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1
Yarlequé, Montero Jearsineo Ray. "La inhabilitación. Bases para un nuevo modelo regulativo." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/15759.
Full textAbstract:
El trabajo pretende ofrecer el contenido, sistematización, y aplicación operativa de
la pena de inhabilitación en el Derecho Penal peruano. Se toma como punto de
partida el estudio histórico, que permite observar su transición en el sistema de
penas hasta la actualidad, por lo que, se cuestiona su denominación en el
catálogo de penas limitativas de derechos; toda vez que, no guarda relaciónfunción
con las demás penas que son contenidas en dicho catálogo. Frente a los
desafíos que presenta la Administración de Justicia, es necesario incidir en la
reconducción de la pena de inhabilitación a un nivel anterior a la decisión judicial;
es decir, el persecutor del delito debe determinarlo bajo los cánones del principio
de legalidad, culpabilidad, razonabilidad y proporcionalidad. Con lo cual viabilizará
su eficiencia en el proceso de la determinación judicial de la pena a imponer. Se
aborda finalmente, su incursión en las faltas, en las medidas alternativas a la pena
privativa de libertad, otorgando a la citada pena un cariz innovativo que se ajusta a
los parámetros de un Derecho Penal Constitucional, que lo que pretende es la
máxima eficiencia de las garantías y no la cosificación de la persona.<br>The research aims to provide the content, systematization and operational
implementation of the penalthy of disqualification from them peruvian criminal law.
It takes as a start point the historical study, that allows to observe their transition in
the systmes of penalties until the present, it doesn`t save an unrelated – function
with the other penalties that are contained in this catalog. Facing the challenges of
the Administration of Justice, it is necessary to influence the renewal of the penalty
of disqualification to a previous level to the judicial decision, that is to say, the
persecutor of the crime should be determined under the guns of the principle of
legality, guilt, reasonableness and proportionality. Thus, make it viable the
efficiency in the process of the judicial determination of the death penalty to be
imposed. Finally, discusses the foray into the faults, in alternative measures to
imprisonment, giving the aforementioned worth a look that fits the parameters of a
constitutional criminal law that it is the maximum efficiency of the guarantees and
not the objectification of the person.<br>Tesis
2
Hugo, Vizcardo Silfredo Jorge. "La protección jurídico-penal del derecho de sufragio en el Perú." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2007. https://hdl.handle.net/20.500.12672/11167.
Full textAbstract:
Manifiesta que en Perú no existe una criminalización integral de las conductas lesivas al derecho de sufragio, debido al deficiente modelo político criminal implementado por el Estado. Así, la normatividad penal peruana, en materia electoral ha sufrido un estancamiento histórico, no ha evolucionado con la rapidez del desarrollo contemporáneo de los actos delictivos tendientes a materializar la coacción y el fraude tendientes a la frustración o distorsión de la libertad del sufragio. El ordenamiento jurídico peruano, debe prepararse normativamente para afrontar estos tipos de "nuevos" delitos de "avanzada", sobre todo en el ámbito informático, máxime ahora que se postula la utilización del voto electrónico, requiriéndose una respuesta normativa. El derecho penal debe resguardar los intereses de la sociedad, evitando manipulaciones computarizadas habituales o no basadas en conocimiento de los objetos, programas, así como de algunas informaciones que extiendan y hagan imposible la detección de estos ilícitos (el desarrollo actual y moderno nos ha traído avances importantes para la humanidad, pero es penoso a su vez que vengan acompañados de hechos delictivos no deseados).<br>Tesis
3
Morales, Nakandakari Pamela Midori. "El paso del tiempo en el derecho penal : ¿por qué prescriben los delitos?" Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/12247.
Full textAbstract:
La prescripción de la acción penal es una institución que limita el Ius puniendi del Estado.
Cuando opera esta figura, se extingue la posibilidad de que la autoridad competente se
pronuncie respecto a un hecho de relevancia penal. Esta es una regla que ha estado
presente en todos los códigos penales peruanos; sin embargo, ni la doctrina especializada
ni la jurisprudencia ofrecen una explicación satisfactoria acerca de cuáles son los
fundamentos que justifican su aplicación. En atención a ello, el objetivo de la presente
investigación consiste en determinar si, en la actualidad, la regulación de la prescripción
de la acción penal en el ordenamiento jurídico peruano se encuentra justificada. La tesis
inicia con un breve recorrido histórico sobre el origen de la prescripción de la acción penal.
Se describe cómo se dio su incorporación en la legislación peruana y se analiza su
regulación en cada Código Penal, incluido un repaso de cómo funciona en Derecho
comparado. De manera posterior se realiza un análisis crítico de cada una de las razones
que, de acuerdo con la doctrina y jurisprudencia, fundamentan la prescripción. Se
determina que ninguna de las razones brindadas logra justificar que la referida institución
se encuentre regulada en el ordenamiento jurídico peruano. Los argumentos señalados
pudieron funcionar siglos atrás; no obstante, resultan insuficientes en la actualidad. Al ser
descartadas las referidas razones, se apuesta por una nueva justificación. Se considera
que la prescripción de la acción penal sí tiene una razón de ser; sin embargo, lejos de
cumplir una función tuitiva, como señalaban la mayoría de las razones alegadas
históricamente, se trata de una regla que se fundamenta en razones de política criminal.
La prescripción responde a la necesidad de aligerar la carga procesal con el fin de permitir
que el sistema de persecución penal funcione de la manera más eficiente posible y con
ello, evitar que el sistema de administración de justicia colapse.<br>Tesis
4
Orjuela, Osorio Claudia Patricia. "Los beneficios de la reincorporación del juez de ejecución penal al sistema penitenciario del Perú." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/16264.
Full textAbstract:
El presente artículo cuenta con mi experiencia en asuntos penitenciarios en
Colombia y Perú. Es una reflexión sobre los beneficios de la reincorporación del
Juez de Ejecución Penal (JEP) en el sistema penitenciario del Perú. Se
expondrá que los procedimientos en los establecimientos penitenciarios (EP)
peruanos registran mayor complejidad al estar a manos del Juez de la
Investigación preparatoria, pronunciamiento del Ministerio público y de la
administración la potestad decisora. Estas circunstancias influyen
negativamente en los programas de rehabilitación, reeducación y reinserción
social.<br>Trabajo académico
5
Arroyo, Acostupa Raquel. "La terminación anticipada en los delitos aduaneros : ¿manifestación de un derecho penal sancionador?" Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/9606.
Full textAbstract:
La terminación anticipada en los Delitos Aduaneros regulada en el Art. 20º de la Ley
Nº 28008, no es manifestación de un Derecho penal reparador, pues en lugar de
alcanzar la reparación, prima la justicia retributiva, la imposición de la pena, al no
otorgar los beneficios de reducción del sexto de la pena, y el tercio por confesión
sincera. En su lugar, se le otorga como beneficio el mínimo legal de la pena,
condicionado al pago del doble del valor de la mercancía más la liquidación de los
tributos aduaneros, y el comiso de los bienes, que ocasiona que el procesado se
desista, pese a haber aceptado los cargos y manifestado su voluntad de acogerse a
sus alcances; su aplicación ineficaz es reforzada por el A.P 5-2009, que le otorga
plena vigencia, subsistiendo conjuntamente con la T, A regulada en los Arts. 468° al
471°del CPP. No obstante, el proceso de terminación anticipada en los delitos
aduaneros, por mandato del principio de legalidad, debe ser desarrollado en virtud
de lo establecido por los Arts. 468° al 471°del NCPP, en tanto han entrado en
vigencia en todo el territorio peruano el 01.02.2006, y debe ser aplicada, no
correspondiendo a los jueces determinar la validez temporal de las leyes mediante
acuerdos plenarios, que de conformidad con el artículo 116° de la LOPJ, no
constituyen precedentes vinculantes, puesto que cumplen un papel de orientación y
de fijación de criterios, de allí, que se debe dejar sin efecto el AP 5-2009, y en
consecuencia el Art. 20° de la Ley N° 28008, sustentado en la necesidad de una
estricta observancia del principio de legalidad (irretroactividad y retroactividad
favorable), en la idea de la seguridad jurídica y el respeto de la división de funciones
del poder político.<br>Tesis
6
Serrano, Alvarez José Augusto. "Desvinculación procesal, camino de regreso al modelo inquisitivo o institución justificada excepcionalmente." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.12404/13995.
Full textAbstract:
La función persecutora del delito desde la constitución del 1979 ha sufrido una
modificación sustancial, que empodero el rol del Ministerio Público como director
de la investigación, al conducirla desde su inicio, asume su titularidad y la función
de si fonnuJa o no acusación, lo que traduce y resalta la independencia de funciones
dentro del proceso penal (distintas al rol jurisdiccional), adentrándonos al
planteamiento del problema, es palmario saber que la desvinculacíón procesal es la
injerencia modificatoria del órgano judicial en la tesis acusatoria fiscal, intromisión
que toma sustento en posiciones jurisprudenciales que justifican positivamente su
aplicación siempre que se respete al derecho de defensa del imputado, la igualdad de
armas ínter partes, además que sea sometida a un contradictorio. En el presente
trabajo explicamos que la aplicación excepcional de la tesis de desvinculación es
planteada en búsqueda de la tan ansiada igualdad, pero desde una perspectiva
diferente y poco tratada, como es referente a los derechos de la parte material
representada por el Ministerio Público (parte procesal). La existencia de
justificaciones para la aplicación de la desvinculación, evidencian posturas
antagónicas, pues la muestran como la irrupción a las funciones fiscales en clara
afrenta de los principios procesales del modelo actual.
En el presente trabajo mostramos que esta institución procesal, tiene un anclaje
justificatorio, cuando órgano jurisdiccional ejerza esta facultad que rompe el
principio acusatorio, el de independencia y demás principios que erigen el nuevo
modelo procesal, cuando advierta que la relación simétrica inter partes (a. razón de la
falla, error, negligencia planteada en la tesis de imputación fiscal-acusación) se
convierta en asimétrica, trascendiendo con ello sus efectos al directamente ofendido
por el delito-víctima; viraje justificado a fin de restablecer la simetría del proceso
penal, pues no olvidemos que el principio de acceso a la justicia-constitucionalmente
amparado por cierto- no es de pertenencia del Ministerio Público sino es exclusividad
de la víctima.<br>Trabajo académico
7
Dasso, Vassallo Roberto Nello. "Análisis de los programas de cumplimiento contemplados en la legislación peruana." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/15640.
Full textAbstract:
El Compliance o cumplimiento legal existe en el mundo corporativo desde hace ya
algunas décadas. Consiste en un tipo de programa que desarrollan las empresas
destinado a detectar los riesgos de incumplimiento de normas legales generados por las
actividades de la empresa en el marco de una regulación cada vez más abundante y a
diseñar reglas que sistematicen todas normas en guías o principios básicos de
comportamiento que al ser seguidos previenen que los colaboradores incurran en
conductas prohibidas.
Este fenómeno, proveniente del mundo de las grandes empresas ha ido evolucionando
y difundiéndose hasta el punto que hoy en día todas las grandes corporaciones cuentan
con programas de cumplimiento que abarcan temas como corrupción, derechos
humanos, no discriminación, ética, etc.
Lo que en principio fue una iniciativa particular de las empresas por autorregularse, fue
dando paso a legislaciones nacionales que buscan imponer a las empresas la obligación
de implementar programas de cumplimiento que coadyuven a la función estatal de
prevenir y sancionar determinados delitos.
En 2002 se publicó en el Perú la primera norma destinada a imponer un programa de
cumplimiento legal, específicamente destinado a prevenir el lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo. Esta primera legislación introduce la figura del Oficial de
Cumplimiento, funcionario que forma parte de la organización de la empresa y cuya
función es la de velar por el funcionamiento del programa de cumplimiento y dar aviso
a la Unidad de Inteligencia Financiera de las operaciones sospechosas. Posteriormente,
en el marco de una corriente que se va extendiendo alrededor del mundo, se ha venido
desarrollando una legislación que atribuye responsabilidad a las personas jurídicas por
algunos delitos cometidos por sus colaboradores, estableciendo como eximente o
atenuante de dicha responsabilidad que la empresa voluntariamente cuente con un
programa de cumplimiento.
El presente trabajo busca establecer la pertinencia de regular lo que nació como una
iniciativa privada, convirtiéndola en una obligación por mandato legal, y qué tan adecuada resulta, para los fines para los que fueron creados los programas de
cumplimiento el contar con dichas normas.
Nuestra posición es que la legislación peruana en realidad no introduce una figura
voluntaria, sino que en el fondo sanciona a aquellas empresas que no cuenten con un
programa de cumplimiento y, aunque existen razones que justifican ello, pierde una
magnífica oportunidad de prevenir algunos de los más importantes riesgos generados
por las actividades empresariales.<br>Trabajo de investigación
8
Valdez, Pimentel Lolo F. "Diversidad Cultural e imputación objetiva ¿Son delitos las conductas de las sociedades étnico-culturalmente minoritarias? El Multiculturalismo en Latinoamérica, mención especial del caso peruano: Retos del moderno Derecho penal." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012. https://hdl.handle.net/20.500.12672/1594.
Full textAbstract:
El objeto del presente trabajo de investigación es responder a la pregunta; <cómo ha de considerarse desde el Derecho penal las conductas de las sociedades étnico-culturalmente diferentes, que son conforme a sus culturas, pero calificadas como punibles por la ley penal oficial>; en otras palabras: ¿Se deben considerar como “delictivas” o como indicios de un “delito” las conductas de un nativo (u otra persona perteneciente a una sociedad étnico-culturalmente minoritaria) que en su contexto social no generan ninguna reprochabilidad, pero son punibles según la ley penal?<br>Tesis
9
Zevallos, Prado Oscar Aníbal. "La utilización de la declaración del aspirante a colaborador eficaz para fundamentar la medida coercitiva de prisión preventiva: ¿vulneración a un derecho fundamental o incumplimiento del estándar probatorio?" Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/16261.
Full textAbstract:
En el año 2016, la empresa ODEBRECHT mediante el documento denominado “Acuerdo de
Declaración de Culpabilidad” confesó ante la justicia de EE.UU que había pagado sobornos en
12 países de Latinoamérica con la finalidad de obtener grandes proyectos de infraestructura.
Uno de los países donde se había cometido este tipo de actos era el Perú, lo que motivo que se
iniciaran investigaciones preliminares a funcionarios públicos, líderes de partidos políticos y
empresarios reconocidos por delitos de corrupción y lavado de activos. En el marco de estas
investigaciones, los jueces de investigación preparatoria vienen utilizando la información
brindada por aspirantes a colaboradores eficaces como elemento de convicción para dictar
medidas de prisión preventiva, sin aprobación judicial. Al final del presente trabajo, se ha
determinado que la utilización de la declaración del aspirante, con los supuestos elementos de
convicción que lo corroboran, no cumplen con el estándar probatorio de “sospecha fuerte”
exigido por el Acuerdo Plenario Nº 1-2019/CIJ-116 y la Sentencia Plenaria Casatoria Nº 1-
2017/CIJ-443.<br>Trabajo académico
10
Borjas, Calderón Karl Andrei d' Harold. "Las convenciones probatorias en la justicia penal peruana." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.12404/13868.
Full textAbstract:
En esta oportunidad se realiza un análisis descriptivo y crítico sobre la novedosa
institución procesal de las convenciones probatorias en la justicia penal peruana,
específicamente, en lo establecido en el Código Procesal Penal del 2004 y el Decreto
Legislativo N.° 1194 (Proceso Inmediato). Para ello, en primer lugar, se presenta la
tendencia simplificadora del proceso penal o desformalización judicial como solución
eficaz contra la criminalidad en sociedades postindustriales. Luego, abordando la teoría
de la prueba, son explicados los hechos notorios y en qué circunstancias del proceso
penal no serán necesarios presentar prueba alguna. Después de este examen, se coteja si
realmente la naturaleza jurídica de estas convenciones es compatible con el sistema
acusatorio, puesto que, sus orígenes se remontan al modelo adversarial de la justicia
norteamericana, asimismo, se aborda las funciones, momentos y finalidades, para un
mejor entender de esta institución. Por último, como forma de simplificación procesal
examinaremos las convenciones probatorias en el proceso inmediato dejando sentado
que el juez puede promocionar la aplicación de éstas entre las partes sin cuestionar su
imparcialidad.<br>Trabajo académico
11
Yon, Ruesta Roger. "Interpretación constitucional de los delitos imprudentes con especial referencia al tráfico vial y al artículo 124 del Código Penal." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7904.
Full textAbstract:
Resumen:
No es novedad la pretensión de objetivar las valoraciones jurídico-penales en el
tratamiento de los delitos. Sí lo es que a las restricciones de los derechos fundamentales
se les exija legitimación que, a decir del autor, encuentra contenido material en la
lectura constitucional de la actuación de operadores de justicia y restricción o limitación
de los derechos fundamentales del involucrado en un suceso de riesgo prohibido a título
de delito imprudente.
El autor denuncia, en los casos que presenta, la manipulación de personas a quienes se
les lesionó la dignidad y otros derechos cuando fueron sometidas a un proceso que
eventualmente produjo sentencias condenatorias o declaración de culpabilidad que se
enmarcan en procesos penales que califican de meros rituales.<br>Abstract:
It is not new the attempt to make legal assessments more objective in the treatment of
crimes. However, it is new to require the limitation to restrictions on fundamental
rights.
According to the author, the content of this limitation is located in the constitutional
interpretation of judges and prosecutors and in the restriction or limitation of
fundamental rights of the accused of a negligent crime.
In the cases presented by the author, he denounces the manipulation of people that had
their dignity and other rights injured when they were subjected to a trial that declared
them guilty under criminal proceedings which are mere rituals.<br>Tesis
12
Solis, Adrianzen Johny Angel. "Beneficios del proceso de colaboración eficaz de personas jurídicas como posible afectación al fin de prevención general de la pena. A propósito de los procesos de colaboración eficaz corporativas." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/16260.
Full textAbstract:
El trabajo titulado Beneficios del Proceso de Colaboración Eficaz de Personas
Jurídicas como posible afectación al fin de Prevención General de la Pena tiene
relevancia jurídica su investigación, puesto que, a la fecha se encuentra vigente un
nuevo proceso de colaboración eficaz a favor de las personas jurídicas y/o
corporativas, proceso que no es aplicado generalmente por los Magistrados de
nuestro país, al ser un proceso nuevo que viene surgiendo; sin embargo, dicho
proceso debe de ser analizado con mucha minuciosidad, ya que al otorgar beneficios
premiales, genera espacios de impunidad, más aun cuando se aplica beneficios no
solo a la persona natural sino también a la empresa, siendo que este doble beneficio
por una misma información, trae con ello, un menaje para el delincuente potencial
que pese a que cometa delitos tiene aún la posibilidad de evitar una condena
efectiva. Por consiguiente, a través del presente artículo se ha buscado describir si
la imposición de benéficos premiales por colaboración eficaz a las personas
jurídicas afectaría o no los fines de prevención general de la pena. Sin desconocer
que el proceso de colaboración eficaz ha demostrado ser un mecanismo eficiente en
lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada por lo que su uso,
recientemente ha aumentado considerablemente, inclusive se ha ampliado esta
figura a las personas jurídicas o también llamada por el derecho procesal Brasileño
colaboración eficaz corporativa, sin embargo debe de existir una especial
fundamentación que haga suponer que los fines de la pena en su vertiente de
prevención general no será vulnerada, y que el potencial criminal al conocer que
tiene una oportunidad que no se le impondrá la pena por sus delitos, no actuara con
el mismo respecto al cumplimiento a las normas sociales.<br>Trabajo académico
13
Álvarez, Dávila Víctor Manuel Francisco. "La culpabilidad jurídico penal y la actio libera in causa." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/9822.
Full textAbstract:
El presente trabajo realiza el estudio de dos cuestiones dogmáticas que son
objeto de debate en la ciencia jurídica penal: culpabilidad y la actio libera in
causa. Por un lado, se abordará el estudio de la culpabilidad con un recorrido,
en un primer momento, clásico sobre las posturas que fundamentan el castigo al
sujeto por la comisión de un hecho penalmente relevante para, en una segunda
etapa, estudiar la propuesta de las neurociencias en su intento de socavar el
fundamento clásico de la culpabilidad que se sostiene en la idea de libertad y la
propuesta para justificar la imposición de un castigo a una persona por la
comisión de un delito
De otro lado, se realiza un estudio sobre la actio libera in causa que nos lleva a
la exposición de los distintas teorías que ha tratado de postular la doctrina con la
finalidad de resolver aquellos casos en los que una persona, dolosamente, se
autopone en un estado de inimputabilidad con la exprofesa finalidad de cometer
un delito y luego busca ampararse en un causal de exclusión de la
responsabilidad penal.
En la parte final de este trabajo se efectúa un análisis de la actio libera in causa
a partir de la realidad normativa en el Perú, en donde se desarrollan importantes
precisiones sobre la vigencia de determinados principios del Derecho penal que
debe ser respetados en el caso que se produzca su regulación positiva en
nuestro ordenamiento. Asimismo, se plantea un fundamento para justificar el
castigo en los supuestos de actio libera in causa<br>Tesis
14
Jara, Basombrío Ernesto de la. "La colaboración eficaz contra el crimen organizado, entre lo permitido y prohibido por el derecho : balance de su aplicación en casos del Destacamento militar Colina." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8372.
Full textAbstract:
La colaboración eficaz constituye una figura jurídica que actualmente está reconocida
en muchos países e internacionalmente –como se verá después–, a manera de expresión
particular del Derecho Penal Premial, el que da origen a una justicia laudativa,
consensuada o negociada, todas denominaciones que responden a la misma lógica. Un
ámbito que, como se puede deducir de la expresión misma, sigue un esquema penal
basado en el reconocimiento de premios, como es la reducción de penas, y no en una
lógica punitiva, esencial a la justicia penal<br>Tesis
15
Sisniegas, Rodríguez Roger De la Cruz. "Conceptos de dolo eventual, culpa consciente y su aplicación-abandono de la teoría ecléctica." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/8632.
Full textAbstract:
La tesis busca zanjar el conflicto existente durante siglos sobre la delimitación entre el dolo y la culpa. Con un marco teórico corto y profundo se muestra las diferentes teorías existentes y la problemática teórico-práctica de éstas; insalvable. En este camino la solución (Tesis) al mencionado conflicto es la Teoría Única Global de la Imputación del Dolo Eventual y la Culpa Consciente.
La falta de conceptualización del Dolo Eventual y la Culpa Consciente viola los principios básicos de un Estado Social y Democrático de Derecho. La Teoría Ecléctica (solución doctrina nacional) viola los Principios de Legalidad, Culpabilidad, Proporcionalidad e Igualdad.
Para determinar el límite entre dolo y culpa, es decir, para diferenciar el Dolo Eventual de la Culpa Consciente la doctrina nacional usa la Teoría Ecléctica, que es la “mezcla” de la Teoría del Consentimiento y la Teoría de la Probabilidad, sin embargo se posibilita el uso de todas las teorías cognitivas y volitivas existentes, así se violan principios fundamentales del derecho Penal y, a la vez, se crea inseguridad jurídica.
La Teoría Única Global de la Imputación del Dolo Eventual y la Culpa Consciente abarca la solución integral de la delimitación entre el dolo eventual y la culpa consciente: 1. Los conceptos: delimitan los criterios de imputación de las mencionadas figuras. 2. Los contenidos de ambas figuras: describen los elementos psicológicos-normativos imputables en la práctica. 3. Los supuestos de interacción social: delimitan los casos concretos que están dentro del dolo eventual y la culpa consciente. 4. El TEST: cierra el círculo al ser un método sencillo para imputar el dolo eventual o la culpa consciente a nivel judicial. Se supera a cualquier otra teoría existente, ya que éstas no cubren todos los requerimientos teóricos prácticos para zanjar la discusión.<br>Tesis
16
Castro, Castillo Estephany Maribel. "La condena del absuelto y la pluralidad de instancia." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.12404/13869.
Full textAbstract:
El supuesto de la condena del absuelto en el modelo del código procesal penal ha tenido
diferentes posiciones sean favorables o perjudiciales por parte de los justiciables y de
los propios jueces considerando que su aplicación podría afectar el derecho a revisar
una sentencia desfavorable. Por lo que, el objetivo del presente trabajo está en relación
primero a analizar si se afecta la pluralidad de instancia en la condena del absuelto y, en
segundo lugar, determinar si el recurso de súplica, como supuesto teórico, se condice
con la pluralidad de instancia. Por tanto, la posibilidad de revisión o reenjuiciamiento no
necesariamente estriba en que este sea superior pues como hemos desarrollado, esta
pluralidad puede cumplirse cuando se interpone un recurso en forma horizontal
denominado “súplica” en el que se buscaría la doble conforme ya sea de absolución o
condena.<br>Trabajo académico
17
Ramírez, Alvarez Mercedes Gianela. "El fin de la pena en el derecho penal de adolescentes peruano : estudios sobre la función y fines de las medidas socioeducativas." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2007. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19676.
Full textAbstract:
En el esfuerzo por lograr alcanzar los estándares mínimos e indispensables propios de un
modelo de protección integral, nuestro país incorporó el Código de Responsabilidad Penal de
Adolescentes en el ordenamiento jurídico, que recién entró en vigor en marzo de 2018 con la
aprobación de su reglamento. Iba a empezar a implementarse en mayo de 2020, pero no se
pudo a causa de la pandemia del Covid-19. Al seguir siendo sumamente novedoso, aún no
existe literatura peruana especializada referida al análisis de la concordancia a nivel teóriconormativo
y práctico de los fines de la pena juvenil y el catálogo de penas juveniles
incorporado, en lo que respecta a la fase de determinación y ejecución de estas. Precisamente
ello es lo que busca cambiar esta tesis y abrir la discusión en la academia.
Se parte de la premisa que el fin de la pena juvenil es predominantemente preventivo especial
positivo, con lo cual (i) los criterios de determinación de la pena y (ii) cómo se ejecuta la pena
impuesta, deben ser necesariamente acordes a dicha prevención especial positiva para ser
legítimos. A pesar del gran avance que supone la implementación del Código de
Responsabilidad Penal de Adolescentes, queda un arduo trabajo por efectuar, pues pese a
que a nivel teórico-normativo la concordancia con el fin de la pena juvenil es significativa, a
nivel práctico la brecha es sumamente amplia.
18
Ramírez, Alvarez Mercedes Gianela. "El fin de la pena en el derecho penal de adolescentes peruano. Estudios sobre la función y fines de las "medidas socioeducativas"." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19676.
Full textAbstract:
En el esfuerzo por lograr alcanzar los estándares mínimos e indispensables propios de un
modelo de protección integral, nuestro país incorporó el Código de Responsabilidad Penal de
Adolescentes en el ordenamiento jurídico, que recién entró en vigor en marzo de 2018 con la
aprobación de su reglamento. Iba a empezar a implementarse en mayo de 2020, pero no se
pudo a causa de la pandemia del Covid-19. Al seguir siendo sumamente novedoso, aún no
existe literatura peruana especializada referida al análisis de la concordancia a nivel teóriconormativo
y práctico de los fines de la pena juvenil y el catálogo de penas juveniles
incorporado, en lo que respecta a la fase de determinación y ejecución de estas. Precisamente
ello es lo que busca cambiar esta tesis y abrir la discusión en la academia.
Se parte de la premisa que el fin de la pena juvenil es predominantemente preventivo especial
positivo, con lo cual (i) los criterios de determinación de la pena y (ii) cómo se ejecuta la pena
impuesta, deben ser necesariamente acordes a dicha prevención especial positiva para ser
legítimos. A pesar del gran avance que supone la implementación del Código de
Responsabilidad Penal de Adolescentes, queda un arduo trabajo por efectuar, pues pese a
que a nivel teórico-normativo la concordancia con el fin de la pena juvenil es significativa, a
nivel práctico la brecha es sumamente amplia.
19
Oré, Sosa Eduardo Arsenio. "El Delito de falsificación de marcas en el código penal peruano." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2006. https://hdl.handle.net/20.500.12672/1199.
Full textAbstract:
La importancia de la marca como uno de los más importantes signos distintivos parece evidente: sirve para distinguir los productos de un empresario en el mercado. De esto, el ordenamiento jurídico, en especial la Ley de Propiedad Industrial (Decreto Legislativo 823), no ve con buenos ojos la reproducción e imitación de una marca registrada ajena, pues genera confusión entre los consumidores en cuanto al origen del producto o del servicio.<br>Tesis
20
Oporto, Gamero Johann Efrain. "La viabilidad de aplicar el injusto de sistema de los delitos de organización a la criminalidad empresarial." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.12404/15690.
Full textAbstract:
La sociedad actual percibe a las organizaciones empresariales como agentes de
riesgo que, a través de su actividad productiva pueden producir riesgos o resultados
lesivos en los intereses que la sociedad percibe como indispensables y necesarios para
su funcionamiento, como el orden económico, el medio ambiente, etc. El Derecho Penal
no ha tenido la capacidad de atribuir y responsabilizar a la organización y sus autores
directos por los ilícitos penales cometidos a través de ésta, tanto por las complicaciones
que generan las características sistémicas de la organización empresarial, la cantidad
de agentes que intervienen en los procesos productivos cada vez más complejos y
técnicos, generando con ello supuestos de irresponsabilidad organizada.
Esta deficiencia genera un aspecto problemático que requiere ser superado
mediante la posibilidad de imputar por el hecho delictivo al sujeto individual, que crea un
riesgo no permitido o incrementa el riesgo permitido, y a la persona jurídica, a través o
desde la cual ésta se materializa. Similar dificultad afrontaron algunos países europeos,
como España o Alemania, por los delitos de organización o delitos cometidos desde las
organizaciones criminales, como el terrorismo o el crimen organizado, con similares
características sistémicas a las de la organización empresarial.
Ante esta dificultad se planteó la necesidad de crear tipos penales y formas de
imputación que facilite la responsabilidad sistémica de los miembros de la organización
– a título individual- y, en algunos casos a la organización sin hacer mayor distingo de
las formas de comisión y/o grado de participación individual de sus autores, de tal forma
que los miembros de la organización respondían en conjunto por el hecho delictivo.
Si bien la imputación sistémica de los delitos de organización al ser aplicados a
la criminalidad empresarial podría superar los problemas irresponsabilidad organizada,
es necesaria que su viabilidad sea analizada de cara a los principios consagrados en la
Constitución y que, también, son recogidos por el Derecho Penal tradicional, como el
principio de culpabilidad o responsabilidad por el hecho propio.
El principio de culpabilidad limita la aplicación de este modelo de imputación
sistémica en la medida que ya no distingue el grado de participación individual, sino una
participación conjunta y “extensiva” por el hecho sistémico, antes que por el hecho
individual. Es decir, el individuo responderá por el solo hecho de ser parte de la actuación
delictiva sistémica y, de ser el caso, por el peligro o el resultado alcanzado de manera
conjunta, antes que por su grado de aporte individual.
4
El modelo de imputación sistémica de las organizaciones criminales presenta
además algunos problemas de legitimidad constitucional, ya que limita algunos derechos
y garantías constitucionales individuales, es por ello que probablemente dicho modelo
de imputación no podría aplicarse a la imputación individual de los miembros de la
organización empresarial por considerarse una expresión del Derecho Penal del
Enemigo caracterizado por la relativización de derechos, principios fundamentales y el
adelanto de punición de algunos delitos.
Es decir, estas limitaciones recaen sobre la imputación individual que se realiza
sobre el que interviene en la actuación sistémica de la organización empresarial, sin
embargo, en el caso de la imputación a la organización empresarial si tendría mayor
validez en la medida que se le imputa –como sistema organizado- la comisión de un
hecho delictivo que fue generado en su seno como consecuencia de los déficits
organizativos que ésta presenta al no haber adoptado un sistema de autorregulación
adecuado.
A la luz de la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, analizaremos si es viable
aplicar la imputación sistémica de los injustos de sistema de las organizaciones
criminales a las organizaciones empresariales y si éste posee legitimidad constitucional.
No obstante, consideramos que dicho modelo de imputación no sería de recibo para la
persona individual en los delitos empresariales al poseer una connotación diferenciada
por las características y finalidades que difieren de la organización empresarial, sin
embargo sí tendría validez en los supuestos de imputación de la organización
empresarial.<br>Trabajo de investigación
21
Bobadilla, Vásquez Fernanda Isabel. "Informe sobre Expediente N° 48004-2007." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19668.
Full textAbstract:
El presente informe contiene un análisis jurídico del proceso penal ordinario que tiene como imputado a Rider García Inga. Dicho proceso se desarrolla entre los años 2007 y 2009 en el departamento de Lima, bajo el Código de Procedimientos Penales de 1940 y el Código Procesal Penal de 1991. La elección del expediente radica en la vigencia que mantienen ambos códigos a la fecha en Lima Centro y Lima Sur, vigencia que continúa siendo interpretada como un obstáculo frente a la necesidad de constitucionalizar el sistema procesal penal. En esa línea, se tiene como objeto determinar si las interpretaciones realizadas por muchos fiscales, jueces penales y Colegiados se condicen con los principios y derechos
reconocidos por la Constitución vigente. Al respecto, el expediente contiene materias jurídicas de especial relevancia, entre ellas el rol que le otorga la Constitución de 1993 al Ministerio Público dentro de la investigación preliminar, la detención policial, la medida cautelar de mandato de detención, los estándares de sospecha a lo largo del proceso, el razonamiento probatorio y la necesidad de motivar las resoluciones judiciales. A efectos de realizar el análisis, se hace una revisión de las normas, doctrina y jurisprudencia relativas al Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, así como de los derechos y garantías procesales reconocidos por la Constitución de 1993 y por el Tribunal Constitucional peruano.
Finalmente, se concluye que Rider García Inga fue víctima de medidas arbitrarias y actuaciones inconstitucionales llevadas a cabo por las autoridades policiales, fiscales y judiciales en su contra, denotándose así una carencia de capacitación de las mismas en materia de Derecho Penal Constitucional, debido a que la vigencia del Código de Procedimientos Penales de 1940 y del Código Procesal Penal de 1991 no debe representar una limitación al respeto del principio de interdicción de la arbitrariedad, a la garantía al debido proceso, al derecho de defensa, al derecho de igualdad procesal, entre otros
22
Ikehara, Véliz Fernando. "La problemática de la responsabilidad civil en sede penal y los punitive damages, a partir del Código Penal peruano de 1991." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.12404/14013.
Full textAbstract:
La responsabilidad civil es entendida como una fórmula dirigida al resarcimiento del
daño irrogado por el actuar antijurídico de una persona. No obstante, el rol de esta
institución parece entrar en cuestión cuando la misma tiene su tratamiento por parte de
las entidades encargadas de establecer su determinación en sede penal, a partir de la
interpretación que se tiene de ella, en base al Código Penal de 1991: No solo a satisfacer
el resarcimiento del daño; sino, también, como una fórmula para sancionar y prevenir
delitos de especial consideración social, a manera de una figura afín a ordenamientos de
orden anglosajón: Los punitive damages .
Existe una necesidad de establecer las causas de este tratamiento para determinar la
responsabilidad civil en sede penal; puesto que, a partir de ello: Se podrá establecer las
principales causas que han permitido la aplicación inconsciente de los punitive
damages, en el ordenamiento jurídico peruano; y, si la aplicación de esta figura resulta
una opción válida o una posibilidad de respuesta para la comisión de delitos de especial
relevancia social.
Es necesario indicar que, para el presente trabajo, el tipo de investigación realizado
resultó principalmente de orden teórico, siendo que, no solo se hizo la posición de la
doctrina y de los pronunciamientos de las autoridades encargadas de la determinación
de la reparación civil, en sede penal; sino, también, sobre el entendimiento de los
punitive damages por parte de la doctrina y experiencia extranjera.<br>Tesis
23
Alvarez, Rodriguez Anghela Leidy. "La aplicación de las reglas de control de solidez en inferencias probatorias epistemológicas en sentencias condenatorias y el estándar de prueba más allá de toda duda razonable." Bachelor's thesis, PE, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/16319.
Full textAbstract:
El estándar de prueba más allá de toda duda razonable, ha sido estudiado desde diversos
aspectos problemáticos, siendo uno de ellas su imprecisión y subjetividad. En este trabajo
pretendo abordar este último punto, que, si bien ha sido ampliamente analizado por
diferentes autores, tales como Larry Laudan, Marina Gascón, Jordi Ferrer Beltran, Daniel
González Lagier, entre otros; me centraré en la propuesta de este último, quién plantea la
aplicación de criterios de solidez en inferencias probatorias epistemológicas- fiabilidad,
suficiencia, variedad, pertinencia de la pruebas, eliminación de hipótesis alternativas,
confirmación de hipótesis derivadas- a fin de alcanzar una mayor objetividad a nuestro
estándar de prueba.
El objetivo del presente trabajo es dotar al juez de mejores herramientas de análisis al
momento de sustentar la suficiencia de prueba en una sentencia condenatoria, para ello
pretendo a partir del planteamiento de un caso penal en específico, abordar las principales
dificultades que ofrece el análisis de la suficiencia de prueba, representando mediante un
examen inductivo las inferencias fácticas en el ámbito penal, logrando aplicar las reglas de
control de solidez y verificar como influyen en la motivación, pues si bien no anula el
problema de subjetividad, coadyuvan a una mejor confirmación, y también a una mayor
dotación de credibilidad al dar un hecho por probado<br>Trabajo académico
24
Huayllani, Vargas Huber. "El delito previo en el delito de lavado de activos." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/7377.
Full textAbstract:
Político criminalmente, el lavado de dinero es uno de los fenómenos
criminales que ha concitado mayor atención en todo el mundo, tanto a nivel
de la determinación de políticas preventivas en el sistema financiero, como
en la configuración y agravamiento de tipos delictivos. Con razón se
sostiene que el fenómeno del lavado de activos no es privativo de algunos
países, por lo que se recomiendan el establecimiento de políticas dedicadas
a consolidar la eficacia de acciones de control internacional.
Los efectos de este delito van más allá del espacio nacional y se encuentran
relacionados con el denominado crimen organizado transnacional. Una
forma efectiva de control es la armonización de leyes no solo desde el ámbito
del derecho penal, sino también desde la adopción de mecanismos
preventivos administrativos y procesales para garantizar la homogeneidad
de las legislaciones en la lucha contra este delito.
Puede definirse que el delito de lavado de activos, como un proceso de actos
mediante el cual los bienes de procedencia ilícita criminal son incorporados
en el sistema financiero con la finalidad de darle apariencia de legalidad.
Este delito directamente afecta al orden o sistema económico en su
legitimidad y trasparencia, generando para sus agentes enormes cantidades
de recursos económicos, destinados a financiar otras actividades criminales
que luego dificultan la planificación de políticas económicas estatales.<br>Tesis
25
Taboada, Guardián Alexander Daniel. "Argumentación de los acuerdos expedidos en el proceso penal de colaboración eficaz." Bachelor's thesis, PE, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/16371.
Full textAbstract:
La figura del delator encierra tanto cuestionamiento, más aún cuando su
actuación busca algún tipo de compensación por asentar la verdad sobre la mesa.
No obstante, esto no ha mermado su utilidad en el sistema de justicia penal.
En nuestro país, para hacer frente a los fenómenos criminosos más abyectos de
su historia, se han utilizado estos mecanismos con diversos matices para su
promoción. La regulación actual, bajo la configuración de un proceso especial
circunscrito al principio del Consenso, ha dado lugar a diversas críticas orientadas
a la proporcionalidad del beneficio que pueda alcanzar un colaborador eficaz, cuyo
alcance conceptual es diferente al de un simple delator.
Estas exigencias de proporcionalidad, nos sitúa necesariamente en el plano de
la justicia penal negociada, lo que importa una tarea de justificación que relacione
los resultados obtenidos, vía colaboración, con el beneficio materia de consenso.
Así, se reabre el debate sobre la posibilidad de que se pueda argumentar en
ámbitos de negociación, postura negada por autores como Elster y Comanducci.
Al respecto, se asume esta posibilidad tras reconocer que, llegar al punto de
consenso implica muchas veces una tarea dialéctica previa, sobre todo en el
establecimiento de pre acuerdos o acuerdos preliminares, reconociéndose que el
colaborador actúa siguiendo sus intereses y que éstos pueden llevarlo a postular
condenas, obviamente con renuncia a un juicio previo.
Lo sostenido, permite emprender una labor argumentativa a través de la
perspectiva pragmática que conlleven a sugerir lineamientos, en búsqueda de la
comunicación de razones que justifiquen la razonabilidad del acuerdo finalmente
adoptado.<br>Trabajo académico
26
Lino, Suárez Ana Haydeé. "La subsanación voluntaria como condición eximente de responsabilidad administrativa en la Ley de Procedimiento Administrativo General." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/16284.
Full textAbstract:
A través del Decreto Legislativo N° 1272, se introdujo la subsanación voluntaria como
condición eximente de responsabilidad administrativa en la Ley de Procedimiento
Administrativo General, norma común para las actuaciones de la función administrativa
del Estado. Si bien la inclusión de un nuevo eximente representa un cambio importante
para el ejercicio de la potestad sancionadora, poco se ha dicho sobre su contenido y
alcance.
En ese sentido, el presente trabajo académico es una primera aproximación para el estudio
de este nuevo eximente de responsabilidad administrativa. Por ello, se tiene como
objetivo delimitar los alcances y fundamentos de la subsanación voluntaria. Del
desarrollo y análisis de la investigación, se concluye que, la subsanación voluntaria es un
eximente de carácter especial, en tanto se diferencia del resto de condiciones eximentes
de responsabilidad administrativa que regula la Ley de Procedimiento Administrativo
General, al basarse en la afectación de la punibilidad. Así, se evidencia que, en el caso de
la subsanación voluntaria, pese a haberse configurado una infracción administrativa
típica, antijurídica y culpable, por razones de política legislativa, se reguló que esta esta
no sea punible. Además, se identificó que, para que se configure la subsanación
voluntaria, se requiere el cumplimiento de tres requisitos: temporalidad, voluntariedad y
acción de reparación del mal o daño causado producto de la comisión de la infracción
administrativa. Finalmente, al analizar la figura de la subsanación voluntaria desde un
enfoque responsivo, se evidenció que esta actúa como una estrategia de enforcement; en
la medida que implica la priorización de la acción reparadora espontánea, antes que la
realización de diligencias preliminares e inicio de procedimiento administrativo
sancionador.<br>Trabajo académico
27
Bertola, Valdivia Karen Raquel. "Análisis del matrimonio forzado como modalidad específica del crimen de esclavitud sexual. Contribuciones desde el enfoque de género en el marco del derecho internacional humanitario y del derecho penal internacional." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/16418.
Full text
28
Yong, Mendoza Eduardo Alonso. "El sicariato y los menores de edad." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/9972.
Full textAbstract:
En los últimos años, el Perú y la mayoría de países de América Latina vienen
siendo testigo de un incremento considerable de la delincuencia en la sociedad, la
corrupción, el tráfico ilícito de drogas, el lavado de activos y los cupos en el ámbito
de la construcción son los grandes factores que impulsan a las organizaciones
criminales a la comisión de diversos ilícitos penales con la finalidad de no perder y
seguir aumentando su presencia delictiva dentro del país. Uno de los mecanismos
más utilizados por las organizaciones criminales para poder lograr sus objetivos es
a través del Sicariato y la Extorsión, actos que muchas veces son perpetrados por
menores de edad. Ante esta situación, el Congreso en varias oportunidades ha
demostrado su interés por modificar el artículo 20° inciso 2 del Código Penal, en el
extremo que se considera como inimputable a los menores de edad que hayan
cometido un ilícito penal. La finalidad principal de la modificación, es lograr que los
menores de edad sean procesados en el fuero común y se les imponga una pena
más drástica por el daño generado. Esta situación nos obliga a tener que
responder los siguientes cuestionamientos, ¿Es viable la propuesta realizada por
el Congreso para modificar el rango de inimputabilidad señalada en el artículo 20°
inciso 2° del Código Penal? ¿Es posible que los sicarios menores de edad (entre
los 14 y 18 años) puedan ser procesados en el fuero común de los mayores de
edad?<br>Tesis
29
Palomino, Ramírez Walter Joshua. "El ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión como comportamiento atípico frente al delito de difamación." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2016. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/6933.
Full textAbstract:
A partir de un análisis conjunto de los artículos 3 y 43 de la Constitución, se
advierte que el Estado peruano presenta las características básicas de un modelo
social y democrático de Derecho. De esta suerte, un punto importante que se
debe tomar en cuenta es que el mismo engloba distintas funciones que se hallan
en sintonía con los elementos libera, social y democrático que contiene y dan
pie a dicha estructura<br>Tesis
30
Silva, Picón Mauricio. "Concepción del derecho penal Awajún en el juzgamiento y sanción de la brujería." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013. https://hdl.handle.net/20.500.12672/12555.
Full textAbstract:
Busca analizar el tratamiento de la brujería en la justicia Awajún (jibaros). Estudiar su sistema de administración, su método y la forma de proceso de resolución en los casos de acusados de brujería desde su perspectiva cultural. Esto permite conocer su cultura, sus costumbres, su cosmovisión para entender desde la antropología jurídica, el derecho y sus derechos humanos reconocidos como pueblos indígenas, su autonomía administrativa y la libre determinación de los pueblos. Se observa en el desarrollo de la investigación que, la comunidad Awajún es uno de los pueblos indígenas amazónicos más organizados social y políticamente. A lo largo de la historia se le conoce como uno de los pueblos más resistentes a toda forma de dominación incaica, colonial e inclusive republicana.<br>Tesis
31
Bayona, Huerta Juan Sergio. "La zona de amortiguamiento como objeto de protección del delito de alteración del ambiente o paisaje: análisis del artículo 313° de CP." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.12404/13728.
Full textAbstract:
El presente trabajo de investigación busca analizar –a partir de la Casación N.º
74-2014-AMAZONAS– el objeto de protección o bien jurídico protegido del
artículo 313 del Código Penal, siendo la hipótesis del presente trabajo que será
todo a que espacio geográfico regulado a través de la normatividad
administrativo-ambiental cuya modificación –a través de la tala o construcción–
no haya sido autorizada por autoridad competente y en abierta vulneración de
las normas indicadas precedentemente.
En tal sentido, son pasibles de protección tanto las áreas naturales protegidas
como las zonas de amortiguamiento en tanto y en cuanto para su modificación
fuera de los términos del Plan Maestro está sujeto a la emisión de
compatibilidades y –si se afectan bosques– autorizaciones de desbosque,
otorgados por Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas –en el primer caso–
y el Servicio Forestal o la Autoridad Regional Forestal competente –en el
segundo caso–.<br>Trabajo académico
32
Small, Arana Germán. "El Impacto de las Resoluciones del Tribunal Constitucional Peruano en la ejecución penal." Doctoral thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2012. https://hdl.handle.net/20.500.12672/636.
Full textAbstract:
El presente trabajo de investigación se sustenta en el análisis de Resoluciones del Tribunal Constitucional del Perú que a criterio del investigador han generado efectos sobre la aplicación de las normas que regulan las instituciones del Derecho de ejecución penal, como Los deberes y derechos del interno, el trabajo y la educación penitenciaria, la concesión y revocatoria de los beneficios penitenciarios de Prelibertad, condiciones de vida, la disciplina penitenciaria, el tratamiento penitenciario, la aplicación temporal de las normas de derecho de ejecución penal, entre otros, asimismo, se sustenta la presente investigación en base a la contrastación de encuestas dirigidas y realizadas a la muestra de 200 internos entre detenidos y sentenciados de los establecimientos penitenciarios de la Dirección Regional de Lima que representan al Universo de Población carcelaria activa para el presente estudio.
Comprende también las entrevistas realizadas a especialistas en el Campo del Derecho así como el análisis y comentario de bibliografía, legislación y documentación que ha sido clasificada de forma debida por el investigador y que considera es relevante para cumplir con el objetivo del estudio.
La presente investigación, se divide en los siguientes capítulos:
El primero, se refiere al problema de investigación donde se ha identificado la realidad problemática, formulado el problema, los objetivos, justificación e importancia así como la hipótesis y variables a fin de contrastar y comprobar las hipótesis de estudio planteadas. El segundo, se desarrolla el análisis teórico y conceptual de la investigación. El tercero, comprende la metodología empleada de la investigación, donde se precisa el tipo, diseño, método, la población y muestra así como las técnicas e instrumentos de recolección y tratamiento de datos. El cuarto, se refiere a la comprobación de las hipótesis y resultados.
Asimismo, se han formulado las respectivas conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos, con el fin de presentar en forma clara los diversos capítulos que conforman este estudio. En el presente trabajo de investigación pretendemos determinar cuál es el impacto de las sentencias del Tribunal Constitucional del Perú que se emiten en aplicación de las normas de derecho de ejecución penal (Código de ejecución penal y las leyes especiales) en los diferentes casos que se presentan ante los entes administrativos y jurisdiccionales en el sistema penitenciario nacional.<br>Tesis
33
Sánchez, Torres Alexander Germán. "El recurso de casación penal: control de los hechos." Doctoral thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19760.
Full textAbstract:
El control de los hechos en casación con toda seguridad es uno de los temas
más polémicos y actuales en la doctrina procesalista. Los constantes debates
y materiales académicos en la legislación comparada así lo demuestran. Un
sector de la doctrina cuestiona las teorías que avalan la fiscalización de la
quaestio facti, con el argumento de que se desnaturalizaría la casación
convirtiéndola en una tercera instancia; además, no se cumplirían los fines y
funciones de la casación. Sin embargo, a pesar de las críticas existentes, con
el presente trabajo se pretende justificar el control de los hechos a partir de
infracciones normativas constitucionales y brindar la técnica adecuada para
denunciar problemas relacionados con las cuestiones de hecho, de esta forma
se contribuye a que el Tribunal de casación no exceda de su poder. De esta
forma, a partir del análisis dogmático realizado, se puede afirmar que la
fiscalización de los hechos en casación no se aleja de los fines y funciones de
la casación, ni se desnaturalizaría su esencia.
34
Michue, Huacache Juan Antonio. "El Delito de lesiones contra la vida humana dependiente : precisiones de dogmática penal y política criminal." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2004. https://hdl.handle.net/20.500.12672/2892.
Full textAbstract:
En el escenario punitivo nacional el delito de lesiones contra la vida humana dependiente, era ajeno a nuestra legislación hasta antes de la dación de la Ley N° 27716 del año 2002 mediante el cual se incorporó a nuestro Código Penal de 1991 el artículo 124-A castigando las acciones dolosas que causen lesión en el concebido. Empero, la figura motivo de investigación merece mayor preocupación para así obtener una completa tutela penal del nasciturus frente a las lesiones que se le puedan causar.
Así las cosas, la tarea se inicia con un estudio destinado a determinar los extremos mínimos (inicio de la vida) y máximos (nacimiento) de la vida humana albergada en el seno materno.
En segundo lugar me ocupo de las lesiones en general, con lo que determinó que la noción clásica de lo que se entiende por delitos de lesiones no alcanza a las lesiones que se le pueden causar el ser en formación en sus primeros días de vida.
La tercera parte esta dedicado a recorrer el pasado para hacernos de un hecho paradigmático ocurrido en la Alemania de finales de los años sesenta e inicios de los setenta, donde miles de niños recién nacidos se ven afectados por la ingesta -por parte de las madres- de píldoras «contergan» que le provocaron graves deformaciones en su aspecto físico. Ello provoco que el Derecho se pronuncie y lo hizo a través del Derecho penal alemán alentado por las opiniones de sus notables juristas quienes aportaron soluciones al caso, en un sistema penal sin delitos de lesiones contra el nasciturus.
Luego, reservo el cuarto lugar, para hacer un recorrido por el Derecho comprado y así identificar las legislaciones que punen las conductas lesionales contra el ser en formación. Empiezo por España –hoy única legislación con tradición germánico-romana en Europa- que pune esta modalidad delictiva; luego, en América, tenemos a la República de El salvador, Costa Rica y Colombia.
En el quinto espacio trabajo el bien jurídico-penal donde en primer lugar se desarrolla una breve teoría de dicha figura penal, para luego determinar el bien jurídico protegido en los delitos de lesiones contra el nasciturus. Finalmente, determino la correcta ubicación sistemática en el Código Penal en función del bien jurídico-penal.<br>Tesis
35
Alfaro, Yarmas Víctor Jesús Fausto. "La banda criminal y la ausencia de criterios para ser denominado delito de organización. ¿Es necesaria su existencia en la lucha contra el crimen organizado?" Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/17916.
Full textAbstract:
El delito de banda criminal es una figura delictiva que se encuentra regulada con fines de
tipificar conductas humanas a manera de peligro abstracto, pero que sean sancionadas por
cumplir el solo propósito de formar un grupo organizado, que podría afectar la seguridad
pública, ya que su propósito sería la comisión de ilícitos. El crimen organizado es un
problema latente en la realidad nacional y trasnacional, que pone en jaque a diversos
estados que se ven afectados por una situación social donde la delincuencia ha llegado a
acaparar niveles inimaginables.
La presente investigación tiene por finalidad exponer que nuestra legislación no tiene una
debida normativa frente a los delitos de organización, situación que la jurisprudencia ha
tratado de corregir, pero no es suficiente, ya que se vulnera el principio de legalidad por
tratar de hacer interpretaciones que van más allá de lo razonable. Se tiene como objetivo
general demostrar que, en el Perú el delito de banda criminal es inaplicable como delito
de organización; y, como objetivo específico, poner en manifiesto que es una forma de
coautoría y no un tipo penal independiente. En consecuencia, la hipótesis gira en torno a
si es necesario tipificar el delito como se encuentra normado; o, en su defecto, si debe ser
derogado o modificado; o, si sólo debe sancionarse el concurso de dos o más personas
como agravante especifica de los delitos que sean realizados por la banda criminal.
36
Lopez, Lopez Renzo Saul. "Los límites judiciales para imponer una pena superior a la acordada en el marco de la conclusión anticipada." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/20145.
Full textAbstract:
Este informe jurídico analiza tres problemas centrales que se abordan dentro de la
Casación 113-2017, Áncash, en el marco de la conclusión anticipada: 1) qué rol cumple
el juez cuando las partes han arribado a un acuerdo, 2) en qué supuestos el juez puede
rechazar dicho acuerdo, conforme al Art. 372º, inciso 5, del CPP, y 3) cuáles son los
límites que tiene el juzgador al momento de imponer una pena superior a la acordada. Por
ello, dentro del presente trabajo se ha concluido lo siguiente.
En primer lugar, se ha establecido que el juez debe cumplir un rol activo cuando las partes
han llegado a un acuerdo, en el marco de la conclusión anticipada, por lo que este debe
realizar un control judicial de dicho consenso, con el fin de determinar si este acuerdo se
encuentra conforme a derecho. En segundo lugar, se sostiene que, si bien no hay una
mención expresa dentro del Art. 372º, inciso 5, del CPP, sobre si el juez puede rechazar
la pena consensuada por las partes para imponer una superior, esta facultad se encuentra
implícita debido a la exigencia que tiene el juzgador de imponer una pena de acuerdo a
los principios de legalidad y proporcionalidad. Finalmente, hemos concluido, en la misma
línea que la Corte Suprema, que el juez tiene 3 límites que tomar en cuenta al imponer
una pena superior a la acordada por las partes, los cuales se vinculan con el respeto a los
principios de: legalidad, proporcionalidad, acusatorio y congruencia.<br>This legal report analyzes three central problems addressed within Cassation 113-2017,
Áncash, in the framework of the anticipated conclusion: 1) what role does the judge play
when the parties have reached an agreement, 2) under what assumptions the judge can
reject such agreement, according to Art. 372º, paragraph 5, of the CPP, and 3) what are
the limits that the judge has when imposing a penalty higher than the agreed one.
Therefore, this paper has concluded the following.
Firstly, it has been established that the judge must play an active role when the parties
have reached an agreement, within the framework of the anticipated conclusion, so the
judge have to carry out a judicial control of such consensus in order to determine whether
the agreement is in accordance with the law. Secondly, it is argued that although there is
no express mention in Art. 372º, paragraph 5, of the CPP, on whether the judge can reject
the penalty agreed upon by the parties to impose a higher one, this power is implicit due
to the requirement of the judge to impose a penalty in accordance with the principles of
legality and proportionality. Finally, in the same line as the Supreme Court, we have
concluded that the judge has 3 limits to take into account when imposing a higher penalty
than the one agreed upon by the parties, which are linked to the respect for the principles
of: legality, proportionality, accusatory and congruence
37
Cifuentes, Dávila Jhean Franco. "Política criminal peruana y el tratamiento normativo del delito de robo en el contexto de la inseguridad ciudadana y los avances a una nueva legislación penal." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2018. https://hdl.handle.net/20.500.12672/7966.
Full textAbstract:
Publicación a texto completo no autorizada por el autor<br>El documento digital no refiere asesor<br>Estudia, identifica y describe los factores que determinan y condicionan lo que se considera una equivocada política criminal y una deficiente técnica legislativa en la protección del bien jurídico patrimonio, que se ve vulnerada por comportamientos lesivos que se manifiestan actualmente como sumamente violentos y que incrementan el riesgo social, en el marco de la inseguridad ciudadana, con miras al mejoramiento del sistema punitivo peruano, por lo que atenderemos a las modificaciones legislativas integradas en el proyecto de Código Penal 2015.<br>Tesis
38
Pinto, Córdova Arianda Juana. "La responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales y la gobernanza ambiental en el Perú." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/18711.
Full textAbstract:
Frente al complejo escenario de acceso a la justicia ambiental en el Perú, el presente artículo tiene como objetivo principal analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales, como un componente fundamental para la gobernanza ambiental. En ese sentido, este artículo busca encontrar mecanismos que permitan revertir dicha crítica situación, de manera que ello repercuta en la mejora de la gobernanza ambiental. De esta manera, la pregunta de investigación que se plantea es ¿cómo se relaciona la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales con la gobernanza ambiental? En ese sentido, el objetivo central analizar cómo se relaciona la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales con la gobernanza ambiental. Frente a ello, se sostendrá que la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales es consustancial a la gobernanza ambiental, en tanto cumple dos funciones importantes: una función punitiva, puesto
que coadyuva al acceso a la justicia ambiental mediante la identificación del responsable o sujeto activo en los casos de delitos ambientales; y una función preventiva, respecto a la comisión de delitos ambientales. Para ello, en el primer capítulo se desarrollará el marco teórico sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, en el que se tratará la importancia de la imputación penal a la persona jurídica, los modelos de responsabilidad penal de personas jurídicas y cómo se ha sido regulado en ordenamientos normativos de otros países donde se ha implementado. Por otro lado, en el segundo capítulo, se analizarán las condiciones socioambientales y jurídicas que exigen, en el Perú, la implementación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos ambientales para mejorar la gobernanza ambiental
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Sánchez, Mercado Miguel Angel. "La Reforma del artículo 173º del Código Penal Peruano (Ley Nº 28704): problemas, propuestas y alternativas." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2009. https://hdl.handle.net/20.500.12672/191.
Full textAbstract:
Esta tesis tiene como objetivo final excluir la tipicidad de los encuentros sexuales consentidos en el marco del art. 173.3 del Código Penal, estableciendo una nueva forma de interpretar los alcances del delito de violación sexual de menores, que haya su prototipo por antonomasia en los encuentros entre enamorados y convivientes que han procreado descendencia y, los encuentros sexuales entre menores de la misma edad, problemática que aún mantiene su actualidad, conforme se aprecia del Proyecto de Ley Nº 3189/2008-CR, presentado recientemente en abril de este año.
La Corte Suprema de Justicia, el año 2007 (Consulta Nº 2716-2007 del 07.11.2007), mostró su disconformidad con la actual Ley 28704, señalando que una de su consecuencias seria que de tratarse de una relación sexual donde “ambos (…)[intervinientes] son adolescentes (…) se convertirán [ambos] en infractores, (…) [y] se verán involucrados en un proceso judicial ante un juzgado de familia”, realidad que se manifestó en una Resolución del Tribunal Constitucional, Exp. 02102-2008-PHC (27.06.08), que trataba del internamiento preventivo de un menor por haber mantenido relaciones sexuales con su pareja, otra menor de edad, aún cuando habría sido aquella “quien le propuso y a (…) [su] insistencia (…) se mantuvieron las relaciones” (fd.1). El Tribunal Constitucional (fd. 3), señaló que valorar el argumento sobre una “irresponsabilidad penal (…), [basada en que] la agraviada habría propiciado voluntariamente las relaciones”, era un tema que “implica un juicio de reproche penal y valoración de las pruebas”, por lo que la respuesta debía porvenir de la aplicación de las categorías penales y no del fuero constitucional.
Proteger a los menores de edad es asegurar la supervivencia social, pero no basta con incrementar las penas sino en hacerlas eficaces. Así FEUERBACH enseñaba que “sin el cumplimiento de la ley la amenaza carece de contenido” y BECCARIA, que “no es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas”, pues si el que delinque confía en que no será descubierto, el monto de la pena no le será de interés.<br>Tesis
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Villarroel, Quinde Carlos Abel. "El bien jurídico protegido por el delito de trata de personas en el ordenamiento jurídico peruano." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/9736.
Full textAbstract:
La presente investigación tiene por objeto analizar dogmáticamente el bien jurídico
protegido por el delito de trata de personas en el ordenamiento jurídico peruano. Al
respecto, existen diversas posturas sobre dicho tópico, lo que determina la poca o nula
aplicación del tipo penal de acuerdo al bajo índice de sentencias expedidas por dicho
delito en nuestro país. En ese sentido –a partir de un análisis exclusivamente teórico,
basado en fuentes jurídicas (normas, jurisprudencia y doctrina) nacionales y extranjeras-,
se postula que el bien jurídico protegido en este delito lo constituye la dignidad del ser
humano, entendida como la prohibición de cosificación vejatoria y humillante de la
persona. A tal efecto, la investigación se desarrolla de la siguiente manera: a) en el
Capítulo I se aborda el tema del bien jurídico protegido en un Estado Constitucional; b) en
el Capítulo II se desarrollan las diversas posturas que existen sobre el bien jurídico
protegido en el delito de trata de personas; c) en el Capítulo III se analiza a la “dignidad”
como bien jurídico protegido por el Derecho Penal, en general, y por el delito de trata de
personas en particular; d) finalmente, en el Cuarto Capítulo se aborda la aplicación
práctica del bien jurídico “dignidad” en dicho delito, a partir del análisis de la figura del
consentimiento de la víctima. De todo este desarrollo se concluye finalmente que la
dignidad sí tiene la suficiente capacidad dogmática para configurar el bien jurídico
protegido por el delito de trata de personas en el Perú.<br>Tesis
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Sánchez, Mercado Miguel Angel, and Mercado Miguel Angel Sánchez. "La Reforma del artículo 173º del Código Penal Peruano (Ley Nº 28704): problemas, propuestas y alternativas." Bachelor's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2009. http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/191.
Full textAbstract:
Esta tesis tiene como objetivo final excluir la tipicidad de los encuentros sexuales consentidos en el marco del art. 173.3 del Código Penal, estableciendo una nueva forma de interpretar los alcances del delito de violación sexual de menores, que haya su prototipo por antonomasia en los encuentros entre enamorados y convivientes que han procreado descendencia y, los encuentros sexuales entre menores de la misma edad, problemática que aún mantiene su actualidad, conforme se aprecia del Proyecto de Ley Nº 3189/2008-CR, presentado recientemente en abril de este año.
La Corte Suprema de Justicia, el año 2007 (Consulta Nº 2716-2007 del 07.11.2007), mostró su disconformidad con la actual Ley 28704, señalando que una de su consecuencias seria que de tratarse de una relación sexual donde “ambos (…)[intervinientes] son adolescentes (…) se convertirán [ambos] en infractores, (…) [y] se verán involucrados en un proceso judicial ante un juzgado de familia”, realidad que se manifestó en una Resolución del Tribunal Constitucional, Exp. 02102-2008-PHC (27.06.08), que trataba del internamiento preventivo de un menor por haber mantenido relaciones sexuales con su pareja, otra menor de edad, aún cuando habría sido aquella “quien le propuso y a (…) [su] insistencia (…) se mantuvieron las relaciones” (fd.1). El Tribunal Constitucional (fd. 3), señaló que valorar el argumento sobre una “irresponsabilidad penal (…), [basada en que] la agraviada habría propiciado voluntariamente las relaciones”, era un tema que “implica un juicio de reproche penal y valoración de las pruebas”, por lo que la respuesta debía porvenir de la aplicación de las categorías penales y no del fuero constitucional.
Proteger a los menores de edad es asegurar la supervivencia social, pero no basta con incrementar las penas sino en hacerlas eficaces. Así FEUERBACH enseñaba que “sin el cumplimiento de la ley la amenaza carece de contenido” y BECCARIA, que “no es la crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad de ellas”, pues si el que delinque confía en que no será descubierto, el monto de la pena no le será de interés.<br>Tesis
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Sánchez, Hinojosa Mayra Alejandra. "Las trampas de la razón (sexual) punitiva. El endurecimiento del delito de violación sexual -contenido en el artículo 170 del Código Penal peruano- y su vínculo con la (re)producción de subjetividades e imaginarios que agravan la situación de vulnerabilidad de las mujeres." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/17697.
Full textAbstract:
La presente tesis, desde el enfoque de la «criminología crítica feminista», identifica y analiza los
imaginarios y las subjetividades que son (re)producidos, justificados y legitimados por el tipo
penal de violación sexual regulado en el artículo 170 del Código Penal de 1991. La apuesta de
este estudio es feminista, interseccional y decolonial. Así, tiene por finalidad visibilizar las
limitaciones de la ley penal; cuestionar su efectividad para garantizar una «justicia de género –
feminista-» y; evidenciar que, contrario a lo que se pretende, su utilización recrudece la situación
de vulnerabilidad de las mujeres –especialmente, y de manera diferenciada, sobre aquellas cuyas
vivencias se encuentran atravesadas por una serie de estructuras de opresión-. Por ello, la
pregunta que guía este estudio es: ¿cómo la apuesta punitiva en torno al delito de violación sexual
reproduce, legitima y refuerza estructuras, subjetividades e imaginarios que agravan la situación
de vulnerabilidad de las mujeres en Perú? La hipótesis que se desarrolla en esta investigación es
que es no es posible alcanzar una «justicia feminista» por medio de herramientas del poder
punitivo que son per se excluyentes, racistas, coloniales, clasistas y patriarcales. Por el contrario,
la utilización de estrategias punitivas refuerza las estructuras de opresión –cimentadas en el
orden de género y el orden de raza- que (re)producen la violencia en primer lugar.
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Sotomayor, Herrera Jimmy Manuel. "La necesidad de regular el delito de colusión activo en el código penal peruano." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19101.
Full textAbstract:
El problema jurídico que aborda en el presente trabajo académico consiste en poner en
relieve la necesidad de regular un tipo penal independiente para el particular que se
concierta con el funcionario público en el marco de una contratación estatal. Sostenemos
esta necesidad en la medida que no compartimos el actual tratamiento que se le da al
extraneus en el delito de colusión, debido a que dogmáticamente su conducta no puede ser
considerada como accesoria y por ende limitarse a un supuesto de participación. El
presente trabajo académico propone regular el tipo penal de colusión activo, donde se
establezca autoría de este delito para el extraneus que se coluda con el funcionario público
en el marco de la contratación estatal. El primer problema jurídico identificado en el presente
trabajo es el considerar al delito de colusión como un delito de participación necesaria, lo
que en la práctica puede generar impunidad o sentencias sin fundamento jurídico.
Mencionamos ello porque en muchas ocasiones existen problemas por parte de la fiscalía
para identificar a la persona concreta dentro de la persona jurídica con la cual se habría
coludido el funcionario público. Ello lleva a que no se pueda aplicar el delito de colusión y
se opta de manera subsidiaria por el delito de negociación incompatible, que claramente
tiene una pena mucho menor al delito de colusión. Así mismo, encontramos que la pena
que se le impone actualmente al extraneus en el delito de colusión. Mencionamos ello,
porque al tratárselo como cómplice primario, el artículo 26 del código penal, establece que
le corresponde la misma pena que al autor. En nuestra opinión ello es equivocado, porque
no se le puede imponer la misma sanción al particular que no tiene deberes para con el
estado, y al funcionario que sí tiene estos deberes especiales. Se estaría vulnerando
claramente el principio de proporcionalidad, sobre todo si reparamos en que estamos ante
un delito de infracción de deber.<br>Trabajo académico
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Verde, Campos Brian Saúl. "¿Se satisfacen las garantías del derecho de impugnación en la figura de la impugnación diferida?" Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/18022.
Full textAbstract:
La presente investigación tiene como propósito determinar si la impugnación diferida
satisface las garantías constitucionales que rigen el ordenamiento procesal penal, para
lo cual se identifican y desarrollan los supuestos en los que esta figura vulnera las
garantías del proceso penal. Del mismo modo, se propone una interpretación más
adecuada de la impugnación diferida que tenga una mejor capacidad de rendimiento
respecto de los casos que regula y de los supuestos análogos en los que se viene
aplicando. Finalmente, se expone una propuesta de lege ferenda que permite dotar de
coherencia a la impugnación diferida respecto de las garantías del proceso penal. La
conclusión principal evidencia que la impugnación diferida del sobreseimiento debe ser
inaplicada al no ser compatible con las garantías constitucionales del proceso penal,
razón por la cual los autos que estimen una solicitud de sobreseimiento o excepción, al
ser impugnados por las partes acusadoras, deben concederse con efecto devolutivo y
sin la calidad de diferida, todo ello sin perjuicio de otros casos de efecto diferido que se
analizan en el presente trabajo.
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Gutiérrez, Marallano Aracelly. "La pena privativa de la libertad y la reeducación y reincorporación del penado a la sociedad en los delitos de tráfico ilícito de drogas en el penal de Ayacucho, durante el período 2013 - 2014." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2019. https://hdl.handle.net/20.500.12672/15513.
Full textAbstract:
Trata sobre el estudio de los fines de la pena privativa de libertad en el caso de los delitos de tráfico ilícito de drogas, especialmente de los internos del establecimiento penitenciario de Ayacucho, durante el periodo 2013 al 2014. La situación se centra en determinar si los fines de la pena privativa de libertad, pueden ser cumplidos atendiendo a la especial situación de sobrepoblación, hacinamiento y carencia de recursos básicos de los sentenciados del Penal de Ayacucho. Debe tenerse en cuenta que este centro de reclusión tiene una capacidad máxima de 644 internos, sin embargo, allí se hallan más de 2336 internos. A ello debe agregarse que no existen suficientes programas para brindar adecuada educación y capacitación al interior del establecimiento penitenciario, siendo sumamente difícil aprender alguna labor técnica u oficio. En ese sentido, se busca identificar y analizar el grado de reeducación y rehabilitación de los internos en esas circunstancias adversas, por lo que, para tal propósito hemos desarrollado técnicas de análisis de instrumentos como encuestas y documentos basados en informes socio educativos de los internos del penal de Ayacucho, lo cual nos permitió medir el nivel de reeducación y rehabilitación de los internos en el interior de este centro penitenciario.<br>Tesis
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Yaringaño, Campos Dora Lucia. "Informe Jurídico sobre el Recurso de Nulidad N° 2976-2004-Lima. La atribución de la responsabilidad penal a los extranei por la comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito, en concordancia con el momento de su actuar a lo largo del iter criminal y la existencia de un pactum sceleris." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19971.
Full textAbstract:
En el presente informe jurídico se busca determinar el tipo de consumación que se produce en el delito de Enriquecimiento ilícito, así como la posible atribución de responsabilidad penal a los terceros (extranei) que intervengan y colaboren con la realización del ilícito. Sumado a ello, se analizará la figura jurídica del acuerdo previo o pactum sceleris y las implicancias que el mismo pueda tener en la atribución de la responsabilidad penal a los acordantes. Es así que se hará uso del método de investigación en base a la doctrina existente y los pronunciamientos jurisprudenciales que resulten relevantes. En ese sentido, se demostrará que, según los hechos narrados en el recurso sub examine (Recurso de Nulidad N° 2976-2004-Lima), la Corte Suprema debió optar por atribuir responsabilidad penal a la esposa e hijas de un ex General del Ejército Peruano (funcionario público). Ello en cuanto se está ante un delito residual, comisivo de consumación permanente y, las extranei, mediante el despliegue de diversas acciones y
transacciones financieras (complicidad material y psíquica), colaboraron en la realización del delito de Enriquecimiento ilícito, aunado a que también se habría incurrido en la realización, en conjunto con el funcionario público, de un acuerdo previo o pactum sceleris
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Cabello, Silva Andrea Fernanda. "CASACIÓN Nº 591-2016 –HUAURA." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/18332.
Full textAbstract:
El caso materia del Informe versa sobre el delito de violación cometido contra una adolecente con discapacidad intelectual. En el momento de ocurridos los hechos el tipo penal vigente, contenido en el artículo 172 del Código Penal, no contenía de forma literal el consentimiento por lo que se entendía que el bien jurídico protegido era la indemnidad sexual de las personas con discapacidad intelectual y, en ese sentido, con la sola acreditación del acto sexual y la existencia de la deficiencia, se daba por configurado el delito. Esta lectura era contraria a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), que entró en vigor para el Estado peruano en el año 2008, por lo que era imperativo que se aplique dicho tipo penal a la luz del mencionado instrumento.
Sin embargo, en el caso analizado no ocurrió ello y, todo lo contrario, se entendió que la adolescente con iniciales A.M.A.G. no era titular de su libertad sexual. A partir del año 2018, con la publicación de la ley Nº 30838 que introduce el consentimiento como un elemento central, se abre una nueva ventana de oportunidad para la lectura, interpretación y aplicación de este tipo penal, a la luz de los mandatos internacionales asumidos por el Perú a través de la CDPD, generando un balance entre la autonomía sexual de la que son titulares las personas con discapacidad intelectual, y la protección de este colectivo frente a la violencia sexual, desde un enfoque interseccional. En suma, debe partirse del reconocimiento pleno de la capacidad jurídica y autonomía sexual de este colectivo, sin dejarles en desprotección frente a las diversas barreras sociales, actitudinales y legales que recaen sobre ellas
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Carrillo, Fry Andrea Danae. "El aborto en casos de violación sexual: fundamentos jurídico penales para su descriminalización en el Perú." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/18341.
Full textAbstract:
La presente investigación desarrolla el delito de aborto en los casos de violación sexual y su tipificación en el ordenamiento jurídico peruano, toda vez que la violación sexual es un delito que afecta directamente y en mayor proporción a las mujeres, al ser las víctimas más frecuentes y las únicas que pueden quedar embarazadas a consecuencia de ello. A lo indicado anteriormente debe sumarse otro escenario, las altas cifras de aborto clandestino e inseguro, originado por su prohibición, por lo que corresponde analizar la pertinencia de su tipificación. En ese sentido, el objetivo de esta tesis es establecer los fundamentos jurídico penales que sustentan la descriminalización del aborto por violación sexual en el Perú. Para ello, se ha utilizado el método dogmático, que recurre a la doctrina, al derecho comparado y a la jurisprudencia, a fin explicar el sentido de las instituciones y normas jurídicas; así como al método funcional, que implica analizar la dinámica entre el orden jurídico abstracto y el orden social concreto, esto es, el cumplimiento o incumplimiento de las normas jurídicas vigentes por parte de la sociedad. De esta manera, se expone y analiza la tipificación del delito de aborto en el Perú, se presentan los argumentos jurídicos en contra de la descriminalización del aborto, para finalmente demostrar que la debida observancia de lo dispuesto por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el principio de mínima intervención del derecho penal, los avances en la política criminal, el cumplimiento de los fines de la pena y la perspectiva de género en la creación de tipos penales, son fundamentos jurídico penales que sustentan la descriminalización del aborto por violación sexual en el Perú
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Arrieta, Caro José Wilfredo. "La prueba indiciaria en el delito de colusión." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.12404/15425.
Full textAbstract:
A pesar de ser uno de los delitos contra la administración pública que ha recibido mayor
atención doctrinal, el delito de colusión no ha sido hasta ahora objeto de un análisis
detenido referido a sus particularidades probatorias. Las investigaciones que existen en la
literatura especializada abordan sus problemas dogmáticos pero, al igual que la
jurisprudencia, no profundizan demasiado sobre qué pautas seguir para considerar
probada la concertación, más allá de señalar que la prueba indiciaria juega un rol
fundamental.
Esta situación no ha impedido que los casos de colusión sigan ocupando un lugar
importante tanto a nivel de carga procesal de las Fiscalías Anticorrupción, como en el
imaginario colectivo de la sociedad (debido a la alta percepción que existe de corrupción
en las compras estatales). Sin embargo, en ausencia de parámetros claros se han emitido
varias resoluciones con importantes defectos en la argumentación para determinar los
hechos probados. Siendo esto así, la presente investigación pretende hacer un aporte a la
adecuada motivación de la valoración probatoria de dicho delito, planteando criterios que
podrían considerarse al momento de examinar los medios probatorios en función, sobre
todo, a la forma como la fiscalía sostiene que se ejecutó el acuerdo colusorio.
Con esa finalidad, el primer capítulo de la presente investigación identifica -a partir del
análisis de aproximadamente 150 resoluciones de la Corte Suprema en las que se confirma
la condena impuesta por la corte superior- los seis tipos de casos probados, o tipologías,
de colusión más recurrentes en la jurisprudencia. En el segundo, se analiza críticamente
la aplicación de la doctrina de la prueba indiciaria a dichos casos, detectando sus mayores
problemas. Y finalmente, en el tercero se proponen determinados criterios para hacer más
precisa, acertada y predecible la valoración probatoria en los mismos.<br>Despite being one of the offenses against the public administration that has received more
attention from the academy, the crime of collusion has not been subject to a thorough
analysis regarding the particular features of its proof. Existing research in the field
discusses its dogmatic problems but, just as the jurisprudence, does not delve into which
guidelines follow in order to demonstrate the agreement, besides pointing out that
circumstantial evidence plays a fundamental role.
The situation has not prevented the collusion cases from keep having a major place in the
workload of the prosecution, as well as in the public imagination (due to the overall
perception of corruption in public procurement). And yet, in absence of clear parameters,
several rulings with important deficiencies in the reasoning to determine the proven facts
have been issued. This being so, this research attempts to make a contribution to the
analysis of the proof in those cases by suggesting some criteria that could be considered
when assessing the circumstantial evidence. The guidelines are based mainly on the way
how prosecution argues that the fraudulent agreement was fulfilled.
With this purpose, the first chapter of this research identifies – after reviewing
approximately 150 rulings of the Supreme Court where the convictions were affirmedsix
types of cases where the crime of collusion has been usually considered proved. In the
second chapter, the use of the circumstantial evidence doctrine is critically analyzed in
those cases, detecting its main problems. And finally, in the third chapter specific criteria
designed to improve the assessment of the evidence in collusion cases are proposed.<br>Tesis
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Retamozo, Eguía Rosa Luz, and Eguía Rosa Luz Retamozo. "El aborto culposo y las razones que justifican su incorporación en el ordenamiento jurídico peruano, a fin de evitar la impunidad en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud." Master's thesis, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015. http://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/cybertesis/5574.
Full textAbstract:
Determina los fundamentos de la penalización del aborto culposo, mediante encuestas a los operadores jurídicos, análisis de jurisprudencia comparada, para la incorporación de este tipo penal en nuestra legislación.<br>Tesis