Academic literature on the topic 'Derecho de menores – Perú'

El artículo hace un repaso de la temática de la explotación sexual de las personas menores de edad desde la perspectiva de los derechos humanos, para luego analizar cómo se han plasmado los diferentes instrumentos internacionales sobre el tema en el Derecho interno de Costa Rica. En el país se ha desarrollado una legislación penal importante sobre la materia, pero, partiendo de la realidad social de las personas menores de edad, se concluye que tal cosa no es suficiente para evitar la victimización de esta franja etaria en este tipo de criminalidad. Así, al mismo tiempo que se pone en marcha una adecuada política criminal, se debe fortalecer la política social, lo cual garantizaría de mejor manera el derecho de adolescentes, de niños y de niñas a no ser víctimas de esta delincuencia.

Estado, es indispensable señalar como una de las más importantes la responsabilidad parental u obligación alimentaria para menores de edad, ya que cumplir con dicha obligación de forma correcta, genera estabilidad y progreso a una Nación. En los diferentes Estados latinoamericanos se han presentado algunas variaciones juridicas en cuanto a la obligación alimentaria, a partir de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, con el fin de generar protección, estabilidad y seguridad al menor de edad; por tanto, en este capítulo se hablará de las características más sobresalientes de la obligación alimentaria en países como Argentina, Chile y Perú, realizando una comparación con el Estado colombiano, con el fin de determinar si es posible ajustar nuestro ordenamiento jurídico y traer ideas que mejoren el cumplimiento de dicha obligación, o si en definitiva, el ordenamiento jurídico colombiano está estructurado correctamente en cuanto a la exigencia que hace a los progenitores para cumplir con su responsabilidad.

La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 establece en el artículo 14 el derecho de libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este trabajo tiene como doble objetivo de un lado, subrayar que los niños, niñas y adolescentes son sujetos activos del derecho de libertad de pensamiento, conciencia y religión y de otro lado, determinar cómo se manifiesta este derecho en el ámbito educativo, uno de los más importantes donde los menores se desenvuelven. La razón es la existencia en las aulas de una diversidad religiosa y cultural que proporciona situaciones enriquecedoras para la acción educativa pero que también puede generar conflictos, tensiones o dudas de cómo gestionarlo, para lo que es preciso una respuesta jurídica o recomendaciones de actuación conforme a Derecho.

El presente estudio tiene como objetivo central determinar cómo ha sido el desarrollo de la tratativa constitucional de los derechos culturales como categoría de derechos humanos en el Perú. Se revisaron los principales instrumentos internacionales de los cuales surgen estos derechos para identificarlos y clarificarlos. Se comprobó que era necesario revisar las dos últimas cartas magnas peruanas (la Constitución de 1979 y su sucesora, la Constitución Política de 1993, vigente hasta la actualidad), pues ambas trataron los derechos culturales entendidos como derechos fundamentales, pero una y otra presentan diferencias no menores en cuanto al abordaje de estos derechos. Los resultados, en términos generales, fundamentaron que se ha operado un desarrollo positivo de la tratativa constitucional de los derechos culturales como categoría de derechos humanos en el Perú, y que los derechos culturales devenidos de la fuente constitucional son estos: identidad cultural, educación y formación cultural, información y comunicación, patrimonio cultural, expresiones culturales, creación cultural y cooperación cultural.

Objetivo: identificar y describir, desde la perspectiva del derecho fundamental a la salud, la garantía de la atención sanitaria en menores dominicanos afectados con labio y/o paladar hendido (LPH) y sus madres. Métodos: en tanto este es un estudio descriptivo, se realizaron encuestas semiestructuradas y se aplicó la observación no participante en los territorios de residencia de familias con menores afectados por LPH, atendidos en una fundación de República Dominicana. Resultados: la mayoría de familias afectadas por LPH pertenecen a clases sociales vulnerables con limitada capacidad de pago para adquirir seguros de salud. De las 39 familias abordadas, 26 madres no contaron con seguro de salud durante la gestación, pero los 39 pacientes con LPH sí contaban con algún tipo de aseguramiento. Se evidenció negación sistemática en la prestación de servicios sanitarios, barreras administrativas, invisibilización de la problemática del LPH en los servicios de salud y en definitiva, un sistema de salud excluyente en la práctica. Conclusión: pese a que la atención sanitaria a gestantes y menores de 18 años se reconoce constitucionalmente como un derecho fundamental a cargo del Estado, la forma en que opera el sistema de salud dominicano supedita la atención a la capacidad de pago de las familias, lo que genera inequidades sociales y sanitarias que vulneran el goce efectivo del derecho a la salud de las madres y los menores que nacen con LPH.

El presente artículo ha abordado al tema de la adopción, como aquella institución que busca insertar a los menores en estado de abandono en el seno de una familia, dándoles protección y arraigo familiar; y que se encuentra basada en el principio del interés superior del menor y en la familia constituida por un matrimonio, como aquella figura idónea para el desarrollo integral del menor. Sin embargo en la legislación peruana, la Ley 26981 Ley de Adopción de Menores de edad en Estado de Abandono, permite la adopción a personas de estado civil solteras, con lo que se advierte un sin fin de peligros para los menores adoptados, y se desnaturaliza la figura de la adopción ante esta situación se ha planteado si ¿LA LEGISLACIÓN ACTUAL REFERENTE A LA ADOPCIÒN DE MENORES EN ESTADO DE ABANDONO AL DETERMINAR QUE: “CUALQUIER PERSONA NATURAL SOLTERA PUEDE ADOPTAR A UN MENOR” AFECTA EL INTERES SUPERIOR DEL NIÑO Y EL DERECHO DE FORMAR UNA FAMILIA con el fin de dilucidar dicho planteamiento se ha llegado a estructurar la investigación en tres capítulos; en el primer capítulo se abordó la evolución histórica, concepto, naturaleza jurídica, clases y efectos de la adopción, en el segundo capítulo se enfocó al Estado de abandono y la adopción en el marco internacional y nacional, y finalmente en el tercer capítulo se realizó la parte del análisis y de la propuesta legislativa, con la finalidad de contrastar los objetivos y la hipótesis de la investigación. A fin de establecer la crítica legislativa a la actual regulación de la adopción en el Perú y la propuesta y reforma. El estudio realizado permitió concluir que es menester la modificación legislativa en el tema de adopción, debiendo de considerarse sólo para aquellas personas que conformen un matrimonio, a favor del menor y de su desarrollo integral

Objetivos: Determinar el conocimiento sobre autonomía del paciente y derecho a participar en las decisiones de salud en internos de medicina, promoción 2010, de cinco ciudades del Perú. Diseño: Estudio tipo encuesta. Institución: Instituto de Ética en Salud, Facultad de Medicina, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Participantes: Internos de medicina. Métodos: Se utilizó cinco viñetas de casos de la literatura, con preguntas de selección múltiple como instrumento, el mismo que fue sometido a prueba de validez (juicio de expertos) y confiabilidad (alfa de Cronbach). Participaron en el estudio 272 internos de medicina, promoción 2010, de cinco ciudades del país (Lima, Ica, Huacho, Trujillo y Huancayo). Principales medidas de resultados: Aciertos en análisis ético. Resultados: Del total de 272 internos, fue varón 61,4%, edad promedio 26 años (DE 2,8), edad mínima 21 y máxima 47. El número de internos por ciudad fue: Lima (n=48), Huacho (n=21), Ica (n=24), Trujillo (n=132) y Huancayo (n=47). Los aciertos en análisis ético fue alto en los casos 1 (74,3%), 2 (68%) y 5 (62,9%); pero, su aplicación en la decisión fue baja en los casos 1 (7,0%), 2 (3,7%) y 5 (12,5%). La frecuencia de aciertos fue baja en el caso 3 (análisis ético 23,9% y decisión clínica 7,7%). En el caso 4, acertaron en análisis ético 41,9% y en la decisión, 69,9%. Conclusiones: Nuestro estudio explora habilidades en situación hipotética. En este contexto, aunque las respuestas sugieren que el análisis ético fue bueno, su aplicación en la decisión fue baja en tres casos, y las respuestas más frecuentes en estos casos sugieren una práctica médica defensiva; asimismo, hay falta de conocimiento sobre consentimiento informado en menores de edad.

La obsesión por la acumulación de datos está detrás de los propósitos entusiasmantes puestos en las posibilidades de las tecnologías para la información y la comunicación. Desde esta sola perspectiva suele ser bastante corriente hablar de oportunidades y, asociadas a ello, de retos. Pero estos desafíos se enfocan en favorecer la expansión de estas tecnologías a cualquier ámbito que se antoje. En medio de esta exaltación resultan menores las atenciones puestas en los riesgos a la exclusión, pero también al control y la dominación que este pueda implicar. Precisamente contrarrestar estos peligros es uno de los grandes retos del Derecho para salvaguardar las garantías civiles y políticas de los miembros de la sociedad democrática o, de lo contrario, coadyuvar en el establecimiento de regímenes totalitarios, igualmente sujetos a la legalidad, pero no a la idea de justicia. Esta preocupación es la que trataremos de explicitar volviendo para ello sobre la falsa dicotomía que se establece entre libertad y seguridad sobre la que abunda el llamado derecho penal del enemigo y cuanto ello comporta de quiebra de sistema de garantías en un Estado democrático y de derecho.

Como una manifestación más del interés superior del menor, éste tiene derecho a relacionarse con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados, y solo podrá denegarse cuando exista justa causa para ello. Dicho régimen de relación es compatible con el régimen de visitas que pueda establecerse en favor de uno de los progenitores, pero uno y otro no son equiparables. De hecho, el contenido y la extensión del régimen de relación del menor con sus hermanos, abuelos y otros parientes y allegados será, como regla general, más reducido que el del régimen de visitas que corresponde a los progenitores; mientras que la periodicidad será mayor. Además, la duración temporal deberá ser todavía menor y la periodicidad mayor en aquellos casos en los que el régimen de relación con los menores deba establecerse con más de una persona

Las denominadas Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TERAS) constituyen una verdadera revolución tecnológica que viene siendo aplicada a la vida y a la procreación humana. Los llamados “milagros” de la ciencia moderna han permitido dar solución a uno de los problemas de mayor preocupación para el ser humano: la infertilidad. En el Perú, no existe regulación específica sobre estas técnicas, más allá de lo establecido en el artículo 7º de la Ley General de Salud; siendo que el uso de las TERAS, incluido el llamado “vientre subrogado” son una realidad cada vez más frecuente en nuestro país. El presente artículo plantea algunas reflexiones sobre los nuevos retos que enfrenta el derecho ante las nuevas tecnologías, en materia de reproducción humana asistida; a partir de un proceso de amparo en el que se discute la filiación de dos menores (mellizos) procreados por medio de estas técnicas y con el apoyo de una gestante-colaboradora. Es decir, un caso de “vientre subrogado” en la modalidad de “vientre solidario”, cuya sentencia firme reconoce la maternidad de quien no aportó el óvulo, ni llevó a cabo la gestación. Se trata de una resolución que declara como madre, para todos sus efectos legales y no legales, a quien tuvo exclusivamente la voluntad para procrear, planteando un nuevo supuesto de filiación, de tipo “afectivo-social”, que genera jurisprudencia en esta materia.

Porque las sociedades cambian, evolucionan y no todas las personas estamos a la vanguardia de los cambios; necesitamos que el Estado intervenga, provea a los padres, tutores, de conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas que fortalezcan el capital humano, promoviendo el bienestar personal principalmente de los grupos más vulnerables como son los niños y adolescentes. La visión acerca del desarrollo ha venido evolucionando de acuerdo al contexto histórico, político y social; por ejemplo en el siglo XVIII se consideraba como signos de desarrollo al proceso de industrialización, de urbanización; por los años 50, 60 del siglo XX el desarrollo estaba basado esencialmente en el aspecto económico, posteriormente por los “80” se incorporan nuevas visiones, promovidas principalmente por el BM, BID, con influencias de pensamientos de Amartya Sen, Kliksberg, Gary Becker, entre otros; ideas basadas en el fortalecimiento de capacidades humanas, del potencial humano, del bienestar personal; consolidándose hoy en día estos pensamientos, donde el desarrollo de un país es visto, por un lado, en base al crecimiento económico: por su tasa de inflación, por su PBI y de otro lado por el capital humano de su gente, como fuente generadora de fortalezas y cambios; en tal sentido, el Estado se ve comprometido y debe promover y procurar que los ciudadanos alcancen tanto el bienestar económico como el bienestar emocional. Pese a que nuestro país en los últimos años ha logrado un desarrollo sustancial en el aspecto económico, los índices de pobreza no logran descender significativamente, lo que podría ser producto de un capital humano disminuido, expresado en conductas desfavorables como la presencia de machismo, violencia familiar, delincuencia común, pandillas, embarazos adolescentes, drogadicción, deficiencia en educación, en salud, desempleo, problemas de hacinamiento, corrupción entre otros; los mismos que podrían reducirse si se tomara en cuenta la importancia de fortalecer capacidades humanas, no solo para alcanzar un desarrollo material, sino también, para alcanzar un desarrollo integral promovido desde la niñez, partiendo desde el hogar con el apoyo del Estado; donde exista una coparticipación responsable entre Ciudadano-Estado y que mediante diversas políticas sociales se logre alcanzar un verdadero desarrollo, para de esta manera también disminuir políticas asistencialistas y donde los menos favorecidos tomen conciencia de su situación y opten por las medidas correctivas para su propio desarrollo. Últimas experiencias positivas acerca de la forma de concebir el desarrollo, vienen trabajando el componente humano, del bienestar personal, del desarrollo de capacidades, partiendo del propio desarrollo individual, el mismo que redundará en el desarrollo nacional. Considero que la pobreza no es solo económica sino también mental y que para salir de ella, depende mucho de nosotros, depende del propio ser humano, del compromiso que asuma para fortalecer su capital humano, que le permita alcanzar su propio desarrollo; por tal motivo la presente investigación parte por valorar al ser humano como fin último, respetando los deberes y derechos de las personas, especialmente del niño y adolescente, teniendo presente al Estado como ente responsable y generador de cambios y que rige el destino de los pueblos; en tal sentido, considerando esta responsabilidad del Estado que cumple a través de las diversas políticas sociales, he creído conveniente intervenir en la DEMUNA de la provincia de Huaylas para conocer como se viene trabajando el aspecto humano y ver como se vienen desarrollando temas relacionados a los deberes y derechos de los niños y adolescentes que son el futuro de nuestro país, basadas en las nuevas perspectivas de desarrollo; para ello me he planteado como pregunta general conocer. ¿Por qué en la Demuna de la Provincia de Huaylas la defensa de los derechos del niño y del adolescente en relación a la búsqueda del bienestar subjetivo estaría siendo poco trabajada? De esta pregunta general derivan diversas preguntas específicas que vamos a responder para mejor comprensión del tema, entre ellas tenemos: - ¿Es el aspecto subjetivo uno de los lineamientos de la Demuna de la Provincia de Huaylas? - ¿Cuáles son los principales requerimientos de la población que acude a la Demuna? - ¿Cómo percibe la ciudadanía a las Demunas? - ¿A quiénes brinda apoyo la Demuna? - ¿Los padres acuden a la Demuna para exigir derechos subjetivos, como el bienestar personal, emocional? - ¿Quiénes exigen derechos en la Demuna? - ¿Conocen los padres o tutores cuáles y para qué son importantes los derechos de los niños/adolescentes? - ¿Se promueven los aspectos de capacidades humanas, del capital humano, del bienestar personal-emocional, de salud mental, de los niños y adolescentes? - ¿Con qué recursos materiales y financieros cuenta la Demuna para promover y defender los derechos del niño y del adolescente en forma integral? - ¿Cuáles son los principales aliados de la Demuna, qué temas trabajan? - ¿Qué otras instituciones trabajan en defensa de los derechos del niño y adolescente en la provincia de Huaylas? Las preguntas formuladas se convertirán en mis objetivos de investigación, los mismos que serán trabajados en base a variables e hipótesis correspondientes. El Ministerio de la Mujer ha creado diversos espacios de apoyo al bienestar principalmente de grupos vulnerables, uno de estos espacios es la Demuna de la provincia de Huaylas, que es el foco de nuestra investigación; pretendemos intervenir para analizar la política social que se viene ejecutando en favor de los niños y adolescentes orientadas a superar inequidades y exclusiones; nuestra investigación está enmarcada en el campo de la Gerencia Social puesto que, vamos a intervenir en un programa que aplica una política pública, que se desarrolla en la Demuna de la Provincia de Huaylas, hemos examinado las bases, procesos, resultados; por ello, deseamos investigar si las medidas adoptadas por el gobierno central están siendo aplicadas o no, si llega a beneficiar a la población necesitada, si se está fortaleciendo o no el capital humano de los niños y adolescentes peruanos y si estamos a la vanguardia de los nuevos paradigmas del desarrollo, si no es así, proponer, fortalecer, sugerir, promover y/o recomendar acciones que se puedan tomar en cuenta y por qué no lograr institucionalizarlas en beneficio de los niños y adolescentes, puesto que, por muchos años se ha venido postergando y desestimando el tema del bienestar personal, del capital humano que debe ir a la par con el bienestar económico, ya que, para superar la pobreza en nuestro país no basta con alcanzar altos índices económicos, sino también fortalecer capacidades individuales que permitan al ser humano dentro de sus libertades alcanzar un pleno desarrollo tanto personal, local y nacional; en este sentido nuestro país ha creado alianzas con diversos organismos internacionales como el BM, BID, entre otros; hemos firmado diversos convenios internacionales como el de Beijing, nos hemos comprometido con los ODM hasta el 2015, entre otros, con el propósito de fortalecer y mejorar el capital humano peruano, por lo que, debemos promover, cumplir y respetar estos lineamientos por nuestro propio bienestar. Desde épocas remotas el hombre camina en búsqueda de la felicidad, de su bienestar; algunos esperan alcanzarla obteniendo bienes materiales, otros buscan su felicidad en el aspecto emocional, concluyo y concuerdo con analistas en que el éxito, se encuentra en el balance, en las formas, en los medios que utilizamos, para alcanzar nuestras metas, para adquirir las cosas y que debe existir un equilibrio entre ambos aspectos. Existen espacios del Estado como la Demuna de la Municipalidad Provincial de Huaylas, que recogen denuncias de atropellos, faltas y vulneración a los derechos de niños y adolescentes, hechos que perjudican el capital individual y nacional acrecentando la pobreza. Los casos presentados en la Demuna de la Provincia de Huaylas son principalmente de tenencia del menor, denuncias por alimentos, régimen de visitas, violencia familiar, hostigamiento sexual, entre otros, en el año 2011 se presentaron un total de 692 casos de denuncias, lo que representa un 8.68 % de niños y adolescentes que se vieron afectados por desórdenes familiares. Nuestro país pese a haber alcanzado cierta bonanza económica en los últimos años, viene aun afrontando la pobreza y la pobreza extrema; en 1991 la pobreza extrema en el Perú en base a los ingresos, fue de 26.8% y en el 2008 alcanzó el 12.6% de la población nacional. Según Mauro, ha habido una disminución significativa de la pobreza extrema entre 1994 y el 2008 excepto en la sierra urbana, la sierra rural y el nivel nacional. Para el 2008, en la sierra urbana donde se desarrolla nuestro objetivo de investigación la pobreza extrema solo se habría reducido al 72 % de su valor observado (Mauro 2010:10-13). En Huaylas la pobreza en el 2009 fue de 31.5%, el analfabetismo alcanzó 28,9% y la mortalidad infantil 19,1%. En el 2012 la pobreza fue 25,8% del total de la población. Nuestra investigación ha sido enfocada en la Provincia de Huaylas que cuenta con 10 distritos, su capital Caraz, en el departamento de Ancash. Caraz como capital de la provincia, cuenta con un total poblacional de 23580, con aproximadamente 7970 niños/adolescentes entre 0-14 años; la provincia así mismo, afronta desórdenes sociales siendo los principales: el alcoholismo, pandillaje, robos, violaciones, violencia familiar, suicidios, entre otros; la delincuencia se estaría gestando en adolescentes entre las edades de 13 a 15 años. En Caraz durante el 2012, existieron entre 100 a 120 jóvenes problemas y aprox. 4 grupos de pandillas (Serenazgo Municipal). En la Provincia de Huaylas existe así mismo una alta tasa de desempleo y sub empleo en el segmento poblacional joven, predominando su inserción en el sector informal como el transporte de moto taxis generando excesiva tugurización y desorden en la ciudad, constituyéndose en fuentes de trabajo para jóvenes con poca instrucción. Existen investigaciones y corrientes de pensamientos que nos permiten explicar y entender mejor la problemática presentada, considero importante tener en cuenta La Socialización que se produce desde la niñez, influenciada así mismo por la Cultura en la que la persona ha nacido, internalizando valores, actitudes, roles, que van formando la personalidad. Gary Becker con su importante teoría del Capital humano, Amartya Sen quien sostiene esencialmente “Que lo que crea el bienestar no son los bienes como tales”; posiciones que nos permiten comprender mejor, la importancia e influencia del capital humano, del bienestar subjetivo en la vida de las personas, principalmente en los niños y adolescentes. Dentro de la forma de investigación se ha aplicado el estudio de caso; que consiste en una investigación empírica, en base a un análisis esencialmente cualitativo que nos permite comprender los acontecimientos desde la subjetividad, para nuestro estudio solo un caso Demuna de la Municipalidad Provincial de Huaylas; la estrategia metodológica está basada en la investigación cualitativa, con observación participante que nos permite profundizar en el problema, examinar diversas dimensiones, causas y explorar simbólicamente los aspectos menos tangibles; dentro de las técnicas de recolección de información se aplicaron cuestionarios, entrevistas semiestructuradas, entrevistas abiertas, observaciones etnográficas, focus group, grabación de audio y fotos, las mismas que enriquecieron la investigación.
Tesis

En los últimos años, el Perú y la mayoría de países de América Latina vienen siendo testigo de un incremento considerable de la delincuencia en la sociedad, la corrupción, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos y los cupos en el ámbito de la construcción son los grandes factores que impulsan a las organizaciones criminales a la comisión de diversos ilícitos penales con la finalidad de no perder y seguir aumentando su presencia delictiva dentro del país. Uno de los mecanismos más utilizados por las organizaciones criminales para poder lograr sus objetivos es a través del Sicariato y la Extorsión, actos que muchas veces son perpetrados por menores de edad. Ante esta situación, el Congreso en varias oportunidades ha demostrado su interés por modificar el artículo 20° inciso 2 del Código Penal, en el extremo que se considera como inimputable a los menores de edad que hayan cometido un ilícito penal. La finalidad principal de la modificación, es lograr que los menores de edad sean procesados en el fuero común y se les imponga una pena más drástica por el daño generado. Esta situación nos obliga a tener que responder los siguientes cuestionamientos, ¿Es viable la propuesta realizada por el Congreso para modificar el rango de inimputabilidad señalada en el artículo 20° inciso 2° del Código Penal? ¿Es posible que los sicarios menores de edad (entre los 14 y 18 años) puedan ser procesados en el fuero común de los mayores de edad?
Tesis

El Estado Peruano es el principal promotor de la protección de la seguridad social y que esta abarca la atención en salud, beneficios y pensiones; y estas se deben aplicar acorde al Derecho a la igualdad; sin embargo, en la actualidad no existe el acceso equitativo a los servicios de salud. El presente trabajo tiene como objetivo encontrar la injustificada conculcación al derecho de la igualdad y no discriminación del recién nacido, al que se le suprime el subsidio por lactancia en el sistema de seguridad social de SALUDPOL, no ocurriendo lo mismo en el sistema de seguridad social de ESSALUD. Asimismo, se presenta una propuesta de universalización para el otorgamiento del subsidio por lactancia a todos sus ciudadanos que cuenten o no con un seguro, que se ha puesto en práctica en el vecino país de Bolivia. Finalmente, se concluye que entre los recién nacidos no debe existir ninguna desigualdad ni discriminación, por ser seres vulnerables, y que el Estado Peruano lucha constantemente contra la mortalidad infantil y la anemia que afectan gravemente en la salud del recién nacido impidiendo su normal desarrollo, el cual influye en su etapa de niño, niña y adolescente; por lo que resulta necesario y fundamental la universalización en el otorgamiento del subsidio por lactancia al recién nacido a fin de contribuir con la erradicación de dicha problemática que persisten en pleno siglo XXI.
Trabajo académico

El presente trabajo trata de establecer cómo se incorpora y analiza la prueba en los delitos de violación sexual de menores de edad. También se pretende analizar problemas puntuales como por ejemplo si en los supuestos en los que luego de agotarse la actividad probatoria en el proceso ordinario en relación a los delitos sexuales en perjuicio de menores de edad, se llega a tener como único elemento de cargo la declaración de la víctima, es factible imponer una sentencia condenatoria sin transgredir la presunción de inocencia. Es decir se pretende contrastar como se viene aplicando el principio de libre valoración en las resoluciones de los referidos delitos. Creemos que al final del análisis de los fallos judiciales se pueda establecer las razones que invocan los jueces en esos casos así como si los mismos carecen de criterios objetivos para resolver o cuentan con algunas reglas que hagan aceptables la solución dada al caso en concreto, como quiera que hay una alta incidencia en la Capital de la República, se analizará tomando como muestra algunas de las sentencias expedidas en las Salas Penales de Lima que vienen resolviendo sobre estos delitos. En ese sentido nuestro trabajo de análisis dogmático crítico se complementará con una investigación de campo, tomando como base los procesos penales sobre la materia correspondiente a los años 2001 y 2002 de las Cortes Superiores del Distrito Judicial de Lima.
Tesis

En el esfuerzo por lograr alcanzar los estándares mínimos e indispensables propios de un modelo de protección integral, nuestro país incorporó el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes en el ordenamiento jurídico, que recién entró en vigor en marzo de 2018 con la aprobación de su reglamento. Iba a empezar a implementarse en mayo de 2020, pero no se pudo a causa de la pandemia del Covid-19. Al seguir siendo sumamente novedoso, aún no existe literatura peruana especializada referida al análisis de la concordancia a nivel teóriconormativo y práctico de los fines de la pena juvenil y el catálogo de penas juveniles incorporado, en lo que respecta a la fase de determinación y ejecución de estas. Precisamente ello es lo que busca cambiar esta tesis y abrir la discusión en la academia. Se parte de la premisa que el fin de la pena juvenil es predominantemente preventivo especial positivo, con lo cual (i) los criterios de determinación de la pena y (ii) cómo se ejecuta la pena impuesta, deben ser necesariamente acordes a dicha prevención especial positiva para ser legítimos. A pesar del gran avance que supone la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, queda un arduo trabajo por efectuar, pues pese a que a nivel teórico-normativo la concordancia con el fin de la pena juvenil es significativa, a nivel práctico la brecha es sumamente amplia.

En el esfuerzo por lograr alcanzar los estándares mínimos e indispensables propios de un modelo de protección integral, nuestro país incorporó el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes en el ordenamiento jurídico, que recién entró en vigor en marzo de 2018 con la aprobación de su reglamento. Iba a empezar a implementarse en mayo de 2020, pero no se pudo a causa de la pandemia del Covid-19. Al seguir siendo sumamente novedoso, aún no existe literatura peruana especializada referida al análisis de la concordancia a nivel teóriconormativo y práctico de los fines de la pena juvenil y el catálogo de penas juveniles incorporado, en lo que respecta a la fase de determinación y ejecución de estas. Precisamente ello es lo que busca cambiar esta tesis y abrir la discusión en la academia. Se parte de la premisa que el fin de la pena juvenil es predominantemente preventivo especial positivo, con lo cual (i) los criterios de determinación de la pena y (ii) cómo se ejecuta la pena impuesta, deben ser necesariamente acordes a dicha prevención especial positiva para ser legítimos. A pesar del gran avance que supone la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, queda un arduo trabajo por efectuar, pues pese a que a nivel teórico-normativo la concordancia con el fin de la pena juvenil es significativa, a nivel práctico la brecha es sumamente amplia.

El aumento exponencial de la criminalidad juvenil, es el que justifica investigar, analizar y evaluar el funcionamiento actual del Sistema Penal Juvenil. En ese lineamiento, es necesario estudiar si los sujetos involucrados en las infracciones penales, esto es, los adolescentes infractores entre 14 y 18 años, cuentan con un desarrollo personal y una madurez suficiente, que permita atribuirles la capacidad de comprensión del actuar que realizan. Dicho fundamento en cuanto a la edad, entra en discusión, más aún cuando la normativa internacional no deja establecido ello, siendo necesario examinar los parámetros que nos permitan a una cierta edad, atribuirles una responsabilidad penal, basándose en las teorías de la psicología, así como la neurociencia e inclusive en la información estadística de las Instituciones Públicas vinculadas en esta materia. Por otro lado, frente a la incongruencia normativa a nivel nacional en un doble sentido, primero, al referirse al mismo tiempo a la imputabilidad e inimputabilidad, hace necesario identificar ante que figura jurídica se encuentra un adolescente por su actuar ilícito y segundo, de estar en la figura de la imputabilidad, establecer si su responsabilidad es la misma que un adulto o es que la diferencia está en los efectos jurídicos a imponer en cada Sistema Penal. Finalmente, ante la falta de sinceramiento en la determinación del perfil criminológico del Adolescente Infractor, pero incrementándose la regulación normativa nacional, hace necesario buscar una viable salida en este sistema, por lo que se concluye que, para ayudar a su funcionamiento sin restar importancia al perfil, es preciso expandir a nivel nacional las Políticas Públicas de Justicia de las Fiscalías de Familia, de Prevención al Delito y de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, lo cual permite dar un giro completo en la Justicia Juvenil del Perú.
Tesis

En el escenario punitivo nacional el delito de lesiones contra la vida humana dependiente, era ajeno a nuestra legislación hasta antes de la dación de la Ley N° 27716 del año 2002 mediante el cual se incorporó a nuestro Código Penal de 1991 el artículo 124-A castigando las acciones dolosas que causen lesión en el concebido. Empero, la figura motivo de investigación merece mayor preocupación para así obtener una completa tutela penal del nasciturus frente a las lesiones que se le puedan causar. Así las cosas, la tarea se inicia con un estudio destinado a determinar los extremos mínimos (inicio de la vida) y máximos (nacimiento) de la vida humana albergada en el seno materno. En segundo lugar me ocupo de las lesiones en general, con lo que determinó que la noción clásica de lo que se entiende por delitos de lesiones no alcanza a las lesiones que se le pueden causar el ser en formación en sus primeros días de vida. La tercera parte esta dedicado a recorrer el pasado para hacernos de un hecho paradigmático ocurrido en la Alemania de finales de los años sesenta e inicios de los setenta, donde miles de niños recién nacidos se ven afectados por la ingesta -por parte de las madres- de píldoras «contergan» que le provocaron graves deformaciones en su aspecto físico. Ello provoco que el Derecho se pronuncie y lo hizo a través del Derecho penal alemán alentado por las opiniones de sus notables juristas quienes aportaron soluciones al caso, en un sistema penal sin delitos de lesiones contra el nasciturus. Luego, reservo el cuarto lugar, para hacer un recorrido por el Derecho comprado y así identificar las legislaciones que punen las conductas lesionales contra el ser en formación. Empiezo por España –hoy única legislación con tradición germánico-romana en Europa- que pune esta modalidad delictiva; luego, en América, tenemos a la República de El salvador, Costa Rica y Colombia. En el quinto espacio trabajo el bien jurídico-penal donde en primer lugar se desarrolla una breve teoría de dicha figura penal, para luego determinar el bien jurídico protegido en los delitos de lesiones contra el nasciturus. Finalmente, determino la correcta ubicación sistemática en el Código Penal en función del bien jurídico-penal.
Tesis

A través de esta tesis de investigación se pretende determinar la validez jurídica del consentimiento del menor de edad en sus relaciones sexuales. Así, en el primer capítulo se desarrolla la situación problemática; en el segundo capítulo se explica los aspectos generales jurídicos sobre la sexualidad del menor; en el tercer capítulo se realiza el análisis comparativo con otras legislaciones extranjeras; finalmente, en el cuarto capítulo se analizan los acuerdos plenarios de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, y los resultados de las encuestas aplicadas a operadores jurídicos y ciudadanía del distrito de José Leonardo Ortíz, así como la inconstitucionalidad de la Ley N°28704. Como idea central se señala la existencia de controversia en nuestro País sobre la determinación de la edad apropiada en que una persona debe ser protegida legalmente en las prácticas sexuales consentidas, específicamente determinar si el consentimiento del menor de edad es relevante, atendiendo a diversos factores emocionales, sociales, biológicos y culturales, respetando los límites del derecho penal “ius puniendi”. En consecuencia, los actos sexuales practicados con responsabilidad y consentidos, no constituirían violación sexual a menores de edad, por lo que la modificación al artículo 173 del Código Penal generada con la entrada en vigencia de la Ley 28704, era inconstitucional. La validez jurídica del consentimiento del menor en las relaciones sexuales consentidas, se analizará desde la doctrina y la jurisprudencia, considerando además que la determinación de la edad apropiada para que una persona acceda a las relaciones sexuales consentidas es en promedio 14 años.
Tesis

La población urbana en México se duplicó entre 1980 y 2010, mientras que la extensión territorial (urban sprawl) de las ciudades se incrementó en promedio 10 veces (IMEPLAN, 2016). Este crecimiento poco sustentable se replica en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), donde la población también se duplicó pero la extensión de su territorio se triplico. El crecimiento del territorio supone la generación de problemas medio ambientales, sociales, y económicos, al incrementar la dependencia del automóvil privado para funcionar eficientemente, en un modelo de desarrollo urbano disperso, fragmentado y de baja accesibilidad, dado el aumento de las distancias entre los lugares de residencia y los servicios elementales. En contraste, el municipio de Guadalajara ha perdido población en las últimas décadas (Inegi, 2015). Lo anterior contribuyó a una pérdida del 18% de su densidad poblacional. Mientras que la periferia metropolitana, por ejemplo, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, aumentó su población en el mismo periodo de tiempo. Entre las razones que explican la migración intra-municipal de Guadalajara a la periferia metropolitana, está el aumento del costo de la vivienda en Guadalajara (Sociedad Hipotecaria Federal, 2019) combinado con la baja del ingreso promedio de sus habitantes (Observatorio de Salarios, 2016). Y por otro lado, el aumento en la oferta de vivienda social en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El presente artículo propone explorar una serie de políticas de vivienda social para que grupos de bajos ingresos accedan a vivienda asequible en la ciudad consolidada, con el propósito de evitar que el crecimiento del territorio del AMG continúe. Entre las alternativas de política de vivienda que se exploran destacan la vivienda en alquiler, la vivienda inclusiva, los fideicomisos/bancos de tierra y el derecho de tanteo y retracto. Estas políticas permitirían mitigar los efectos medio ambientales, económicos y sociales de una expansión territorial poco sustentable, al tiempo que facilitaría que grupos de bajos ingresos vivan en Guadalajara beneficiándose de la accesibilidad que ofrece la ciudad compacta. Además, contribuiría a elevar la cohesión social en el municipio, evitar la exclusión social de los tapatíos más pobres y atenuar la segregación social que con frecuencia sufren los grupos sociales de menor ingreso, al verse desplazados involuntariamente a la periferia urbana.

La población urbana en México se duplicó entre 1980 y 2010, mientras que la extensión territorial (urban sprawl) de las ciudades se incrementó en promedio 10 veces (IMEPLAN, 2016). Este crecimiento poco sustentable se replica en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), donde la población también se duplicó pero la extensión de su territorio se triplico. El crecimiento del territorio supone la generación de problemas medio ambientales, sociales, y económicos, al incrementar la dependencia del automóvil privado para funcionar eficientemente, en un modelo de desarrollo urbano disperso, fragmentado y de baja accesibilidad, dado el aumento de las distancias entre los lugares de residencia y los servicios elementales. En contraste, el municipio de Guadalajara ha perdido población en las últimas décadas (Inegi, 2015). Lo anterior contribuyó a una pérdida del 18% de su densidad poblacional. Mientras que la periferia metropolitana, por ejemplo, el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, aumentó su población en el mismo periodo de tiempo. Entre las razones que explican la migración intra-municipal de Guadalajara a la periferia metropolitana, está el aumento del costo de la vivienda en Guadalajara (Sociedad Hipotecaria Federal, 2019) combinado con la baja del ingreso promedio de sus habitantes (Observatorio de Salarios, 2016). Y por otro lado, el aumento en la oferta de vivienda social en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. El presente artículo propone explorar una serie de políticas de vivienda social para que grupos de bajos ingresos accedan a vivienda asequible en la ciudad consolidada, con el propósito de evitar que el crecimiento del territorio del AMG continúe. Entre las alternativas de política de vivienda que se exploran destacan la vivienda en alquiler, la vivienda inclusiva, los fideicomisos/bancos de tierra y el derecho de tanteo y retracto. Estas políticas permitirían mitigar los efectos medio ambientales, económicos y sociales de una expansión territorial poco sustentable, al tiempo que facilitaría que grupos de bajos ingresos vivan en Guadalajara beneficiándose de la accesibilidad que ofrece la ciudad compacta. Además, contribuiría a elevar la cohesión social en el municipio, evitar la exclusión social de los tapatíos más pobres y atenuar la segregación social que con frecuencia sufren los grupos sociales de menor ingreso, al verse desplazados involuntariamente a la periferia urbana.