Academic literature on the topic 'Impuestos locales'

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN.—2. PRINCIPIOS DE ORDENACIÓN DE LAS HACIENDAS LOCALES.—3. INGRESOS DE LAS HACIENDAS LOCALES: 3.1. Ingresos tributarios: 3.1.1. Impuestos: 3.1.1.1. Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 3.1.1.2. Impuesto sobre Actividades Económicas. 3.1.1.3. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 3.1.1.4. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 3.1.1.5. Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 3.1.2. Tasas: 3.1.2.1. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público. 3.1.2.2. Tasas por la prestación de servicios o realización de actividades públicas. 3.1.3. Contribuciones especiales. 3.2. Otros ingresos.—4. PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS EN EL ÁMBITO LOCAL.

La ley 20.780 de 2014 implementó los impuestos verdes gravando las emisiones de material particulado (MP), óxido de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2). Mientras los tres primeros son contaminantes locales que afectan la salud de las personas, el CO2 es un contaminante global, principal causa del cambio climático. Los establecimientos afectados por la ley son sólo aquellos con fuentes fijas conformadas por calderas o turbinas cuya potencia térmica sea mayor a 50 MWt (megavatios térmicos). Continuar leyendo...

El presente análisis se identifica por estudiar el impuesto predial en gobiernos locales del Perú, revisando exhaustivamente la bibliografía encontrada sobre el tema para determinar el nivel de su alcance desde el espacio local, nacional e internacional. Se aplicó una metodología para la revisión bibliográfica, no experimental, documental y descriptiva. Se realizó xploración de 35 artículos científicos, referidos al tema de las variables, usando la técnica de observación. Los resultados en porcentaje ascienden a un 75 por ciento de los casos que aseguran que el país sufre de bajas tasas de recaudos de impuestos, falta de cultura tributaria y urgente actualización de herramientas tecnológicas en casi todas las municipalidades del Estado. Se concluyó que se necesita reforzar las acciones de dichos recaudos, mejorando los basamentos legales para el bien común. Establecer normas más justas y equitativas para que los contribuyentes asuman sus responsabilidades con el fisco, creando una conciencia de pagos y promoviendo una buena cultura tributaria. Palabras clave: Impuesto predial, gobiernos locales, contribuyentes, Perú.

El aspecto espacial del Impuesto de Industria y Comercio y en general el de los impuestos locales, ha generado problemas en su aplicación, a partir de los vacíos legales existentes frente a la coordinación de las potestades impositivas de entidades territoriales y Nación. Esto hace necesario un análisis sobre las reglas de territorialidad creadas para el ICA por el Congreso de la República y por el Concejo de Medellín, en donde colisionan los principios de rango constitucional de reserva de ley y autonomía territorial.

A día de hoy, al problema de la contaminación generada por la producción de la energía eléctrica se le ha unido el incremento de los precios causado por la crisis energética que está azotando de forma generalizada a la Unión Europea y, en lo que a nosotros nos interesa, a España. Un instrumento que puede contribuir a solucionar ambos problemas sería el uso de las comunidades energéticas. Una comunidad energética es una entidad jurídica compuesta por unos miembros que conjuntamente consumen energía generada por ellos mismos a través de unas instalaciones de energía renovable. Esta actividad de generación de energía eléctrica lleva asociada una serie de obligaciones fiscales. Por ello, este trabajo se va a centrar en analizar cómo tributan las comunidades energéticas en el impuesto especial de la electricidad, el impuesto sobre la producción de la energía eléctrica, los tributos autonómicos que les pueden ser de aplicación, y los impuestos locales.

En el presente trabajo se examinan las posibilidades que la Ley de Haciendas Locales ofrece a los municipios para que puedan establecer y regular en sus ordenanzas fiscales bonificaciones medioambientales aplicables a la vivienda en la cuota de los impuestos locales, con el fin de incentivar la promoción, urbanización, construcción, transmisión, rehabilitación y uso de viviendas sostenibles. Este análisis se realiza tomando en consideración las bonificaciones para incentivar la instalación en las viviendas de sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar y de puntos de recarga para vehículos eléctricos, así como otras bonificaciones susceptibles de recoger en sus presupuestos de hecho más genéricos elementos medioambientales en la vivienda.

Desde 2009 hasta 2016, los gobiernos locales han registrado ingresos superiores a los S/ 20,000’000,000, producto de la recaudación impositiva y conceptos conexos vinculados. Sin embargo, la investigación estadística de esta parte de las finanzas locales es escasa, dado que existe un sesgo mayoritario por el análisis del derecho tributario propiamente dicho. A razón de lo expuesto, este documento desarrollará el análisis de la serie recaudatoria de ingresos agregados del rubro impuestos municipales, a fin de determinar los componentes cíclico y tendencial mediante la utilización del filtro Hodrick-Prescott.

Para optimizar los procesos de gestión administrativa en los municipios se requiere contar con mayor capacitación de los funcionarios para que, con ello, puedan redistribuir los recursos de manera más eficiente. El modelo de ingresos municipales para el Estado de México en 2020 arrojó: 1) Las variables población y valor catastral inmobiliario resultaron determinantes para explicar los ingresos públicos totales —siguiendo en significancia el PIB municipal; 2) Valor catastral explica con alta significancia los montos recaudados de ingresos propios y de impuestos municipales mexiquenses, con ello, al tener mayor valor las propiedades catastrales, resultaría en incrementos de ingresos propios e impuestos —mientras que la variable población explica, en sentido inverso, esas dos figuras, derivando en que, ante aumentos de población, se generarían disminuciones en ingresos propios e impuestos; 3) No se presenta pereza fiscal ya que los recursos obtenidos por participaciones federales no desincentivan el cobro de las contribuciones locales.

El artículo analiza la interrelación entre los procesos de segregación residencial en el área metropolitanade Valencia, por un lado, y la fragmentación administrativa y la disponibilidad de recursoslocales, por otro. Para ello, utiliza los datos de dos fuentes principales, el Atlas de la renta de los hogaresdel Instituto Nacional de Estadística, con información a nivel de sección censal, y la Consulta de presupuestosy liquidaciones de entidades locales, CONPREL, procedentes del Ministerio de Hacienda y FunciónPública, con información del ámbito municipal. Los resultados indican que en aquellos municipios enlos que se produce una mayor concentración de secciones censales situadas en el decil más bajo de ladistribución de la renta (secciones vulnerables), los ayuntamientos tienen menos ingresos per cápita ensus presupuestos. En el lado opuesto, en los municipios con mayor porcentaje de población viviendo ensecciones con niveles de renta situadas en el decil superior (secciones acomodadas), los ayuntamientos disponen de unos ingresos más elevados. Las diferencias de ingresos entre uno y otro tipo de municipio se deben, principalmente, al peso de los impuestos relacionados con los precios del suelo y la vivienda en la cesta impositiva municipal: el impuesto de bienes inmuebles (IBI) y el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU). Estas diferencias solo son compensadas parcialmente por las transferencias, principalmente provenientes del Estado. Dichos resultados coinciden con los obtenidos en otras áreas urbanas españolas y ponen de relieve la necesidad de articular mecanismos supramunicipales de redistribución de recursos a escala metropolitana.

Debido a la pandemia del Covid-19, la producción normativa del Gobierno y de las Comunidades Autónomas está siendo extraordinaria. Una parte de las medidas van dirigidas a paliar los dañinos efectos sobre la economía española, especialmente para evitar el cierre de actividades y la destrucción de empleos. En el ámbito fiscal, tanto el Estado como las Comunidades Autónomas cuentan con capacidad legislativa para crear y modificar impuestos al servicio de tales objetivos. En cambio, los Entes Locales carecen de tal capacidad y sólo pueden regular algunos aspectos de sus tributos al estar sometidos al principio de reserva de ley en materia tributaria. Además de las medidas adoptadas por los ayuntamientos de aplazar el pago de los tributos locales y conceder algunas ayudas directas, en este trabajo se analiza la posibilidad que tienen para ayudar a la economía y al empleo a través de la fiscalidad local, dentro del marco fijado por la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

El trabajo realizado pretende profundizar en la configuración jurídica de la exención tributaria en el ámbito de los impuestos locales. Para ello se estructura en dos grandes partes, diferentes pero íntimamente relacionadas.En la primera, se analiza la figura con carácter general, tanto en lo que respecta a su régimen jurídico-material como jurídico-formal, destacando aquellas cuestiones que más incidencia tienen en el ámbito tributario local. En la segunda parte, se estudian los diferentes supuestos de exención establecidos en los impuestos locales (IBI, IAE, IVTM, ICIO e IIVTNU), profundizando en la delimitación del contenido de los numerosos conceptos que las normas reguladoras de los beneficios fiscales utilizan para configurar los supuestos de hecho establecidos, dotándolos de un contenido normativo que no siempre se presenta como suficientemente acabado por parte de la doctrina y que la jurisprudencia, más preocupada por el caso concreto, normalmente no se detiene a establecer.Todo ello, vinculando en la mayor medida posible el análisis efectuado en la parte general con el régimen de beneficios fiscales previsto normativamente para los distintos impuestos locales, calibrando así la efectiva sintonía existente entre parte general y parte especial, y estudiando el tratamiento que en el Derecho Comparado se hace de los beneficios fiscales en los impuestos de ámbito infraestatal

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El proceso de descentralización fiscal en América Latina ha originado un problema importante a considerar, como lo es la falta de generación de ingresos fiscales propios de los gobiernos sub-nacionales. Es decir, el esfuerzo fiscal en la recaudación de impuestos locales ha sido pobre. México no es la excepción. En este país la recaudación de impuestos locales, en especial de los municipios, es baja. Particularmente si analizamos su impuesto local más importante: el Impuesto Predial. La evidencia internacional respalda el argumento anterior. En comparación con los países OCDE y de América Latina, México recauda por debajo de su potencial. Pero, ¿a qué se debe esto? Analizar esta situación desde un problema en particular es imposible. Por tal motivo, la hipótesis central de este trabajo se enfoca a características de política económica y de política institucional. En concreto, 5 son los temas que se revisan: 1) el manejo desregulado de la asignación de tasas (política económica); 2) el rezago en las tareas de actualización catastral y de captura de plusvalía (política económica); 3) el desequilibrio horizontal: la desigualdad en las capacidades de gestión entre los municipios (política institucional); 4) el desequilibrio vertical entre las transferencias del gobierno central y el esfuerzo fiscal de los municipios (política institucional) y; 5) el abuso de las políticas de descuento, la corrupción y los conflictos de intereses partidarios en las tomas de decisiones relacionadas a la gobernanza en los municipios (política institucional). De esta forma, el trabajo busca aportar recomendaciones de política que atiendan estas deficiencias económicas e institucionales, con el fin de aumentar la recaudación de este impuesto y, por ende, fortalecer la autonomía fiscal de los municipios en México.

La presente investigación, se realizó para identificar cuáles son las causas por las cuales los contribuyentes no pagan el Impuesto Predial en la Municipalidad Provincial Sierra Norte, de esta manera ayudar a mitigar los factores negativos encontrados en este aspecto, también el por qué los funcionarios no tienen el interés de incentivar a los contribuyentes a pagar dicho impuesto y a informar la importancia que tiene el mismo, lo cual como consecuencia se ve reflejado en los últimos periodos recaudados puesto que se ha visto una variación poco significativa de recaudación del Impuesto Predial. El principal problema radica en la desactualización de la base de datos, no se cuenta con un plano catastral lo cual es fundamental ya que brinda información certera sobre el contribuyente y el valor arancelario del predio, todo ello a tenerse en cuenta sabiendo que el Impuesto Predial es uno de los impuestos más relevantes dentro de una Municipalidad porque representan un ingreso importante a sus arcas de recaudación anual, con lo cual pueden sostener o sobrellevar diversas actividades dentro de su gestión gubernamental. Las facultades recaudadoras otorgadas a las municipalidades a nivel nacional no son tomadas muy en cuenta por parte de estos gobiernos, como consecuencia no hay un ingreso económico que sea sostenible para la ejecución de obras, limpieza pública, pago al personal, etc.; en general en servicios que incrementen la calidad de vida y el bienestar de los contribuyentes. Este problema no es ajeno a la Municipalidad Provincial Sierra Norte, aunque se tiene un aporte de ingreso por parte del gobierno central este no es suficiente si se desean cubrir las necesidades que se incrementan con el trascurrir de los años y la presencia de más población.
Tesis

Se propone un modelo de Balanced Scorecard para la Gerencia de Administración Tributaria de la Municipalidad de Breña. La gestión en recaudación es un campo con muchos vacíos en el cual se presentan nuevos desafíos para plantear y modelar las problemáticas. Las razones que hacen valioso este aporte se centran en la necesidad que tienen organizaciones como las del sector público contar con un sistema de control de gestión que considere las características propias de la administración tributaria, y que adicionalmente contemple una herramienta que permita controlar las variables externas e internas influenciadas por un ambiente dinámico, y vincular la estrategia con la acción de la organización. El alcance de esta investigación es diseñar un Cuadro de Mando Integral para el área en mención, el cual ayude en las nuevas tareas de gestión que está promoviendo. Sin embargo, su implementación está fuera de las metas planteadas, no siendo esto un hecho que limite una posterior aplicación de él.
Trabajo de suficiencia profesional

El principal objetivo de la investigación es, a través del uso de modelos econométricos de datos de panel, encontrar la relación entre la recaudación de impuestos y diversas variables que pueden tener un efecto sobre esta a nivel subnacional. Dado que existe una importante heterogeneidad entre las municipalidades de nuestro país, se plantea una metodología de estratificación por medio de clústeres para segmentar la muestra y realizar el análisis sobre grupos con elementos más homogéneos. Adicionalmente, un objetivo secundario del estudio es analizar si los altos niveles de transferencias tienen un efecto de pereza fiscal en los municipios debido a que estos pueden perder incentivos para aumentar la recaudación de impuestos ante altos niveles de transferencias, para lo cual se plantea el análisis sobre dos tipos de transferencias, las que dependen de recursos naturales y las que no.
Tesis

La presente investigación se propone evaluar el impacto de los impuestos en la distribución del ingreso en Argentina. Más precisamente, se analizará el impacto del Impuesto a las Ganancias de Personas Físicas, del Impuesto a las Ganancias de Sociedades, del Impuesto al Valor Agregado y de los Impuestos Internos vigentes en todo el territorio argentino, en la distribución personal del ingreso (corriente). Temporalmente, el análisis se llevará a cabo en dos cortes de tiempo comparados: años 2004–2005 contra años 2012–2013. Metodológicamente, se hará uso de herramientas gráficas –curvas de Lorenz y concentración–, y cuantitativas –en la forma de indicadores de igualdad distributiva y progresividad–. Para este análisis se utilizará la información provista por las encuestas relevadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): la Encuesta Permanente de Hogares (EPH, Individual, años 2005 y 2012, segundo trimestre) y Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo, 2004/05 y 2012/13).
Fil: Sammartino, María Julieta. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Económicas.

Municipal taxes facilitate the provision and maintenance of municipal public services of street sweeping, solid waste collection, parks and gardens and citizen security, which are the basic services provided by local governments for the maintenance of the city. However, in the last four years, the Peruvian press has reported crises in the provision of such services in the districts of Comas, Rímac or others, stating that this is due to the low collection of the tax that does not allow to maintain in time the benefit . This low collection, often due to the lack of tax culture that citizens have, but is also affected by noncompliance with legal prerogatives, as was in 2005 with the issuance and subsequent publication of STC N ° 041-2004 -AI-TC and 00053-2004-PI / TC, issued by the Constitutional Court, whose effects implied the non-requirement of the tribute, and laid down criteria that are obligatory observance by local governments. The present work develops an investigation to the municipal taxes, being a tribute of difficult determination and that is sometimes surpassed by the reality. Therefore, in the present work it has been considered to carry out this evaluation from Ordinance No. 413-MSI of the Municipality of San Isidro for the 2016 fiscal year, considering that local government as one of the most modern in the capital . This work presents an explanatory - descriptive approach, considering that it is important for the reader to know the budgets that enable local governments to design the regulations and guidelines that, in principle, ensure an equitable burden of the cost of services that In accordance with the criteria established by the Constitutional Court in the judgments handed down in cases Nos. 041-2004-AI-TC and 00053-2004-PI / TC, as well as the ratification carried out by the Provincial Municipality which oversees the legal system In tax matters with respect to the rates by municipal taxes. On the other hand, this research will allow us to determine the need to have a regulatory framework that ensures a correct distribution of the cost of services, ensuring their fairness, and providing the national and local government with knowledge that will facilitate the creation of normative devices that allow them To make improvements in the norms that regulate the municipal taxes. For the development of the present work, a theoretical-dogmatic methodology has been used, implying a bibliographic review for its corresponding doctrinal analysis, which is complemented with the jurisprudence of national courts, using a descriptive-explanatory method that will allow a thorough analysis of the Objectives for the development of this work, which is outlined in three chapters. In the first chapter, the legal and normative guidelines that the local government has to deal with to validly regulate the rate of municipal taxes are developed, evidencing the complexity in its design that involves the participation of different organic units of the local government, as well as the participation of The provincial municipality in ratification; The latter being the condition that determines its validity. On the other hand, it identifies the public institutions that make a revision of the rule that regulates the municipal taxes at the request of the taxpayers through claims or denunciations. The development of this chapter will allow the reader to know the structure of the tax norm that regulates the municipal taxes and the guidelines that delimit its design, the areas or institutions that participate in this activity, as well as the opinions and resolutions related to the municipal taxes , In order to ensure its legality, validity, determination and enforceability of the tax obligation. In the second chapter, the content of the tax standard is delineated according to the aspects of the tax incidence hypothesis, developing its practical application and identifying the drawbacks for the determination of the municipal tax rate in the district of San Isidro. This chapter highlights the difficulty of the tax rule applied to reality, affecting the enforceability of the tax liability, since the tax law can not be applied in an integral manner. In the third chapter, the tax obligation of municipal taxes is developed, based on what was specified in Ordinance No. 413-MSI that regulates the tax regime in municipal taxes for the 2016 fiscal year. This chapter analyzes the subjects of the tax obligation, the exemptions established in the tax norm, and the considerations made by the Municipality of San Isidro to establish the cost of public services that support the collection of the tax and the criteria Used. These three chapters expose the difficulties that arise in the regulation and application of municipal taxes, so that these can be envisaged by local government regulators and ensure the collection of such taxes, ensuring the provision of municipal public services. This work has been developed taking into account the legislative changes that have been issued by the Executive Power since it has been granted legislative powers by the Congress of the Republic, as well as the new Resolutions of Mandatory Enforcement issued by the Fiscal Court, which have not Affected to a large extent the rates of municipal taxes.
Tesis

El propósito de la realización de esta tesis ha sido lograr tres objetivos. En primer lugar, especificar los principios sobre los que la implantación de la imposición sobre la renta en la hacienda local pueda fundamentarse. En segundo lugar, evaluar sus efectos económicos, primero a través de un análisis teórico y de incidencia impositiva, y segundo, mediante un estudio comparado entre cinco países poseedores de dicha imposición. Finalmente, realizar una propuesta de aplicación de un impuesto sobre la renta para el caso de la hacienda local española.

El documento digital no refiere asesor
Plantea la necesidad de optimizar el proceso de cobranza coactiva de una entidad de gobierno local con el fin de optimizar su gestión, ya que presenta carencia de herramientas tecnológicas, deficiencias de control y distorsiones e incumplimientos normativos. La solución al problema planteado, tiene como finalidad determinar la aplicación de metodologías y herramientas apropiadas para optimizar los procesos existentes en las empresas y los gobiernos locales. La investigación realizada está enmarcada en la gestión de procesos de negocio, porque se requieren de modelos de negocios que deben ser diseñados explícitamente para estructuras organizacionales, procesos y sistemas. Asimismo, el diseño de estos modelos, debe ser claramente interdisciplinario, con base en el conocimiento del desarrollo del negocio, los diferentes procesos que suceden en la empresa, y las aplicaciones tecnológicas. Con base en el estudio, se plantea el empleo de herramientas de gestión de procesos de negocio, definiendo tres etapas como son el modelado y simulación, la ejecución, y el monitoreo de procesos aplicando una metodología y dentro de una arquitectura orientada a servicios.
Trabajo de suficiencia profesional

En este capítulo se hace una evaluación de la tributación territorial de Colombia abordando diferentes ámbitos de impacto. En tal sentido, con el perfil del recaudo departamental y municipal se describe la representatividad que tienen los impuestos en la financiación del gasto público y se analiza la conformación de la canasta para el periodo 1990-2020, identificando los tributos que más contribuyen a ella. La eficiencia tributaria en este contexto se expresa desde la perspectiva del aporte que hacen los impuestos locales a la dinámica económica, el producto interno bruto nacional y local y las actividades gubernamentales en municipios y departamentos. El papel que cumplen los tributos en el escenario regional se complementa con la descripción del impacto que tienen en el contexto macroeconómico, tanto por su incidencia en la financiación total del gasto público como por su participación en la creación de riqueza en el concierto de los países de América Latina.

Durante mis conversaciones con los caporales (directores) de las comparsas de danzantes que se presentan en el contexto de las fiestas religiosas que celebran a los santos patrones locales he podido oír estas palabras una infinidad de veces. Esta cita ha llamado mi interés no solo por la frecuencia de su uso, sino por una serie de significados que lleva implícitos. Por ejemplo, la percepción de la labor dirigencial como una actividad sacrificada, casi mística, contraria a su percepción como el simple cumplimiento de una función. Es también, vista como una tarea ineludible, impuesta como una obligación sobre el sujeto en cuestión. Pero, sobre todo, es un discurso que personifica y esencializa la autoridad, estableciendo una identidad entre la persona y la autoridad que ostenta.

Los ingresos derivados del recaudo de impuestos en la mayoría de los países constituyen la principal fuente de generación de ingresos públicos. Estos forman parte del presupuesto general del Estado y son indispensables para soportar los gastos del gobierno central, regional y local (Neira-Galván, 2019). Zapata (2015) define la recaudación tributaria como una herramienta de transcendental importancia, que utiliza la política fiscal de cada Estado para hacer cumplir el plan económico y soportar los objetivos planeados. El papel que busca resguardar el Estado mediante la recaudación tributaria es la correcta redistribución de los recursos, de tal forma que permita soportar las prioridades de los sectores económicos (Urgilés y Chávez, 2017).

El título de este trabajo, “Costa plástica”, tiene un doble significado: reflexiona sobre la condición actual de las regiones rurales donde existe una fuerte economía agrícola de cultivos en invernadero, a partir del caso de estudio presentado, el distrito rural de la “franja transformada” en el sureste de Sicilia; anticipa un objetivo estratégico: la remodelación de los territorios rurales, informales y costeros para responder a los efectos impuestos por la pandemia y el cambio climático. Un análisis de los datos nacionales más recientes y un conjunto de entrevistas realizadas en abril de 2022 a escala local ayudan a comprender los cambios repentinos en los territorios rurales debidos no solo a los efectos inmediatos de la pandemia y a los efectos, ahora evidentes, del cambio climático, sino también a un estado de crisis ambiental y social de larga data. Por último, la necesidad de traducir los objetivos de las políticas europeas y nacionales, formuladas para hacer frente a la pandemia, en proyectos de adaptación del espacio físico y en acciones cuantificables, lleva a reflexionar sobre la “plasticidad” de los territorios rurales–costeros investigados, sobre las posibles formas capaces de despejar las diversas criticidades y opacidades con las cuales siguen conviviendo.

En la actualidad las empresas desarrollan sus negocios de forma local y global, lo cual implica el conocimiento que deben tener de las obligaciones tributarias del país en el cual desarrollarán su negocio y, en caso de existir, lo consagrado en el Convenio de Doble Imposición suscrito entre su país de residencia y el país en el cual van a operar. El trabajo tiene como propósito reconocer el efecto del concepto de establecimiento permanente establecido en la norma interna colombiana y de forma particular, conocer los efectos del CDI suscrito entre Colombia y España a efectos de conocer las implicaciones para las empresas del último país mencionado que quieran realizar negocios en Colombia para el caso del Impuesto de Renta para Personas Jurídicas. Se realiza la revisión normativa de los criterios contemplados en ambos países para realizar un análisis comparado y a partir de la ejemplificación del efecto fiscal indicar las repercusiones derivadas de la aplicación del concepto en los países objeto de estudio. Los hallazgos permiten establecer que existen algunas diferencias importantes a considerar como las existencias del EP de construcción en el CDI y que en la normativa colombiana no existen.

Existe una reflexión constante sobre las consecuencias del actual modelo de desarrollo en la alimentación mundial y sus efectos en el entorno, la naturaleza, la salud, la cultura y la sociedad. El objetivo de este trabajo fue establecer las prácticas orientadas a la soberanía alimentaria desarrolladas por la huerta orgánica comunitaria Compóstate Bien. Se realizó, desde el enfoque cualitativo con la sistematización de experiencias, asumiendo un diseño fenomenológico hermenéutico, empleando la observación participante, el registro fotográfico, la revisión documental y las relatorías. Se encontró una relación principal en tres categorías que problematizan de la realidad, el aumento de asentamientos de personas provenientes de la ciudad al campo, la disminución de cultivos transitorios y el aumento de uso de semillas transgénicas impuestas por los mercados dominantes, al contraste se encontró que, implementan alternativas al desarrollo de una agricultura responsable, con alimento limpio de químicos y prácticas de transiciones agroecológicas. Finalmente, bajo una crítica a las alternativas asumidas por los gobiernos para enfrentar la crisis en la alimentación mundial, se concluyó que, se logra promover la soberanía alimentaria en la medida que se asimilen prácticas responsables con el entorno, basadas en la producción local diversa, sin desperdicios, si intermediarios y con nuevos caminos de transformación humana sostenibles.

En esta investigación se analizó la cultura tributaria de los funcionarios adscritos a la Dirección de Rentas del municipio La Cañada de Urdaneta según el nivel de conocimiento de estos sobre el impuesto a las actividades económicas (IAE). Este trabajo se fundamentó en los postulados teóricos de Armas y Colmenares (2009), Pombo (2009), Consejo Municipal (2016), Méndez (2004), Golía (2003) y Valdés (1996), entre otros trabajos. En este estudio, tipificado como descriptivo con una fase documental, los datos se recolectaron a través de la aplicación de una entrevista semiestructurada y el análisis de contenido. Como técnica para el análisis de los resultados se empleó el resumen lógico y la triangulación. Los hallazgos demostraron que, en términos generales, los funcionarios adscritos a la Dirección de Rentas tienen una referencia conceptual sobre el IAE, su objeto y alcance, sin embargo, durante la realización de la entrevista semiestructurada se evidenció que los mismos no utilizan un lenguaje técnico en materia tributaria e, incluso, se percibió que no dominan el contenido estricto de la ordenanza municipal que regula el IAE. Específicamente, al momento de conversar sobre los elementos del IAE y los procedimientos de fiscalización según la norma local, se constató la inconsistencia en el manejo del alcance normativo. Es importante resaltar que ello puede constituir una debilidad de la entidad territorial al momento de impulsar la cultura tributaria en los ciudadanos y repercutir negativamente en la obtención de los ingresos, por cuanto, para ello, la administración tributaria local debe estar blindada además de adelantar procesos divulgativos por parte de profesionales que tengan las competencias necesarias para servir de fundamento en la constitución de una cultura en la que ciudadanos y funcionarios estén consientes sobre los derechos y deberes tributarios que han adquirido con el Estado y la sociedad en general. Una adecuada cultura tributaria debe ser concebida como un sistema cuyos elementos fundantes son la base normativa, la formación de sus ciudadanos y, sobre todo, las competencias de sus funcionarios tributarios.

La forma en que las sociedades modernas se relacionan con su patrimonio arquitectónico es cada vez más difícil. Este hecho es más claro en los centros históricos de las ciudades o pueblos periféricos portugueses, constantemente en el equilibrio entre sus necesidades de crecimiento y las restricciones impuestas por las políticas de preservación del patrimonio construido. En la actualidad, el fenómeno de la gentrificación ha nivelado las diferencias entre la arquitectura, de norte a sur del país, bajo falsas pretensiones de modernidad y promesas de mejores condiciones de vida para las poblaciones locales que habitan los centros históricos.Con este ensayo abordaremos algunos de los principales problemas de los centros históricos del sur de Portugal, reflexionando sobre el concepto de sustentabilidad que, también en este contexto, ha adquirido una relevancia ineludible.

El inminente agotamiento de las fuentes de energía primaria, principalmente por la dependencia energética del petróleo trae como resultado la inversión en nuevos modelos de energía para la movilidad destinados a mejorar la calidad de vida de la población, buscando nuevas formas de reducir el uso de combustibles fósiles como fuente de energía. El sistema de transporte ha sufrido muchas críticas por ser responsable del consumo de gran parte de estos combustibles, por lo cual, desde hace algunas décadas se está incentivando a la reducción del transporte individual y uso de vehículos no motorizados, además del uso de fuentes alternativas de energía que incluyen vehículos propulsados por energías renovables. Europa emerge en la integración de los Vehículos Eléctricos (VE) en su flota con el fin de disminuir las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI). Ya en Brasil, esta tecnología aún se encuentra tímida debido a las restricciones al uso del VE, la principal, sus costos marginales. El objetivo de esta investigación consiste en comparar los costos marginales de dos vehículos con sistemas de propulsión diferentes (gasolina y energía eléctrica). El resultado del estudio permitió analizar los pros y los contras de introducir el VE en Brasil. El método adoptado se divide en dos etapas, la primera considera una revisión bibliográfica mundial y local, seguido del análisis del costo marginal, teniendo en cuenta valores relacionados con los costos de adquisición, mantenimiento e inspección en un período de 100 mil kilómetros, además de la autonomía y valores de impuestos. Los resultados de este estudio mostraron que, incluso si se adoptaran políticas de incentivos en Brasil para el uso del VE en el corto plazo, éstos podrían convertirse en inviable si no se contemplan los componentes más caros. Por lo tanto, el uso intensivo del VE en Brasil es todavía una realidad lejana.DOI: http://dx.doi.org/10.4995/CIT2016.2016.3408

En México, la energía es considerada una de las actividades económicas más importantes; además de constituir la fuente principal del ingreso público. El sector energético contribuye al PIB en un 3%; las exportaciones petroleras representan el 8.4% del total nacional y los impuestos de los hidrocarburos aportan el 37% de los ingresos fiscales. En esta investigación, se realizó una evaluación térmica de dos viviendas ubicadas en Mexicali, B.C.; una denominada caso base y otra Net-Zero. La primera es la vivienda con el sistema constructivo tal y como el desarrollador la entrega, y la segunda, es una vivienda a la cual se le aplicaron los sistemas de aislamientos propuesto por Norma 460 de eficiencia energética mexicana (NMX-460), además de los electrodomésticos de alta eficiencia, focos ahorradores y sistemas de aire acondicionado EER 13. Las viviendas evaluadas son de interés medio alto, con una superficie aproximada de 137 m2; los objetivos generales de esta investigación se centraron en reducir la vivienda caso base con un consumo eléctrico anual de 15,000 kWh a una línea base de consumo mínima (Net-Zero) de 8000 kWh, consumo que permitirá diseñar un sistema fotovoltaico que servirá para autoabastecer a la propia vivienda; aunado a esto, el programa REEP (Renewable Energy Efficiency Program), fondo canadiense se involucró en la financiación del programa piloto de monitoreo de vivienda Net-Zero, sumándose a este esfuerzo la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda) y apoyando con la validación y factibilidad de dicho proyecto en la parte técnica-operativa la CFE (Comisión Federal de Electricidad) subdivisión Mexicali. Los resultados mostraron que la vivienda Net-Zero es posible desarrollarla bajo el contexto Mexicano, con el sentido de generar políticas energéticas que direccionen desde la construcción del sistema físico, las tecnologías aplicadas, los electrodomésticos utilizados, los sistemas de aire acondicionado eficientes, el patrón de uso de la misma, así como las características de la energía fotovoltaica y sus técnicas de aplicación, tanto de interconexión a la red como los sistemas de medidores bidireccionales aplicados a este tipo de sistemas. Finalmente, la investigación muestra el costo beneficio y el retorno de inversión de un sistema fotovoltaico aplicado a una vivienda con estas características. In Mexico, energy is considered one of the most important economic activities; besides constituting the main source of public inputs, the power sector contributes the PIB in a 3%; petroleum exports represent the 8 4% of the national total and the hydrocarbon taxes contribute 37% of the fiscal income. In this investigation, a thermal evaluation of two houses located in Mexicali, B.C. was made; one denominated as case base and the other as Net-Zero. First we have the house with the constructive system as the developer delivers it and the second, is a house to which insulation systems were applied, proposed by Mexican energy efficiency norm 460 (NMX-460), besides the electric home appliances of high efficiency, saving and air conditioned systems EER 14. The evaluated dwellings are medium high interest, with an approximated surface of 137 m2, the general purpose of this research consists in reducing the dwelling case base with an annual electrical consumption of 15.000 kWh to a minimum consumption (Net-Zero) of 8000 kWh, allowing to design a photovoltaic system that will serve to self supply the house; combined to this, REEP (Renewable Energy Efficiency Program) Canadian funds, that became involved in the financed test monitoring program of Net-Zero dwelling, included to this effort the CONAVI (National Commission of Dwelling) and supported with the validation and feasibility of this project in the technique-operative part by CFE (Federal Commission of Electricity) Mexicali’s subdivision. The results showed that it is possible to develop the Net-Zero house under a Mexican context, with the intention of generating energetic policies that conduct the construction of the physical system, the applied technologies, the used electric home appliances, the efficient air conditioned systems, the factor use, the characteristics of photovoltaic energy and their technicians meaning the ones in charge of interconnection to the network like the systems of bidirectional measurers applied to this type of systems. Finally the research shows the cost benefit and the reinvestment applying photovoltaic systems to a house with these characteristics and the energy policies that must be considered.

La baja recaudación de impuestos de los estados ha sido una constante del federalismo fiscal mexicano. Se estima que, en promedio, el 88% de los ingresos fiscales estatales proviene de las transferencias que el gobierno federal realiza a los gobiernos locales. La bibliografía vigente se ha concentrado en el estudio del esquema de descentralización y en el impacto del modelo de coordinación fiscal sobre la dependencia, en estudios agregados que posiblemente no capten las particularidades de cada territorio y que ponen poco énfasis en el potencial fiscal estatal. Este trabajo busca llenar el vacío en esas dos áreas a través del estudio detallado de dos estados, Baja California y Michoacán, y con una nueva propuesta metodológica para estimar y proyectar el potencial tributario del impuesto a las remuneraciones, el principal impuesto de los estados en México. A través del examen de los ingresos propios y la estructura económica en cada entidad, se identifican los principales determinantes que afectan su recaudación en los últimos años. Adicionalmente, se presentan los resultados del esfuerzo fiscal que realiza cada estado en relación con el impuesto a las remuneraciones, así como también ejercicios de proyección de su comportamiento.

Libertad Económica de Norteamérica 2022 mide hasta qué punto las políticas de las distintas provincias y estados apoyan la libertad económica —la capacidad de las personas para actuar en la esfera económica sin restricciones indebidas—. Incluye un índice subnacional para la comparación de jurisdicciones individuales (gobiernos provinciales/estatales y municipales/locales) dentro del mismo país, y un índice de todos los gobiernos para la comparación de jurisdicciones (gobiernos federales) en diferentes países. Para el índice subnacional, Libertad económica de Norteamérica emplea 10 variables para los 92 gobiernos provinciales/estatales de Canadá, Estados Unidos y México en tres áreas: (1) Gasto público, (2) Impuestos y (3) Regulación. En el caso del índice de todos los gobiernos, incorporamos tres áreas adicionales a escala federal del informe anual Libertad económica del mundo: (4) Sistemas legales y derechos de propiedad, (5) Moneda sana y (6) Libertad para comerciar internacionalmente. Además, ampliamos el área 1 para incluir la inversión gubernamental, el área 2 para incluir las tasas marginales superiores de impuestos sobre la renta y la nómina, y el área 3 para incluir la regulación del mercado crediticio y las regulaciones comerciales. Estas adiciones ayudan a captar las restricciones a la libertad económica que son difíciles de medir a escala provincial/estatal y municipal/local.

Las consecuencias de los mayores aislamientos preventivos en la historia se tradujeron en las mayores reducciones del consumo, la producción y el empleo, con el consecuente aumento en la pobreza. Hasta ahora la mayor parte de la literatura se ha enfocado en los efectos sobre el sector privado y el nivel nacional del sector público, mientras que los análisis de las finanzas de los gobiernos subnacionales han sido pasados por alto, especialmente en países en desarrollo. El propósito de este documento es llenar ese vacío analizando el caso particular de Colombia con sus dos niveles de gobierno local, departamentos y municipios. En particular, haciendo uso de diferencia en diferencias con datos de panel trimestrales, identificamos en qué medida los aislamientos afectaron los ingresos, gastos, inversión y servicio de deuda de los gobiernos subnacionales. Los resultados muestran que las finanzas públicas locales sufrieron un duro revés, especialmente en sus ingresos. En los municipios la mayor caída estuvo en el impuesto de industria y comercio y en el predial, mientras que para los departamentos fueron los impuestos al vino, cerveza y licores y el de vehículos automotores. Los efectos sobre el gasto son menos evidentes, mientras que el gasto de inversión muestra una clara heterogeneidad entre sectores económicos.

Libertad Económica de Norteamérica 2023 mide hasta qué punto las políticas de las distintas provincias y estados apoyan la libertad económica —la capacidad de las personas para actuar en la esfera económica sin restricciones indebidas—. Incluye un índice de todos los gobiernos para la comparación de jurisdicciones (gobiernos federales) en diferentes países y un índice subnacional para la comparación de jurisdicciones individuales (gobiernos provinciales y estatales, así como municipales y locales) dentro del mismo país. Para el índice subnacional, Libertad económica de Norteamérica emplea 10 variables para 92 gobiernos provinciales y estatales de Canadá, Estados Unidos y México, y el territorio estadounidense de Puerto Rico, en tres áreas: (1) Gasto público, (2) Impuestos y (3) Regulación. En el caso del índice de todos los gobiernos, incorporamos tres áreas adicionales a escala federal de Libertad económica del mundo: informe anual 2023: (4) Sistemas legales y derechos de propiedad, (5) Dinero sólido y (6) Libertad para comerciar internacionalmente. Además, ampliamos el Área 1 para incluir la inversión gubernamental, el Área 2 para incluir las tasas marginales superiores de impuestos sobre la renta y la nómina, y el Área 3 para incluir la regulación del mercado crediticio y las regulaciones comerciales. Estas adiciones ayudan a captar las restricciones a la libertad económica que son difíciles de medir a escala provincial, estatal, municipal y local.

Este es un estudio del financiamiento de los gobiernos municipales en la Argentina. Presenta el número y tamaño de las municipalidades en Argentina, la estructura vertical del sector público e indicadores sintéticos del tamaño del sector público municipal y de correspondencia fiscal a nivel municipal. Después revisa la estructura de financiamiento de las municipalidades. Termina con una discusión sobre el diagnóstico y recomendaciones de política tributaria y recomendaciones sobre la Administración Tributaria Local.

Recientemente se aprobó en Panamá una Ley de Descentralización (Ley No. 37 de junio de 2009), en la cual se establece que, en cuestión de pocos meses, se deben entregar nuevas fuentes de recursos y funciones a estos gobiernos. Además de modificar las funciones y distribución actual de recursos en los distintos niveles de gobierno, esta Ley establece también una serie de mecanismos de planeación y elaboración de presupuestos al interior de los municipios y distritos de obligatorio cumplimiento, tocando adicionalmente aspectos como el organigrama interno de entidades pertenecientes a los gobiernos locales y sus funciones. Este documento analiza el proceso de descentralización de la gestión pública en Panamá y Ley 37 de 200; las obligaciones tributarias municipales e impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles; las finanzas municipales en Panamá; y el desarrollo de la gestión local en Panamá.

Los países de América Latina y el Caribe (ALC) utilizan la reducción de la tasa de impuesto a la renta empresarial (IRE) para promover la inversión y, a su vez, este incentivo debe cumplir con la condición de no discriminar entre operaciones de exportación y aquellas destinadas a todo el mercado local, según los compromisos contraídos con la de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el proyecto de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés). Así se posibilita un importante arbitraje tributario cuando las empresas con incentivos en la tasa de renta empresarial venden con sobreprecios a firmas sujetas a tasa normal en el mercado local, trasvasando rentas a las firmas beneficiadas desde las del régimen general. Esto tiene impactos negativos significativos y crecientes en términos de recaudación y equidad entre firmas bonificadas y las del régimen general en el mismo ramo, especialmente en los servicios cuyo crecimiento es notorio (como los digitales o de telecomunicación). Para morigerar este arbitraje será necesario aplicar algunas opciones prácticas, como las que se presentan más adelante, que hagan viable la bonificación tributaria en la tasa del impuesto como herramienta de políticas, sean compatibles con dichos acuerdos internacionales y reduzcan las pérdidas de recaudación. Adicionalmente, se incluyen cuadros con el resumen de los principales regímenes de incentivos tributarios y de la revisión por los pares de los posibles regímenes fiscales perniciosos en América Latina (Acción 5 de BEPS).

En este trabajo se analiza el esfuerzo fiscal que realizan los municipios guatemaltecos sobre el recaudo de su principal ingreso tributario, el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI). Los resultados del estudio indican que el esfuerzo fiscal municipal es bajo y lejano a su potencial en el caso del IUSI. En gran parte, esta situación se origina por la subvaloración de los avalúos catastrales, la cual se produce principalmente por tres razones: i) la alta tasa de descuento que se aplica a los valores comerciales, ii) la escasa capacidad local para realizar los avalúos, que lleva a que la práctica común sean los auto avalúos sin verificación alguna y iii) el pobre registro de los bienes inmuebles. A su vez, el análisis de la información permite afirmar que la recaudación del IUSI registra una distribución espacial muy desigual: una alta concentración alrededor del área metropolitana de la ciudad capital y el resto del país con un pobre desempeño. Existe un espacio importante para aumentar la recaudación del IUSI a través de la optimización del registro, la actualización de los avalúos, algunos cambios en las regulaciones vigentes y mejoras en la administración del tributo.

Introducción En 2023 el Banco de la República celebra 100 años de su fundación. Este es un aniversario de gran significado, el cual ofrece la oportunidad de resaltar el aporte que el Banco ha hecho al desarrollo del país. Su trayectoria como garante de la estabilidad monetaria lo ha consolidado como la institución estatal independiente que genera mayor confianza entre los colombianos por su transparencia, capacidad de gestión y el cumplimiento efectivo de las funciones de banca central y culturales encomendadas en la Constitución y la Ley. En una fecha tan importante como esta, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) hace un reconocimiento a las generaciones de directivos y funcionarios que con su compromiso y dedicación contribuyeron a engrandecer esta institución1. El mandato del Banco de la República se consolidó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, para cuya integración los ciudadanos tuvieron la oportunidad de elegir a las setenta personas que tendrían como tarea redactar una nueva constitución. Los dirigentes de los tres movimientos políticos más votados fueron elegidos presidentes de la Asamblea, y esta presidencia tripartita reflejó la pluralidad y la necesidad de consenso entre las diferentes fuerzas políticas para sacar adelante la reforma. Entre los asuntos considerados, la Asamblea Nacional Constituyente le otorgó especial importancia a la estabilidad monetaria. Por esta razón decidió incluir el tema de banca central y dotar al Banco de la República de la autonomía necesaria para utilizar los instrumentos a su cargo sin injerencia de otras autoridades. El constituyente entendió que velar por la estabilidad de precios es un deber del Estado y que la entidad responsable de este cometido debe estar consagrada en la Constitución y contar con la capacidad técnica y autonomía institucional necesaria para adoptar las decisiones que considere pertinentes para alcanzar este objetivo fundamental, en coordinación con la política económica general. En particular, el artículo 373 estableció que “el Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, disposición que coincidía con el esquema de banca central adoptado por países exitosos en el control de la inflación. En 1999, mediante sentencia 481, la Corte Constitucional indicó que “el deber de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda no solo se predica de la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria, esto es de la Junta del Banco de la República, sino también de quienes tienen responsabilidades en la formulación y ejecución de la política económica general del país” y que “la finalidad constitucional básica del Banco de la República es la protección de la moneda sana, pero esa autoridad debe tomar en consideración en sus decisiones los otros objetivos económicos de la intervención del Estado, como el pleno empleo, pues sus funciones deben coordinarse con la política económica general.” La reforma al Banco de la República concertada en la Constituyente de 1991 y en la Ley 31 de 1992 se puede resumir en los siguientes aspectos: i) asignó al Banco un mandato específico: mantener la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general; ii) designó a la JDBR como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia; iii) otorgó al Banco y a su Junta Directiva un importante grado de independencia frente al Gobierno; iv) prohibió al Banco otorgar crédito al sector privado distinto del financiero; v) estableció que para otorgar crédito al Gobierno se requería del voto unánime de su Junta Directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto; vi) determinó que el legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares; vii) designó al Congreso, en representación de la sociedad, como principal destinatario del ejercicio de rendición de informes del Banco; y viii) delegó en el presidente de la República la función de inspección, vigilancia y control sobre el Banco de la República. Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente entendieron claramente que los beneficios de una inflación baja y estable se extienden a toda la sociedad y contribuyen al buen funcionamiento del sistema económico. Entre los más importantes cabe mencionar que una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos, al permitir que los precios relativos guíen de mejor forma la asignación de recursos, lo cual promueve el crecimiento económico y aumenta el bienestar de la población. Igualmente, una inflación baja reduce la incertidumbre sobre la rentabilidad esperada de la inversión y sobre el precio futuro de los activos, lo que aumenta la confianza de los agentes económicos, facilita la financiación de largo plazo y estimula la inversión. Una inflación baja evita redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, debido a que los estratos de ingresos bajos de la población no pueden protegerse de la inflación mediante la diversificación de sus activos, y concentran una elevada proporción de su ingreso en la compra de alimentos y otros bienes básicos, ítems que generalmente son los más afectados por los choques inflacionarios2. Por otra parte, una baja inflación facilita las negociaciones salariales, lo cual crea un buen clima laboral y reduce la volatilidad del nivel de empleo. Finalmente, una inflación baja contribuye a que el sistema de impuestos sea más transparente y equitativo, al evitar las distorsiones que la inflación introduce sobre el valor de los activos y de los ingresos que componen la base tributaria. Desde el punto de vista de la autoridad monetaria, uno de los beneficios más relevantes de una inflación baja es la credibilidad que los agentes económicos adquieren en la meta de inflación, lo que la convierte en un ancla nominal efectiva sobre el nivel de precios. Al recibir su mandato, y en uso de su autonomía, el Banco de la República empezó a anunciar metas puntuales de inflación anual a partir de 1992. Si bien en esta primera etapa las metas de inflación propuestas no se lograron cumplir de forma precisa, sí se consiguió imprimirle a la inflación una tendencia descendente, que la llevó desde un nivel del 32,4% en 1990 al 16,7% en 1998. Para aquella época la tasa de cambio se mantenía dentro de una banda, lo cual limitaba la efectividad de la política monetaria, que buscaba cumplir simultáneamente una meta de inflación y un objetivo de tasa de cambio. La crisis asiática se contagió a las economías emergentes y afectó de manera importante a la economía colombiana. La tasa de cambio presentó una fuerte presión a la depreciación al cerrarse el acceso al financiamiento externo en condiciones de un elevado desequilibrio externo. Lo anterior, junto con la falta de flexibilidad cambiaria, impidió hacer una política monetaria contracíclica, lo que condujo a una contracción del PIB del 4,2% en dicho año. En este contexto de desaceleración económica, la inflación anual se redujo al 9,2% a finales de 1999, situándose por debajo de la meta del 15% que se había fijado para ese año. Este episodio reveló plenamente lo costoso que podría ser, en términos de actividad económica, el tener simultáneamente metas para la inflación y para la tasa de cambio. Hacia finales de 1999 el Banco de la República anunció la adopción de un nuevo régimen de política monetaria que denominó Esquema de Inflación Objetivo. Este régimen, conocido internacionalmente como ‘Inflation Targeting,’ venía ganando creciente aceptación en países desarrollados, al haber sido adoptado a partir de 1991 por Nueva Zelanda, Canadá e Inglaterra, entre otros, logrando importantes avances en el manejo de la inflación, sin incurrir en costos en términos de actividad económica. En América Latina, Brasil y Chile también lo acogieron en 1999. En el caso colombiano, el último requisito pendiente por cumplir para adoptar dicho esquema de política era la flexibilidad de la tasa de cambio, la cual se materializó hacia septiembre de 1999, cuando la JDBR decidió abandonar las bandas cambiarias para permitir que la tasa de cambio se determinara libremente en el mercado. De forma coherente con el mandato constitucional, el objetivo fundamental de este nuevo esquema de política consistía en “el cumplimiento de una meta de inflación que contribuya a mantener un crecimiento del producto alrededor de su capacidad potencial”3. Dicha capacidad potencial se entendía como aquel crecimiento del PIB que la economía puede obtener si utiliza plenamente sus recursos productivos. Para cumplir este objetivo la política monetaria debe cumplir necesariamente un papel contracíclico en la economía. Ello porque cuando la actividad económica está por debajo de su potencial y existen recursos ociosos, la autoridad monetaria puede reducir la tasa de interés ante la ausencia de presiones inflacionarias para estimular por esa vía la economía y, de manera inversa, cuando el producto supera su capacidad potencial. Este principio de política, que está inmerso en los modelos para guiar la postura de política monetaria, hace que, en el mediano plazo, sean totalmente compatibles los objetivos del cumplimiento de la meta de inflación y de un nivel de actividad económica compatible con su capacidad productiva. Para alcanzar este propósito, en el esquema de inflación objetivo se utiliza la tasa de interés del mercado monetario (a la cual el banco central suministra liquidez primaria a los bancos comerciales), como el instrumento primordial de política. Con ello se sustituyó la cantidad de dinero como meta intermedia de política monetaria, que el Banco de la República, al igual que varios otros bancos centrales, utilizaron por mucho tiempo. En el caso colombiano, el objetivo del nuevo esquema de política monetaria implicaba, en términos prácticos, que la recuperación de la economía, luego de la contracción ocurrida en 1999, debía lograrse al tiempo que se cumplían las metas decrecientes de inflación establecidas por la JDBR. De manera notable este propósito se cumplió. En la primera mitad de la década del 2000 la actividad económica logró una recuperación importante, hasta alcanzar un crecimiento del 6,8% en 2006. Entretanto, la inflación fue descendiendo gradualmente, en línea con las metas de inflación. Fue así como la tasa de inflación se redujo desde el 9,2% en 1999 al 4,5% en 2006, cumpliendo con la meta de inflación establecida para ese año, mientras que el PIB alcanzó su nivel potencial. Después de lograrse este equilibrio en 2006, la inflación repuntó al 5,7% en 2007, por encima de la meta del 4% fijada para ese año, debido a que el crecimiento del PIB del 7,5% superó su capacidad potencial4. Luego de comprobarse la eficacia del esquema de inflación objetivo en sus primeros años de operación, este régimen de política continuó consolidándose a medida que la JDBR y el equipo técnico ganaron experiencia en su manejo y se incorporaron modelos económicos de última tecnología para diagnosticar el estado presente y futuro de la economía, y evaluar la persistencia de los desvíos de la inflación y sus expectativas con respecto a la meta de inflación. A partir de 2010 la JDBR estableció la meta de inflación anual de largo plazo del 3%, que continúa vigente en la actualidad. La menor inflación ha contribuido a crear un entorno macroeconómico más estable, que ha favorecido el crecimiento económico sostenido, la estabilidad financiera, el desarrollo del mercado de capitales y el funcionamiento de los sistemas de pagos. Gracias a ello se lograron reducciones en la prima por riesgo inflacionario y menores tasas de interés de los TES y de crédito. A su vez, la duración de la deuda interna pública aumentó de forma importante pasando de 2,27 años en diciembre de 2002 a 5,86 años en diciembre de 2022 y la profundización financiera, medida como el nivel de la cartera como porcentaje del PIB, pasó de cerca del 20% a mediados de la década de los noventa a valores superiores al 45% en años recientes, en un contexto saludable de los establecimientos de crédito. Los logros tangibles alcanzados por el Banco de la República en el manejo de la inflación al haber contado con la autonomía que le otorgó la Constitución para cumplir con el mandato de preservar el poder adquisitivo de la moneda, junto con los importantes beneficios que se derivaron del proceso de llevar la inflación a su meta de largo plazo, hacen que el reto que actualmente enfrenta la JDBR de retornar la inflación a la meta del 3% sea aún más exigente y apremiante. Como es bien conocido, a partir de 2021, y especialmente en 2022, la inflación en Colombia volvió a convertirse en un serio problema económico, con elevados costos de bienestar. El fenómeno inflacionario no ha sido exclusivo de Colombia y es así como muchos otros países desarrollados y emergentes han visto alejarse sus tasas de inflación de las metas propuestas por sus bancos centrales5. Las razones de este fenómeno se han analizado en los recientes Informes al Congreso, y en esta nueva entrega se profundiza al respecto con información actualizada. La sólida base institucional y técnica que soporta el esquema de inflación objetivo bajo el cual opera la estrategia de política monetaria le da a la JDBR los elementos necesarios para enfrentar con confianza este difícil reto. Al respecto, en su comunicado del 25 de noviembre la JDBR reiteró su compromiso con la meta de inflación del 3,0%, la cual prevé alcanzar hacia finales de 20246. La política monetaria continuará enfocada en cumplir este objetivo, al tiempo que velará por la sostenibilidad de la actividad económica, tal y como lo ordena la Constitución. Las encuestas a analistas llevadas a cabo en marzo mostraron un incremento importante (del 32,3% en enero al 48,5% en marzo) en el porcentaje de respuestas que sitúan las expectativas de inflación a dos años o más en un rango entre el 3% y 4%. Este es un indicativo claro de recuperación de credibilidad en la meta de inflación a mediano plazo, lo cual guarda coherencia con el anuncio de la JDBR de noviembre pasado. La moderación de la tendencia alcista de la inflación que se observó en enero, y especialmente en febrero, contribuirá a reforzar esta revisión de expectativas de inflación, y ayudará a cumplir los objetivos propuestos. Luego de registrarse una inflación del 5,6% a finales de 2021, la inflación mantuvo una tendencia alcista a lo largo de 2022 debido a las presiones inflacionarias tanto de origen externo, asociadas con las secuelas de la pandemia y las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, como de origen interno, resultantes de: el fortalecimiento de la demanda local; los procesos de indexación de precios estimulados por el aumento de las expectativas de inflación; las afectaciones a la producción de alimentos provocadas por el paro de mediados de 2021, y el traspaso de la depreciación a los precios. Los aumentos del salario mínimo del 10% en 2021 y del 16% en 2022, que en ambos casos superaron la inflación observada y el incremento de la productividad, acentuaron los procesos de indexación al haber establecido un elevado referente de ajuste nominal. De esta forma, la inflación total aumentó al 13,1% a finales 2022. La variación anual de alimentos, que subió del 17,2% al 27,8% entre esos dos años, fue el factor que más influyó en la aceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Otro rubro que contribuyó de manera importante a las alzas de precios fue el de regulados, cuya variación anual aumentó del 7,1% en diciembre de 2021 al 11,8% a finales de 2022. Por su parte, la medida de inflación básica sin alimentos ni regulados subió del 2,5% al 9,5% entre finales de 2021 y finales de 2022. El aumento sustancial de la inflación básica muestra que la presión inflacionaria se extendió a la mayoría de los rubros de la canasta familiar, lo cual es característico de procesos inflacionarios con una indexación de precios generalizada, como ocurre en Colombia. La política monetaria empezó a reaccionar tempranamente a estas presiones inflacionarias. Fue así como a partir de su sesión de septiembre de 2021 la JDBR inició un cambio progresivo de la postura de la política monetaria a partir del mínimo histórico del 1,75% de la tasa de interés de política al cual se había llegado para estimular la recuperación de la economía. Este proceso de ajuste prosiguió sin interrupción a lo largo de 2022 y hasta inicios de 2023, cuando la tasa de política monetaria alcanzó el 12,75% en enero pasado, con lo cual acumuló un incremento de 11 puntos porcentuales (pp). El público y los mercados se han mostrado sorprendidos de que la inflación continuara aumentando, a pesar de los significativos incrementos de la tasa de interés. Pero como lo ha explicado la JDBR en sus diversas comunicaciones, la política monetaria actúa con rezago. Así como en 2022 la actividad económica se recuperó hasta alcanzar un nivel superior al de prepandemia, impulsada, entre otros factores, por el estímulo monetario otorgado durante el período de pandemia y de los meses subsiguientes, así también los efectos de la actual política monetaria restrictiva se irán dando paulatinamente, lo que permite esperar que hacia finales de 2024 la tasa de inflación converja hacia el 3%, como es el propósito de la JDBR. Los resultados de la inflación en enero y febrero de este año mostraron incrementos marginales decrecientes (13 pb y 3 pb respectivamente), en comparación con la variación observada en diciembre (59 pb). Esto sugiere que se aproxima un punto de inflexión en la tendencia de la inflación. En otros países de América Latina, como Chile, Brasil, Perú y México, la inflación llegó a su techo y ha empezado a descender lentamente, aunque con algunos altibajos. Es previsible que en Colombia ocurra un proceso similar durante los próximos meses. El descenso previsto de la inflación en 2023 obedecerá, entre otros factores, a las menores presiones de costos externos por cuenta de la progresiva normalización de las cadenas de suministro, a la superación de los choques de oferta por razones de clima y por los bloqueos viales de años anteriores, lo que se reflejará en menores ajustes en los precios de los alimentos, como ya se observó en los primeros dos meses del año y, por supuesto, al efecto rezagado de la política monetaria. El proceso de convergencia de la inflación a la meta será gradual y se extenderá más allá de 2023. Dicho proceso se facilitará si se revierten las presiones a la devaluación, para lo cual resulta esencial que se continúe consolidando la sostenibilidad fiscal y se eviten mensajes en diferentes frentes de la política pública que generan incertidumbre y desconfianza. _______________________________________ 1 Este Informe al Congreso contiene el recuadro 1 que resume la trayectoria del Banco de la República en estos 100 años. Adicionalmente, con auspicio del Banco, varios libros que profundizan diversos aspectos de la historia de esta institución fueron publicados en años recientes. Véase, por ejemplo: Historia del Banco de la República 1923-2015; Tres banqueros centrales; Junta Directiva del Banco de la República: grandes episodios en 30 años de historia; Banco de la República : 90 años de la banca central en Colombia. 2 Es por ello que una menor inflación se ha reflejado en la reducción de la desigualdad del ingreso medida a través del coeficiente de Gini al pasar de 58,7 en 1998 a 51,3 en el año previo a la pandemia. 3 Véase Gómez Javier, Uribe José Darío, Vargas Hernando (2002). “The Implementation of Inflation Targeting in Colombia”. Borrador de Economía, núm. 202, marzo, disponible en: https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5220 4 Véase López-Enciso Enrique A.; Vargas-Herrera Hernando y Rodríguez-Niño Norberto (2016). “La estrategia de inflación objetivo en Colombia. Una visión histórica”, Borrador de Economía, núm. 952. https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6263 5 Según el FMI, la variación porcentual de los precios al consumidor entre 2021 y 2022 pasó del 3,1 % al 7,3 % para las economías avanzadas, y del 5,9 % al 9,9 % para las economías de mercados emergentes y en vías de desarrollo. 6 https://www.banrep.gov.co/es/noticias/junta-directiva-banco-republica-reitera-meta-inflacion-3