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Journal articles on the topic 'Código Procesal Constitucional (2004)'

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Huerta Guerrero, Luis Alberto. "El derecho fundamental a la libertad física: reflexiones a partir de la Constitución, el Código Procesal Penal y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional." Derecho PUCP, no. 65 (October 1, 2010): 177–210. http://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.201002.008.

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Abstract:
El autor analiza lo dispuesto en la Constitución Política de 1993, así como en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional peruano, incluyendo algunos artículos del Código Procesal Penal de 1991 del 2004.
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Bazán Cerdán, J. Fernando. "El Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) del 2004, la jurisdicción comunal y las rondas campesinas." Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 4, no. 4 (December 1, 2008): 115–31. http://dx.doi.org/10.35292/ropj.v4i4.152.

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Abstract:
En el artículo se examina el proceso de implementación progresiva del Nuevo Código Procesal Penal aprobado en el año 2004 en el Perú, destacando el análisis del contenido y los alcances de su artículo 18.o, que establece límites a la jurisdicción penal ordinaria para el conocimiento de hechos punibles, a partir del reconocimiento constitucional de la denominada jurisdicción especial indígena o jurisdicción comunal establecida en el artículo 149.o de la Constitución Política del Perú de 1993, que en definitiva suscitan diversas cuestiones entre la jurisdicción comunal y el reconocimiento legal de la atribución para resolver conflictos por las rondas campesinas, así como la generación de potenciales factores de conflictividad competencial entre la jurisdicción penal ordinaria y la justicia comunal.
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Hidalgo Rueda, Francisco, and Irving Vargas Rodríguez. "El respeto de los principios laborales y el acceso a la justicia en los procesos de empleo público y seguridad social tramitados ante la jurisdicción contencioso administrativa." Revista Espiga 14, no. 30 (September 29, 2015): 65–74. http://dx.doi.org/10.22458/re.v14i30.932.

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Abstract:
En este artículo se exponen y analizan las implicaciones que ha tenido la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 3.a) del Código Procesal Contencioso Administrativo (Ley Nº 8508 del 28 de abril del 2006, vigente a partir del 1 de enero del 2008, Gaceta N° 120 del 22 de junio del 2006), así como del numeral 402.d) del Código de Trabajo (Ley Nº 2 del 27 de agosto de 1943), mediante los votos de la Sala Constitucional números 9928, de las 15:00 horas del 9 de junio, 11034 de las 14:51 horas, del 23 de junio y 17900, de las 15:00 horas del 27 de octubre, todos del 2010.
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Calderón Marenco, Olga Margine, and Rafael Chamorro Fletes. "Derecho constitucional, Derechos Humanos y Código Procesal Penal de Nicaragua. Una Interrelación necesaria." Revista de Derecho, no. 1 (July 19, 2012): 25–34. http://dx.doi.org/10.5377/derecho.v0i1.732.

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5

Guzman Arpasi, Rodrigo. "Entre el proceso inmediato y el derecho a la defensa eficaz: Garantías constitucionales y anotaciones previas sobre el plazo razonable." REVISTA DE DERECHO 6, no. 2 (August 5, 2021): 68–79. http://dx.doi.org/10.47712/rd.2021.v6i2.119.

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Abstract:
Este artículo desarrolla el proceso inmediato como referencia de simplificación y celeridad procesal, el mismo que ha sido elaborado bajo el aporte de numerosos autores en materia procesal penal. Siguiendo una óptica pragmática y doctrinaria; se ha tomado como matriz principal, el desarrollo teórico realizado por Alonso Peña Cabrera Freyre frente a las aclaraciones y reflexiones brindadas por César Nakazaki Servigón. Desde los antecedentes del proceso inmediato, su evolución en el ordenamiento peruano, su aplicación y resolución procesal, hasta su naturaleza jurídica, el derecho a la defensa eficaz y el plazo razonable. Finalmente, se ha desarrollado un conjunto de conclusiones que configuran el objetivo de este trabajo, el mismo que obedece a la revaloración de los presupuestos materiales y los supuestos legales de aplicación por parte del Ministerio Público en las nuevas reglas y garantías que recoge el Nuevo Código Procesal Penal del año 2004.
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Izurieta Alaña, Ligia Gabriela. "Las funciones del juzgador en relación con las pruebas en el Código Orgánico General del Ecuador." Revista Jurídica Piélagus 16, no. 1 (June 29, 2017): 11. http://dx.doi.org/10.25054/16576799.1448.

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Abstract:
La Constitución ecuatoriana de 2008 implicó una profunda transformación de la práctica procesal; como parte de esa transformación en 2015 fue puesto en vigencia el COGEP (Código Orgánico General de Procesos), resultado de un largo proceso político-jurídico de transición hacia la armonía entre la práctica jurídica y los enunciados constitucionales. En él se extendió el juicio por audiencias a todos los procesos que estaban dispersos hasta el momento en diferentes disposiciones jurídicas sobre materias específicas, concentrando legalmente todos los procesos, excepto el proceso constitucional, electoral y penal.En materia probatoria, objetivo principal de esta investigación, se abandona definitivamente el paradigma de la prueba tasada y se avanza hacia el modelo de convicción judicial, donde la valoración de la prueba obedece a criterios amplios de utilidad, coherencia y conducencia para la formulación de la presunción judicial conclusiva, que se manifestará primeramente en una resolución oral, y pocos días después en una sentencia motivada. En este sentido, la jueza o juez está más próximo y con la capacidad de ejercer una búsqueda excepcional de ésta por su cuenta, realizando un motivado énfasis sobre los roles dispositivos de las partes usando para ello la posibilidad de decretar pruebas de oficio para resolver como está previsto en el artículo 168 del COGEP.
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Malpartida Castillo, Víctor. "Tribunal Constitucional vs. Poder Judicial (a propósito de un proceso competencial)." Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 6, no. 6/7 (June 30, 2011): 129–62. http://dx.doi.org/10.35292/ropj.v6i6/7.199.

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Abstract:
Las fricciones entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional no son nada nuevo dentro del derecho comparado. Como recuerda García Belaúnde han existido por lo menos desde la década del sesenta en Italia, de donde nos viene el nombre de «Guerra de las Cortes», ya que el máximo órgano judicial en el mencionado país es la denominada Corte de Casación y el órgano de control constitucional concentrado se llama Corte Constitucional. Dicho fenómeno se repetiría en España y también en Colombia, en donde se conoce al incidente como «choque de trenes». En nuestro país, discutir si el Tribunal Constitucional es jerárquicamente superior respecto al Poder Judicial es hacer mención de los alcances del artículo 201.o de la Constitución vigente que define al primero como autónomo e independiente y como «el órgano de control de la Constitución». Pero, en estricta relación con lo señalado, este trabajo también hace un tratamiento del precedente vinculante, figura que a partir del Código Procesal Constitucional se introdujo en el artículo VII de su Título Preliminar y que el Tribunal Constitucional en su Sentencia N.o 0024-2003-AI/TC ha definido como «aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general; y, que por ende, deviene en parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga», y que por tanto, «el precedente constitucional tiene por su condición de tal, efectos similares a una ley. Es decir, la regla general externalizada como precedente a partir de un caso concreto se convierte en una regla preceptiva común que alcanza a todos los justiciables y que es oponible frente a los poderes públicos». Finalmente, se plantea una reflexión acerca de la cosa juzgada constitucional.
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Eguiguren Praeli, Francisco José. "El nuevo Código Procesal Constitucional peruano." Derecho PUCP, no. 57 (September 14, 2004): 161–83. http://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.200401.009.

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Velandia Canosa, Eduardo Andres. "Necesidad e importancia de la codificación procesal constitucional." Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo 10, no. 20 (July 15, 2018): 67–94. http://dx.doi.org/10.32997/2256-2796-vol.10-num.20-2018-2148.

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Abstract:
Reflexionar sobre la necesidad de expedir un código procesal constitucional no obedece a un capricho o necedad, sino más bien a la imperiosa necesidad de: (i) asegurar legislativamente la garantía jurisdiccional de la Constitución; (ii) unificar los contenidos del derecho procesal constitucional (se obtiene orden, claridad y coherencia en la legislación procesal constitucional); (iii) dar eficacia a la supremacía constitucional y a los derechos humanos; y, (iv) dotar a la justicia constitucional de seguridad jurídica.
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Vargas Lima, Alan E. "CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA: DOCTRINA, JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGISLACIÓN COMPARADA." Estudios constitucionales 13, no. 1 (2015): 431–44. http://dx.doi.org/10.4067/s0718-52002015000100014.

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Burgos Mariños, Víctor. "Apuntes para la interpretación constitucional del Código Procesal Penal." Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 6, no. 6/7 (June 30, 2011): 97–128. http://dx.doi.org/10.35292/ropj.v6i6/7.198.

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Abstract:
En el texto del nuevo Código Procesal Penal peruano existen normas con rezagos inquisitivos que vienen siendo aplicadas de forma literal, impidiendo la consolidación del Modelo Acusatorio en el Perú. Tales rezagos inquisitivos afectan la consolidación de la oralidad y el sistema de audiencias, el sistema adversativo del juicio oral, así como el diseño de una investigación eficiente basada en la coordinación entre la Policía y la Fiscalía. El problema se agrava porque en el Perú no se hizo una reforma integral del sistema jurídico (Constitución y Leyes Orgánicas) que garantice el cambio real de la justicia penal, tal como se hizo en Chile y Colombia. Ante el defecto del legislador, surge la opción de realizar una interpretación constitucional de dichas normas —conforme lo estipula el artículo X del T. P. del NCPP— para garantizar el éxito de la reforma procesal penal en el Perú.
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Rodríguez Hurtado, Mario Pablo. "La constitucionalización del derecho procesal y su repercusión en la reforma de la normatividad ritual (CPP) y el sistema de justicia penal." Derecho PUCP, no. 71 (November 21, 2013): 341–85. http://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.201302.013.

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Abstract:
Este artículo reflexiona sobre la estrecha relación entre el proceso penal y el derecho constitucional en el marco de un Estado democrático, así como sobre las garantías que debe brindar desde la óptica constitucional y en el actual contexto de globalización de los derechos humanos. A continuación nos aproxima a los principales principios y garantías del proceso penal, y a los modelos procesales históricamente configurados. Finalmente, el artículo nos presenta un interesante análisis de Código Procesal Penal, describiendo las garantías, principios y modelo procesal reconocido de nuestro país.
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Aguirre Chumbimuni, Javier. "Hábeas corpus contra resoluciones judiciales penales en el Código Procesal Constitucional." Derecho PUCP, no. 58 (October 25, 2005): 293–309. http://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.200501.010.

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Ramos Cáceres, Cesar Augusto. "La Prueba en el Nuevo Código Procesal Civil." La Revista de Derecho 31 (November 21, 2013): 39–65. http://dx.doi.org/10.5377/lrd.v31i0.1242.

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Abstract:
La Prueba de acuerdo al nuevo procedimiento civil en Honduras constituye un ítem de alto valor a la luz constitucional y ejercicio de las garantías civiles, que generara procesos transparentes, que eviten la congestión judicial con el evidente letargo judicial al cual estamos acostumbrados. Se pretende brindar al lector un análisis detallado, bajo los principios inspiradores de autores internacionales con expertis técnica en el área, exponiendo una a una las diferentes corrientes y sustentos doctrinales para las etapas del proceso civil en la cual destacan el principio de inmediación y la labor ardua que enfrentara el sistema judicial para reducir la mora y aumentar la eficiencia sin demeritar ninguna garantía constitu-cional del procesado y brindando en tiempo y forma una justicia pronta y segura.La exposición cronológica del contenido del código pretende dar luz doctrinal a un proceso judicial innovador que pasara su prueba de fuego en los primeros 5 a 7 años de vigencia del nuevo instrumento jurídico como lo es el Código Procesal Civil. DOI: http://dx.doi.org/10.5377/lrd.v31i0.1242 Revista de Derecho, Vol. 31, No. 1, año 2010; 39-65
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Prado Saldarriaga, Víctor Roberto. "Las consecuencias accesorias y el Código Procesal Penal de 2004." Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 3, no. 3 (May 23, 2008): 55–71. http://dx.doi.org/10.35292/ropj.v3i3.115.

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Abstract:
La dimensión delincuencial de las personas jurídicas demanda una reacción social eficaz y oportuna con los mismos grados de desvalor, punibilidad y sanción aplicados a las personas físicas, por lo que la inclusión en el Código Procesal Penal de 2004 de las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas en el proceso penal es de gran importancia. Teniendo en cuenta ello, se presenta en el texto una visión general de la doctrina sobre el tema, para luego detenerse a estudiar la normatividad peruana en lo referente al emplazamiento procesal de la persona jurídica, a su incorporación en el proceso, a los derechos y garantías procesales y a las medidas cautelares que se pueden aplicar a las personas jurídicas, entre otros temas.
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Sánchez Novoa, Pedro Alirio. "La Carga de la Prueba en el Estado Social de Derecho." Academia & Derecho, no. 6 (June 1, 2013): 75–86. http://dx.doi.org/10.18041/2215-8944/academia.6.2462.

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Abstract:
En este artículo se analiza el sistema procesal civil de Colombia, a la luz de las dos vertientes procesales (Inquisitivo y Adversaria!), para establecer si con la implementación del Código General del Proceso, al adoptar un sistema más Adversaria! que permita una justicia pronta y efectiva por la oralidad y que influencia tiene el estado social de derecho con la aplicación de dicho sistema procesal, en lo que respecta al decreto de pruebas de oficio, toda vez que por ser un deber-poder, el juez muchas veces comprometer su imparcialidad para satisfacer el derecho sustancial, pero a que costo, trasgrediendo el principio procesal y constitucional de la igualdad de las partes.
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Rio Labarthe, Gonzalo del. "La acción civil en el Nuevo Proceso Penal." Derecho PUCP, no. 65 (September 1, 2010): 221–33. http://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.201002.010.

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Abstract:
Este artículo pretende analizar algunas de las reglas del Nuevo Código Procesal Penal de 2004 (NCPP 2004, en adelante) vinculadas a la regulación del ejercicio de la acción civil en el proceso penal. Se intenta demostrar que el NCPP «ataca» una vieja confusión vinculada a la idea de que la acción civil en el proceso penal deriva del delito interpretación que conduce a un supuesto interés público o de la sociedad en el pago de la reparación civil o en la reparación del daño que distorsiona, seriamente, su tratamiento procesal
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Bazán Cerdán, J. Fernando. "Audiencia de tutela." Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 6, no. 6/7 (June 30, 2011): 69–77. http://dx.doi.org/10.35292/ropj.v6i6/7.195.

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Abstract:
Este trabajo realiza un análisis de los fundamentos jurídicos (naturaleza jurídica, aspectos generales y alcances) de la tutela de derechos, novísima institución del ámbito procesal penal, introducida por el artículo 71.o, numeral 4 del nuevo Código Procesal Penal del 2004. Finalmente, se concluye cuestionando la taxatividad de los derechos protegidos por la tutela, en función de una interpretación sistemática por ubicación de la disposición que la regula.
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Cutipa Ccaso, Lucio. "Vulneración de la garantía constitucional a la doble instancia por la condena del absuelto, durante la vigencia del código procesal penal en el distrito judicial de Tacna (2012-2013)." REVISTA VERITAS ET SCIENTIA - UPT 4, no. 1 (June 30, 2015): 18–29. http://dx.doi.org/10.47796/ves.v4i1.226.

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Abstract:
Objetivo: La presente investigación tiene como objetivo: precisar en qué grado se vulnera la Garantía Constitucional de pluralidad de instancia por la condena impuesta por un órgano superior del absuelto en primera instancia en el sistema jurídico nacional; y, precisar la consecuencia del atentado contra los derechos humanos y fundamentales del procesado contemplados en la norma constitucional y supranacional durante el periodo de vigencia del Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Tacna (2012-2013). Método: La presente investigación es de tipo documental y de campo, permite analizar y describir la vulneración de la garantía constitucional a la doble instancia por la condena del absuelto, durante la vigencia del código procesal penal en el distrito judicial de Tacna, y además precisar la carencia de un mecanismo de defensa del condenado en segunda instancia. La presente investigación se enmarca dentro de la Tesis Jurídico-Propositiva, aplicada y socio jurídico, y tiene por objeto cuestionar una ley o institución jurídica vigente, para luego de evaluar sus fallas, proponer cambios o reformas legislativas en concreto. Para la obtención de información se utilizó las técnicas de recolección de información, mediante el Registro de fichas bibliografías formales y electrónicas, el uso de herramientas internet, y la aplicación de software de procesamiento de textos, habiendo utilizado como instrumento la Ficha Bibliográfica, Ficha de webgrafia e Internet. Se utilizó además la Técnica de análisis de registro documental, a través del análisis teórico doctrinal de los diferentes textos y libros jurídicos, y artículos nacionales y extranjeros, así como de la jurisprudencia para lo cual se utilizó la Ficha Documental. Resultado: Los resultados de la investigación permitieron identificar que es muy alto el atentado al principio constitucional de doble instancia – doble revisión de condena– y la vulneración a principios constitucionales (derecho de defensas, debido proceso, etc.) y principios procesales penales (inmediación, concentración, derecho de defensa, etc). Así como la falta de mecanismos de defensa del condenado. Conclusiones: Es alto el nivel de vulneración de la garantía constitucional a la doble instancia, por la condena penal impuesta, por un órgano colegiado superior al absuelto en primera instancia, en aplicación de los artículos 419.2 y 425.3.b del Código Procesal Penal, durante los años 2012 y 2013, en el Distrito Judicial de Tacna.
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Ruvalcaba González, Juan Alberto. "Comentarios en torno a la iniciativa de reforma constitucional, para facultar al Congreso de la Unión a expedir la legislación única en materia procesal civil y familiar." Derecho Global. Estudios sobre Derecho y Justicia 2, no. 4 (October 30, 2016): 113–24. http://dx.doi.org/10.32870/dgedj.v0i4.5.

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Abstract:
La iniciativa de reforma constitucional presentada por el Presidente de la República el 28 de abril de 2016, para dotar al Congreso de la Unión de la facultad de expedir un código procesal nacional en materia civil y familiar, no justifica la razón por la que pretende que esta facultad de las legislaturas estatales sea confiada a la federación. Tampoco expone las características de la legislación procesal que habrá de expedirse si se aprueba esa reforma, y no hace referencia alguna a los principios de oralidad, contradicción, inmediación, publicidad y concentración, que todo proceso civil y desde luego familiar, exige para además de ser eficaz y moderno, significar un debido proceso.
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Naime González, Alejandro, and Laura G. Zaragoza Contreras. "Inconstitucionalidad de la norma que otorga al Ministerio Público la facultad para solicitar la reducción de las penas en el procedimiento abreviado." Ius Comitialis 3, no. 5 (August 14, 2020): 131. http://dx.doi.org/10.36677/iuscomitialis.v3i5.13722.

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Abstract:
En el presente estudio se revisa y se evidencia que, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, al reglamentar la punición aplicable en el procedimiento abreviado, se violentan derechos humanos al transferir al Ministerio Público una atribución exclusiva del Poder Judicial lo que, además de in- constitucional, limita el acceso a la justicia, rompe el principio de equilibrio procesal entre las partes y favorece la corrupción y la impunidad.
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Rodriguez Hurtado, Mario Pablo. "Los sujetos procesales en el Código Procesal Peruano de 2004 (acusatorio, garantizador, de tendencia adversativa, eficiente y eficaz)." Derecho PUCP, no. 65 (December 1, 2010): 135–57. http://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.201002.006.

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Abstract:
El autor analiza el nuevo ordenamiento procesal penal, edificado, como” modelo acusatorio, garantizador y de tendencia adversativa”, analiza además las variables por las que resulta que sin persecución, defensa y fallo, entendidas como funciones diferenciadas y a cargo de un correspondiente sujeto procesal, sea imposible predicar la existencia de un proceso justo, debido y legal, propio de un régimen democrático y republicano al servicio de los ciudadanos.
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Felices Mendoza, María Esther. "LÍMITES DE LAS FACULTADES DEL TRIBUNAL REVISOR EN LA APELACIÓN DE SENTENCIA EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL." Ius Inkarri, no. 6 (January 26, 2018): 309–18. http://dx.doi.org/10.31381/inkarri.v0i6.1246.

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Abstract:
Una de las novedades que trae el Código Procesal Penal del 2004 es la regulación de la institución procesal de la Impugnación reconocida en el Libro Cuarto. En este libro se desarrollan los preceptos generales de la impugnación, los tipos de recursos: la reposición, apelación, casación y queja -, el recurso de apelación de autos y de sentencias, la acción de revisión, entre otros.Especialmente atrae mi inquietud analizar las novedades que trae la impugnación de las sentencias, y su diferencia con el recurso de nulidad regulado para sentencias del procedimiento ordinario y el recurso de apelación para procesos sumarios del Código de Procedimientos Penales.En consecuencia sobre este punto, emitiré algunas apreciaciones desde el punto de vista de la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema de la Justicia de la República y la doctrina desarrollada.
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Abanto Quevedo, Mario Lohonel. "Formas de culminación del proceso penal por falta. Una propuesta de integración normativa." Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 7, no. 8/9 (December 1, 2012): 291–309. http://dx.doi.org/10.35292/ropj.v7i8/9.285.

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Abstract:
Ante la insuficiente regulación del proceso penal por falta en el Código Procesal Penal de 2004, se propone integrar los vacíos normativos a través de la actividad interpretativa del juez. Esta opción se aplica para los casos de culminación de tal clase de proceso penal y se expone cada una en este ensayo
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Brousset Salas, Ricardo Alberto. "Legitimación de las fórmulas consensuadas simplificatorias del procesamiento penal." Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 5, no. 5 (December 1, 2009): 77–101. http://dx.doi.org/10.35292/ropj.v5i5.180.

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Abstract:
Ante la imposibilidad material de que todas las causas que ingresan al sistema penal puedan ser objeto de procesos comunes lineales, cobran vital importancia dentro del desarrollo penal propiamente dicho, las fórmulas de simplificación que a partir del consenso posibilitan una definición anticipada del proceso. El Código Procesal Penal del Perú ha desarrollado dos fórmulas: la conclusión anticipada del juicio y el denominado proceso de terminación anticipada, ambos de aplicación general sin límites en la punición requerida por el fiscal. Estas son desarrolladas por el autor, proponiendo determinadas condiciones que les darían viabilidad constitucional
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Morales Saravia, Francisco. "El contenido constitucionalmente protegido según el inciso 1 del artículo 5 del Código procesal constitucional." Vox juris 34, no. 2 (December 31, 2017): 147–55. http://dx.doi.org/10.24265/voxjuris.2017.v34n2.11.

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Perícola, María Alejandra, and Santiago Lauhirat. "El certiorari positivo: el avance hacia la jurisdicción estratégica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para definir una agenda judicial racional." Derechos en Acción 16, no. 16 (November 10, 2020): 431. http://dx.doi.org/10.24215/25251678e431.

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Abstract:
En este trabajo se analiza –a partir de los debates suscitados por la reforma judicial entre los cuales se incluye la creación de un “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público”- la transformación de una jurisdicción reglada por parte de la CSJN hacia una “apelación discrecional”, para lo cual se torna necesaria la incorporación y profundización del instituto procesal conocido como certiorari positivo. Para este fin, se analiza en primer lugar la apelación reglada, su traspaso hacia una apelación discrecional por parte de la CSJN. En tercer lugar se realiza un análisis constitucional del art.280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y finalmente una reflexión sobre la utilidad práctica para la selección de casos estratégica al incorporar el certiorari positivo en el marco de una reforma judicial.
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Tibiricá Amaral, Sérgio, and Amanda Ferreira Nunes. "Sistematización del código de procedimiento constitucional brasileño: la consolidación de los derechos fundamentales en la ejecución de juicios internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Brasil." Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo 12, no. 24 (August 8, 2020): 230–49. http://dx.doi.org/10.32997/2256-2796-vol.12-num.24-2020-2673.

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Abstract:
El objetivo de este trabajo es estudiar la interacción entre las jurisdicciones nacionales e internacionales en el contexto de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del Estado brasileño. Mediante el análisis de la tríada que constituyen el proceso, la jurisdicción y las acciones constitucionales que involucran el proceso constitucional, los autores sostienen que la supervisión del cumplimiento de las decisiones internacionales a nivel internacional demuestra que Brasil no es capaz de hacer cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), surgiendo la necesidad de creación de un procedimiento que permita el control efectivo de la legalidad de los actos procesales practicados por la jurisdicción estatal. Por otra parte, al día de hoy no existe en Brasil una disposición constitucional para la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que el Derecho Procesal Constitucional actúa solo como una disciplina instrumental para la sistematización de un Código de Procedimiento Constitucional, con el objetivo de regular la ejecución de sentencias internacionales y hacer cumplir el orden constitucional en el derecho interno.
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Quiroz Salazar, Willian F. "La colaboracion eficaz como estrategia política procesal contra el crimen en el Perú." Revista Oficial del Poder Judicial. Órgano de Investigación de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 3, no. 3 (May 23, 2008): 159–71. http://dx.doi.org/10.35292/ropj.v3i3.121.

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Abstract:
La colaboración eficaz en nuestro país consiste en aportar información válida de un evento delictivo donde el informante haya intervenido como autor, coautor, partícipe del ilícito. El artículo 472.o del Código Procesal Penal del año 2004 exige que el informante haya declarado voluntariamente sus actividades delictivas, buscando cumplir una doble función; por un lado, la de exigir como requisito que el futuro informante abandone sus actividades ilícitas; y, por otro, la de rol de prevención general. Finalmente, la colaboración eficaz debe ser vista como una estrategia procesal para enfrentar a la impunidad delictiva y para el descubrimiento de las organizaciones criminales.
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Jiménez Ramírez, Milton César, and Diego Armando Yáñez Meza. "Los procesos de única instancia en el código general del proceso: la garantía constitucional del debido proceso y la doble instancia." Prolegómenos 20, no. 39 (January 30, 2017): 87–104. http://dx.doi.org/10.18359/prole.2725.

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Abstract:
<p>En el presente artículo se evalúa la figura de la única instancia en la ley 1564/2012 o Código General del Proceso, con la finalidad de determinar si estos procesos son una infracción a la garantía constitucional del debido proceso y la doble instancia. Esta ley en sus artículos 17, 19 y 21, estableció la competencia de los jueces civiles municipales, civiles de circuito y de familia en procesos de única instancia, disposiciones que pueden constituirse como una infracción a la garantía procesal y constitucional del debido proceso y la doble instancia, desde la lectura del artículo 31 de la Constitución Política de 1991. Esta investigación es de tipo analítico-conceptual, aplica el método cualitativo y es de corte documental bibliográfico.</p><p> </p>
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Barrios Miranda, Ángel Silverio, Marco Alexander Chininin Macanchi, and Petrick Jeanny Gonzalez De Vinces. "Control constitucional en demandas de alimentos caso 012-17-SIN-CC." Revista Lasallista de Investigación 15, no. 2 (December 2018): 169–81. http://dx.doi.org/10.22507/rli.v15n2a13.

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Abstract:
En el año 2008 se emite la constitución que abriría el camino de la supremacía constitucional y la rigurosidad de las leyes, como entidad superior de respeto e integridad en los procesos judiciales. Considerándose a partir de entonces la obligatoriedad de los jueces y juezas, y demás servidores públicos, aplicar la normativa presente en la constitución, que constituye el máximo órgano de control constitucional, como organismo de Estado. Objetivo. El presente estudio de investigación tuvo como objetivo caracterizar el impacto del Control Constitucional que se hizo efectiva en la Sentencia 012-17-SINCC de la Corte Constitucional del Ecuador con respecto a elementos procesales en materia de alimentos en la Ciudad de Guayaquil. Materiales y métodos. Se diseñó una investigación de tipo descriptiva de campo, además empleando método inductivo-deductivo para a su vez emplear la técnica de encuesta a través de una entrevista estructurada con preguntas cerradas dirigida a aquellas personas con apremio que se encuentran en el Centro de Detención Provisional de Guayas en Guayaquil, con nueve ítems que pudo servir de insumo para generar un análisis teórico y empírico de la aplicación del control constitucional concreto en el COGEP y el Código de la Niñez, en sus enumerados correspondientes al apremio personal en los obligados subsidiarios y principales, así como de los aspectos procesales que se debieron modificar conforme a la decisión de la máxima entidad constitucional en el país. Resultados. A través de ello se determinó que existen aspectos que no se están cumpliendo como es el caso de la audiencia previa a la emisión del apremio personal, que obliga al juzgador a no emitir boletas de apremio de forma unilateral, violando el debido proceso, la modificación de la emisión de apremio personal contra obligados subsidiarios, pues se evidencia que existen casos en los que algunos obligados subsidiarios fueron aprehendidos empleando boletas extemporáneas, y otros problemas propios del sistema que deben ser tomados en cuenta para el futuro. Conclusión. En cuanto a la práctica es necesario que juzgadores asuman el compromiso impuesto por los Jueces de la Corte Constitucional de Ecuador y los legisladores deben sancionar nuevos parámetros para el Código de la Niñez y Adolescencia que evite menoscabar la libertad personal de obligados subsidiarios, incluyendo la posibilidad de medidas alternativas para los obligados principales, quienes por diversos motivos están siendo víctimas del sistema.
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Pérez, David Vallespín. "LA CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCESO CIVIL (UNA OPORTUNIDAD PERDIDA CON MOTIVO DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL CHILENO)." REVISTA INTERNACIONAL CONSINTER DE DIREITO 01, no. 01 (October 13, 2015): 703–10. http://dx.doi.org/10.19135/revista.consinter.00001.34.

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Abstract:
El presente artículo se centra en el análisis de la correcta interpretación de la carga de la prueba en el proceso civil español desde la perspectiva del modelo constitucional de juicio justo. Más concretamente, se examina el art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, actualmente vigente, con especial atención a su último párrafo en el que se incorpora, como criterio complementario, el relativo al principio de disponibilidad o facilidad probatoria. De igual forma, se analiza, de forma crítica, la no incorporación del principio de facilidad o disponibilidad probatoria en el último texto conocido, de 2014, del Proyecto de nuevo Código Procesal Civil chileno, actualmente en proceso abierto de debate.
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RAU ATRIA, JOSE IGNACIO. "COMENTARIOS SOBRE ORALIDAD, CONTRADICCIÓN Y CONVICCIÓN JUDICIAL EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL CHILENO, 20 AÑOS DESPUÉS." REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PROCESSUAL 29, no. 115 (2021): 1–28. http://dx.doi.org/10.52028/rbdpro.v29i115.210513cl.

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Abstract:
En el presente trabajo, expondremos que, luego de revisar algunos conceptos claves vinculados a los principios del proceso, las reglas técnicas de procesamiento y los sistemas de enjuiciamiento, y después de analizar diversas normas del Código Procesal Penal chileno, con el prisma derecho internacional de los derechos humanos en lo que a derecho de defensa se refiere, comentando sobre oralidad, contradicción y convicción del juzgador penal, 20 años después de la entrada en vigencia del nuevo sistema, en plena vigencia del estado de excepción constitucional por pandemia de COVID19, el juicio oral puede desarrollarse vía remota, sin vulnerar las garantías del imputado y demás intervinientes.
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Saza Pineda, Jhon Freddy, and Fernando Luna Salas. "Vicisitudes del proceso monitorio en Colombia." Revista Jurídica Mario Alario D´Filippo 12, no. 24 (August 8, 2020): 302–22. http://dx.doi.org/10.32997/2256-2796-vol.12-num.24-2020-2677.

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Abstract:
La Ley 1564 de 2012 colombiana, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso, intentó subsanar innumerables vicios, lagunas y errores que venían cometiéndose desde hace mucho tiempo y que aparejaban como consecuencia, una justicia contraria a los postulados de la concentración, inmediación y publicidad. La aprobación del Código General del Proceso hizo realidad la materialización del derecho sustancial, la efectividad de la tutela jurisdiccional, el oportuno acceso a la administración de justicia y el cumplimiento del debido proceso constitucional en tiempo razonable y sin dilaciones injustificadas. Una de las novedades introducidas en la legislación procesal civil, fue el proceso monitorio, que tiene como finalidad la protección ágil, rápida y menos onerosa de la tutela del crédito, salvaguardando con ello los derechos de los acreedores. En este artículo de reflexión se revisarán y analizarán las vicisitudes que han existido alrededor de este proceso y se aportarán ideas críticas que contribuirán a un mejor desarrollo y práctica del mismo.
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Ibarra Delgado, David Hans Nietzsche. "XI Congreso Nacional de Derecho Constitucional-Iquitos : ¿Acaso la iniciativa probatoria del Juez Penal en el NCPP vulnera el "Principio Acusatorio", como parte integrante del debido proceso? Reflexiones entre garantismo y activismo en materia probatoria." LEX 10, no. 9 (June 27, 2014): 355. http://dx.doi.org/10.21503/lex.v10i9.383.

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Abstract:
Con la puesta en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal ha surgido la discusión acerca de la permanencia o no de la iniciativa probatoria del juez penal. Al respecto, el presente artículo desarrolla este tema con una posición a favor de la permanencia de esta figura jurídica, considerando que la misma coadyuva a una solución adecuada de los procesos. Al final, el autor hace algunas propuestas para una mejor aplicación de esta iniciativa probatoria.Palabras clave: iniciativa probatoria, garantismo, activismo.
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Durán Chávez, Carlos Eduardo, and Carlos Daniel Henríquez Jiménez. "Principio de objetividad previsto en el código orgánico integral penal. Relación con el debido proceso." Sociedad & Tecnología 4, S1 (May 14, 2021): 159–73. http://dx.doi.org/10.51247/st.v4is1.121.

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Abstract:
Esta investigación trató sobre el análisis del principio de objetividad previsto en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador, haciendo referencia a la importancia del referido principio y su relación con el debido proceso, como fundamento de la actuación del Ministerio Público, recogido en diversos instrumentos jurídicos: la Constitución de la República de Ecuador, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal. Se presentan resoluciones de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con el principio indicado y con el debido proceso. Se trató de una investigación jurídica-documental, analítica y descriptiva. Se concluyó que los principios procesales en el Derecho Penal, son directrices que encausan el iter procesal, que deben ser cumplidas por los operadores de justicia y las partes, en el caso específico, el Fiscal. Se concluyó a su vez que el principio de objetividad, forma parte de ese conjunto de principios contenidos en el artículo 5 del COIP, el cual consagra que el Fiscal en su actuación, debe observar tanto los elementos de cargo como de descargo en un proceso determinado, en pleno cumplimiento del debido proceso consagrado en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.
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Vasconcelos Méndez, Rubén. "Los mecanismos alternativos de solución de controversias en el nuevo proceso penal mexicano." Revista de la Facultad de Derecho de México 61, no. 255 (February 21, 2012): 95. http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2011.255.30255.

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Abstract:
La reforma constitucional de 2008 introdujo, como parte de la estrategia integral de reforma al sistema de justicia y redefinición de los fines del proceso penal, los mecanismos alternativos al proceso para resolver los conflictos producidos por la comisión de delitos. Los nuevos códigos procesales penales dictados en los Estados de la República, han hecho de su utilización una prioridad y en sus textos han regulado las reglas de su procedimiento, mismas que son diversas por los amplios espacios que les otorgó la propia Constitución federal para su diseño. Este artículo analiza, precisamente, los fines, principios y diversos elementos que componen dichos mecanismos, con el objeto de mostrar su forma de regulación y el lugar que comienzan a ocupar dentro del sistema de justicia penal mexicano.
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García Morelos, Gumesindo. "UN MODELO DE CONTROL JUDICIAL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD Y DE CONSTITUCIONALIDAD PARA LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO -ADMINISTRATIVA IBEROAMERICANA (NOTAS)." Universos Jurídicos 1, no. 4 (November 3, 2015): 28–59. http://dx.doi.org/10.25009/uj.v1i4.1914.

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Abstract:
El proceso contencioso-administrativo constituye una garantía jurisdiccional directa de los derechos humanos frente a los poderes de la administración pública, y en cierta medida frente a los poderes legislativos cuando se inaplican porciones normativas de aquellos ordenamientos aprobados por dichos órganos políticos. Dicho medio de control guarda una profunda cercanía respecto al proceso constitucional de amparo, ya que ambos recursos judiciales tienen una semejanza en los accesos ante los tribunales por parte de los ciudadanos.El Derecho procesal administrativo se ha nutrido de importantes consideraciones doctrinales y jurisprudenciales a lo largo de los años. Fruto de lo anterior es la construcción de un nuevo régimen jurídico de la citada garantía, que permita a nuestros países hermanos adoptar ideales comunes plasmados en el Código Modelo de procesos administrativos-judicial y extrajudicial -para Iberoamérica.
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Zapata Coacalla, Roxana. "EL DECRETO LEGISLATIVO 1070 A LA LUZ DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EN LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS CIVILES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO-2016." REVISTA DE DERECHO 4, no. 2 (December 30, 2019): 195–208. http://dx.doi.org/10.47712/rd.2019.v4i2.53.

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Abstract:
El derecho a la Tutela Jurisdiccional efectiva como derecho constitucional cuyo contenido contempla el acceso a la jurisdicción para solicitar la protección de una situación jurídica que es vulnerada a través de un proceso dotado de garantías mínimas y el derecho a la efectividad de las resoluciones es analizado en la aplicación del Decreto Legislativo No. 1070 en tanto privilegia la exigencia de acudir a la Conciliación extrajudicial. Es una investigación de tipo básica y con diseño mixto porque involucra problemas tanto teóricos como prácticos. Los instrumentos utilizados para la recolección de datos son la ficha de resumen y la ficha de observación; esta última aplicada en los expedientes civiles tramitados durante el año 2016 en la Corte Superior de Justicia de Puno. Se concluye que el 25% de expedientes tramitados en el año 2016 en los juzgados civiles de la Corte Superior de Justicia de Puno fueron declarados improcedentes por no cumplir con la conciliación en aplicación del artículo 6 de la Ley 26872 limitándose el acceso a la jurisdicción; siendo que su exigencia en las modificatorias introducidas por el Decreto legislativo No. 1070 a los artículos 445 del Código Procesal Civil y 15 de la Ley 26872 imponiendo además el hacer constar la pretensión de la futura reconvención genera indefensión, mientras que el artículo 636 del Código Procesal Civil sanciona con caducidad su incumplimiento afectando el derecho a la efectividad de la sentencia; por lo que las modificatorias introducidas por el Decreto Legislativo No. 1070 ha judicializado la conciliación generando efectos negativos en el proceso.
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Vescovi, Luiz Fernando, and Camila Arcari Orso. "Los writs constitucionales brasileños para la protección de los derechos colectivos y difusos en la materia laboral." Prolegómenos 17, no. 33 (June 14, 2014): 109. http://dx.doi.org/10.18359/dere.786.

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Abstract:
<p>La pregunta de investigación se refiere a la posibilidad jurídica de que algunos writs constitucionalmente previstos lleguen a actuar, válidamente, dentro del segmento especializado de la Justicia del Trabajo con el poder para salvaguardar los derechos eminentemente laborales, estos derivados de diversas relaciones (en especial aquellos del vector supraindividual) en el territorio nacional, así como investigar las consecuencias jurídicas que se derivan de la utilización racional de estos writs en el plano del derecho procesal laboral, establecido, básicamente, en el art. 114, IV, de la Constitución Federal. El ensayo también pretende sacar a la luz información concisa que muestra la intención del legislador constitucional de haber ampliado la jurisdicción de la Justicia del Trabajo, en 2004, para que esta rama del poder judicial pudiese apreciar las cuestiones de naturaleza constitucional, por su esencia.</p>
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Marquez Cardenas, Alvaro E. "Las victimas en el nuevo sistema procesal acusatorio y su reconocimiento por la corte constitucional." Prolegómenos 9, no. 18 (November 23, 2006): 127–51. http://dx.doi.org/10.18359/prole.2569.

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Abstract:
<span>El sistema de protección a la víctima en el nuevo ordenamiento procesal colombiano, es decir, en el sistema acusatorio, derivado del Acto Legislativo 003 del 19 de diciembre de 2003, ha suscitado un importante debate académico frente a su implementación y desarrollo en la Ley 906 de 2004. Un significativo avance en materia de víctimas en nuestro país se presentó con la Sentencia C-228 de 2002 de la Corte Constitucional, en el sentido de reconocer que la víctima o perjudicado con un delito no solo tiene derecho a la reparación económica de los perjuicios, como venía ocurriendo frente a la parte civil, sino que, además tiene derecho a que a través del proceso penal se establezca la verdad y se haga justicia.</span>
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Rodas Quintana, Carlos Andree. "LOS EFECTOS JURIDICOS EN LAS FAMILIAS PARALELAS. PROPUESTA LEGISLATIVA EN EL CÓDIGO DE FAMILIA DEL PERÚ." REVISTA CIENTIFICA EPISTEMIA 2, no. 1 (April 9, 2018): 1–5. http://dx.doi.org/10.26495/re.v2i1.802.

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Abstract:
El artículo es producto de los resultados de una tesis de maestría en derecho civil y procesal civil. Se planteó como problema de investigación, la relación entre los efectos jurídicos de las familias paralelas y los principios de afectividad y pluralismo familiar. Objetivo general, elaborar una Propuesta de Proyecto de Ley para la inclusión de las familias paralelas en el código de familia del Perú. Se realizó utilizando el diseño no experimental descriptivo, utilizando como muestra las sentencias emitieron el tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos procurando la recopilación de información del análisis de los efectos jurídicos en las familias paralelas. El análisis de la información recopilada, hace notar que el reconocimiento de las familias estables paralelas brindaría igual protección y reconocimiento familiar, y al darse un tratamiento legal, se dará también seguridad en el orden patrimonial y sucesorio. Uno de los efectos que se aprecian es sobre el Derecho patrimonial, básicamente derechos reales y obligaciones, a través del pago de una indemnización en calidad de servicios domésticos o el pago de una pensión fijando como referencia el sueldo mínimo vital por el tiempo que duro el relacionamiento. Palabras clave: Familia, matrimonio, unión paralela, unión de hecho
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Ovalle Favela, José. "El auto de vinculación a proceso." Boletín Mexicano de Derecho Comparado 1, no. 157 (November 17, 2020): 271. http://dx.doi.org/10.22201/iij.24484873e.2020.157.15232.

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Abstract:
En este trabajo se analiza la introducción del auto de vinculación a proceso por el decreto que reformó, entre otros, los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008. También se hace referencia a las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedi-mientos Penales de 2014. Este auto sustituyó al auto de formal prisión (vigente en México cerca de un siglo) y al auto de sujeción a proceso. Se estudian los antecedentes constitucionales de estos dos primeros autos, así como las modificaciones que trajo consigo el auto de vinculación a proceso. Se examinan las dos funciones procesales de estas resoluciones, en cuanto a la determi-nación del objeto del proceso y la inmutabilidad del mismo. El ensayo concluye con el trámite del auto de vinculación a proceso, en la audiencia inicial o en la audiencia de vinculación a proceso o continuación de la audiencia inicial, así como con los requisitos que ese auto debe cumplir.
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Carreño Villamizar, Ellen Katherine, and María Fernanda Castillo Monsalve. "De la no procedencia de rebajas de pena En la ley 1098 de 2006." El Centauro 7, no. 10 (December 1, 2015): 47–68. http://dx.doi.org/10.18041/2027-1212/centauro.10.2015.2501.

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Abstract:
La violencia juvenil crece día a día, se ha convertido en un problema de seguridad, las actividadesdelincuenciales los menores de edad han comprendido que el Sistema de Responsabilidad Penal paraAdolescente -SRPA-, consagrado en el Código de Infancia y la Adolescencia (L.1098, 2006), como ley especialse enfrenta con un Código de Procedimiento Penal establecido para adultos. Presentándose una antinomiajurídica al enfrentar un aparato de justicia con una norma para menores al tenor del derecho internacionalintegrado al bloque de constitucionalidad. La Investigación "De la No procedencia de rebajas de pena en la Ley1098/2006", es de tipo básico jurídica, estudia la ley de Infancia y adolescencia y su impacto en los jóvenesreincidentes de las conductas antijurídicas y hechos punibles, que están generando en la sociedad unsentimiento de impunidad. Se concluyen dos aspectos: Una normatividad para el menor de edad al tenor delderecho internacional que se enfrenta y genera una antinomia jurídica con el Código de Procedimiento Penalestablecido para los adultos. Una improcedencia de rebajas en las penas que la L.1098/2006 remite a laL.906/2004, cuando en el Código de infancia y adolescencia se hablan de medidas de reeducación del niño,niña y adolescente en formación, derechos prevalentes sobre cualquier otro derecho como lo establece elordenamiento constitucional colombiano.
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Donayre Montesinos, Christian. "Implicancias del Código Procesal Constitucional peruano: la consagración de un amparo residual y el nuevo escenario para la tutela de los derechos constitucionales laborales." Derecho PUCP, no. 58 (December 1, 2005): 333–60. http://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.200501.012.

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DELGADO OTAZU, ERICSON. "REPRESIÓN DE ACTOS LESIVOS HOMOGÉNEOS Y LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA DEL PERSONAL DOCENTE QUE LABORÓ BAJO EL RÉGIMEN DE LAS LEYES 24029 Y 25212 EN EL PERÚ." YachaQ Revista de Derecho, no. 11 (July 31, 2020): 167–80. http://dx.doi.org/10.51343/yq.vi11.368.

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Abstract:
Todo Estado está comprometido a garantizar a todo sujeto de derecho el acceso a la justicia, suministrando recursos judiciales efectivos a quienes se sientan agraviados; para ello, cada Estado debe optar con las medidas correspondientes para eliminar todo impedimento que obstaculice el pleno ejercicio de tal derecho; en el Perú contamos con la institución de la represión de actos lesivos homogéneos, regulado de manera genérica en el art. 60 del Código Procesal Constitucional; sin embargo, podría ser explotado y empleado con resultados muy favorables para garantizar una tutela jurisdiccional realmente efectiva, en determinados casos por ejemplo, los que involucran el reconocimiento de beneficios laborales del sector educación. Every state is committed to guaranteeing to all legal subjects access to justice by providing effective judicial remedies to those who feel aggrieved; for this, each state must opt for the corresponding measures to eliminate any impediment that hinders the full exercise of such right; in Perú we have the institution of the repression of homogeneous harmful acts, regulated in a generic way in art. 60 of the Constitutional Procedural Code; however, it could be exploited and used with very favorable results to guarantee a really effective jurisdictional protection, in certain cases, for example, those that involvethe recognition of labor benefits in the education sector.
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Corzo, Evelyn Y. "Detenciones en flagrancia a imputados en el marco legal del artículo 16 Constitucional y 146 del CNPP: problemática actual." Ciencias Sociales y Humanidades 4, no. 2 (June 18, 2018): 211. http://dx.doi.org/10.36829/63chs.v4i2.588.

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Abstract:
Esta investigación expone ciertas deficiencias que son evidentes desde que se implementó a nivel nacional el sistema procesal penal acusatorio; dado el énfasis, en capacitaciones y cursos de sensibilización que deben de recibir los operadores jurídicos para que sean erradicadas las malas prácticas, asimismo se busca que el proceso penal se aplique conforme a derecho y que la ciudadanía restaure la fe en el sistema penal. La presente investigación ha optado por analizar cuáles son las problemáticas que se han hecho evidentes en el momento de realizar las detenciones ya que muchos de los imputados quedan en libertad cuando los jueces de control, no califican de legal la detención que se realizó por las policías sin cumplir con el llenado de forma correcta del informe policial homologado o califican de legal la detención cuando hay datos de la existencia de violaciones en la detención, sin que se actualice alguno de los supuestos que para la flagrancia contiene el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se realizó una investigación mixta con esencia documental en su mayoría, pero complementándola con consultas a páginas gubernamentales, encuestas al público en general y especialistas, donde se advierte que las detenciones han disminuido, debido a la protección del principio de presunción de inocencia; además la presencia de las medidas cautelares y la justicia alternativa en este sistema, da la oportunidad a quienes cometen delitos menores que cumplan su pena o sean procesados mientras están en libertad o den por terminados los procedimientos a través de los MASC.
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Brox Sáenz de la Calzada, Alicia Ginebra. "Una aproximación al concepto de género en Derecho Penal francés y español. De la polémica a su validez constitucional | An approach to the gender concept in French and Spanish criminal law. From the controversy to its constitutional validity." Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, no. 40 (June 27, 2019): 23. http://dx.doi.org/10.7203/cefd.40.13751.

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Abstract:
Resumen: Tras varios meses de debate, Francia acaba de sustituir en el Código Penal la expresión “identidad sexual” por la de “identidad de género”, incluyendo por fin el concepto de género en el texto legal. Este artículo, que es una humilde reflexión sobre la utilidad de dicho reconocimiento, recoge los principales argumentos alegados durante la fase prelegislativa. He realizado el trabajo desde una perspectiva comparada, ya que el debate surgido en el país galo es semejante al que tuvo lugar en España en 2004, cuando se introdujo la perspectiva de género en el Código Penal. Abstract: After months of debate, the term “sexual identity” stated in the French Penal Code has been replaced with “gender identity”, thus finally incorporating the concept of gender within its legal text. This article, which is a humble reflection about the usefulness of this replacement, gathers the main arguments alleged for during the pre-legislative phase. This research has been carried out from a comparative perspective, since the debate which arose in France is similar to the one which took place in Spain in 2004, when the gender perspective was introduced in the Spanish Penal.
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Valencia Cardona, Edgar. "La reconstrucción de hechos en la legislación disciplinaria colombiana: reflexiones sobre su no uso como medio de prueba." Estudios en Seguridad y Defensa 16, no. 31 (June 30, 2021): 93–113. http://dx.doi.org/10.25062/1900-8325.295.

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Abstract:
El presente artículo pretende demostrar que la reconstrucción de hechos, ordenada y practicada dentro de los procesos adelantados y concluidos en las diferentes dependencias, oficinas o instalaciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación en Colombia (PNG), ya sea en etapa de indagación preliminar o investigación disciplinaria, es tratado como medio de prueba innominado, tendiente a esclarecer hechos en operaciones militares o policiales, y en otros casos esta actividad es equiparada a un medio de prueba por el operador disciplinario; especialmente, en aquellos donde se presume la comisión de conductas de homicidio contra personas protegidas en misiones militares o policiales. También, cuando servidores públicos que desarrollan actuaciones administrativas (inspectores de policía, guardas de tránsito, guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario [INPEC] y demás empleados estatales) asumen comportamientos contrarios a los deberes encomendados, o en los cuales estos han dejado un manto de duda e incertidumbre en sus actuaciones, o porque se presume existencia de faltas disciplinarias cometidas con ocasión de la misión constitucional en procederes contrarios a los deberes encomendados. La práctica de esta actividad probatoria, a juicio del autor, conduce a afirmar que es violatoria a los derechos fundamentales y procesales de las personas o los servidores públicos que intervienen en la actuación disciplinaria. Por consiguiente, para lograr el objetivo propuesto, se desarrolló una exploración con enfoque cualitativo, utilizando la metodología de investigación documental y centrando el análisis en el Código Disciplinario Único (Ley734 de 2002) de los medios de prueba.
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Vargas Castro, Sandra Bibiana. "Intervención de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué en la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 223 de la Ley 906 de 2004. Sentencia C-480-20." Dos mil tres mil 23 (July 29, 2021): 1–7. http://dx.doi.org/10.35707/dostresmil/23325.

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Abstract:
Las demandas de inconstitucionalidad hacen parte del ejercicio democrático mediante el cual el ciudadano acude a la jurisdicción constitucional, en busca de proponer por parte de la Corte el análisis de una norma que se acusa de contradecir la Constitución. Las universidades del país son invitadas a participar en el trámite inicial que surte la demanda, con el propósito de proporcionar su interpretación jurídica entre la norma demandada y la Constitución Política. Este ejercicio previo a la decisión final de la Corte Constitucional se ha convertido en un espacio valioso de expresión de la voz académica en el contexto práctico de una decisión judicial. El lector encontrará a continuación, el concepto proyectado por la profesora Sandra Bibiana Vargas Castro y presentado por Hernando A. Hernández Quintero, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en representación de esta unidad académica en el trámite de la demanda de inconstitucionalidad de la norma dispuesta en el artículo 223 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. Esta controversia jurídica fue resuelta mediante la Sentencia C-480-20 que puede ser consultada aquí.
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