Academic literature on the topic 'Delito subyacente'

La inserción del Sistema Jurídico Mexicano de los Derechos Humanos trae aparejado el compromiso de armonizar las leyes locales con los diversos instrumentos internacionales dictados en esa materia. No obstante, pese al esfuerzo legislativo en el tema de las víctimas de un delito, las normas mexicanas se han quedado cortas en cuanto al espectro que comprende dicha figura jurídica. Dentro de la investigación realizada se ha comprobado que la norma no ha considerado como víctimas a las personas inculpadas pero absueltas en procesos jurisdiccionales donde el ofendido es el Estado. También se comprobó que hay víctimas que sin ser ofendido o inculpado, sufren las consecuencias derivadas de esos procesos judiciales. Estas omisiones traen como consecuencia que esas víctimas definidas en el presente artículo como subyacente y por ofensa, vean lesionada su esfera jurídica y sean atropelladas en sus derechos.

Este artículo se deriva de los resultados de una investigación sobre el enfoque de seguridad comunitaria en Costa Rica y su incidencia en entornos barriales urbanos. Se busca evidenciar las relaciones existentes entre la doctrina subyacente en la prevención del delito y su incidencia en el capital social de espacios barriales urbanos, todo enmarcado en un contexto de adaptación de las políticas de seguridad, con la intención de mejorar la confianza con la ciudadanía y las comunidades. Así pues, se aborda la seguridad comunitaria a modo de sistema de acción en relación con las dinámicas de capital social que se dan en estos espacios urbanos. Se busca interrogar y evidenciar la lógica de los cursos de acción y las prácticas de prevención del delito, en la condición de que la seguridad comunitaria es una política criminal de corte preventivo que se sustenta en la necesidad de crear un control social informal y fortalecer un capital social por medio de la responsabilización de los individuos en los problemas de seguridad en la ciudad.

Los niveles de violencia y delincuencia alcanzados en el país han dado lugar a la formulación e implementación de políticas estatales de “cero tolerancia”, sustentadas en una interpretación errónea de la “seguridad pública y ciudadana”, como respuesta principal al problema, y presentadas como medidas preventivas del delito y de la delincuencia. Al mismo tiempo, se ensayan respuestas o intentos de tratamiento del problema que se plantean a sí mismas como alternativas a las estatales. En este artículo se destaca que las prácticas preventivas, en el área de la delincuencia, tienen un carácter patogénico, que corresponde a visiones políticas de control y funcionalidad de la sociedad, y a una visión del delito de carácter meramente jurídico, que desconoce o ignora los procesos sociales que le dan origen. La discusión de los pares de conceptos delito y delincuencia y comportamientos delictivos y carrera delictiva revela los procesos sociales subyacentes al delito, y posibilita avanzar hacia una perspectiva diferente de la prevención, la prevención salutogénica. Esta perspectiva no da prioridad al control de factores de riesgo, sino a la potenciación de factores de desarrollo del individuo, la familia, la comunidad y la sociedad. ECA Estudios Centroamericanos, Vol. 61, No. 693-694, 2006: 701-727.

Las recientes diligencias investigativas por parte de la Fiscalía en torno a las masivas estafas piramidales, también conocidas como Ponzi Scheme, han reflotado una vieja discusión respecto al rol fiscalizador del regulador financiero. El debate se agudiza ante una evidente limitación de recursos humanos y financieros para hacer frente a estas malas prácticas rentistas, donde su rol se ve truncado ante la ausencia de una tipificación penal que sancione tanto la oferta (réditos exuberantes) como la demanda (inversionistas ávidos del dinero fácil). Este articulo trata de explicar algunas problemáticas subyacentes que fomentan los delitos económicos.

En este artículo se profundiza y discute el dolo directo de segundo grado que, a diferencia de otras figuras en la teoría del delito, no ha generado gran discusión en la dogmática penal. La dogmática penal se vería enriquecida si diera mayor importancia a la diferencia entre medios necesarios y consecuencias necesarias. Estos conceptos son útiles para despejar algunas ambigüedades que subyacen al tratamiento que la dogmática hace del dolo directo de segundo grado y de la idea de conexiones necesarias. En el texto se profundizan dichos conceptos.

El estudio realiza una revisión dogmática de los delitos de «organización criminal», previsto en el artículo 317.° del Código Penal peruano de 1991, y de «banda criminal» tipificado en el artículo 317.o-B del mismo código, con la finalidad de establecer y explicar las funciones y diferencias que subyacen en la pluralidad de disposiciones legales que buscan regular la relevancia penal de las organizaciones criminales. Asimismo, se analizan los aportes doctrinales, legislativos y jurisprudenciales que procuran delimitar, con meridiana precisión, las características, efectos y componentes normativos de ambos tipos penales y el catálogo de circunstancias agravantes específicas; para, finalmente, formular recomendaciones sobre su actual regulación que promuevan las modificaciones legislativas necesarias para superar las deficiencias e inconsistencias, tanto teóricas como prácticas, de dichos dispositivos penales.

El estudio realiza una revisión dogmática de los delitos de «organización criminal», previsto en el artículo 317.° del Código Penal peruano de 1991, y de «banda criminal» tipificado en el artículo 317.o-B del mismo código, con la finalidad de establecer y explicar las funciones y diferencias que subyacen en la pluralidad de disposiciones legales que buscan regular la relevancia penal de las organizaciones criminales. Asimismo, se analizan los aportes doctrinales, legislativos y jurisprudenciales que procuran delimitar, con meridiana precisión, las características, efectos y componentes normativos de ambos tipos penales y el catálogo de circunstancias agravantes específicas; para, finalmente, formular recomendaciones sobre su actual regulación que promuevan las modificaciones legislativas necesarias para superar las deficiencias e inconsistencias, tanto teóricas como prácticas, de dichos dispositivos penales.

Este artículo reconstruye los elementos simbólicos y prácticos que subyacen bajo la disputa reciente por la tipificación del delito de “desaparición forzada” en México. El análisis parte de la comprensión de un contexto en el que violencia política y violencia criminal se traslapan y confunden, generando nuevos retos para atender la demanda de las víctimas de este crimen. Los hallazgos derivan en un cuestionamiento sobre los límites y alcances del discurso de los derechos humanos y la necesidad de “vernaculizar” la categoría de desaparición forzada para enmendar las formas de exclusión que plantean los criterios preestablecidos.

Un mero no hacer se convierte en una omisión criminal si elvomitente (o sea, aquel que no actúa) tenía un deber jurídico y la posibilidadde impedir el consiguiente daño o violación de un interés jurídico.Entendida de ese modo, la responsabilidad por una omisión aparece de dos formas: como la otra cara de la responsabilidad por una conducta activa en forma de comisión por omisión (por ejemplo, matar dejando que una persona se ahogue en lugar de dispararle) o como una mera omisión (propia), con el delito de omisión de socorro como su forma más básica. La distinción posee una relevancia no solo académica pues la primera de esas formas implica, normalmente, condenas mucho más elevadas que la segunda. Si bien las fuentes del deber de actuar pueden variar —ley, contrato o expectativas sociales—, este se basa de todos modos en alguna forma de control por parte del omitente, ya sea respecto a la fuente del peligro o al objeto puesto en peligro. En cuanto a los deberes de actuar que resultan relevantes, existen grandes similitudes entre el derecho inglés (common law) y el alemán (derecho continental), tanto en términos del fundamento de la responsabilidad del garante como de los deberes jurídicos individuales. Del mismo modo, los presupuestos normativos subyacentes a favor o en contra del delito de omisión de socorro son, en gran medida, idénticos en las discusiones del derecho continental y del common law.

La Directiva de protección de los denunciantes está llamada a decantar la balanza definitivamente en favor de los informantes de actividades irregulares y terminar, al menos jurídicamente, con la visión negativa del delator o soplón. Para que esta transformación jurídica se traslade a la cultura cívica es imprescindible analizar los principales problemas axiológicos derivados del acto de denunciar, desde la naturaleza del deber moral, los conflictos de valores subyacentes, la vinculación con la libertad de expresión, las controversias sobre la buena fe, el anonimato y las recompensas, o la legitimidad moral de las medidas de protección del denunciante.

INTRODUCCIÓN - METODOLOGÍA - RESULTADO Y DISCUSIÓN - 1. ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE EL MARCO LEGAL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, Y LAS POLÍTICAS DE CONTROL. - 1.1. Concepto de Lavado de Activos - 1.2. Metodología del Lavado de Activos: Instrumentos y mecanismos utilizados - 1.3. Efectos del lavado de activos - 1.4. Iniciativas contra el Lavado de Activos - 1.5. El régimen global para controlar el lavado de activos - 1.6. La prevención del lavado de activos en Argentina - 1.7. La Unidad de Información Financiera - 1.8. El profesional en Ciencias Económicas como sujeto obligado - 2. ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO SOBRE LA FUNCIÓN DE LA AUDITORÍA EXTERNA EN LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - 3. ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO RELATIVO A LAS OBLIGACIONES ADICIONALES DE AUDITORES EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. - 4. ESTUDIO EXPLORATORIO BIBLIOGRÁFICO RELATIVO A LAS RESPONSABILIDADES EMERGENTES DE AUDITORES EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO - CONCLUSIONES - BIBLIOGRAFIA
El Lavado de Dinero es un flagelo que preocupa a todos los países por las causas que lo generan, que incluye un abanico de los delitos más aberrantes, como también por las devastadoras consecuencias que trae aparejadas en sus economías. Esto ha generado en la comunidad internacional distintas iniciativas para combatirlo, surgiendo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de máxima autoridad en materia de prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Desde este alto nivel de autoridad, el régimen global para controlar el Lavado de Activos, se pensó basado en los pilares de la prevención y la detección. La auditoría resulta un ámbito de detección específico, por lo cual se inviste al profesional en ciencias económicas, responsable de ejecutarla, en sujeto obligado a informar, de manera personal e indelegable, situándolo en una posición de privilegio en este esquema. Le es indispensable observar, en consecuencia, procedimientos adicionales específicos que permitan poder dar cumplimiento de manera eficaz y responsable a la carga pública impuesta. Adquiere singular importancia el conocimiento del cliente y el establecimiento de metodologías que permitan disipar la subjetividad. La capacitación y el apoyo en herramientas tecnológicas serán de gran ayuda para el desarrollo adecuado de su función este sistema preventivo. Así también, deberá tomar las medidas necesarias para que su actuación sirva de evidencia en las investigaciones que se cursen con posterioridad. La ética y diligencia con la que los auditores deben desempeñar su función deben ser vastas, por la delicadeza del asunto que se aborda. Las responsabilidades que deberá asumir por su inobservancia, improbidad, inacción serán, consecuentemente, de una importancia considerable
Fil: Castells, Juan Pablo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina.