutikyel MPD, mientras que en las elecciones de 2013 profesó una tendencia de centro derecha. De la misma manera, los movimiento Ruptura25, Pachacutik y MPD, que apoyaron a Rafael Correa en la elección del 2006, en 2013 se convirtieron en sus rivales, tanto en las elecciones del legislativo como en las presidenciales.ConclusionesA pesar de que el Ecuador ha pasado de un sistema de partidos de pluralismo extremo a uno de partido predominante, como lo dijo Pachano, todavía la realidad de un sistema de partidos políticos fuertes y, sobretodo, institucionalizados, es lejana. Y es que, evidentemente, los partidos políticos tienen que ser instituciones confiables que logren sobrepasar sus 20 puntos de confianza, actuar coherentemente de acuerdo a la ideología que profesan, deslindarse de caudillismos y la personalización del poder, y, por sobre todo, deben ser reconocidos como el medio de representación de los intereses de la sociedad a nivel nacional, para que así el grito de ¡que se vayan todos! nunca más sea escuchado.

El siguiente artículo analiza la vinculación entre las asambleas barriales surgidas en Argentina a partir de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 y las asambleas socioambientales que emergen en el país con posterioridad. Nos interesa indagar acerca de sus continuidades y rupturas, y de la posibilidad de concebirlas como formas políticas emergentes que estarían evidenciando, en ambos casos, una crisis de la institucionalidad, y en el caso particular de las asambleas socioambientales, también una crisis paradigmática del orden social y económico. A partir de los objetivos propuestos, daremos cuenta de la conformación de ambos momentos asamblearios, analizaremos sus características y reflexionaremos, desde una perspectiva sociopolítica, sobre sus alcances y sus limitaciones, focalizando tanto en encontrar las huellas de las asambleas barriales en las experiencias socioambientales, como en marcar sus peculiaridades, que las constituyen, a nuestro entender, en una propuesta de largo alcance y duración, y de mayor profundidad.

Ecuador sufrió cambios radicales en el proceso previo a la década del 2010 donde se dieron lugar mandatos encontrados entre si y contrarios a su vez. El presente artículo se desarrolló con el objetivo estudiar las políticas de aciertos y desaciertos de los gobiernos de Lucio Gutierrez (2003-2005) y Alfredo Palacios (2005-2007). El método empleado para el desarrollo de la investigación fue el diseño documental, con la revisión de textos y diversas fuentes arbitradas para la verificación de los principales aspectos que destacaron en los mandatos de los referidos presidentes. Los resultados permitieron conocer las políticas de Estado que aplicó Lucio Gutierrez con un marcado eje izquierdista y Luis Alfredo Palacios un presidente más conservador pero igualmente incisivo aunque menos controversial que el anterior. Las conclusiones fueron Gutierrez que el mandato de Gutierrez fue comparado con el del presidente venezolano de ese momento, con profundas similitudes a Hugo Chávez, lo que desencadeno serias críticas por sus alianzas políticas con este mandatario y la inclusión en políticas de Estado internacional emanadas de proyecciones que se originaron en propuestas como el ALBA por el contrario Luis Alfredo Gutierrez su sucesor y precursor de políticas más conservadoras y aceptables, dio importantes modificaciones en el rumbo político de Ecuador como la solicitud de una Asamblea Constituyente.

A través de la investigación realizada, se espera ofrecer una visión completa y balanceada de los logros alcanzados, los desafíos enfrentados y las perspectivas futuras del sistema político ecuatoriano a partir de la aprobación mediante la Constitución de Ecuador de 2008, la misma que fue redactada por la Asamblea Nacional Constituyente que sesionó entre 2007 y 2008, misma que fue sometido a referéndum constitucional siendo aprobada por sufragio universal con un 63,93% de los votos válidos, este hecho determinó el fin de un amplio periodo de inestabilidad y falta de gobernabilidad en la República del Ecuador. La estabilidad política mejoró la inexistente gobernabilidad del Ecuador, aprovechando esta coyuntura se fueron imponiendo nuevas reglas electorales, las mismas que estuvieron orientadas a una concentración mayor del poder en el partido de gobierno. Se perdió la oportunidad de contar con un sistema político más participativo e incluyente se fue diluyendo, llegando a un modelo híper presidencial con un líder caudillista que descalificó a sus opositores sin importar a qué bando político pertenecieran.

El objetivo fundamental del trabajo es señalar y analizar algunos supuestos teóricos de la teoría de los derechos humanos y del modelo social de la discapacidad. En efecto, estas teorías constituyen la base teórica de la Convención de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, que junto al Protocolo Facultativo han sido adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 61/106 el 13 de diciembre de 2006, vigente desde el 3 de mayo de 2008. La Convención es el primer texto jurídico de tutela internacional que caracteriza la discriminación contra las personas con discapacidad a causa de la discapacidad, como una violación de los derechos humanos. De acuerdo con nuestro criterio, el tratado es un texto que implica una revolución: es de hecho un nuevo paradigma interpretativo que transforma profundamente nuestra manera de explicar la relación entre el individuo con discapacidad y la sociedad a la cual pertenece porque plantea, por primera vez en la historia, que la discapacidad como fenómeno es esencialmente una construcción social, un hecho social cuya causa es esencialmente social.