Academic literature on the topic 'Código procesal civil – Perú'
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Journal articles on the topic "Código procesal civil – Perú"
1
Velásquez Oyola, María Rosario. "Las medidas cautelares reales civiles en el Código Procesal Penal del Perú." Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 10, no. 12 (2020): 87–104. http://dx.doi.org/10.35292/ropj.v10i12.25.
Full textAbstract:
En el presente trabajo se reflexiona sobre las medidas cautelares reales civiles en el Código Procesal Penal del Perú, que se encuentran contempladas de manera dispersa dentro de nuestra codificación y carecen de una ordenación sistemática; sobre todo si se considera que las reglas para decretarlas se encuentran en el Acuerdo Plenario n.o 7-2011/CJ-116, adoptado por la Sala Plena de la Corte Suprema. En tal virtud, la investigación brinda una visión general de la regulación de las medidas cautelares reales en el Código Procesal Civil y en el Código Procesal Penal del Perú, a fin de concordar su articulación en ambos cuerpos normativos, así como en su aplicación.
2
Montero Aroca, Juan. "La legitimación en el código procesal civil del Perú." Ius et Praxis, no. 24 (1994): 11–27. http://dx.doi.org/10.26439/iusetpraxis1994.n024.3519.
Full text
3
Bermúdez Tapia, Manuel. "El error en la evaluación del perfil del adolescente infractor en el Perú." Novum Jus 14, no. 2 (2020): 25–41. http://dx.doi.org/10.14718/10.14718/novumjus.2020.14.2.2.
Full textAbstract:
Con la promulgación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes (CRPA), Decreto Legislativo Nº 1348 (06/01/2017) y su reglamento, se planteaba atender el problema social que provocaba la participación de adolescentes en casos de connotación social y penal de extrema violencia en el Perú, especialmente cuando se registraban niños y adolecentes en actos de sicariato.
 Sin embargo, los resultados no han sido positivos especialmente porque se han registrado defectos en la legislación, en el ámbito de la evaluación de la práctica judicial especializada y en la evaluación de la política criminológica y penal ejecutada, sobre la incidencia de los dos primeros puntos.
 Consecuentemente el CRPA registra defectos tanto en lo sustantivo como en lo procesal que limitan su propia legitimidad y cuestiona su vigencia, debido principalmente al hecho de que se ha ejecutado una equivalencia de condiciones criminológicas registradas en delitos cometidos por adultos.
 La evaluación normativa, la casuística generada y el débil impacto referencial del CRPA en la estadística criminológica permiten detallar el registro de un defecto esencial: la evaluación del perfil de un adolescente involucrado en una situación criminológica no ha sido diseñada correctamente y por ello el trámite judicial en lo procesal y en lo pericial provoca una interpretación de los hechos y genera un procedimiento que podría resultar inconstitucional porque al adolescente infractor se le está asignando una condición equivalente a la de un adulto, porque la reforma del Código Civil peruano, con el Decreto Legislativo Nº 1377 no puede aplicarse al contexto penal[1].
 [1] Varsi Rospigliosi, Enrique. “La presunción pater is est ahora puede destruirse con la mera declaración de la madre“, Gaceta Civil & Procesal Civil, Nº 63, Setiembre 2018.
4
Sánchez Novoa, Pedro Alirio. "La Carga de la Prueba en el Estado Social de Derecho." Academia & Derecho, no. 6 (June 1, 2013): 75–86. http://dx.doi.org/10.18041/2215-8944/academia.6.2462.
Full textAbstract:
En este artículo se analiza el sistema procesal civil de Colombia, a la luz de las dos vertientes procesales (Inquisitivo y Adversaria!), para establecer si con la implementación del Código General del Proceso, al adoptar un sistema más Adversaria! que permita una justicia pronta y efectiva por la oralidad y que influencia tiene el estado social de derecho con la aplicación de dicho sistema procesal, en lo que respecta al decreto de pruebas de oficio, toda vez que por ser un deber-poder, el juez muchas veces comprometer su imparcialidad para satisfacer el derecho sustancial, pero a que costo, trasgrediendo el principio procesal y constitucional de la igualdad de las partes.
5
Franco Apaza, Pedro David. "Incidencia del artículo 2022 (oponibilidad de derechos reales sobre inmuebles) del código civil en el conflicto entre el derecho de propiedad de buena fe no inscrito y el embargo en forma de inscripción en los procesos judiciales de tercería de propiedad." REVISTA VERITAS ET SCIENTIA - UPT 5, no. 1 (2020): 26–40. http://dx.doi.org/10.47796/ves.v5i1.212.
Full textAbstract:
Objetivo: El presente trabajo de investigación se realizó con el propósito de determinar la incidencia del artículo 2022 (Oponibilidad de Derechos Reales sobre inmuebles) del Código Civil en el derecho de propiedad de buena fe no inscrito y el embargo en forma de inscripción en los Procesos Judiciales de Tercería de Propiedad en el Perú, 1996-200.
 Método: La investigación corresponde al tipo aplicada, con un diseño no experimental (ex post facto) descriptivo explicativo. La información se obtuvo con la aplicación del Cuestionario, la Cédula de Entrevista y el Análisis documental; utilizándose escalas de tipo nominal y cuantitativa. La población de estudio está representada por los abogados, magistrados y Sentencias Casatorias emitidas por la Corte Suprema.
 Resultados: En el Perú el artículo 2022 (Oponibilidad de Derechos Reales sobre inmuebles) del Código Civil incide en el conflicto entre el derecho de propiedad de buena fe no inscrito y el embargo en forma de inscripción en los procesos judiciales de tercería de propiedad en el Perú, 1996-200. Los resultados más importantes son: a)El artículo 2022 del Código Civil del Perú genera controversia en los criterios de valoración que aplican los jueces supremos al momento de decidir sobre la tercería de propiedad interpuesta en contra de los embargos en forma de inscripción; b)El artículo 2022 del Código Civil no garantiza la seguridad jurídica en los procesos judiciales de tercería de propiedad en el Perú; c) Existen deficiencias en la normatividad prescrita en el artículo 2022 (Oponibilidad de Derechos Reales Sobre Inmuebles) del Código Civil del Perú; y, d) En Los procesos judiciales de tercería de propiedad en el Perú, debe primar el embargo en forma de inscripción.
 Conclusión: El artículo 2022 del Código Civil del Perú genera controversia en los criterios de valoración que aplican los jueces supremos al momento de decidir sobre la tercería de propiedad interpuesta en contra de los embargos en forma de inscripción, 1996-2012
6
Rodas Quintana, Carlos Andree. "LOS EFECTOS JURIDICOS EN LAS FAMILIAS PARALELAS. PROPUESTA LEGISLATIVA EN EL CÓDIGO DE FAMILIA DEL PERÚ." REVISTA CIENTIFICA EPISTEMIA 2, no. 1 (2018): 1–5. http://dx.doi.org/10.26495/re.v2i1.802.
Full textAbstract:
El artículo es producto de los resultados de una tesis de maestría en derecho civil y procesal civil. Se planteó como problema de investigación, la relación entre los efectos jurídicos de las familias paralelas y los principios de afectividad y pluralismo familiar. Objetivo general, elaborar una Propuesta de Proyecto de Ley para la inclusión de las familias paralelas en el código de familia del Perú. Se realizó utilizando el diseño no experimental descriptivo, utilizando como muestra las sentencias emitieron el tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos procurando la recopilación de información del análisis de los efectos jurídicos en las familias paralelas. El análisis de la información recopilada, hace notar que el reconocimiento de las familias estables paralelas brindaría igual protección y reconocimiento familiar, y al darse un tratamiento legal, se dará también seguridad en el orden patrimonial y sucesorio. Uno de los efectos que se aprecian es sobre el Derecho patrimonial, básicamente derechos reales y obligaciones, a través del pago de una indemnización en calidad de servicios domésticos o el pago de una pensión fijando como referencia el sueldo mínimo vital por el tiempo que duro el relacionamiento. Palabras clave: Familia, matrimonio, unión paralela, unión de hecho
7
Matos Quesada, Julio César. "Realidad Socio-Jurídica de la víctima del delito en el Perú." Revista Cathedra, no. 15 (May 30, 2021): 53–75. http://dx.doi.org/10.37594/cathedra.n15.471.
Full textAbstract:
Aquella persona que ha sido victimizada por un evento, hecho o conducta delictiva, sin haberlo deseado, ingresa al ámbito procesal penal, a efectos de solicitar tutela y protección por parte del Estado, el mismo que, es ejercido en alguna medida por el representante del Ministerio Público. Por tanto, el Fiscales penales provinciales, iniciarán una serie de investigaciones para dar con el paradero del responsable, acumularán el mayor número de elementos de convicción, y solicitará su respectivo requerimiento acusatorio, una vez haya identificado y ubicado al autor o autores. Hasta aquí, no pasa de la teoría, la suposición que la víctima es protegida por el Estado de manera integral; sin embargo, en los países sudamericanos, y sobre todo en el Perú, el ron de la víctima no ha tenido el protagonismo que la doctrina ya viene asignándoles, desde los primeros trabajos de Hans von Hentig y de Benjamin Mendelshon, en la década de cuarenta del siglo XX. Ante ello, el presente trabajo trata de vislumbrar la escasa labor del Estado a través de sus instituciones “tutelares”, en cuanto a la protección y tutela de los derechos del agraviado de un delito, ya que nuestra normatividad es deficiente, y si bien, el nuevo código procesal penal del año 2004, y habiendo entrado en vigencia el año 2006, tiene buenas intenciones al tener varios artículos específicos sobre el tratamiento jurídico de la víctima, habiéndose asignado varias denominaciones: agraviado, perjudicado, querellante particular, y actor civil. Ante ello, también se ha acudido a las normas internacionales sobre protección de los derechos de las víctimas, las mismas que solo son mencionadas por algunas normas internas, pero de nada sirven si su aplicación es nula, y son invocadas por autoridades del sistema jurídico penal.
8
Bustamante Zegarra, Ramiro Antonio, and Diego Fernando Angel Angulo Osorio. "La oralidad en el proceso civil." Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 11, no. 13 (2020): 19–40. http://dx.doi.org/10.35292/ropj.v11i13.38.
Full textAbstract:
Los procesos tradicionalmente escritos, implantados desde la época de la República, con una notoria influencia española y francesa, vienen siendo transformados en los últimos años por procesos orales con audiencias, que permiten hacer efectivos los principios de inmediación y de dirección del proceso a cargo del propio juez. Pero ello implica, además, una serie de cambios en la organización del despacho judicial, el rol de los servidores jurisdiccionales y administrativos, y la actuación de los abogados y litigantes.En nuestro país, la aplicación de la oralidad en el proceso civil resulta inédita porque han sido los propios jueces civiles quienes la han gestado, sin esperar la intervención de los Poderes Ejecutivo y Legislativo para modificar nuestro Código Procesal Civil vigente de 1993. La única finalidad de esta acción es mejorar el sistema de administración de justicia y lograr terminar con las controversias civiles dentro de plazos razonables.
9
Hernández Breña, Wilson. "Gerencialismo en un ambiente de regulaciones débiles y cultura fuerte: El caso de las Fiscalías Corporativas en Perú." Derecho y Ciencias Sociales, no. 17 (November 3, 2017): 145. http://dx.doi.org/10.24215/18522971e013.
Full textAbstract:
En el Perú, la corporativización llegó en el 2011a las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios (en adelante, FC Corporativas Corporativas), luego de un supuesto éxito en la jurisdicción civil. Priorizando la eficiencia por encima de la calidad, esta medida gerencialista planteó compartir tareas administrativas y jurídicas entre los distintos fiscales, bajo el liderazgo de un fiscal coordinador. En los hechos, la corporativización estuvo lejos de alcanzar la eficiencia. En este artículo, analizamos cómo la generalidad de las reglas establecidas para el funcionamiento de las FC Corporativas y los rasgos de una cultura fiscal que desvaloriza lo corporativo en forma insidiosa, crearon incentivos que generaron la aparición de cuatro estilos de gestión directamente influenciados por dos características delos fiscales coordinadores (comunicación y proactividad). Asumiendo que la cultura fiscal crea nuevos incentivos, especialmente en escenarios de transición (hacia la corporativización y hacia la adopción de un nuevo Código Procesal Penal), no exaltamos la cultura ni damos única cabida a una mejor regulación como eje de solución. Sostenemos que la comprensión de la interacción entre regulaciones y cultura fiscal brinda un mejor espacio de trabajo para políticas públicas que busquen la eficiencia pero también la calidad del trabajo de los fiscales.
10
Alvear Lara, Gema Del Soccoro. "La necesidad de una reforma al derecho concursal de Nicaragua." Revista de Derecho, no. 13 (April 14, 2013): 187–223. http://dx.doi.org/10.5377/derecho.v0i13.1015.
Full textAbstract:
El presente trabajo desarrolla el tema referido a la necesidad de una reforma al Derecho Concursal en nuestro país; lo cual para llegar a dicha conclusión fue necesario abordar el concepto, naturaleza, fuentes y función del Derecho Concursal. De igual forma, se estudiaron las instituciones concursales como son el concurso de acreedores, la suspensión de pagos y la insolvencia, no sin referirnos a la quiebra en cuanto a sus presupuestos, clasificación, los órganos que intervienen en ésta, los efectos de la declaración tanto para el deudor y el acreedor y las formas de terminación del procedimiento de la quiebra como son la revocación del auto declarando la quiebra, el convenio con los acreedores y la realización de los bienes del deudor. El Derecho Concursal en nuestro país está regulado, principalmente, por el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y el Código del Comercio. En el foro se discute la naturaleza del Derecho Concursal de si es un derecho sustantivo o adjetivo; al respecto nuestra posición es que es de carácter procesal pero que utiliza algunas disposiciones de carácter sustantivo. Nuestra legislación diferencia, innecesariamente desde nuestro punto de vista, la quiebra para los comerciantes y la insolvencia para los no comerciantes y sin embargo, el procedimiento para la ejecución de éstas es el mismo. DOI: http://dx.doi.org/10.5377/derecho.v0i13.1015 Revista de Derecho No.13 2010 pp.187-223
Dissertations / Theses on the topic "Código procesal civil – Perú"
1
Hidalgo, Solórzano Jorge Fernando. "La fijación de los puntos controvertidos. Su importancia en los procesos regulados por el código procesal civil." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/11930.
Full textAbstract:
La Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 138° que establece que “La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes.”
El Estado les quita a los particulares la capacidad de solución de sus conflictos, prohibiendo la autodefensa o la autotutela, reemplazándolo por un mecanismo de heterocomposición, donde aparece un tercero, el Estado a través de la jurisdicción estatal, el que con “… el correlativo derecho o poder de acción, representa la contrapartida a la prohibición de la autotutela privada”.
La solución de estos conflictos con relevancia jurídica, se realiza mediante el proceso, que constituye el instrumento que tienen los particulares para actuar el derecho objetivo, “para con ello dar una protección, efectiva a las situaciones jurídicas de los particulares, logrando con ello, tutelar sus intereses y satisfacer con ello sus intereses.”
La solución de las controversias tanto a nivel judicial como arbitral, requiere que sus operadores, los jueces y los árbitros determinen que es lo que está en discusión en el proceso, esto se realiza a través de la fijación de los puntos controvertidos.
Al establecer o determinar lo que está en discusión en el proceso y sus alcances, mediante la fijación de los puntos controvertidos, se podrá delimitar no sólo lo que será materia de pronunciamiento, sino que definirá el marco de la actuación de los medios probatorios, con lo que se contribuye a producir certeza en el juzgador lo que se manifestará en su decisión final, a través de una sentencia o la emisión de un laudo arbitral.
Con lo señalado anteriormente, se verifica la gran importancia que reviste esta institución o procedimiento, sin embargo a pesar de ello, se puede constatar que en la práctica judicial y arbitral dicha figura se ha limitado a una mera transcripción de las pretensiones señaladas por las partes en la demanda, en la contestación de la demanda y en la reconvención.
A partir de esta constatar lo que se produce en la práctica judicial y arbitral, buscaremos establecer o determinar que debe entenderse como fijación de los puntos controvertidos en el proceso.
Analizaremos las regulaciones que el Código Procesal Civil, ha establecido en referencia a los puntos controvertidos y su fijación y revisaremos sus alcances.
Y finalmente, analizaremos los alcances de la regulación o falta de regulación de la fijación de los puntos controvertidos en la norma que regula el arbitraje en el Perú y lo establecido en los reglamentos de los principales centros de arbitraje de nuestro país.<br>Trabajo académico
2
Ariano, Deho Eugenia. "Hacia un proceso civil flexible : crítica a las preclusiones rígidas del código procesal civil peruano de 1993." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2011. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/4673.
Full text
3
Solimano, Heresi Oscar Nazir. "La cancelación de la medida cautelar en el Código Procesal Civil." Doctoral thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012. https://hdl.handle.net/20.500.12672/638.
Full textAbstract:
El trabajo de investigación gira en torno a relevar lo que acontecía en el ámbito normativo con la anterior regulación del artículo 630 del Código Procesal Civil que establecía la cancelación de pleno derecho de la medida cautelar cuando se obtenía una sentencia absolutoria para el demandando en primera instancia, aún cuando esta resolución no fuese firme, es decir, existiendo un proceso judicial en trámite.
Cuando iniciamos nuestra investigación estábamos cuestionando la que a mi juicio constituía una inadecuada regulación del artículo 630 del Código Procesal Civil, que no se encontraba acorde con la finalidad que debía tener una medida cautelar dentro de un proceso judicial en trámite, ya sea de cognición o de ejecución, dado que el contenido normativo estaba ocasionando graves perjuicios a la parte demandante cuando finalmente lograba obtener una sentencia estimatoria en las instancias superiores en forma definitiva, ésta resultaba inejecutable; violentándose el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva a que tiene derecho todo justiciable, dado que una sentencia firme no puede ser una declaración lírica sin eficacia, como consecuencia de las maniobras evasivas de la parte demandada para ponerse a buen recaudo jurídico ante la cancelación automática de la medida cautelar trabada oportunamente.
En este sentido, resultaba un contrasentido que la medida cautelar sea cancelada de pleno derecho cuando el demandante obtenía una sentencia desestimatoria en primera instancia; teniendo en cuenta que la finalidad primordial de toda medida cautelar es hacer posible o viabilizar la eficacia y el cumplimiento de la decisión definitiva que vaya a recaer en el proceso judicial de obtener un resultado favorable, lo cual nos advierte que la finalidad del proceso no es asegurar el resultado de la instancia judicial, sino del proceso hasta su conclusión.
Para poder realizar la investigación se realizó un estudio de la parte general de las medidas cautelares en el ordenamiento procesal civil y así, he podido apreciar algunos temas que podrían ser mejorados en la regulación actual del Código Procesal Civil, como es una más amplia regulación respecto de la determinación de los daños ocasionados por las medidas cautelares cuando el proceso ha concluido en sentido desfavorable para el demandante con resolución firme. Finalmente, creo que el objetivo central de este trabajo ha sido el reflexionar sobre uno de los temas importantes de la teoría cautelar en el ordenamiento procesal civil que es el relacionado con su vigencia, por lo que fruto de ello, he procurado definir las principales posiciones doctrinarias a nivel nacional y extranjero, así como realizando un estudio de la regulación nacional como extranjera en varios ordenamientos procesales civiles.<br>-- The research centers on relieving what was happening at the policy level with
the previous regulation of Article 630 of the Civil Procedure Code providing for
the full extinction of the injunction when it obtained an acquittal for the
defendant in the first instance even though this statement was not strong, ie,
existing legal proceedings pending.
When I started the research I was questioning which I believe was an
inadequate regulation of Article 630 of the Civil Procedure Code, which was not
consistent with the purpose that should have an injunction in a pending judicial
proceeding, either cognition or implementation, as the normative content was
causing serious harm to the plaintiff when he finally managed to obtain a
judgment by the higher authorities in final form, it was unenforceable; violated
the right to effective judicial protection they are entitled to all litigants, given that
a final judgment can not be a lyrical statement without efficacy, as a result of
evasive maneuvers of the defendant to be legal safely before the automatic
cancellation of the injunction promptly locked.
In this sense, it was a contradiction that the injunction be canceled and void
when the plaintiff obtained a judgment dismissing on the first level court, taking
into account that the primary purpose of an interim measure is to make possible
or feasible and effective enforcement final decision will rest with the legal
process of obtaining a favorable outcome, which warns us that the purpose of
the process is not to ensure the outcome of the courts, but the trial ended
In order to perform the research I studied the general part of the precautionary
measures in the Peruvian civil procedural system and thus, I have seen some
issues that could be improved in the current regulation of the Civil Procedure
Code, as is a more extensive regulation regarding determination of the
damages caused by the precautionary measures when the process is complete
unfavorably to the plaintiff with firm resolve.
Finally, I think that the main objective of this work was to reflect on one of the
most important issues of prudential theory of civil procedure that is related to
the duration of the injunction, so the result of this, I have tried to identify key
positions doctrinal nationally and abroad, as well as a studied the domestic and
the foreign regulations in several civil procedural rules.<br>Tesis
4
Alfaro, Pinillos Roberto Juan. "Eficacia de la tutela de los intereses difusos según el art. 82º del Código Procesal Civil Peruano." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2020. https://hdl.handle.net/20.500.12672/11600.
Full textAbstract:
Averigua si la causa principal y responsable directo por la poca efectividad y escaso ejercicio de la tutela de los intereses difusos es la deficiente instrumentalización de la regla prevista en el Art. 82º del Código Procesal Civil Peruano de 1993. Los intereses difusos tienen tradicionalmente un gran problema, porque pertenecen a todos en general, pero a nadie en particular. Es decir, no es posible atribuir a un sujeto específico ser titular exclusivo de derechos colectivos como el derecho a un medio ambiente saludable, derecho a la tutela del consumidor o al patrimonio cultural. En los intereses difusos no existen derechos subjetivos; por tanto, no existe un titular individualizado de la acción para protegerlos. Por ello, al lesionarse intereses difusos hay poco interés de las personas para interponer acciones colectivas (porque su interés directo moral y/o económico no ha sido lesionado), entonces ¿para qué voy litigar por otros o en nombre de la colectividad con el gasto en horas hombre, dinero y tiempo que ello implica? ¿Quién me reembolsa dichos gastos?. Se demostrará que el derecho procesal tradicional específicamente el Art. 82 del CPC es insuficiente/deficiente para proteger los intereses difusos. Se ha tratado de reunir los principales casos de afectación de intereses difusos en el Perú en los últimos veinticuatro años, en los 3 ámbitos protegidos por el Art. 82 del CPC para conocer la verdadera problemática en la realidad.<br>Tesis
5
Acuña, Gutiérrez Víctor Augusto. "El principio del contradictorio en el proceso cautelar. Un análisis crítico de la aplicación de la regla inaudita altera parte en el Código Procesal Civil Peruano." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/12232.
Full textAbstract:
Una sociedad que se desarrolla dentro de un Estado Constitucional y
Social de Derecho debe saber y entender que su actuar se rige en
armonía con los derechos, deberes y principios que emanan de la
Constitución Política del país. El proceso como mecanismo de solución de
controversias entre los individuos que forme este colectivo no es ajeno al
poder que irradia la Constitución, otorgándole al proceso una
característica democrática; es decir, un proceso donde las partes y el juez
se rijan sobre principios fundamentales como el de la tutela jurisdiccional
efectiva y el de igualdad entre las partes.
Así las cosas, la presente tesis desarrollará la importancia de analizar el
proceso dentro de un modelo cooperativo, donde el diálogo entre las
partes y el juez cumple un papel trascendental. Teniendo, el principio del
contradictorio, un rol imprescindible dentro de este estudio. A partir de
ello, realizaremos un análisis crítico de la aplicación de la regla inaudita
altera parte en las medidas cautelares reguladas en el Código Procesal
Civil. Concluyendo que, su actual regulación no va acorde, y no respeta,
los derechos fundamentales emanados de la Constitución, así como al
modelo de proceso mencionado.
Con la finalidad de salvaguardar el derecho fundamental al contradictorio
de las partes, se interpretará la legislación infraconstitucional cautelar
conforme a la Constitución y lo derechos fundamentales. Esta nueva
interpretación, buscará orientar a los jueces para que empiecen a aplicar
e interpretar las normas procesales conforme a la Constitución, dejando
de lado las lecturas aisladas de la norma, las cuales antes de buscar una
decisión justa, convalidan una transgresión a los derechos de las partes
dentro del proceso.<br>Tesis
6
Contreras, Rodríguez Mariella De Los Ángeles. "La necesaria aplicación del principio de preclusión en la fijación de los puntos controvertidos en el proceso civil peruano." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.12404/13864.
Full textAbstract:
El presente ensayo tiene como propósito cuestionar la ineficiente regulación del Código
Procesal Civil respecto a la fijación de los puntos controvertidos, la cual conlleva inclusive
a la vulneración de derechos fundamentales, tales como el derecho a una tutela jurisdiccional
efectiva. Ante ello, la práctica judicial se ha visto orillada, de manera reiterada, a incluir
puntos controvertidos a puertas de emitirse la sentencia, pese a que estos ya fueron fijados
por el juez y debidamente comunicados a las partes. No obstante, dicha “medida” ignora que
el juez también se encuentra sujeto al principio de preclusión, el cual le impide modificar el
contenido de las decisiones, tal como lo dispone el artículo 406 del Código Procesal Civil.
Además del derecho de las partes a una seguridad jurídica.<br>Trabajo académico
7
Vásquez, Anchaya Marco Alexander. "La admisión de la carga de la prueba dinámica en el proceso civil peruano bajo un estado constitucional." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/9456.
Full textAbstract:
Como primera idea, dejar en claro, que el Juez puede admitir la carga de la prueba dinámica en el proceso civil peruano, cuando advierta que a las partes del proceso se le está vulnerado un derecho fundamental y ,como consecuencia de ello, podría inaplicar el artículo 196 respecto a la institución de la carga de la prueba estática que regula el Código Procesal Civil, pudiendo adoptar otro tipo carga como la carga de la prueba dinámica al observarse indefensión, tal como lo establece el artículo 139 inciso 14 de la Constitución Política del Perú de 1993 “ El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso (…)”.
En ese sentido, para que pueda aplicarse otros tipos de instituciones que no están reguladas o reconocidas en un determinado sistema jurídico –como la carga de la prueba dinámica–, es importante establecer que a la fecha nos encontramos ante un Estado Constitucional que protege valores y principios constitucionales: la dignidad de la persona humana, el respeto de los derechos fundamentales, la división de poderes, la primacía de la Constitución sobre la ley, la independencia de los órganos jurisdiccionales, entre otros.
Al hablar sobre el Estado Constitucional, involucra a todo el ordenamiento jurídico –sin excepción–cuya finalidad suprema es la de velar por el respeto y la dignidad de los derechos fundamentales de la persona; con relación al estudio del derecho procesal, surge varios tipos de paradigmas (pensamientos adoptadas en una determina época y que paran en constante cambio) que se dieron a raíz de la historia como consecuencia del tipo de estudio en un determinado momento, por lo que, se puede advertir cuatro tipos o etapas de estudio: etapa de practica forense, etapa del procedimentalismo, etapa del procesalismo científico y la etapa de la constitucionalización del derecho procesal.
En ese orden de ideas, la primera etapa involucraba el estudio de técnicas de defensa que se realiza ante el Juez o Tribunal, esto es, se enseñaba como preparar la demanda, formular los alegatos, preparar los recursos, entre otros; en cuanto a la segunda etapa, estaba referido al estudio del derecho procesal al estudio de la ley y su método de estudio era el exegesis; la tercera etapa, por su parte, estaba diseñado ya no al estudio de la ley sino más bien estaba referido a los conceptos del derecho procesal como en un primer momento se dio el debate en Alemania sobre la definición del derecho de acción para luego desarrollarse en Italia y otros países; y por última etapa, estaba en función al nuevo estudio de dicha disciplina, esto es, incorporación de los valores y principios constitucionales.
En esta nueva forma de estudiar el derecho procesal, se puede citar algunos autores muy importantes que influenciaron dicho movimiento como Gustavo Zagrebrelsky donde a través de su libro “El Derecho Dúctil” hace una clasificación de los tipos de Estado que se ha dado en el historia como el Estado Divino, Estado Absoluto, Estado de Derecho y Estado Constitucional, donde refiere que como nuevo paradigma o revolución científica estamos actualmente bajo la directriz de valores y principios constitucionales y, otro autor es, Peter Haberle mediante la cual expresa en su libro “El Estado Constitucional” que si en la Constitución no se incorpora los valores y principios constitucionales no estamos hablando de un Estado Constitucional a pesar que haya Constitución.
Siendo ello así, bajo los valores y principios constitucionales el Juez al advertir que se está afectando derechos fundamentales y va en contra de dichas garantías, el operador de Justicia tendría que inaplicar, para el caso en concreto, la carga de la prueba estática y optar por admitir la carga de la prueba dinámica para resolver la controversia suscitada.<br>Trabajo académico
8
Palomino, Mendoza Rudy Dámariz. "La “representatividad adecuada” de la tutela de derechos colectivos en el Perú: una tarea pendiente de resolver." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.12404/13866.
Full textAbstract:
El presente trabajo aborda un análisis de la actual regulación de los procesos colectivos
en el Perú; haciendo énfasis en las instituciones que han sido habilitadas por el legislador
nacional para formar parte en el proceso; y, si la referida designación, es compatible con
las características y fines que construyen el concepto de “representatividad adecuada”.
De esta manera, el objetivo del presente trabajo académico se encuentra dirigido a
confirmar que la opción legislativa, por la cual se excluyó la participación del ciudadano
-no asociado-, tal y como ha sido regulado en el artículo 82 del Código Procesal Civil de
1993 y los artículos 843 y 848 del Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil
publicado por Resolución Ministerial N.° 0070-2018- JUS de fecha 5 de marzo del 2018,
i) no resulta del todo compatible con el concepto de "representatividad adecuada" y, ii) el
argumento presentado como justificación para el apartamiento del ciudadano, no ha
considerado la potencial afectación de la tutela de los derechos del grupo. Finalmente,
recurriendo al análisis de la experiencia extranjera y de la situación nacional,
concluiremos que la restricción a la participación ciudadana- no asociada- vigente, debió
ser ponderada por el legislador, optando, conforme a ello, por un elemento clave que se
encuentra presente en el desarrollo de cualquier proceso: la adecuada participación del
juez.<br>Trabajo académico
9
Salinas, Villaorduña Alex Sandro. "El recurso de apelación y su nulidad intrínseca : reflexiones a partir de la aplicación del artículo 382° del Código Procesal Civil." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/11789.
Full textAbstract:
El presente artículo pretende reflexionar, a través de la historia y doctrina, sobre algunos aspectos esenciales de la apelación como instituto procesal, el modelo procedendo y sobre los poderes del juez de apelación al momento de resolver un pedido anulatorio. Asimismo, se hará una especial referencia a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el caso Chumbes para, finalmente, analizar el contenido del artículo 382° del Código Procesal Civil, respecto de sus alcances y contenido del artículo 382° del Código Procesal Civil, respecto de sus alcances y límites, poniendo especial atención en su indebida aplicación.<br>Trabajo académico
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Sueiro, Varhen Víctor Rogelio. "El problema de la carga de la prueba del derecho extranjero en el ordenamiento jurídico peruano." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/9450.
Full textAbstract:
¿Cómo se incorpora al Proceso el Derecho extranjero declarado aplicable por
nuestras normas de conflicto? Dado el carácter bilateral de la norma de conflicto,
es posible que el Derecho aplicable al fondo de la controversia sea nacional o
extranjero. En ese sentido, a pesar de que el porcentaje de litigios en el Perú
donde existe una relación privada internacional está en aumento, uno de los
mayores retos que aún enfrenta nuestra legislación es sobre la incorporación del
Derecho extranjero al Proceso. Al respecto, tanto el Código Bustamante como la
Convención Interamericana sobre Normas Generales de Derecho Internacional
Privado de 1979, expresan la obligatoriedad de los Jueces y autoridades de los
Estados partes de aplicar el Derecho extranjero tal como lo harían con su Derecho
nacional. Sin embargo, fuera del ámbito de aplicación de estos instrumentos
internacionales, se encuentra la discordancia entre lo dispuesto por el Código Civil
y el Código Procesal Civil. Mientras que el primero dispone la aplicación del
Derecho extranjero de oficio, estableciendo que las partes “pueden” ofrecer
medios probatorios destinados acreditar la existencia y sentido de este, contrario
sensu, el Código Procesal Civil le otorga un tratamiento de hecho, imponiendo a la
parte que lo invoca el “deber” de probarlo.
En ese contexto, el presente trabajo de investigación analiza de manera crítica la
estructura procesal de la prueba del Derecho extranjero en el Perú, así como el rol
de los Jueces y las partes en su tratamiento.<br>Trabajo académico
Books on the topic "Código procesal civil – Perú"
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Paraguay. Código civil paraguayo y Código procesal civil. Ediciones Librería El Foro, 2000.
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Paraguay. Código civil paraguayo y Código procesal civil: Leyes modificatorias. Ediciones Librería El Foro, 2010.
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4
Peru. Código civil: Código procesal civil, Código de los niños y adolescentes. Jurista Editores, 2012.
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6
State), Coahuila (Mexico :. Código procesal civil de Coahuila. Anaya Editores, S.A, 2012.
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7
State), Guerrero (Mexico :. Código procesal civil de Guerrero. Anaya Editores, S.A., 2012.
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8
Salvador, El. Código procesal civil y mercantil. 3rd ed. Corte Suprema de Justicia, Sección de Publicaciones, 2013.
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9
Peña, Juan Antonio Toro. Código procesal civil: Brevemente comentado. OIM Editorial, 2011.
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10
Código Civil. Código Procesal Civil: Actualizado concordado con leyes complementarias. La Ley Paraguaya, 2011.
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Hernández Mahecha, Héctor. "El juramento estimatorio como medio probatorio." In Reflexiones jurídicas y sociojurídicas contemporáneas. Editorial Universidad Santiago de Cali, 2016. http://dx.doi.org/10.35985/9789588920214.2.
Full textAbstract:
Se tratará en este texto, que tiene carácter descriptivo, crítico y argumentativo, sobre el juramento, especialmente el deferido y el estimatorio, de conformidad con el Código General del Proceso, Ley 1564/2012. Sobre el juramento estimatorio en particular, se establecerá: el régimen legal; la exequibilidad de las disposiciones que lo regulan; los elementos que debe reunir como prueba; su naturaleza jurídica; los requisitos de existencia, validez y eficacia; el carácter condicional; y la objeción, valoración y sanciones a que ha lugar. Además, se harán algunas consideraciones sobre: el juramento estimatorio en los procesos ejecutivos y en los de rendición provocada de cuentas; el tránsito de la legislación procesal del Código de Procedimiento Civil [CPC] al Código General del Proceso [CGP], en lo relacionado con el juramento estimatorio; su incidencia en la condena en concreto; su compatibilidad con el régimen de la prestaciones mutuas establecido en el Código Civil para algunos procesos; y la posibilidad de que el juez pueda decretar pruebas de oficio.