Academic literature on the topic 'Bolivia – Límites – Chile'

Este escrito contiene un análisis de la demanda boliviana, bajo la tesis de que, al no ser rechazada de oficio por la Corte Internacional de Justicia, puso de relieve contradicciones serias en el sistema judicial de la ONU. En efecto, la petición de obligar a Chile a negociar con Bolivia una transferencia de soberanía, es un endoso al organismo judicial de la ONU de una pretensión directamente política que, a mayor abundamiento, afecta al tratado de límites de 1904 e interfiere con el de 1929 con el Perú (dado que toda salida viable al mar debe pasar por Arica). Como el desconocimiento de tratados limítrofes contiene el peligro de una amenaza a la seguridad internacional, la Corte se estaría arrogando facultades propias del Consejo de Seguridad.

A propósito del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el diferendo por los límites marítimos entre Perú y Chile (enero de 2014) y de la demanda interpuesta contra este último país por parte de Bolivia, la frontera norte de Chile ha ganado renovada visibilidad en los medios de comunicación y en la agenda política chilena. Más allá de dicha coyuntura, las dinámicas transfronterizas y de integración regional y la consolidación de una nueva agenda de seguridad han llevado al posicionamiento estratégico de este territorio, históricamente aislado y marginado en medio del excesivo centralismo que ha caracterizado a la institucionalidad estatal chilena. A lo largo del artículo se analizan los factores que dan cuenta de la importancia de esta zona en el ámbito regional e internacional, así como la agenda en términos de política pública para este territorio por parte del Estado chileno.

<p>Entre 1999 y el 2001, varias adolescentes desaparecieron en el norte de Chile y, posteriormente, fueron encontradas muertas. La novela <em>Alto Hospicio</em> (2008), de Rodrigo Ramos Bañados, recrea estos feminicidios desde la visión del cómplice del único inculpado por estos crímenes. En el presente artículo se plantea que el escritor utiliza la noción de <em>frontera</em> como aparato crítico, con el fin de desestabilizar barreras espaciales, simbólicas y textuales que se agrupan en cuatro ejes: Bolivia-Chile, santas-putas, racionalidad-locura, ficción-realidad. Así, la novela cuestiona y deconstruye los límites para hablarnos de estos feminicidios desde un punto indeterminado, que funciona como espejo de la incertidumbre e irresolución de este caso en la justicia chilena.</p>

En este trabajo presentamos una síntesis interpretativa de datos sobre religiosidad de los pastores, obtenidos en un área del Altiplano Andino Meridional, que se encuentra ubicada en el NO de la provincia argentina de Jujuy, cerca de los límites con Chile y Bolivia. Dichos datos fueron recogidos en tres trabajos de campo, llevados a cabo en distintos periodos de los años 1977, 1978 y 1979. Los mismos tuvieron como escenario principal la casa de una familia de pastores asentados a unos 20 km. al sur de Mina Pirquitas, utilizándose dicha casa, que simultáneamente nos sirvió de albergue, como base de nuestras operaciones. Trabajamos, también, en otros puestos de la misma familia, así como con familias vecinas.

A diferencia de otros países americanos, el Perú carece de una memoria nacional de sus guerras civiles decimonónicas. Estas han sido opacadas por la avasalladora memoria de la Guerra del Pacífico, que el Perú y Bolivia perdieron ante Chile (1879-1883). El presente ensayo se propone rescatar del olvido a las guerras civiles peruanas del siglo XIX, empezando por las guerras de la independencia. Las preguntas que planteamos están motivadas por la guerra reciente que desató el Sendero Luminoso entre 1980 y fines de la década de 1990, en la que los campesinos andinos asumieron las funciones represivas del Estado al tomar las armas para derrotar a la insurgencia senderista. Esta situación exhibe interesantes paralelos con las guerras civiles del siglo XIX. Proponemos que el estudio de las guerras civiles decimonónicas del Perú, a la luz de la reciente guerra interna, ofrece una oportunidad fecunda para discutir las nociones de ciudadanía y pertenencia, la relación entre guerra y la constitución del Estado, así como los alcances y límites del concepto weberiano del Estado como el ente que monopoliza la violencia legítima. Subrayamos la importancia de la organización civil de las poblaciones rurales en el devenir de la guerra y, más ampliamente, en la construcción del Estado.

El estudio se basa en el marco legal y tributario de minería, estudios económicos, para evaluar el impacto económico que implica el iniciar la explotación de los principales yacimientos minerales metálicos de El Domo, Fruta del Norte, Loma Larga y Mirador en Ecuador. Además, estima el potencial de la industria minera en Ecuador sobre la base de la información certificada de los informes técnicos NI 43-101. En territorio ecuatoriano, los Andes poseen condiciones geológicas favorables para la formación de depósitos minerales metálicos de clase mundial. Estas características fisiológicas y geológicas son similares a las de todo el cinturón andino sudamericano donde países vecinos como Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile han desarrollado con éxito su industria minera. La metodología aplicada para evaluar los yacimientos minerales utiliza variables cualitativas y cuantitativas aceptadas globalmente y también ofrece recomendaciones para cambios en el régimen legal. Bajo el régimen jurídico vigente existen tres categorías para la explotación de yacimientos minerales: Operaciones mineras de pequeña escala, hasta 300 toneladas / día en operaciones subterráneas; Operaciones mineras de medina escala, hasta 1.000 ton / día en operaciones subterráneas y hasta 2000 ton / día en operaciones a cielo abierto, y Operaciones mineras de gran escala, con una producción superior a los límites establecidos en los ya mencionados. Como resultado del análisis, se recomienda aumentar los límites de los volúmenes de producción para las tres categorías, de manera que el desarrollo y la producción minera sean más atractivos para los inversionistas y compañías mineras de todos los tamaños. Sobre la base del flujo de caja de los proyectos analizados, la carga fiscal varía de 38% a 45%. Sin embargo, el Ministerio de Minería y la consultora Wood Mackenzie (enero de 2016) concluyen que la carga tributaria es cercana al 27%. De acuerdo con la documentación internacional disponible de la NI 43-101, Ecuador tiene 8.5 M oz. de oro y 19,2 M oz. de plata en Reservas y 23.8 M oz. de oro y 168,3 M oz. de plata en Recursos Reservas de 47 millones de libras de cobre; 41.334 millones de libras de cobre como recurso y 865 millones de libras de molibdeno como recurso. La inversión inicial (CAPEX) para los 4 proyectos sumará U $ S 2.123 M, en la fase de construcción de la mina, entre los años 2017 y 2021. La demanda de empleo directo en el mismo período será de 4.140 empleados, de los cuales el 30% corresponderá al personal técnico y administrativo y el 70% a los operadores y trabajadores de campo. Preferiblemente, la fuerza de trabajo será local al área del proyecto. El empleo indirecto se asignará a nivel regional y nacional. Según los estudios, los métodos de explotación minera que se utilizarán se definen de la siguiente manera: en El Domo una combinación de minería a cielo abierto y subterránea, en Fruta Del Norte y Loma Larga como subsuelo, y Mirador como pozo abierto. La estimación del Ingreso Neto de Fundición (NSR) combinada para los 4 proyectos será de USD 11.410 millones, en 17 años de producción. Los beneficios económicos estimados para el estado agregando los 4 proyectos, incluyendo el impuesto sobre la renta + regalías + utilidades + IVA, en 17 años de operaciones de las minas serán USD 2.063 millones.

El patrón distintivo desde la fuente sísmica de un campo irradiado de ondas sísmicas se modifica profundamente al pasar por una región irregular como la Cordillera de los Andes de América del Sur. La onda Lg guiada por la corteza útil en la discriminación de fuentes sísmicas, pero, aun para una sola fuente, las amplitudes de ondas de periódo corto como Lg pueden variar significativamente. La Cordillera de los Andes de Bolivia forma una parte de la cadea de los Andes, que se originó en los dos principales ciclos orogénicos del Fanerozoico, un Ciclo Preandino Precámbrico-Paleozoico Superior y el Ciclo Andino Mesozoico-Cenozoico. Durante el último Ciclo, cuatro sistemas del arco magmático se desarrollaron sucesivamente hacie el este: un arco Jurásico-Cretácico Temprano en la Cordillera Costera de Chile, un arco Cretácico Medio en el Valle Longitudinal de Chle, un arco Cretácico Tardío-Paleogénico en la Precordillera Chilena y el arco Mioceno-Holoceno en la Cordillera Occidental (Omarini et al., 1991; Dorbath et al., 1993; Scheuber et al., 1994). En la región del Cabalgamiento Andino Principal entre la Cordillera Oriental (o Real) y las Sierras Subandinas en Bolivia septentrional, hay superposición de aproximadamente 230 km de edad Neogena (Roeder, 1988). Las areniscas cloríticas Permicas marinas cerca de Copacabana sobre el Lago Titicaa y las diamicititas, areniscas, cuarcitas y lutitas Ordovícico.Silúricas apretadamente plegadas, expuestas abundantemente en los cortes del camino entre Cochabamba y Caracollo, se encuetran a elevaciones desde 3800 m a 4500 m sobre el nivel del mar. El sistema de fallas de la Cordillera Real, en el borde sudoccidental, marca un límite subvertical, con buzamiento al sudoeste, que separa dos unidades de velocidad contrastante hasta una profundidad de 140 km. La profundiad de Moho debajo del Altiplano fue encontrada por Dorbath et al. (1993) aproximadamente a 60 km y, debajo de la Cordillera Real, aproximadamente a 50 km. Más al sur, a través del Sur de Bolivia y Norte de la Argentina, Wigger et al. (1994) encontraton que la profundidad al Moho debajo del Altiplano es aproximadamente de 72 km y, debajo de la Cordillera Real aproximadamente a 65 km. La propagación de las ondas de Love y de Rayleigh de periódo corto, a lo largo de un perfil que atraviesa estas unidades del Altiplano y de la Cordillera Real de Bolivia septentrional, ha sido analizada por el método de elementos finitos. Un resultado preliminar es que, sin tener en cuenta la absorción, a un periódo de 2 s, 91.69% de la energía del modo fundamental de la onda Love y 98.60% de la energía del modo fundamental de la onda Rayleigh son transmitidos.

Algunos autores han descrito el proceso constituyente colombiano de 1991 como la primera manifestación de una teoría constitucional que representa un punto de inflexión en la evolución constitucional mundial.[1] No obstante, si bien es cierto que en la Constitución colombiana aparecen algunos rasgos novedosos respecto al constitucionalismo clásico, son los procesos constituyentes ecuatoriano de 1998 y de 2008, venezolano de 1999, boliviano de 2009 los que permiten defender el nacimiento de un nuevo constitucionalismo latinoamericano.Un nuevo constitucionalismo que, además de resaltar la dimensión jurídica de la Constitución, dirige su atención por una parte, a la legitimidad democrática de la misma y, por otra, al perfecionamiento del reconocimiento y garantía de los derechos. Es así que, ante la debilidad del viejo modelo constitucional para resolver los problemas de la sociedad, estas constituciones proponen un nuevo modelo de Estado. Este cambio de paradigma abarca aspectos procedimentales y sustanciales.[2]Desde el punto de vista sustancial -sin que ello signifique subestimar por una parte, las innovaciones procedimentales y, por otra, la reformulación de la división clásica de poderes, la creación de nuevas formas de participación política, y la reelaboración de los contenidos de la Constitución económica- el cambio que más claramente se configura como punto a parte de las formas constitucionales anteriores, es el reconocimiento de la directa aplicabilidad e igual jerarquía de todos los derechos. En este sentido los citados textos constitucionales, han abierto una nueva época para que pueda darse con plenitud el reconocimiento y justiciabilidad de los derechos sociales.[3] Además, a diferencia del constitucionalismo clásico, que se limita a establecer fórmulas indeterminadas de reconocimiento de los derechos, en estos textos el constituyente configura cada uno de ellos, dotándolos de una potencialidad expansiva que va muchos más allá del límite impuesto por el respeto del contenido esencial.Partiendo de esta base, se intentará demostrar que una de las implicaciones del cambio de paradigma antes descrito es que, mientras en el viejo constitucionalismo los poderes encargados de cumplir con las obligaciones que se desprenden del reconocimiento de los derechos sociales son los poderes políticos, siendo el judicial solo subsidiario, en el nuevo constitucionalismo los órganos jurisdiccionales tienen un papel fundamental en la garantía de su efectividad.Con esta finalidad, se tomará como referente la Constitución de Ecuador 2008, en tanto que en ella, como en ninguna otra, los derechos se manifiestan como el núcleo axiológico de toda las demás disposiciones. Así lo pone de manifiesto el preámbulo y el artículo 1 en el que se configura un nuevo Estado de derechos y justicia, que debe ser entendido como aquel Estado en el que la garantía de los mismos y en especial las garantías de los derechos sociales, en tanto derechos capaces de garantizar “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawasay”,[4] deben ser consideradas como elemento primordial a la hora de interpretar y desarrollar cualquier norma constitucional y legal. En este sentido, las garantías de los derechos deberán ser el parámetro a través del cual se aplique la Constitución y se resuelvan las controversias entre ciudadanos, entre los diferentes poderes del Estado y entre este último y los ciudadanos. Hablar de Estado de derechos significa aplicar e interpretar la constitución y todas sus instituciones, reglas y principios a la luz de los derechos en ella garantizados.[5]* Agradezco a Sebastián Bernardo Vázquez Rodas la atenta lectura de este trabajo y sus atinadas sugerencias y observaciones.[1] Roberto Viciano y Ruben Martínez, “Aspectos generales del nuevo constitucionalismo latinoamericano”, en Luís Fernando Ávila Lizán, edit., Política, justicia y Constitución, Quito, Corte Constitucional, 2011, p.167. Boaventura de Sousa Santos habla de “grandes prácticas transformadoras” en “La reinvención del Estado y el Estado plurinacional”, en OSAL, Buenos. Aires, CLACSO, Año VIII, Nº 22, 2007, p 27. Véase también, Roberto Gargarella, y Christian Courtis. El nuevo constitucionalismo latinoamericano: promesas e interrogantes, Serie Políticas sociales, No. 153, Santiago de Chile, Cepal, 2009, pp. 31 y ss.[2] Albert Noguera Fernández y Marcos Criado de Diego, hablan de rasgos procedimentales porque: “a diferencia de los procesos constituyentes anteriores que se habían desarrollado, particularmente en América Latina, y siguiendo el ejemplo europeo, de espaldas a la población, estos serán procesos activados mediante referendo por el pueblo, que suponen un rescate de los principios de soberanía popular y de la doctrina clásica del poder constituyente mediante la elección democrática de una Asamblea Constituyente originaria con funciones de redacción de un proyecto de Constitución que debe someterse a ratificación popular”. Y de rasgos de contenido. En el sentido que: “Estas últimas constituciones recogen un conjunto de innovaciones sustanciales que las diferencian claramente de sus precedentes”, en “La constitución colombiana de 1991 como punto de inicio del nuevo constitucionalismo en América Latina”, en Revista Estudios Socio-Jurídicos, vol. 13, No. 1, S/L, 2011, p. 18.[3] Se utiliza este concepto de derechos entendiendo que en la tradición constitucional se habla de “derechos sociales”, y en el derecho internacional de los derechos humanos se habla de “derechos económicos, sociales y culturales”.[4] Así recita el preámbulo de la Constitución de 2008.[5] Según Ramiro Ávila, en la Constitución de Ecuador el “estado está sometido a los derechos” por las siguientes razones: “1. Es deber primordial del estado garantizar el efectivo goce de los derechos [art. 3. (1)]; 2. El más alto deber del estado es respetar y hacer respetar los derechos [art. 11. (9)]; 3. La participación en todo asunto de interés público es un derecho [art. 95]; 4. La Asamblea Nacional y todo órgano en potestad normativa no pueden atentar contra los derechos [art. 84]; 5. La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas, cuya rectoría la tiene el ejecutivo [art. 141], garantizan los derechos [art. 85]; 6. Los jueces y juezas administran justicia con sujeción a los derechos [art. 172]; 7. La función de transparencia y control social protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos [art. 204]; 8. La función electoral garantiza los derechos de participación política [art. 204]. (…) “Toda función del estado, en suma, está vinculada y sometida a los derechos. Podríamos seguir con la enumeración y afirmar que esta relación de sometimiento a los derechos se repite en la administración pública [art. 226], en el modelo de desarrollo [art. 275], en el sistema económico [art. 233], en la deuda externa [art. 290 (2)], en la formulación del presupuesto del estado [art. 298], en el sistema financiero [art. 358], en los sectores estratégicos, en la inversión [art. 339], en la producción [art. 319]”, en El neoconstitucionalismo transformador. El Estado y el derecho en la Constitución de 2008, Quito, Abya-Yala/Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2011, pp. 139-140. Y, del mismo autor: “Caracterización de la Constitución de 2008. Visión panorámica de la Constitución a partir del Estado constitucional de derechos y justicia”, en La nueva Constitución del Ecuador. Estado, derechos e instituciones, Santiago Andrade, Agustín Grijalva y Claudia Storini, edits., Quito, Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador/Corporación Editora Nacional, 2009.

Al finalizar la Guerra del Pacífico, Chile se aplica la política de asimilación de las costumbres de las ciudades y pueblos a las observadas en el centro del país. Reafirmando sus límites jurisdiccionales, tanto como, legales y eclesiásticos,mediante el uso de las fuerzas armadas, escuelas públicas y la iglesia, para la imposición de sus reglas y cambios sociales, culturales y de comportamiento religioso de la población principalmente indígena. Esta fue el “proceso de chilenización” en Tarapacá y Antofagasta provincias creadas en la década de 1880. Este artículo se enfoca en la figura de Luis Silva-Lezaeta,Vicario en Antofagasta y sacerdote en Tarapacá, y tiene la intención de mostrar las diferencias y similitudes de este proceso en el ámbito religioso,a través de correspondencia eclesiástica. También muestra los diferentes procesos seguidos por Chile para la anexión de las provincias de Antofagasta y Tarapacá. La primera, por un tratado firmado con Bolivia, donde la mayoría de la población y los capitales eran chilenos. El último, también fue anexado, pero la “chilenización” causó más resistencia.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
El presente trabajo pretende esclarecer el rol de la ciudad de Arica en la pretensión marítima boliviana sostenida contra Chile. Para conseguir tal fin este se construye en base a una recopilación de hitos clave en las relaciones de Bolivia con Perú, soberano de aquella provincia hasta 1883, y con Chile, primero poseedor de ella hasta el año 1929 y luego soberano en propiedad. A ese efecto además se analiza el papel del Tratado de 1929 entre Perú y Chile, junto con su Protocolo Complementario, para luego proceder a abordar la estrategia de Bolivia en la actualidad. La pretensión boliviana sobre la ciudad de Arica, sostenida frente al Perú, se prolonga hasta el día de hoy, según los argumentos revisados en este trabajo

En la costa de Atacama, a unos pocos kilómetros al sur de Tocopilla, aún se divisan los cimientos derruidos y ruinosos de las casas, la iglesia y las calles de Cobija, ahora una ciudad fantasma. Los restos de Cobija evocan el esfuerzo de hombres y mujeres que durante el siglo XIX convirtieron la costa desértica en un lugar lleno de vida. En la actualidad, una jauría de perros habita la zona alta de la ciudad y en el área próxima a la costa aún se reconoce los vestigios de un fuerte en cuyos restos rompen las olas. En los esbozos de las antiguas casas emergen habitaciones de material liviano, changuerías de pescadores, que aprovechan parte de los muros de adobe que aún resisten los insultos de un maremoto, el tiempo y el abandono. El puerto de Lamar en Cobija, se constituyó como un proyecto político de la reciente Bolivia cuyo objetivo radicó en ser una puerta de entrada al mundo moderno capitalista luego de la pérdida de Arica. En dicho contexto este enclave fue un centro de despliegue del sistema protocapitalista en la zona durante el periodo republicano −aunque siempre con un sustrato colonial fundante−, asociado principalmente a la explotación de materias primas como el cobre, el guano y el salitre.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
El presente trabajo es un análisis pormenorizado del contenido del “Libro Azul: la demanda marítima boliviana”, en cuanto a su eventual valor como compendio de los argumentos históricos, políticos y jurídicos que sustentan la reclamación marítima. El objetivo propuesto es extraer y comentar sus principales alcances histórico-jurídicos y contrastarlos con un examen riguroso de los acontecimientos históricos que les dan origen, las normas aplicables en el campo del derecho internacional público y, en lo pertinente, de la legislación colonial. Con miras a la consecución de dicho fin, se ha optado por un método de exposición segmentada de los principales párrafos del texto boliviano, incluyéndose inmediatamente sus respectivas observaciones, correcciones y análisis; todo ello, sin perjuicio de haberse estructurado éstos de acuerdo a criterios cronológicos y temáticos que facilitan su estudio. Los resultados de la presente memoria apuntan a despejar las interrogantes y contradicciones que supone el “Libro Azul” dado su carácter de texto gubernamental y no académico, objetivo que es promovido en el afán de contrastar sus contenidos con la realidad histórica y con el apego irrestricto del derecho aplicable a cada suceso aludido por el libro altiplánico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
El Trabajo de la presente memoria se abocará a demostrar y argumentar la factibilidad o infactibilidad de la demanda de Bolivia ante La Corte Internacional de Justicia de La Haya, sea acogida por esta Corte Internacional. Esta demanda responde a una centenaria pretensión de este país de obtener una salida al mar por territorio Chileno. Los sucesivos gobiernos de La Paz han insistido en su reivindicación marítima basando su argumentación, entre otros puntos, en desconocer la vigencia, validez y presunto incumplimiento del Tratado de Paz Amistad y Comercio de 1094, el cual en su momento estableció, de forma definitiva, los límites entre ambos países. Haciendo un giro en su histórica posición, Bolivia ha concurrido a La Haya invocado la existencia de una controversia con Chile por negarse sistemáticamente a ofrecer una salida soberana al mar, y que a través de acuerdos, la práctica diplomática y una serie de declaraciones atribuibles a los representantes del más alto nivel de Chile, Presidentes y Cancilleres, se habría comprometido a otorgar esa salida con soberanía al Mar Pacífico.

Autorizada por el autor, pero con restricción para ser publicada a texto completo hasta el año 2014.
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
Ésta memoria, básicamente e intentando ser lo más didáctica y clara posible, da conocer un conflicto que se ubica en nuestra frontera noreste, siendo uno de los tantos dilemas que tenemos con el gobierno boliviano. A grandes rasgos, el problema en sí consiste en el aprovechamiento aguas abajo, de un Río Internacional, hecho lícito, según la postura chilena y la postura boliviana, que califica de ilícito, el aprovechamiento por Chile de unos manantiales ubicados en la provincia de Sud Lípez que escurren hacia Chile. ¿Cómo se llega a este conflicto? El desarrollo de las posturas de ambos países, la legislación aplicable según cada posición, el conflicto en la actualidad y la presencia de la prensa como creadora y preservadora del problema, son algunos de los ámbitos que se desarrollaran al correr de éstas páginas.

Como resultado de la Guerra del Pacífico, Chile anexó a su territorio el territorio boliviano que le daba salida al mar. En consecuencia, la relación entre ambos países se caracterizó por los intentos constantes – y fallidos – de Bolivia de recuperar su acceso al Océano Pacífico. Pero la demanda de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (planteada en el año 2013) no prosperó, y fue declarada improcedente en el año 2018. Perú no fue parte de este proceso, pero como peruana, me interesó muchísimo. Bolivia sustentó su demanda – obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico – haciendo referencia a distintos instrumentos internacionales que no generaron, según la Corte Internacional de Justicia, dicha obligación (intercambios de notas y cartas, memorándums, agendas de negociación, minutos de reuniones, etc.) y en figuras que no se consolidaron (estoppel, aquiescencia, expectativas legítimas). Este informe tiene como objetivo analizar, en primer lugar, la objeción preliminar planteada por Chile respecto a la competencia de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia, y en segundo lugar, el procedimiento de la demanda de Bolivia, el contexto histórico, qué configura una negociación, y los conceptos y características para que los actos bilaterales y unilaterales efectivamente sean considerados vinculantes y capaces de generar una obligación como la obligación de negociar alegada por Bolivia. Asimismo, hago un breve análisis de las figuras jurídicas internacionales que, según Bolivia, se configuraron. Finalmente, concluyo en que la Corte Internacional de Justicia resolvió de manera correcta, pues de lo contrario se hubiera solidificado un precedente muy peligroso para las relaciones internacionales.

Memoria para optar al título de Diseñadora Gráfica
Investigación-creación que busca conocer y discutir acerca de los modos de configuración de los límites visuales de Los Andes del Sur. A lo largo de tres fases, este documento despliega la discusión conceptual y desarrollo creativo que pretenden aportar en el debate respecto a las representaciones territoriales desde el diseño gráfico. En este camino, se presenta una breve discusión bibliográfica respecto a los alcances retóricos del mapa como dispositivo visual. Luego se da cuenta de la indagación de documentos realizada en instituciones en Santiago de Chile, La Paz y Sucre en Bolivia, que conforman la colección de imágenes que a modo de ensayo visual, toma forma de prototipo de exposición y montaje museográfico. Por último, se presentan conclusiones desde la experiencia personal como autora del proyecto, y desde las opiniones rescatadas del conservatorio que se realizó posterior a la exposición.

En este trabajo se examina la obligación de negociar a propósito del caso presentado por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia relativo a la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico. Para ello, se hará énfasis en la estrategia procesal empleada por Bolivia, señalando algunos puntos fuertes y debilidades de la teoría del caso planteada por el Estado boliviano. Luego de ello, se estudiará la obligación de negociar y el desarrollo de esta en la jurisprudencia internacional. Posteriormente, se hace énfasis en la disquisición teórica entre las obligaciones de comportamiento y obligaciones de resultado con la finalidad de identificar en cual de estos dos tipos se encontraría la obligación de negociar. Este trabajo concluye sosteniendo que la obligación de negociar puede ser calificada como una obligación de comportamiento o una obligación de resultado dependiendo del contenido que esta tenga.
Trabajo académico