Academic literature on the topic 'Chile. Código Penal. Artículo 132'

En el Ecuador y la Constitución de la República, la Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano de administración de justicia ordinaria, será su presidente quien represente a la Función Judicial del país; la función general de la Corte Nacional de Justicia consiste en garantizar la seguridad jurídica y la tutela segura de la persona procesada; con base en este contexto se ha planteado como objetivo de la investigación, determinar la inconstitucionalidad de la agravante establecida en el artículo 47 numeral 20 del Código Orgánico Integral Penal, por vulnerar el principio procesal de “presunción de inocencia”, garantizado en el mismo cuerpo legal, en el artículo 5 numeral 4 y principalmente el artículo 76 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador, para esto se recurrió a la investigación bibliográfica de publicaciones cientificas publicadas en revistas indexadas, al igual que las revisiones narrativas y jurisprudenciales; como resultado de la investigación se pudo evidenciar la inconstitucionalidad del artículo 47 numeral 20 del Código Orgánico Integral Penal, mediante el cual es posible que el juzgador pueda agravar la pena cuando se trata de una persona que ha sido aprehendida en delito flagrante, por lo que se conoce a esta realidad como algo antijurídico, debido a que cuando un individuo es aprehendido eso no expresa que sea culpable, se debe seguir un proceso y mediante la sentencia ejecutoriada resolver la responsabilidad del delito imputado; se vulnera el proceso al emplear la aprehensión previa como agravante, violando derecho a la tutela judicial.

En el texto del nuevo Código Procesal Penal peruano existen normas con rezagos inquisitivos que vienen siendo aplicadas de forma literal, impidiendo la consolidación del Modelo Acusatorio en el Perú. Tales rezagos inquisitivos afectan la consolidación de la oralidad y el sistema de audiencias, el sistema adversativo del juicio oral, así como el diseño de una investigación eficiente basada en la coordinación entre la Policía y la Fiscalía. El problema se agrava porque en el Perú no se hizo una reforma integral del sistema jurídico (Constitución y Leyes Orgánicas) que garantice el cambio real de la justicia penal, tal como se hizo en Chile y Colombia. Ante el defecto del legislador, surge la opción de realizar una interpretación constitucional de dichas normas —conforme lo estipula el artículo X del T. P. del NCPP— para garantizar el éxito de la reforma procesal penal en el Perú.

El artículo describe como están reguladas las garantías básicas del juicio oral el en Código Procesal Penal chileno de 2000. Al mismo tiempo muestra como en ese Código se estableció la posibilidad de renunciar a esas garantías por parte del imputado mediante el procedimiento abreviado, aunque esta posibilidad se regulo de un modo muy limitado. Finalmente se describe como una ley reciente amplio sustantivamente el uso y los incentivos para el procedimiento abreviado en los delitos de criminalidad común dividiendo el sistema chileno en dos subsistemas, uno donde el juicio oral sigue siendo central y otro en el que tendera a volverse excepcional a favor de la negociación.

Este artículo de reflexión es el resultado de la revisión analítica, interpretativa y crítica de los documentos, leyes y jurisprudencia relacionada con el derecho al olvido de los pederastas, la pedofilia y la pederastia, cumpliendo con los objetivos principales de clarificar los conceptos objeto de discusión y formular posibles alternativas frente a las escasas limitaciones para la vinculación al mercado laboral de quienes han sido condenados por delitos sexuales contra menores de catorce años. Mediante la utilización del tipo de investigación dogmática, descriptiva y de análisis estático de precedente se logró concluir que la pedofilia, al ser una enfermedad incurable, debe ser tratada con el fin de evitar su materialización en la pederastia y, como medida preventiva de delitos, el Congreso de la República de Colombia ostenta la misión de reglar el manejo de las bases de datos de los condenados por estos delitos a través de una ley estatutaria. 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El presente artículo sintetiza la tesis de pregrado “Derecho Penal Informático: Deslegitimación del poder punitivo en la sociedad de control”, el cual estudió la problemática del poder de vigilancia del poder punitivo habilitado con los delitos informáticos, para ello nos planteamos como objetivos: explicar los limites u horizonte de proyección del Derecho Penal Informático, la interdisciplinariedad del Derecho Informático y el Derecho Penal, señalar las fuentes del Derecho Penal Informático, definir el Delito Informático, describir el tratamientode los Delitos Informáticos en el Derecho Penal peruano y comparado, explicar la aplicación espacial y temporal de los Delitos Informáticos, por último señalar las consideraciones de política criminal sobre los Delitos Informáticos; la mencionada tesis concluyó que el Derecho Penal Informático Humano, es el saber jurídico penal que mediante la interpretación de leyes penales sobre Delitos Informáticos, propone a los agentes jurídicos un sistema reductor del poder de vigilancia del poder punitivo en la sociedad de control, para impulsar el poder jurídico con el fin de preservar los espacios de libertad y privacidad de las personas, además se explica la interdisciplinariedad del Derecho Informático y el Derecho Penal, como correspondencia secante entre saberes jurídicos, sus fuentes de conocimiento y de información, también se sostiene varias definiciones de manera formal, material y analítica de los delitos informáticos que en el Perú, se encuentran en la Ley N° 30 096 “Ley de Delitos Informáticos” y diversas leyes de Estados Unidos, Alemania, Francia, España, Chile, Argentina,y Ecuador, también concluimos que los delitos informáticos requieren de los principios de aplicación temporal del Código Penal, finalmente señalamos algunos problemas con el poder punitivo partiendo desde la Criminología cautelar expuesto por el jurista Eugenio Raúl Zaffaroni y pautas a considerar para la prevención de los delitos informáticos y del poder de vigilancia.

El presente artículo aborda la producción de instrumentos jurídicos en Chile, como revelador de las tensiones entre las lógicas tecnocráticas1 y las demandas de participación ciudadana, que interpelan el modelo de gestión pública en el país. Con este fin, toma la experiencia del Anteproyecto de Código Penal presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile a fines de 2018, planteando la pre-gunta por el componente participativo en su elaboración. Si bien la perspectiva es fundamentalmente nacional, revisamos algunas experiencias comparadas. No discutiremos en detalle cuestiones dogmáti-cas que se ven reflejadas en las propuestas normativas. Partimos del supuesto que el método condiciona el resultado y que por ello es un factor determinante2. Nos preguntamos por la pertinencia de ampliar la participación ciudadana en la elaboración de propuestas normativas en materia penal y qué ventajas y/ o dificultades se encuentran aquí presentes. Nuestra hipótesis es que mientras más participativo sea el proceso de construcción de un proyecto de Código Penal, mayor va a ser su potencial impacto social. Indagamos si existen experiencias previas de participación ciudadana en la elaboración de propuestas de política criminal, como también si el nivel de “punitividad” de la población constituye un argumento aplicable en contra de una mayor participación ciudadana. Concluimos que varios de los anteproyectos de Código Penal presentados en los últimos años, encarnan una concepción tecnocrática de la gestión pública, contribuyendo a una despolitización de los conflictos sociales3. Como consecuencia, los ciuda-danos se alejan de la política y las instituciones del Estado pierden legitimidad y prestigio.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
La presente memoria busca realizar un análisis crítico respecto a la aplicación de la agravante del porte de armas en el delito de hurto. Para ello, primeramente, se efectúa un breve análisis del delito de hurto, y en general de los delitos de apropiación por medios materiales. A continuación, se realiza un estudio de la agravante contenida en el artículo 450 del Código Penal, revisando su historia, justificaciones de política criminal y la distinción entre el uso y el porte de armas, y su relación con el concepto de armas contenida en el artículo 132 del Código Penal. Luego, se revisa en profundidad la aplicación de la agravante del porte de armas en el hurto con anterioridad a la Ley 20.813. Y por último, se analiza la nueva normativa y el nuevo escenario que conlleva la derogación de esta agravante. Finalmente, se entregan conclusiones respecto de todo lo escrito en la tesis, espacio que se aprovecha para formular opiniones personales y justificar la postura de la autora del trabajo en una u otra hipótesis jurisprudencial.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
A través de este trabajo estudiaremos la historia de la institución de la flagrancia, así como su tratamiento en el derecho comparado. Seguiremos con el análisis de su contenido en nuestro ordenamiento positivo, y posteriormente a través de su práctica, ahondaremos en el concepto que estriba en nuestros tribunales nacionales comparándolo, en lo concerniente a su definición, al CIDH y al caso español. Terminaremos planteando algunas consideraciones que nos merece su contenido, y principalmente su modificación legal. Finalmente, a través de un estudio de campo, consignaremos los resultados de una entrevista realizada a un grupo de jueces de garantía de 7 Santiago. Su fin es exponer, a través de quienes trabajan a diario el concepto de flagrancia, los alcances prácticos de esta institución procesal y su incidencia luego de la reforma del año 2008

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
La pregunta por la estructura y naturaleza del derecho penal (y las normas que lo componen) es un campo dogmático prolífico, en el cual han surgido una serie de teorías, las que buscan explicar racional y satisfactoriamente su necesidad, operatividad, contenidos y efectos. Es en este contexto que la Teoría del Reconocimiento constituye un interesante elemento en el cuál apoyarse y así intentar dar una explicación coherente a los diversos fenómenos producidos por las normas que determinan la imposición de determinadas consecuencias a los individuos por la realización de actos previamente descritos. En consecuencia, este trabajo se valdrá de la explicación que la teoría del reconocimiento puede ofrecer sobre la naturaleza y operatividad de las normas penales. Una vez establecido este marco, buscaré determinar las exigencias que esta teoría impone en lo referente al trato que deben recibir las personas al momento de la creación de las normas penales y sus consecuencias, consideraciones que por lo demás se encuentran vinculadas profundamente a la justicia. Por consiguiente, el análisis teórico estará orientado a la búsqueda de estándares normativos impuestos por el reconocimiento, de cuya satisfacción depende la racionalidad o irracionalidad de la normas jurídico-penales. Para ello, se contrastará un específico delito contemplado en nuestra legislación -el artículo 365, que tipifica el llamado “delito de sodomía”- con los presupuestos teóricos previamente establecidos. Estas exigencias, así como su posterior análisis, serán el elemento decisivo a la hora de argüir en contra de una norma penal existente. Por el contrario, las razones para la criminalización de determinadas conductas que hoy no se encuentran dentro del espectro de lo penal me parece – a priori- más compleja, pero no por eso dejaré de analizar la posibilidad.

Memoria (para optar al grado de magíster en derecho mención en derecho penal)
El contrato simulado como modalidad de comisión de delitos y no como delito independiente -- El delito del Artículo 466 del Código Penal. Otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de los acreedores como modalidad comisiva de insolvencia punible -- El delito del Artículo 471 No. 2. Otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de otro como modalidad comisiva de defraudación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
El presente trabajo propone una interpretación del artículo 494 bis del Código Penal a través del análisis de la tentativa (en sentido amplio) del delito de hurto, en particular, el hurto frustrado. Para esto, la primera parte se centra en el estudio del concepto de tentativa y la distinción que se ha planteado entre “tentativa idónea” y “tentativa inidónea”. El rechazo a esta distinción, permite examinar en qué consistiría un hurto frustrado, examen que se lleva a cabo en la segunda parte del trabajo, a través del estudio de la descripción contenida en el tipo de hurto y la pregunta de si se corresponde con un delito de actividad o de resultado. La respuesta a esta pregunta requerirá un análisis enfocado en cómo se ha entendido la distinción, lo que llevará a una crítica de la comprensión de la categoría de delitos de resultado como referida exclusivamente a delitos de resultado causalmente complejo. La defensa de que el hurto se corresponde con un tipo de delito de resultado constitutivamente complejo permitirá aclarar qué casos corresponden a un hurto frustrado

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
El proyecto de análisis de jurisprudencia, del Departamento de Ciencias Penales, nace a partir de la necesidad de dar una debida actualización y complementación al Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Penal y sus Leyes Complementarias, en tanto éste constituye una importante herramienta para la interpretación y aplicación de las leyes, siendo de gran utilidad para el ejercicio de la profesión legal y el análisis crítico de las normas. Así, lo que se busca con la revisión de jurisprudencia es una correcta actualización de las discusiones legales que se dan en nuestros tribunales de justicia con el fin de contribuir al debate legal y enriquecer las controversias que ocurren en sede judicial. Con ello, se tiene una visión amplia del devenir jurídico en el siglo XXI, considerando aquellas controversias de importancia en cuanto a la trascendencia de la sanción, el efecto de las modificaciones legales sufridas por un gran número de artículos del Código Penal, así como la aplicación práctica de una serie de normas

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
La presente tesis dilucida el alcance del término «efectos» del artículo 31 CP con el fin de probar que se encuentran contenidos dentro de estos las ganancias o provechos del delito. Lo precedente, a su vez, con el objeto de extender el ámbito de aplicación de la pena de comiso, tradicionalmente muy restringido por la doctrina y la práctica jurisprudencial chilena. En el primer capítulo se realiza un estudio de los antecedentes históricos de las penas de confiscación y comiso. Luego, en la segunda sección del mismo, se analizan las diversas reglas constitucionales relativas a la pena de confiscación. En el segundo capítulo se examina la regulación del comiso en el derecho penal español y alemán, poniendo especial énfasis en las reformas acaecidas que explicitaron la regulación del comiso de ganancias, así como también, en su naturaleza jurídica y presupuestos sistemáticos. En el tercer capítulo se realiza un inventario [descriptivo] de las cuestiones identificadas por la doctrina y jurisprudencia chilena respecto a la regulación general del comiso, siendo su eje el alcance de los términos «efectos» e «instrumentos», así como también los presupuestos para su aplicación. En el cuarto capítulo, finalmente, se demuestra el real alcance de la regla en cuestión, descansando dicha interpretación [amplia] en la jurisprudencia de la Corte Suprema, en la doctrina y jurisprudencia de legislaciones comparadas constitutivas del antecedente del cual la regulación chilena es réplica, así como, en la sistemática de la regulación penal

Memoria de Prueba para optar al Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales
La presente memoria tiene por objeto profundizar el estudio del delito contemplado en el artículo 291 del Código Penal, el cual ha cobrado vital importancia por la creciente conciencia de repulsa al daño ambiental y hoy carente de un prolífero análisis dogmático. En específico, ahondar en el origen de la norma, la necesidad de legislar acerca de la propagación de contaminantes, y el desarrollo que el proyecto de ley tuvo en su tramitación; analizar los elementos de la tipicidad que contempla el delito, a saber, su bien jurídico protegido, sujetos activo y pasivo, la conducta, objeto material de la conducta, elementos normativos del tipo y la causalidad; analizar las distintas formas de aparición del delito, en tanto a su autoría y participación, iter críminis, concurso de delitos, culpabilidad, causales de justificación y de exculpación, penalidad y extinción de la responsabilidad penal; finalmente analizar la aplicación del delito y establecer los problemas que se presentan para la misma, basándonos en estadísticas y jurisprudencia. La metodología utilizada será la propia de las ciencias jurídicas, a saber, el método dogmático.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho con mención en derecho penal)
La presente investigación se centra en la etapa de la ejecución de la sentencia condenatoria penal, con el objeto de determinar si es posible sostener actualmente que se mantiene el carácter jurisdiccional de ese estadio procesal, o si, por el contrario, con la irrupción de los nuevos órganos de gestión esa fase es eminentemente administrativa. Una primera parte del trabajo abarcará los conceptos generales sobre la ejecución de la sentencia; sus características, principios, tratamiento legislativo, así como la proyección de posibles vías de solución que se sugieren en el futuro para intervenir esta etapa procesal. La segunda parte de la investigación, la más extensa, aludirá a los distintos aspectos que comprende la ejecución penal, mencionados en el artículo 468 del Código del ramo. La tercera parte del trabajo enfrentará los postulados de los dos capítulos anteriores con la aplicación práctica que algunos Juzgados de Garantía de Santiago y otro de Región han experimentado desde su aparición en la Reforma Procesal Penal. Un último capítulo condensa las conclusiones del autor, resolviendo la pregunta inicial que motivó la presente investigación. Palabras claves: Ejecución de sentencias condenatorias penales, cumplimiento de sentencias penales, sentencias condenatorias penales, pena efectiva, jurisdicción, administración

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
El presente trabajo pretende analizar al estado de necesidad introducido en nuestra legislación en diciembre del 2010 con la modificación al artículo 10 N° 11 realizada por la ley 20.480. En primer lugar, se resume el estado de la doctrina chilena al respecto y de la discusión sobre la naturaleza de la eximente: si es meramente exculpante, o también justificante. Para ello se utiliza la conceptualización de las eximentes de justificación y exculpación como instancias de normas de comportamiento y reglas de imputación, respectivamente. Luego, tomando como punto de partida el caso de Karina Sepúlveda, absuelto por el Tribunal de Juicio Oral de Puente Alto en base a un estado de necesidad exculpante, se expone sobre la doctrina de la culpabilidad, y las distintas formas e interpretaciones que ha tenido desde inicios del siglo XX en adelante. Finalmente, se elabora sobre los requisitos legales para que opere un estado de necesidad exculpante, con una mención de las consecuencias que le asignan las distintas teorías