Academic literature on the topic 'Junta Monetaria'

El nuevo estatuto cambiario adoptado mediante la Resolución Externa Nº 21 del 2 de septiembre de 1993 de la Junta Directiva del Banco de la República, derogó la Resolución 57 de 1991 de la Junta Monetaria, con sus adiciones y modificaciones. No obstante, dejó vigentes las disposiciones relacionadas con la posición propia de los intermediarios del mercado cambiario. Las relativas a los títulos canjeables por certificados de cambio y las concernientes al comercio del oro.

Este documento hace un breve recorrido histórico de la evolución de la banca central en el país, empezando por el periodo de la historia de Colombia conocido como la Regeneración, pasando a la misión Kemmerer, el fin de “patrón oro”, la creación de la Junta Monetaria, hasta llegar a la independencia del Banco de la República en 1991.

Evaluación de las consecuencias de la reforma bancaria sobre la organización y las políticas de los bancos comerciales, el Banco Central de Reserva y la autoridad monetaria oficial del país (la Junta Monetaria). El análisis confirma el poco avance de la coalición reformista, gobernante desde 1980, en la implantación de su agenda socioeconómica. Más específicamente, la evaluación muestra que si bien la reforma bancaria ha transformado la estructura administrativa de los bancos comerciales y el sistema financiero como un todo, no satisface los criterios establecidos por el decreto de nacionalización y, de hecho, los contradice; y que, siete años después de la nacionalización, los patrones tradicionales del crédito bancario no han sido alterados de manera perceptible. La causa fundamental de estos resultados radica en la persistencia de la guerra civil y las posibles medidas correctivas no tendrán efectos positivos, y probablemente no se podrán ejecutar mientras continúen las hostilidades. ECA Estudios Centroamericanos, Vol. 44, No. 492, 1989: 791-808.

En 2022 entró en vigencia la Ley Fintech en Ecuador y estableció el sandbox regulatorio como estrategia para promover la innovación. Por su parte, la Junta de Política y Regulación Monetaria emitió normativa secundaria regulando esta figura. No obstante, expidió criterios de elegibilidad restrictivos, exigió una triple autorización y permitió que se puedan añadir parámetros adicionales ex post. Tampoco es clara en cuáles son los beneficios o exenciones que se pueden derivar del sandbox. Este trabajo evidenció que, cuando los criterios de elegibilidad son restrictivos o pueden fijarse ex post, el sandbox no es una figura atractiva para los innovadores. Así, la normativa emitida por la Junta no es la adecuada, y además, es ilegal. Por ello, se recomendó que se aclare cuáles son los beneficios que pueden obtenerse, los que deberán variar según el objetivo que persiga el sandbox; y que se implementen criterios de elegibilidad que no sean restrictivos y que se basen en criterios de riesgo.

En el año 2015, por resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera se expide “La Norma para la Segmentación de las Entidades del Sector Financiero Popular y Solidario” donde se establece en su artículo 1, que la segmentación de las Cooperativas de Ahorro y Crédito, se realizará de acuerdo al tipo y al saldo de sus activos. El presente trabajo está dirigido al segmento 5, donde se evaluarán sus cuentas más representativas en pro de establecer la conveniencia o no, de su existencia dentro del mercado, así como el nivel de confianza que generan estas organizaciones dentro del sistema financiero del país, teniendo en cuenta su salud financiera y estadísticas de procesos de liquidación que se hayan dado en este segmento.

En la década de 1980 terminó la industrialización dirigida por el Estado, comenzaron las reformas de mercado y cambió la forma de gestionar la política económica. En Ecuador los gobiernos de los presidentes Osvaldo Hurtado (1981-1984), León Febres Cordero (1984-1988), Rodrigo Borja (1988-1992) y la influencia del FMI promovieron este cambio adaptativo al régimen económico alentado por las emergentes doctrinas neoconservadoras de la época. Se estudian las cartas de intención remitidas al FMI y las memorias anuales del Banco Central del Ecuador, además de otras fuentes primarias. El PIB creció en promedio 2.4% anual, mientras la población lo hizo al 2.6%; la gestión de la crisis se desplazó desde la Junta Nacional de Planificación hacia el Banco Central, entidad que hizo de la devaluación monetaria su principal herramienta de política económica.

El patrimonio técnico es el valor patrimonial que disponen las instituciones financieras para respaldar las operaciones actuales y futuras y para cubrir pérdidas inesperadas; está constituido por el patrimonio técnico primario y secundario, según resoluciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador. Cabe resaltar que varias cooperativas de ahorro y crédito en la actualidad realizan una incorrecta determinación del patrimonio técnico, por consiguiente, la presente investigación tiene por objetivo diseñar un procedimiento de evaluación sobre el cumplimiento del patrimonio técnico para las instituciones financieras del segmento 4 de la ciudad de Cuenca. La investigación fue de tipo no experimental con alcance descriptivo, el análisis del patrimonio técnico se aplicó a todos los segmentos existentes, evidenciándose que las cooperativas que se ubican en el segmento 4 son las que presentan un mayor riesgo por el inapropiado control de sus activos ponderados.

• Resumen: En el mes de marzo de 1984 la Junta Monetaria estableció un subsidio al precio del oro en Colombia, el cual estuvo vigente hasta el mes de septiembre de 1986. Durante ese período, las ventas del mineral al Banco de la República alcanzaron niveles sin precedentes. La creencia de que parte de ese oro provenía del exterior suscitó una gran controversia en el país. En este artículo se examinan los efectos de aquella medida en la balanza cambiaría y se intenta identificar la capacidad de respuesta de las diferentes formas de producción auríferas a la variación de los precios, a fin de evaluar la eficacia de la política de sobreprecio adelantada en esos años. • Abstract: Between the months of March 1984 and September 1986 the internal price of gold in Colombia was subsidized. During that period gold sales to the Banco de la República (the central bank) reached unprecedented levels. The suspicion that part of this gold arrived from outside the country provoked a controversy. This paper examines the effects of the subsidy on the commercial balance and tries to identify the potential responses of different types of gold production to such price changes, as well as assessing the efficacy of the policy experiment.

La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario fue aprobada en mayo del 2011 y rige para diferentes formas de organización tanto del sector real como del financiero de la Economía Popular y Solidaria, y entre ellas el segmento 1 de cooperativas de ahorro y crédito con activos mayor a 80’000.000,00 de dólares (Junta de Regulación Monetaria y Financiera, Resolución No. 038-2015-F, 2015). Este segmento para el año 2016 atendía a 3.285.532 socios que representa el 54.7% de un total de 5.977.169 personas atendidas por el sistema financiero popular y solidario (Jácome,2017, p.14), conformado por 5 segmentos de acuerdo a su nivel de activos. Por esta razón fue importante evaluar financieramente a este segmento antes y después de la aplicación de la ley, para lo cual se seleccionó a las 10 cooperativas más representativas, se realizó un análisis comparativo de los principales indicadores financieros, sirviéndose para el efecto de técnicas y modelos como Du Pont, Z de Altman, CAMEL, entre otros. Esto permitió conocer el comportamiento de los indicadores y el efecto que ha tenido la aplicación de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, identificando aspectos que se han fortalecido o debilitado, se determinó cual fue el aporte de este segmento en la economía del País y se revisó el cumplimiento con las políticas y lineamientos estratégicos planteados en el Plan Nacional del Buen vivir.

La presente investigación analiza la situación actual de la gestión de cartera en el período de enero – noviembre 2020 en Cooperativas de Ahorro y Crédito, la metodología exploratoria – descriptiva permitió recolectar datos, interpretar y correlacionar los resultados con investigaciones similares. Sus principales resultados son los siguientes: la pandemia del COVID-19 afectó de manera significativa al sector financiero a nivel mundial, es el caso particular del Ecuador el PIB bajó entre un 7,3% y un 9,6% o una contracción del 10.9%. Se determinó a través de análisis estadísticos de los Boletines Financieros del segmento 2, emitidos por la Superintendencia Economía Popular y Solidaria con corte hasta el mes de noviembre del 2020, en promedio se mantiene una cartera por vencer de $ 23.761.684,50 millones, lo que corresponde a un incremento del 5,5% en relación al año 2019; la cartera que no devenga interés representa un riesgo financiero menor, ya que durante el período 2020 (pandemia del COVID-19) se observa un incremento de $1.596.180,44 lo que representa el 5.2% en relación al año 2019, por lo que se diseñó un Cuadro de Mando Integral compuesto de ocho estrategias financieras que se respaldan en las normativas vigentes por parte de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera con Resolución No. 568-2020-F orientado a las normas para la gestión del riesgo de crédito en las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

En Colombia es difícil ponerse de acuerdo sobre algo; sin embargo, en la Asamblea Nacional Constituyente hubo consenso entre los participantes de distintas ideologías y partidos sobre la bondad de reformar de manera integral al Banco de la República y convertirlo en un banco central independiente. La historia del debate constitucional está recogida en las distintas ponencias y discusiones de la Constituyente de 1991 y en un número importante de trabajos académicos que son material indispensable para los interesados en los temas de la banca central. De estos textos se destaca el libro La autonomía del Banco de la República: economía política de la reforma, editado por Roberto Steiner (1995), en donde los protagonistas de la reforma analizan las principales discusiones y conflictos que se presentaron en el marco de la constituyente y los acuerdos que se fueron formando para la transformación del Banco de la República. Igualmente relevante los artículos “Autonomía del Banco de la República en la Constitución de 1991 y en la Ley 31 de 1992” de Alberto Boada, Carolina Gómez y Marcela Ocampo (2017) y “El debate sobre la banca central en la constituyente de 1991” de Rudolf Hommes y José Elías Melo (2017) que hacen parte del libro Historia del Banco de la República: 1923-2015. En estos trabajos se presenta un análisis sistemático de la reforma y la visión, muy particular, de quienes participaron en nombre del gobierno Gaviria en las discusiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Con el paso de los años también hay consenso sobre el importante rol que ha desempeñado el Banco de la República y su Junta Directiva como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, en el adecuado manejo de la economía nacional. Crisis profundas como la de fin de siglo, la que se desató en el mundo con la quiebra de Lehman Brothers o la más reciente, producto de la pandemia del Covid-19, han puesto a prueba el marco institucional establecido en 1991. En todas ellas la respuesta del banco central ha seguido el carácter técnico que le impuso la Carta Política. Este texto no profundiza en lo sucedido en la constituyente, sino que se centra en la forma como la ley reguló el nuevo esquema de banca central independiente y el papel preponderante que ha tenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Las decisiones, en su mayoría, han respaldado el marco institucional adoptado por la Ley 31 de 1991, lo que ha permitido a la Junta Directiva cumplir con su mandato de preservar la capacidad adquisitiva de la moneda en coordinación con la política económica general. La idea de esta obra surgió como una actualización del libro “La Banca Central en Colombia” editada por el Banco de la República en 1994 y que tenía en su portada un billete de diez pesos con la figura de Antonio Nariño. Sin embargo el texto derivó en comentarios a la Ley 31 de 1992 y al Decreto 2520 de 1993 (Estatutos del Banco) que constituyen el marco legal de funcionamiento del banco central. Los comentarios se apoyan en las discusiones en el Congreso previas a la aprobación de la Ley 31, en los fallos de las distintas cortes y en mi experiencia como secretario de la Junta, gerente ejecutivo y, recientemente, como miembro de la Junta del Banco. Las opiniones, naturalmente, no comprometen al Banco de la República ni a su Junta Directiva y son de mi exclusiva responsabilidad. Agradezco a la Secretaría de la Junta Directiva y al Departamento Jurídico por su colaboración permanente, en especial a Alberto Boada Ortiz, actual secretario, y a los distintos abogados que seguramente reconocerán ideas discutidas con ellos en distintas épocas del Banco. También, a Consuelo Páez que, con su insistencia, logró llevar a feliz término este libro y a Natalia y Juana que, en medio del confinamiento obligatorio del Covid-19, me animaron a seguir adelante con el proyecto.

El contexto más amplio, del quinquenio y más adelante, es de una globalización en retroceso que podría afectar nuestro acceso a mercados internacionales y reducir posibilidades de inserción en cadenas de valor globales, junto a la necesidad urgente de enfrentar globalmente el problema del cambio climático y las amenazas al ambiente y la biodiversidad, el cambio en las relaciones humanas y las formas de trabajar, consumir y estudiar hacia otras menos presenciales, las enormes dificultades de la democracia en los ámbitos nacional e internacional, y el avance de la inteligencia artificial hasta y hacia lugares insospechados.

This chapter examines Argentina's relationship with the International Monetary Fund (IMF) during the period 1976–1984. It tracks Argentina's engagement with the IMF from the arrival of a Fund mission soon after the military junta took power in 1976 through to the economic meltdown in the last months of 2001, which culminated in the withdrawal of IMF support for the country and the largest sovereign default in history to that point. The Argentina-IMF case is used to test the argument linking treatment of borrowers to shared economic beliefs. The chapter first provides an overview of economic policymaking in Argentina in 1976–1981 and in 1991–2001; economic policymaking in the latter period was dominated by neoliberals. It also compares the economic beliefs of neoliberals with those of structuralists and concludes with a discussion of the breakdown in Argentine-IMF relations.

Introducción En 2023 el Banco de la República celebra 100 años de su fundación. Este es un aniversario de gran significado, el cual ofrece la oportunidad de resaltar el aporte que el Banco ha hecho al desarrollo del país. Su trayectoria como garante de la estabilidad monetaria lo ha consolidado como la institución estatal independiente que genera mayor confianza entre los colombianos por su transparencia, capacidad de gestión y el cumplimiento efectivo de las funciones de banca central y culturales encomendadas en la Constitución y la Ley. En una fecha tan importante como esta, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) hace un reconocimiento a las generaciones de directivos y funcionarios que con su compromiso y dedicación contribuyeron a engrandecer esta institución1. El mandato del Banco de la República se consolidó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, para cuya integración los ciudadanos tuvieron la oportunidad de elegir a las setenta personas que tendrían como tarea redactar una nueva constitución. Los dirigentes de los tres movimientos políticos más votados fueron elegidos presidentes de la Asamblea, y esta presidencia tripartita reflejó la pluralidad y la necesidad de consenso entre las diferentes fuerzas políticas para sacar adelante la reforma. Entre los asuntos considerados, la Asamblea Nacional Constituyente le otorgó especial importancia a la estabilidad monetaria. Por esta razón decidió incluir el tema de banca central y dotar al Banco de la República de la autonomía necesaria para utilizar los instrumentos a su cargo sin injerencia de otras autoridades. El constituyente entendió que velar por la estabilidad de precios es un deber del Estado y que la entidad responsable de este cometido debe estar consagrada en la Constitución y contar con la capacidad técnica y autonomía institucional necesaria para adoptar las decisiones que considere pertinentes para alcanzar este objetivo fundamental, en coordinación con la política económica general. En particular, el artículo 373 estableció que “el Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, disposición que coincidía con el esquema de banca central adoptado por países exitosos en el control de la inflación. En 1999, mediante sentencia 481, la Corte Constitucional indicó que “el deber de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda no solo se predica de la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria, esto es de la Junta del Banco de la República, sino también de quienes tienen responsabilidades en la formulación y ejecución de la política económica general del país” y que “la finalidad constitucional básica del Banco de la República es la protección de la moneda sana, pero esa autoridad debe tomar en consideración en sus decisiones los otros objetivos económicos de la intervención del Estado, como el pleno empleo, pues sus funciones deben coordinarse con la política económica general.” La reforma al Banco de la República concertada en la Constituyente de 1991 y en la Ley 31 de 1992 se puede resumir en los siguientes aspectos: i) asignó al Banco un mandato específico: mantener la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general; ii) designó a la JDBR como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia; iii) otorgó al Banco y a su Junta Directiva un importante grado de independencia frente al Gobierno; iv) prohibió al Banco otorgar crédito al sector privado distinto del financiero; v) estableció que para otorgar crédito al Gobierno se requería del voto unánime de su Junta Directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto; vi) determinó que el legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares; vii) designó al Congreso, en representación de la sociedad, como principal destinatario del ejercicio de rendición de informes del Banco; y viii) delegó en el presidente de la República la función de inspección, vigilancia y control sobre el Banco de la República. Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente entendieron claramente que los beneficios de una inflación baja y estable se extienden a toda la sociedad y contribuyen al buen funcionamiento del sistema económico. Entre los más importantes cabe mencionar que una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos, al permitir que los precios relativos guíen de mejor forma la asignación de recursos, lo cual promueve el crecimiento económico y aumenta el bienestar de la población. Igualmente, una inflación baja reduce la incertidumbre sobre la rentabilidad esperada de la inversión y sobre el precio futuro de los activos, lo que aumenta la confianza de los agentes económicos, facilita la financiación de largo plazo y estimula la inversión. Una inflación baja evita redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, debido a que los estratos de ingresos bajos de la población no pueden protegerse de la inflación mediante la diversificación de sus activos, y concentran una elevada proporción de su ingreso en la compra de alimentos y otros bienes básicos, ítems que generalmente son los más afectados por los choques inflacionarios2. Por otra parte, una baja inflación facilita las negociaciones salariales, lo cual crea un buen clima laboral y reduce la volatilidad del nivel de empleo. Finalmente, una inflación baja contribuye a que el sistema de impuestos sea más transparente y equitativo, al evitar las distorsiones que la inflación introduce sobre el valor de los activos y de los ingresos que componen la base tributaria. Desde el punto de vista de la autoridad monetaria, uno de los beneficios más relevantes de una inflación baja es la credibilidad que los agentes económicos adquieren en la meta de inflación, lo que la convierte en un ancla nominal efectiva sobre el nivel de precios. Al recibir su mandato, y en uso de su autonomía, el Banco de la República empezó a anunciar metas puntuales de inflación anual a partir de 1992. Si bien en esta primera etapa las metas de inflación propuestas no se lograron cumplir de forma precisa, sí se consiguió imprimirle a la inflación una tendencia descendente, que la llevó desde un nivel del 32,4% en 1990 al 16,7% en 1998. Para aquella época la tasa de cambio se mantenía dentro de una banda, lo cual limitaba la efectividad de la política monetaria, que buscaba cumplir simultáneamente una meta de inflación y un objetivo de tasa de cambio. La crisis asiática se contagió a las economías emergentes y afectó de manera importante a la economía colombiana. La tasa de cambio presentó una fuerte presión a la depreciación al cerrarse el acceso al financiamiento externo en condiciones de un elevado desequilibrio externo. Lo anterior, junto con la falta de flexibilidad cambiaria, impidió hacer una política monetaria contracíclica, lo que condujo a una contracción del PIB del 4,2% en dicho año. En este contexto de desaceleración económica, la inflación anual se redujo al 9,2% a finales de 1999, situándose por debajo de la meta del 15% que se había fijado para ese año. Este episodio reveló plenamente lo costoso que podría ser, en términos de actividad económica, el tener simultáneamente metas para la inflación y para la tasa de cambio. Hacia finales de 1999 el Banco de la República anunció la adopción de un nuevo régimen de política monetaria que denominó Esquema de Inflación Objetivo. Este régimen, conocido internacionalmente como ‘Inflation Targeting,’ venía ganando creciente aceptación en países desarrollados, al haber sido adoptado a partir de 1991 por Nueva Zelanda, Canadá e Inglaterra, entre otros, logrando importantes avances en el manejo de la inflación, sin incurrir en costos en términos de actividad económica. En América Latina, Brasil y Chile también lo acogieron en 1999. En el caso colombiano, el último requisito pendiente por cumplir para adoptar dicho esquema de política era la flexibilidad de la tasa de cambio, la cual se materializó hacia septiembre de 1999, cuando la JDBR decidió abandonar las bandas cambiarias para permitir que la tasa de cambio se determinara libremente en el mercado. De forma coherente con el mandato constitucional, el objetivo fundamental de este nuevo esquema de política consistía en “el cumplimiento de una meta de inflación que contribuya a mantener un crecimiento del producto alrededor de su capacidad potencial”3. Dicha capacidad potencial se entendía como aquel crecimiento del PIB que la economía puede obtener si utiliza plenamente sus recursos productivos. Para cumplir este objetivo la política monetaria debe cumplir necesariamente un papel contracíclico en la economía. Ello porque cuando la actividad económica está por debajo de su potencial y existen recursos ociosos, la autoridad monetaria puede reducir la tasa de interés ante la ausencia de presiones inflacionarias para estimular por esa vía la economía y, de manera inversa, cuando el producto supera su capacidad potencial. Este principio de política, que está inmerso en los modelos para guiar la postura de política monetaria, hace que, en el mediano plazo, sean totalmente compatibles los objetivos del cumplimiento de la meta de inflación y de un nivel de actividad económica compatible con su capacidad productiva. Para alcanzar este propósito, en el esquema de inflación objetivo se utiliza la tasa de interés del mercado monetario (a la cual el banco central suministra liquidez primaria a los bancos comerciales), como el instrumento primordial de política. Con ello se sustituyó la cantidad de dinero como meta intermedia de política monetaria, que el Banco de la República, al igual que varios otros bancos centrales, utilizaron por mucho tiempo. En el caso colombiano, el objetivo del nuevo esquema de política monetaria implicaba, en términos prácticos, que la recuperación de la economía, luego de la contracción ocurrida en 1999, debía lograrse al tiempo que se cumplían las metas decrecientes de inflación establecidas por la JDBR. De manera notable este propósito se cumplió. En la primera mitad de la década del 2000 la actividad económica logró una recuperación importante, hasta alcanzar un crecimiento del 6,8% en 2006. Entretanto, la inflación fue descendiendo gradualmente, en línea con las metas de inflación. Fue así como la tasa de inflación se redujo desde el 9,2% en 1999 al 4,5% en 2006, cumpliendo con la meta de inflación establecida para ese año, mientras que el PIB alcanzó su nivel potencial. Después de lograrse este equilibrio en 2006, la inflación repuntó al 5,7% en 2007, por encima de la meta del 4% fijada para ese año, debido a que el crecimiento del PIB del 7,5% superó su capacidad potencial4. Luego de comprobarse la eficacia del esquema de inflación objetivo en sus primeros años de operación, este régimen de política continuó consolidándose a medida que la JDBR y el equipo técnico ganaron experiencia en su manejo y se incorporaron modelos económicos de última tecnología para diagnosticar el estado presente y futuro de la economía, y evaluar la persistencia de los desvíos de la inflación y sus expectativas con respecto a la meta de inflación. A partir de 2010 la JDBR estableció la meta de inflación anual de largo plazo del 3%, que continúa vigente en la actualidad. La menor inflación ha contribuido a crear un entorno macroeconómico más estable, que ha favorecido el crecimiento económico sostenido, la estabilidad financiera, el desarrollo del mercado de capitales y el funcionamiento de los sistemas de pagos. Gracias a ello se lograron reducciones en la prima por riesgo inflacionario y menores tasas de interés de los TES y de crédito. A su vez, la duración de la deuda interna pública aumentó de forma importante pasando de 2,27 años en diciembre de 2002 a 5,86 años en diciembre de 2022 y la profundización financiera, medida como el nivel de la cartera como porcentaje del PIB, pasó de cerca del 20% a mediados de la década de los noventa a valores superiores al 45% en años recientes, en un contexto saludable de los establecimientos de crédito. Los logros tangibles alcanzados por el Banco de la República en el manejo de la inflación al haber contado con la autonomía que le otorgó la Constitución para cumplir con el mandato de preservar el poder adquisitivo de la moneda, junto con los importantes beneficios que se derivaron del proceso de llevar la inflación a su meta de largo plazo, hacen que el reto que actualmente enfrenta la JDBR de retornar la inflación a la meta del 3% sea aún más exigente y apremiante. Como es bien conocido, a partir de 2021, y especialmente en 2022, la inflación en Colombia volvió a convertirse en un serio problema económico, con elevados costos de bienestar. El fenómeno inflacionario no ha sido exclusivo de Colombia y es así como muchos otros países desarrollados y emergentes han visto alejarse sus tasas de inflación de las metas propuestas por sus bancos centrales5. Las razones de este fenómeno se han analizado en los recientes Informes al Congreso, y en esta nueva entrega se profundiza al respecto con información actualizada. La sólida base institucional y técnica que soporta el esquema de inflación objetivo bajo el cual opera la estrategia de política monetaria le da a la JDBR los elementos necesarios para enfrentar con confianza este difícil reto. Al respecto, en su comunicado del 25 de noviembre la JDBR reiteró su compromiso con la meta de inflación del 3,0%, la cual prevé alcanzar hacia finales de 20246. La política monetaria continuará enfocada en cumplir este objetivo, al tiempo que velará por la sostenibilidad de la actividad económica, tal y como lo ordena la Constitución. Las encuestas a analistas llevadas a cabo en marzo mostraron un incremento importante (del 32,3% en enero al 48,5% en marzo) en el porcentaje de respuestas que sitúan las expectativas de inflación a dos años o más en un rango entre el 3% y 4%. Este es un indicativo claro de recuperación de credibilidad en la meta de inflación a mediano plazo, lo cual guarda coherencia con el anuncio de la JDBR de noviembre pasado. La moderación de la tendencia alcista de la inflación que se observó en enero, y especialmente en febrero, contribuirá a reforzar esta revisión de expectativas de inflación, y ayudará a cumplir los objetivos propuestos. Luego de registrarse una inflación del 5,6% a finales de 2021, la inflación mantuvo una tendencia alcista a lo largo de 2022 debido a las presiones inflacionarias tanto de origen externo, asociadas con las secuelas de la pandemia y las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, como de origen interno, resultantes de: el fortalecimiento de la demanda local; los procesos de indexación de precios estimulados por el aumento de las expectativas de inflación; las afectaciones a la producción de alimentos provocadas por el paro de mediados de 2021, y el traspaso de la depreciación a los precios. Los aumentos del salario mínimo del 10% en 2021 y del 16% en 2022, que en ambos casos superaron la inflación observada y el incremento de la productividad, acentuaron los procesos de indexación al haber establecido un elevado referente de ajuste nominal. De esta forma, la inflación total aumentó al 13,1% a finales 2022. La variación anual de alimentos, que subió del 17,2% al 27,8% entre esos dos años, fue el factor que más influyó en la aceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Otro rubro que contribuyó de manera importante a las alzas de precios fue el de regulados, cuya variación anual aumentó del 7,1% en diciembre de 2021 al 11,8% a finales de 2022. Por su parte, la medida de inflación básica sin alimentos ni regulados subió del 2,5% al 9,5% entre finales de 2021 y finales de 2022. El aumento sustancial de la inflación básica muestra que la presión inflacionaria se extendió a la mayoría de los rubros de la canasta familiar, lo cual es característico de procesos inflacionarios con una indexación de precios generalizada, como ocurre en Colombia. La política monetaria empezó a reaccionar tempranamente a estas presiones inflacionarias. Fue así como a partir de su sesión de septiembre de 2021 la JDBR inició un cambio progresivo de la postura de la política monetaria a partir del mínimo histórico del 1,75% de la tasa de interés de política al cual se había llegado para estimular la recuperación de la economía. Este proceso de ajuste prosiguió sin interrupción a lo largo de 2022 y hasta inicios de 2023, cuando la tasa de política monetaria alcanzó el 12,75% en enero pasado, con lo cual acumuló un incremento de 11 puntos porcentuales (pp). El público y los mercados se han mostrado sorprendidos de que la inflación continuara aumentando, a pesar de los significativos incrementos de la tasa de interés. Pero como lo ha explicado la JDBR en sus diversas comunicaciones, la política monetaria actúa con rezago. Así como en 2022 la actividad económica se recuperó hasta alcanzar un nivel superior al de prepandemia, impulsada, entre otros factores, por el estímulo monetario otorgado durante el período de pandemia y de los meses subsiguientes, así también los efectos de la actual política monetaria restrictiva se irán dando paulatinamente, lo que permite esperar que hacia finales de 2024 la tasa de inflación converja hacia el 3%, como es el propósito de la JDBR. Los resultados de la inflación en enero y febrero de este año mostraron incrementos marginales decrecientes (13 pb y 3 pb respectivamente), en comparación con la variación observada en diciembre (59 pb). Esto sugiere que se aproxima un punto de inflexión en la tendencia de la inflación. En otros países de América Latina, como Chile, Brasil, Perú y México, la inflación llegó a su techo y ha empezado a descender lentamente, aunque con algunos altibajos. Es previsible que en Colombia ocurra un proceso similar durante los próximos meses. El descenso previsto de la inflación en 2023 obedecerá, entre otros factores, a las menores presiones de costos externos por cuenta de la progresiva normalización de las cadenas de suministro, a la superación de los choques de oferta por razones de clima y por los bloqueos viales de años anteriores, lo que se reflejará en menores ajustes en los precios de los alimentos, como ya se observó en los primeros dos meses del año y, por supuesto, al efecto rezagado de la política monetaria. El proceso de convergencia de la inflación a la meta será gradual y se extenderá más allá de 2023. Dicho proceso se facilitará si se revierten las presiones a la devaluación, para lo cual resulta esencial que se continúe consolidando la sostenibilidad fiscal y se eviten mensajes en diferentes frentes de la política pública que generan incertidumbre y desconfianza. _______________________________________ 1 Este Informe al Congreso contiene el recuadro 1 que resume la trayectoria del Banco de la República en estos 100 años. Adicionalmente, con auspicio del Banco, varios libros que profundizan diversos aspectos de la historia de esta institución fueron publicados en años recientes. Véase, por ejemplo: Historia del Banco de la República 1923-2015; Tres banqueros centrales; Junta Directiva del Banco de la República: grandes episodios en 30 años de historia; Banco de la República : 90 años de la banca central en Colombia. 2 Es por ello que una menor inflación se ha reflejado en la reducción de la desigualdad del ingreso medida a través del coeficiente de Gini al pasar de 58,7 en 1998 a 51,3 en el año previo a la pandemia. 3 Véase Gómez Javier, Uribe José Darío, Vargas Hernando (2002). “The Implementation of Inflation Targeting in Colombia”. Borrador de Economía, núm. 202, marzo, disponible en: https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5220 4 Véase López-Enciso Enrique A.; Vargas-Herrera Hernando y Rodríguez-Niño Norberto (2016). “La estrategia de inflación objetivo en Colombia. Una visión histórica”, Borrador de Economía, núm. 952. https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6263 5 Según el FMI, la variación porcentual de los precios al consumidor entre 2021 y 2022 pasó del 3,1 % al 7,3 % para las economías avanzadas, y del 5,9 % al 9,9 % para las economías de mercados emergentes y en vías de desarrollo. 6 https://www.banrep.gov.co/es/noticias/junta-directiva-banco-republica-reitera-meta-inflacion-3

Las decisiones de política monetaria requieren tener en cuenta la multiplicidad de factores que afectan el nivel y el aumento de los precios y considerar que la tasa de interés solo puede influir en algunos de ellos. Asimismo, dichas decisiones deben contemplar el horizonte temporal en el cual se busca maximizar los beneficios de la sociedad, y enmarcar en ese contexto la disyuntiva entre estabilidad de precios y crecimiento económico que la política monetaria puede enfrentar en el corto plazo. Ambos temas son de gran relevancia para el diseño de la política monetaria y suscitan frecuentes debates públicos. De allí que revista particular interés la Nota Técnica elaborada por dos miembros de la Junta Directiva del Banco de la República —Bibiana Taboada y Mauricio Villamizar— publicada recientemente.

Como complemento al Blog publicado el pasado 7 de noviembre, en esta nueva entrada se continúa con la reseña de la Nota Técnica elaborada por dos miembros de la Junta Directiva del Banco de la República —Bibiana Taboada y Mauricio Villamizar. El segundo tema que aborda la Nota se refiere al mandato que recae sobre el Banco de la República, el cual tiene una importancia crucial para el diseño de la política monetaria. Con respecto a dicho mandato, la Corte Constitucional en sentencia de 1999 determinó que la obligación del Banco de preservar el poder adquisitivo de la moneda debe considerar otros objetivos económicos, como el crecimiento y el empleo. Estos objetivos están estrechamente relacionados, puesto que los costos inflacionarios a corto plazo inciden en los costos de producción y empleo a mediano y largo plazo.

Con frecuencia los observadores económicos que hacen seguimiento a la política monetaria comparan las fechas de las decisiones de los ciclos de subidas o de bajadas de las tasas de interés entre países para establecer cuáles países se adelantaron y cuáles se retrasaron en sus decisiones. Esto podría ser correcto si los países tuvieran comportamientos económicos idénticos. Pero sabemos que no es así. Por esta razón, un juicio de esta naturaleza requiere un análisis más sofisticado, que no solo compare los calendarios, sino también el comportamiento de indicadores económicos claves al inicio de los ciclos de subidas o de bajadas de la tasa de interés de política (TPM) en cada país. Una reciente nota sobre ciclos monetarios publicada por los directores de la Junta Directiva del Banco de la República, Bibiana Taboada y Mauricio Villamizar, en compañía de Manuela Bernal, acomete esta compleja tarea.

La política monetaria es un instrumento de la política económica de un país que, junto con la política fiscal, la política cambiaria y la política de comercio, utilizan los gobiernos para alcanzar los objetivos económicos de aumentar la riqueza nacional, y contribuir al desarrollo y al bienestar de todos sus nacionales. En este sentido, la política monetaria contribuye a través de la estabilización del valor del dinero en el tiempo y de la balanza de pagos para procurar un crecimiento del producto interno bruto.

Los mecanismos de pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC) se consideran potenciales herramientas para fomentar la inclusión financiera de sus beneficiarios. En la presente revisión de literatura, se intenta hacer acopio de la evidencia existente sobre iniciativas de inclusión financiera en programas de PTMC y de evaluaciones de impacto de programas de inclusión financiera que no están directamente relacionados con PTMC, con la intención de brindar información al diálogo acerca de PTMC. En la segunda sección del documento, se presenta un resumen del tipo de iniciativas que se están probando en los diferentes países de la región junto con evidencia de sus resultados. En la tercera sección, se presenta un resumen de evidencia obtenida principalmente a partir de estudios experimentales de evaluación de impacto sobre educación financiera, microcrédito, micro ahorros, mecanismos de pago e incentivos a la oferta. El objetivo de este documento es consignar la evidencia reciente acerca de iniciativas de inclusión financiera y argumentar qué elementos de éstas pueden ser incorporados a los PTMC.

1.1 Resumen macroeconómico En el segundo trimestre la economía enfrentó varios choques, principalmente de oferta y de costos, la mayoría de los cuales no fueron anticipados, o los previstos fueron más persistentes de lo esperado, y que en conjunto interrumpieron la recuperación de la actividad económica observada a comienzos de año y llevaron la inflación total a niveles superiores a la meta. La inflación básica (sin alimentos ni regulados: SAR) aumentó, pero se mantuvo baja y acorde con lo esperado por el equipo técnico. A comienzos de abril se inició una tercera ola de pandemia, más acentuada y prolongada que la anterior, con un elevado costo en vidas humanas y algún impacto negativo en la recuperación económica. Entre mayo y mediados de junio los bloqueos de las carreteras y los problemas de orden público tuvieron un fuerte efecto negativo sobre la actividad económica y la inflación. Se estima que la magnitud de estos dos choques combinados habría generado una caída en niveles en el producto interno bruto (PIB) con respecto al primer trimestre del año. Adicionalmente, los bloqueos causaron un aumento significativo de los precios de los alimentos. A estos choques se sumaron los efectos acumulados de la disrupción global en algunas cadenas de valor y el incremento en los fletes internacionales que desde finales de 2020 vienen generando restricciones de oferta y aumentos de costos. Todos estos factores, que afectaron principalmente el índice de precios al consumidor (IPC) de bienes y de alimentos, explicaron la mayor parte del error de pronóstico del equipo técnico y el aumento de la inflación total a niveles superiores a la meta del 3 %. El incremento en la inflación básica y de los precios de los regulados fue acorde con lo esperado por el equipo técnico, y se explica principalmente por la eliminación de varios alivios de precios otorgados un año atrás. A todo esto se suma la mayor percepción de riesgo soberano y las presiones al alza que esto implica sobre el costo de financiamiento externo y la tasa de cambio. A pesar de los fuertes choques negativos, el crecimiento económico esperado para la primera mitad del año (9,1%), es significativamente mayor que lo proyectado en el informe de abril (7,1%), signo de una economía más dinámica que se recuperaría más rápido de lo previsto. Desde finales de 2020 las diferentes cifras de actividad económica han mostrado un crecimiento mayor que el esperado. Esto sugiere que los efectos negativos sobre el producto de las recurrentes olas de contagio estarían siendo cada vez menos fuertes y duraderos. No obstante, la tercera ola de contagio del Covid-19, y en mayor medida los bloqueos a las vías y los problemas de orden público, habrían generado una caída del PIB durante el segundo trimestre, frente al primero. Pese a lo anterior, los datos del índice de seguimiento a la economía (ISE) de abril y mayo han resultado mayores que lo esperado, y las nuevas cifras de actividad económica sectoriales sugieren que el impacto negativo de la pandemia sobre el producto se sigue moderando, en un entorno de menores restricciones a la movilidad y de mayor avance en el ritmo de vacunación. Los registros de transporte de carga (junio) y la demanda de energía no regulada (julio), entre otros, indican una recuperación importante después de los bloqueos en mayo. Con todo lo anterior, el incremento anual del PIB del segundo trimestre se habría situado alrededor del 17,3 % (antes 15,8 %), explicado en gran parte por una base baja de comparación. Para todo 2021 el equipo técnico incrementó su proyección de crecimiento desde un 6 % hasta el 7,5 %. Este pronóstico, que está rodeado de una incertidumbre inusualmente elevada, supone que no se presentarán problemas de orden público y que posibles nuevas olas de contagio del Covid-19 no tendrán efectos negativos adicionales sobre la actividad económica. Frente al pronóstico del informe pasado, la recuperación de la demanda externa, los niveles de precios de algunos bienes básicos que exporta el país y la dinámica de las remesas de trabajadores han sido mejores que las esperadas y seguirían impulsando la recuperación del ingreso nacional en lo que resta del año. A esto se sumaría la aún amplia liquidez internacional, la aceleración en el proceso de vacunación y las bajas tasas de interés, factores que continuarían favoreciendo la actividad económica. La mejor dinámica del primer semestre, que llevó a una revisión al alza en el crecimiento de todos los componentes del gasto, continuaría hacia adelante y, antes de lo esperado en abril, la economía recuperaría los niveles de producción de 2019 a finales de 2021. El pronóstico continúa incluyendo efectos de corto plazo sobre la demanda agregada de una reforma tributaria de magnitud similar a la proyectada por el Gobierno. Con todo eso, en el escenario central de este informe, el pronóstico de crecimiento para 2021 es del 7,5 % y para 2022 del 3,1 %. A pesar de esto, el nivel de la actividad económica seguiría siendo inferior a su potencial. La mejora en estas proyecciones, sin embargo, está rodeada de una alta incertidumbre. En junio la inflación anual (3,63 %) aumentó más de lo esperado debido al comportamiento del grupo de alimentos, mientras que la inflación básica (1,87 %) fue similar a la proyectada. En lo que resta del año el mayor nivel del IPC de alimentos persistiría y contribuiría a mantener la inflación por encima de la meta. A finales de 2022 la inflación total y básica retornarían a tasas cercanas al 3 %, en un entorno de desaceleración del IPC de alimentos y de menores excesos de capacidad productiva. En los meses recientes el aumento en los precios internacionales de los fletes y de los bienes agrícolas, y las mayores exportaciones de carne y el ciclo ganadero han ejercido presiones al alza sobre el precio de los alimentos, principalmente de los procesados. A estas fuerzas persistentes se sumaron los bloqueos de las vías nacionales y los problemas de orden público en varias ciudades registrados en mayo y parte de junio, los cuales se reflejaron en una fuerte restricción en la oferta y en un aumento anual no esperado del IPC de alimentos (8,52 %). El grupo de regulados (5,93 %) también se aceleró, debido a la baja base de comparación en los precios de la gasolina y a la disolución de parte de los alivios a las tarifas de servicios públicos otorgados en 2020. Como se proyectaba, la inflación SAR repuntó al 1,87 %, debido a la reactivación de los impuestos indirectos de algunos bienes y servicios eliminados un año atrás, y por las presiones al alza que ejercieron los alimentos sobre las comidas fuera del hogar (CFH), entre otros. En lo que resta del año se espera que el aumento en los alimentos perecederos se revierta, siempre y cuando no se registren nuevos bloqueos duraderos a las vías nacionales. El mayor nivel de precios de los alimentos procesados persistiría y contribuiría a mantener la inflación por encima de la meta a finales de año. La inflación SAR continuaría con una tendencia creciente, en la medida en que los excesos de capacidad productiva se sigan cerrando y registraría un aumento transitorio en marzo de 2022, debido principalmente al restablecimiento del impuesto al consumo en las CFH. Con todo esto, para finales de 2021 y 2022 se estima una inflación total del 4,1 % y 3,1 %, y una inflación básica del 2,6 % y 3,2 %, respectivamente. El comportamiento conjunto de los precios del IPC SAR, junto con continuas sorpresas al alza en la actividad económica, son interpretados por el equipo técnico como señales de amplios excesos de capacidad productiva de la economía. Estos persistirían en los siguientes dos años, al final de los cuales la brecha del producto se cerraría. El mayor crecimiento económico sugiere una brecha del producto menos negativa que la estimada hace un trimestre. Sin embargo, el comportamiento de la inflación básica, especialmente en servicios, indica que el PIB potencial se ha recuperado de forma sorpresiva y que los excesos de capacidad siguen siendo amplios, con una demanda agregada afectada de forma persistente. Esta interpretación encuentra soporte en el mercado laboral, en donde persiste un desempleo alto y la recuperación de los empleos perdidos se estancó. Adicionalmente, los aumentos en la inflación en buena medida están explicados por choques de oferta y de costos y por la disolución de algunos alivios de precios otorgados un año atrás. Los pronósticos de crecimiento y de inflación descritos son coherentes con una brecha del producto que se cierra más rápido y es menos negativa en todo el horizonte de pronóstico con respecto al informe de abril. No obstante, la incertidumbre sobre los excesos de capacidad es muy alta y es un riesgo sobre el pronóstico. Las perspectivas de las cuentas fiscales de Colombia se deterioraron, Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) y Fitch Ratings (Fitch) redujeron su calificación crediticia, los bloqueos y problemas de orden público afectaron el producto y el país enfrentó una nueva ola de contagios de Covid-19 más acentuada y prolongada que las pasadas. Todo lo anterior se ha reflejado en un aumento de las primas de riesgo y en una depreciación del peso frente al dólar. Esto ha ocurrido en un entorno favorable de ingresos externos. Los precios internacionales del petróleo, del café y de otros bienes básicos que exporta el país aumentaron y han contribuido a la recuperación de los términos de intercambio y del ingreso nacional, y han mitigado las presiones al alza sobre las primas de riesgo y la tasa de cambio. En el presente informe se incrementó el precio esperado del petróleo para 2021 a USD 68 por barril (antes USD 61 bl) y para 2022 a USD 66 bl (antes USD 60 bl). Esta mayor senda presenta una convergencia hacia precios menores que los observados recientemente, como resultado de una mayor oferta mundial esperada de petróleo, la cual más que compensaría el incremento en la demanda de este bien básico. Por ende, se supone que el aumento reciente de los precios tiene un carácter transitorio. En el escenario macroeconómico actual se espera que las condiciones financieras internacionales sean algo menos favorables, a pesar de la mejora en los ingresos externos por cuenta de una mayor demanda y unos precios del petróleo y de otros productos de exportación más altos. Frente al informe de abril el crecimiento de la demanda externa fue mejor que el esperado, y las proyecciones para 2021 y 2022 aumentaron del 5,2 % al 6,0 % y del 3,4 % al 3,5 %, respectivamente. En lo corrido del año las cifras de actividad económica muestran una demanda externa más dinámica de la esperada. En los Estados Unidos y China la recuperación del producto ha sido más rápida que la registrada en los países de la región. En estos últimos la reactivación económica ha estado limitada por los rebrotes del Covid-19, las limitaciones en la oferta de vacunas y el poco espacio fiscal para enfrentar la pandemia, entre otros factores. La buena dinámica en el comercio externo de bienes se ha dado en un entorno de deterioro en las cadenas de valor y de un aumento importante en los precios de las materias primas y en el costo de los fletes. En los Estados Unidos la inflación sorprendió al alza y su valor observado y esperado se mantiene por encima de la meta, al tiempo que se incrementó la proyección de crecimiento económico. Con esto, el inicio de la normalización de la política monetaria en ese país se daría antes de lo proyectado. En este informe se estima que el primer incremento en la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos se dé a finales de 2022 (antes del primer trimestre de 2023). Para Colombia se supone una mayor prima de riesgo frente al informe de abril y se sigue esperando que presente una tendencia creciente, dada la acumulación de deuda pública y externa del país. Todo esto contribuiría a un incremento en el costo del financiamiento externo en el horizonte de pronóstico. La postura expansiva de la política monetaria sigue soportando unas condiciones financieras internas favorables. En el segundo trimestre la tasa de interés interbancaria y el índice bancario de referencia (IBR) se han mantenido acordes con la tasa de interés de política. Las tasas de interés promedio de captación y crédito continuaron históricamente bajas, a pesar de algunos incrementos observados a finales de junio. La cartera en moneda nacional detuvo su desaceleración anual y, entre marzo y junio, el crédito a los hogares se aceleró, principalmente para compra de vivienda. La recuperación de la cartera comercial y de los desembolsos a ese sector fue importante, y se alcanzó de nuevo el elevado saldo observado un año atrás, cuando las empresas requirieron niveles significativos de liquidez para enfrentar los efectos económicos de la pandemia. El riesgo de crédito aumentó, las provisiones se mantienes altas y algunos bancos han retirado de su balance una parte de su cartera vencida. No obstante, las utilidades del sistema financiero se han recuperado y sus niveles de liquidez y solvencia se mantienen por encima del mínimo regulatorio. A partir de este informe se implementará una nueva metodología para cuantificar y comunicar la incertidumbre que rodea los pronósticos del escenario macroeconómico central, en un entorno de política monetaria activa. Esta metodología se conoce como densidades predictivas (DP) y se explica en detalle en el Recuadro 1. Partiendo del balance de riesgos que contiene los principales factores que, de acuerdo con el juicio del equipo técnico, podrían afectar a la economía en el horizonte de pronóstico, la metodología DP produce distribuciones de probabilidad sobre el pronóstico de las principales variables (v. g.: crecimiento, inflación). Estas distribuciones reflejan el resultado de los posibles choques (a variables externas, precios y actividad económica) que podría recibir la economía y su transmisión, considerando la estructura económica y la respuesta de política monetaria en el futuro. En este sentido, permiten cuantificar la incertidumbre alrededor del pronóstico y su sesgo. El ejercicio DP muestra un sesgo a la baja en el crecimiento económico y en la brecha del producto, y al alza en la inflación. El balance de riesgos indica que las disyuntivas para la política monetaria serán potencialmente más complejas que lo contemplado en el pasado. Por el lado de las condiciones de financiamiento externo, se considera que el mayor riesgo es que se tornen un poco menos favorables, en un escenario en el cual la Reserva Federal de los Estados Unidos incremente con mayor prontitud su tasa de interés. Esto último, ante un crecimiento económico y del empleo mayor que el esperado en los Estados Unidos que genere presiones significativas sobre la inflación de ese país. A esto se suma la incertidumbre sobre el panorama fiscal en Colombia y sus efectos sobre la prima de riesgo y el costo del financiamiento externo. En el caso del crecimiento, la mayoría de los riesgos son a la baja, destacándose los efectos de la incertidumbre política y fiscal sobre las decisiones de consumo e inversión, la aparición de nuevas olas de contagio de la pandemia del Covid-19 y sus impactos sobre la actividad económica. En el caso de la inflación, se incorporó el riesgo de una mayor persistencia de los choques asociados con la disrupción de las cadenas de valor, mayores precios internacionales de las materias primas y de los alimentos, y una recuperación más lenta que la esperada de la cadena agrícola nacional afectada por los pasados bloqueos a las vías. Estos riesgos presionarían al alza principalmente los precios de los alimentos y de los bienes. Como principal riesgo a la baja se incluyó un alza de los arriendos menor que el esperado en el escenario central, explicada por una demanda débil y por una mayor oferta en 2022 dadas las altas ventas de vivienda observadas en el presente año. Con todo, el crecimiento económico presenta un sesgo a la baja y, con el 90 % de confianza, se encontraría entre un 6,1 % y 9,1 % para 2021 y entre el 0,5 % y 4,1 % para 2022. La brecha del producto tendría un sesgo a la baja, principalmente en 2022. El sesgo de la inflación es al alza, y se encontraría entre el 3,7 % y 4,9 % en 2021, y el 2,2 % y 4,7 % en 2022, con un 90 % de probabilidad. 1.2 Decisión de política monetaria En las reuniones de junio y julio la JDBR decidió mantener la tasa de política monetaria inalterada en 1,75 %.

La dinámica de los principales mercados en los que el sistema financiero participa (e.g. crédito, depósitos y administración de fondos, entre otros) se encuentra estrechamente vinculada al comportamiento del sector de hogares, dado su papel preponderante en cada uno de estos. Teniendo en cuenta lo anterior y la ocurrencia de episodios de alto crecimiento en el crédito dirigido a este segmento de la economía, se introduce este Informe de periodicidad anual que ofrece un análisis de la evolución de los principales rubros del balance financiero de los hogares de manera regular y ofrece una valoración de sus potenciales implicaciones sobre el sistema financiero. Este Informe emplea la información de Cuentas Financieras Nacionales discriminando por sector institucional que se generan del trabajo conjunto adelantando desde 2016 entre el DANE y el Banco de la República, junto al apoyo de la Cooperación Económica de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO), financiado por el Gobierno de Suiza y el apoyo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI). En particular, esta fuente de informaci´on tiene frecuencia anual entre 2005 y 2016 y a partir de esa fecha se presenta de manera trimestral.

El mercado de criptoactivos ha experimentado un notable crecimiento en los últimos años, acompañado de grandes fluctuaciones en su valor. Esta expansión, junto con su creciente integración en los sistemas financiero y monetario, ha incrementado los potenciales riesgos para la economía en su conjunto. Sin embargo, el seguimiento de esta actividad no resulta sencillo dada la naturaleza descentralizada de sus operativas y la ausencia de requerimientos de reporte sobre las operaciones. Para comprender mejor los datos disponibles sobre criptoactivos, en este trabajo analizamos las diferentes fuentes de información centradas en Bitcoin, el criptoactivo más conocido. Analizamos dos tipos de datos. Por un lado, los datos directos, es decir, los procedentes de la cadena de bloques Bitcoin, y por otro, los datos de terceros, obtenidos de plataformas de intercambio, agregadores de información y empresas de servicios especializados. Exponemos las ventajas y las limitaciones de ambos tipos datos en lo que respecta a temas de interés para las autoridades financieras. Si bien el análisis de la cadena de bloques tiene la ventaja de ser público y fiable, para abordar temas como el lavado de dinero o la estabilidad financiera es necesario emplear datos adicionales de terceros, con los riesgos asociados que ello implica.

Resulta ampliamente reconocido que el cambio climático y el financiamiento están estrechamente relacionados, y que se requieren más fondos pero que también es preciso adoptar una nueva mirada. Pensar el problema del financiamiento “verde” de manera aislada no sirve. Resulta imperioso repensar el financiamiento como parte integral de un nuevo modelo de producción e inserción global. Ello implica aproximarse de forma diferente al crecimiento, de modo que se busque generar valor desde otra perspectiva. Transformar las finanzas supone modificar el régimen de inversión extranjera vigente. Además, resulta esencial repensar el rol de la inversión en el desarrollo económico y social, abandonando la idea de que cualquier aumento del PIB es exitoso sin importar el costo. Se requiere otro enfoque, superar el dilema de un horizonte bloqueado, que se asocia al cortoplacismo que caracteriza al sistema financiero actual. Debemos observar las necesidades de financiamiento ligadas al combate del cambio climático, pero también a los costos financieros de la inacción. Manejar la incertidumbre en el contexto actual requiere un cambio metodológico, que reconozca la imposibilidad de determinar a ciencia cierta cuáles son los peligros que conlleva la inacción. Pero que también condene aquellas acciones que perpetúan un modelo energético anclado en el pasado, junto con el financiamiento que lo hace factible. La interacción entre cambio climático y macroeconomía ya no puede soslayarse; ello obliga a evaluar una serie de propuestas políticas en discusión. Si tras la crisis surgió la necesidad de preservar la estabilidad financiera, las autoridades monetarias comienzan ahora a introducir nuevas regulaciones para impedir la irrupción de riesgos ligados al cambio climático. Independientemente de las ideas e instrumentos que se proponen en los países desarrollados, resulta imprescindible reconocer la especificidad de América Latina, y la visión particular que debería adoptarse en el análisis de la interacción entre política macroeconómica y cambio climático.