Academic literature on the topic 'Asamblea Nacional Constituyente (2017)'

Resumen El presente artículo aborda desde una perspectiva histórica y política la conformación del poder constituyente durante la crisis del Estado oligárquico en Chile, entre los años 1910 y 1925, que elaboro la Constitución Política de 1925. Nuestro planteo postula que dicha Constitución constituyó una imposición autoritaria por parte del poder constituido que, transformado en un espurio poder constituyente, impidió la génesis democrática, pluralista y participa del nuevo orden político a través de la realización de una Asamblea Nacional Constituyente, que diversos sectores sociales y políticos demandaban. Excluyendo de esa forma el poder constituyente popular.

Con el repaso de la normativa legal del género en el Ecuador, este trabajo muestra su estado actual y los avances desde una progresión teórica y práctica para construir un modelo de sociedad que tenga sus cimientos en la filosofía del buen vivir. A través de la metodología cualitativa, y del método documental se analizaron 13 instrumentos legales y 4 planes y proyectos estatales. Los resultados dan cuenta que a pesar de los importantes avances legislativos siguen existiendo falencias en materia de género en el país, pues en la práctica se requiere, por un lado, que el estado garantice el cumplimiento de la normativa, y que, por otro, que la sociedad en su conjunto la asuma responsablemente y lo haga posible. Palabras Clave: Normativa legal, sociedad, género, derechos de la mujer. Referencias [1]C. Valle, Atlas de Género, Quito: Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, 2018. [2]L. M. Martínez y T. 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The research focuses its analysis on the Electronic Government application in the ecuadorian public administration, taking into consideration the violation of the quality tenet inscribed in the Organic Administrative Code, a law that regulates the exercise of the administrative function of public sector institutions. The methodology used follows a qualitative, descriptive-documentary type route, under an exhaustive review of the Ecuadorian jurisprudential regulations that structure and sustain this document. Despite the fact in Ecuador there have been plans such as the Electronic Government 2018-2021, with the objective a procedure could affect the quality principle based on non-compliance. In summary, the need to integrate the Electronic Government in Ecuador, in order to have an efficient and competitive public administration, hoping to recover the legitimacy of the administration. Keywords: public administration, electronic government, quality principle, ICT’s. References [1]A. 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Se presenta un análisis de las noticias publicadas en las primeras páginas de los diarios El Impulso y Correo del Orinoco sobre el proceso de convocatoria y elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 en Venezuela. Se compararon los titulares y leads aplicando la técnica del análisis de contenido. Se realizó un cuadro de categorías y subcategorías, siguiendo los criterios de pertinencia, representatividad, homogeneidad, exhaustividad. La investigación está sustentada en las teorías de la comunicación política, la personificación de la política y la posverdad. En medio de la polarización y la violencia en las calles, el Correo, controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, fue el que más apeló a las emociones de su audiencia, mientras que la personificación política en torno a la figura del fallecido Hugo Chávez en medios oficialistas no tuvo la intensidad de los años anteriores. El Impulso dedicó más espacio a la confrontación del proceso Constituyente que el Correo del Orinoco.

Desde el comienzo del período independiente, las clases dirigentes de la Argentina se enfrentaron a la necesidad de poblar el extenso territorio nacional, y la incorporación de habitantes extranjeros fue desde muy temprano la solución indiscutida a ese problema. Sin embargo, a pesar del amplio consenso que existía en torno a la cuestión, había puntos de vista divergentes acerca del “tipo de inmigración” que se deseaba. En ese contexto, durante los debates de la Asamblea Constituyente de 1853, el tratamiento del artículo 14 de la Constitución Nacional dio lugar a una situación de argumentación (Plantin 2012) que hizo emerger la cuestión inmigratoria cuando se debatía sobre libertad de cultos. Partidarios y detractores de la tolerancia religiosa vinculaban de manera más o menos directa este asunto con la población extranjera que, se esperaba, llegase a poblar el territorio argentino.En ese marco, en este artículo se analizan los argumentos puestos en juego en esa polémica, para señalar, por un lado, la polarización e incompatibilidad de las posiciones en disputa (Angenot 2008; Amossy 2016) y por otro, los puntos de partida que resultan comunes a ambos lados del debate. En este sentido, nos interesa indagar en la forma en que esos argumentos construyen la imagen del inmigrante, al tiempo que ofrecen ciertas representaciones sobre la población local y la idea de desarrollo económico.

La Economía Popular y Solidaria (EPS) y las Finanzas Populares y Solidarias (FPS) surgen en Ecuador con la administración del gobierno conocido como de la Revolución Ciudadana (15 de enero de 2007 - 24 de mayo de 2017), a tal punto que, la EPS se halla inserta en la actual Constitución de la República del Ecuador 2008. A fin de dotarle a la EPS de su marco regulatorio, la Asamblea Nacional Constituyente en 2011 aprobó la Ley Orgánica de la Economía y Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (LOEPS); en esta consta la base legal para que se hayan creado los agentes institucionales: Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS) en 2011 y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) en 2012. A más del que estaba creado Instituto Nacional de Economía Popular y Solidara (IEPS) en 2009, encargado del progreso de la EPS. La CONAFIPS es la que otorga financiamiento a las organizaciones de las FPS, y éstas a la vez, financian el desarrollo de los emprendimientos de la EPS en las parroquias urbanas y rurales del país; y la SEPS, se encarga del control de las organizaciones de la EPS y de las FPS. El objetivo de estos agentes institucionales es, velar por la sostenibilidad de los emprendimientos que se desarrollan en las parroquias urbanas y rurales del país. Sin embargo, no han logrado cumplir el fin para lo que fueron creados, debido a la forma como están organizados actualmente. Los resultados así lo demuestran sobre todo en las parroquias rurales, ya que la pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a diciembre de 2017 alcanzó el 56,1%.

Constitutional justice in Ecuador has evolved in light of the 2008 Constitution, recognizing rights and implementing mechanisms for their respect and protection; However, those who are called to apply the supreme norm and carry out a conventional control in specific cases of violations of fundamental rights, are people without specialization in the matter whose resolutions converge in a continuous violation of legal security. Through a qualitative investigation and the method of documentary observation, 50 resolutions of the Constitutional Court of Ecuador were analyzed within extraordinary protection actions corresponding to the years 2020 and 2021 that originated protection actions. As a result, the lack of legal criteria in constitutional matters as evidenced by the justice operators, in the first and second instance, which forced those affected to go to the highest interpreter of constitutional justice to carry out an adequate analysis of the specific case, arising the need to create specialized judiciary in constitutional matters that hear these actions. Keywords: Constitutional justice, violations of fundamental rights, legal security, the specialized judiciary in constitutional matters. References [1]J. Asencio, Introducción al Derecho Procesal, Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. [2]R. Ávila, Los Principios de Aplicación de los Derechos, Nuevas Instituciones del Derecho Constitucional Ecuatoriano, Quito: Ediar, 2008. [3]Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, Constitución Política del Ecuador, Decreto Legislativo No. 000. Registro Oficial de fecha 11 de agosto de 1998, Quito, 1998. [4]Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, Constitución de la República del Ecuador, Decreto Legislativo No. 000. Registro Oficial No. 449, de fecha 20 de octubre del 2008, Montecristi, 2008. [5]C. Ballén, “Algunos desafíos procesales de la jurisdicción especial”, Iuris Tantum Revista Boliviana de Derecho, n° 25, pp. 474-501, 2018. [6]R. Reyes, “Los Derechos Humanos y la Seguridad jurídica”, Revista UNAM, n° 37, pp. 93-97, 2016. [7]E. Figueroa, Jueces Constitucionales. En Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Lima: Fondo Editorial, 2016. [8]J. Riofrío, “Alcance y límites del principio de jerarquía. Criterios para jerarquizar derechos, valores, bienes y otros elementos”, Revista Derecho PUCP, (84), 189-222, 2020. [9]M. Casals and J. Núñez, “Los principios en el derecho: ¿una fuente del derecho o una fuente de interrogantes?”, Revista de Derecho, n° 16, pp. 31- 45, 2020. [10]S. Andrade and L. Ávila, La transformación de la Justicia, Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2008. [11]V. Aguirre, “La administración de justicia en Ecuador”, Revista Horizonte de los derechos humanos, pp. 11-25, 2012. [12]S. Andrade, La Función Judicial en la vigente Constitución de la República, Quito: Corporación Editora Nacional (CEN), 2009. [13]G. Plaza and A. Zamora, “La necesidad de jueces especializados en el sistema judicial multicompetente ecuatoriano”, Revista Polos y Conocimiento, n° 49, pp. 1073-1087, 2020. [14]A. Figueruelo, El derecho a la tutela judicial efectiva, Madrid: Tecnos, 2017. [15] A. Brewer, Derecho Procesal Constitucional. Instrumentos para la justicia constitucional. Bogotá: Ediciones Doctrina y Ley, 2013. [16] A. Grijalva, Constitucionalismo en Ecuador, Quito: Corte Constitucional para el Período de Transición, 2012. [17]I. Quintana, La acción de protección, Ecuador: CEP, 2016. [18]Corte Constitucional para el periodo de transición, “Sentencia No. 031-09-SEP-CC dentro del Caso No. 0485-09-EP”, 2009. [Online]. Available: http://doc.corteconstitucional.gob.ec:8080/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/97245b3a-3639-4594-a77c-eedb7d2a431c/0485-09-EP-sent.pdf. [Last access: December 2nd, 2021]. [19]R. Oyarte, Derecho Constitucional Ecuatoriano y Comparado. Quito: Corporación de Estudios y Publicaciones, 2014. [20]G. Zagrebelsky, Principios y votos. El Tribunal Constitucional y la política. Madrid: Editorial Trotta, 2008. [21] L. León González, D. Barrueta and L. Martell, “La seguridad jurídica una proyección general”, Revista Conrado, n° 5, pp. 292-299, 2019. [22]R. Hernández, C. Fernández and P. Baptista, Metodología de la Investigación, México: Mc Graw Hill Education, 2014. [23]Asamblea Nacional del Ecuador, Código Orgánico de la Función Judicial, Ley No. 0. Registro Oficial Suplemento No. 544 de, fecha 09 de marzo de 2009, Quito, 2009. [24]Asamblea Nacional del Ecuador. Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, Ley No. 0. Registro Oficial Suplemento No. 52 de, fecha 22 de octubre de 2009, Quito, 2009. [25] Convención Americana sobre Derechos Humanos, Celebrada en una Conferencia especializada del 7 al 22 de noviembre de 1969, San José, 1969. [26]A. Pérez, Justicia que tarda…. [Online]. Available: https:// www.eluniverso.com/opinion/2020/02/28/nota/7758489/justicia-que-tarda/. [Last access: December 2nd, 2021].

En julio de 2018, la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) de Cuba inició el trámite de discusión de un anteproyecto de nueva Constitución cubana. Entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre de 2018, la ANPP convocó una fase de consulta popular entre la ciudadanía destinada a la discusión y recogida de propuestas, previa al debate para su consideración en la cámara y su posterior ratificación en referéndum en febrero de 2019. La nueva Constitución cubana es la concreción jurídico-formal de un proceso constituyente material que viene refundando las relaciones económicas y sociales de la isla desde inicios de la década de los 90 hasta hoy. El presente trabajo analizará cuales han sido estas transformaciones y realizará un análisis crítico de la Constitución cubana de 2019.

LABURPENA: 2017ko maiatzaren 1ean, herria pairatzen ari zen krisi ekonomiko eta politiko larria ikusita, Venezuelako Bolibartar Errepublikako presidenteak, Nicolás Maduro Morosek, Batzar Nazional Konstituziogilea deitu zuen, Konstituzioaren 347. eta 348. artikuluen babespean. Deialdiak, ordea, eztabaida handia ekarri zuen doktrinaren alorrean, ordura arte defendatu egin baitzuen halako deialdiak herriak baino ezin dituela egin, erreferendum baten bidez. Lan honek helburu du eztabaida juridiko aberats horretan dauden jarrerak aztertzea eta presidenteak egindako deialdiaren konstituzio-zilegitasunari buruzko ondorioak lantzea. RESUMEN: El pasado día 1 de mayo de 2017, ante la situación de grave crisis política y económica que vivía el país, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, convocó una Asamblea Nacional Constituyente al amparo de los artículos 347 y 348 de la Constitución. La convocatoria, sin embargo, generó una fuerte polémica en la doctrina, que ha venido defendiendo de forma mayoritaria que tal convocatoria sólo la puede hacer el pueblo vía referéndum. El presente trabajo pretende analizar las distintas posiciones en este rico debate jurídico y obtener conclusiones sobre la legitimidad constitucional de la convocatoria presidencial. ABSTRACT: On May 1, 2017, due to the deep political and economic crisis in the country, the President of the Bolivarian Republic of Venezuela, Nicolás Maduro Moros, convened a National Constituent Assembly under articles 347 and 348 of the Constitution. The call, however, generated a strong controversy in the doctrine which has generally been advocating for that call to be only made by the people by means of a referendum. This present work aims to analyze the different positions in this rich legal debate and to allow conclusions on the constitutional legitimacy of the presidential call.

En noviembre del 2007 se instala la Asamblea Nacional Constituyente con plenos poderes para redactar una nueva Constitución y con ello renovar el sistema político ecuatoriano. Este artículo tiene como objetivo analizar el desarrollo de la iniciativa popular normativa como procedimiento institucional de participación ciudadana, desde mayo 2009 hasta diciembre 2014 e identificar los principales factores que influyeron para su impulso u obstrucción en el escenario político nacional. La investigación es de tipo descriptiva, con diseño no experimental, cuantitativo, documental, empleando fuentes de información primaria y secundaria. Se revisó la producción legislativa en el período de estudio para establecer el aporte de la ciudadanía a la construcción de la política pública y los resultados revelan que las experiencias son pocas e intrascendentes, debido a un legislativo sometido al control presidencial y un modelo de gobierno donde los tiempos, los espacios y las formas de implementar los mecanismos de democracia directa y participativa se definen “desde arriba”, de acuerdo a la coyuntura política. Además, que no basta con la redacción de una normativa de contenido progresista para que la sociedad utilice estos mecanismos y se generen cambios estructurales, sino que se requiere de un Estado democrático que respete los derechos fundamentales

El presente artículo tiene como objetivo principal mostrar cómo el nuevo constitucionalismo ha sido incorporado en el derecho colombiano mediante la Constitución Política de 1991. El Estado Social de Derecho, los derechos fundamentales, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los mecanismos de participación ciudadana y distintas y eficaces acciones judiciales como la Acción de Tutela forman hoy parte activa del ejercicio jurídico colombiano.Sin embargo, distintos aspectos parecen hoy amenazar lo conquistado durante estos casi veinticinco años, a un insuficiente diseño institucional en algunos casos se une la necesidad urgente de incorporar a las normas vigentes lo que se acuerde en el proceso de paz con las FARC en la Habana, poniendo a prueba el paradigma constitucional actual, el cual se encuentra consolidado en algunos casos pero que permanece frágil en otros.

Nuestra Constitución tiene dos antecedentes constitucionales marcados que sirvieron de fundamento en la Asamblea Nacional Constituyente, en materia de derechos fundamentales: la Ley Fundamental de Bonn de 1949 y la Constitución Española de 1978. El problema jurídico que consideraré indaga por la alteración del paradigma en torno al sujeto de derechos con ocasión del actual constitucionalismo latinoamericano y en particular del colombiano. Como hipótesis de trabajo sostendré la tesis de que a diferencia de lo que acontece en Alemania y España o varios países de América Latina, no tenemos estructura de numeros clausus, y que por cuenta de la discusión en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, el constitucionalismo colombiano, con él el boliviano y ecuatoriano, han logrado un notable avance, el cual incluye, el que a nuestro juicio es el mayor por las implicaciones que tiene, y es la revalorización de la categoría de sujeto como centro de imputación del ordenamiento jurídico. El sujeto como persona humana responde a una tradición liberal de occidente que inicia en el pensamiento griego y que hoy, por cuenta de los derechos fundamentales en Latinoamérica, ha sido reformulado.