Academic literature on the topic 'Derecho tributario – Jurisprudencia – Perú'

Las tasas judiciales han constituido una figura tributaria que ha contado con el rechazo de todos los operadores jurídicos por su carácter limitador del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. El Tribunal Constitucional ha aplicado parches jurisprudenciales sobre este tributo suprimiendo paulatinamente gran parte del gravamen para solventar las graves deficiencias constitucionales y tributarias del legislador en su regulación. Su justificación constitucional encontraba en la justicia gratuita su respaldo legislativo pero se ha demostrado que no se ha satisfecho este fin legítimo que exige la jurisprudencia. En cualquier caso, un tributo que además del intrínseco carácter tributario es dotado de efectos procesales estaba condenado a su eliminación, como así ha sido, pese al insuficiente y paulatino proceso de adaptación constitucional

Con la Constitución de 1991, en Colombia, se dio inicio a una nueva concepción del Estado, sus fines, objetivos y funciones, elevando el deber de contribuir a rango constitucional, pero no limitando a las tres categorías tributarias ya ampliamente desarrolladas por la jurisprudencia y la doctrina, la percepción de ingresos para el financiamiento del gasto público o para el cumplimiento de los fines estatales. Es así, que en el momento que la infraestructura aeroportuaria es cedida a particulares, para ser operada, administrada y modernizada, a través del instrumento jurídico de los contratos públicos de concesión, y se establece en ellos, la cesión de los ingresos regulados que el Estado percibía, lo que nos trae consigo, a la discusión actual del derecho tributario y de la hacienda pública, de determinar la naturaleza de estas prestaciones patrimoniales públicas, que se dan ocasión del uso y utilización de un bien de uso público y en virtud de un monopolio de derecho público, regulado y direccionado por el Estado, pero cedido a un particular.

El debido proceso como garantía constitucional judicial y administrativa rige en materia tributaria cuando la administración supone que la liquidación privada se realizó con el desconocimiento de los hechos configuradores de un impuesto o indebida aplicación normativa. Esta fiscalización tributaria debe garantizar el debido proceso y el derecho de defensa como garantía a los derechos de los ciudadanos. El propósito de este estudio se centra en complementar los conocimientos contables en materia impositiva con un análisis jurisprudencial del debido proceso que nos permite concluir que se requiere mayor apropiación del conocimiento por parte de los ciudadanos a fin de realizar una correcta defensa de sus intereses en la discusión del tributo. Se realizó un análisis jurisprudencial a la luz de las normas tributarias que ha construido la Corte Constitucional, pero, igualmente, el Consejo de Estado y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

En estas líneas presentamos el Nº 25 de la REJIE, Nueva época que se estrena con un Consejo de Redacción renovado, al que se incorporan los profesores José Francisco Alenza García, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra; Maribel Canto López, Associate Professor (Senior Fellow of the Higher Education Academy y University Distinguished Teaching Fellow), de la University of Leicester (United Kingdom); María Jesús Elvira Benayas, Profesora Contratada Doctora de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Madrid; Inmaculada González Cabrera, Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Nicola Gullo, Professore Associato di Diritto amministrativo de la Università degli Studi di Palermo (Italia). La incorporación de estos profesores al Consejo de Redacción lo enriquecen al abrirse a miembros de distintas Universidades nacionales e internacionales ayudando a incrementar la calidad de las publicaciones y el ámbito de difusión de la Revista. Por otro lado, Patricia Benavides Velasco, Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga; Rocío Caro Gándara, Profesora Titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Málaga; Mª Encarnación Gómez Rojo, Profesora Titular de Historia del Derecho de la Universidad de Málaga; Miguel Gutiérrez Bengoechea, Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Málaga, Mª Ángeles Liñán García, Profesora Contratada Doctora de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Málaga, y Mª Belén Malavé Osuna, Profesora Titular de Universidad de Derecho Romano de la Universidad de Málaga dejan el Consejo de Redacción de la Revista y se incorporan al Comité Científico Nacional de la misma. En estas líneas, desde la Dirección de la Revista queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los profesores que se incorporan al Consejo de Redacción y a los profesores que asumen una responsabilidad nueva como miembros del Comité Científico. Esta Revista desde sus comienzos fue un proyecto de equipo y es una satisfacción ir sumando a colegas que se ilusionan y lo hacen suyo también. GRACIAS. En este número se han publicado un total de seis artículos y tres recensiones. En el bloque sobre innovación docente, el primer artículo se titula “Las actividades prácticas evaluables en los estudios jurídicos universitarios. Vídeo-ejercicios como instrumentos trasformadores” y ha sido elaborado por Gabriele Vestri, Profesor Ayudante Doctor (acr. PCD) de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz. Este estudio comparte el resultado del análisis de un Proyecto de Innovación y Mejora Docente llevado a cabo durante el curso académico 2020-2021 en el marco de tres asignaturas del Grado en Gestión y Administración Pública. El autor explica detalladamente tanto los supuestos prácticos que se facilitaron a los alumnos como los requisitos y características que debían tener los videos resolutorios entregados por ellos, así como los resultados obtenidos en dicha experiencia, ayudándose de los oportunos gráficos y tablas explicativas. Todo ello en un contexto de pandemia y entre la enseñanza presencial y virtual. El segundo artículo titulado “Las cuestiones de debate de la Ciencia Política como docencia práctica en un entorno de enseñanza semipresencial y virtual” ha sido escrito en coautoría por Francisco Collado Campaña, Profesor Sustituto Interino de Ciencia Política y Ángel Valencia Sáiz, Catedrático de Ciencia Política, ambos de la Universidad de Málaga. Este estudio se centra también en una experiencia docente en el contexto del Grado en Gestión y Administración Pública, pero en las asignaturas introductorias de Ciencia Política. El esquema de la experiencia, asentada en la metodología de debate (razonamiento, discusión y argumentación) se concreta en cuatro fases: primero, los alumnos desarrollan su conocimiento sobre una pregunta clásica en la asignatura y la confrontan; segundo, los estudiantes se documentan y seleccionan fuentes que favorezcan su conocimiento referente a las distintas respuestas y/o posturas; tercero, los alumnos analiza las lecturas para diseñar su propia postura ya sea adhiriéndose a alguna de las existentes o conformando una posición ecléctica y, finalmente, los alumnos presentan la importancia de la pregunta trabajada, muestran una panorámica de las distintas respuestas para afrontarla y razonan su postura ante una audiencia formada por el profesor y el resto de la clase. Esta fase final va acompañada de un turno de preguntas o réplicas por parte del público para evaluar la fundamentación de los argumentos del alumno. Es de destacar en este estudio el análisis que se realiza sobre las diversas dificultades que tanto profesores como alumnos nos hemos encontrado ante las restricciones en las clases en el contexto de la crisis sanitaria. El tercer artículo lleva por título ”Los derechos fundamentales más allá de los derechos fundamentales. Notas para enseñar Derecho Constitucional” y ha sido realizado por Ignacio Álvarez Rodríguez, Profesor Contratado Doctor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid”. Este original artículo, partiendo de la selección de jurisprudencia del TEDH tiene como ambicioso objetivo demostrar cómo la enseñanza del Derecho Constitucional en pleno siglo XXI no puede limitarse a explicar cómo afecta el Convenio Europeo de Derechos Humanos a la parte dogmática de la Constitución (derechos fundamentales) sino cómo lo hace, desde la transversalidad más objetiva, a la parte orgánica (órganos, instituciones). Es decir, la enseñanza del Derecho Constitucional, a juicio del autor, no puede limitarse a “actualizar” el catálogo de derechos fundamentales en base a la literalidad constitucional y/o convencional y en la interpretación que los altos tribunales hagan de los mismos, sino que es necesario explorar cómo afecta y en qué medida podría seguir afectando a las instituciones y órganos estatales la interpretación que de tales derechos se hacen. El artículo que cierra el bloque sobre innovación docente lo firman Daiana-Yamila Rigo, Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina, y Rosana Beatriz Squillari, Profesora Adjunta Exclusiva en Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la citada Universidad. El estudio lleva por título “Clase invertida, formación docente y agencia transformadora: Un estudio preliminar en pandemia con estudiantes argentinos” y en él, las autoras, además de centrarse en la experiencia del uso de la clase invertida como recurso docente en el contexto de la COVID-19, constatan la necesidad de formar a los futuros formadores para las futuras pandemias, repensando las formas de trabajo en el aula y contemplando que las instituciones educativas van más allá de sus propias infraestructuras físicas. El bloque dedicado a la investigación sustantiva se inicia con el estudio titulado “¿Hacia un cambio de modelo en la relación Administración tributaria-contribuyente? Análisis del cumplimiento fiscal voluntario” y realizado por José Francisco Sedeño López, Personal Investigador en Formación de la Universidad de Málaga. Este interesante estudio analiza el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y constata que, partiendo de la idea de que la decisión final del contribuyente es crucial para la voluntariedad del cumplimiento, otros factores psicológicos, enraizados en la confianza en las instituciones formales y la confianza en las instituciones informales, así como la edad, el nivel de renta o la ideología han resultado ser circunstancias sociodemográficas que influyen en el cumplimiento voluntario. El segundo y último artículo del bloque dedicado a la investigación sustantiva lo ha realizado Ana Rosa Aguilera Rodríguez, Profesora de la Universidad de Las Tunas, Cuba. El estudio se titula “La enseñanza del derecho a la ciudad en la formación de profesionales del Derecho”. En él la autora reflexiona sobre la necesidad de mejorar la enseñanza del Derecho y los vigentes planes de estudios de las Universidades cubanas con la incorporación de asignaturas relacionadas con el Derecho a la Ciudad, la Ordenación del Territorio y el Urbanismo. Incorporar estas disciplinas, a juicio de la autora, contribuiría a elevar la cultura jurídica de los profesionales del Derecho, y con ello, a conseguir una mayor integralidad en la formación que permita dar respuesta a necesidades e intereses de la sociedad. El número se cierra con tres reseñas. La primera, de María del Carmen Macías García sobre la monografía “La cuarta revolución industrial y su impacto sobre la productividad, el empleo y las relaciones jurídico-laborales: desafíos tecnológicos del siglo XXI” del profesor de la Universidad de Málaga Miguel Ángel Gómez Salado, publicado en 2021 por la editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor. La segunda, de Miguel Ángel Gómez Salado sobre la monografía “La protección social de las personas inmigrantes: un modelo garantista” de la profesora de la Universidad de Granada Belén del Mar López Insua, publicada en 2020 por la editorial Atelier. La tercera, de Virginia Martínez Torres sobre la monografía “La tributación de los servicios digitales en Europa y España” del profesor de la Universidad Complutense de Madrid Guillermo Sánchez-Archidona Hidalgo, publicada en 2020 por la editorial Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor. Antes de concluir la presentación, una breve reflexión, la aparición de la COVID-19 ha influido profundamente en el modo de vivir, de relacionarnos, de desempeñar nuestro cometido de enseñar y seguir aprendiendo, como miembros de la comunidad universitaria. El cierre físico de las instalaciones universitarias, la apertura de nuestro entorno doméstico y personal en la realización de nuestro cometido profesional, ha aumentado la conciencia de comunidad con nuestros estudiantes. Esta revista, como se deja sentir en este número, especialmente en el bloque de innovación docente, también está aumentando la conciencia de comunidad, de grupo de colegas con una preocupación especial por la mejora de la educación superior sean cuales sean las circunstancias que se presenten, a modo de pandemia, o de cambios legislativos y de modelo de enseñanza, como fue la implantación del modelo universitario de Bolonia. Por este motivo es merecido agradecer a todos los autores que han publicado en esta Revista, desde sus inicios, la confianza que han depositado en nosotros y, también, a los lectores, que número tras número, la consultan y la citan. Entre todos contribuimos a que esté viva a que tenga dinamismo y a que sea un foro de intercambio intelectual y debate académico. Carmen María Ávila Rodríguez Subdirectora académica de la REJIE, Nueva época.

El presente artículo busca evidenciar la problemática actual del sistema tributario colombiano en perspectiva de la seguridad jurídica y la ley tributaria; para ello se parte del principio de justicia como una orientación natural del derecho tributario, los principios que enmarcan la legalidad y la seguridad jurídica para la configuración de la ley tributaria, analizando la jurisprudencia para finalizar con la exposición del caso colombiano su excesiva producción normativa, las reformas tributarias constantes y la disparidad a efectos tributarios generada por el marco de regulación contable vigente, dejando en evidencia la ardua tarea que debe emprender el país para corregir estos defectos jurídicos y lograr un sistema jurídico tributario más equitativo y justo.

El propósito de esta investigación es analizar el Sistema Tributario Mexicano mediante la aplicación de metodologías por órganos jurisdiccionales de la Nación. Se utilizó en la investigación una metodología jurídica, con un enfoque cualitativo, mediante el método deductivo e histórico a través de técnicas de investigación documental, tomando en cuenta la ley, la jurisprudencia y la doctrina, como fuentes formales del derecho, identificando que en el Sistema Tributario Mexicano los órganos jurisdiccionales de la nación aplican una metodología basada en los métodos de interpretación tradicionales y una metodología contemporánea basada en los derechos humanos. Se concluye que no existe una metodología otorgada en el marco normativo tributario. En razón de ello, se establece un sistema que permite agrupar los principales métodos de interpretación en materia tributaria utilizados por los órganos jurisdiccionales en dos grupos: 1) metodología de interpretación tradicional, y 2) metodología de interpretación contemporánea. La aplicación del derecho es compleja, y no hay una verdad absoluta ya sea en conceptos, palabras, definiciones.

Uno de los temas más importantes dentro del Derecho Tributario Mexicano es el remate de bienes que se establece en el artículo 155 fracción I del Código fiscal Federal, dentro del embargo precautorio. Bajo esa premisa, existe una laguna inmensa cuando se bloquean las cuentas bancarias de los contribuyentes y no son susceptibles de almonedas, por lo que no se puede justificar el no llevar a cabo la autoridad el debido proceso que marcan los artículos 1.°, 14.° y 16.° de la Constitución mexicana. Esta investigación consiste en hacer una comparación entre las leyes tributarias de México y Perú relacionadas con la legítima defensa ante la inconstituicionalidad del embargo fiscal precautorio y su remate. Por un lado, se evalúa cómo se aplican las leyes tributarias y su debido proceso en materia del embargo precautorio en el terriotorio mexicano hacia los contribuyentes por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por otro lado, se señala que el Código Tributario de la República del Perú indica las formas de embargar o trabar al ejecutor coactivo, y que toda persona tiene derecho al secreto, a la inviolabilidad de sus documentos privados y a una legítima defensa. Se concluye que en la República del Perú se respeta el derecho a la garantía de audiencia, al debido proceso, al principio del derecho a la posesión y al de propiedad, lo que en el Código fiscal de la Federación del Estado mexicano no contempla.

Tras presentar la evolución del derecho de estabilidad laboral en el Perú, se precisan los alcances públicos y privados del derecho al trabajo, que permitieron al Tribunal Constitucional redefinir el régimen del despido (estabilidad laboral de salida), en general, y comenzar a precisar el régimen de contratación temporal (estabilidad laboral de entrada). Se analiza la redefinición del marco jurídico del despido a partir de la jurisprudencia constitucional y judicial, poniendo en relieve los temas resueltos y los pendientes.

El trabajo analiza los efectos derivados de sentencias que invalidan normas tributarias por inconstitucionalidad, infracción de derecho europeo o ilegalidad a partir de la jurisprudencia más reciente. Se examina el margen de los distintos órganos jurisdiccionales para fijar el alcance material y temporal de sus pronunciamientos de invalidez de normas, así como la incidencia de la causa de invalidez para ponderar los efectos. Se concluye con un examen de las posibilidades de revisión de los actos firmes tributarios dictados al amparo de normas inválidas.

A pesar de que el Principio de Buena Fe pueda parecer, a primera vista, difuso o incompleto para el Derecho, el análisis de su correcta aplicación es de trascendental importancia para establecer un estándar de conducta a los contribuyentes. Particularmente, es pacífico el reconocimiento de la Buena Fe en todos los campos del sistema jurídico. No obstante, la cuestión de su adecuada realización en el Derecho Tributario permanece no resuelta. En este artículo, el autor recomienda algunas categorías para analizar los valores que inspiran el principio en la práctica. Para ello, la jurisprudencia del Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Uruguay (TCA) es examinada y comparada con doctrina con el propósito de arribar a algunas consideraciones rigurosamente presentadas.

El presente trabajo parte de la constatación de diversos problemas que se presenta al derecho del contribuyente de poder solicitar un fraccionamiento tributario Art 36° ante la SUNAT cuando existe una falta de capacidad de pago por una deuda tributaria. El objetivo de la tesis es analizar si se están vulnerando aspectos jurídicos de los principios tributarios y administrativos que, son garantías de las que gozan los contribuyentes frente al Estado por requerimientos establecidos en las resoluciones de superintendencia que regulan el fraccionamiento. Asimismo, se analiza los inconvenientes operativos que se presentan al momento de poder acceder al fraccionamiento de forma virtual. La tesis propone mediante una investigación aplicada, soluciones concretas en base al perfil de cada contribuyente además de lo analizado con la legislación comparada de otros países. Además se analiza las mejoras que se han estado realizando ilustrándolo con gráficos estadísticos la evolución de los ingresos antes y durante la reforma del fraccionamiento. La investigación propone explicar el procedimiento tributario del fraccionamiento, en el que se establezcan correctamente requisitos, identifique a cada contribuyente según su cumplimiento de pago y sea eficaz en su atención. Finalmente es poner en evidencia que al existir un equilibrio con los principios tributarios respetando los derechos del contribuyente, éste pueda acceder a pagar su deuda en cuotas mensuales y la Administración pueda también resguardar la recaudación del pago de los impuestos.
Tesis

En el Perú la determinación de la base imponible del impuesto a la renta sobre las rentas del trabajo se realiza de manera objetiva a partir del año 1994, pero ello no siempre fue así. Anteriormente ésta se efectuaba realizando una serie de deducciones que para algunos autores era un método que se acercaba más a los principios de justicia tributaria porque tenía en cuenta la verdadera capacidad de contribuir con los gastos públicos. Es por ello que en la presente investigación, analizamos si la forma de obtención de la base imponible de modo objetivo es violatoria de algún principio de justicia tributaria, tales como el de capacidad contributiva o el de no confiscatoriedad. Ello teniendo en cuenta un modelo de Estado Constitucional de Derecho, así como también determinar cuáles son los principios que justificarían tal intromisión al derecho a la propiedad y a otros principios consagrados Constitucionalmente como lo serían el deber de contribuir basado en el principio de solidaridad, y la lucha contra la evasión fiscal y la informalidad. En su defecto determinaremos hasta qué punto se puede permitir dicha vulneración al principio de no confiscatoriedad, en un caso en particular; y en general a los principios de justicia tributaria a través del análisis del test de proporcionalidad que ha sido adoptado por el Tribunal Constitucional cuando existe alguna controversia o conflicto entre principios o derechos constitucionales. En consecuencia al finalizar la presente tesis se efectuará un análisis de ponderación o proporcionalidad entre el deber de contribuir basado en el principio de solidaridad y los derechos fundamentales de las personas, a la salud y la educación, basados en el valor dignidad humana.
In Peru, the determination of the tax base of income tax on labor income is made objectively from 1994, but this was not always the case. Previously this was done by making a series of deductions that for some authors was a method that was closer to the principles of tax justice because it took into account the true ability to contribute to public spending. Consequently, in the present investigation, we analyze whether the basic way of obtaining base is in violation of some principle of tax justice, such as that of contributory capacity or non-confiscatory capacity, within a Constitutional State of Law, as well as To determine which are the principles that would justify such an intrusion on the right to property and other principles enshrined in the Constitution, such as the duty to contribute based on the principle of solidarity, and the fight against tax evasion and informality. In its absence, we determine the extent to which this violation can be allowed to the principle of non-confiscation in a particular case and generally to the principle of tax justice, through the technique of weighing constitutional principles that conflict.
Tesis

El trabajo de investigación parte de la existencia de dos interpretaciones totalmente opuestas respecto de la aplicación de intereses moratorios y sanciones ante la posterior modificación del Impuesto a la Renta que sirvió como base de cálculo para determinar los pagos a cuenta. A partir de la aplicación del método de interpretación sistemática de las normas que regulan la obligación de abonar los pagos a cuenta y de los intereses moratorios respecto de tales anticipos, así como de las normas referidas a las declaraciones tributarias original y rectificatoria, se concluye que contrariamente a lo establecido por la Corte Suprema, sí procede el cobro de intereses moratorios y de sanciones ante la posterior variación del impuesto anual que fue utilizado para determinar dichos pagos a cuenta. Así, se establece una crítica a la interpretación efectuada por la Corte Suprema, planteándose una interpretación acorde a lo previsto por la normatividad tributaria aplicable, y apoyando la postura adoptada por el Tribunal Fiscal. Asimismo, el trabajo de investigación pone en evidencia la inseguridad jurídica generada en los contribuyentes ante esta doble interpretación, y, además, la posible afectación en la recaudación del Estado como consecuencia de lo que se resuelva de forma definitiva en los procesos judiciales iniciados en los que se invoca la aplicación de la interpretación efectuada por la Corte Suprema.
Trabajo de investigación

El objetivo del trabajo está centrado en determinar si con la adopción de un perfil de cumplimiento tributario a nivel legal se optimiza el principio de igualdad tributaria en las diversas actuaciones que realizan los contribuyentes ante la Administración Tributaria, logrando reducir aquellas situaciones en las cuales buenos como malos contribuyentes reciben el mismo tratamiento jurídico tributario. Para ello, se parte por abordar los conceptos de Estado Social y Democrático de Derecho, los fines constitucionales del tributo, los principios constitucionales tributarios, con énfasis en el principio de igualdad tributaria. Asimismo, se busca comprender las causas del incumplimiento tributario sobre la base de los distintos enfoques y las estrategias que usan las administraciones tributarias para combatirlo, entre las que destaca el perfil de cumplimiento como parte del modelo de gestión de riesgos de cumplimiento. El trabajo utiliza al enfoque comparado para analizar las experiencias de países de la Alianza Pacífico (Chile, Colombia y México), así como Argentina y España, que justifica en mayor medida la propuesta de regulación legal de un perfil de cumplimiento tributario, sus bondades y elementos mínimos que debe contemplar la normativa. Adicionalmente, se analiza si con la adopción de un perfil de cumplimiento a nivel legal se incentiva el cumplimiento tributario voluntario y si dicha propuesta de regulación supera el test de razonabilidad del Tribunal Constitucional, lo que efectivamente sucede y confirma su validez constitucional. Finalmente, se verifica la hipótesis y cumplido los objetivos trazados, se concluye la existencia de la perfecta viabilidad e importantes beneficios en la implementación de la propuesta desarrollada en la presente investigación

El presente trabajo de investigación aborda a la queja desde su naturaleza como remedio procesal, a través de sus distintas características y tipos, hasta centrarnos en su ámbito de aplicación y como éste ha sido delimitado por el artículo 155° del Código Tributario. En esa línea, se analiza a la jurisprudencia emitida por el Tribunal Fiscal como herramienta complementaria a la labor reguladora efectuada por el legislador con relación al ámbito de aplicación de la queja, y sobre todo, si esta ha sido una solución eficiente al carácter general del que adolece dicho remedio procesal, o si de lo contrario es necesario un nuevo enfoque de su actividad resolutora para la implementación de modificaciones normativas que coadyuven a una mayor eficiencia administrativa. Finalmente, se ahonda en la estructura normativa del inciso a) del artículo 155° del Código Tributario para efecto de determinar cuales son los conceptos jurídicos indeterminados contenidos en dicha norma, y evaluar como se han propiciado los vacíos normativos que han tenido que ser suplidos por la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, lo cual va en paralelo con la formulación de propuestas de reforma normativa tendientes a generar un escenario de mayor predictibilidad jurídica.

Contrariamente a las perspectivas tradicionales que elaboran teorías y argumentos para sostener que el Derecho Tributario o bien no tiene lagunas jurídicas o que bien sí las tiene, nosotros hemos optado por una perspectiva distinta, que consiste en comprobar empíricamente mediante el análisis jurisprudencial, que el Tribunal Fiscal y del Tribunal Constitucional resuelven casos que inequívocamente califican como lagunas jurídicas y antinomias, aun cuando no lo digan formalmente e inclusive cuando lo nieguen expresamente, comprobando con ello que en el Derecho Tributario objetivamente existen supuestos de indeterminación normativa. Tradicionalmente se ha sostenido que en el Derecho Tributario no existen lagunas jurídicas, precisamente por ser completo a causa del principio de legalidad, reserva de ley y tipicidad, de los que se deriva una regla general excluyente o principio de cierre, que constituye derecho positivo y conforme al cual, lo no regulado no está fiscalmente gravado. Conforme a ello, cualquier caso relevante o bien tiene una regla específica que lo regula, o no la tiene. En este último caso, sería de aplicación la regla de cierre, que dispone la ausencia de gravamen. La tradicional reconstrucción del Derecho Tributario está elaborada sobre los caracteres del primigenio “Estado Legal de Derecho”, cuyas bases teóricas son las del positivismo teórico, que concebía al derecho como pleno, cerrado, autosuficiente y consistente; por ende, carente de lagunas y de antinomias. Sin embargo, desde poco antes de mediados del Siglo XX el modelo de estado ha evolucionado hacia el “Estado Constitucional de Derecho“ y sus bases teóricas también se han reformulado. Ahora se admite que la Constitución al igual que los principios tienen valor normativo. Hay control de la constitucionalidad de las leyes, lo que quiere decir que el legislador se puede equivocar. El principio de legalidad ha cedido su supremacía al principio de constitucionalidad. Se admite la incorporación de la moral al derecho, entre otros caracteres, conforme a los cuales, no hay objeción para admitir la existencia de lagunas en el Derecho Tributario, toda vez que las reglas son derrotables y los principios en conflicto se aplican por ponderación. Así por ejemplo, en la RTF 1479-10-2013 se da cuenta de un caso en el que se determinó incremento patrimonial no justificado, que constituye renta presunta, pero para el cual el sistema no contenía regla que fijara la alícuota que permita calcular el impuesto. Claramente es un caso de laguna normativa en el que no hay regla que establezca la tasa aplicable. Conforme a la reconstrucción del positivismo teórico, se debió haber resuelto que el supuesto no estaba gravado, en aplicación de la regla de cierre; sin embargo, el Tribunal Fiscal aplicando el principio nadie puede beneficiarse de su propia torpeza, resolvió disponiendo el gravamen y aplicando la escala progresiva acumulativa que está prevista para rentas de cuarta y quinta categoría

La presente investigación versa sobre las resoluciones del Tribunal Fiscal emitidas en los años 2013 a 2015 que resuelven controversias respecto del principio de causalidad del gasto, bajo la hipótesis de que estas no conformaban una doctrina jurisprudencial que contribuya al mejor entendimiento de dicho principio. Para poner a prueba esta última, se propuso un marco conceptual sobre el mencionado principio, de conformidad a la legislación, la jurisprudencia nacional y la doctrina nacional e internacional. Con esa base conceptual, se procedió a la revisión de las resoluciones del Tribunal Fiscal emitidas en los años 2013 a 2015, encontrándose tres criterios recurrentes: el de “vinculación entre el gasto y la actividad empresarial del contribuyente”, el de “obligatoriedad del gasto”, y el de “finalidad y/o destino del gasto”. Tales criterios se contrastaron con el marco conceptual propuesto, con lo cual se pudo concluir que en los años 2013 a 2015 se desarrolló una doctrina jurisprudencial que, en efecto, contribuye a un mejor entendimiento del principio de causalidad del gasto.
Tesis

En el ámbito del Derecho Tributario la determinación de la obligación tributaria es un aspecto transcendental, pues por su intermedio, el individuo puede contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad contributiva, mientras que el Estado puede recaudar recursos tributarios que constituyen una de sus principales fuentes de financiamiento. Empero, la determinación de la obligación tributaria, es un proceso que puede resultar complejo, pues en razón de que en nuestro país tenemos un sistema de autodeterminación, el administrado es quien determina la obligación tributaria que le corresponde, que al ser posteriormente materia de fiscalización o revisión por parte de la Administración Tributaria, pueden surgir una serie de controversias que tienen como uno de sus aspectos más importantes y a su vez problemáticos, el sustento probatorio de las obligaciones tributarias, y más concretamente la oportunidad en la cual deben ser presentados los mismos. Pues bien, cuando tales medios probatorios no son presentados oportunamente, precluye la facultad de que sean admitidos, y consiguientemente no pueden ser valorados, tanto por la Administración Tributaria como por el Tribunal Fiscal, conforme a las reglas de preclusión procesal que el legislador ha previsto en los artículos 125°, 141° y 148° del Texto Único Ordenado del Código Tributario; salvo que el administrado se encuentre en alguno de los supuestos de excepción que tales normas han contemplado. Y como producto de esta situación, los administrados acuden al Poder Judicial, para cuestionar las decisiones asumidas por los órganos administrativos antes mencionados, respecto a la denegatoria de admisión de medios probatorios extemporáneos sin que medie alguno de los supuestos de excepción. Así las cosas, de la revisión de las decisiones adoptadas por el órgano jurisdiccional, se advierte que una de las líneas de interpretación es la admisión de medios probatorios extemporáneos sin el cumplimiento de alguno de los supuestos de excepción, principalmente, con el argumento de que se estaría vulnerando el derecho a probar de los administrados, y de esta manera se deja de lado las reglas de preclusión procesal previstas en el ordenamiento tributario así como aquellas previstas en el artículo 30° del Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27584, Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo; todo ello, partiría de una interpretación que tiene como fundamento la prevalencia de derechos constitucionalmente protegidos. Sin embargo, las reglas de preclusión procesal recogidas, tanto en los procedimientos como en el proceso contencioso tributario, tienen como sustento al principio constitucional de seguridad jurídica que a su vez permite la vigencia del sistema jurídico y del Derecho en sí mismo. En ese sentido, es menester efectuar un análisis desde la perspectiva constitucional, para evaluar la colisión entre el derecho a probar y las reglas de preclusión procesal; para tal fin, se aplicará el principio de proporcionalidad planteado por Robert Alexy, entendiendo al derecho a probar bajo la lógica de los principios (pues es un derecho que admite restricciones) y a las reglas de preclusión procesal, bajo el sustento del principio constitucional de seguridad jurídica. De esta manera, se permitirá establecer la constitucionalidad de las restricciones del derecho a probar en el ámbito del Derecho Procesal Tributario, y se podrá analizar las líneas jurisprudenciales adoptadas en las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales sobre la admisión de medios probatorios extemporáneos.
Trabajo de investigación

La presente investigación describe la actual regulación normativa del establecimiento de exoneraciones, beneficios e incentivos tributarios, especies desgravatorias existentes en nuestro país. Este esfuerzo académico se justifica en el hecho de que estas especies son continuamente utilizadas por nuestros operadores jurídicos, para otorgar ventajas impositivas a los particulares. No obstante ello, consideramos que esta regulación tiende a ser farragosa, por lo que ha sido la jurisprudencia la que ha asumido el deber de dotar de cierta claridad a sus conceptos y contenidos. Ante ello, la hipótesis de este trabajo se centra en señalar que, ante la confusa y dispersa regulación jurídica, corresponde a los tribunales emitir jurisprudencia para la correcta utilización de estas figuras. A efectos de demostrar nuestra hipótesis, en primer lugar presentamos la evolución histórica de la regulación de las especies desgravatorias, así como su actual configuración normativa. En segundo lugar, presentamos las definiciones y alcances esbozados por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Fiscal. En tercer lugar, evaluamos la utilidad del establecimiento de estas especies, así como posibles soluciones ante lesiones al principio de igualdad o problemas en cuanto a su aplicación temporal. En ese sentido, el trabajo concluye que a lo largo de cincuenta años, la regulación en torno a la exoneración, el beneficio y el incentivo tributarios no ha variado en sustancia. Ante ese inmovilismo legislativo, ha sido la jurisprudencia la que ha establecido criterios para hacer operativa su aplicación. Finalmente, concluimos que a efectos de la futura aplicación de estas figuras los operadores jurídicos deben valerse del test de razonabilidad y/o del de proporcionalidad.
Trabajo académico

Este trabajo se desarrolla con motivo del pronunciamiento de la Sentencia de Casación N°474-2016 Lima de la Corte Suprema donde se concluyó que la provisión de capacidad satelital realizada por operadores satelitales no domiciliados en el país, a favor de titulares de concesiones y/o autorizaciones de servicios de telecomunicaciones domiciliados en el Perú se encontraba gravada con el Impuesto a la Renta en el país, según el inciso b) del Artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado por Decreto Supremo N° 054-2019-EF. Este pronunciamiento reviste de gran importancia en la actualidad ya que la correcta categorización e identificación de los criterios de conexión determinan la tributación o no de la capacidad satelital en el Perú respecto del Impuesto a la Renta. Para ello, en primer lugar, se desarrollan las distintas posiciones planteadas por la Administración Tributaria, el Tribunal Fiscal y la Corte Suprema, a fin de identificar los argumentos en cada instancia para sustentar la naturaleza y el tratamiento tributario aplicable a la capacidad satelital. Luego, se procede se realizar un estudio detallado de la naturaleza técnica y jurídica de la provisión de capacidad satelital, en base a las normas nacionales e internacionales del sector de telecomunicaciones. Y en base a las conclusiones arribadas, se realiza el análisis del tratamiento tributario aplicable de la provisión de capacidad satelital, lo cual me llevó a la conclusión de que dichos servicios no se encontraban gravados bajo la normativa del Impuesto a la Renta hasta la fecha y plantear una propuesta que permita su afectación en el país desde un “nuevo” concepto de fuente por “uso del mercado”.
Trabajo académico