Academic literature on the topic 'Consejo Nacional de Justicia (Peru)'

Se abordan en este artículo los mecanismos y técnicas adoptados en el Perú para la selección de magistrados en las diversas instancias de la administración de justicia, resaltando el papel que desempeña el Consejo Nacional de la Magistratura dentro de lo establecido por la Constitución, pero reconociendo al mismo tiempo la necesidad de articular un sistema legal más amplio y diversificado, en el que se privilegien condiciones básicas de capacidad, probidad e idoneidad por parte de los elegidos para estas importantes funciones, y por supuesto sin perder de vista el control por parte de la opinión pública.Palabras clave: Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura, magistrado.

En este artículo se estudia el impacto de la creación de un nuevo órgano dentro de la estructura del Poder Judicial brasileño, llamado el “Consejo Nacional de Justicia”, que fue el resultado de una enmienda constitucional específica. La emersión de este nuevo poder ha creado un gran debate sobre el principio de separación de poderes en el país, especialmente frente a la Corte Suprema en la sentencia n º 3367, del año 2006.Por lo tanto, en primer lugar, el artículo muestra los principales argumentos utilizados por las más importantes Cortes de Brasil para enfrentar el problema. Por otra parte, esta investigación tiene como objetivo presentar, de una manera original discutido en la tesis doctoral del autora, una nueva función defendido personalmente por este “ Consejo Nacional de Justicia “ con respecto a la sistematización de las sentencias marco de revisión judicial brasileño. Podría traer una nueva comprensión de la división de funciones en Brasil y posiblemente en América Latina, teniendo en cuenta la realidad de su desarrollo por una entidad que no pertenece al circuito democrático.

Todos somos conscientes del repudio de una gran mayoría de peruanos hacia la corrupción institucionalizada en el Sistema de Justicia. También somos conscientes de que sus instituciones, a pesar de la crítica y del clamor por el cambio, no han hecho, lógicamente, mayor cosa por reformarse. Este ensayo propone combatir la corrupción institucionalmente mediante un análisis integral basado en los “niveles de conciencia” de las organizaciones, lo que permitirá, al revisar, por ejemplo, sus características y rasgos, determinar cuáles son las causas o los aspectos vulnerables de las instituciones directamente involucradas, como el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Consejo Nacional de la Magistratura. La propuesta incluye introducir en el Sistema de Justicia innovaciones tecnológicas que se utilizan exitosamente en otros sistemas de justicia, como, por ejemplo, el uso del software para resolver conflictos de manera rápida, económica, transparente y segura.

La creación de la Corte Centroamericana de Justicia se debe a los esfuerzos de las Reuniones de Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica, del Consejo Judicial Centroamericano y del eminente Jurisconsulto hondureño Don Roberto Ramírez (q.e.p.d.), expresidente del Órgano Judicial Principal y Permanente del SICA. El 13 de diciembre de 1991, en la XI Cumbre de Presidentes Centroamericanos celebrada en Tegucigalpa, Honduras, se suscribe el Protocolo de Tegucigalpa en el cual se crea la Corte Centroamericana de Justicia, que el respeto del derecho, en la interpretación y ejecución del Protocolo y sus instrumentos complementarios o actos derivados del mismo. En el Estatuto de la Corte se establece su atribución, organización y competencia. Para alcanzar los ideales unionistas y la integración real de Centroamérica es necesaria una Corte Centroamericana de Justicia en la que se represente la conciencia nacional dela región en beneficio de los centroamericanos.

El concepto que se tenía sobre la Sala Superior Civil y su funcionamiento antes del estado de emergencia nacional por la pandemia COVID-19 ha cambiado innegablemente. Esto constituye un punto de partida hacia una nueva mirada en la nueva forma de trabajo jurisdiccional y, por ende, una manera distinta en que elPoder Judicial imparte justicia a nombre de la nación. Debe tenerse en cuenta que las últimas disposiciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y el fenómeno mismo de la globalización —preexistentes a la actual coyuntura— han ido dando forma a un nuevo modo en que todos los órganos jurisdiccionales (Juzgadosde Paz Letrado, Juzgados Especializados, Salas Superiores y Salas Supremas) realizan sus funciones en aras de una justicia célere, respetando el debido proceso y el derecho de defensa que asiste a los justiciables.

Sergio García Ramírez es Doctor en Derecho magna cum laude por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Emérito de la misma Universidad e investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Tambien es investigador en el Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1998-2009), en donde fungió como Presidente entre 2004 y 2008. Fue Presidente (fundador) de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Penales, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Ha desempeñado diversos cargos públicos, entre ellos: Procurador General de Justicia del Distrito Fedeal, Secretario del Trabajo y Previsión Social, Procurador General de la República y Presidente (fundador) del Tribunal Superior Agrario. Es autor de numerosos libros y artículos sobre temas jurídicos, políticos y sociales. Es Doctor honoris causa por diversas instituciones mexicanas y extranjeras.

<span>Mediante la investigación se estudiaron el movimiento de los procesos que cursan en el Consejo de Estado y en los Tribunales Contencioso Administrativos del País, las actividades que desarrollan los servidores públicos para administrar justicia. La congestión hace referencia a la acumulación de procesos en el despacho, es decir al represamiento de procesos, que puede existir por un desequilibrio entre la demanda de servicios y la capacidad del Estado para atenderla en su totalidad. En síntesis, se establecen las principales causas de la congestión tanto en el Consejo de Estado como en los Tribunales y las posibles alternativas de solución. Este trabajo genera un impacto directo en quienes se hayan relacionados estrechamente con esta jurisdicción y uno indirecto en todos los servidores públicos, en especial en los de las ramas judicial y ejecutiva. En sentido amplio y general, el impacto alcanza a toda la comunidad nacional, toda vez que de una u otra forma es tocada por este tipo de jurisdicción.</span>

En la década de los noventa, México vivió una serie de transformaciones importantes en todos los órdenes: liberalización comercial, apertura económica, reducción del aparato estatal, etc. Además, surgieron nuevas instituciones: la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, el Consejo de la Judicatura Federal o el Tribunal Electoral. Aunado a lo anterior, también aparecieron cientos de organismos denominados "civiles" que, aunque se dedicaron a una amplia gama de actividades, enfocaron su atención a la defensa de los derechos humanos y la transparencia y limpieza en los procesos electorales. Desde esta perspectiva, la autora analiza la actuación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la investigación de las violaciones de los derechos humanos, cometidas entre 1968 y 1984, época en que se desarrolló la llamada "guerra sucia" contra grupos guerrilleros y organizaciones sociales, que se consideraban cercanas a ellos. ECA Estudios Centroamericanos, Vol. 58, No. 655, 2003: 435-444.

El objetivo central de este artículo de investigación es analizar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Caso González y otras, también denominado“Campo Algodonero” contra el Estado mexicano; el cual representa un hito insuperable en el sistema jurídico mexicano e interamericano, dado que exhibe la grave crisis de violencia de género, corrupción e impunidad que vive esta Nación. Los hechos controvertidos en el referido caso ocurren en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, donde desaparecieron diversas jóvenes, cuyos restos fueron localizados el 06 de noviembre de 2001 en un campo algodonero, víctimas de feminicidio. No obstante, de dicha condena, la memoria y la justicia siguen estando pendientes en las políticas de Estado. En este artículo resultado de investigación, elaborado en el marco de la beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), México, se aplicó el método de análisis jurisprudencial y doctrinal, usando la metodología cualitativa, a través de la revisión documental; además permitió evaluar y presentar resultados, y hacer aportes a la ciencia del Derecho y de los derechos humanos.

La aparición de 18 libros que integran la colección “Análisis Estratégico para el Desarrollo”, organizada por el Consejo Nacional de Universitarios por una Nueva Estrategia de Desarrollo y coordinada por José Luis Calva, representa un aporte muy valioso para profundizar en el debate sobre los problemas y alternativas de desarrollo en México. Este es un esfuerzo de 18 años que congrega a más de 300 investigadores y más de 100 instituciones públicas y privadas de educación superior. En 1995 se publicaron doce volúmenes bajo el título general de Seminario nacional sobre alternativas para la economía mexicana (Juan Pablos Editor) y en 2006 se publicaron 15 tomos intitulados Agenda para el desarrollo (Miguel Ángel Porrúa). Indudablemente, este esfuerzo se convierte en un valioso material para incentivar el análisis y la participación de la sociedad civil en la construcción de un modelo alternativo de desarrollo con democracia, empleo digno, bienestar, justicia social y seguridad humana.

El objetivo principal del presente trabajo de investigación se orienta a determinar si la implementación del Sistema de Control Interno – SCI en el ex Consejo Nacional de la Magistratura - CNM (hoy Junta Nacional de Justicia) no se ha concluido en los plazos previstos en la normativa aplicable entre los años 2008 al 2019, debido a factores de índole procedimental a nivel organizacional de dirección, supervisión y monitoreo. En ese sentido, el enfoque de la investigación fue descriptiva y explicativa, caracterizándose por ser ex post facto, asimismo el diseño fue no experimental y como instrumentos de recolección de datos, se utilizó una encuesta, informes del Órgano de Control Institucional - OCI de la entidad, así como entrevistas realizadas. La unidad de análisis es un Organismo Constitucionalmente Autónomo del Estado, que se encuentra dentro del ámbito del Sistema Nacional de Control, cuya población de estudió comprendió a ciento nueve (109) personas, entre funcionarios y trabajadores, siendo la muestra a quien se aplicó la encuesta de veintisiete (27) trabajadores y dos (02) funcionarios de la Contraloría General de la República. Realizado el análisis de la información procesada, se concluye de manera general que la Alta Dirección del ex CNM no asumió el compromiso de implementar el SCI, por el escaso avance logrado en once años en el que se llevaron a cabo las acciones conducentes para implementarlo. Se propone que los funcionarios de alto nivel de la Junta Nacional de Justicia, a través del órgano competente de la entidad, formulen procedimientos de dirección y supervisión para el monitoreo de las actividades de implementación del SCI, a fin de adoptar acciones correctivas oportunas.

Busca determiar si el control de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional de las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura es una amenaza para su libertad e independencia. Además, se va buscar determinar las posibles contradicciones y la posible falta de uniformidad en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en el control de las resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de la Magistratura; finalmente, establecer los límites respecto a la forma de actuar del Tribunal Constitucional, como garante de la Constitución. El estudio es básicamente de naturaleza aplicada, por cuanto su sustento es doctrinal, con estudio de la bibliografía y hemerografía pertinentes, jurisprudencia, legislación como también lleva a cabo una investigación empírica aplicada a través de una encuesta dirigida a 96 encuestados fruto de una estrategia probabilística.
Tesis

The article is related to an autonomous constitutional body responsible for the selection, appointment, ratification and dismissal of the judges and prosecutors. Strictly speaking, it exercises a political and administrative function. The first one is understood because, by the rule of the Constitution, it exercises power of institutionalized determination and directs its decisions in accordance with ideological and juridical principles and values provided in said text. The second one is meant to expose a unilateral declaration of will made in the name and representation of the State that produces individual legal effects, immediately.
El artículo trata de un órgano constitucional autónomo encargado de la selección, nombramiento, ratificación y destitución de los jueces y fiscales. En puridad, ejerce una función político-administrativa. La primera se entiende en razón a que, por mandato de la Constitución, ejerce potestad de determinación institucionalizada y orienta sus decisiones conforme a los principios y valores ideológicos y jurídicos previstos en dicho texto. La segunda s e e ntiende e n r azón a e xponer u na d eclaración u nilateral de voluntad realizada a nombre y representación del Estado que produce efectos jurídicos individuales en forma inmediata.

Hablar sobre las nuevas tendencias del Derecho de daños puede ser un tanto presuntuoso, porque el solo concepto del Derecho de daños ya es una tendencia contemporánea en las discusiones jurídicas, cuyo inicio probablemente tenga relación directa con nuevos derechos, como los colectivos y de nuevos intereses, como los difusos, donde establecer la culpa de un sujeto responsable no es tan claro como en el proceso ordinario de partes simples. En esta perspectiva del Derecho de daños, se pretende procesar la antijuridicidad del daño y no de la conducta dañina. Es por esto, que se afirma con decisión que el derecho de daños propicia: Un cambio de protagonista, importa poco por quién o por qué motivo se va a afrontar la indemnización de ese daño, con tal de que dicha reparación se produzca. El protagonista es ahora la víctima, de manera que la formulación de los preceptos nucleares de nuestro sistema de responsabilidad civil podría ser muy distinta, para señalar que –todo aquel que sufre un daño antijurídico tiene derecho a ser indemnizadoAsí lo relevante hoy no es la antijuridicidad (a veces inexistente) de la conducta que causa el daño, sino la antijuridicidad del daño mismo. Y por es que, cabe hablar de un (relativamente nuevo) principio general del Derecho que podría formularse como el favor víctima. El Derecho de daños, con estos presupuestos, propone un cambio profundo al proceso tradicional de responsabilidad civil y, por ello, es tan importante que la academia haga múltiples esfuerzos, como este texto, por clarificar en el mundo real de los despachos judiciales cómo se puede aplicar desde la antijuridicidad del daño, de manera que se obtenga una tutela judicial efectiva, seria, eficiente, eficaz y verídica. Sobre todo, una decisión basada en verdad, como fundamento de la justicia de la decisión de los jueces, esto es con claridad probatoria. En esta perspectiva, la Red para el estudio del proceso y la justicia, aborda sendas discusiones con importantes académicos internacionales y nacionales, académicos y miembros del poder judicial, para precisar algunos conceptos a favor de procesos más racionales. Todo ello, dado que el Derecho de daños pretende alcanzar una “función preventiva y de reparación de daños, a través de la puesta en marcha de otros mecanismos no indemnizatorios basados en la prohibición o inhibición de actividades, al modo de la injunction del Derecho inglés, que poco o nada tienen que ver con la responsabilidad civil, si bien se mira”. El lector que se acerca a esta lectura encontrará reflexiones diversas, pero bien articuladas a través de las cuatro mesas de discusión así: • Sobre la responsabilidad y daño en el proceso judicial, se encuentran trabajos que abordan una visión general y profunda sobre la función punitiva y preventiva del daño en el derecho, la culpa patronal y su condición indemnizatoria, pero también reflexiones sobre la responsabilidad del Estado y en otra perspectiva, el daño moral en los mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia. • En cuanto a la prueba del daño y su cuantificación, se presentaron trabajos generales como la prueba, el proceso y el derecho de daños; la necesidad del peritaje psicológico como prueba del daño extra patrimonial; pero también un trabajo específico sobre los acrecimientos en la liquidación de perjuicios del lucro cesante a víctimas indirectas en la responsabilidad civil y del Estado. • Sobre el tema de indemnización y reparación integral, se presentan discusiones en perspectiva de la Corte Interamericana, también sobre la reparación integral y el daño a la salud en la jurisprudencia del Consejo de Estado, y la responsabilidad del Estado por omisión en regulación, por el caso de los productos transgénicos en Colombia. Es de resaltar el trabajo en perspectiva de no repetición, como las prácticas restaurativas y los lenguajes simbólicos. • Por último, sobre los dilemas del derecho ambiental, se encuentran textos como las dinámicas contemporáneas del proceso colectivo y la responsabilidad civil, los daños ambientales, problemas procesales y, el daño ambiental y la carga de la prueba en la ley procesal ambiental. Este será un texto de reflexión para todos los públicos, resta decir que este es el primero de una serie de escritos de reflexión que, sobre el Derecho de daños en perspectiva procesal y probatoria, se hará en diversos contextos y seminarios.