Dissertations / Theses on the topic 'Ministerio de Justicia de la Nación'

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
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La correspondencia analizada, escrita a pluma, contiene una importante diversidad de temas, muchos de los cuales son comprensibles de su sola lectura. Otros son parte de hechos más prolongados, cuyo material fue necesario ordenar y clasificar tratando de darle la unidad y coherencia que tuvieron cuando sucedieron , pues con el tiempo quedó de ellos sólo una impresión global, y lejana, insuficiente para enfrentar un trabajo como el propuesto.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
El esquema de trabajo contempla cinco capítulos de desarrollo de la materia para finalizar con la exposición de las conclusiones. El primer capítulo explica la relevancia de la protección del derecho de acceso, expone una crítica a la técnica legislativa del doble articulado utilizada en esta normativa, y en general contextualiza el marco regulatorio expuesto por dicha ley. El segundo, tercer y cuarto capítulo, tratan cada uno en forma separada el Régimen Especial de Transparencia que rige al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional y al Tribunal Calificador de Elecciones, respectivamente. Cada uno de estos capítulos incluye la exposición del marco normativo de transparencia aplicable, un análisis de transparencia activa, un análisis de transparencia pasiva, y una descripción y crítica de las respectivas acciones legales. Finalmente, el capítulo quinto de esta tesis tiene como objetivo dar cuenta de los estándares de transparencia exigidos por el derecho internacional y la experiencia comparada. En resumen, en atención a la importancia del derecho fundamental de acceso a la información pública y a la obligación impuesta por la Constitución a todos los órganos del Estado de respetar y garantizar este derecho, esta memoria tiene como propósito realizar un análisis completo de estos regímenes especiales de transparencia, con la finalidad de examinarlos y verificar si su regulación especial encuentra una legítima justificación y si contribuye o no a dar un real cumplimiento y protección del derecho de acceso a la información, en conformidad a lo dispuesto por nuestra Carta Fundamental y los estándares de transparencia del derecho internacional

No autorizada por el autor para ser publidada a texto completo
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
Mucho se discute sobre el sentido genuino de la celebración del bicentenario de la Independencia. Para unos, la Junta tiene en cierto modo un sentido fundacional. Olvidan que Chile, si es que no el Estado mismo, con su constitución jurisdiccional e instituciones fundamentales, se remontan al siglo XVII. Dentro de este marco aparece el Fiscal de la Real Audiencia, oficio cuyo origen más remoto se encuentra en la Roma del ius civile, e inmediato en la Europa del utrumque ius, y de éste al Estado indiano y finalmente a las constituciones y códigos decimonónicos. Esta historia es la que queremos abordar aquí. En este contexto, y de acuerdo a lo planteado por algunos historiadores , el origen del Estado de Chile, con el de sus principales instituciones, conformadas por el Presidente, el Ejército, la Judicatura y el Pueblo, se remontan y comienzan a afianzarse desde fines del siglo XVI y principios del XVII. Y es que a través de sus naturales cambios y proyecciones, siempre se dejaran entrever, con mayor o menor claridad, sus matrices iniciales. Esta aseveración nos permite mirar al bicentenario no sólo como una fecha de celebraciones, sino como una verdadera instancia de reflexión en torno a los orígenes de nuestro país, su identidad, su territorio, su patria y, especialmente, sus instituciones y los hombres encargados de servirlas. Tal es el caso de la Judicatura, y en lo que será el objeto fundamental de estudio para esta memoria de prueba, de los Fiscales, a partir de su inicio como oficio hasta su consagración institucional, como parte integrante del Poder Judicial. En ese sentido, el entendimiento de la trayectoria institucional de la Judicatura supone conocer, con la mayor exactitud posible, a quienes la han servido desde sus inicios hasta nuestros días. En tal dirección se enmarca el presente trabajo, bajo la reserva de ser los primeros puntales para un próximo estudio, más acabado y exhaustivo, del Ministerio Público y sus integrantes

El presente trabajo contiene tablas y jurisprudencias.
A lo largo de la historia, la solución de los conflictos, en su mayoría, se ha distinguido por la intervención de un tercero ajeno, quien emite una decisión mediante la cual se pone fin al problema, siendo aceptada por los contendientes. Cuando aparecen órganos como implementación del Estado para dirimir conflictos, surge también la necesidad de que sus sentencias se conviertan en instrumentos referenciales a los gobernados, como base de subsecuentes decisiones; aquí, emerge uno de los temas centrales del presente trabajo, la jurisprudencia. Así, el estudio del trabajo de investigación es analizar la eficacia de los Plenos de Circuito, como órganos emisores de jurisprudencia, sin soslayar, precisamente la materia base de su creación, es decir, la conformación de criterios interpretativos y la forma en que impactan en la administración de justicia.

En resumen, la claridad en las sentencias no está dada como una propiedad exclusivamente vinculada a su redacción pues intervienen los factores de insumo legislativo y los conocimientos previos de los lectores. En el fondo, hay un problema de cultura jurídica y de orden estructural para el Estado cuya obligación es establecer políticas en la materia que fortalezcan el conocimiento de las leyes. Segunda cuestión: la sencillez es la tendencia que se debe seguir en la elaboración de una sentencia constitucional. La Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico en España ha señalado que hay un derecho a comprender el derecho como garantía de accesibilidad a la justicia, lo cual implica que aun cuando los consumidores naturales de las sentencias sean los abogados, ello de ninguna forma debe confundirse con la verdadera razón por la cual se elabora una sentencia: decirle a una persona o grupo de personas con claridad las razones por las cuales un tribunal toma una decisión. En un Estado Constitucional, las decisiones del poder público deben ser comprendidas por la ciudadanía para que pueda juzgar sobre la legitimidad. Las sentencias de la SCJN, más que ninguna otra en México, tienen una vocación social, en ellas se resuelven temas sensibles para todos y con gran impacto en la vida personal, familiar, laboral, económica y colectiva. Debe ser esta una razón suficiente para conducir los esfuerzos a elaborar sentencias democratizadas por medio de la sencillez del texto. Si algo puede hacer el juez constitucional en favor de la claridad es, además de redactar muy bien, minimizar la complejidad intertextual, que es un componente característico de la sentencia, pero no debe ser ocupada, en ocasiones inconscientemente, para ocultar las razones de calidad que sustentan la decisión. En los tribunales colegiados de circuito y en los juzgados de distrito hay una preocupación constante porque sus decisiones pueden ser revocadas por un tribunal superior lo cual provoca que en sus decisiones haya una excesiva intertextualidad en la creencia que ésta es sinónimo de exhaustividad. Pero en el caso de la SCJN, órgano de última decisión en la jurisdicción interna, no se puede conceder que la argumentación tenga como fundamento central la intertextualidad debido a que sus decisiones no se pueden ver afectadas por impugnaciones de legalidad. Esto quiere decir que las razones que sustentan la decisión de la SCJN solo deben procurar legitimarse entre la sociedad. El problema entonces consiste en la argumentación jurídica y su papel dentro la legitimación judicial, pues pareciera ser que esto significa presentar sentencias apoyadas en numerosos documentos, en reforzar constantemente la idea principal, en señalar que se tomaron en cuenta muchas tesis y jurisprudencias, lo cual produce una recargada intertextualidad. Por ejemplo, en el caso de la Sentencia A ¿en verdad era necesario citar textualmente doce párrafos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos48 para señalar que un juez militar es incompetente para juzgar y sancionar a militares que trasgredieron los derechos humanos de personas civiles? Parece no haber una mejor forma de dar razones con calidad, que operar según como la tradición jurídica lo ha marcado. Al igual que René Descates en sus Meditaciones metafisicas, en México debemos detenernos en algún momento a revisar la historia jurídica y constitucional y dudar de lo que se ha hecho, si se desea conocer lo que verdaderamente es argumentar. Tercera cuestión: En el lenguaje especializado del derecho, debe haber claridad técnica. A propósito de la modernización del lenguaje jurídico en diferentes países, hay voces que sin oponerse a esta tarea añaden la importancia de mantener los términos técnicos. Gardener planteó que las reformas buscan generar mayores grados de claridad en el texto, pero que sacrifican una claridad moral, por lo que los términos técnicos deben ser tolerados. Mientras que Calvo Ramos señaló que «trasladar las palabras de un campo a otro, sin más, hace decir a las palabras lo que no dicen, es decir, las falsea». En este sentido, es indudable que hay conceptos, términos y expresiones insustituibles con significado para los juristas y que difícilmente podrían ser dichas de manera llana al lenguaje común. Sin olvidar que el lenguaje en el derecho permanentemente se está construyendo. Por tal razón, la tesis constitutiva del derecho como lenguaje tiene razón en sostener que hay términos propios que se crean y desarrollan entre la comunidad jurídica y que para ella tienen una significación particular. Estos fenómenos que poco pueden favorecer para que el ciudadano tenga un entendimiento sobre las decisiones, en realidad son necesarios para continuar con el funcionamiento del sistema jurídico, de otra manera habría discordancias entre las decisiones judiciales y la realidad, además de producir vaguedad en el lenguaje. En estas condiciones no es conveniente el sacrificio de los términos técnicos. La SCJN constantemente usa términos construidos desde el propio tribunal, adopta expresiones provenientes de otros Tribunales e, incluso, es de las materias que más frecuentemente extrae, desde la dogmática, categorías jurídicas que le permiten explicar sus decisiones. De alguna forma el conjunto de sus decisiones en una época forma una teoría constitucional. Estas construcciones teóricas recuerdan que el Estado Constitucional se conforma por instituciones y por profesionales del derecho encargados de garantizar la aplicación de la legislación y del bloque constitucional. En el fondo, es necesario utilizar un lenguaje especializado para mantener la estabilidad del sistema jurídico; pero debe estar revestido de claridad técnica que permita una comunicación efectiva entre juristas.
El presente escrito considera que la claridad en el lenguaje es un valor del sistema jurídico y una garantía del Estado Constitucional y de Derecho; analiza las principales posturas de las disciplinas que han abordado la relación entre el lenguaje y el derecho: el lenguaje como una herramienta del derecho (instrumentalista) y el derecho como una forma especial de lenguaje (constitutiva). A partir de los postulados de ambos enfoques, el artículo explica cinco elementos que influyen en la claridad de las sentencias elaboradas por el máximo órgano de justicia en México: la institucionalidad de los textos, la intertextualidad, la indeterminación del lenguaje jurídico, lo inacabado del lenguaje en el derecho y lo insustituible de algunos términos jurídicos; cada uno de ellos es ilustrado con fragmentos de tres relevantes amparos en materia de derechos humanos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México.

Determina como la no implementación de la administración del riesgo se constituiría en una limitante para la adecuada implementación del sistema de control interno. Como resultado final se obtuvo que la rotación de funcionarios de la alta dirección tenga un efecto negativo en el proceso de implementar la administración de riesgos y por ende del sistema de control interno Esta problemática es altamente probable en otras entidades gubernamentales, por lo que se propone un modelo que tiene tres fases o etapas que pueden ayudar a que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, así como otras entidades gubernamentales puedan implementar de manera adecuada y eficiente la administración de riesgos (entiéndase componente evaluación de riesgos), y derivar en un sistema de control interno de esta manera lograr el objetivo que el estado administre de manera eficiente sus recursos y luche contra la corrupción.
Tesis

"Las acciones colectivas en México, desde la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Estudio de casos", se trata de una investigación científica, actual, relevante social y juridicamente, novedosa, original e inédita.
En el presente artículo se analizan las acciones colectivas en México, en el periodo de marzo de 2012 a agosto de 2017; a través de un enfoque fáctico y del estudio específico de tres asuntos que conoció y resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de determinar si el ordenamiento jurídico mexicano en materia de acciones colectivas, permite la justiciabilidad de los derechos o intereses difusos, colectivos e individuales de incidencia colectiva, resultantes de los derechos económicos sociales y culturales, así como, si la interpretación en la materia por parte del Tribunal Supremo garantiza el derecho humano de acceso a la justicia.

La Oficina General de Administración del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (OGA-Minjus) es una unidad ejecutora del sector Justicia, depende jerárquicamente de la Secretaría General según su reciente Reglamento de Organización y Funciones (ROF) (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos [Minjus] 2012), donde se detallan sus funciones, y se indica que es el órgano de apoyo responsable de gestionar los sistemas administrativos de abastecimiento, tesorería y contabilidad, así como de asuntos documentarios, gestión de inversiones y de la ejecución coactiva. Los proyectos que ha venido ejecutando la OGA-Minjus, en su mayoría, son para la defensa pública y acceso a la justicia. Según la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2018-2020, uno de los servicios que brinda el Minjus es el servicio de acceso a la justicia, a través de sus sub servicios: i) defensa pública (materia penal, familia, civil y laboral); ii) asesoría legal gratuita; y iii) conciliación extrajudicial gratuita (Minjus 2017a). Sin embargo, este desempeño en cuanto a su nivel de gasto de inversión (ejecución) está por debajo del promedio del sector justicia y del gobierno nacional, motivo por el cual la presente investigación analiza cuáles son los principales factores que ocasionan este bajo desempeño, y se realiza una propuesta de mejora para la gestión de la inversión pública de dicha oficina. Se ha considerado un horizonte de análisis que incluye los años 2012 a 2016, tiempo en el cual se formularon y se han venido ejecutando un total de 15 proyectos de inversión pública, por un monto total acumulado de S/ 15.010.916, siendo el monto de inversión promedio por proyecto de S/ 1.000.727.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
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El nuevo sistema de justicia penal introdujo vías alternativas de solución a los conflictos penales. En este sentido, las salidas alternativas son herramientas que tiene el Estado para suspender la función persecutora, renunciando al juicio penal respectivo. La acogida de estas salidas por parte de los Tribunales se ha evidenciado en la aplicación de estos mecanismos en un sinnúmero de casos de diversa naturaleza, tales como aquellos que dicen relación con delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar, en el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, en causas relacionadas con delitos económicos y de corrupción, entre otros. Así las cosas, las salidas alternativas se constituyen como una solución rápida y eficaz del conflicto penal. En general, la aplicación de las salidas alternativas resulta pertinente e idónea en un gran número de casos, sin embargo ha sido ampliamente discutido su uso en cierto tipo de delitos en atención a la gravedad y trascendencia de los hechos y personas involucradas. Un claro ejemplo de ello es lo que sucede en el ámbito de los delitos de corrupción; este tipo de ilícitos ha adquirido gran relevancia en los últimos años por la cantidad, complejidad y exposición pública que traen aparejados los mismos, además, por sus características particulares, y a pesar de no ser un fenómeno exclusivo del sector público, estos hechos no sólo menoscaban las bases del sistema político imperante, sino que también producen un gran impacto en la sociedad y socavan las instituciones que sustentan el régimen democrático. El objetivo por tanto de este trabajo es analizar la utilización de cada salida alternativa en los distintos tipos de delitos relacionados a la corrupción y el rol que cumplen en su aplicación ciertos intervinientes procesales, desde una perspectiva crítica

Publicación a texto completo no autorizada por el autor
Busca construir relaciones duraderas entre los usuarios y la dirección o gerencia de sistemas, mediante la comprensión de las necesidades y preferencias del área usuaria, para así aportar al desarrollo de la organización y sea identificada por la ciudadanía. En esta nueva era de la globalización, las entidades públicas y privadas saben que el verdadero motor del negocio y de su permanencia es el usuario y el cómo llegar a conocerlos realmente, es por ello que se aplica la Norma ISO como una estrategia de negocio, el cual, a través de los procesos de autoevaluación y autorregulación, constituyen mayor beneficio a la organización, teniendo como protagonista principal al usuario, situándolo en el centro de la organización. En el Perú existen pocas organizaciones que cuentan con la Norma ISO 9001 en sus procesos y es fin de la presente tesina fundamentar que la Norma mencionada, ayuda a tomar decisiones a la Dirección en referencia a la valoración de la calidad de la información, tomando como sujeto de estudio el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación, que requiere una propuesta innovadora de implementación ISO.

El documento digital no refiere asesor
Publicación a texto completo no autorizada por el autor
Expone la sistematización de la experiencia profesional obtenida en el Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia para la Mejora de los Servicios Brindados a la Población Peruana (PMSAJ), órgano dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el período establecido entre julio del 2012 a febrero del 2013. El presente estudio trata acerca de la creación de una marca institucional, de un logotipo institucional así como también el de crear, diseñar y desarrollar un Manual de identidad Corporativa para el uso del logotipo, en un organismo adscrito al MINJUS como es el Programa Modernización del Sistema de Administración de Justicia (PMSAJ).
Trabajo de suficiencia profesional

En la presente investigación se llevará a cabo el análisis de la correcta aplicación del Principio del Interés Superior del Menor, con la finalidad de prevenir que se sigan cometiendo delitos en su persona y evitar que se sigan violando sus derechos fundamentales establecidos tanto en la legislación nacional como en ordenamientos e instrumentos jurídicos internacionales. La presente investigación se centra en estudiar el Principio de Interés Superior del Menor, desde sus antecedentes, desentrañando sus orígenes en ordenamientos jurídicos tanto nacionales como internacionales. En este sentido, el interés superior del menor se centra en el estudio del Derecho de familia, por lo que se analizaran las condiciones bajo las cuales se encuentra el menor respecto a los derechos humanos, a fin de que el menor sea tratado con dignidad durante su desarrollo, por lo que se examinaran los derechos fundamentales con los que cuentan niñas, niños y adolescentes, como la vida, salud, integridad y educación, así como las violaciones a las que se enfrentan y generar conciencia en la exacta aplicación del principio en estudio. Por último, se llevará a cabo el análisis de un caso en concreto en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México tuvo a bien examinar mediante el juicio de amparo indirecto para determinar cuál interés tiene más valor, si los derechos de los padres a ejercer su derecho de libertad religiosa o salvaguardar la vida y salud de una menor.

El estudio de las dificultades en la implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal como consecuencia del problema de diseño de la política pública y de falta de cooperación Institucional, constituyen el tema de interés central de la tesis. La importancia del tema radica en dos aspectos; el primero en cuanto nos permite conocer que, en el país no se ha implementado una reforma integral del sistema procesal conforme lo recomienda la doctrina y la experiencia de éxito en la región (Chile y Colombia), sino que, según las evaluaciones efectuadas por comisiones nombradas para tal fin, solamente se trató de un relevo normativo que generó una brecha en el proceso de implementación de la reforma y; el segundo aspecto, que estos problemas son una constante en la implementación de políticas públicas en el país. La metodología de estudio se sustenta en una investigación causal, cualitativa, para ello se ha hecho una revisión de todas las fuentes documentales que dan fe de como evolucionó el proceso, el aporte de la doctrina y la experiencia comparada, así como entrevistas a los actores mas importantes de la reforma procesal. El aporte del estudio se argumenta en la propuesta de replantear la elaboración de políticas Públicas en el país con un abordaje más integral, considerando todos los elementos que concurren en la dinámica de este trabajo, que permita un proceso de implementación más y mejor pensado en el logro de los objetivos que en el caso concreto se persigue.
The study of the difficulties in the implementation of the Reform of the Criminal Justice System as a consequence of the problem of public policy design and the lack of institutional cooperation are the central topic of the thesis. The importance of the theme lies in two aspects; The first one insofar as it allows us to know that in the country a comprehensive reform of the procedural system has not been implemented as recommended by the doctrine and experience of success in the region (Chile and Colombia), but according to the evaluations carried out by commissions Appointed for this purpose, was only a regulatory change that generated a gap in the process of implementation of the reform and; The second aspect is that these problems are a constant in the implementation of public policies in the country. The study methodology is based on a qualitative, causal investigation. For this purpose, a review of all the documentary sources has been done, attesting to how the process evolved, the contribution of the doctrine and the comparative experience, as well as interviews with the actors Most important aspects of procedural reform. The contribution of the study is argued in the proposal of rethinking the elaboration of Public policies in the country with a more integral approach, considering all the elements that concur in the dynamics of this work, that allows a process of implementation more and better thought in the Achievement of the objectives that in the specific case is pursued.
Tesis

Describe el proyecto de Desarrollo e implementación del Registro Nacional de Abogados Sancionados (RNAS) en base a la NTP 12207:2006 dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) en el 2017. Este proyecto tiene como finalidad principal en apoyar en la lucha contra la corrupción e incentivar el buen ejercicio de la abogacía a nivel nacional publicando a todos los abogados sancionados por una mala práctica profesional. Para ello el proyecto se basó en la metodología de desarrollo del MINJUSDH la cual está basada en la NTP 12207:2006 así como en la buenas prácticas de desarrollo de software para construir un sistema Web en Java. Los objetivos que se plantearon y que se alcanzaron son analizar, diseñar, construir, probar e implementar el sistema del RNAS para su consulta de libre acceso para el ciudadano.
Trabajo de suficiencia profesional

La desaparición forzada tuvo como principales víctimas a la población rural, campesinos quechuablantes en su mayoría varones, entre los 15 a 35 años como señala el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), la desaparición fue un proceso complejo, iniciado por la detención arbitraria de la víctima generalmente a partir de una incursión violenta en sus domicilios por miembros de las fuerzas del orden que solían operar encapuchados en horas de la madrugada. Luego de ello, una vez trasladados a las bases militares, eran cruelmente torturados, como lo narran quienes se conocen como “reaparecidos” y finalmente en la mayoría de casos ejecutados. Siendo así, durante más de 20 años los familiares de las víctimas de desaparición forzada, han venido buscando justicia y también los restos de sus “desaparecidos”, situación complicada, dolorosa para ellos en tanto en la mayoría de casos no han encontrado una respuesta satisfactoria por parte del Estado peruano. En ese contexto, surgió la necesidad de identificar a las víctimas de desaparición forzada de personas y por ello se creó el primer registro de ausencia por desaparición en el año 2004, posteriormente el registro único de víctimas (RUV), el registro de casos del Ministerio Público, la lista base de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y finalmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Sitios de Entierro- RENADE. Si bien este último 3 debe sistematizar la información de los registros preexistentes, sin embargo, se advierte una coexistencia de registros al continuar los anteriores vigentes. En esa línea de argumentación, la propuesta innovadora consiste en la creación de un sistema nacional de atención y reparación de víctimas de Desaparición Forzada, el cual deberá incluir una plataforma de información o software que permita integrar, desarrollar y consolidar la información de las diferentes entidades que administran registros sobre víctimas de Desaparición Forzada.
Trabajo de investigación

The present interview indicate how the legal tradition inherited Latin America, from Spain and France, has been changing being as in the Latin tradition the judge’s role has been subordinated to political power, unlike other countries. Thus it is arises the motivations to start and continue, in many cases, with the reform of the justice system, where what is needed is a set of actors that define and carry out this reform.
La presente entrevista busca mostrar cómo la tradición jurídica que hereda América Latina, proveniente de España y Francia, ha ido cambiando puesto que en la tradición Hispanoamérica el papel del juez se ha visto subordinado al del poder político a diferencia de otros países. Es así que surgen las motivaciones para empezar y continuar, en muchos casos, con la reformar del sistema de justicia, donde lo que se necesita es un conjunto de actores que definan y lleven adelante esta reforma.

Con el presente proyecto proponemos una alternativa de mejoramiento en el sistema de justicia en materia administrativa disciplinaria, teniendo en cuenta que, existe una brecha preocupante, que se materializada en la inacción de la última instancia administrativa disciplinaria, el Tribunal de Disciplina Policial con la tardía resolución de expedientes sometidos a su competencia, lo que conlleva a la declaratoria desmedida de caducidad y prescripción. Cuando este debería ser el más idóneo y eficaz por ser la máxima instancia como hemos referido. En el trascurso del estudio, hemos advertido que existe un evidente descontrol por parte del Tribunal de Disciplina Policial respecto a los plazos, así como de la eficiencia y eficacia en la resolución de los casos, muchas veces evidenciado por un aparente exceso y extralimitación de su autonomía tanto funcional como administrativa, que conlleva a que no se ejerza control ni cuestionamiento a la gestión, por ende a sus resultados, lo que menoscaba no sólo el esfuerzo de los entes inferiores, como la Inspectoría General y todos sus órganos, sino también, de todos los efectivos policiales, que perciben negativamente la justicia administrativa disciplinaria; además los resultados podrían ser perjudiciales para la propia ciudadanía ya que esta ineficacia, puede reflejarse, por una parte, al mantener dentro del seno institucional, a efectivos policiales trasgresores de nuestras normas, y por otra parte, afectando los derechos fundamentales de aquellos que esperan justicia, al no haberse determinado plenamente su responsabilidad. Frente a esto se propone un modelo innovador de control, mediante la ampliación de funciones de la Oficina General de Integridad Institucional, a efectos que ejerza control sobre la gestión administrativa del Tribunal de Disciplina Policial, específicamente, sobre el avance y resolución de los expedientes administrativos disciplinarios sometidos a competencia. Precisándose que ambos órganos dependen orgánicamente del Ministro del Interior, y que las funciones de control y supervisión sobre los diversos órganos que conforman ese sector, está ya precisada y normada legalmente a favor de la Oficina General de Integridad Institucional, no existiendo al respecto, disposiciones legales que colisionen o se trasgredan. Además, no se requiere la dación o emisión de normas complejas, siendo únicamente, la vía que consolide una Resolución Ministerial que amplíe las funciones que el caso amerita. Concluimos en que de ejecutarse nuestra propuesta, se reducirá considerablemente la carga procesal administrativa, y se resolverán el mayor número de expedientes dentro de los plazos de ley. Estas acciones de control mejorarán la gestión del Tribunal de Disciplina Policial, así como de su propio personal, a quienes se les comprometerá a ejercen su función a cabalidad, transparencia y sobre todo en el control de resultados, lo que tendrá un impacto positivo en el personal de la PNP y la sociedad en general.

Submitted by ROBERTO DA FREIRIA ESTEVÃO null (roberto_freiria@terra.com.br) on 2017-06-06T21:16:27Z No. of bitstreams: 1 TESE - Direitos humanos no cone sul (Brasil e Argentina) - a herança das ditaduras e a construção do estado democrático de direito na perspectiva da execução penal.pdf: 2116466 bytes, checksum: 6fb8327776f81252ba25b3cff5687c2b (MD5)
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O presente trabalho é fruto de pesquisa relacionada aos períodos das ditaduras e pós-ditaduras no Brasil e na Argentina, com o fim de analisar a movimentação histórica da justiça, especialmente, no Supremo Tribunal Federal e na Corte Suprema de Justicia de la Nación, da Argentina, no que diz respeito aos direitos humanos e fundamentais notadamente na área da execução penal. Os regimes autocráticos e os democráticos sempre propiciam intrigantes questionamentos, pois aqueles, em regra, violam direitos humanos e fundamentais, que deveriam ser respeitados nestes. Porém, nota-se que, no Brasil e na Argentina, durante o período em que ambos estiveram sob ditadura militar, houve nas Cortes Supremas dos dois países decisões que primaram pela efetivação dos direitos humanos e fundamentais dos presos, e, de forma inquietante, na pós-ditadura, há, no STF e na CSJN, posturas retrógradas, de desprestígio a esses direitos. Com a pesquisa, procurou-se entender o porquê dessas movimentações, além de se fazer a apreciação de várias decisões das duas Cortes Supremas em relação aos avanços dos posicionamentos no tocante aos direitos humanos e fundamentais, bem como em matéria de execução penal. No curso dos trabalhos, houve abordagem sobre os regimes políticos e as confusões terminológicas verificadas quanto a esse assunto. Também buscou-se entender as relações existentes entre os regimes políticos e a instituição justiça, com o objetivo de se verificar a influência que nela causam a ditadura e a democracia. E, dos muitos acórdãos do STF e da CSJN levantados, sobreveio a análise dos mais importantes para o fim da pesquisa. Em considerações finais, aponta-se, em especial, que a aproximação entre a justiça e os comandos militares interfere diretamente nas posturas das Cortes Supremas a respeito da garantia dos direitos humanos e fundamentais.
The present work is the result of research related to the periods of dictatorships and postdictatorships in Brazil and Argentina, in order to analyze the historical movement of justice, mainly in the Supreme Federal Court and the Supreme Court of Justice of la Nación, from Argentina , with regard to the human and fundamental rights, notably in the area of criminal enforcement. The Autocratic and democratic regimes always offer intriguing questions, since those, as a rule, violate human and fundamental rights, which should be respected in these ones. However, it is observerd that, in Brazil and Argentina, during the period that prevailed for the realization of the human and fundamental rights of prisoners, and, in a disturbing way, in post-dictatorship, there are in the STF and CSJN retrograde positions, of discrediting these rights. The research sought to understand the reasons for these movements, in addition to assessing various decisions of the two Supreme Courts in relation to advances to the positions on human and fundamental rights, as well as in criminal enforcement issue. In the course of the work there was an approach on the political regimes and the terminological confusions verified on this subject. It also sought to understand the relations between political regimes and the institution of justice, in order to verify the influence of dictatorship and democracy on it. And from the many STF and CSJN judgments raised, the analysis of the most important ones for the end of the research came up. In final considerations, it is pointed out, in particular, that the approximation between justice and military commands interferes directly in the positions of the Supreme Courts regarding the guarantee of human and fundamental rights.

La tesis se encarga de analizar, por un lado, la integración y el desarrollo de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia; y, por otro, los parámetros que constituyen la validez y eficacia del documento electrónico.
La primera cuestión se centra en la configuración de los Sistemas de Información de la Oficina Judicial y del Ministerio Fiscal, así como de la informatización de los Registros Civiles, donde el art. 230 LOPJ es la pieza clave. Se estudian sus programas, aplicaciones, la videoconferencia, los ficheros judiciales y las redes de telecomunicaciones que poseen la cobertura de la firma electrónica reconocida, donde cobran gran relevancia los convenios de colaboración tecnológica. La digitalización de las vistas quizá sea una de las cuestiones con más trascendencia, teniendo en cuenta que el juicio es el acto que culmina el proceso. Aunque no todos los proyectos adoptados en el ámbito de la e.justicia se han desarrollado de forma integral, ni han llegado a la totalidad de los órganos judiciales. El objetivo final es lograr una Justicia más ágil y de calidad, a lo cual aspira el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia 2009-2012 aprobado recientemente.
En referencia a la segunda perspectiva, no cabe duda que el Ordenamiento jurídico y los tribunales, en el ámbito de la justicia material, otorgan plena validez y eficacia al documento electrónico. Nuestra línea de investigación se justifica porque cada vez son más los procesos que incorporan soportes electrónicos de todo tipo, ya sea al plantearse la acción o posteriormente como medio de prueba (art. 299.2 LEC). Entre otros temas examinamos el documento informático, la problemática que rodea al fax, los sistemas de videograbación y el contrato electrónico.
La tesi s'encarrega d'analitzar, per una part, la integració i el desenvolupament de les noves tecnologies dins l´Administració de Justícia; i, per l'altra, els paràmetres que constitueixen la validesa i l'eficàcia del document electrònic.
La primera qüestió es centra en la configuració dels Sistemes d´Informació de l´Oficina Judicial i del Ministeri Fiscal, així com de la informatització dels Registres Civils, on l'art. 230 LOPJ es la peça clau. S'estudien els seus programes, aplicacions, la videoconferència, el fitxers judicials i les xarxes de telecomunicacions que tenen la cobertura de la firma electrònica reconeguda, on cobren gran rellevància els convenis de col·laboració tecnològica. La digitalització de les vistes tal vegada sigui una de les qüestions amb més transcendència, tenint amb compte que el judici es l'acte que culmina el procés. Però no tots el projectes adoptats en l'àmbit de la e.justicia s'han desenvolupat d'una manera integral ni han arribat a la totalitat dels òrgans judicials. L'objectiu final es assolir una Justícia més àgil i de qualitat, al que aspira el Pla Estratègic de Modernització de la Justícia 2009-2012 aprovat recentment.
En referència a la segona perspectiva, no hi ha dubte que l´Ordenament jurídic i els tribunals, en l'àmbit de la justícia material, donen plena validesa i eficàcia al document electrònic. La nostra línia d'investigació es justifica perquè cada vegada son més el processos que incorporen suports electrònics de tot tipus, ja sigui quant es planteja l'acció o posteriorment como a medi de prova (art. 299.2 LEC). Entre altres temes examinem el document informàtic, la problemàtica que envolta al fax, els sistemes de videogravació i el contracte electrònic.
The thesis seeks to analyse, on the one hand, the integration and development of the new technologies in the Administration of Justice; and, on the other, the parameters which constitute the validity and efficiency of the electronic document.
The first question centres on the configuration of the Information Systems of the Judicial Office and the Public Prosecutor, as well as the computerisation of the Civil Registers, where the art. 230 LOPJ it's the part key. Their programmes, applications, the Video Conferencing, the judicial registers and the telecommunication networks which are covered by the recognised electronic signatures, are studied, where the agreements on technological collaboration gain great relevance. The digitalisation of evidence might perhaps be one of the questions with most consequence, bearing in mind that the judgment is the act by which the process is culminated. Although not all the projects adopted within the compass of e.justice have developed completely nor have reached all the judicial organs. The final objective is to achieve an agile, quality Justice, to which the recently approved Strategic Plan for the Modernisation of Justice aspires.
With reference to the second perspective, there is no doubt that the juridical Ordinance and the tribunals within the compass of material justice grant full validity and efficacy to the electronic document. Our line of investigation is justified because there are more and more processes which are sustained by electronic supports of all kinds, whether it be at the establishment of the action or later, as a proof of it (art. 299.2 LEC). Amongst other things, we examine the computerised document, the problems which surround the fax, the systems for video recording and the electronic contract.

The objective of this paper is to analyze the causes and antecedents that have contributed to the fact that, in Argentina, the office of Ombudsman remains vacant. Likewise, the normative origins of the organ are reviewed, in order to understand its value and democratic mission. In the ruling entitled Center for Studies for the Promotion of Equality and Solidarity and Others and the Ministry of Energy and Mining under Collective Protection (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo), issued on August 18, 2016, the Supreme Court of Justice of the Nation exhorted the Congress of the Nation to appoint an Ombudsman in accordance with the provisions conferred on it by article 86 of the National Constitution. The Court’s decision exposed a long-standing legal problem: the absence of an Ombudsman.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar las causas y antecedentes que han contribuido a que, en Argentina, el cargo de Defensor del Pueblo permanezca vacante. Asimismo, repasa los orígenes normativos del órgano, a fin de comprender su valor y misión democrática. En el fallo caratulado Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo, emitido el 18 de agosto de 2016, la Corte Suprema de Justicia de la Nación exhortó al Congreso de la Nación a nombrar un Defensor del Pueblo con arreglo a las disposiciones que le ha conferido el artículo 86 de la Constitución Nacional. La decisión de la Corte expuso una problemática jurídica de larga data: la ausencia de un Defensor del Pueblo.

Práctica Supervisada (IC)--FCEFN-UNC, 2018
Evalúa la capacidad portante de la estructura existente y formula acciones de reparación y refuerzos que pudieran ser necesarios para asegurar su estabilidad y resistencia teniendo en cuenta que formara parte de una nueva construcción con fines de una formación profesional de las fuerzas de seguridad y a nivel de anteproyecto preliminar guiar la solución arquitectónica de la modificación del edificio