Academic literature on the topic 'Extinción de derechos por caducidad'

Dos (2) escenarios filosóficos de la extinción son analizados para abonar a la comprensión de la relación entre imagen y muerte. Por un lado, la consideración platónica de las civilizaciones extintas para pensar el paradigma civilizatorio ideal. Por el otro, la crítica del principio antrópico detrás del posthumanismo y la potencialidad de una tecnopolítica de la caducidad inminente por venir en Ludueña Romandini; así como la crítica al ecologismo de Claire Colebrook y su propuesta de una ética de la extinción. Se concluye con la indicación del ejemplo de supervivencia de un esquema de la extinción, el quincunce del Nahui Ollin, famoso motivo iconográfico nahua.

Sumario: I. Inicio de la ejecución. 1. Cuestiones generales. A. Legitimación para solicitar la ejecución. B. Juzgado competente para la ejecución. C. Forma de solicitar la ejecución. D. Intervención de Abogado y Procurador. E. Costas de la ejecución. 2. Ambito de la ejecución. 3. Momento desde el que puede solicitarse la ejecución. A. Medidas Provisionales. B. Medidas fijadas por los cónyuges en el convenio regulador. C. Pronunciamientos de la sentencia definitiva. 4. Régimen transitorio de las ejecuciones en la nueva LEC. A. Sentencias dictadas antes de entrar en vigor la nueva LEC y que se encuentra pendientes de resolución del recurso de apelación. B. Ejecuciones que se encuentren en trámite a la entrada en vigor de la nueva LEC. II. La ejecución de los pronunciamientos de contenido económico. 1. Medidas de garantía ante el impago de pensiones. 2. Solicitud de ejecución. 3. Auto despachando ejecución. 4. Oposición del ejecutado por las causas establecidas en la LEC y en el CC. A. Pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia. B. Caducidad de la acción ejecutiva. C. Pactos y transacciones que se hubieren convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones consten en documento público. D. Compensación. E. Pluspetición o exceso. F. Falta de capacidad o de representación del ejecutante o no acreditar el carácter o representación con que demanda. G. Nulidad radical del despacho de la ejecución por no contener la sentencia pronunciamiento de condena. 5. Otras causas de oposición. A. Supuesto en el que el hijo tiene ingresos propios, aunque convive en el domicilio familiar. B. Proporcionalidad de los alimentos al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe. C. Interposición de una demanda de modificación. D. Estar conviviendo el cónyuge beneficiado de la pensión compensatoria con una tercera persona o haber accedido a un trabajo remunerado. E. Haber formado el deudor una nueva familia. F. Situación de desempleo del progenitor. G. No haber ejercido el derecho de visitas. H. Estar trabajando el otro conyuge y ganar más dinero que él. I. Descuento de los meses de vacaciones. J. Haberse impugnado la paternidad por parte del obligado al pago de la pensión alimenticia. K. Extinción de la pensión alimenticia del cónyuge tras la sentencia de divorcio. L. Existencia de una reconciliación temporal durante la época en la que se reclaman las pensiones. M. Traslado voluntario del hijo mayor de edad al domicilio del progenitor obligado al pago de alimentos. N) Cambio tácito de la guarda y custodia o convivencia temporal del hijo menor de edad con el progenitor no custodio. 6. Tramitación de la oposición del ejecutado. A. Sustanciación y resolución de la oposición por defectos procesales. B. Sustanciación de la oposición por motivos de fondo. 5. Otras cuestiones relacionadas con el pago de las pensiones. A. Administración de la pensión alimenticia. B. Prestación de los alimentos en casa del alimentante. III. La ejecución del pronunciamiento de atribución del uso de la vivienda. IV. La ejecución del pronunciamiento sobre atribución de guarda y custodia. V. La ejecución del pronunciamiento sobre régimen de visitas.

La problemática de la declaración de la caducidad en el Derecho Administrativo está determinada por la dificultad para declararla por ser una determinación unilateral de parte del Estado en virtud del ejercicio de su ius imperium. Parte de esa problemática estriba en la discusión acerca de la naturaleza misma del contrato de concesión, que puede ser conceptualizada de diferentes maneras, y por la discusión referida a la consideración de la caducidad del derecho de aprovechamiento, como una sanción o una medida complementaria; de la toma de posición en ambos temas dependerá cómo es que la administración actúa frente a la necesidad de proteger un bien nacional, como es el recurso forestal, sin vulnerar los derechos de las personas en cuanto concesionarios. Por ello, resulta necesario establecer un criterio claro para conceptualizar las instituciones antes mencionadas, y esta necesidad se torna urgente cuando el Estado viene intentando redefinir su rol en el campo de la explotación de los recursos naturales renovables y cuando se torna cada vez más necesaria su intervención como supervisor y fiscalizador del aprovechamiento de recursos naturales, tal como lo señala el artículo 66° de la Constitución Política del Estado.Palabras clave: concesión, caducidad, sanción, razonabilidad, proporcionalidad.

El caso Gelman supuso la condena de Uruguay por violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal; a la familia, al nombre, a los derechos de los niños y niñas y a la nacionalidad, a la protección de la familia; a las garantías judiciales y a la protección judicial y por haber incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Amparado en la legitimidad democrática de los referéndums que convalidaban la Ley de Caducidad, Uruguay ha prorrogado la impunidad de los crímenes de la dictadura no ejecutando la sentencia. El autor critica la validez de estos argumentos exculpatorios de este incumplimiento sobre la base de diversas razones.

Los ataques a la dignidad del trabajador son causa justificada de extinción de la relación laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. Varios son los problemas se plantean pues se trata de un concepto jurídico indeterminado, que habrá de concretarse caso por caso, y cuya prueba corresponde, como regla general, al trabajador, siendo su aplicación restrictiva por parte de los Tribunales. Esta situación cambia en el caso de que el ataque a la dignidad suponga afectar el ejercicio de un derecho fundamental ya que se amplían las posibilidades de aplicación de este precepto dado los bienes jurídicos afectados. Esta interpretación ha favorecido que se reconozca la extinción de la relación laboral por menoscabo de la dignidad del trabajador en el contexto de derechos fundamentales inespecíficos, como son la garantía de indemnidad o el acoso moral.

n el presente artículo nos planeamos la cuestión de la extinción de la adop-ción por falta de consentimiento de los padres, en el derecho canónico. Tal cuestión viene suscitada por los diversos casos que han puesto en evidencia la necesidad de contar con cauces jurídicos efectivos a nivel jurídico civil y canónico y una coordi-nación entre ambos ordenamientos. Esta necesidad es debida a que se trata de una materia donde se juegan y concretan derechos fundamentales de la persona. Entre estos derechos fundamentales habría que mencionar específicamente la conexión en estas causas con la libre investigación de la paternidad y maternidad o el derecho a conocer el origen biológico. El canon 110 del CIC 83 prevé la norma general de la canonización de las adopciones civiles, otorgando los derechos y obligaciones como padres a los adoptantes y la condición de hijos a los adoptados. Desde el punto de partida de la canonización resulta claro que al extinguirse civilmente la adopción por falta de asentimiento de los padres también quedaría extinta canónicamente. Sin embargo, a nivel probatorio y respecto de los efectos canónicos se requeriría instar procesos administrativos o judiciales. Realizamos un estudio crítico de estos cauces valorando los posibles puntos a aplicar o repensar para conseguir una tutela jurídica administrativa y judicial efectiva

El sólo análisis del índice general del trabajo da una idea completa de la relevante incidencia de esta Jurisprudencia en la dogmática jurídica del Derecho Administrativo Sancionador: la comunidad de principios y a la vez fronteras con el Derecho Penal; el concepto de sanción administrativa y su delimitación; las competencias normativas sancionadoras; el principio de legalidad sancionadora en sus diversas manifestaciones de reserva de ley, tipicidad e irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables; la antijuridicidad como elemento objetivo de la infracción administrativa; la culpabilidad como elemento subjetivo; el non bis in idem relativo a las infracciones y a las sanciones; el régimen jurídico del ejercicio de la potestad sancionadora; las actuaciones previas y las medidas provisionales; el procedimiento administrativo sancionador y la aplicación en él de los derechos fundamentales a ser informado de la acusación, a no declarar contra sí mismo, la presunción de inocencia, el derecho a la prueba y el valor probatorio de los actos de inspección; la resolución sancionadora y el régimen de la caducidad del procedimiento y de la extinción de la responsabilidad; la ejecución de sanciones y finalmente el control contencioso administrativo de la potestad sancionadora. Toda una aportación valiosísima para la construcción de la Teoría General del Ilícito Administrativo en Derecho español; mucho más que una mera sistematización de la Jurisprudencia en esta materia.

Setenta años después de las declaraciones que reconocieron a todo ser humano derecho a la vida, la libertad y la seguridad, prohibieron la tortura y otros tratos, o penas crueles, inhumanas o degradantes, y exigieron un recurso efectivo contra cualquier acto que violente esos derechos, Uruguay no termina de resolver el problema de la impunidad de los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado. Tras la declaración de inconstitucionalidad de la ley 15.848, de 22.12.1986, que había declarado la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, su juzgamiento tropieza con la prescripción extintiva de los delitos opuesta por los indagados y aceptada por mayoría por la Suprema Corte de Justicia. Me propongo aquí analizar la incidencia y peso de razones de moral política que no han sido articuladas en las sentencias.

Esta investigación tiene por objeto analizar como el permiso de construcción en Chile se ha insertado dentro de las instituciones y categorías del Derecho administrativo, a partir de la legislación positiva y una jurisprudencia administrativa y judicial que ha reforzado una visión del Derecho urbanístico como una disciplina que pertenece a dicha rama del derecho. Por su parte, también se demuestra como dicha institución ha sido una de las principales categorías de análisis que ha permitido fortalecer el Derecho administrativo general y aportar conclusiones que se proyectan en diversos ámbitos de esta disciplina, como es la existencia de derechos que tienen su fuente en títulos jurídico-administrativos, los efectos de la invalidación, la institución de la caducidad y los mecanismos de impugnación.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
La caducidad es una institución relativamente reciente, cuyo origen se encuentra en la doctrina alemana. En nuestro país atendida la falta de regulación sistemática, su teoría se ha ido consolidando en virtud del trabajo de la doctrina, pero principalmente de la jurisprudencia de orden civil, las que se han encargado de sentar las bases y características de la misma, de acuerdo a variados casos y supuestos previstos en la ley. En el orden laboral, el concepto técnico de la caducidad aparece por primera vez en 1966 con la dictación de la ley 16.455, adoptando los autores y tribunales del ramo la definición en base a la acción de despido, sin mayores vacilaciones. En ese contexto, la figura de la caducidad en el Derecho Laboral se encuentra anclada de acuerdo a los cimientos creados por los civilistas, pero como veremos, también adecuándola, especialmente la jurisprudencia, a la realidad propia generada por el particular mundo del trabajo dependiente.

En el presente artículo se pretende analizar la figura de la perdida de la confianza en el régimen privado laboral, con una visión crítica frente a la manera en la que se viene abordando esta problemática a nivel jurisdiccional en nuestro país. Partiremos analizando la doctrina clásica del derecho del trabajo con la finalidad de tener un concepto claro de trabajador de confianza, continuaremos analizando el concepto de trabajador de confianza en nuestra legislación remontándonos a los primeros dispositivos que regulaban esta figura. Posteriormente revisaremos la legislación actual que regula el régimen privado laboral para analizar cómo se encuentra actualmente regulada la figura del trabajador de confianza y al mismo tiempo revisaremos la ley general de sociedad en el extremo que autoriza la extinción del vínculo laboral con el gerente mediante la aplicación de la remoción. Asimismo, tendremos en cuenta el contenido de las resoluciones que consideran a la pérdida de confianza como una causal válida de la extinción de la relación laboral lo cual nos permitirá sustentar nuestra postura, para finalmente arribar a nuestras conclusiones
Trabajo académico

El presente artículo académico gira en torno a la presentación y análisis de la regulación sobre los ceses colectivos por causas económicas en el ámbito nacional, así como una comparación con el tratamiento normativo en Argentina y España. La finalidad consiste en ofrecer una mejor protección y participación de los trabajadores afectados en los ceses colectivos. El objetivo principal de la presente investigación es contribuir con el desarrollo de normas de protección en la figura del cese colectivo por causas económicas en aras de equilibrar la relación de poder existente entre empleador y trabajador. En conclusión, lo que se pretende lograr es que el trabajador cesado goce de las debidas garantías y pueda reinsertarse al mercado laboral en un corto plazo a partir de una modificación normativa.
Trabajo académico