Journal articles on the topic 'Bolivia. Asamblea Constituyente (2006- )'

El ascenso de Evo Morales al poder, en Bolivia, a la cabeza del Movimiento al Socialismo (en adelante, MAS) y en representación del bloque indígena y nacional-popular, supuso para las elites políticas tradicionales su reducción a condición de minorías. Ello, como resultado, además, del derrocamiento del orden político que dichas elites habían logrado establecer, en el ciclo conflictivo 2000-2005, el cual supuso la actualización del histórico desencuentro entre una Bolivia india y una Bolivia blanca, al estar enmarcado en la tesis de las dos bolivias. De hecho, de acuerdo con el sentido de esta tesis Morales arribó al poder con el imperativo de impulsar la transformación estructural del país, misma que encontró obstáculos al producirse la retención de espacios de poder por parte de aquellas elites que en representación de sectores medios y altos, y auto-identificados como mestizos, defenderían otro proyecto de nación. Así, con la polarización resultante de esos hechos el contexto de la Asamblea Constituyente (2006-2009) se tornó en extremadamente álgido puesto que aquella detonó en actos de odio y violencia racial, tendencias hacia el secesionismo y llamados a guerra civil.

El artículo tiene como objetivo revisar el estado actual del proyecto indígena de refundación estatal enel contexto de los gobiernos de Evo Morales Ayma en Bolivia. Como proyecto indígena se entenderá la propuesta política surgida desde las organizaciones indígenas como consecuencia de la actividad del movimiento originario en Bolivia que tomó cuerpo en la Asamblea Constituyente bajo las figuras del Estado Plurinacional y del modelo Buen Vivir. ¿Es el Estado boliviano plurinacional como declara la Nueva Constitución o se trataría más bien de un Estado-nación pluricultural y multiétnico? ¿Coincide el modelo de desarrollo económico y social promovido por el gobierno con el ideal del Buen Vivir? Analizaremos tanto el discurso oficial, como las políticas concretas del gobierno de Evo Morales Ayma (2006-2020) a fin de revelar la situación actual de la propuesta indígena, tomando en cuenta un largo debate histórico sobre la construcción del Estado-nación en Bolivia.

El enfrentamiento por la capitalidad entre La Paz y Sucre, aunque poco conocido internacionalmente, estuvo a punto de impedir la aprobación de la Constitución de 2009. En este artículo se realiza una revisión teórica de los estudios geográficos y politológicos sobre las capitales de los Estados, con un apartado propio para la tipología elaborada a partir de la teoría de los sistemas-mundo. Siguiendo estos trabajos, se analiza el conflicto boliviano a través de un repaso de su historia, prestando una atención especial al período de la Asamblea Constituyente entre 2006 y 2009, y a continuación se presentan los argumentos que sustentan las posiciones de ambas ciudades candidatas. En base a la literatura académica, el caso de Bolivia podría considerarse el de una capital compartida asimétrica, con preminencia de La Paz. No obstante, a falta de una capital indiscutible, se trata de una cuestión que puede reabrirse en cualquier momento. Partiendo de la experiencia boliviana, también se extraen conclusiones que pueden ser útiles para otros países que experimenten una situación similar.

Evo Morales, quien fue elegido en 2005 e inició su gobierno en 2006, como primer presidente indígena de Bolivia, empezó el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual presentó como una gran oportunidad para refundar Bolivia desde la unidad, la igualdad y la dignidad. Con ello, dio reconocimiento a 36 naciones o pueblos indígenas originarios —quienes han representado más del 60% de la población en el país— y buscó dar fin a los conflictos políticos, económicos, sociales y culturales que generaron brechas de desigualdad e invisibilización de las comunidades indígenas por años. Tal proceso cual culminó con la expedición de la Constitución Política en 2009. La nueva constitución implementó, como políticas del Estado, el Vivir Bien y la educación universal, productiva e intercultural, entre otras. Esto con el propósito de generar espacios de educación superior en áreas rurales buscando la participación social como respuesta a las necesidades. En este artículo se hace un análisis documental de la noción del Vivir Bien, la educación superior intercultural y su aplicación en el caso de la UNIBOL – Guaraní y pueblos de tierras bajas (Apiaguaiki Tüpa), desde 2008 hasta el 2019.

The arrival of Evo Morales to power in January of 2006 –supported with an unprecedent 54% of the votes– marked a milestone in Bolivian political history and opened the way to an ambitious project of re-foundation of the country. Those events were translated in the call for a Constituent Assembly and in the nationalization of hydrocarbons, within the framework of a strong “ruralización de la política”. More than five years of that one triumph has passed and after a re-election with 64% of the votes in December 2009 that consolidated the “evista” hegemonyhas declined. Now the government faces a series of challenges tied to the effective materialization of the change proposed in the re-foundational speeches. This article analyses the novel experience of “Indians in the power” centered in the tension between the changes implemented and the inertias of the past in spheres such as the democratic radicalization, the social equality, the model of development, and the political project. All these themes affected by a powerful, and yet somehow vague objective: the decolonization of the country.La llegada de Evo Morales al poder en enero de 2006 ―avalado con un inédito 54% de los votos― marcó un punto de inflexión en la historia política boliviana y abrió paso a un ambicioso proyecto de refundación del país. Esos ejes se tradujeron en la convocatoria a una Asamblea Constituyente y en la nacionalización de los hidrocarburos, en el marco de una fuerte “ruralización de la política”. A más de cinco años de aquel triunfo y luego de una reelección con el 64% en diciembre de 2009 que consolidó la hegemonía “evista”, el gobierno enfrenta una serie de retos vinculados a la materialización efectiva del cambio propuesto en los discursos refundacionales. En este artículo se analiza esta experiencia novedosa de “los indios en el poder” centrada en la tensión entre los cambios operados y las inercias del pasado en esferas como la radicalización democrática, la igualdad social, el modelo de desarrollo y el proyecto político. Temas todos ellos atravesados por un objetivo tan poderoso como por momentos impreciso: la descolonización del país.

By drawing on the theoretical framework of the second incorporation of heterogeneous social organizations by progressive governments through informal contestation and/or technocratic implementation of their demands in Latin America, this article argues that the first presidential term of Evo Morales in Bolivia (2006–2009) was marked by the incorporation of combative social movements through both a multidimensional co-optation of movements and the technocratic competition of the central movement demands for the nationalization of gas and the rewriting of the constitution through a constituent assembly. However, by 2010, this incorporation had stripped social movements of their ability to mobilize for change and the political conjuncture had shifted, making the government less dependent on its social bases to maintain political stability. This simultaneously transformed movements into defensive movements protecting the gains from the previous period and state–social-movement relations into informal contestatory regimes in which movements could only struggle against proposed political agendas. En base a un marco teórico que abarca la segunda incorporación de organizaciones sociales heterogéneas por parte de gobiernos progresistas a través de la contestación informal y/o la implementación tecnocrática de sus demandas en América Latina, un análisis del proyecto político de Evo Morales en Bolivia sostiene que su primer mandato presidencial se vio caracterizado por la incorporación de movimientos sociales combativos a través de una cooptación multidimensional de dichos movimientos y la competencia tecnocrática de las demandas del movimiento central en torno a la nacionalización del gas y la modificación de la constitución por una asamblea constituyente. Sin embargo, para 2010, esta incorporación había despojado a los movimientos sociales de su capacidad de movilizarse a favor del cambio y la coyuntura política había cambiado, haciendo que el gobierno dependiera menos de sus bases sociales para mantener la estabilidad política. Esto transformó a los movimientos en entidades defensivas dedicadas a proteger las ganancias del período anterior y las relaciones entre el estado y los movimientos sociales en regímenes informales de impugnación dentro de los cuales los movimientos mismos sólo podían luchar contra las agendas políticas propuestas.

Los procesos constituyentes de Venezuela en 1999, en Ecuador en 2008, y fundamentalmente en Bolivia entre el 2006 y el 2009, muestran una interesante novedad: organizaciones indígenas, sociales, campesinas y obreras encuentran en las Asambleas Constituyentes y las reformas constitucionales dispositivos y mecanismos para avanzar en un sendero emancipatorio.

Las actuales demandas de autonomía por parte de los departamentos ubicados en la “media luna” del Oriente boliviano dirigidos por los sectores empresariales y las propuestas que por su parte y desde el polo opuesto hacen los movimientos indígenas campesinos requieren situar este proceso de reconfiguración territorial en un contexto de crisis estatal. No solo se trata de un sistema de gobernabilidad el afectado sino que es la forma estado nación como tal que entra en cuestión como resultado de las propuestas indígenas de establecer unaforma plurinacional de organización política territorial a través de la Asamblea Constituyente ahora en curso. Este es un proceso cuyas raíces y ramificaciones van más allá de las fronteras del país.

Este artículo busca brindar una explicación al violento rebrote de racismo en Bolivia desde la instalación de la Asamblea Constituyente del año 2007. Se sostiene que este fenómeno responde a una crisis del mestizaje como proyecto cultural unificador de la nación boliviana propuesto por la burguesía mestiza, cuya hegemonía ha entrado en crisis. El proyecto mestizo ha sido contestado por el del estado plurinacional propuesto por los sectores indígenas. La reacción de la burguesía ha sido racista. Este racismo que ha convertido el cuerpo indígena en “ilegítimo” a través de su bestialización, esto supone un proceso acumulativo de construcción social de la vida del otro como sacrificable. Esto ha derivado en una necropolítica que, a través de la masacre, convierte el cuerpo del otro en matable. Este artículo fue realizado con base en un conjunto de entrevistas realizadas en dos periodos diferentes: 2008 y 2023, dos momentos emblemáticos de rebrote del racismo, asimismo utilicé el análisis de discurso de imágenes y fotografías sobre racismo que circulan en internet.

El proceso constituyente boliviano que se desarrolló entre 2006 y 2009, fue el más democrático y democratizador de la historia del cono sur. Sin embargo, autores como Roberto Gargarella, han sostenido que la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia mantuvo intacta la estructura de poder. En este trabajo planteo que esa afirmación no tiene sustento empírico y que se en una deficiente concepción de las estructuras de poder.

Se analiza desde un punto de vista filosófico-político y pragmático-discursivo las características ideológicas del discurso de Rafael Correa durante las elecciones presidenciales de 2006. Correa acometió una interpretación laclausiana del tiempo histórico, traduciendo que la crisis de representación del país podía originar un estallido o momento populista. En base a ello, el discurso populista que llevó a Correa al poder en 2007, se construyó sobre el uso de dos marcos argumentativos básicos: 1) ubicar a los partidos políticos tradicionales (“la partidocracia”) como antagónicos a la patria y 2) proponer una reforma constitucional mediante una Asamblea Constituyente. Se concluye con una valoración crítica sobre los límites entre movilización popular y su institucionalismo.

<p>El presente trabajo pretende analizar la relación de los gobiernos de Evo Morales con las Fuerzas Armadas Bolivianas en el periodo 2005-2010 y dar respuesta a tres preguntas centrales: ¿Existe una alianza informal entre estos dos actores de la política boliviana? En caso de existir ¿Cuáles son los factores institucionales, históricos, políticos y económicos en que se fundamenta? Y, por último ¿Cuáles son los costos que implica esta alianza? A tales fines se realizará un sucinto análisis de los actores en cuestión y posteriormente se estudiará la relación entre ellos tomando en cuenta los siguientes elementos: la política económica del Movimiento al Socialismo (MAS); la Asamblea Constituyente, los conflictos regionales y los intentos de autonomía; las políticas sociales impulsadas por el gobierno; las concesiones que implica esta relación; y los intentos de redefinición institucional de las Fuerzas Armadas.</p>

El presente trabajo, tiene como objetivo central evidenciar cuáles han sido los ejes temáticos que han articulado el discurso internacional del presidente Evo Morales Ayma, y cómo éstos perfilan la inserción internacional del Estado plurinacional de Bolivia. Para el desarrollo del trabajo primero se describe el contexto socio-político boliviano (2000-2006), y cómo éste se encuadra dentro de “la nueva izquierda latinoamericana”; posteriormente, se analizan tres discursos pronunciados por el presidente Morales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de encontrar elementos o rasgos comunes en su discurso internacional. El primer discurso fue pronunciado ante la Asamblea General de dicho organismo el día 19 de septiembre de 2006 (su primera intervención ante dicho organismo). El segundo, el 24 de septiembre de 2007 (Convocatoria para discutir sobre el cambio climático). El tercero y último fue pronunciado el día 17 de diciembre de 2009, en la XV Cumbre del Cambio Climático en Copenhague .

Este trabajo muestra cómo, durante lo que se denominó, en Ecuador, la Revolución Ciudadana (2007-2017), se reformaron y manipularon las reglas electorales a favor del partido en el poder (Alianza País). Una de las características del sistema electoral anterior al periodo en estudio fue el uso del método D’Hondt para la adjudicación de escaños. Este método, bastante criticado, fue declarado incompatible con la Constitución por el Tribunal Constitucional en febrero de 2004, pero fue reincorporado a la ley electoral en abril de 2006. Pese a que Alianza País había ofrecido reglas electorales más incluyentes y participativas, que al principio se reflejaron en los sistemas electorales de 2007 (Asamblea Constituyente) y 2009 (elecciones de transición), al final terminó diseñando normas electorales más injustas y excluyentes que las precedentes, mediante el cercenamiento de las circunscripciones (nueva ley electoral de 2009) y la reintroducción del método D’Hondt (reforma de 2012).

Este articulo examina la participación política de las mujeres en Bolivia, enfocándose en los desafíos que enfrentan tanto en las elecciones como en el acceso a cargos públicos. Se realiza un análisis histórico de la evolución de la participación femenina desde 2006 hasta el 2024, considerando medidas como la cuota y el principio de equivalencia. Utilizando una metodología mixta que combina datos cuantitativos y cualitativos, se identifican las causas y factores que contribuyen a la disminución de la participación de las mujeres como candidatas. Los resultados muestran avances significativos en la representación femenina en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero desafíos persistentes a nivel subnacional. El acoso y la violencia política, junto con barreras socioculturales, emergen como obstáculos clave. Se proponen estrategias integrales para promover una mayor inclusión y representación de las mujeres en la política boliviana, incluyendo reformas legales, programas de capacitación, sensibilización y mecanismos de prevención y sanción de la violencia política. Este estudio resalta la importancia de fortalecer los derechos políticos de las mujeres para consolidad una democracia más igualitaria y representativa en Bolivia.

Los Principios de la Naciones Unidas en favor de los adultos mayores (AM) son: independencia, participación, contar con los cuidados necesarios, autorrealización, dignidad (ONU, 1991); en este marco, la Constitución Política del Ecuador (Asamblea Constituyente, 1998) contiene normas de protección que se traducen en igualdad de derechos y garantías a favor de todos, ecuatorianos y extranjeros, independientemente de su edad. A partir del año 1984 el Ministerio de Bienestar Social, establece programas y proyectos en beneficio de los AM (MBS, 2014) y en el año 1991 se crea la Ley Especial del Anciano, según la cual el Estado garantiza el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, vivienda, asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una vida digna (Congreso Nacional, 2006). No obstante lo antes mencionado, en la práctica dicho grupo etario reclama mayor atención; de ahí que el objetivo del presente estudio es valorar en qué medida las acciones que emprenden las instituciones estatales consiguen satisfacción en los AM, que se evidencia mediante la percepción en el ejercicio de sus derechos y la calidad de los servicios de salud. Método Se realizó un estudio transversal que incluyó, de manera aleatoria a 557 adultos mayores residentes en áreas de cobertura de centros de primer nivel de atención, mediante la aplicación de un formulario validado, previa la aplicación del consentimiento informado por parte de estudiantes de la carrera de medicina, que recibieron capacitación y supervisión de docentes. Entre las variables analizadas estuvieron las características sociodemográficas, derechos del adulto mayor y percepción sobre la calidad de la atención de salud.

Con el repaso de la normativa legal del género en el Ecuador, este trabajo muestra su estado actual y los avances desde una progresión teórica y práctica para construir un modelo de sociedad que tenga sus cimientos en la filosofía del buen vivir. A través de la metodología cualitativa, y del método documental se analizaron 13 instrumentos legales y 4 planes y proyectos estatales. Los resultados dan cuenta que a pesar de los importantes avances legislativos siguen existiendo falencias en materia de género en el país, pues en la práctica se requiere, por un lado, que el estado garantice el cumplimiento de la normativa, y que, por otro, que la sociedad en su conjunto la asuma responsablemente y lo haga posible.
 Palabras Clave: Normativa legal, sociedad, género, derechos de la mujer.
 Referencias
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La mayoritaria de las lenguas indígenas en Sudamérica se ha mantenido vital en un campo de tensiones históricas, sociales, políticas, educativas caracterizado por múltiples contradicciones. Una de estas tensiones, referida a su práctica escrita, es resaltada en este trabajo: A dos años de instaurado un gobierno que tornó “oficial” lo no hegemónico, lo subalternizado, lo popular y mayoritario, legislada por la Asamblea Constituyente la oficialidad de las 36 lenguas del país y la obligatoriedad del bilingüismo castellano/lengua indígena de los funcionarios públicosy de administración en el proyecto de Nueva Constitución de diciembre de 2007, el quechua parece retirarse de espacios formales ya ganados y es mantenido en una condición de oralidad por sus mismoshablantes, en primera instancia, sin que se propicie la práctica de escritura,la creatividad lingüística, la adecuación a nuevas funciones sociales y hasta su uso por sectores ahora en el poder. Tan auspicioso proceso social para la transformación social, política y lingüística como el boliviano no se traduce en fortalecimiento lingüístico ni desarrollo de la cultura escrita.

¡Que se vayan todos! fue la proclama que se escuchó en las calles de Quito aquel 20 de abril del 2005, tras la caída del Ing. Lucio Gutiérrez. Y es que es innegable que el Ecuador vivió -y vive aún- una crisis de los partidos políticos tradicionales, arrastrada desde las elecciones del 2002, hasta la llegada de la Revolución Ciudadana, con su estigmatización de la partidocracia. Cuando era candidato a la presidencia en el 2002, Gutiérrez aseguraba: “Si Noboa y yo estamos encabezando es porque la gente dijo basta a los mismos políticos de siempre”[1].A partir de ese año electoral, tanto el Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN) y el Partido Sociedad Patriótica (PSP) tomaron la posta de los partidos tradicionales como el Partido Social Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (ID), Democracia Popular (DP), Movimiento Popular Democrático (MPD) y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE). No obstante, con el liderazgo de Rafael Correa y su movimiento Alianza PAIS en el 2006, la dinámica del sistema de partidos volvió a cambiar. Actualmente, tanto el PSP como el PRIAN representan a la partidocracia, según el oficialismo.Ahora, cabe preguntarse: ¿Hasta qué punto el nuevo sistema de partidos será sostenible y legítimo para el electorado?Causas de la crisis de partidosLos partidos políticos son, por excelencia, el “eslabón de representación entre el gobierno y los ciudadanos, éstos reflejan las diversas aspiraciones de una sociedad heterogénea, pero también modelan la estructura social, económica y cultural de un país, a través de las políticas de gobierno que aprueban”[2]. Por ello, es necesario que los partidos presenten un alto grado de representatividad, legitimidad y credibilidad, cualidades carentes en los partidos políticos ecuatorianos.La falta de Identificación y conexión de los ciudadanos con estas organizaciones ha resultado en una población marginada política y socioeconómicamente, que a su vez propicia a un electorado volátil y vulnerable frente a medidas clientelares que dan cabida a la presencia de ‘outsiders’ y candidatos antisistema. Es así como Gutiérrez y Correa, con un discurso anti partido, calaron hondo en los ecuatorianos, aprovechándose de “la pérdida de control de redes clientelares por parte de los partidos tradicionales en beneficio” de sus organizaciones, alcanzando finalmente la Presidencia.[3]Esta carencia de representatividad también facilita el surgimiento de asambleístas independientes (permitido tras el referéndum de 1997) que desean alejarse de los viejos partidos para no manchar su imagen frente al electorado. Sin embargo, al existir diputados y asambleístas carentes de ideología, se presentó un espacio propicio para que personas ajenas a la política, como personajes de la televisión, deportistas y artistas nacionales fueran electos tanto en el Congreso como en la Asamblea. La persistente crisis ha resultado en que, en la actualidad, tanto los partidos políticos tradicionales como los nuevos, (quienes incluso criticaron este recurso previamente), utilicen la popularidad de estas figuras públicas para atraer votos desprovistos de ideología.El politólogo Simón Pachano considera que, desde el período electoral del 2006 hasta la actualidad, con la incursión de Rafael Correa en la política a través de PAIS, se ha generado un cambio de sistema de partidos que se puede clasificar como uno de pluralismo extremo a uno de partido predominante.[4] Es decir que el electorado en el 2006 -alentado por el actual Presidente de la República a votar nulo y testigo de su victoria en 14 provincias, junto a la posterior destitución de 57 diputados de oposición reiteró una vez más la ilegitimidad y el rechazo total al sistema de partidos tradicionales y depositó su confianza en un solo movimiento: PAIS. Confianza que se vio legitimada como nunca antes en la historia ecuatoriana en siete oportunidades: la victoria en las elecciones presidenciales de 2006; la consulta a la convocatoria a una Asamblea Constituyente en abril de 2007; la mayoría en la Asamblea Constituyente en septiembre de 2007; el triunfo del ‘Sí’ a la Constitución en septiembre de 2008; la victoria en las elecciones presidenciales y de 59 asambleístas en abril de 2009, y el ‘Sí’ a la consulta popular en mayo de 2011. Finalmente, el 17 de febrero de 2013, el pueblo reiteró su confianza una vez más.¿Continúa la crisis del sistema de partidos?Con la elección y reelección de Rafael Correa, en 2007, 2009 y 2013 respectivamente, se rompió el recurrente patrón bajo el cual “ningún partido político lograba tener más que un presidente elegido”. Asimismo, cuando Alianza País obtuvo 59 escaños en la Asamblea, disminuyó el número efectivo de partidos* al nivel más bajo desde el retomo a la democracia, de una media de 5,85 hasta las elecciones del 2006 hasta un promedio de 3,76 en las elecciones del 2009.[6]Sin embargo, y a pesar de que se podría considerar que el sistema de partidos se encuentra en un momento de transición, es incuestionable que éstos continúan carentes de legitimidad frente a los ciudadanos. Tanto en el 2008 como en el 2010, los partidos políticos presentaron los niveles más bajos de confianza dentro de las instituciones del Estado, con 22.6 y 26.4 puntos respectivamente, dentro de una escala de 0 a 100[7].El sistema de partidos actual continúa presentando algunas características del anterior, como la atomización de partidos. La creación de nuevos partidos tiene sus raíces en la ambición personal que presentaban ciertos políticos para figurar y liderar las campañas.Hoy en día, la creación de estas instituciones como vehículos electorales se presentan nuevamente en los casos de los movimientos Creando Oportunidades (CREO) de Guillermo Lasso y SUMA de Mauricio Rodas. Igualmente, la fragmentación partidaria interna y los llamados ‘camisetazos’** no están exentos en estas elecciones. Un partido tradicionalmente importante, como la ID de tendencia socialdemócrata, ha distribuido a sus principales políticos entre los movimientos CREO, Avanza y Ruptura25.Asimismo, figuras como la de Auki Tituaña, que sin desafiliarse de Pachacutik aceptó ser candidato a la vicepresidencia por el movimiento CREO, y Juan Carlos Solines, quien finalmente se convirtió en el binomio de Lasso tras haberse desempeñado como presidente del Movimiento Concertación, evidencian nuevamente la falta de incentivos colectivos, como la poca importancia de la ideología y las convicciones políticas, en la toma de decisiones.El caudillismo y el personalismo político característico del sistema de partidos ecuatoriano no se ha alejado de los partidos políticos actuales. El PSP, el PRIAN y PAIS están bajo la única y sola tutela de sus líderes, Lucio Gutiérrez, Alvaro Noboa y Rafael Correa respectivamente, por lo que si estas piedras angulares cayeran, el partido entero se desmoronaría.La indefinición y discrepancias ideológicas, junto a la ruptura de alianzas, es aún característico de este sistema. Un ejemplo claro es el PSP, que se presentó en el 2002 con una tendencia de centro izquierda y forjó alianzas con Pachacutikyel MPD, mientras que en las elecciones de 2013 profesó una tendencia de centro derecha. De la misma manera, los movimiento Ruptura25, Pachacutik y MPD, que apoyaron a Rafael Correa en la elección del 2006, en 2013 se convirtieron en sus rivales, tanto en las elecciones del legislativo como en las presidenciales.ConclusionesA pesar de que el Ecuador ha pasado de un sistema de partidos de pluralismo extremo a uno de partido predominante, como lo dijo Pachano, todavía la realidad de un sistema de partidos políticos fuertes y, sobretodo, institucionalizados, es lejana. Y es que, evidentemente, los partidos políticos tienen que ser instituciones confiables que logren sobrepasar sus 20 puntos de confianza, actuar coherentemente de acuerdo a la ideología que profesan, deslindarse de caudillismos y la personalización del poder, y, por sobre todo, deben ser reconocidos como el medio de representación de los intereses de la sociedad a nivel nacional, para que así el grito de ¡que se vayan todos! nunca más sea escuchado.