Dissertations / Theses on the topic 'Persona jurídica'

El presente tema surge de la necesidad de encontrar en el ordenamiento jurídico nacional, el adecuado respaldo para la protección de los derechos de la persona jurídica en el ámbito constitucional. Esta muchas veces ve afectados sus derechos, debido a que no encuentra otra vía donde acudir, más que el proceso ordinario de la vía judicial, viéndose limitada para defender sus derechos reconocidos en la Constitución. Por ello encontramos crucial esta problemática de integración de la persona jurídica en los procesos constitucionales a partir del reconocimiento explícito del fundamento de atribución de sus derechos regulados en la Constitución. Para llegar a entender que los derechos que se encuentran regulados en la Constitución le son aplicables a la persona jurídica, en virtud de su naturaleza y personalidad jurídica; proponemos en este trabajo la teoría de los derechos constitucionalmente reconocidos de la persona jurídica. Para ello hemos acudido a temas básicos de Derecho Natural, Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho de la Persona Jurídica, con la finalidad de demostrar en qué momento se presenta la diversificación de un Derecho fundamental, de un Derecho constitucionalmente reconocido, entendiendo a este último como atribuible a la persona jurídica y por ende a la debida defensa procesal constitucional de la misma.La importancia que representa un derecho constitucionalmente reconocido en la Constitución es trascendental; debido a que éste, es un derecho propio de la persona jurídica en razón de su naturaleza jurídica, pero que al mismo tiempo se ve reconocido en el ordenamiento jurídico constitucional, esto a pesar de no haber sido regulado para la persona jurídica, sin embargo es factible de ser ejercido por ella en razón de la naturaleza misma del derecho (Ej. Derecho al debido proceso). Es así, que esta evidente realidad jurídica, permite el libre acceso de la persona jurídica a los mecanismos de defensa en el ámbito procesal constitucional, con la eficacia e inmediatez que estos representan.

El presente tema surge de la necesidad de encontrar en el ordenamiento jurídico nacional, el adecuado respaldo para la protección de los derechos de la persona jurídica en el ámbito constitucional. Esta muchas veces ve afectados sus derechos, debido a que no encuentra otra vía donde acudir, más que el proceso ordinario de la vía judicial, viéndose limitada para defender sus derechos reconocidos en la Constitución. Por ello encontramos crucial esta problemática de integración de la persona jurídica en los procesos constitucionales a partir del reconocimiento explícito del fundamento de atribución de sus derechos regulados en la Constitución. Para llegar a entender que los derechos que se encuentran regulados en la Constitución le son aplicables a la persona jurídica, en virtud de su naturaleza y personalidad jurídica; proponemos en este trabajo la teoría de los derechos constitucionalmente reconocidos de la persona jurídica. Para ello hemos acudido a temas básicos de Derecho Natural, Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional y Derecho de la Persona Jurídica, con la finalidad de demostrar en qué momento se presenta la diversificación de un Derecho fundamental, de un Derecho constitucionalmente reconocido, entendiendo a este último como atribuible a la persona jurídica y por ende a la debida defensa procesal constitucional de la misma.La importancia que representa un derecho constitucionalmente reconocido en la Constitución es trascendental; debido a que éste, es un derecho propio de la persona jurídica en razón de su naturaleza jurídica, pero que al mismo tiempo se ve reconocido en el ordenamiento jurídico constitucional, esto a pesar de no haber sido regulado para la persona jurídica, sin embargo es factible de ser ejercido por ella en razón de la naturaleza misma del derecho (Ej. Derecho al debido proceso). Es así, que esta evidente realidad jurídica, permite el libre acceso de la persona jurídica a los mecanismos de defensa en el ámbito procesal constitucional, con la eficacia e inmediatez que estos representan.
Tesis

A continuación, se presentan las conclusiones a las que se llegó con la presente investigación; con la finalidad de mejorar la situación actual del problema estudiado en esta tesis. 1. El inicio de la vida se asocia con mayor apego a la teoría de la concepción en virtud de que a partir de este instante comienza un proceso de desarrollo continuo e independiente que de no existir alteración alguna conducirá inevitablemente a la formación de un individuo genéticamente nuevo. Nuestro Código Civil Federal avala esta reflexión al tutelar el bien jurídico de la vida desde el momento de la concepción en su artículo 22º. Además la fecundación in vitro ha contribuido a demostrar que una vez que el ovulo es penetrado por el espermatozoide se origina un cigoto que desde su primera división celular destina cada célula a cumplir una función específica lo que comprueba que no se trata de una célula paralizada. 2. No cabe duda que el derecho en México ha progresado al reconocer como persona al ser humano nacido en comparación con el derecho romano ya que en principio el término persona era utilizado para referirse a los actores teatrales y para aquellos individuos que cumplían con tres condiciones; status civitatis, status libertatis, y status familiae. Sin embargo los avances de la ciencia y la tecnología exigen que nuestra legislación sea renovada en relación a la protección jurídica del ser humano desde su concepción. 3. Partiendo de la definición de Severino Beocio sobre el término persona como: “la sustancia individual de naturaleza racional”, se puede deducir dos aspectos: por un lado que sustancia individual se refiere a algo único que no es susceptible de repetir, y por otro lado la naturaleza racional se entiende como la capacidad de raciocinio que surge del intelecto y las capacidades susceptibles de emerger potencialmente. 4. Apoyándose en la definición de persona de Severino Boecio y según lo mencionado en la presente investigación, el nasciturus posee la maquinaria necesaria para desarrollar dichas capacidades a través de su desarrollo biológico y el simple transcurso del tiempo en virtud de que desde su concepción el producto de la gestación sigue un plan de desarrollo continuo que en circunstancias adecuadas y sin ninguna alteración conducirá a un ser dotado de razón. 5. La personalidad jurídica es la capacidad jurídica que se le atribuye al ser humano para ser titular de derechos y obligaciones así como ejercitar estos derechos frente a sí mismos y frente a terceros. Cabe mencionar que la capacidad de ejercicio no exime la personalidad jurídica y en consecuencia no excluye a los incapaces señalados en la ley. Por tanto estimo idóneo que al nasciturus se le reconozca personalidad jurídica mediante un representante legal, con capacidad de goce más no con capacidad de ejercicio en sentido similar a aquellos en estado de interdicción y menores de edad. 6. No se puede establecer un momento exacto a partir del cual la vida del ser humano se encuentre garantizada. El nasciturus desde su concepción puede tener riesgos de morir en sentido similar que un niño que depende del cuidado materno, ya sea por agentes físicos, químicos o biológicos. No se debe considerar cuando existen más riesgos de morir en el ser humano sino más bien se debe buscar medios que protejan la vida desde su posible origen tal como la formación del cigoto y su división celular. 7. Reflexionando en la opinión de Xavier Zubiri la personeidad son las cualidades que el ser humano adquiere en algún momento de la gestación mientras la personalidad son esas mismas cualidades modificadas a través del entorno al nacer. El nasciturus ya cuenta con personeidad pero carece de personalidad puesto que hace falta que surjan ciertos eventos. Sin embargo el hecho de no tener personalidad hasta este momento no exime al nasciturus de ser considerado como persona. 8. Tanto el Código Civil Federal como el Código Civil para el Distrito Federal señalan en su artículo 22º que desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley y se considera nacido para efectos de donar o heredar. No obstante, en ningún momento se establece como se protegerá jurídicamente al nasciturus quedando en desamparo. En consecuencia es necesario la creación de un mecanismo que proteja al nasciturus durante su gestación hasta su nacimiento. 9. Argentina desde su máximo ordenamiento ha emitido un régimen de seguridad especial e integral para la mujer embarazada y el nasciturus durante la gestación y la lactancia. Su Código Civil señala al nasciturus como persona de existencia visible con incapacidad absoluta en sentido similar a los menores de edad, los dementes y los sordomudos. La incapacidad absoluta implica que se pueden ejecutar derechos y contraer obligaciones a través de sus representantes legales. 10. La nación de Chile protege el derecho a la vida desde su concepción en su máximo ordenamiento. En 1962 creo la ley 14.908º Sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias más tarde reformada por la ley 19.741º que establece el derecho de la mujer embarazada de cualquier edad a pedir alimentos al supuesto padre tanto antes como después del nacimiento. 11. En 2012, Panamá creo la ley 42º, denominada Ley General de Pensión Alimenticia que regula la pensión alimenticia para los nacidos y no nacidos, encontrándose estos últimos en el capítulo VI, a los cuales se les otorga una pensión alimenticia prenatal. Dicho subsidio tiene como objetivo solventar atención médica, medicamentos, gastos provenientes del parto, ropa para la madre y para el recién nacido, gastos mobiliarios, así como gastos que se generen hasta tres meses posteriores al nacimiento 12. Ecuador ha instaurado el Código de la Niñez y la Adolescencia que establece el derecho de la mujer embarazada a recibir alimentos. Dicho subsidio está destinado a cubrir necesidades concernientes a su alimentación, salud, vestuario, vivienda, atención de parto, purperio y lactancia por doce meses después del nacimiento, considerando esta última condición aun si fallece el producto de la gestación antes de su nacimiento. Así mismo su Constitución proporciona derechos fundamentales para las futuras madres a fin de garantizar el nacimiento del producto de la gestación. 13. Hay tres tratados internacionales que se manifiestan respecto a la protección jurídica del nasciturus durante la gestación. En primer lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos considera que la maternidad merece cuidados y asistencia especial. En segundo lugar la Declaración de los Derechos del Niño que señala que el niño merece una adecuada protección jurídica tanto antes como después de su nacimiento y que tanto el producto de la concepción como su madre tienen derecho a cuidados especiales así como asistencia prenatal y postnatal. En tercer lugar la Convención Americana de Derechos Humanos protege el derecho a la vida desde el momento de su concepción. 14. Múltiples movimientos sociales y documentos a través de la historia como; el Cilindro de Ciro, la Carta Magna, Petición de derechos de 1628, Declaración de Independencia de las trece colonias, Declaración de derechos del 13 de febrero de 1689, Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano y por supuesto la Declaración Universal de los Derechos Humanos han podido consolidar un Estado de derecho que hace posible la subsistencia de los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional. 15. Los derechos humanos se sustentan en dos corrientes ideológicas; el iusnaturalismo y el iuspositivismo. Por un lado, el iusnaturalismo sostiene que existen derechos inherentes al ser humano que traen implícitos valores en su contenido provenientes de Dios, de la naturaleza o de la razón, cuya coerción es moral. Por otro lado, el iuspositivismo señala que los únicos derechos validos son aquellos provenientes de órganos envestidos de autoridad y plasmados en ordenamientos jurídicos, cuyo incumplimiento trae aparejada una sanción o pena. 16. Los derechos humanos son derechos esenciales y permanentes que protegen la dignidad, libertad e igualdad del ser humano a fin de que este pueda desenvolverse plenamente en todos y cada uno de los rubros de su vida; social, político, económico y cultural . Sin duda alguna, los derechos humanos deben ser respetados por todas las autoridades y considerados en nuestra legislación. 17. Según la información vertida en el presente trabajo de investigación el derecho a la vida no solo implica la prohibición de no matar y el derecho a gozar del bien jurídico de la vida sino también a obtener lo necesario para subsistir, es decir, dotar al ser humano de los medios necesarios que permitan su subsistencia de forma digna. Cabe mencionar que el derecho a la vida nos permite disfrutar del resto de los demás. 18. Partiendo de que los derechos humanos permiten proteger al ser humano en su dignidad, libertad e igualdad a fin de que este pueda desenvolverse plenamente en todos y cada uno de los rubros de su vida; social, político, económico y cultural. Considero que el derecho humano a la vida es limitado toda vez que no existen medios que tutelen el bien jurídico de la vida desde su concepción. 19. En México las mujeres embarazadas solteras, separadas, divorciadas o viudas constituyen un sector vulnerable, según encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2014. Además el Modulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2014 indica que en México había 8.1 millones de niños y adolescentes menores de 18 años, hijos de mujeres que no tenían pareja; eran viudas, divorciadas o solteras. De las cuales más del 54.8% tenían una condición de pobreza multidimensional y el 20% tenían una condición de pobreza extrema. 20. Se le debe reconocer personalidad jurídica al nasciturus durante su gestación al poseer las capacidades propias de todo miembro de la especie humana en desarrollo, y reconocerse su protección en los tratados internacionales de los que es participe México conforme a la reforma constitucional 2011 en materia de derechos humanos. 21. Es necesaria la implementación de una pensión alimenticia prenatal como mecanismo jurídico que garantice el desarrollo del nasciturus durante su gestación hasta su nacimiento. De esta forma se contribuiría a crear conciencia en la sociedad sobre una paternidad responsable desde la gestación y no hasta el nacimiento del nuevo ser humano. Además, las mujeres embarazadas que deseen tener al producto de la gestación tendrían una opción más que el aborto ante la falta de recursos económicos y en consecuencia se mejoraría la calidad de vida del ser humano desde su gestación a fin de evitar desnutrición, predisposición a determinadas enfermedades y morbilidad
En México, la protección jurídica hacia el nasciturus resulta incongruente con las disposiciones establecidas en su legislación y su adhesión a tratados internacionales, estos últimos en relación directa con lo establecido en la reforma 2011 en materia de derechos humanos. Para empezar el Código Civil Federal establece que un individuo desde su concepción es protegido por la ley, y se le considera como nacido para efectos de donación o herencia, luego el Código Penal Federal y el Código Penal del Estado de México protegen el derecho a la vida desde el momento de la concepción prohibiendo la muerte del nasciturus en cualquier momento de la preñez. Finalmente, tratados internacionales que incluyen a México tal como la Declaración de los Derechos del Niño, señala que el niño ante la ausencia de desarrollo tanto físico como mental merece protección y cuidados especiales, así como una adecuada protección jurídica durante el periodo de gestación hasta su alumbramiento. Según la reforma 2011 en materia de derechos humanos deben considerarse los derechos humanos señalados tanto en la Constitución como en los tratados internacionales ratificados por México. En consecuencia, tanto la legislación mexicana como los tratados internacionales brindan protección jurídica al no nacido desde el momento de la concepción sin embargo solo se establece de forma enunciativa al no ser eficaz ya que al nasciturus se le reconoce parcialmente su personalidad jurídica catalogándolo como persona solo para determinados efectos establecidos en los códigos y no establecer un mecanismo jurídico que proteja al no nacido durante el periodo de gestación.

El presente trabajo busca analizar las principales incidencias de las Asociaciones Pro vivienda en el Registro de Personas Jurídicas y demostrar por qué están en “proceso de extinción”. Para ello se hace una breve introducción de su origen, su definición y sus diferencias con las asociaciones creadas bajo el amparo del Código Civil de 1984. En una segunda parte se explican las razones de por qué a pesar de la larga data de su norma de creación, la Ley N°13500 y su reglamento D.S. N°131-H, estas aún están vigentes y siguen teniendo incidencia en nuestro ordenamiento legal. Finalmente, en una tercera y última parte se expone los problemas registrales más comunes vinculados a las Asociaciones Pro-vivienda y cómo el Tribunal Registral ha venido resolviendo en su jurisprudencia. De esta forma, a través del análisis legal y casuístico se desea mostrar un fenómeno que está ocurriendo paulatinamente y que está llevando a las Asociaciones Pro vivienda a su extinción: la modificación de sus estatutos sin la aprobación previa de la Junta Nacional de la Vivienda (hoy Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) conlleva a su transformación en una asociación al amparo del código civil.
Trabajo académico

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
La presente investigación tiene por objeto el estudio de la cuestión relativa a la persona jurídica en tanto ente ficticio como sujeto activo de la acción de indemnización de daño moral. En particular, primero se reflexiona en torno al concepto de daño y al de daño moral. Respecto del primero se analiza la discusión en torno a la afectación de derechos en contraposición a la afectación de intereses, para luego escudriñar los diversos conceptos tanto en la doctrina comparada como la doctrina chilena. En torno al concepto de daño moral se realiza un ejercicio similar pero centrado en la dicotomía conceptual relativa a si el daño moral se define por el objeto de la afectación o las consecuencias de dicha afectación. Luego se analizan estos conceptos y, específicamente, el reconocimiento del daño moral de la persona jurídica en la legislación nacional. Las dos últimas secciones de este trabajo se refieren al estado de la cuestión tanto en la doctrina como en la jurisprudencia chilena. El método utilizado consiste en el estudio de material académico contenido en libros, revistas y recursos electrónicos disponibles en línea. Además se revisa la legislación nacional pertinente. Finalmente se estudia jurisprudencia encontrada en diversas fuentes electrónicas. Como resultado de esta investigación se demuestra que el reconocimiento de la persona jurídica como sujeto activo de la acción de indemnización del daño moral es una realidad tanto en la jurisprudencia como en la doctrina nacional.

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar y evaluar el impacto del crédito financiero en las personas naturales y jurídicas. Se utilizaron las técnicas de encuestas y cuestionarios para el procesamiento estadístico a través del modelo chi cuadrado. A fin de demostrar la hipótesis. “El costo del dinero es exageradamente alto en el Perú, lo que conduce a un impacto negativo tanto para las personas naturales y jurídicas que acceden al crédito del sistema financiero”
This research work aims to analyze and evaluate the impact of credit on the natural and legal persons. Techniques were used surveys and questionnaires for the statistical processing through the model chi square. To demonstrate the hypothesis. "The cost of borrowing is unreasonably high in Peru, leading to a negative impact for both individuals and companies entering the financial system credit

Desde la entrada en vigor en el año 2010 de la reforma que del Código Penal hizo la L.O. 5/2010, de 22 de junio, son numerosas las cuestiones que se han venido planteando en torno a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el importante cambio de paradigma que ha supuesto. Se constata la necesidad de crear una Teoría del Delito para las personas jurídicas, y en tal sentido nos postulamos a favor de que ésta se parezca en la mayor medida de lo posible a la existente para las personas físicas. Así, aprovechando el ingente acervo intelectual volcado a lo largo de más de tres siglos para el Derecho Penal de las personas físicas podrá levantarse una sólida Teoría del Delito para las personas jurídicas. Sin embargo, no puede hacerse un calco de otra, sino que habrá que adaptarse con gran flexibilidad a las particularidades que las personas jurídicas presentan, tomando siempre como rumbo el mantenimiento de las garantías y principios ordenadores del Derecho Penal. La presente Tesis se ocupa de estudiar primero el Compliance como disciplina autónoma, como rama del saber específica que aúna distintas materias, luego se dedica al estudio del Sistema, el Modelo y el Fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en España, y finaliza con el desarrollo de una investigación cualitativa siguiendo el método de las entrevistas semiestructuradas, para analizar los efectos eximentes y atenuantes de los Compliance Programs. De manera que, tras la investigación entendemos que más allá de lo que dispone el Código Penal, no se determina como deben ser el contenido de los Compliance Programs para eximir de responsabilidad penal, pues el artículo 31 bis 5, así como del artículo 31 bis 2 y 3 del Código Penal han de ser objeto de un pormenorizado desarrollo que conlleva de facto un nivel de exigencia superior al que de una mera lectura de tales preceptos pudiera parecer. En otro orden, podemos adelantar aquí la existencia de tres vías de exoneración de responsabilidad penal y de tres tipos de atenuantes para las personas jurídicas. Así la persona jurídica quedará exonerada por la anulación del Injusto de la persona física de cualquiera de las dos vías de imputación previstas en el artículo 31 bis 1 del Código Penal, también quedará exonerada en sede de Injusto por la concurrencia de una Causa de Justificación, y finalmente también podrá quedar exonerada en sede de Culpabilidad por la acreditación de una Causa de Exculpación. En relación a los tres tipos de atenuantes cabe señalar que existen unas atenuantes ex ante vinculadas a las Causas de Justificación, unas atenuantes ex post vinculadas a la Cultura de Cumplimiento, y unas atenuantes procesales que son iguales para las personas físicas y las jurídicas.
After the reform of the Criminal Code on 2010 (L.O. 5/2010, June 22th) many issues have been raised about the criminal responsibility of corporations and the change of the paradigm. It is necessary to create a Crime Theory for corporations. It would be as similar as we have for people. On this way, we can take advantage of our heritage build for the last three centuries. However, it could not be like a simple copy, it should be adapted for particularities of corporations, taking care of the maintenance of the guarantees and principles of criminal law. We study the Compliance as a discipline first, a branch of knowledge that brings together different subjects. After that, we study the System, the Model and the Foundation of the criminal liability in Spain for corporations. Finally, we develop a qualitative research with method of interviews to analyze the effects of the Compliance Programs as exempting and mitigation circumstances. Thus, after this investigation we must understand that beyond the provisions of the Criminal Code there is a higher level of requirements. It is not determined how it should be the contents of the Compliance Programs to exempt of criminal responsibility. The “article 31 bis 5”, as well as “article 31 bis 2 and 3” of the Criminal Code must be the subject of a detailed development. We can distinguish three ways of exemption from criminal responsibility and three types of mitigating circumstances for corporations. Thus, corporations could be exonerated by the nullification of the “Injustice” of both physical person provided at the “article 31 bis 1” of the Criminal Code. Also, the corporation could be exonerated by the nullification of the “Culpability”. In relation of the three types of mitigation circumstances it should be noted that the first is an ex ante mitigation circumstances linked to the causes of justification. Furthermore, we have some of them ex post linked to the culture of Compliance, and finally we have the procedural mitigation circumstances as we have for natural persons and corporations.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
El presente trabajo se enmarcó dentro del proyecto del Departamento de Derecho Privado para la actualización del Repertorio de Legislación y Jurisprudencia del Código Civil. La metodología utilizada implicó la recopilación de sentencias, el fichaje, la clasificación de las fichas y la redacción extractos para ser incorporados a la estructura del repertorio. Más específicamente, el trabajo desarrollado para la actualización del Título XXXIII del Libro Primero del Repertorio, analizó un universo de 118 sentencias, que contenían pronunciamientos relativos a la persona jurídica. El estudio desarrollado a partir de la actualización mencionada es recogido en el trabajo monográfico que se desarrolla, con el objeto de comparar los pronunciamientos jurisprudenciales recientes con el tratamiento doctrinario que han recibido los temas en que existe controversia. Algunas de las discusiones expuestas son las relativas a los atributos y derechos de la personalidad, al daño moral, a las actividades lucrativas desarrolladas por fundaciones y la responsabilidad de la persona jurídica. Así, finalmente, se identifica y analiza el desarrollo de ambas fuentes materiales, determinando si plantean tendencias concordantes o bien, disímiles

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
La imposibilidad de alcanzar la verdad en el contexto de todo proceso judicial, supone la existencia de potenciales riesgos de error: riesgo de condenas falsas y riesgo de absoluciones falsas. Los riesgos recién señalados no son los mismos en todo tipo de procedimientos judiciales, o al menos, no tienen el mismo contenido en cuanto a los bienes jurídicos que afectan, en consecuencia, no todos los riesgos tienen el mismo costo relativo. La elección de un determinado estándar de prueba para un determinado tipo de proceso judicial consiste en una elección político valorativa por distribuir la prevalencia de esos determinados riesgos que inevitablemente podrán producirse. La Ley Nº 20.393 de 2009, que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas no específica de manera expresa en su articulado el estándar de prueba aplicable para este tipo de procedimiento, sin embargo, la misma Ley señala expresamente que las cuestiones de orden procesal no tratadas allí, se remiten a las reglas generales establecidas en el Código Procesal Penal y otras Leyes especiales que sean aplicables. A partir de lo anterior, se ha aplicado en materia de procedimiento penal el idéntico estándar de prueba exístete respecto de las personas físicas o naturales para las personas jurídicas, esto es, el exigente estándar de prueba más allá de toda duda razonable. En el siguiente trabajo se critica la aplicación del estándar de prueba más allá de toda duda razonable en el procedimiento penal contra la persona jurídica, y se propone que es posible utilizar otro estándar de prueba. La diferente naturaleza de las penas que arriesga la persona jurídica respecto de la persona natural o física, supone que los bienes jurídicos afectados con el potencial error en la condena existente en el primer tipo de procedimiento difieren respecto de los bienes jurídicos afectados con el potencial error de condena existente en el segundo. Las personas jurídicas jamás arriesgarán penas privativas o restrictivas de libertad ambulatoria o de desplazamiento como la persona física o natural, y por lo tanto, es posible la aplicación de un estándar menos exigente.

La utilización fraudulenta de la persona jurídica se entiende como aquella situación en la cual los controlantes del ente colectivo se aprovechan de la misma para cometer actos fraudulentos contrarios al orden público y las buenas costumbres. La doctrina que combate estas conductas ilícitas es conocida también bajo los nombre del levantamiento, corrimiento, penetración, desestimación, superación, prescindencia, limitación, redhibición, inoponibilidad y allanamiento de la persona jurídica. Las formas de usar a una persona jurídica para intentar burlar normas de orden público son tan ingeniosas e inteligentes como las estrategias de ajedrez existentes. La utilización de la persona jurídica para defraudar derechos laborales no es una situación ajena al quehacer de la jurisprudencia laboral nacional, empero la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) recaída en el expediente 6322-2007 constituye el primer pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución sobre esta materia, y en la consagración de una de sus principales consecuencias: la solidaridad laboral. Ya antes el Pleno Jurisdiccional Laboral, abril 2008, los magistrados de 29 Cortes Superiores del país establecieron que los grupos de empresas pueden asumir responsabilidad solidaria por el pago de beneficios laborales cuando se haya actuado con el objeto de burlar derechos laborales. En buena cuenta cuando se evidencia que se intenta usar la subjetividad de empresas vinculadas económicamente para eludir obligaciones laborales cabe aplicar la solidaridad laboral como remedio para evitar un fraude a normas imperativas y de orden público. Los supuestos más comunes de utilización fraudulenta de personas jurídicas para eludir obligaciones laborales son: Cuando la sociedad “empleadora” carece de actividad real y se dedica al tráfico de personal a otras empresas, lo que se puede inferir de la falta de tributación, ausencia de autorización para operar o la cancelación de ésta, carencia de independencia de patrimonio, inexistencia de operaciones mercantiles, adquisición de bienes no relacionados a su objeto social y otros hechos, que en conjunto demuestren que la sociedad es una mera fachada formal. Cuando la sociedad “empleadora” es utilizada en exclusivo interés de una persona natural que para sustraerse de las obligaciones laborales constituye una sociedad comercial con el exclusivo propósito de defraudar a sus trabajadores. Cuando la sociedad “empleadora” efectúa el traspaso irregular del fondo de comercio a una sociedad vinculada, dejando sin garantía patrimonial a los trabajadores. Se utiliza a la sociedad vinculada como un mero instrumento para sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones laborales. • Simulación absoluta de una sociedad en que funge de empleadora. La única voluntad presente en ella es la del sujeto que interpone ilícitamente a la sociedad convirtiéndola en una mera ficción encaminada a realizar fraudes laborales. En ese contexto, nuestra tesis abordara la problemática de la utilización fraudulenta de la persona jurídica en el campo laboral, he intentara proponer soluciones a esta problemática. Por otra parte, este trabajo encuentra su justificación en la necesidad de trabajos jurídicos que analizan la problemática del abuso de la persona jurídica en el sector laboral en el ámbito nacional por el alto el interés social que existe por dar solución a uno de los más conocidos y a la vez impunes mecanismos de defraudar créditos laborales. Los objetivos de la presente investigación son básicamente: a) Determinar si la legislación nacional vigente regula adecuadamente la utilización fraudulenta de la persona jurídica en el ámbito laboral. b) Proponer se proscriba expresamente la utilización fraudulenta de la persona jurídica cuando afecte a los trabajadores. La hipótesis con la que trabajaremos será por tanto “la utilización fraudulenta de la persona jurídica no se encuentra adecuadamente regulada en el ámbito laboral”. En búsqueda de corroborar nuestra hipótesis, hemos estructurado esta tesis, en siete capítulos: Capítulo I, Cuestiones metodológicas. Capítulo II: La persona jurídica Capítulo III: La utilización fraudulenta de la persona jurídica 4 Capítulo IV: La utilización fraudulenta de la persona jurídica en el ámbito del Derecho Laboral Capítulo V: El Estado como empleador y la utilización fraudulenta de la persona jurídica Capítulo VI: Constatación de la hipótesis de la tesis: La necesidad de sancionar la utilización fraudulenta de la persona jurídica en el ámbito laboral Considero que este trabajo contribuirá al perfeccionamiento de la regulación que combate la utilización fraudulenta de la persona jurídica, específicamente en el campo laboral, caso en el cual los trabajadores vienen siendo defraudados en sus derechos crediticios, situaciones en las cuales el ordenamiento jurídico no ha tenido reacción y ha permitido la impunidad de estas conductas por parte de inescrupulosos empleadores.
Tesis

La presente Tesis se inserta en la línea de Investigación ESTADO, TRANSNACIONALIDAD Y SOSTENIBILIDAD, como requisito de la conclusión de los estudios realizados de acuerdo con el programa del curso de posgrado, stricto sensu, en nivel de Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidade do Vale do Itajaí- UNIVALI, en el área de concentración de estudios en CONSTITUCIONALISMO, TRANSNACIONALIDAD Y PRODUCCIÓN DE DERECHO, en régimen de convenio institucional con la U.A. – Universidad de Alicante y CEJUR - Centro de Estudos Jurídicos do Tribunal de Justica do Estado de Santa Catarina. Su referencial teórico tiene como objetivo general buscar, en el modelo del ordenamiento jurídico español, con la reglamentación de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y su Programa de Compliance, una contribución para el Sistema Jurídico brasileño, como instrumento de Prevención de crímenes ambientales. El informe de Pesquisa se divide en tres Capítulos. El primero trata de los argumentos introductorios al tema de la presente Tesis, como la Crisis Ambiental y sus efectos en la posmodernidad, los orígenes y el concepto contemporáneo de Sostenibilidad, además de las consideraciones acerca del Desarrollo Sostenible y las dimensiones de la Sostenibilidad en el Siglo XXI. El segundo Capítulo contempla un esbozo teórico sobre el Medio Ambiente como condición de identificación imprescindible de la Sostenibilidad. A continuación, son analizados los fundamentos del Derecho Ambiental y su proyección como soporte para abarcar la Prevención como parte principal para fines de promover la protección más eficaz del Medio Ambiente. El tercer Capítulo identifica la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, los conceptos, además de respectivas hipótesis y variables, cuya evaluación tiene argumentos que pueden alterar el resultado final de la Pesquisa. El último Capítulo, también, se ocupa de la institución del Compliance, su reglamentación legal, tanto en Brasil como en España, para fines de proporcionar las conclusiones sobre lo que el modelo implantado en este país, puede servir de subsidio para el Sistema Jurídico brasileño.

In 1965 a Reforming Committee, formed by the leading specialist teachers in each of the books of the Civil Code, was created forreviewing  the  Peruvian  Civil  Code of 1936. After about twenty years, the effort of thehard work of the committee resulted in the enactment of the 1984 Civil Code, which we currently use and know.In this article, the author shares his experience as a legislator, emphasizing new and important aspects included in the Civil Code of 1984. He also proposes possible amendments to the First Book of the current Civil Code, such as the incorporation of standards related to Genetics, a comprehensive review of the subject related to legal capacity, reviewing the subject regarding foundations, among others.
En 1965, se creó una Comisión Reformadora, conformada por los más destacados profesores especialistas en cada uno de los libros quecomponen el Código Civil, encargada de revisar el Código Civil peruano de 1936. Después de aproximadamente veinte años, el esfuerzodel arduo trabajo de la Comisión dio como resultado la promulgación del Código Civil de1984, que actualmente conocemos y usamos.En el presente artículo, el autor nos cuenta su experiencia como legislador, haciendo énfasis en los nuevos aspectos incorporados y la importancia de la promulgación del Código de 1984. Asimismo, propone posibles enmiendas al Libro I del Código actual, tales como la incorporación de normas relacionadas con la Genética, la revisión integral de la temática referente a la capacidad jurídica, la revisiónde la temática sobre fundación, entre otras.

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Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
This dissertation intends to analyze the attribution of the juridical category of “person” to the unborn child in the context of the juridical-philosophical formulation of meanings attributed to the term person, from the Roman tradition until the context of the crisis of legal security by codification in which the dignity is juridically chosen as a value of the human person. In Roman law, the concept of the person (persona) was not endowed from the abstract, how it was attributed by the Pandectistic of the 19th century, but embraced the human being concretely in his multiple dimensions, inclusively considering itself as such the unborn child, to which was guaranteed the rights in view of his birth. In regard of axiom conceptus pro iam nato habetur, based in the roman treatment given to the unborn, emerged two interpretations: one, more faithful to the Justinian tradition, which recognizes the concrete reality of the unborn child and equates him to the already born, and the other, abstract, sustained by the Pandectistic and based on the thoughts of Savigny, which considers the parity between the unborn and the born simply a mere fiction. This latter interpretation influenced the elaboration of many civil codes like the German and the Brazilian Code of 1916, both of which determined that the natural personhood can be attributed only when the child is born alive. The idea of personhood while a simple legal attribution withdraws itself from the philosophical tradition that considers the person in his ontological aspects, a fact that deserves to be recognized as primary in the juridical planning. The principle of human dignity, incorporated in the Brazilian Constitution of 1988 as the foundation of the Republic, serves as an indication of an ‘ethical personalism’ which reflects itself in personal rights, providing elements to enlarge the semantic content of the juridical concept of person, recognizing the personal dignity of the unborn child, as done in the ‘Pact of San Jose, Costa Rica’ (American Convention on Human Rights), to singularize the juridical personhood as a right and the unborn child as a person. Keywords:

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
Hay diferentes problemas que plantea el avance tecnológico en los últimos años, siendo especialmente atrayente la controversia suscitada a raíz del progresivo cambio de mentalidad desde la “santidad” de la vida humana hacia la “calidad” de la vida humana, que trajo el reclamo al “derecho de una muerte digna” y las voces favorables a la aplicación de la eutanasia. Dentro de este contexto es de extraordinario interés la problemática jurídica, médica y ética del llamado estado vegetativo permanente, que recientemente adquirió relevancia mundial con el caso de Terri Schiavo

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
En la presente investigación nos abocaremos a analizar el impacto que tuvo la suscripción por parte de nuestro país del acuerdo de la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico (en adelante OCDE) en Chile, circunscrito en lo que se refiere a la responsabilidad penal, en particular a aquella que se aplica sobre la persona jurídica, entendiendo éste como un estatuto mediante el cual se pena a los diversos tipos de personas morales existentes en nuestro ordenamiento, por una serie de delitos que se encuentran tipificados en virtud de la reforma realizada a la ley que trata el tema en la legislación chilena, efectuada en el año 2009. Adicionalmente, utilizaremos como ejemplo alguna legislación extranjera, dando cuenta de esta forma que en el derecho comparado existen casos de ordenamientos jurídicos en los que se consagra este estatuto de responsabilidad, los cuales serán utilizados en el capítulo de derecho comparado en la presente investigación

Submitted by Mariana Dornelles Vargas (marianadv) on 2015-05-25T13:30:44Z No. of bitstreams: 1 direito_diferenca.pdf: 1266389 bytes, checksum: cadafd5a7f4e4a45c1cbb245c23b9110 (MD5)
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Nenhuma
Ocorre, desde a Antiguidade, uma tensão problemática entre "razão" e "religião" ao instituir-se o Poder. Como não poderia ser diverso, a gênesis da dignidade da pessoa humana esteve sempre, de uma forma ou de outra, co-relacionada com esta tensão, promovendo o desenrolar de angústias das sociedades em busca de uma conceituação racional de pessoa. Nesta problemática, a "razão" era ditada por Deus, pela sua palavra. Entrementes, a razão também foi quem se prestou como condição de possibilidade para a salvaguarda da condição humana: eis os indícios da dignidade humana secularizada. Assim, entre as inúmeras barbáries, guerras e atrocidades, que se manifestaram na história da humanidade, a ideia de dignidade da pessoa humana passa a ganhar pauta. Após os traços revolucionários de 1789 e um pós-guerra de massacres em massa, ergueu-se, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que traz, na desigualdade humana, a essência de um paradigma a ser vencido. No Brasil, a Constituição da República Federativa, positiva em seu artigo 1°, inciso III, a dignidade da pessoa humana como princípio pátrio do ordenamento. Por sua vez, a sociedade globalizada, em constante mutação, gera complexidades das mais extremas, consequentemente, novos direitos emergem em cada situação de conflito - que, cada vez mais, clamam pelo Poder estatal, pelas suas resoluções. Há de ser salientado que, com a matriz teórica clássica da metafísica, o Direito não consegue acompanhar esta evolução. Dessa forma, o pensamento moderno de uma filosofia da consciência, chamada de metafísica moderna, funda um sujeito individualista ao tentar superar o pensamento clássico. Nesse paradigma teórico, ficaria sem efetividade a Constituição Federal, que se fundamenta na ideia de dignidade humana, a qual, entretanto, carece de reconstrução. Sob esse olhar é que nasceram as interrogações desta pesquisa. Assim, resgatam-se os critérios definidores da dignidade humana, quais sejam: pessoa, moralidade, autonomia e respeito. Procura-se, portanto, desvelar estes critérios no caso concreto, fazendo da linguagem a condição de possibilidade para a compreensão da dignidade humana. Destarte, dentro dessa matriz teórica é que se vislumbrou a importância de uma reflexão "ética hermenêutica", como etapa última nesse compreender/interpretar/aplicar da dignidade de uma pessoa humana.
Ocurre, desde la Antigüedad, una tensión problemática entre razón y religión para establecerse el Poder. Como no podría ser diferente, la génesis de la dignidad de la persona humana estuvo siempre de una forma o de otra correlacionada con esta tensión, llevando al desarrollo de las angustias de las sociedades en busca de una conceptuación racional de la persona. Esta razón que fue Dios. Fue la palabra de Dios. Y fue, además, quién ha quedado como condición de posibilidad para la salvaguardia de la condición humana: ahí los indicios de la dignidad humana secularizada. Así, entre las inúmeras barbaries, guerras y atrocidades, que se manifestaran en la historia de la humanidad, la idea de dignidad de la persona humana pasa a ganar cuerpo. Después de los trazos revolucionarios de 1789, y un posguerra de masacres en alta escala, se construye, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lleva en la desigualdad humana el fuente de un paradigma a ser superado. En Brasil, la Constitución de la República Federativa, positiva en su artículo1º, inciso III, la dignidad de la persona humana como principio patrio del ordenamiento. Por su vez, la sociedad globalizada, en constantes mutaciones, genera complejidades de las más extremadas. Nuevos derechos surgen en cada situación de conflicto - que cada vez más claman por el Poder estatal, por sus resoluciones. Debe ser subrayado que con la matriz teórica clásica de la metafísica, el Derecho no consigue acompañar tamaños cambios. De ese modo, el pensamiento moderno de una filosofía de la conciencia, llamada de metafísica moderna, funda un sujeto individualista, al intentar superar el pensamiento clásico. En ese paradigma teórico, quedaría sin efectividad la Constitución Federal, que se fundamenta en la idea de dignidad humana. Esa, sin embargo, carece de reconstrucción. Bajo esa mirada es que nacen las interrogaciones de esa investigación. Para eso, se rescatan los criterios definidores de la dignidad humana: persona, autonomía y respeto. Buscase, así, desvelar eses criterios en el caso concreto, haciendo del lenguaje condición de posibilidad para la comprensión de la dignidad humana. Así, dentro de esa matriz teórica es que se visualizó la importancia de una reflexión "ética hermenéutica", como etapa ultima en ese comprender/interpretar/aplicar de la dignidad de la persona humana

El presente trabajo plantea una modificación al artículo 14 de la Ley del Impuesto a la Renta, sobre los contribuyentes, distinguiendo a los sujetos con personalidad jurídica respecto de los cuales existe algún ánimo de organización para constituirse en un ente distinto al de sus partes del grupo de entes en los que prima alguna consideración de orden económico o patrimonial para su elección como contribuyente.
Trabajo de investigación

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
Asevertrans is a case where the juridical person is absolved of bribery offenses, condemning his Administrator for the same facts, we try to answer to what arguments this absolutive decision was due, whether it was an application of the Ne bis in idem, or was it a Court decision based on the models of attribution of responsibility. This work seeks to answer this question and establish general criteria as an application of this principle, for subsequent application in similar cases. Key Words: Criminal Liability Legal Person, Asevertrans, Nen bis in idem, Attribution of Responsibility
Asevertrans es un caso donde se absuelve a la persona jurídica de los delitos de cohecho, condenando a su Administrador por los mismos hechos, intentamos responder a que argumentos se debió esta decisión absolutoria, si fue una aplicación del Ne bis in idem, o fue una decisión del tribunal basada en los modelos de atribución de responsabilidad. Este trabajo busca responder esta pregunta y establecer criterios generales en tanto aplicación de este principio, para su posterior aplicación en casos similares. Palabras Claves: Responsabilidad Penal Persona Jurídica, Asevertrans, Nen bis in idem, Atribución de Responsabilidad

El presente artículo tiene como objetivo analizar la innegable transgresión del Principio de causalidad en materia de Contrataciones del Estado a partir de la atribución de responsabilidad administrativa a una persona jurídica integrante de Consorcio al encontrarse impedida de ejercer los derechos para participar en procedimientos de selección y para contratar con el Estado por efecto de la extensión de una sanción administrativa que fuera impuesta única y exclusivamente a su co-consorciada vinculada. Esto último como resultado de la individualización de responsabilidad administrativa por la infracción de contratar estando impedido prevista en el literal c) del numeral 50.1. del artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, configurada por el impedimento para contratar con el Estado del literal s) del artículo 11 de dicha Ley. Para tales efectos, se analizan los cuatro (4) supuestos de excepción a la regla general de responsabilidad solidaria para personas jurídicas que participan en consorcio cuando se le atribuye la comisión de la referida infracción, así como la naturaleza jurídica del impedimento aplicable en el caso particular. Asimismo, en el marco de ese procedimiento administrativo sancionador, se analiza la afectación de los derechos de las personas jurídicas que participan en consorcio en su calidad de administrados. En la misma línea, se analiza los otros principios transgredidos bajo esos parámetros que a su vez rigen y delimitan el ejercicio de la potestad sancionadora del Tribunal de Contrataciones del Estado. Finalmente, se analiza si el OSCE ha desarrollado uniformidad de criterio o predictibilidad a partir del principio de confianza legítima sobre la atribución de responsabilidad para integrantes de Consorcio. En consecuencia, se aprecia la afectación del principio de causalidad y de los otros principios que rigen la potestad sancionadora.
Trabajo académico

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho penal)
En el presente trabajo se pretende analizar las consecuencias jurídicas de la sanción penal impuesta bajo el régimen de adolescentes previsto en la ley 20.084 ante un nuevo reproche penal, ahora como adulto, en relación con la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior, la agravante de responsabilidad penal de reincidencia y la posibilidad de obtención de penas sustitutivas según lo dispone la ley 18216. Lo anterior, atendido a que nuestro ordenamiento jurídico no regula expresamente estas consecuencias, lo que ha dado lugar a diversas respuestas e interpretaciones jurisprudenciales sin que hasta la fecha exista una posición pacifica al respecto

Due to the possible adoption in Peru of the criminal responsibility for companies and of the corporate compliance programs, the author analyzes the position that the United States has adopted facing the acts of corruption abroad, which legal basis is the Foreign Corrupt Practices Act.In the present article, the author will do an study of this regulation, covering its scope, who are imputable by it and the possible situations that generate criminal responsibility. All of this developed over the position taken by the jurisprudence in notorious corruption scandals.In addition, the development of the effectiveness of the compliance figure will be studied as well as the implementation of incentives for the corporations to adopt prevention policies.
A raíz de la posible adopción en el Perú de la responsabilidad penal para empresas y de los programas de compliance, el autor analiza la postura que ha tomado el ordenamiento de Estados Unidos frente a los actos de corrupción en el extranjero, cuya base normativa es el Foreign Corrupt Practices Act. En el presente artículo, el autor hará un estudio de esta regulación, cubriendo sus alcances, quiénes son imputables y los posibles supuestos de hecho.Todo esto sobre la base de la postura que ha adoptado la jurisprudencia frente a sonados escándalos de corrupción. Además, se estudiará el desarrollo de la eficacia de la figura del compliance y la implementación de incentivos para los empresarios de adoptar políticas de prevención.

This paper analyzes from a constitutional perspective, applying the test of proportionality about limiting rights, the impediment to hiring those associated corporations, through individuals, with those legal persons which has imposed a sanction temporary or permanent disqualification from government contracts. From this framework of study, the author finds that the interference on freedom of contract is disproportionate because it violates the principle of causality and strict liability, by attributing to a third party (legal person linked) consequences for the actions made to it by a different legal entity.
El presente trabajo analiza desde una perspectiva constitucional, aplicando el test de proporcionalidad en la limitación de los derechos, el impedimento para la contratación de aquellas personas jurídicas vinculadas, a través personas naturales, con aquellas personas jurídicas a las cuales se las ha impuesto una sanción de inhabilitación temporal o definitiva para contratar con el Estado. A partir de dicho marco de estudio, la autora considera que la injerencia sobre la libertad de contratación es desproporcionada en razón a que vulnera el principio de causalidad y la responsabilidad objetiva, al atribuirle a un tercero (persona jurídica vinculada) las consecuencias por las acciones realizadas por una persona jurídica distinta a ella.

Determina los fundamentos de la penalización del aborto culposo, mediante encuestas a los operadores jurídicos, análisis de jurisprudencia comparada, para la incorporación de este tipo penal en nuestra legislación.
Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
En la presente memoria, abordaré la discriminación que deben enfrentar los discapacitados visuales, para quienes el Estado no crea las condiciones necesarias para su incorporación en igualdad de oportunidades en la vida nacional. En efecto, nuestra hipótesis consiste en que el Estado no da cumplimiento a sus obligaciones legales en orden a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales y la integración de las personas con discapacidad visual en la sociedad en un pie de igualdad. Este incumplimiento se traduce, por una parte en que el Estado omite deliberadamente proporcionar las herramientas necesarias para el desarrollo integral de este colectivo. Y por la otra en que el Estado tolera esta discriminación cuando no sanciona debidamente las conductas discriminatorias provenientes tanto del sector público como del sector privado. Todo lo anterior importa una violencia estatal que proviene de la estructura de las instituciones del Estado constituyendo una manifestación de control social que incide directamente en las condiciones de vida de estos discapacitados. Durante el desarrollo de la presente tesis, profundizaré en las manifestaciones más palpables de esta violencia. Para ello, describiré las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad visual en el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Y asimismo, analizaré los principales instrumentos internacionales ratificados por Chile, que contienen las obligaciones que el Estado debe asumir en relación con esta materia. Por último, examinaré la legislación nacional relativa al tema incluyendo las prohibiciones legales que atentan contra la integración social de estos discapacitados y que constituyen otra manifestación de violencia estatal y de control social. Todo lo anterior con el fin de confirmar o desmentir nuestra hipótesis

Determina los fundamentos de la penalización del aborto culposo, mediante encuestas a los operadores jurídicos, análisis de jurisprudencia comparada, para la incorporación de este tipo penal en nuestra legislación.
Tesis

En el escenario punitivo nacional el delito de lesiones contra la vida humana dependiente, era ajeno a nuestra legislación hasta antes de la dación de la Ley N° 27716 del año 2002 mediante el cual se incorporó a nuestro Código Penal de 1991 el artículo 124-A castigando las acciones dolosas que causen lesión en el concebido. Empero, la figura motivo de investigación merece mayor preocupación para así obtener una completa tutela penal del nasciturus frente a las lesiones que se le puedan causar. Así las cosas, la tarea se inicia con un estudio destinado a determinar los extremos mínimos (inicio de la vida) y máximos (nacimiento) de la vida humana albergada en el seno materno. En segundo lugar me ocupo de las lesiones en general, con lo que determinó que la noción clásica de lo que se entiende por delitos de lesiones no alcanza a las lesiones que se le pueden causar el ser en formación en sus primeros días de vida. La tercera parte esta dedicado a recorrer el pasado para hacernos de un hecho paradigmático ocurrido en la Alemania de finales de los años sesenta e inicios de los setenta, donde miles de niños recién nacidos se ven afectados por la ingesta -por parte de las madres- de píldoras «contergan» que le provocaron graves deformaciones en su aspecto físico. Ello provoco que el Derecho se pronuncie y lo hizo a través del Derecho penal alemán alentado por las opiniones de sus notables juristas quienes aportaron soluciones al caso, en un sistema penal sin delitos de lesiones contra el nasciturus. Luego, reservo el cuarto lugar, para hacer un recorrido por el Derecho comprado y así identificar las legislaciones que punen las conductas lesionales contra el ser en formación. Empiezo por España –hoy única legislación con tradición germánico-romana en Europa- que pune esta modalidad delictiva; luego, en América, tenemos a la República de El salvador, Costa Rica y Colombia. En el quinto espacio trabajo el bien jurídico-penal donde en primer lugar se desarrolla una breve teoría de dicha figura penal, para luego determinar el bien jurídico protegido en los delitos de lesiones contra el nasciturus. Finalmente, determino la correcta ubicación sistemática en el Código Penal en función del bien jurídico-penal.
Tesis

This article analyzes the influence self-regulation has had in the recent years as a law instrument that helps monitor corporate organizations, as well as its consequences in the fight against public corruption through corporate compliance programs.
El presente artículo analiza la influencia que en los últimos años ha tenido el fenómeno de la autorregulación para el derecho como mecanismo de supervisión de las organizaciones empresariales y sus implicancias en la lucha contra la corrupción pública a través de los programas de cumplimiento para las empresas.

Tesis (magíster en derecho con mención en derecho civil)
Autor no autoriza el acceso a texto completo de su documento
La plena capacidad jurídica es un derecho esencial de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad mental e intelectual, reconocido por la Convención de Derechos de la Personas con Discapacidad. Los países signatarios de la Convención deben adecuar su legislación de tal forma de dar pleno reconocimiento a este derecho, incluyendo la derogación de la institución de la interdicción por demencia y las guardas, las que son discriminatorias, adoptando sistemas de toma de decisiones con apoyo eliminando los modelos basados en la sustitución de la voluntad o representación legal. El presente trabajo revisa el nuevo paradigma de la discapacidad a partir de la aceptación del modelo social y de derechos en la Convención, analiza críticamente tanto la legislación chilena relativa a la discapacidad como los conceptos recogidos en el Derecho Civil en materia de voluntad y capacidad jurídica. Basadas en la doctrina, la Convención y el Derecho comparado, las conclusiones esbozan los criterios que debe contemplar la urgente modificación de la legislación chilena en materia de Capacidad Jurídica

En esta tesis se estudia la diversidad de criterios existentes para identificar al consumidor, en el derecho español y en el argentino. Se analizaron los antecedentes, características, fundamentos, principios, fuentes y presupuestos del derecho del consumidor, y la definición legal del consumidor, las opiniones doctrinales y jurisprudenciales. La identificación de tendencias, sus fortalezas y debilidades, permite tomar postura al respecto. Se examinaron las clasificaciones del consumidor, los supuestos controvertidos respecto a la categoría que resultan comunes en ambos países y los ámbitos específicos en los que puede existir un consumidor. La ejemplificación elegida evidencia la necesidad de proponer criterios fundados superadores de las divergencias existentes. Se concluye que, si bien en el derecho español existe mayor certeza que en el argentino respecto a los supuestos debatidos, sería conveniente que en ambos se adopte legislativamente una decisión concreta y a tal fin se asumieron y argumentaron posturas para cada caso.
The diversity of existing criteria to identify the consumer, in Spanish and Argentine law, are studied in this thesis. The background, characteristics, foundations, principles, sources and assumptions of consumer law were analyzed, and the legal definition of consumer, and doctrinal and jurisprudential opinions. The identification of trends, their strengths and weaknesses, allows taking a position in this matter. The consumer classifications, the controversial assumptions regarding the category that are common in both countries and the specific areas in which a consumer may exist were examined. The exemplification chosen shows us the need to propose well-founded criteria that overcome the existing divergences. It is concluded that, although in Spanish law there is greater certainty than in Argentina regarding the debated assumptions, it would be convenient for both countries to adopt legislation based on concrete decisions regarding existing controversies, and for this purpose positions were assumed and argued for each case.

El principio "societas delinquere non potest" ya no constituye un principio vertebrador del Derecho penal; el referido aforismo ya quedó relativizado en el texto originario del Código Penal de 1995 (artículo 129 CP). Posteriormente, el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del CP de 2007 y los sucesivos textos prelegislativos posteriores (Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 2008) acogieron propuestas que suponían su erradicación. Con la Reforma del CP de 22 de junio del 2010, se introdujo en el Código Penal el estatuto de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el artículo 31 bis CP, cuyas controvertidas particularidades evidenciaron, a ojos de la doctrina, un más que cuestionable modelo normativo elegido por el legislador. Finalmente, con la Reforma del CP de 2015 se incorporaron modificaciones parciales al referido estatuto, que a pesar de haberse concebido para superar las carencias verificadas en la anterior regulación, comportaron la inserción de novedosos elementos hasta entonces desconocidos por el Ordenamiento jurídico penal, lo que trajo como causa que el modelo de responsabilidad de los entes continuara en entredicho. En definitiva, la responsabilidad penal ya no sólo se concibe con respecto a las personas físicas, sino que a partir de la Reforma del CP de 2010, se puede hablar de una responsabilidad directa e independiente de las personas jurídicas. A lo largo de este trabajo, se tratn de explicar las novedades legislativas en cuanto a la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y se analizan los efectos que puedan derivarse de esta nueva regulación, haciendo especial referencia a los fundamentos de la atribución de la responsabilidad penal y a la materia del Compliance Penal como eje central sobre el que versarán las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Asimismo, se formulan valoraciones político-criminales a la vista de posibles inconvenientes e incongruencias suscitados por las últimas Reformas penales. Por consiguiente, el presente trabajo aborda tanto cuestiones que se ubican en el plano dogmático como en el que es propio de la política criminal.
The aphorism "societas delinquere non potest" is not constituted as a guiding principle of criminal Law. The aforementioned aphorism was relativized in the original text of the Penal Code of 1995 (Article 129 CP). Subsequently, the draft Organic Law on Penal Code reform and the successive pre-legislative texts (draft reform of the Penal Code of 2008), welcomed proposals that assumed its eradication. With the reform of the Penal Code of 2010, it was introduced into the Penal Code the statute of criminal liability of legal persons, at article 31 CP, whose controversial peculiarities evidenced, from the doctrine point of view, a more than a questionable model chosen by the legislature. Finally, the reform of the Penal Code of 2015, partial modifications were incorporated intro de aforementioned statute, which despite of being designed to overcome the shortcomings verified in the previous regulation, inserted new elements that were unknown for criminal Law until then, which meant that the model of criminal liability of the entities continue into question. In conclusion, criminal liability is not only referring to individuals, but also to legal persons. Throughout this research, we try to explain the legislative developments regarding regulation of criminal liability of legal persons, and we will analyze the effects that may result from this new regulation, with particular reference to the fundamentals of criminal liability attribution and to the criminal compliance, as a central axis of modifying circumstances of criminal responsibility. This thesis analyzes the inconsistencies and incongruities of recent penal reforms and undertakes both dogmatic issues as political-criminals.

La presente investigación evidencia la problemática existente en torno a la ausencia de fundamentos dogmáticos que sustentarían la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento legal, la cual, se soporta actualmente en el principio jurídico “Societas Delinquere non Potest”; es decir que éstas no pueden ser penalmente responsable por las acciones cometidas en su beneficio. En pleno siglo XXI, nos encontramos en una sociedad post industrializada, donde surge la certeza de que las personas jurídicas interactúan en un nuevo medio, situación que origina la necesidad de responsabilizarla directamente. Es este sentido, esta investigación está diseñada, para busca y analizar los fundamentos dogmáticos adecuados que sustenten dicha responsabilidad, los cuales los encontramos dentro de los fundamentos tradicionales de la teoría del delito; sin embargo, los mismos requieren una nueva definición a fin de llenar los vacíos de punibilidad que se generan alrededor de ésta; entender cómo la persona jurídica podría ser considera sujeto de responsabilidad penal a partir de una nueva definición de sociedad, planteada desde la teoría sociológica de los sistemas, acoplada al funcionalismo de Günter Jakobs.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
En esta investigación se expondrá el estado actual de la discusión jurídico penal relativa a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, abordando las tres preguntas esenciales que plantea este tema. Según SCHÜNEMANN la cuestión central es determinar si es político-criminalmente imprescindible, dogmáticamente construible y constitucionalmente legitimable un Derecho Penal de entidades colectivas bien desarrollado .

This article analyzes the trade name function as a distinctive sign of the economic agents, and the use of it, having in consideration the problems with the confusion between legal entity name, label or business sign, and service mark. Furthermore, it discusses the origin of the exclusive right to a trade name, the proof of its use, and the effects when use of the sign ceases.
Este artículo analiza la función del nombre comercial como signo distintivo del agente económico y su uso, teniendo en cuenta el marco regulatorio actual y los problemas generados por la confusión con el nombre de la persona jurídica, el rótulo de establecimiento o la marca de servicio. Además, se analiza el surgimiento del derecho sobre el referido signo, la acreditación del uso y los efectos de la falta del mismo.

Tesis (para optar al grado de magíster en derecho penal y criminología)
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
El presente trabajo trata de la hipótesis de tráfico de drogas a menores de edad, disminuidos psíquicos y personas sometidas a tratamiento de deshabituación o rehabilitación de drogas en el Derecho Penal Español, contemplado como figura agravada en la regulación del Código Penal relativo a los delitos contra la salud pública, en específico respecto del tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Se exponen el tratamiento que la doctrina española y jurisprudencia del Tribunal Supremo han dado a este ilícito y las principales problemáticas y discusiones que han surgido de su aplicación práctica

Para la Obtención del grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas
Una rápida lectura de cómo se manifiesta el Estado moderno en Chile, nos proporciona la conclusión de que se han incorporado diferentes agentes que colaboran con la función pública y que dichos agentes se encuentran interconectados. De esta diversidad y multiplicidad de vínculos se obtiene que la función pública tiene hoy más que nunca límites difusos con el sector privado. Ya quedó obsoleta una visión piramidal de la estructura del Estado, para dar paso a modernas teorías que visualizan más bien una red de influencia recíproca, donde operan entidades de diversos ámbitos, con diferentes intereses y tamaños, nacionales e internacionales. En un contexto de corrupción del Estado y específicamente en relación a la participación en el delito de Cohecho que pueda involucrar al sector público, se hace necesario encontrar una definición de función pública y de agentes de la Administración pública, que resulte aplicable a todos aquellos agentes del Estado y colaboradores que por su falta de probidad puedan afectar el correcto funcionamiento de la Administración, así como también identificar las figuras contractuales y plataformas donde actualmente es posible ver la forma como se está vinculando el Estado con los particulares, en qué modo el Estado chileno previene la corrupción y un análisis de la legislación que regula el cohecho y la penalización de las personas jurídicas dados los vínculos, relaciones y canales de comunicación que actualmente se dan entre la ciudadanía y la Administración 8 Pública. En el presente trabajo se precisa analizar la legislación que penaliza a las personas jurídicas por el delito de cohecho y encontrar contextos, regulaciones y procedimientos y luego tratar de llegar a áreas problemáticas, por ejemplo, en cuanto a la interacción de las personas jurídicas con el Estado o en cuanto a las circunstancias bajo las cuales la ciudadanía organizada puede desempeñar la función pública. Si se entiende que las personas jurídicas forman parte de la Administración Pública en un sentido puramente funcional, es decir, porque las actividades que realicen satisfacen las necesidades y servicios que un sector u organismo del Estado está llamado a otorgar a los ciudadanos, podemos incluir a una gran cantidad de agentes que en forma permanente o esporádica, pagados con fondos públicos o no y que además, no necesariamente se rigen directamente por la LOC de Bases de la Administración del Estado. La falta de probidad de agentes “funcionales” pero no “formales”, en algunos casos pudiera afectar la correcta prestación del servicio, pero no podría imputárseles necesariamente un incumplimiento a la Ley o pretender de ellos una responsabilidad mayor a la específica actividad comercial, laboral o incluso voluntaria que desempeña. Sin embargo, es una definición funcional de empleado público la que otorga el artículo 260 del Código Penal (CP), aplicable a todas las personas imputadas por delitos funcionarios del Título V del Libro II del CP, incluyendo el Cohecho. En su aplicación pueden darse un sin fin de situaciones donde se hace necesario 9 analizar los contratos que las personas jurídicas firman antes de desempeñar una función pública. Por otro lado, tampoco resultaría aplicable una definición meramente formalista de agente de la Administración Pública en el escenario actual, en el sentido de que solamente aquellas personas, jurídicas o naturales que forman parte de un escalafón funcionario dentro de la estructura de un organismo del Estado, nombradas con las formalidades y por la autoridad que señala la ley, ejercerían la función pública, ya que tampoco parece realista dadas las figuras actuales de participación del sector privado en la función pública como la tercerización, subcontratación, proyectos con fondos del Estado, concursos y licitaciones y otras ampliamente extendidas en el escenario actual. Por lo tanto, esta tesis analiza las reformas en el ámbito de la penalización de las personas jurídicas y pone acento en uno de los delitos por los cuales actualmente son sancionables las personas jurídicas en Chile, como es el Cohecho y cómo son sancionables las personas jurídicas que participen de dicho delito. Junto con esta problemática respecto a la real participación del sector privado como agentes de la función pública, existe otra, en relación a abordar el problema dogmático que debió enfrentar el legislador penal al hacer imputables por el delito de Cohecho y otros delitos a las personas jurídicas por virtud de la Ley 20.393. Hay ciertos temas que tienen relación con lo anterior, como por ejemplo, si las personas jurídicas deben o no resultar beneficiadas por la comisión del delito y 10 cómo deben cumplir con el deber de supervisión y administración como una de las condiciones de inimputabilidad. En el análisis son relevantes dos tratados internacionales anticorrupción ratificados por Chile. Resulta interesante reflexionar respecto al objetivo principal de dichos tratados, que es la lucha contra la corrupción, y cómo en Chile se ha modificado la legislación para dar cumplimiento a los tratados. Los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile que buscan combatir la corrupción y que dieron al legislador chileno un mandato para que modifique las normas referidas al delito de Cohecho y a la imputabilidad de las personas jurídicas, son principalmente dos: la Convención Interamericana de Derechos Humanos contra la corrupción de 1996 y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción de 2003, cada uno de los cuales tiene su propia definición de función pública que coincide con la definición del CP chileno y señalan directrices y procedimientos que los países miembro deberían implementar para combatir la corrupción. Junto con la búsqueda de una coherencia legislativa para cumplir con el mandato de los tratados interacionales mencionados, en el ámbito de la Administración Pública en Chile desde hace años se presenta un esfuerzo por digitalizar los procedimientos y organismos estatales y también por transparentar la información pública. Dos importantes leyes que se relacionan con este esfuerzo son, por ejemplo, la Ley de Transparencia de 2008 y la nueva Ley del Lobby de 2014, que se analizarán también como anexos en esta tesis junto con la Ley 11 20.500 relacionada con la protección de la probidad y la participación ciudadana. También resultan importantes los actuales procesos de compra y licitaciones, así como el espacio que el particular sistema chileno da a los "proyectos con fondos del Estado”, lo que también pudiera tener importancia con la investigación del delito de Cohecho y con las personas jurídicas que participan de estos procesos. Por lo tanto, en el presente trabajo interesa el análisis del tipo Cohecho y legislación y reformas relacionadas con este delito, la reforma que hizo imputables a las personas jurídicas respecto de dicho delito, también el análisis del especial sistema de organización del Estado chileno, para lo cual me apoyaré en las páginas web oficiales de los diferentes organismos del Estado, además de la legislación y los tratados internacionales anticorrupción mencionados que han inspirado las reformas.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
En esta tesis hemos tenido el propósito de efectuar un análisis crítico de la aplicación de la Ley No. 19.284 sobre integración Social de las personas con discapacidad. Para lograrlo hemos analizado, en primer lugar, las normas internacionales derivadas de la OIT contempladas en la Recomendación No. 99, en el convenio No. 159 y en la Recomendación No. 168.

La presente investigación tiene por objeto analizar dogmáticamente el bien jurídico protegido por el delito de trata de personas en el ordenamiento jurídico peruano. Al respecto, existen diversas posturas sobre dicho tópico, lo que determina la poca o nula aplicación del tipo penal de acuerdo al bajo índice de sentencias expedidas por dicho delito en nuestro país. En ese sentido –a partir de un análisis exclusivamente teórico, basado en fuentes jurídicas (normas, jurisprudencia y doctrina) nacionales y extranjeras-, se postula que el bien jurídico protegido en este delito lo constituye la dignidad del ser humano, entendida como la prohibición de cosificación vejatoria y humillante de la persona. A tal efecto, la investigación se desarrolla de la siguiente manera: a) en el Capítulo I se aborda el tema del bien jurídico protegido en un Estado Constitucional; b) en el Capítulo II se desarrollan las diversas posturas que existen sobre el bien jurídico protegido en el delito de trata de personas; c) en el Capítulo III se analiza a la “dignidad” como bien jurídico protegido por el Derecho Penal, en general, y por el delito de trata de personas en particular; d) finalmente, en el Cuarto Capítulo se aborda la aplicación práctica del bien jurídico “dignidad” en dicho delito, a partir del análisis de la figura del consentimiento de la víctima. De todo este desarrollo se concluye finalmente que la dignidad sí tiene la suficiente capacidad dogmática para configurar el bien jurídico protegido por el delito de trata de personas en el Perú.
Tesis