Journal articles: 'Decreto Ley no'

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Valero Fernández, Carmen Yolanda. "Técnica controvertida: Decreto-Ley 'versus' Ley Orgánica." FORO. Revista de Ciencias Jurídicas y Sociales, Nueva Época 22, no. 2 (July 1, 2020): 255–59. http://dx.doi.org/10.5209/foro.69063.

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Medina Guerrero, Manuel. "El control parlamentario del Decreto Ley." Revista Andaluza de Administración Pública, no. 77 (August 31, 2010): 285–96. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n77.641.

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Abstract:

Atrapada en el vertiginoso proceso de adopción de medidas destinadas a cumplir con el compromiso europeo de acelerar la reducción del déficit público, la Junta de Andalucía ha hecho en los últimos meses uso recurrente de la nueva vía que el reformado Estatuto de Autonomía puso en sus manos: la posibilidad de poner en marcha “legislación de urgencia” a través de la figura del Decreto–ley. Desde el mes de marzo de 2010 hasta el momento en que se ultiman estas líneas (septiembre), han sido cinco los Decretos–leyes impulsados desde el Ejecutivo autonómico para afrontar la delicada situación económica por la que atravesamos, y que incluyen desde medidas impositivas hasta recortes del gasto, pasando por la instrumentación de inversiones locales cuyos recursos proceden en última instancia del presupuesto estatal.

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Chamarro, Asunción de la Iglesia. "Economic crisis and strengthening of the regulatory powers of the Executive." Estudios de Deusto 61, no. 2 (November 25, 2014): 69. http://dx.doi.org/10.18543/ed-61(2)-2013pp69-80.

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Abstract:

El contexto de crisis económica se ha traducido en las fuentes del Derecho en un reforzamiento de los poderes normativos de los Ejecutivos en detrimento de la ley parlamentaria. En España, a nivel nacional prolifera la regulación por decreto-ley, que se transforma después en proyecto de ley a tramitar por el procedimiento de urgencia. Y es que la urgencia se ha impuesto en la adopción de medidas normativas. Esto mismo se aprecia también en el ámbito de las Comunidades Autónomas, donde una de las novedades del último proceso de reformas estatutarias ha sido la incorporación de los decretos-leyes autonómicos (de momento presentes en ocho de las diecisiete Comunidades Autónomas). El objeto es el análisis, es poner manifiesto la dilatación del uso expansivo del decreto-ley, tanto a nivel nacional como autonómico, y apuntar los principales problemas que de esto se derivan

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Vázquez Alonso, Víctor Javier. "El uso del decreto ley frente a “coyunturas económicas problemáticas” y por gobiernos en minoría." Revista Andaluza de Administración Pública, no. 94 (April 30, 2016): 249–55. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n94.760.

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Abstract:

Esta comprensión del decreto ley como instrumento normativo de respuesta a las consecuencias sociales de la crisis económica, en este caso, en el mercado de trabajo, es la que está detrás del decreto ley con el que finalmente se han introducido en el ordenamiento andaluz importantes modificaciones en proyectos claves de esta y de la anterior legislatura como son la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo; el Decreto Ley 6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el programa EMPLE@JOVEN y la iniciativa @MPRENDE+; y el Decreto Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el programa EMPLE@30+. Insistimos en lo de “finalmente”, porque ha sido necesario un segundo trámite

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Jordano Fraga, Jesús. "Política Normativa Ambiental de Andalucía 2091: Declaración de interés estratégico para Andalucía de iniciativas económicas y adecuación ambiental y territorial de viviendas ilegales." Revista Andaluza de Administración Pública, no. 107 (August 31, 2020): 279–306. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n107.1218.

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Abstract:

La actividad normativa ha venido protagonizada por dos normas con rango de Ley. El Decreto-ley núm. 3/2019, de Medidas urgentes para la adecuación ambiental y territorial de las edificaciones irregulares y el Decreto-Ley núm. 4/2019, de Fomento de iniciativas económicas mediante la agilización y simplificación administrativas. En el horizonte se atisba una iniciativa pionera de y la codificación y simplificación de la normativa ambiental propiciada desde la Unión Europea. En el ámbito organizativo mediante Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, sobre reestructuración de Consejerías, Medio Ambiente pasa de Ordenación del Territorio a Agricultura.

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Abanto Revilla, César. "Regímenes complementarios de jubilación en el Perú: ¿una opción paralela?" Derecho PUCP, no. 75 (November 1, 2015): 253–82. http://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.201502.012.

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Abstract:

En el Perú, existe, desde finales de 1992, un modelo mixto de pensiones que está formado, a su vez, por un régimen público —dentro del cual tenemos a los miembros de las fuerzas armadas y policiales (decreto ley 19846), a los servidores públicos (decreto ley 20530), a los servidores diplomáticos (decreto supremo 065-2009-RE) y al Sistema Nacional de Pensiones (decreto ley 19990)— y, en paralelo, un régimen privado, a saber, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) (decreto ley 25897). En la medida en que diversos factores han afectado el normal desarrollo de los sistemas estatales de pensiones, se ha pretendido sustituirlos por el modelo privado chileno de 1980. Sin embargo, las crisis financieras han demostrado que este mecanismo también presenta debilidades, en especial, por su íntima vinculación a la volatilidad de los mercados financiero y bursátil, lo cual ha llevado a que se ensayen fórmulas alternas. En algunos casos, estas se han dirigido hacia los regímenes de pensiones complementarias, es decir, a la creación de fondos previsionales que tienen por finalidad otorgar prestaciones adicionales a las reconocidas por los sistemas obligatorios existentes.

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Cámara Barroso, Carmen, and Eduardo Sanz Arcega. "Las posibilidades presupuestarias del Gobierno en funciones: a propósito de la aprobación de un Real Decreto-ley para la modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado." Estudios de Deusto 65, no. 1 (June 30, 2017): 333. http://dx.doi.org/10.18543/ed-65(1)-2017pp333-345.

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Abstract:

<p>El objetivo de este trabajo es extender la doctrina jurídica sobre las competencias presupuestarias del Gobierno en funciones, concretamente, en lo atinente a su capacidad para modificar los Presupuestos Generales del Estado a través de la promulgación de un real decreto-ley. A tal fin, en primer lugar, se expone los requisitos que el ordenamiento y la jurisprudencia imponen como canon de constitucionalidad para la válida promulgación de un real decreto-ley, atendiendo singularmente su capacidad para introducir modificaciones en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LGPE). La última sección concluye la necesidad de exigir requisitos adicionales para que la promulgación por un Gobierno en funciones de un real decreto-ley que modifique la LPGE supere el test de constitucionalidad.</p>

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Núñez-Lozano, María Carmen. "INFORME: El nuevo régimen de los municipios turísticos en Andalucía." Revista Andaluza de Administración Pública, no. 98 (September 1, 2017): 487–97. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n98.28.

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Abstract:

La Ley 12/1999, de 15 de diciembre, del Turismo, previó la figura del “municipio turístico” (MT en lo sucesivo). En desarrollo de la Ley, el 28 de mayo de 2002 se aprobó el Decreto 158/2002, de Municipio Turístico, reformado por el Decreto 70/2006, de 21 de marzo. La Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, regula ahora el municipio turístico de Andalucía (MTA en lo sucesivo) en sus artículos 19 y 20, introduciendo algunas novedades. Muy recientemente se ha aprobado el Decreto 72/2017, de 13 de junio, de Municipio Turístico de Andalucía2. La finalidad que se persigue con la figura es “promover la calidad en la prestación de los servicios municipales al conjunto de la población turística asistida mediante una acción concertada de fomento” (artículo 19.2 de la Ley 13/2011). Junto a ella, y a través de los convenios que se prevén, compensar el incremento en la demanda de la prestación de los servicios (artículo 18.2 del Decreto 72/2017).

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Álvarez Cortés, Juan Carlos. "La protección de los trabajadores autónomos por cese de actividad durante el estado de alarma y la protección tras su finalización." TRABAJO, PERSONA, DERECHO, MERCADO. Revista de Estudios sobre Ciencias del Trabajo y Protección Social, no. 1 (2020): 181–222. http://dx.doi.org/10.12795/tpdm.2020.i1.08.

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Abstract:

Se analiza el régimen jurídico y la evolución normativa de la protección extraordinaria por cese de actividad establecida en el artículo 17 del Real Decreto-Ley 8/2020 y las diversas modificaciones producidas a lo largo de Estado de Alarma de esta prestación. También se analiza, de un lado, la ampliación de la protección por cese de actividad producida por el Real Decreto-Ley 24/2020, para facilitar el reinicio en la actividad permitiendo compatibilizar la actividad con el cese de actividad previsto en la Ley General de la Seguridad Social y, de otro, la prestación extraordinaria de cese de actividad previsto para los autónomos de temporada. Finalmente, se apuntan las medidas adoptadas por el Real Decreto-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo referidas al cese de actividad.

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Avila Orive, José Luis. "La extraordinaria y urgente necesidad en el Decreto-ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y colegios profesionales." Estudios de Deusto 44, no. 2 (January 27, 2015): 31. http://dx.doi.org/10.18543/ed-44(2)-1996pp31-58.

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Abstract:

I. Introducción. II. El presupuesto habilitante: la extraordinaria y urgente necesidad. II.1. Lo necesario. II.2. Lo extraordinario. II.3. Lo urgente. II.4. El examen del Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, de medidas liberalizadoras en materia de suelo. II.5. Los efectos de la nulidad del cuestionado Decreto-Ley. II.6. Los límites materiales.

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Medina Guerrero, Manuel. "La convalidación del Decreto Ley 7/2014, de 20 de mayo, relativo a la aplicación de la Reforma Local en Andalucía." Revista Andaluza de Administración Pública, no. 89 (August 31, 2014): 319–31. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n89.858.

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Abstract:

En la misma sesión en la que el Pleno aprobó, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, la Ley de Transparencia de Andalucía, se sometió a convalidación el Decreto Ley 7/2014, de 20 de mayo, por el que se establecen medidas urgentes para la aplicación de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Un Decreto Ley cuya relevancia difícilmente puede ser exagerada, habida cuenta de su incidencia en el funcionamiento de los municipios andaluces en general y, particularmente, en la continuidad de determinados servicios sociales municipales considerados hasta la fecha como básicos.

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Monsálvez Araneda, Danny Golzalo. "Legitimación e institucionalización. El poder militar disciplinario en Chile: bandos y decretos ley (1973-74)." Estudios digital, no. 44 (September 4, 2020): 185–206. http://dx.doi.org/10.31050/re.vi44.30173.

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Abstract:

A través del Decreto Ley número 5 del 12 de septiembre de 1973 los militares chilenos especificaron que el “Estado de Sitio decretado por conmoción interna” debía entenderse como “Estado o Tiempo de Guerra”. De esa forma, y una vez consolidado el golpe de Estado del martes 11 de septiembre, la Junta Militar y las Fuerzas Armadas emprendieron un proceso institucional tendiente a legitimar la acción militar, el combate al marxismo y la eliminación del “enemigo interno”, usando para ello todos los instrumentos y mecanismo a disposición con el fin de combatir su presencia en el país. Se adaptó y adoptó una determinada legalidad y, sobre todo, una nueva institucionalidad para esa lucha total y permanente contra el marxismo y sus partidarios. Fue en este contexto de violencia política e institucional en que operaron los Bandos Militares y los Decretos Ley como dispositivos, es decir, una red de relaciones de poder que fueron estructurando un entramado legal y punitivo tendiente a justificar la represión y eliminación de los opositores al régimen.

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Gala Durán, Carolina. "El teletrabajo en las Administraciones Públicas." Trabajo, persona, derecho, mercado. Revista de estudios sobre ciencias del trabajo y protección social, no. 3 (2021): 69–94. http://dx.doi.org/10.12795/tpdm.2021.i3.06.

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Abstract:

Al igual que ha pasado en el sector privado vía Real Decreto-ley 28/2020, también en las Administraciones Públicas se ha regulado recientemente el teletrabajo, a través del Real Decreto-ley 29/2020 y la incorporación en el TREBEP del nuevo artículo 47 bis. El objetivo de este trabajo es analizar cómo se ha regulado el teletrabajo en las Administraciones Públicas, distinguiendo tres etapas: a) la anterior al Real Decreto-ley 29/2020, donde varias Comunidades Autónomas asumieron un papel relevante en esta cuestión; b) la recogida en el propio artículo 47 bis del TREBEP, precepto que incorpora una regulación claramente insuficiente a pesar de la importancia que tiene el teletrabajo en estos momentos; y, c) la referida a los reglamentos sobre teletrabajo aprobados con posterioridad a la entrada en vigor del citado artículo 47 bis, que, como veremos, tienen un carácter continuista respecto a la regulación anterior

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Oliveira, Andréia, Jorge Marcos Marcos, and Carlos Alvarez-Dardet Díaz. "Lutas sociais contra a privatização da saúde na Espanha." Revista Katálysis 24, no. 2 (August 2021): 375–85. http://dx.doi.org/10.1590/1982-0259.2021.e77994.

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Abstract:

Resumo: Neste estudo buscamos identificar as formas e estratégias de mobilização coletiva de contestação e protesto no enfrentamento das medidas neoliberais e de austeridade no Sistema Nacional de Saúde na Espanha, tomando como referência o Real Decreto-ley 16/2012 e o Real Decreto-ley 7/2018. O estudo se sustenta no uso de método qualitativo com instrumentos múltiplos de coleta, baseado em revisão narrativa da literatura, análise documental e aplicação de questionário com perguntas abertas a pessoas de referência na área, profissionais e líderes de associações, com posicionamentos contrários às restrições ao direito universal à saúde. Os resultados sugerem que as mobilizações e ações de protesto conseguiram deter as propostas do Real Decreto-ley 16/2012. Os êxitos são considerados inspiradores, mas não suficientes. A saúde passa a ser vinculada novamente à condição de cidadania, no entanto, há reminiscências do modelo anterior e permanecem as disputas com o setor privado.

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Cohen Benchetrit, Amanda. "Una reforma procesal de calado en materia de reclamaciones derivadas de actos anticoncurrenciales." REVISTA LEX MERCATORIA Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislación 4, no. 1 (October 26, 2017): 19. http://dx.doi.org/10.21134/lex.v4i1.1297.

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Abstract:

Por medio del Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo (BOE 27 de mayo de 2017) se ha llevado a cabo en nuestro país la implementación, entre otras, de la Directiva 2014/104/UE (comúnmente conocida como la “Directiva de daños” -en adelante, la Directiva). La convalidación de este Real Decreto- Ley se acordó por el Congreso de los Diputados en su Resolución de 22 de junio de este año (BOE 30 de junio de 2017).

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Botto Denegri, Francisco, and Sheila Espinal Cragg. "Deducción de intereses y reglas de subcapitalización en la Ley del Impuesto a la Renta peruana y la acción 4 del plan BEPS." THEMIS Revista de Derecho, no. 76 (August 31, 2019): 213–24. http://dx.doi.org/10.18800/themis.201902.013.

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Abstract:

El Decreto Legislativo 1424 y el Decreto Supremo 338-2018-EF tuvieron como finalidad modificar la Ley de Impuesto a la Renta en materia de deducción de intereses por préstamos. En específico, los decretos antes mencionados han modificado las reglas de subcapitalización por las que las empresas establecidas en Perú estaban reguladas. En ese sentido, estos ajustes parecen cambiar las reglas de juego en lo que respecta a la inversión extranjera en el país. En este artículo, los autores revisan la evolución del marco legal de subcapitalización en las últimas décadas. A partir de esto, analizan las normas vigentes hasta 2018, así como las promulgadas entre 2019 y 2020. Bajo este enfoque, cuestionan la implementación de las reglas de la Acción 4 del BEPS que serán aplicables a partir de 2021 ya que sus efectos tendrán repercusiones económicas tanto interna como externamente.

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Pérez Andrés, Antonio Alfonso. "El alcance de la reforma operada en la Ley Estatal 6/1998, sobre régimen del suelo y valoraciones, por la Ley 10/2003, de 20 de Mayo, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario." Revista Andaluza de Administración Pública, no. 52 (December 31, 2003): 45–50. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n52.186.

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Abstract:

El pasado 21 de Mayo de 2003 se ha publicado en el BOE una nueva Ley que reforma en cinco artículos la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. La espiral de reformas legislativas y sentencias del Tribunal Constitucional en la que se haya inmerso el ordenamiento jurídico urbanístico parece no tener fin. En este caso la reforma ha venido de la mano de una Ley ordinaria, con lo que no se ha hecho uso de la fórmula del Decreto-Ley que con tanta profusión se había venido utilizando para realizar retoques en la normativa estatal urbanística, como es el caso del Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, que curiosamente tenía exactamente el mismo nombre que ahora se emplea para la nueva Ley reformadora, la 10/2003, de 20 de mayo, de Medidas Urgentes de Liberalización en el Sector Inmobiliario y Transportes, aunque distinto contenido como ahora veremos.

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Zamorano Wisnes, José. "Comentarios al decreto-ley 5/2012 de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía." Revista Andaluza de Administración Pública, no. 85 (April 30, 2013): 149–84. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n85.1008.

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Abstract:

El presente artículo aborda el estudio del Decreto-Ley 5/2012, de 27 de noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del litoral de Andalucía, que modifica la Ley de Ordenación del Territorio (LOTA) para introducir un nuevo plan territorial, el Plan de Protección del Corredor Litoral (PPCLA), heredero en cierto modo de las Directrices de Ordenación del Litoral de Andalucía y con el que se pretende la ordenación unitaria del litoral. El estudio analiza sus objetivos, ámbito, contenidos materiales, procedimiento de aprobación y la medida cautelar de suspensión de determinados planes parciales cuyo ámbito territorial se encuentre en la zona de influencia prevista en el Decreto Ley. También se ocupa de la modificación de la LOTA que lleva a cabo el Decreto-Ley, con la finalidad de aclarar el carácter prevalente del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía sobre el planeamiento municipal y los mecanismos establecidos para que éste se adapte a aquél. Así mismo, se estudia la adecuación del Decreto-Ley 5/2012 a los presupuestos que legitiman la utilización de una norma de esta naturaleza, lo que arroja una valoración negativa que conduce a abogar por su tramitación como proyecto de ley. El estudio concluye que el PPCLA tendrá un impacto significativo en nuestro litoral, tanto en lo que se refiere a la ordenación del mismo como en lo que concierne al ius aedificandi de los propietarios de los suelos incluidos en la zona de influencia de la Ley de Costas cuya calificación actual sea la de suelo no urbanizable (SNU), suelo urbanizable sectorizado o suelo urbanizable no sectorizado, puesto que su conservación conllevará su “congelación” o reclasificación como SNU y, consecuentemente, la limitación de la capacidad edificatoria de los mismos e, incluso, la de algunos usos más agresivos, todo ello con la finalidad de mantener los suelos en un estado próximo al natural.

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Ortiz de Tena, María del Carmen. "La Sentencia de 28 de enero de 2009 del Tribunal Supremo sobre el silencio administrativo en las licencias urbanísticas." Revista Andaluza de Administración Pública, no. 73 (April 30, 2009): 265–78. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n73.159.

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Abstract:

Damos cuenta de la importante Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2009, que resuelve un recurso de casación en interés de ley, y fija como doctrina legal que el artículo 242.6 del Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y el artículo 8.1 b), último párrafo, del Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, son normas con rango de leyes básicas estatales, en cuya virtud y conforme a lo dispuesto en el precepto estatal, también básico, contenido en el artículo 43.2 de la Ley de 30/1992, de 26 noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999, de 13 enero, no pueden entenderse adquiridas por silencio administrativo licencias en contra de la ordenación territorial o urbanística.

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Celotto, Alfonso. "Parlamento y poderes legislativos del gobierno en Italia: el abuso del Decreto de Urgencia (Decreto ley)." Derecho PUCP, no. 55 (December 1, 2002): 75–94. http://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.200201.004.

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Medina Guerrero, Manuel. "La conversión del Decreto-Ley en Ley y la práctica de las “normas intrusas”." Revista Andaluza de Administración Pública, no. 79 (April 30, 2011): 243–53. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n79.684.

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Abstract:

Que el reformado Estatuto de Autonomía ha incorporado importantes novedades en materia de fuentes del Derecho, es una afirmación de la que ya nos hemos hecho eco repetidamente en anteriores crónicas. Y aunque varias de las aportaciones suscitan dudas en lo concerniente a la delimitación de su exacto alcance (como el ámbito material reservado a las leyes de mayoría absoluta ex art. 108 EAAnd), ninguna está generando ni por asomo tantas controversias como la figura del decreto–ley. Con independencia de los problemas que, por naturaleza, suscita una fuente del derecho que reclama la colaboración de dos poderes, es lo cierto que la severa crisis económica y financiera por la que atravesamos ha animado a su utilización intensiva en los últimos meses, proyectándose (y multiplicándose) así en la práctica los interrogantes que esta categoría normativa ya suscita con su solo examen teórico.

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Izquierdo Barragán, Mercedes. "Planteamiento por la audiencia nacional de cuestión de inconstitucionalidad contra la imposición de tasas judiciales en la jurisdicción contencioso-administrativa." Revista Andaluza de Administración Pública, no. 86 (August 31, 2013): 225–41. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n86.1021.

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Abstract:

Mediante el Auto de 6 de septiembre de 2013, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad contra varios preceptos de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y del Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita. En concreto, para la Sala de la Audiencia Nacional el artículo 8.2 de la Ley 10/2012, en la redacción dada por el Real Decreto-Ley 3/2013, así como el artículo 1, apartado nueve de este último, posiblemente son contrarios al artículo 24.1 de la Constitución, por cuanto la preclusión del trámite procesal y la terminación del proceso pueden quebrantar el derecho fundamental de la persona a la tutela judicial efectiva, si la exigencia de pago por adelantado de la tasa impide acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa, y con ello a obtener dicha tutela judicial efectiva. De igual manera, los artículos 7.1 y 7.2 de la Ley 10/2012, en la redacción dada por el Real Decreto-Ley 3/2013, pueden ser contrarios a los artículos 14, 9.2 y 31 de la Constitución en la medida en que establecen un régimen económico de las tasas judiciales que no tiene en cuenta el principio de igualdad material, manifestado esencialmente por la capacidad económica del ciudadano.

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Balboa Alejandro, Eleodoro. "Presentación." Revista del Archivo General de la Nación 30, no. 1 (September 16, 2015): 9–10. http://dx.doi.org/10.37840/ragn.v30i1.41.

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Abstract:

Dentro de las consideraciones del Decreto Ley 19414 -Ley de defensa, conservación e incremento del patrimonio documental-, se precisa que los documentos de archivo son fuente primaria e insustituible de información para el conocimiento del pasado histórico de nuestro país y, por lo tanto, constituyen un acervo cultural inapreciable.

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Geles, Yesica Paola Montes, and Nilce Vieira Campos Ferreira. "Escuelas normales de mujeres en Colombia (1903-1914)." Cadernos de História da Educação 17, no. 1 (May 16, 2018): 260. http://dx.doi.org/10.14393/che-v17n1-2018-16.

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Abstract:

El objetivo es analizar las escuelas normales teniendo como fuentes las disposiciones de la Ley Orgánica de 1903 y el Decreto 491 de 1904, lo cual hace parte de una investigación en desarrollo, cuyo propósito inicial es estudiar la Escuela Normal de Institutoras de Bolívar en el período de 1903 hasta 1930, con el análisis de fuentes documentales y registros históricos de la época. Exponemos una visión general de las leyes orgánicas en la historia de la educación colombiana partiendo de la Ley Orgánica de 1903, segunda ley que reforma la Instrucción Pública colombiana. Procuramos responder: cuáles son las mudanzas en la organización de las Escuelas Normales femeninas en el período de 1903 a 1914? La reforma defendida por la Ley Orgánica buscaba principalmente estimular la formación de profesores y promover las escuelas normales para hombres y mujeres con el objetivo de alcanzar un índice educativo más elevado en Colombia.Palabras clave: Ley Orgánica. Decreto 491. Escuelas Normales de Mujeres. Colombia.AbstractThis study aims to analyze the normal schools having as sources the rules of the Organic Law of 1903 and the decree 491 from 1904, which is part of a developing research, whose initial purpose is to study La Escuela Normal de Institutoras de Bolívar during the period from 1903 to 1930, with the analysis of the documental sources and historical records of the age. It is presented a general overview of the organic laws in the history of Colombian education starting from the Organic Law of 1903, second law that reforms the Colombian Public Instruction. It is tried to answer: What are the changes in the organization of feminine normal schools during the period from 1903 to 1914? The reform defended by the Organic Law sought mainly to stimulate the teachers training and to promote the normal schools for men and women with the objective of achieving a higher educational index in Colombia.Keywords: Organic Law, Decree 491, Normal School for Women, Colombia.ResumoObjetivamos analisar as escolas normais tendo como fontes as disposições da Lei Orgânica de 1903 e do Decreto 491 de 1904, cujo foco é estudar a Escola Normal do Instituto de Bolívar no período de 1903 a 1930, com a análise de fontes documentais e registros históricos da época. Expomos uma visão geral das leis orgânicas na história da educação colombiana com base na Lei Orgânica de 1903, a segunda lei que reforma a Instrução Pública Colombiana. Procuramos responder: quais são as mudanças na organização das Escolas Normais Femininas no período de 1903 a 1914? Concluímos que a reforma preconizada pela Lei Orgânica buscou principalmente estimular a formação de professores e promover escolas normais para homens e mulheres com o objetivo de alcançar um índice educacional mais alto na Colômbia.Palavras-chave: Lei Orgânica. Decreto 491, Escola Normal Feminina. Colômbia.

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González García, Ignacio. "La trascendencia constitucional del deficiente control del decreto ley autonómico." Revista Española de Derecho Constitucional, no. 111 (December 11, 2017): 99–124. http://dx.doi.org/10.18042/cepc/redc.111.04.

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González Beltrones, Adria Velia. "Comentario al Decreto número 120 que reforma y adiciona diversas disposiciones legales del Estado de Sonora." Revista de la Facultad de Derecho de México 71, no. 279-2 (March 20, 2021): 791. http://dx.doi.org/10.22201/fder.24488933e.2021.279-2.79013.

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Abstract:

Comentario legislativo del Decreto número 120 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Sonora, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, de la Ley Estatal de Responsabilidades, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado De Sonora, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Sonora y de la Ley de Gobierno y Administración Municipal. Boletín Oficia del Gobierno del Estado de Sonora, t. CCV, Edición Especial, 29 Mayo del 2020.

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Rodríguez Díaz, Isabel. "Defensa de la competencia, acción de daños y exenciones." REVISTA LEX MERCATORIA Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislación 4, no. 1 (October 31, 2017): 79. http://dx.doi.org/10.21134/lex.v4i1.1308.

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Abstract:

El Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamien-to de trabajadores, contiene las modificaciones derivadas de la transposición de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014 que es-tablece determinadas normas por las que se rigen, en virtud del Derecho nacional, las ac-ciones de daños resultantes de las infraccio-nes del Derecho de la competencia de los Es-tados miembros y de la Unión Europea. El ci-tado Real Decreto-ley 9/2017 modifica la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Com-petencia (LDC), introduciendo un nuevo título VI relativo a la compensación de los daños causados por las prácticas restrictivas de la competencia, que abarca los artículos 71 a 81.

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Rivero Ysern, José Luis, and Encarnación Montoya Martín. "Una nueva oportunidad para la minería metálica." Revista Andaluza de Administración Pública, no. 91 (April 30, 2015): 37–90. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n91.827.

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Abstract:

El estudio analiza la articulación técnica de la reapertura de la mina de Aznalcóllar a través de un concurso internacional. Se examina la situación de los permisos de investigación afectados por el proyecto de reapertura. La extinción de los permisos solicitados suscita dos cuestiones: de una parte, la naturaleza de la caducidad de los títulos mineros que regula la vigente Ley de Minas de 1973 y, de otra parte, la cuestión de la indemnizabilidad de la extinción de los permisos mineros. El sistema que prevé la Ley preconstitucional de Minas de 1973 con relación a la concesión que es el título habilitante para la explotación de los recursos de la Sección C, es la adjudicación directa basada en la preferencia de los titulares previos de permisos de investigación. Pese a ello, consideramos que, para la mejor garantía de los intereses generales implicados, el procedimiento de adjudicación debía de ser el concurso público. Dado que la Ley de Minas no prevé tal posibilidad, se examinan los instrumentos jurídicos que pudieran permitir articular jurídicamente el concurso público en el marco de la propia Ley de Minas: la reserva minera (art. 7 LMi) y la declaración de no registrabilidad (art. 39.3 LMi). Entre las dos opciones estudiadas, la Junta de Andalucía optó por ejercer la potestad de reserva definiendo y delimitando la “zona Aznalcóllar” y permitiendo la adjudicación de la Mina conforme a un procedimiento de concurrencia competitiva a través de del Decreto-ley 9/2013, de 17 de diciembre, por el que se articulan los procedimientos necesarios para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Este Decreto-ley, dio lugar al planteamiento de recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno. No obstante, y como resultado de las negociaciones políticas, el desbloqueo de la situación se articuló jurídicamente de una parte, a través del Decreto-ley estatal 6/2014, de 11 de abril, por el que se regula el otorgamiento de la explotación de los recursos mineros de la zona denominada «Aznalcóllar», y de otra parte, del Decreto-ley 4/2014, de 11 de abril, por el que se adoptan las medidas urgentes necesarias en relación con el procedimiento de reapertura de la mina de Aznalcóllar. El estudio concluye que no puede mantenerse una normativa preconstitucional para regular un sector tan complejo y de tanta trascendencia para la economía y el empleo de nuestro país. No lo permite nuestra Constitución ni el nuevo modelo de nuestro Estado de las Autonomías.

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Herrero de Miñón, Miguel. "Génesis del Real Decreto-Ley de marzo de 1977 // Genesis of the Royal Decree of March 1977." Revista de Derecho Político 1, no. 100 (December 20, 2017): 33. http://dx.doi.org/10.5944/rdp.100.2017.20688.

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Abstract:

Resumen:En este trabajo se exponen, con elevado nivel de detalle, los elementos que influyeron en la redacción del Real Decreto Ley de 18 de marzo de 1977, que reguló las primeras elecciones democráticas en España, y que influyó posteriormente en la actual regulación electoral todavía vigente.AbstractIn this work are exposed, with high level of detail, the elements that influenced the drafting of the Royal Decree of March 18, 1977, which regulated the first democratic elections in Spain, and which later influenced the current electoral regulation still in force.

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Muñiz Espada, Esther, and Jose Manuel López Torres. "Especialidades legislativas para el sector agroalimentario en tiempos de COVID-19 en España." Przegląd Prawa Rolnego, no. 1(26) (October 25, 2020): 179–94. http://dx.doi.org/10.14746/ppr.2020.26.1.11.

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Abstract:

La situación epidemiológica que ha generado la crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19 en España ha supuesto la adopción de determinadas medidas en casi todos los ámbitos de la economía. Incluso se ha utilizado para modificar aspectos que no estaban justificados por la urgencia o alarma de la situación sanitaria. El carácter esencial reconocido para la actividad agroalimentaria (agricultura, ganadería, acuicultura, pesca e industria alimentaria) ha permitido mantener la actividad durante todo el estado de alarma. Esta situación excepcional ha exigido medidas urgentes extraordinarias para contrarrestar el impacto económico y social del COVID-19. En el propio sector agrario, el Real Decreto-ley 13/2020 de 7 de abril de 2020 pretendía establecer como medida la compatibilidad de las prestaciones por desempleo u otras prestaciones sociales o laborales con el desempeño de tareas agrarias, atrayendo personas en situación de paro o cese de actividad, así como aquellos trabajadores cuyos contratos hayan sido suspendidos temporalmente o aquellos migrantes cuyo permiso de trabajo iba a finalizar en el período comprendido entre la declaración del estado de alarma y el 30 de junio de 2020 para atender las necesidades de la mano de obra existente. Asimismo, se han adoptado medidas para facilitar la inclusión de los trabajadores en el Sistema Especial de Trabajadores Agrarios Autónomos (SETA), con un menor coste para los sujetos recibidos, mediante Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril de 2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Para ello, se eliminan todas las condiciones que hasta ahora estaban relacionadas con la renta. Por último, el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo de 2020, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, agraria, científica, económica, laboral, de Seguridad Social y tributaria para paliar los efectos del COVID-19, se ha prorrogado por tres meses el contenido del Real Decreto-ley 13/2020, con el objetivo de garantizar la mano de obra suficiente para cubrir las necesidades agrícolas de verano.

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Ueno, Mamiko. "El juez constitucional e interpretación de normas en Japón." Revista Jurídica Piélagus 18, no. 2 (July 19, 2019): 11–25. http://dx.doi.org/10.25054/16576799.2643.

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Abstract:

El presente artículo desarrolla, de forma expositiva y analítica, la composición del sistema judicial japonés a partir del análisis de la Constitución Política de 1946. Se centra en las atribuciones otorgadas por la Carta Política a los jueces en Japón, así como en la interpretación de la norma y en el papel muy conservador y “negativista” de la Corte Suprema de Justicia como alto tribunal encargado de decretar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de cualquier ley, decreto, reglamento o acto oficial. La tendencia reiterada ha sido la de “esquivar” la cuestión de constitucionalidad y de hacer prevalecer el poder discrecional del legislador.

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Morillo-Velarde Pérez, José Ignacio. "INFORME: El Decreto-ley 5/2014, de 22 de abril, de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas." Revista Andaluza de Administración Pública, no. 88 (April 30, 2014): 483–86. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n88.882.

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Abstract:

SUMARIO: 1. CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE ESTE DECRETO-LEY2. LA REGULACIÓN DE LAS AUTORIZACIONES DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS3. ADAPTACIÓN DE NORMAS CON RANGO DE LEY A LAS EXIGENCIAS DE LA NUEVA NORMATIVA4. CONCLUSIONES

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Sánchez Mayorga, Ximena, Bibiana Rendón Álvarez, and Edilberto Montaño Orozco. "Caracterización de los marcos técnicos normativos contables y financieros de las sociedades comerciales, en Santiago de Cali, a diciembre 31 de 2016." Entramado 15, no. 1 (January 10, 2019): 138–50. http://dx.doi.org/10.18041/1900-3803/entramado.1.5367.

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Abstract:

El objetivo principal fue caracterizar los marcos técnicos normativos contables de estas organizaciones bajo la aplicación de la Ley 1314 de 2009, el Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios. Se muestra el ámbito de aplicación de estas sociedades, respecto a las normas técnicas contables y financieras. En la metodología, se empleó el estudio exploratorio, aplicando los parámetros de clasificación del Decreto 2420 de 2015, de la Ley 1314 de 2009. Entre los hallazgos están: el 1% de las sociedades comerciales está catalogada en el Grupo 1, las cuales aplican Normas de Contabilidad y de Información Financiera (NCIF); 39,96% está en el Grupo 2 y aplica las Normas de Información Financiera para PYMES; 59,03% está en el Grupo 3, con el modelo de contabilidad renuncia simplificada, designado para las microempresas

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Medina Guerrero, Manuel. "El El estreno del Decreto-Ley como fuente del derecho autonómica." Revista Andaluza de Administración Pública, no. 71-72 (December 31, 2008): 451–64. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n71-72.559.

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Abstract:

El nuevo Estatuto de Autonomía ha supuesto una modificación sustancial en la configuración de la articulación de las relaciones de nuestra Comunidad Autónoma con los restantes niveles de gobierno, así como en la ampliación de los compromisos y tareas que asume la Junta de Andalucía para con sus ciudadanos, habida cuenta de que se ha reconocido específicamente en la norma estatutaria un largo elenco de derechos sociales. Pues bien, las novedades también se han proyectado a ámbitos que, dado su carácter técnico, han pasado en principio menos advertidos para la ciudadanía, pero cuya relevancia resulta a todas luces evidente. Así sucede con la regulación que el nuevo Estatuto realiza de las fuentes del derecho, ya que incorpora determinadas categorías normativas que, si bien han sido tradicionalmente conocidas y prolijamente utilizadas por el nivel central de gobierno, no fueron en su día asumidas inicialmente por los textos estatutarios. De una de esas fuentes de Derecho, a saber, de la figura del Decreto–Ley, habremos de ocuparnos en la presente crónica.

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Sanz Gómez, Rafael, and Sergio Sanz Gómez. "Análisis cuantitativo del uso del decreto ley en España (1979-2018)." Revista de Estudios Políticos 188 (June 30, 2020): 127–58. http://dx.doi.org/10.18042/cepc/rep.188.05.

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Editora, La. "Ley Especial para el Control del Tabaco Decreto N° 92-2010." La Revista de Derecho 31 (November 21, 2013): 133–48. http://dx.doi.org/10.5377/lrd.v31i0.1246.

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Kresajla, Baldo. "Comentarios al decreto ley 26122 sobre represión de la competencia desleal." Derecho PUCP, no. 47 (December 1, 1993): 13–86. http://dx.doi.org/10.18800/derechopucp.199301.001.

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Santaolalla López, Fernando. "Decreto-ley, ley y tratado internacional. COmentario a la STC 155/ 2005, de 9 de Junio." Teoría y Realidad Constitucional, no. 18 (January 1, 2006): 399. http://dx.doi.org/10.5944/trc.18.2006.6735.

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Fernández Alles, José Joaquín. "La progresiva equiparación al Estado como modelo autonómico: el caso de Andalucía." Teoría y Realidad Constitucional, no. 24 (July 1, 2009): 323. http://dx.doi.org/10.5944/trc.24.2009.6871.

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Abstract:

Las últimas reformas estatutarias confirman que el modelo autonómico español sigue más abierto que nunca y, en virtud de los nuevos contenidos asumidos por algunas Comunidades Autónomas, se dirige a la progresiva equiparación normativa, institucional y relacional con el Estado. Sentada la imposible equiparación total en la regulación de los derechos fundamentales (sólo regulable por Ley Orgánica) y en materia competencial (competencias exclusivas absolutas), en este artículo se describe y analiza el proceso de equiparación normativa, institucional y relacional que, a raíz de la aplicación de la LO 2/2007, de 19 de marzo, se suscitan en el desarrollo y aplicación del Estatuto de Autonomía para Andalucía en sus primeros años de vigencia: las potestades normativas con fuerza de ley (Decreto-Ley y Decreto-Legislativo), la más amplia Administración periférica de todas las Comunidades Autónomas, el entendimiento constitucional del bilateralismo y de los acuerdos sobre financiación, la igualdad de género como principio rector del derecho electoral y del sistema institucional, la participación autonómica en el proceso decisorio europeo y la intensa integración normativa del Reglamento del Parlamento de Andalucía.

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Pérez Martos, José. "Derecho Urbanístico de Andalucía." Revista Andaluza de Administración Pública, no. 51 (July 1, 2003): 403–7. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n51.9.

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Abstract:

El panorama del Derecho urbanístico ha cambiado notablemente a partir de la STC 61/1997, de 20 de marzo, dictada en el proceso de inconstitucionalidad seguido contra la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo, y el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (en adelante, TR92), adoptado en virtud de lo establecido en la disposición final segunda de la Ley citada en primer lugar.

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Gómez-Riesco Tabernero de Paz, Juan. "SOBRE LA CALIFICACIÓN DE LA VÁLIDA CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EN EL ACTA NOTARIAL DEL ARTÍCULO 203 DEL TRLSC." REVISTA LEX MERCATORIA Doctrina, Praxis, Jurisprudencia y Legislación, no. 11 (June 10, 2019): 57. http://dx.doi.org/10.21134/lex.v0i11.1655.

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Abstract:

Dado el carácter fundamental de los requisitos formales y sustantivos de la celebración de la junta de socios para la validez de la misma y de sus acuerdos, una de las cuestiones prácticas que resulta preciso abordar en detalle es, ante sus posibles defectos, cuál es el alcance de la declaración de validez de la constitución de la junta general realizada por su presidente - mención que, necesariamente, debe formar parte del acta notarial de la junta del artículo 203 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo de 1/2010, de 2 de julio (en adelante “TRLSC”), según el artículo 102.1.2ª del Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio (en adelante “RRM”)-.

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Rubio Velasco, Fuencisla. "EL ARDUO CAMINO HACIA LA UNIVERSALIDAD DE LA ASISTENCIA SANITARIA DE LOS INMIGRANTES IRREGULARES EN ESPAÑA." E-REVISTA INTERNACIONAL DE LA PROTECCION SOCIAL 1, no. 6 (2021): 343–69. http://dx.doi.org/10.12795/e-rips.2021.i01.16.

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Abstract:

El Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, supone un cambio radical en lo que se refiere al derecho a la asistencia sanitaria. El acceso al Sistema Nacional de Salud en condiciones de equidad y de universalidad es un derecho primordial de toda persona. La garantía del ejercicio de este derecho y la protección efectiva de la salud de la ciudadanía cobra aún mayor importancia cuando quienes se ven privados de una asistencia sanitaria normalizada son colectivos de una especial vulnerabilidad, amenazados por la exclusión social, como es el caso de la población extranjera no registrada ni autorizada a residir en España. La reforma que instauró el ya derogado Real Decreto-ley de 2012, desvirtuó el derecho a la protección de la salud al anular su vocación universal y eliminar la titularidad del derecho establecida.

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Chamorro, Antonio. "El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y la modernización agraria en Ecuador." Revista Economía 68, no. 107 (December 19, 2019): 137–51. http://dx.doi.org/10.29166/economia.v68i107.2003.

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Abstract:

La investigación es un estudio del proceso de transferencia tecnológica realizado por el iniap de Ecuador desde 1964 hasta el año 1994. El inicio corresponde a la primera Ley de Reforma Agraria impuesta por decreto por la Junta Militar, y el final a la Ley de Desarrollo Agropecuario, implementada por el gobierno del presidente Sixto Durán Ballén, y que puede considerarse como el final de un proceso que revertirá la reforma iniciada en 1964.

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Yabar Juli, Ibet. "El cambio de línea jurisprudencial en el acceso a la pensión de viudez a raíz de la sentencia recaída en el Exp. N° 00617-2017-PA/TC del Tribunal Constitucional." REVISTA DE DERECHO 5, no. 2 (October 27, 2020): 93–101. http://dx.doi.org/10.47712/rd.2020.v5i2.93.

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Abstract:

El artículo 53° del Decreto Ley N° 19990 del Sistema Nacional de Pensiones, prevé el derecho a la pensión de viudez, al que tiene derecho el cónyuge del asegurado o pensionista fallecido, otorgado a las viudas por dicha condición, en cambio, a los viudos se les exige que cumplan requisitos adicionales como que haya sido dependiente de la viuda, entre otros. Esa situación, a juicio de la autora, vulnera el derecho a la igualdad, en su manifestación de igualdad en la ley porque hace una diferenciación injustificada entre varones y mujeres, ya que no acceden a la pensión en igualdad de condiciones, además, el Tribunal Constitucional hasta hace unos meses atrás desestimaba demandas de amparo donde los viudos solicitaban acceder a la pensión aplicando el artículo 53°, sin embargo, recientemente dicha corporación cambió de criterio tal como se demuestra en el Exp. N°00617-2017-PA/TC, ya que declara fundada la demanda e inaplica el artículo 53° del Decreto Ley N° 19990 por vulnerar el derecho a la igualdad, a la vez, declara estado de cosas inconstitucional en relación al tratamiento legislativo desigual por sexo respecto de los requisitos para obtener pensión de viudez.

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Serrano de Barrios, Nathaly. "La ley de infogobierno en el contexto tecnológico de la gestión pública." IUSTITIA SOCIALIS 4, no. 7 (July 1, 2019): 201. http://dx.doi.org/10.35381/racji.v4i7.395.

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Abstract:

Recibido: 1 de mayo de 2019Aprobado: 14 de junio de 2019La Ley de Infogobierno surge con el propósito de contribuir a una gestión gubernamental eficiente basada en la tecnología. Fue promulgada en 2013, Gaceta No. 40.274, derivada de la evolución del Decreto 3.390 (2004) y el Decreto con fuerza de Ley de Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado (2012), ambos derogados por la ejecución de dicha entidad legal destinada a integrar información en un ecosistema de gobierno electrónico, a través del binomio del interés público de la ciencia, la tecnología y la innovación del artículo 110 de la Carta Magna (CRBV, 1999) y los servicios vinculantes entre el Poder Público y el Poder Popular. La investigación de tipo descriptivo con diseño documental, tiene como objetivo describir una síntesis teórica del marco legal tecnológico que sustenta la gestión de las políticas públicas en la práctica, fragmentando estadíos de dominación socio-tecnológica.

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Suarez Colmenares, Faridy. "Protección de los trabajadores y trabajadoras de dirección, dentro de los supuestos establecidos en la ley orgánica del trabajo de la República Bolivariana de Venezuela." Revista Lex 1, no. 2 (October 1, 2018): 33–40. http://dx.doi.org/10.33996/revistalex.v1i2.5.

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Abstract:

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar la exclusión o inclusión de los trabajadores y trabajadoras de dirección de la protección establecida en los artículos 420 ordinal 4º, y 347 de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, referidos a la protección por inamovilidad para los trabajadores con hijos con alguna discapacidad o enfermedad que les impida o dificulte valerse por sí mismos. Varios son los decretos presidenciales de inamovilidad en donde los trabajadores de dirección están excluidos del régimen de inamovilidad bien sea por decreto o por ley. Se utilizó la investigación documental, como metodología implementada. El propósito fue ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en fuentes bibliográficas y documentales. Se concluyó que extender los efectos de la inamovilidad a los trabajadores de dirección sería posible como protección a la familia y al niño con discapacidad y no propiamente a los padres, ya que los instrumentos legales vigentes, que promulgan el Sistema Rector Nacional para la ProtecciónIntegral del Niño, Niña y Adolescentes antes enunciados, dan cabida a la posibilidad de contar con esta protección.

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Rial, Juan Alberto. "El concepto de la agresión en el Derecho Internacional Público y su influencia en el derecho doméstico argentino. Debates sobre su pertinencia y limitaciones." Relaciones Internacionales 27, no. 55 (December 18, 2018): 227–44. http://dx.doi.org/10.24215/23142766e049.

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Abstract:

El concepto de “agresión” ha sido central para el Derecho Internacional al momento de legislar y poner en marcha instituciones vinculadas al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, así como la arquitectura de la Seguridad Colectiva. Al momento de reglamentar la ley de Defensa Nacional 23.544, el Decreto Reglamentario 727/06 trasladó el concepto de “agresión” que fue adoptado en el ámbito de Naciones Unidas, sin tener en cuenta los complementos con los cuales dicho concepto se convierte en un todo en el contexto de dicha organización. El nuevo Decreto Reglamentario 683/18 remedia dicho problema, aunque no sin polémica.

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López González, José Ignacio. "Las reformas legales de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector Público. Alcance y Efectos Prácticos." Revista Andaluza de Administración Pública, no. 81 (December 31, 2011): 600–610. http://dx.doi.org/10.46735/raap.n81.916.

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Abstract:

Importante monografía acerca de la significación y efectos prácticos de las numerosas reformas legales de la Ley 30/2007, hoy derogada por el vigente texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (BOE nº 276, de 16 de noviembre). Dada la naturaleza de esta última disposición, las valoraciones y criterios de GIMENO FELIU resultan plenamente válidas a la hora de enjuiciar el actual texto refundido.

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Peiró, Salvador. "No llegar o pasarse. A propósito del Real Decreto-Ley 16/2012." FMC - Formación Médica Continuada en Atención Primaria 20, no. 8 (October 2013): 441–45. http://dx.doi.org/10.1016/s1134-2072(13)70627-3.

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Brufao Curiel, Pedro. "Gobernar mediante decreto-ley en España:cuando la excepción se convierte en norma." Ars Boni et Aequi 14, no. 2 (July 26, 2019): 55–87. http://dx.doi.org/10.23854/07192568.2018142brufao55.

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