Academic literature on the topic 'Procedimiento civil'

El presente artículo tiene como finalidad analizar de qué forma la asunción del riesgo configura un eximente de responsabilidad civil frente a daños ocasionados en procedimientos de septoplastia; así pues, el trabajo se realiza mediante el tipo de investigación jurídico descriptivo. Teniendo en cuenta que la desviación del tabique nasal es la patología más frecuente, y puede ser corregida mediante la septoplastia con técnica de Cottle; como cualquier procedimiento presenta riesgos, los cuales, al ser aceptados voluntariamente por el paciente de forma previa al procedimiento de la septoplastia, configuraría la asunción del riesgo como un eximente de responsabilidad.

En 2008, nuestra Constitución ordenó el tránsito del sistema inquisitorio de justicia penal al acusatorio oral; los cambios estructurales en el proceso penal fueron evidentes, uno de ellos son los procedimientos especiales inexistentes anteriormente; estos procedimientos son símil del procedimiento sumario civil; de ser así, correspondería incorporar un procedimiento sumario en materia penal que aplicara a todos los casos, o, en el supuesto contrario, sería oportuno que en materia penal los procedimientos especiales fuesen diferentes y suficientes para cada caso específico según el sector de población a que perteneciere el hipotético delincuente al desarrollar su actividad ilícita. Si el objetivo prioritario de la justicia penal oral es abreviar los procesos, los procedimientos ordinarios seguirán la regla general, no así los procedimientos especiales o sumarios, que serán más cortos y diferentes.

Desde los antecedentes del Proceso Civil Boliviano, los procedimientos penales siempre han sufrido retraso en cuanto a la resolución de los casos. A nivel mundial, con el paso del tiempo ha comenzado una era de aplicación de los procesos orales en las áreas del Derecho. Por esta razón y ante la promulgación del nuevo Código de Procedimiento Civil, se realiza este estudio, para determinar si Bolivia se encuentra preparada para afrontar este cambio significativo, puesto que se deben tomar varios parámetros, como la estructura física para audiencias y la preparación del recurso humano.

<pre>Este artículo está dedicado a analizar asunto de importancia excepcional en el siguiente marcha procedimiento civil chilena : el modelo procesal civil adoptado por Chile , que elige a la oralidad y el marco de procedimiento, especialmente en relación con el análisis de la obligación del interior de las reivindicaciones de procedimiento en debido al cambio repentino en materia civil .</pre>

En los últimos meses, la Sala de lo Civil del TS ha tenido ocasión de pronunciarse sobre distintos aspectos de la acción directa ejercitada frente a la entidad aseguradora de la responsabilidad civil de la Administración Pública. En estas Sentencias, la Sala Civil perfila la vinculación de las resoluciones administrativas dictadas en el procedimiento de reconocimiento de responsabilidad de la Administración Pública, así como la viabilidad de iniciar el procedimiento civil ejercitando aquella acción cuando el procedimiento administrativo haya sido incoado de oficio y no haya resolución administrativa ¿firme? Niega la Sala Civil la viabilidad de una acción autónoma ejercitable por el perjudicado para obtener el cobro de los intereses moratorios del art. 20 LCS también en el caso en que la aseguradora no haya sido parte en el procedimiento contencioso-administrativo.

El pasado diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) dictó la sentencia Bondora (Asuntos acumulados C‑453/18 y C‑494/18). En este asunto, el TJUE exploró la posibilidad de examinar de oficio la potencial abusividad de las cláusulas contractuales en el contexto del Procedimiento Monitorio Europeo (“PME”). Si bien el TJEU ya se había pronunciado en relación al examen de las cláusulas abusivas en relación a los procedimientos monitorios nacionales, por primera vez lo hace en relación a un procedimiento civil europeo. El presente artículo analiza el razonamiento seguido por el TJUE, así como las consecuencias mediatas e inmediatas de la sentencia en la estructura y el funcionamiento del PME.

En materia de conciliación el sistema de justicia chileno es de contrastes. Por un lado, en el funcionamiento de la justicia civil la conciliación cumple un rol prácticamente insignificante en términos estadísticos, lo que la diferencia de los sistemas reformados en materia laboral y de familia, donde su uso es masivo. Por otro lado, el derecho procesal comparado muestra como las salidas negociadas en el proceso civil -destacando, entre ellas, la conciliación judicial- tienen un rol cada vez más relevante, generando una profunda discusión acerca de una cultura de los acuerdos. Nada de esto ocurre en nuestro derecho procesal civil. Sin embargo, una reciente reforma al Código de Procedimiento Civil incorporó el artículo 3 bis, que estableció un deber general de todos los actores de promover las salidas autocompositivas, posicionando al sistema de justicia civil chileno en la misma dirección que el derecho comparado. En este artículo nos preguntamos hasta qué punto nuestro sistema de justicia sigue las tendencias comparadas en materia de métodos alternativos/apropiados de solución de conflictos, y, en particular, qué obstáculos puede enfrentar la implementación y aplicación del art. 3 bis del Código de Procedimiento Civil. Esta reflexión se construye contrastando el funcionamiento de la conciliación en los tribunales civiles, con su funcionamiento en los procedimientos reformados, el desarrollo de este asunto en la experiencia comparada y algunos de los diversos desafíos que debería sortear nuestro país para sumarse adecuadamente a esta tendencia transversal.

El estudio que proponemos se dirige en primer lugar a estudiar la mecánica del procedimiento arbitral en el Estado español como alternativa extrajudicial para la resolución de conflictos. Para ello, vamos a examinar la relación entre arbitraje y proceso. Se efectúa la contraposición entre principios del proceso judicial y del procedimiento arbitral, toda vez que este último se construye sobre el principio de autonomía de la voluntad, a partir de la renuncia puntual al derecho de tutela jurisdiccional. Lo que se traduce en la ausencia de garantías propias del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional. Se analizan las particularidades del procedimiento arbitral, que no queda delimitado por la demanda y la contestación, sino que cabe ampliarlo durante las actuaciones arbitrales. Se presta una especial atención a los límites del procedimiento arbitral en relación con el auxilio judicial en materia de prueba, examinando las dificultades concretas para la práctica y desarrollo de los diferentes medios de prueba. Igualmente, analizamos la autonomía de la jurisdicción para considerar si ostenta competencia objetiva y territorial para tal auxilio judicial al arbitraje, con la consiguiente incidencia en caso de considerar que carece de competencia para dicho auxilio judicial, así como los tiempos adicionales para dicha colaboración de la jurisdicción, con los retrasos adicionales que puede suponer para el procedimiento arbitral, dado que no existe obligación por los juzgados de primera instancia de otorgar prioridad a la asistencia del arbitraje. Finalmente, se reflexiona sobre la ausencia de reglas sobre la carga de la prueba y de valoración de la prueba en el procedimiento arbitral, lo que incrementa el poder del árbitro frente al juez. Además de la divergencia sobre los principios del proceso jurisdiccional y del procedimiento arbitral, que se construye sobre el principio de autonomía de la voluntad a partir de la renuncia puntual al principio a la tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución española. Lo que conlleva como consecuencia la no exigibilidad de los principios y elementos que configuran el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional en el procedimiento arbitral. Se analiza las particularidades de la delimitación del objeto del procedimiento arbitral, que no queda delimitado por la demanda y la contestación, sino que cabe ampliarlo durante las actuaciones arbitrales. Se presta una especial atención a los límites del procedimiento arbitral en relación con el auxilio judicial en materia de prueba, examinando las dificultades concretas para la práctica y desarrollo de los diferentes medios de prueba: 1º) la prueba documental, con especial atención a la exhibición de documentos en poder de las partes y de terceros, así como la dificultad para acceder a las fuentes de prueba en sede administrativa, 2º) los problemas prácticos que puede originar tanto el interrogatorio de parte, como las pruebas testificales y periciales a través de la jurisdicción, al deber de ser acordados y realizados por el juzgador de instancia, ajeno al procedimiento arbitral, y con exclusión de los propios árbitros. Igualmente, analizamos la autonomía de la jurisdicción para considerar si ostenta competencia objetiva y territorial para tal auxilio judicial al arbitraje, con la consiguiente incidencia en caso de considerar que carece de competencia para dicho auxilio judicial, así como los tiempos adicionales para dicha colaboración de la jurisdicción, con los retrasos adicionales que puede suponer para el procedimiento arbitral, dado que no existe obligación por los juzgados de primera instancia de otorgar prioridad a la asistencia del arbitraje. Así mismo, se reflexiona sobre la ausencia de reglas sobre la carga de la prueba y de valoración de la prueba en el procedimiento arbitral, lo que incrementa el poder del árbitro frente al juez. Finaliza la reflexión realizando una serie de consideraciones críticas sobre el desenvolvimiento del procedimiento arbitral a través de medios telemáticos, así los problemas que puede conllevar la ausencia de regulación legislativa.