Dissertations / Theses: 'Derecho procesal penal Chile'

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Collado, González Rafael, and Chamorro Pablo Ortiz. "Violencia y Derecho Procesal Penal Chileno." Tesis, Universidad de Chile, 2004. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107512.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicias y sociales)
A pesar de los avances de los derechos humanos en diversas áreas del derecho, resulta problemático comprender porque en el derecho procesal penal no ha sido de esta manera. El problema se presenta en Chile de una manera especial, que amerita su estudio, ya que estamos en pleno proceso de reforma del mismo.

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Aguiló, Bascuñán Pedro Antonio, and Orellana Álvaro José Lezama. "Artículo 277 del CPP y estándares en derechos humanos. Una mirada desde el derecho internacional." Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/129784.

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Oyarce, López Tamara. "La duda razonable en el sistema procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/106848.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
El artículo 340 inciso primero del Código Procesal Penal señala: “Art. 340: Convicción del tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él, hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.” (el destacado es nuestro). En esta disposición resulta patente, que el nuevo sistema de justicia criminal, introduce una modificación fundamental en el estándar de convicción que se exige al Tribunal de Juicio Oral competente, o al Juez de Garantía , según el caso, para determinar la culpabilidad o inocencia de un imputado. Esta modificación se ve justificada desde la perspectiva de los principios y garantías fundamentales que subyacen al nuevo sistema, así como desde el punto de vista de la lógica del juicio oral; única instancia en que por regla general será rendida la prueba que servirá de base al tribunal de juicio oral para pronunciar su fallo. Esta importante modificación a su vez introduce un cambio fundamental respecto de nuestro ‘antiguo’ y rígido sistema de procedimiento penal, sistema de corte inquisitivo, que consagraba el sistema de prueba legal o tasada, lo que se traducía en que la exigencia de reconstrucción de la verdad histórica exigía alcanzar la máxima certeza para condenar, tanto respecto de la ocurrencia del hecho como de la participación del imputado

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Mendía, Ramírez María Paz. "La defensa publica en la reforma procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2000. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/114231.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
El estudio del nuevo sistema de defensa penal pública se ha formulado de la siguiente manera: En el capítulo I bajo el título " La defensa", se presenta esta institución, se conocen sus antecedentes históricos y las acepciones del derecho de defensa como garantía constitucional y como garantía del proceso. Se distingue la defensa privada de la defensa pública, examinando la organización del servicio público de defensa y las funciones del defensor de oficio. En el capítulo II titulado "La defensa en el proceso penal chileno y la defensa pública en el ordenamiento jurídico internacional" se analizan los principios rectores de la defensa en el proceso penal, también recogidos en los tratados internacionales: la igualdad entre las partes, la presunción de inocencia, el principio de congruencia, el derecho a un debido proceso, el derecho a la publicidad del proceso y cómo estos principios son protegidos en el actual proceso penal chileno y en el sistema latinoamericano. En el capítulo III "Defensa técnica y servicio de defensa pública" se precisa la naturaleza de la defensa técnica y su relevancia, las funciones del abogado defensor y las distinciones existentes entre la asistencia jurídica gratuita, la asistencia pública y privada y la normativa legal vigente, que provee de defensa jurídica a todos aquellos imputados o acusados que en el curso de un proceso se vean privados de un defensor de confianza. En el capítulo IV "La defensa en Chile", se analiza desde un enfoque normativo y jurisprudencial al titular de la garantía de defensa y el ejercicio de su derecho en el marco legal vigente. Se formulan las consideraciones y los objetivos de la reforma procesal penal y las principales diferencias entre el proceso penal actual y el proceso penal reformado. El capítulo V denominado "La defensa en la reforma procesal penal" se analiza en profundidad al titular del derecho de defensa, sus derechos, facultades y garantías en el proceso penal reformado. Se aborda los sujetos procesales en la etapa de instrucción como parte de la estructura del procedimiento ordinario por delitos de acción penal pública y cómo se respetan en ella, los derechos y garantías del imputado principalmente durante la investigación y actividades probatorias como en las medidas cautelares de carácter personal. Se sistematiza el proceso y el ejercicio de la defensa en las etapas de formalización de la instrucción, en las llamadas salidas alternativas y procedimientos abreviados, en el juicio oral, en el derecho a recurrir del fallo, para concluir este capítulo con el análisis del proyecto de ley de Defensoría Penal Pública, que regula su organización y funcionamiento.

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Jensen, M. Rodrigo. "El recurso de nulidad en el nuevo codigo procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2002. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107347.

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Abstract:

Memoria (licenciatura en ciencias jurídicas y sociales)
El objeto de esta memoria de título es hacer un detenido estudio del recurso de nulidad, contemplado en los artículos 372 a 387 del nuevo Código Procesal Penal, a fin de poder dar algunas luces acerca de las normas relativas a su tramitación, a los objetivos buscados mediante la interposición del mismo, así como también aventurar una opinión personal respecto de su naturaleza jurídica, toda vez que dicho recurso presenta características íntimamente vinculadas con el recurso de casación.

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Ramírez, Schwerter María Mercedes. "La codificación procesal penal frente a la prensa 1901 - 1906." Tesis, Universidad de Chile, 2006. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107774.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
Este año 2006 se cumple el primer centenario de la dictación de nuestro actual Código de Procedimiento Penal, que con la completa entrada en vigencia a fines de 2005, de la llamada Reforma Procesal Penal, está quedando casi ya en desuso. Este hecho ha sido el motivo que nos impulsó a la elaboración de la memoria que a continuación pasamos a presentar. El presente trabajo está compuesto por antiguas normas de Derecho Español, de Derecho Mixto y de Derecho Patrio o Nacional, según la época de que se trate. Se ha tratado de ser lo más objetivo posible en la recopilación del material para así poder mostrar como se fueron elaborando las normas procesales penales a través del tiempo, hasta el año 1906 donde entró en vigencia, en definitiva y luego de muchos años de discusión y confrontación, el Código de Procedimiento Penal

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Soto, Valdivieso Paola. "La nulidad por falta de defensa técnica en el código procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/106861.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
En este trabajo nos hemos propuesto demostrar que un proceso penal, dentro del nuevo sistema procesal penal, es anulable a causa del actuar negligente del abogado defensor, pues se estaría vulnerando la garantía del derecho a defensa técnica contenida en el artículo 19, Nº 3, inciso 2, de la Constitución Política de la República. Desarrollamos el trabajo basándonos en los principios del proceso penal y la implicancia que estos tienen en relación a lo que debe entenderse por derecho a defensa técnica dentro del contexto de un Estado de Derecho. El primer capítulo se centra en los fines del proceso penal dentro de éste modelo de Estado. El segundo capítulo busca explicar los principios que estructuran el nuevo sistema procesal penal, en especial, el principio acusatorio y de aportación de parte. Veremos: El principio acusatorio como derivación del sistema acusatorio, su evolución en la doctrina comparada; el principio de contradicción; el principio de aportación de parte; y la manifestación de éstos principios en el Código Procesal Penal. Los capítulos tercero y cuarto tratan sobre el derecho a defensa en general y el derecho a defensa técnica respectivamente. Veremos: Desde que momento nace la garantía a defensa del imputado; la posibilidad de la defensa del imputado a realizar una investigación independiente a la que realiza el Ministerio Público; el derecho a la defensa y el debido proceso; el concepto de defensa técnica y su evolución el la jurisprudencia comparada. Los capítulos quinto y sexto se centran en la defensa técnica dentro de nuestro país y los remedios procesales que existen en caso que sea vulnerada

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Ramírez, Guerra Simón A. "Medios de impugnación y recursos procesales en el nuevo código procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2001. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/114713.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
El presente trabajo, fundamentalmente apoyado en las esclarecedoras ideas de Mirjan Damaska, no sólo pretende analizar el sistema de impugnaciones en el nuevo proceso penal, en especial la apelación, sino también, explicar como el diseño del proceso legal se encuentra determinado o prefigurado por condicionantes más generales cuyas raíces se encuentran en la estructura, organización y fines del Estado. Como se explicará a propósito del recurso de apelación, su existencia o no dentro del ordenamiento jurídico no depende de la "afición", "gusto" o "conveniencia" de quienes la defienden como tampoco de una simple decisión de política legislativa restringida al ámbito del proceso legal. Por tal motivo, si bien celebramos el avance sin precedentes que introduce la reforma procesal penal y los principios de garantía que pretende introducir o reforzar, entre otros objetivos, ello no debe descuidar un análisis sobre el verdadero "pedigrí" u origen de los mismos ni de su posibilidad practica de aplicación en un medio legal distinto o incluso hostil.

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Echeverría, Donoso Isabel. "Los derechos fundamentales y la prueba ilícita : con especial referencia a la prueba ilícita aportada por el querellante particular y por la defensa." Tesis, Universidad de Chile, 2007. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/112591.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
Para los efectos del presente trabajo, se partirá de la base de la legitimidad política de ius puniendi, siendo uno de los propósitos de éste, determinar el origen de la legitimidad constitucional del mismo, tema que trataremos en el Capítulo I. Una vez dilucidado este punto, nos abocaremos a establecer cuál es el concepto de derecho fundamental a que adscribimos, para luego dedicarnos, en el Capítulo II, a dilucidar qué habremos de entender por prueba ilícita y cuál ha sido su tratamiento normativo y dogmático. Para tratar el tema de la prueba ilícita, partiremos de la base del cambio que ha sufrido, tanto a nivel jurisprudencial como doctrinario, la forma en que originalmente fueron entendidos los derechos fundamentales, pues en sus orígenes ilustrados, éstos fueron concebidos como posiciones de los individuos solamente exigibles frente al Estado y por tanto, se entendió como único sujeto activo de las vulneraciones al aparato estatal. No obstante, con la evolución de las sociedades y la pérdida de poder por parte de los Estados frente a grupos de particulares, se ha dado cabida a la posibilidad de que los particulares también sean idóneos para afectar derechos fundamentales. Es en razón de ello, que cobra importancia analizar la prueba ilícita aportada por el querellante particular y sus consecuencias, cuestión que trataremos en el Capítulo IV y también la prueba ilícita aportada por la defensa y el imputado en sus diferentes aspectos, tema de que nos ocuparemos en el capítulo V.

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Castro, Celedón José Tomás. "Modificaciones realizadas por la Ley No. 20.253 al Código Procesal Penal." Tesis, Universidad de Chile, 2009. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/106963.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
La presente memoria consta de cuatro capítulos, finalizando con una conclusión. El primero de ellos, trata el contexto histórico y los objetivos perseguidos por esta ley, en la cual se analizará su dictación mediante la utilización de los datos empíricos existentes al momento de su dictación, los cuales son entregados por instituciones de seguridad ciudadana del gobierno como de privados. Además se tratará de justificarla desde un enfoque acorde a las políticas y estudios relacionados a la seguridad ciudadana. En el capítulo segundo se analizará especialmente desde un enfoque jurídico las modificaciones realizadas por la ley al Código Procesal Penal, de acuerdo a los principios y normas consagrados por éste, la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos vigentes en Chile. Además, en algunos casos, se analizará utilidad práctica de las modificaciones, enfocadas desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. En el capítulo tercero se estudiará la modificación realizada por esta ley en lo que se refiere a la función de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile, específicamente en lo que respecta a la obligación que se les impone de mantener un banco unificado y actualizado de personas respecto de las cuales existan órdenes de detención pendientes. Se analizará su eficacia respecto a la función del control de la delincuencia, desde un prisma relacionado con las políticas existentes en materia de seguridad ciudadana. En el capítulo cuarto, se estudiará las modificaciones realizadas por la Ley Nº 20.253 a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, realizando un análisis tomando en cuenta el espíritu de la legislación vigente y el de la ley objeto de esta memoria de grado. Es la intención de esta memoria cotejar las modificaciones realizadas con datos empíricos existentes en la actualidad, puesto que sirven como barómetro para medir su utilidad. Ello se justifica dado que la misma ley señala en su mensaje que se tuvo presente una gran cantidad de datos al momento de aprobarse este proyecto de ley, por lo que es necesario tenerlos en consideración para verificar la verdadera utilidad de esta reforma en materia de seguridad ciudadana.

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Basoa, Oviedo Ubaldo Andrés. "La Reforma Procesal penal en la Constitución Política de la República. Situación de las garantías constitucionales de orden procesal." Tesis, Universidad de Chile, 2005. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107573.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
Tomando en cuenta lo anterior, es que surge este trabajo de investigación, con el objeto de tratar el impacto de la Reforma Procesal Penal en la Constitución de 1980 y la situación de las Garantías Constitucionales o Derechos Fundamentales de orden procesal.

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Muhr, Altamirano Benjamín. "Consecuencias procesales de la expansiòn del derecho penal." Tesis, Universidad de Chile, 2010. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107066.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
En el presente trabajo de memoria pretendemos describir someramente algunas de las repercusiones de la expansión del derecho penal en el procedimiento penal. El objetivo que nos proponemos es poder realizar un análisis global sobre las consecuencias que la expansión del derecho penal ha tenido en el derecho procesal penal. No esperamos que dicho análisis sea completamente exhaustivo y acabado en atención a que las aspiraciones que pueden llegar a tener un trabajo de investigación de esta naturaleza no pueden ser tan ambiciosas. Sin embargo sí pretendemos lograr hacer una revisión de los ámbitos de afectación más relevantes, y profundizar en ellos. Nuestra hipótesis de trabajo es que la vinculación necesaria que existe entre el derecho penal y el derecho procesal penal implica que todos los cambios que se han generado en el primero, y que han sido bastamente estudiados por la doctrina penalista en el desarrollo de la discusión sobre la expansión, deben haber implicado consecuencias no menores en el ámbito del derecho procesal penal. Ambas disciplinas de estudio son independientes, sin embargo trabajan sobre un mismo fenómeno y por lo tanto los cambios que se van desarrollando en una disciplina deben tener necesariamente consecuencias en la otra. Ese antecedente implica que las consecuencias en el plano del derecho procesal existen y que por lo tanto sólo es necesario identificarlas y clasificarlas de modo de poder distinguirlas con más claridad. La metodología de trabajo que utilizaremos se basa en el estudio y análisis de los trabajos científicos de aquellos autores que han escrito sobre la expansión del derecho penal tanto desde la disciplina penal como desde el derecho procesal. Con posterioridad intentaremos clasificar las consecuencias que dichos autores identifican en algunos ámbitos de afectación especialmente sensibles para el derecho procesal. Nos detendremos en cada uno de estos ámbitos de afectación para explicarlos y buscaremos en cada uno al menos un ejemplo de nuestra legislación procesal nacional que pueda ilustrar correctamente el ámbito de afectación desarrollado en los capítulos

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Cavada, Sossa Claudia. "Análisis de impacto de la reforma procesal penal sobre la criminalidad en Chile." Tesis, Universidad de Chile, 2003. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/141243.

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Abstract:

Seminario para optar al Título de Ingeniero Comercial mención Economía
Desde un punto de vista económico, el estudio de los determinantes socio – económicos de la criminalidad se inicia con el trabajo de Becker (1968), quién desarrolla un modelo de consumidor donde la decisión por delinquir proviene de la maximización de utilidad del individuo sujeta a restricciones de ingreso, donde este último depende, entre otros, de las probabilidades de ser aprehendido y de las penas asociadas a la comisión del delito. Con este modelo, Becker demuestra como una mayor probabilidad de ser detenido y, además, la existencia de penas más severas podría reducir los pagos esperados por delinquir y así modificar la oferta de crímenes. Esta es la denominada hipótesis de disuasión. A partir de lo anterior, Ehrlich (1973) proporciona el primer trabajo empírico riguroso para estimar los efectos de las variables socio – económicas sobre la criminalidad. Con el fin de explicar la oferta criminal, Ehrlich utiliza un modelo ocio – trabajo para caracterizar a los individuos. A partir del modelo, y considerando que el trabajo puede ser de tipo legal e ilegal, según el autor, cada individuo asigna óptimamente el tiempo al desarrollo de actividades legales e ilegales, lo que a posteriori determina los ingresos esperados para cada una de ellas. Puesto que el ingreso legal puede ser modelado a partir de variables socio – económicas exógenas (capital humano, edad, género, urbanización, niveles de desigualdad social, etc.), se tiene que el modelo de Ehrlich puede ser estimado y testeado econométricamente a partir de datos objetivos.

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Araya, Espinoza Gabriela, and Cuevas Karina Portugal. "Los derechos de la víctima en el nuevo código procesal penal chileno y en derecho comparado." Tesis, Universidad de Chile, 2005. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107625.

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Caneiro, Díaz Belén, and Navarro Yasna Maldonado. "El archivo provisional, efectos y alcances en la reforma procesal penal chilena." Tesis, Universidad de Chile, 2007. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/112434.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
Tuvieron que pasar muchos años para modificar un sistema inquisitivo en materia procesal penal, pero este cambio claramente se ve marcado por la insatisfacción de la sociedad por un sistema de enjuiciamiento, que era lento, engorroso y que no contemplaba una adecuada regulación de la protección a las víctimas, como la de los derechos y garantías del imputado. Quizás, como decía el Mensaje de nuestro Código Procesal Penal, llegó el tiempo de dotar a nuestro país de un sistema de enjuiciamiento penal, mas acorde con nuestros tiempos, que sea eficaz en la persecución penal, y que garantice el respeto de los derechos y garantías constitucionales. En ese marco tenemos a un nuevo sistema procesal penal que contempla esas garantías, pero es importante rescatar que este sistema también busca en la persecución penal el uso eficiente de los recursos económicos, humanos y técnicos. Es en este ámbito que nuestro proceso penal incluye distintas formas de solución, pero principalmente el uso de los recursos están destinados a perseguir la criminalidad más lesiva, entendiendo por aquellos a los delitos que comprometan con mayor seriedad el interés público. Nuestro sistema procesal penal es inminentemente selectivo, y tal como se señala en el Mensaje del Código de Procedimiento Penal de 1894, nuestro actual Código Procesal Penal señala en su Mensaje “como ocurre en los sectores del Estado, los recursos para la persecución penal son inevitablemente escasos y, por este motivo, no toda forma de conducta desviada puede ser reprimida”. Con este propósito se han establecido diferentes métodos de salidas alternativas para la solución de un conflicto penal, como también se han contemplado diferentes métodos para evitar investigaciones que no conduzcan a una solución eficaz. En este sentido y aplicando métodos de selectividad, el Ministerio Público se encuentra facultado para suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de una investigación, concretando esa pluralidad de soluciones que puede ofrecer el sistema procesal penal, siendo la principal y de mayor uso práctico en la actualidad, el archivo provisional, el cual analizaremos para determinar su importancia, efectos y alcances en el desarrollo de la actual reforma procesal penal.

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Bell, Santos Mariana. "El procedimiento de exhumación en Chile : regulación y práctica en casos judiciales." Tesis, Universidad de Chile, 2018. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/153353.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
El procedimiento de exhumación es usado en el proceso penal para la identificación, reconocimiento y descripción de la causa de muerte posterior a una inhumación regular. El presente texto tiene como objetivo analizar el procedimiento de exhumación aplicable en Chile desde su regulación normativa hacia su uso práctico en casos judiciales. Así, se pretende entender el procedimiento como excepción a la práctica funeraria chilena sobre el uso de cementerios y el entierro del cuerpo. Pretende, además, vincular su desarrollo al uso de procedimientos científicos en el proceso penal. En este sentido, realizaremos un análisis transversal del procedimiento, integrando una perspectiva jurídica, social y científica forense, que finalizará en la revisión del caso de exhumación del Ex Presidente Salvador Allende, en relación con su objeto, contexto y uso.

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Araya, Mañas Luis Francisco. "Facultades discrecionales en el nuevo proceso penal." Tesis, Universidad de Chile, 2004. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107506.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
Esta memoria tiene por objeto establecer la necesidad jurídica, económica, social y ética, de la aplicación efectiva de las facultades discrecionales del fiscal en el nuevo proceso penal, contribuyendo así a una mejor administración de justicia, mas eficiente, mas justa y mas transparente.

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Alvear, Ramos Valeria Matilde, and Ramírez Francisca Orellana. "Estudio de la policía como testigo de oídas respecto de la declaración autoincriminatoria del imputado prestada bajo su custodia : declaración obtenida en cuarteles policiales. Análisis desde la óptica de las garantías del imputado y la prueba de testigos." Tesis, Universidad de Chile, 2015. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/136539.

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Bascur, Pavez Javier. "El derecho a un justo y racional procedimiento para la víctima en el código procesal penal chileno." Tesis, Universidad de Chile, 2015. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/133413.

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Abstract:

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho, mención derecho penal)
La presente investigación realiza un análisis del rol de la víctima en el proceso penal, centrado en el impulso que ha tenido el reconocimiento de este interviniente en el actual sistema, concretizado en los derechos que dispone como sujeto legitimado para obtener un derecho a un justo y racional procedimiento. De acuerdo a lo anterior, se examinan, en forma crítica, los derechos de la víctima y del querellante en el actual Código Procesal Penal, y asimismo, se revisa la interpretación que ha sostenido el Tribunal Constitucional, con el objeto de potenciar los derechos fundamentales de la víctima, y asimismo, los criterios que han sostenido los tribunales ordinarios de justicia en casos concretos sometidos a su conocimiento. Finalmente, se plantean conclusiones para arribar a una efectiva tutela de los derechos de la víctima como sujeto procesal

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Acosta, Joerges Francisco. "Causalidad penal y leyes de cobertura. Consideraciones epistemológicas del conocimiento judicial." Tesis, Universidad de Chile, 2015. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/134746.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
La memoria tiene por objeto vincular dos temas que han planteado serios desafíos para la epistemología jurídica general. Por un lado se trata de la causalidad y la manera en que es concebida dentro del derecho penal. Por otra parte, la prueba y sus diferentes concepciones teóricas y dificultades epistemológicas. La propuesta se centra en explorar un determinado modelo de causalidad penal entendida como condición mínima suficiente con arreglo a leyes de cobertura, que sirva como marco teórico para ensayar una fórmula probatoria que se ajuste a los problemas que esta concepción plantea. Una tesis sobre la prueba del nexo causal, debe realizar una revisión del conjunto de contribuciones teóricas que se han hecho en el ámbito de la causalidad: fórmulas necesarias o suficientes y relaciones particularistas o generalistas. Asimismo, el trabajo aborda las limitaciones gnoseológicas e institucionales del proceso penal y del conocimiento judicial de los hechos, de modo que propone una hipótesis que sea pertinente con las leyes de cobertura explicativas de un vínculo causal

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Gaete, Rojas Carla Natalia, and Levill Cristian Andrés Muñoz. "Las medidas de seguridad en Chile una aproximación desde el derecho constitucional." Tesis, Universidad de Chile, 2018. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/152750.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
Las medidas de seguridad se encuentran contempladas como una de las posibles reacciones jurídicas ante la comisión del delito. A diferencia de la pena, impuesta sobre la base de la culpabilidad, la medida de seguridad se funda en la peligrosidad del individuo. Esta memoria analizará esta institución a la luz del derecho constitucional y de la dogmática penal. Así, partiendo desde los consensos elementales exigibles dentro de un estado democrático de derecho, se realizará un examen crítico de la regulación legal y reglamentaria de las medidas de seguridad en el ordenamiento nacional, detectando sus principales falencias e inconsistencias, así como las diversas vulneraciones a los derechos fundamentales que pueden ocasionarse con su imposición.

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Reinoso, Varas Ricardo, and Varas Patricio Reinoso. "El juicio oral en el código procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2001. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/114751.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
Este trabajo tiene por finalidad básica analizar en profundidad el juicio oral en el nuevo Código Procesal Penal, sin perjuicio de que también analiza el contexto general de la reforma. Reforma que en términos generales establece las bases procedimentales de un nuevo sistema procesal penal que pretende abandonar el sistema inquisitivo y avanzar hacia otro con una orientación de carácter acusatorio. Es necesario considerar también, que desde un punto de vista social, la reforma se traduce en una ganancia para quienes son víctimas de la conducta delictual. En Chile, por motivos diversos, existe una gran inseguridad subjetiva, un fuerte temor a la criminalidad. Una de las fuentes de esa inseguridad subjetiva, es la indefensión que provoca el deficiente diseño del proceso penal. En los hechos, el proceso penal pone de cargo de las víctimas la iniciativa de la persecución penal, puesto que la actividad de los organismos de persecución penal pública es ineficiente y según ya se vio, no logra focalizarse sobre la criminalidad más grave sino solo sobre los sectores sociales mas vulnerables. La extrema dilación y la estructura de los procedimientos, por otra parte, distancian a la infracción del castigo, privando a este último de sus funciones simbólicas y protectoras. La reforma procesal penal, en la medida que instituye un órgano específico encargado de la persecución penal pública sometido a la conformidad de la víctima y al mismo tiempo, en la medida que abrevia la distancia temporal entre la infracción y el castigo, contribuye a disminuir los factores que acentúan la inseguridad subjetiva en Chile. El Ministerio Público será un órgano estatal especializado en la persecución penal, en la protección de la víctima y en una represión imparcial y rápida de la delincuencia.

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Armijo, Lobos René, and Hurtado Andrés Neira. "El arrepentido colaborador con la justicia." Tesis, Universidad de Chile, 2004. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107454.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
El derecho penal moderno no se limita a la dogmática, se interesa también por las consecuencias del hecho delictivo. La política criminal guía las decisiones que toma el poder político y proporciona a su vez los argumentos para criticar esas decisiones, mediante el análisis de la realidad social, proponiendo soluciones y también vías alternativas al derecho penal vigente

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Libedinsky, Ventura Sofía. "Rediseño del modelo de defensa penitenciara para adultos privados de libertad en el nuevo sistema procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/115935.

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Abstract:

Magíster en Gestión y Políticas Públicas
El año 2009 la Defensoría Penal Pública inicia un programa piloto en la región de Coquimbo, para la defensa de condenados privados de libertad. Este programa se implementa con el objeto de defender y hacer solicitudes ante las autoridades administrativas y judiciales respecto de los condenados privados de libertad, así como darles asesoría personalizada y charlas informativas sobre sus derechos y obligaciones como condenados. El programa se materializa a través de defensores y trabajadores sociales seleccionados por un proceso de licitaciones públicas en todos los recintos penales de la región. Este programa actualmente funciona en tres regiones y se encuentra en proceso de expansión. El presente estudio de caso tiene como objeto central rediseñar aspectos del programa a partir del análisis del diseño original y del funcionamiento actual del mismo, utilizando la metodología de marco lógico. La pregunta de investigación busca revisar si este programa contribuye a fortalecer el acceso a la justicia de las personas condenadas privadas de libertad. El estudio se desarrolló a través de la realización y posterior análisis de entrevistas a los actores claves del programa provenientes de la Defensoría Penal Pública y de Gendarmería de Chile. La visión de ambas instituciones resulta fundamental en la detección de los problemas y aciertos en la implementación del programa a fin de poder proponer algunos cambios y mejoras. Asimismo, se realizó un taller con condenados y se analizaron entrevistas de percepción de usuarios en las tres regiones en funcionamiento, con el propósito de poder contar con la percepción de los beneficiarios de este programa. El análisis de las entrevistas, arrojó la necesidad de fortalecer el acceso a la información y a la protección de derechos de los condenados, así como la exigencia de contar con instrumentos legales que permitan reducir la discrecionalidad e informalidad de Gendarmería, mejorando la información y asesoría que se entrega a los condenados por los defensores penitenciarios. La metodología de marco lógico utilizada originalmente para elaborar este programa fue revisada y complementada con la información extraída de las entrevistas y del taller de condenados, permitiendo construir una matriz completa que permita hacer seguimiento al propósito y a los distintos componentes del programa en las siguientes etapas de su implementación, así como revisar las regiones que se encuentran en funcionamiento actualmente. El análisis de la información recopilada y extraída, permite realizar una serie de recomendaciones a la implementación del programa de defensa penitenciaria, en relación a diversos aspectos detectados como deficientes, donde la necesidad de contar con una coordinación permanente entre las instituciones involucradas resulta fundamental para el éxito del mismo.

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González, San Martín Felipe Andrés, and Loyola María José Mardones. "Análisis doctrinario y jurisprudencial de los procedimientos abreviado y simplificado." Tesis, Universidad de Chile, 2007. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/112656.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
En este trabajo, se presentan los procedimientos abreviado y simplificado, como los más grandes exponentes, de celeridad y eficacia, respecto de aquellos delitos que el legislador considera de poca connotación pública. Dichas salidas alternativas, pueden entrar en conflicto con aquellos principios establecidos en la Constitución, como el derecho a un juicio oral, previo y único, derecho de defensa y a la presunción de inocencia; sin embargo, las políticas criminales impulsadas por el Ministerio Público, obvían la cautela de dichos derechos en pro de la rapidez y eficacia de dichos mecanismos, produciéndose un desmedro en las garantías constitucionales de los intervinientes. Asimismo se analiza la conformidad del acusado, como supuesto base, para que dichos procedimientos tengan subsistencia, y va a depender de las características que ésta presente, para determinar la naturaleza que se le confiera y la extensión que aborden. Pero por distintas que sean las características en uno u otro procedimiento, en ninguno de ellos la conformidad abarca la responsabilidad civil. La política de persecución criminal implementada en nuestro país en los últimos años, busca devolver la confianza a la ciudadanía sobre el sistema de justicia penal, persuadiendo a los delincuentes sobre la base de una certeza en la aplicación de sus penas, que en palabras del Marqués de Beccaria se resume en: “no es la dureza de las penas lo que hace desistir al ciudadano de delinquir, sino la certeza y prontitud de su aplicación.”

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Carreño, Soto Paulina Marcela. "Los principios formativos del nuevo proceso penal y las garantías del imputado frente a este." Tesis, Universidad de Chile, 2004. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/114556.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
Este trabajo tiene por objeto el demostrar que el cambio de sistema de enjuiciamiento penal no fue antojadizo, sino que fue fruto de un proceso de cambio en la sociedad nacional de gran complejidad cuyo origen probable fue el fenómeno de la globalización y del reconocimiento internacional de los tratados de derech humanos. Esto debido a que al ponerse fin a las fronteras culturales y sociales de los distintos Estados, se obligó a las naciones a crear, particularmente en materia de procedimiento penal, un procedimiento acorde con el estándar de garantías y derechos que la comunidad internacional aceptaba. Garantías y Derechos que hablaban de un sistema en el cuál la víctima tuviera una efectiva y pronta solución a los intereses reclamados como consecuencia de la comisión de un ilícito penal en su contra, y de un imputado que fuera parte activa de un proceso penal y no objeto del mismo. Un sistema donde los principios de imparcialidad, transparencia y celeridad fueran percibidos por la comunidad a fin de dar certeza a la aplicación de la justicia penal

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Ortiz, Roldán Marcela Carolina, and López Daniela Andrea Soto. "La declaración de ilegalidad de la detención y su efecto contaminante en el proceso penal chileno." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/106845.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
Desde finales del año 2000, Chile comenzó a experimentar un cambio radical en el sistema judicial penal. La Reforma Procesal Penal remeció las bases fundamentales que inspiraban todo el sistema judicial en lo criminal, lo que se expresa esencialmente en los principios formadores del nuevo sistema, que buscan una mayor protección a las garantías y derechos de cada uno de los intervinientes, reforzando la protección del imputado contra el ejercicio de la persecución penal ejercida por el Estado, ya que se reconoce, en su mayoría, la situación de desigualdad y vulnerabilidad que sufría, en el antiguo procedimiento penal, el sujeto pasivo de la persecución penal frente al Estado. Uno de los primordiales principios que busca proteger el nuevo Código Procesal Penal es el respeto a la garantía del Debido Proceso, dentro del cual se enmarcan diversos derechos básicos del imputado durante todo el transcurso del proceso penal, lo que se manifiesta, por ejemplo, en la aplicación restrictiva de las medidas cautelares personales, o en el resguardo de los derechos esenciales de la persona en la recopilación de pruebas por parte del órgano persecutor del Estado. El fiscal, como exclusivo director de la investigación dentro del proceso, debe velar por el respeto de las diversas garantías o derechos del imputado y de la ciudadanía en general, susceptibles de ser vulneradas en la etapa de instrucción, tales como la dignidad, la integridad física y psíquica, la inviolabilidad de la intimidad y del hogar, etc. Dentro del marco de protección de las garantías del imputado, encontramos el artículo 122 del Código Procesal Penal que establece expresamente el carácter restrictivo de la aplicación de las medidas cautelares personales, dentro de las cuales encontramos la medida cautelar de la detención. Esta nueva regulación está directamente relacionada con el espíritu de la Reforma, dado que busca disminuir la discrecionalidad de los órganos involucrados en la realización del Derecho Penal, con la finalidad de velar por el cumplimiento de los principios establecidos expresamente por nuestra legislación para la protección de los derechos y garantías del detenido, principalmente la libertad personal y la seguridad individual. De esta manera, es posible apreciar, a la luz de las disposiciones legales establecidas en el Código Procesal Penal, los requisitos y presupuestos legales que deben concurrir para que la detención pueda ser aplicada y se ajuste a derecho, sin menoscabar uno de los presupuestos esenciales que subyacen al nuevo sistema procesal penal y que se encuentra recogido expresamente en el Título I del nuevo código: el principio de inocencia del imputado

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Leytón, Jiménez José Francisco. "Víctimas, proceso penal y reparación. — Los derechos de las víctimas en el marco de la constitución política, los tratados internacionales y el código procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/106858.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
Se presenta un estudio acucioso acerca de la víctima como sujeto pasivo del delito y las distintas particularidades que presenta en el proceso penal. Para ello, se comienza realizando un análisis descriptivo del proceso penal, de sus fines más importantes, desembocando en la idea fundamental de que no es posible concebir ni entender a las normas procesal penales si no son capaces, en un Estado de Derecho, de restaurar la paz social quebrantada por el delito, y entregarle a la víctima un papel digno, propio del rol subsidiario que le compete al Estado, incluso por mandato constitucional. Posterior a ello, se estudia la normativa internacional y nacional en torno a las víctimas, con las diferencias que presenta entre los distintos Estados la visión del ofendido y de su participación en el proceso penal. Como corolario de ello, se dedican páginas al análisis de acerca de si la participación de la víctima ha sido beneficiosa o no para lograr procesos penales más justos y certeros en cuanto a la represión del delito y el restablecimiento de la norma. Finalmente, se analiza la reparación, como un elemento hermano de la pena, que intenta devolver a las víctimas a la situación anterior. Se concluye con un estudio a la institucionalidad de los “Acuerdos Reparatorios”, que el legislador de 2000 incluye en el Código del ramo. Sin lugar a dudas la participación activa de la víctima en el proceso penal genera beneficios, ya que esta no puede ser tomada como mero objetivo de prueba. Su papel, como preocupación del Estado, debe estar siempre orientado en torno a la idea de la dignidad del ser humano y el respeto a sus derechos humanos, vulnerados por el delito cometido. “Pensamos en la Inquisición evocando grilletes, hierros candentes, mazmorras y alaridos de dolor. Pero la esencia de la Inquisición no yace en esta idea del sufrimiento. La Inquisición consiste en perseguir almas descarriadas y el papel de los jueces consiste en descubrirlas para lograr la expiación del pecado. El derecho inquisitorio confunde al delito con el pecado y el proceso penal está teñido por esta falta de diferenciación. Hay dos maneras en que, por perseguir el pecado, el Derecho penal afecta seriamente nuestra dignidad; una es de fondo y la otra de forma. La persecución del pecado es esencialmente perfeccionista: lo perseguible criminalmente no consiste esencialmente en dañar a otro; la función de la coerción estatal debe dirigirse a castigar a aquellos que se apartan de ciertos ideales de excelencia. No castigamos el consumo de drogas, el menosprecio a los símbolos patrios o las exhibiciones obscenas porque ocasionen daños. Perseguimos estas acciones porque constituyen síntomas de espíritus aviesos, de actitudes pecaminosas. La condena no recae sobre el acto, recae sobre la persona desobediente. De esta premisa se sigue que la víctima carece de importancia; el delincuente no actúa contra sus congéneres, sino que desobedece a Dios. Este olvido del que sufre el daño priva al derecho de la misión de dignificar a la víctima a través de la condena del transgresor. Si el Derecho penal sirve para algo en una sociedad secular, este algo consiste en prevenir daños y, al suceder los daños, en devolverle a las personas el respeto requerido para ser sujetos morales plenos. El chantajeado, el violado y la persona transformada en cosa por la violencia merecen un remedio institucional redignificante. Este remedio es la condena penal lograda mediante la participación del ofendido en el proceso. Llamo a esta versión del derecho, ‘derecho protector’. En cambio, el ‘derecho perfeccionista’ no cumple esta misión” Jaime Malamud Goti

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Lübbert, Alvarez Valeria. "La suspensión condicional del procedimiento." Tesis, Universidad de Chile, 2007. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/113002.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
El Derecho Penal junto al Derecho Procesal Penal forman parte del mismo brazo del poder punitivo del Estado, quienes junto con el Derecho de Ejecución Penal ponen en marcha la Política Criminal. Asumido esto, no resulta extraño que los cambios que se produzcan en uno de estos niveles influyan en los otros, debido a la interdependencia entre ellos. Es por ello que abordar el tema de este trabajo, la suspensión condicional del proceso penal, sin hacer una breve referencia a la situación actual del Derecho Penal nos podría llevar a una tan sólo superficial comprensión de éste y otros nuevos fenómenos a nivel procesal. Se ha dado cuenta, ya por muchos, del fenómeno que Ulrich Beck llamó “sociedad de riesgo”, en la que vemos aumentada nuestra calidad de vida por una parte y por otra, reducidos los riesgos procedentes de la naturaleza. Así, la paradoja de nuestros tiempos, en que vemos aumentada nuestra calidad de vida, consiste en los altos costos implícitos y la aparición de nuevos riesgos, donde las decisiones humanas actúan como las principales fuentes de peligro, incluso aquellas destinadas a la distribución de estos, llegando a postularse el “riesgo de procedencia humana como fenómeno estructural” de nuestra sociedad. La dimensión subjetiva de este fenómeno se constituye por la profunda sensación de miedo e inseguridad imperante en la población. A esto se suma la actitud asumida por los medios de comunicación masiva, quienes han dejado de lado su rol de racionalizadores del debate público, exacerbando los sentimientos de inseguridad de la población al mostrar continua y mayoritariamente, en portadas y telediarios, hechos brutales y violentos como fenómenos de masa. El Estado, por su parte, se ha mantenido en un rol pasivo , jugando como uno más en el mercado al apoderarse del eslogan de la seguridad ciudadana para canjear votos, dando lugar a las demandas de protección de la ciudadanía sin cuestionar la racionalidad de éstas.

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Arteaga, Cartagena Ivo Radamés. "Medios técnicos de investigación en el proceso penal. Filmaciones, grabaciones y captaciones de imágen frente a los derechos fundamentales." Tesis, Universidad de Chile, 2016. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/138591.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento
El presente trabajo tiene por objeto estudiar el régimen jurídico de las filmaciones, captaciones de imagen, y grabaciones sonoras como actuaciones investigativas en el Proceso Penal, y dilucidar los desafíos que ha traído su incorporación, como la afectación de los derechos de las personas y las problemáticas posteriores a la realización de estas diligencias, la mayor parte de ellas relacionadas con la prueba ilícita. Para ello se analiza su regulación en el Código Procesal Penal, junto con estudiar los derechos fundamentales más susceptibles de ser afectados por estas técnicas investigativas. Observándose una dualidad en la regulación de estas medidas en dicho cuerpo legal, se propone una distinción más novedosa que la tradicional que permita conciliar la necesidad de protección de derechos fundamentales con la incorporación de estas modernas técnicas investigativas en pos del esclarecimiento de los hechos

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Luengo, Montt Trinidad del Pilar. "Excepciones a la regla de exclusión de prueba obtenida con inobservancia de garantías fundamentales." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/106888.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
Con una frase más bien breve nuestro Código Procesal Penal ha introducido a la normativa nacional un tema que ha dado origen a una vasta literatura creadora de una arraigada y a su vez sólida construcción jurídica en los sistemas procesal-penales extranjeros. El Artículo 276 del Código Procesal Penal, que será objeto de nuestro estudio, ordena al juez de garantía proceder a la exclusión de aquellas pruebas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales. De esta manera ingresa a nuestro sistema esta institución de antigua data en la mayor parte de los sistemas procesal-penales de derecho comparado, circunstancia que nos lleva de manera natural a dirigir nuestra mirada al ámbito del constitucionalismo y jurisprudencia de los tribunales, por ejemplo de Estados Unidos de América.1 Suele señalarse que es sólo en 19142 cuando la Suprema Corte de los Estados Unidos, por primera vez, resolvió que si no se excluía o proscribía de los juicios la prueba obtenida por la policía, en forma inconstitucional, los términos de la Cuarta Enmienda de la Carta Fundamental estadounidense3 constituirían meras palabras sin contenido, declaración apoyada años más tarde, en 1949, cuando la Corte, en palabras del juez Félix Frankfurter, sostendría que la seguridad de la propia privacidad, frente a la intrusión policial arbitraria, es básica en una sociedad libre, dando el sentido que alcanzaría en lo sucesivo la evolución jurisprudencial que conforma las reglas de exclusión: se trata de detener las incursiones policiales que vulneran el derecho a la privacidad, por la vía de no aceptar en juicio, las evidencias obtenidas en infracción a las normas constitucionales que amparan los derechos de las personas

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Martorell, Felis Daniel. "Acerca de la suspensión de la prescripción de la acción penal." Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/135556.

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Abstract:

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal)
Ante la ausencia de un texto legal expreso que se pronunciare al respecto, la doctrina y la jurisprudencia, bajo el imperio del Código de Procedimiento Penal y aplicando una lógica inquisidora, intentaban determinar qué actuaciones procesales tenían la aptitud para suspender el curso de la prescripción de la acción penal. Las dudas existentes al respecto parecían disiparse con la regulación efectuada por el Código Procesal Penal. Este cuerpo normativo, de manera expresa, asigna a un determinado hito procesal el efecto suspensivo de la prescripción. A partir de la formalización de la investigación, la prescripción de la acción penal se encuentra suspendida. Sin perjuicio del claro tenor literal de la norma, la práctica judicial sigue siendo vacilante, concediendo a actuaciones distintas, los efectos que el legislador ha reservado a la comunicación de cargos que realiza el ente persecutor ante el correspondiente órgano jurisdiccional. Nuestro objetivo es contribuir a la discusión no tan sólo a partir del explícito texto legal, sino que extrayendo consecuencias de los principios orientadores del nuevo proceso penal, los que deben tener un pleno reconocimiento en el actuar de las agencias encargadas de la represión de los delitos

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Alarcón, Araya Rodrigo Francisco, and Cáceres Luis Alberto Jiménes. "La ley 18.216 ante la jurisprudencia de la reforma procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107819.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
La presente memoria responde a la necesidad de plasmar en una materialidad parte del trabajo desarrollado por estos memoristas en calidad de analistas documentales durante el tiempo arriba indicado. Es por ello que hemos escogido un tema específico, a saber, la aplicación de la Ley 18.216 en el contexto de la Reforma Procesal Penal, seleccionando una cantidad acotada de sentencias relevantes y atingentes a esta materia, para extraer los criterios aplicados por nuestros tribunales. La presente memoria constituye una innovación en la forma tradicional de desarrollar este tipo de trabajos. En este punto debemos reconocer un hecho fundamental: la utilización de la tecnología de la información aplicada al Derecho, entrega ventajas impensables a los operadores jurídicos en lo que dice relación con la sistematización y utilización del material jurisprudencial, doctrinal y legislativo. Un trabajo como el que se desarrolla en esta memoria, no es concebible sin esta herramienta que es la informática jurídica. Para ser más precisos, la memoria que presentamos reconoce su pertenencia a la informática jurídica documental, que es aquella parte de la informática jurídica que trata del procesamiento a través de soportes computacionales, de la información jurídica contenida en documentos para su posterior recuperación. En nuestro caso nos circunscribimos al procesamiento de información procesal penal de tipo jurisprudencial. En este sentido, esta memoria viene a ser un aporte en el contexto de la informática jurídica documental, dado que el incesante flujo de datos jurídicos – leyes, doctrina, jurisprudencia- exige una capacidad cada vez mayor de sumirse en esta inflación normativa para lograr un óptimo aprovechamiento de ésta. Una memoria como la nuestra, constituye un aporte real en esta tarea

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Cortés-Monroy, Fernández Jorge. "La "valoración negativa" y la exclusión de la prueba en el proceso penal : una crítica desde la concepción racionalista de la prueba." Tesis, Universidad de Chile, 2016. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/141254.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
El objetivo de esta memoria es examinar la práctica de la “valoración negativa” de la prueba en el proceso penal, desde la perspectiva de la concepción racionalista. Veremos que ella no es más que una forma rebuscada de exclusión de la prueba ilícita por parte del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, en circunstancias que carece de dicha facultad. Pero ella no es la única objeción que se formula. La “valoración negativa” incrementa la tasa global de errores que el sistema produce en la determinación de los hechos. Examinaremos, entonces, el fundamento de la regla de exclusión y su coherencia con una concepción que entiende que una acertada determinación de los hechos es (junto a una correcta aplicación del derecho) la finalidad principal del proceso. Para ello, en el primer capítulo se sostendrá a la averiguación de la verdad como la finalidad principal de la prueba. Así, el primer objetivo del diseño de las reglas procesales y probatorias será la reducción de la probabilidad de errar. En el segundo capítulo se desarrollará la valoración racional como método para alcanzar dicho objetivo. En el tercer capítulo se abordará la distribución del error que el sistema inevitablemente producirá (dadas las condiciones de incertidumbre de la función adjudicativa) y su materialización a través de los estándares de prueba y otras reglas del proceso. La idea fundamental será que, una vez alcanzada una forma adecuada de distribución, ninguna regla o práctica que la altere estará justificada. En el cuarto capítulo se examinará la naturaleza de la práctica de la “valoración negativa”. Finalmente, en el capítulo quinto se tratará el fundamento de la exclusión de la prueba ilícita, con el objeto de determinar si ella se justifica en valores superiores a la disminución del error y a la forma en que adecuadamente se distribuye.

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Casale, Riveros Lucas Ignacio. "Crítica al estándar de prueba en el procedimiento penal contra la persona jurídica." Tesis, Universidad de Chile, 2018. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/152762.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
La imposibilidad de alcanzar la verdad en el contexto de todo proceso judicial, supone la existencia de potenciales riesgos de error: riesgo de condenas falsas y riesgo de absoluciones falsas. Los riesgos recién señalados no son los mismos en todo tipo de procedimientos judiciales, o al menos, no tienen el mismo contenido en cuanto a los bienes jurídicos que afectan, en consecuencia, no todos los riesgos tienen el mismo costo relativo. La elección de un determinado estándar de prueba para un determinado tipo de proceso judicial consiste en una elección político valorativa por distribuir la prevalencia de esos determinados riesgos que inevitablemente podrán producirse. La Ley Nº 20.393 de 2009, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas no específica de manera expresa en su articulado el estándar de prueba aplicable para este tipo de procedimiento, sin embargo, la misma Ley señala expresamente que las cuestiones de orden procesal no tratadas allí, se remiten a las reglas generales establecidas en el Código Procesal Penal y otras Leyes especiales que sean aplicables. A partir de lo anterior, se ha aplicado en materia de procedimiento penal el idéntico estándar de prueba exístete respecto de las personas físicas o naturales para las personas jurídicas, esto es, el exigente estándar de prueba más allá de toda duda razonable. En el siguiente trabajo se critica la aplicación del estándar de prueba más allá de toda duda razonable en el procedimiento penal contra la persona jurídica, y se propone que es posible utilizar otro estándar de prueba. La diferente naturaleza de las penas que arriesga la persona jurídica respecto de la persona natural o física, supone que los bienes jurídicos afectados con el potencial error en la condena existente en el primer tipo de procedimiento difieren respecto de los bienes jurídicos afectados con el potencial error de condena existente en el segundo. Las personas jurídicas jamás arriesgarán penas privativas o restrictivas de libertad ambulatoria o de desplazamiento como la persona física o natural, y por lo tanto, es posible la aplicación de un estándar menos exigente.

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Lillo, Traverso Valeria. "Estudio jurídico, dogmático y jurisprudencial de la cooperación eficaz y el arrepentimiento eficaz en la legislación chilena." Tesis, Universidad de Chile, 2004. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107484.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
El Estado es la Sociedad jurídicamente organizada. Es la máxima institución social y, entre otros atributos, goza de una completa potestad jurisdiccional para realizar el Bien Común de las personas y entes que integran la sociedad. En gran parte, este objetivo se cumple con el Derecho, que es un conjunto de reglas de conducta que el hombre debe acatar, so pena de una sanción. En el Derecho hay que distinguir la forma del contenido: este es lo garantizado, lo que protege, como bienes, personas, intereses de la vida; la forma es la garantía misma, el precepto que ordena y sanciona. Según el contenido, la materia, los bienes protegidos, es privado o público, dando origen al Derecho Privado y al Derecho Publico. El fenómeno que caracteriza al primer sector es el contrato, así como el delito es lo que singulariza al segundo. El Estado, dentro de una multiplicidad de materias, reglamenta las relaciones contractuales del ordenamiento privado, que corresponden al Derecho Civil y al Mercantil, preferentemente, y las delictuales que se incluyen en la órbita del Derecho Penal. Contrato y delito son los dos fenómenos fundamentales de la sociedad que el Estado ha debido regular para una mejor convivencia: el primero, aunque expresión de la autonomía de la voluntad, es "dirigido" por el Estado para evitar abusos del derecho e injusticiasNote1. ;el otro, es expresión antijurídica que el Estado debe prevenir y reprimir para asegurar el orden público y la paz social

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Cheyre, Moraga Cristián, and Pascal Nicolás Tomic. "Problemas de la prueba pericial en el proceso penal." Tesis, Universidad de Chile, 2018. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/152771.

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Bucarey, Vivanco Pamela Alejandra. "La carga de la prueba en la legítima defensa." Tesis, Universidad de Chile, 2015. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/130059.

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Hernández, de Lamotte Diego Andrés. "La participación de la víctima y del querellante particular en la persecución de delitos: dogmática, normativa y estadísticas." Tesis, Universidad de Chile, 2009. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/106928.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
El punto que se intentará demostrar en un primer apartado, es que la participación que se dé a la víctima en el proceso penal debe estar estrechamente vinculada con el fin que se le adjudique al mismo. Lo anterior, dado que no es conceptualmente posible incluir a las víctimas en determinados procesos penales, en la medida en que los objetivos que buscan son absolutamente independientes y, en varios ocasiones, contrarios al parecer de las víctimas de los delitos. En esta medida, para analizar el papel que en cada proceso deba tener la víctima, es menester haber clarificado, de antemano, qué es lo que se busca con el proceso. La hipótesis cuya veracidad se intentará demostrar es que, sean cuales fueren los fines que tiene el proceso penal en nuestro país, la participación que el Código Procesal Penal del año 2000 y sus posteriores modificaciones dan a la víctima y al querellante particular no hace sino desvirtuar la forma en que debería operar el citado proceso, de acuerdo a lo que este memorista intentará demostrar que es la correcta comprensión del sistema. En virtud de lo anterior es que se propondrá la realización de dos modificaciones centrales a nuestro derecho procesal penal. En primer término, y para erradicar una de las figuras que más distorsiones genera en nuestro sistema, cual es la del querellante, se planteará su eliminación, concentrando en el Ministerio Público todos los poderes de dirección de la investigación y la posibilidad de influir en el devenir del proceso. En segundo lugar, y en una propuesta contracíclica, tan de moda por estos días, se propondrá reducir las facultades de las víctimas en el proceso penal. Dado que se concluirá que no hay razones para pagar un costo tan alto como que el sistema se desvirtúe por la inclusión de las víctimas con amplias facultades en el proceso penal, lo más sensato parece ser circunscribir su papel al de testigo y denunciante, como se verá. La estructura que se seguirá para demostrar lo anterior estará basada en tres capítulos, además de un apartado dedicado a las conclusiones. En el primero, tras definir los conceptos relevantes, se analizarán los aspectos doctrinarios generales en torno a la participación que la víctima debe tener en el proceso penal; previo análisis de los fines que éste busca (o puede buscar). En un segundo apartado, se hará un detallado análisis de la participación que, de hecho, tiene la víctima en nuestro actual sistema procesal penal, lo que, en la medida en que vaya siendo pertinente, será parangonado con la práctica comparada. En este capítulo, que tendrá un corte marcadamente dedicado al derecho positivo, se hará una serie de enumeraciones y clasificaciones de los derechos que asisten a las víctimas a lo largo de las diversas etapas del derecho penal, para, en seguida, proceder a comentar estos derechos, en la medida en que lo merezcan, y apreciar su coherencia y consistencia con los presupuestos dogmáticos analizados en el capítulo primero. Como adelanto, se advierte que las conclusiones indicarán que nuestro derecho no va en la línea que esta tesis estima adecuada, toda vez que los poderes que tiene la víctima en el proceso penal y, con mayor razón los del querellante, exceden lo dogmáticamente recomendable. Un tercer apartado será dedicado a la situación del querellante particular en nuestra legislación, y a la forma en que esta figura u otras similares, han sido comprendidas en legislaciones comparadas. Además de la realidad de nuestro derecho positivo, este capítulo será complementado con estadísticas obtenidas directamente en la Fiscalía, tendientes a demostrar que, en el evento de seguirse lo que se recomienda en el primer capítulo en relación a la participación que víctimas y querellantes deben tener en el proceso penal, el impacto práctico no sería tan alto como se imagina, dado que la participación efectiva que tienen, específicamente los querellantes, en el proceso penal, es más bien marginal. Finalmente, se encontrará un apartado dedicado a conclusiones. Aquí, no sólo se realizará una breve síntesis de lo dicho hasta ese punto, sino que se intentará dar soluciones para satisfacer los intereses de las víctimas en áreas distintas al derecho penal.

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Lagos, Troncoso Javier Aurelio. "Las Medidas Cautelares Personales en el Proceso Penal a la Luz de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos." Tesis, Universidad de Chile, 2005. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107586.

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Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
A continuación abordaremos los distintos aspectos relacionados con las medidas cautelares personales, a la luz de lo dispuesto tanto en la nueva legislación como en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos que se refieren a esta materia y que se encuentran vigentes en nuestro país. En una primera parte, caracterizaremos a grandes rasgos las medidas cautelares personales, analizando particularmente cuál es su fundamento y los principios que en general las rigen. A continuación abordaremos las diversas disposiciones internacionales que rigen sobre este punto, estableciendo cuales son las exigencias comunes que de ellas se derivan para los Estados Parte. Posteriormente nos referiremos a la discusión que existe en nuestro país respecto al valor de las normas de Derecho Humanos en el ordenamiento interno, especialmente el rango que las disposiciones contenidas en los tratados de Derechos Humanos tienen en Chile, en virtud de lo dispuesto por el artículo 5º, inciso 2º de la Constitución. Finalmente, expondremos cuál es el actual régimen de medidas cautelares personales que contempla nuestro Código, luego de ser reformado e incorporar las exigencias emanadas de los instrumentos internacionales señalados precedentemente

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Villagra, Santander Gastón. "El control judicial y administrativo del principio de oportunidad, la facultad de no iniciar la investigación y el archivo provisional en el proceso pena." Tesis, Universidad de Chile, 2009. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/106960.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
Con la estricta finalidad de instruir previamente al lector, antes de comenzar a leer esta obra, es necesario advertir que su objetivo consiste en examinar los sistemas de control judicial y administrativo respecto al Principio de Oportunidad, la Facultad de No Iniciar la Investigación y el Archivo Provisional, algunos de los términos facultativos que puede utilizar el Ministerio Público. Sin perjuicio de lo anterior, incluye la definición de cada uno de ellos, como asimismo se destacan sus rasgos esenciales y, asimismo, su similitud con algunas legislaciones extranjeras. Para dichos efectos, se ha dividido esta obra en cuatro partes, cada una de ellas con capítulos y subcapítulos, que tratan por separado cada una de estas instituciones. En cada uno de ellos, se analizó por separado cada característica, a fin de comprender el mecanismo de control judicial y administrativo de cada institución, determinando, en un apartado, las ventajas y dificultades (o desventajas de cada uno de ellos. Asimismo, luego de un extenso examen de bases de datos y textos de consulta, esta obra trae consigo jurisprudencia acerca de dichos temas, un aspecto que se echa de menos en las obras que se han escrito, como asimismo resalta la innovadora perspectiva en la que se aborda dicha temática en esta memoria. Finalmente, a la luz del análisis que se advierte en el cuerpo de esta obra, junto a datos estadísticos utilizados para dichos efectos, se extraen ciertas conclusiones que permiten dar por sentada la existencia efectiva de una dualidad de mecanismos de control que, a la postre, resultan adecuados, no obstante advertir que una reforma legal, a fin de detallar los procedimientos y no dejar así vacíos, se tendría como oportuna y óptima, con la finalidad de evitar contradicciones y vicios en un sistema de frenos y contrapesos necesario para el adecuado ejercicio de esta facultades, no perdiendo de vista, por cierto, el ejercicio de la potestad punitiva del Estado

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Vallejos, Saldías Eduardo Felipe. "Vigencia de las consideraciones desde la criminología crítica hacia los criterios utilizados por el Ministerio Público en la aplicación de las salidas alternativas al proceso penal." Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/116816.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
La presente tesis pretende ofrecer una lectura crítica, desde la óptica de la criminología (en particular la desarrollada durante los años sesenta, denominada crítica o radical), sobre la aplicación de las salidas alternativas al procedimiento penal, por parte de los Fiscales del Ministerio Público, de acuerdo a las instrucciones generales dictadas por el ente persecutor, fundadas en sus directrices de política criminal.

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Cabrera, Barra Francisco Andrés. "La disposición octava transitoria de la Constitución y la supervivencia del sistema procesal penal antiguo : análisis jurisprudencial y doctrinario." Tesis, Universidad de Chile, 2016. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/145206.

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Suil, Herrera Gian Franco. "Condiciones existentes para la reinserción adolescente del programa libertad asistida y libertad asistida especial del Servicio Nacional de Menores." Tesis, Universidad de Chile, 2014. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/116967.

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Abstract:

Magíster en Gestión y Políticas Públicas
El presente trabajo de investigación, detalla el nuevo sistema de justicia especial para adolescentes que han infringido la ley penal, y la importancia de evaluar la consistencia de los estándares mínimos que deben existir en el cuerpo normativo, respecto del sistema abierto del Servicio Nacional de Menores (SENAME), específicamente en los programas de Libertad Asistida (PLA) y Libertad Asistida Especializada (PLE), y el nivel de requerimientos establecidos en las orientaciones técnicas, que son la base de la intervención que desarrollan los Organismos Colaboradores para propender a la reinserción de los adolescentes en la sociedad. La metodología utilizada en esta investigación, es de tipo exploratoria y de carácter cualitativo, considerando que el diseño de un plan investigativo de calidad requiere validez externa, interna y fiabilidad de la información, es que se contemplaron fuentes primarias tales como; entrevistas a expertos, extractos noticiosos, opiniones de expertos y actores directos sobre la reforma, leyes, reglamentos y orientaciones técnicas, además de fuentes secundarias tales como; investigaciones nacionales e internacionales sobre los sistemas penales juveniles, artículos académicos sobre la reforma penal adolescente, e informes y estudios sobre la reincidencia y reinserción. La ley 20.084 del 08 de Junio de 2007, genera un cambio en la legislación que regulaba la conducta infractora de los menores de edad en el país, debido a que existía un consenso entre los organismos internacionales y los operadores del sistema, en que la legislación vigente hasta ese entonces, no cumplía con los estándares internacionales propios de los sistemas de justicia juvenil en otros países desarrollados, y que Chile, requería de un sistema moderno con criterios de eficiencia y eficacia que impone la Reforma Procesal Penal unos años antes. Con esto se busca corregir el tratamiento que reciben los adolescentes y finalmente, la necesidad de dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado, dando resultados positivos, ya que los delitos cometidos por adolescentes ingresados al Ministerio Público, desciende de un 4,5% a un 3,8% entre los años 2008 y 2012. Para finalizar, veremos que la evaluación del sistema penal adolescente es positiva, pero que tiene una importante cantidad de dificultades que afectan la ejecución eficaz de las sanciones, y a pesar de que el Congreso señaló las deficiencias existentes, antes de la puesta en marcha de la ley, el ejecutivo no contó con un diagnóstico claro de los recursos que se necesitaban, ya que los adolescentes que debieran cumplir sus condenas en libertad, tendrían que contar con la misma oferta educacional, de capacitación y laboral que cualquier adolescente no infractor de ley, para así poder aplicar una intervención más efectiva, y con acciones específicas.

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Weber, Orellana Rodney. "Actuación de Carabineros de Chile en el nuevo proceso penal en su calidad de auxiliar del Ministerio Público." Tesis, Universidad de Chile, 2007. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/113452.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
En el presente trabajo examinaremos en cinco capítulos diversos aspectos relacionados a Carabineros de Chile como auxiliar del Ministerio Público, donde los capítulos III y IV alcanzan el tema central de esta tesis y finaliza con un último capítulo referido a las tareas policiales relacionadas al proceso penal en distintos cuerpos policiales latinoamericanos.

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Lagos, Zamora Karem Ximena, and Bustillos Lino Gustavo Videla. "Los acuerdos reparatorios. — Análisis dogmático y legal comparado y su aplicación práctica." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107838.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
Desde sus inicios nuestro sistema procesal penal fue concebido de corte inquisitivo, caracterizado por la investigación secreta, juicios eternos, poca transparencia, delegación habitual por parte de los jueces de sus funciones en empleados de los tribunales, la obligación del juez de investigar todo hecho que revistiera caracteres de delito sin importar el monto ni los antecedentes que al respecto se manejaran, y con esto en muchos casos se ponía en movimiento todo el aparato judicial sin llegar a ningún resultado, ocasionando un gran costo en recursos humanos y económicos En este contexto cabe preguntarse si existen otros mecanismos de reacción frente al delito y aquí aparece la noción de reparación. En palabras de Roxin es tratada como la “tercera vía”. Este tema ha sido ampliamente desarrollado en Alemania, especialmente el cómo crear un concepto jurídico penal de reparación, cómo introducirlo en el sistema penal y cómo justificarlo desde los fines y funciones de la pena. Así, la reparación aparece como una forma de reaccionar frente al delito mas justa, humanitaria y eficiente, que respeta los derechos e intereses de las partes. La víctima se beneficia, ya que juega un rol principal en el cual serán tomados en cuenta sus verdaderos intereses, el imputado va a tener que responder ante la víctima por el ilícito que cometió, lo que le hace tomar conciencia del daño que ha provocado y puede ser un efectivo mecanismo de resocialización, ya que no tendrá que ir a la cárcel. La sociedad también se beneficia, porque los problemas se resuelven sin la necesidad de enfrentar un juicio, sino que por un método más pacífico, creando ilimitadas posibilidades de solución político-criminalmente eficientes, dejando la represión penal sólo para aquellos delitos que atendiendo a su gravedad y bienes jurídicos comprometidos la justifiquen

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Escobar, Salas Juan Manuel. "La reformalización de la investigación: un problema jurídico no resuelto." Tesis, Universidad de Chile, 2013. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/114379.

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Abstract:

Tesis (magíster en derecho penal)
El objeto del presente estudio es efectuar un análisis de la figura que en la práctica judicial se denominada reformalización de la investigación que, en ausencia de reglamentación legal, merece ser considerada desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial para decidir categóricamente acerca de su procedencia en el sistema procesal penal y de los efectos que produce, principalmente, considerando el marco legal de actuación fiscal y los derechos del imputado. En la discusión del tema entran el juego varios asuntos: garantía del derecho de defensa del imputado, congruencia procesal, estructura orgánica del Código Procesal Penal, objeto de la reformalización, libertad y eficacia de la investigación por el Ministerio Público, entre otros. Lo que se busca es, junto con conocer el estado actual de la cuestión, aportar fundamentos para una mejor claridad y comprensión del tema

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Báez, Reyes Danilo. "La eficacia del querellante en el juicio oral : un estudio empírico en el quinquenio de la entrada en vigencia de la reforma procesal penal en la Región Metropolitana." Tesis, Universidad de Chile, 2010. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/106744.

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Abstract:

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho mención en Derecho Público)
Con el fin de cumplir con los objetivos planteados, de dar respuesta a las interrogantes esbozadas y confirmar las hipótesis de trabajo referidas, la presente investigación se realizó tomando como campo de estudio y muestra la totalidad de las causas ingresadas en los Tribunales de Juicio Oral en lo Penal (TOP) de la Región Metropolitana -que corresponden al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°- durante el quinquenio comprendido entre el 16 de junio del año 2005 -fecha de inicio de la reforma procesal penal en Santiago- al 16 de junio del año 2010, abarcando las jurisdicciones territoriales de los referidos juzgados, que corresponden a la competencia de las Cortes de Apelaciones de Santiago (CAPEL STGO) y de San Miguel (CAPEL SM). Se utilizó para ello, como fuentes de información, el Sistema Informático de Apoyo a la Gestión Judicial (SIAGJ) junto con las Cuentas Anuales (CA) de los TOP indicados, recabando los datos en base a una plantilla tipo, previamente diseñada, en la cual se agruparon los datos a partir de indicadores de base o medición, reuniendo la información por tribunal y por año calendario, para finalmente, proceder a la realización de tablas de datos estadísticos y cuadros comparativos de todos aquellos tópicos reseñados precedentemente, mediante la utilización del programa computacional Excel. Finalmente, se recurrió a una investigación de carácter documental, con fin de comprobar la efectividad de dicha información y complementar ciertos vacíos en los datos entregados previamente por el soporte informático respectivo.

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Ildefonso, Arriagada Genoveva. "Las nuevas medidas cautelares personales en el nuevo código de procedimiento penal." Tesis, Universidad de Chile, 2000. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/114207.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
El nuevo Código de Procedimiento Penal recoge la experiencia en el derecho comparado y la doctrina, entregándonos nuevas medidas cautelares como el arresto domiciliario, sujeción a la vigilancia de la autoridad, obligación de presentarse ante la autoridad o el juez, prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares, prohibición de comunicarse con determinadas personas, prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia y, en su caso la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquel; dichas medidas cautelares, son una arma para el juez quien sopesando las circunstancias de cada caso, tendrá una mayor amplitud de alternativas, abriéndose un abanico de posibilidades, que redundará en una mayor y mejor protección de los derechos de todos los agentes participantes en el juicio y por consiguiente el fin último, la mejor aplicación de justicia.

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Fernández, Ulloa Rodrigo Alonso, and Naranjo Pamela Rita Garrido. "Algunos criterios utilizados por la jurisprudencia de la Reforma Procesal Penal para morigerar las penas en los delitos contra la propiedad." Tesis, Universidad de Chile, 2011. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/111393.

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Abstract:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
La primera parte de la presente memoria consistió en la edición, sistematización y síntesis de un universo de aproximadamente mil sentencias que fueron incorporadas a la base de datos. De esta forma, al utilizar las tecnologías de la información al Derecho, se ha logrado un procesamiento de información jurídica relevante, sistematizada para su posterior utilización y recuperación, lo que ha de contribuir enormemente a los operadores jurídicos, lo que constituye una innovación en la forma tradicional de desarrollar este tipo de trabajo. De los múltiples temas tratados en este período, seleccionamos el análisis del tratamiento jurisprudencial de algunos delitos contra la propiedad. La razón de la elección radica en la palmaria tendencia de nuestros Tribunales, especialmente los de menor jerarquía, creados por la reforma procesal penal, a morigerar las penas aplicables a este tipo de delitos, por las vías que se expondrán en el desarrollo de esta memoria. Sin embargo, también expondremos sentencias cuyo criterio a nuestro parecer es el acertado.

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Dissertations / Theses on the topic 'Derecho procesal penal Chile'

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