To see the other types of publications on this topic, follow the link: Procesal Penal.
Dissertations / Theses on the topic 'Procesal Penal'
Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles
Consult the top 50 dissertations / theses for your research on the topic 'Procesal Penal.'
Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.
You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.
Browse dissertations / theses on a wide variety of disciplines and organise your bibliography correctly.
1
Bustos, Ramírez Juan. "Principio garantista del derecho penal y procesal penal." Derecho & Sociedad, 2015. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/118744.
Full text
2
Landa, César. "La constitucionalización del Derecho Procesal Penal: el Nuevo Código Procesal Penal peruano en perspectiva." THĒMIS-Revista de Derecho, 2016. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/108223.
Full textAbstract:
En julio de 2004, fue promulgado y publicado el actual Código Procesal Penal peruano. En el presente artículo, el autor analiza la relación entre lo establecido en esta norma y los principios constitucionales.Para ello, explora cuál es el fundamento constitucional de lo estipulado en el nuevo Código Procesal Penal.Asimismo, analiza de forma detallada los artículos del Título Preliminar de la norma y señala en qué principios constitucionales, tales como la presunción de inocencia, la tutela procesal efectiva, la legitimidad de la prueba, el derecho de defensa,entre otros, encuentran su concordancia con la Constitución.
3
Gánem, Hernández Eskándar. "La reforma procesal penal federal en México." Doctoral thesis, Universitat Jaume I, 2008. http://hdl.handle.net/10803/56106.
Full textAbstract:
En México, la procuración e impartición de justicia se encuentra en crisis según diversos diagnósticos científicos sobre el estado que guarda la justicia penal. La superación del estado actual de las cosas se presenta necesaria. La tesis doctoral, la reforma procesal penal en México, aborda el vigente modelo de enjuiciamiento criminal, y su posible transformación, con base en la Constitución de 1917, el Código Federal de Procedimientos Penales de 1934 y los principios procesales reconocidos. El estudio se realiza comparativamente con los modelos español, alemán y norteamericano, que son jurídicamente más avanzados, con el propósito de obtener mayores opciones de respuesta ante la necesidad de superar el sistema inquisitivo vigente y adoptar un sistema acusatorio. La tesis se conforma de cuatro partes generales: una primera, en la que se presenta el marco legal constitucional del Estado de derecho mexicano, crisol del concepto de jurisdicción, sentando las bases de su organización jurídica y de la estructura organizativa del Poder Judicial en México, su gobierno y acceso a la carrera judicial; una segunda, en la que se hace referencia a los principios procesales y lineamientos jurídicos consagrados, que deben ser combinados con el principio acusatorio a fin de configurar un modelo nuevo de enjuiciamiento criminal; una tercera, que presenta los desaciertos y los grandes problemas que impiden considerar al sistema mexicano como un verdadero proceso penal, garante de los derechos y principios jurídicos consagrados por la Constitución y por los Tratados internacionales signados por México; y una cuarta parte, motivo fundamental de todas las demás que sirven de preparación, que se forma con una nueva propuesta de concepción del enjuiciamiento criminal en México para adoptar de forma definitiva un proceso acusatorio con juicio oral y público.
4
Cubas, Villanueva Víctor. "Principios del Proceso Penal en el Nuevo Código Procesal Penal." Derecho & Sociedad, 2017. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/118985.
Full text
5
Oré, Guardia Arsenio. "El Código Procesal Penal de 1991." Derecho & Sociedad, 2015. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/118992.
Full text
6
Collado, González Rafael, and Chamorro Pablo Ortiz. "Violencia y Derecho Procesal Penal Chileno." Tesis, Universidad de Chile, 2004. http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/107512.
Full textAbstract:
Memoria (licenciado en ciencias jurídicias y sociales)A pesar de los avances de los derechos humanos en diversas áreas del derecho, resulta problemático comprender porque en el derecho procesal penal no ha sido de esta manera. El problema se presenta en Chile de una manera especial, que amerita su estudio, ya que estamos en pleno proceso de reforma del mismo.
7
García, Rada Domingo. "Notas sobre el Proceso Penal." Pontificia Universidad Católica del Perú, 2015. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/116346.
Full text
8
Villavicencio, Rios Fressia Sissy. "Apuntes sobre la celeridad procesal en el nuevo modelo procesal penal peruano." Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/116627.
Full text
9
Dintrans, Mardones María Cecilia, and Baraona Andrés Fernando Bustos. "Delitos de quiebra y reforma procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2011. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/116702.
Full textAbstract:
No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo.Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)
El paradigma mundial en el cual se desarrollan los distintos países del orbe tiene su explicación en dos aspectos fundamentales: la globalización y la alta tecnificación, o especialización, que han ido adquiriendo los mismos. Es producto de este nuevo escenario que se ha desarrollado una avalancha de revisiones y reformas de los distintos sistemas jurídicos de cada país con el objeto de no quedar atrás en los nuevos procesos y tendencias en lo que a derecho comparado se refiere. Chile no se ha quedado atrás en este proceso, es así como hace algunos años comenzó a regir la Reforma Procesal Penal . Uno de los objetivos centrales de la misma dice relación con la adecuación del sistema procesal penal a las exigencias de un Estado democrático . Profundizando un poco más, la preocupación fundamental que da nacimiento al proceso de reforma dice relación con la manifiesta inconsistencia existente entre el sistema procesal penal chileno vigente en ese tiempo, y las garantías individuales reconocidas en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. El objetivo antes mencionado aparece explícitamente en el Mensaje del Presidente de la República que acompañó el Proyecto de Ley del nuevo Código Procesal Penal y en donde se señala: “Desde el punto de vista político y constitucional, el mayor defecto del sistema penal en Chile es que carece de un genuino juicio contradictorio que satisfaga las exigencias del debido proceso. El sistema penal en Chile, en su fase procesal, contradice así una de las garantías inherentes al sistema político. Según lo acreditan diversos estudios, y la observación histórica lo pone de manifiesto, el proceso penal en Chile posee una estructura inquisitiva, absolutista y secreta, que despersonaliza al inculpado y que no se corresponde con la noción de ciudadanía propia de un Estado democrático. La consolidación de la democracia exige la reforma al proceso penal de modo que satisfaga las exigencias de un juicio público y contradictorio. La reforma al proceso penal que proponemos constituye, entonces, una profundización de las instituciones democráticas que conforman al estado chileno”.
10
Ramírez, Guerra Simón A. "Medios de impugnación y recursos procesales en el nuevo código procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2001. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/114713.
Full textAbstract:
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
El presente trabajo, fundamentalmente apoyado en las esclarecedoras ideas de Mirjan Damaska, no sólo pretende analizar el sistema de impugnaciones en el nuevo proceso penal, en especial la apelación, sino también, explicar como el diseño del proceso legal se encuentra determinado o prefigurado por condicionantes más generales cuyas raíces se encuentran en la estructura, organización y fines del Estado. Como se explicará a propósito del recurso de apelación, su existencia o no dentro del ordenamiento jurídico no depende de la "afición", "gusto" o "conveniencia" de quienes la defienden como tampoco de una simple decisión de política legislativa restringida al ámbito del proceso legal. Por tal motivo, si bien celebramos el avance sin precedentes que introduce la reforma procesal penal y los principios de garantía que pretende introducir o reforzar, entre otros objetivos, ello no debe descuidar un análisis sobre el verdadero "pedigrí" u origen de los mismos ni de su posibilidad practica de aplicación en un medio legal distinto o incluso hostil.
11
Velaochaga, Miranda Guillermo. "La Revisión en el Procedimiento Penal." Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/115519.
Full textAbstract:
l.-Introducción.2.-Doctrina.a) La tesis de la incontrovertibilidad del principio de la cosajuzgada;b) La tesis de la primacía de los derechos humanos.3.-Naturaleza y definición del recurso.4.-0bjeto.5.-Motivos.6.-Sujetos.7.-Procedimiento y término.8.-El órgano decidente y sus fallos,9.-Efectos jurídicos de la anulación de la sentencia impugnada.10.-Esquema histórico del recurso de revisión.11.-Legislación Nacional y Crítica.12.--Conclusiones.13.-Bibliografía.
12
Oyarce, López Tamara. "La duda razonable en el sistema procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/106848.
Full textAbstract:
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
El artículo 340 inciso primero del Código Procesal Penal señala: “Art. 340: Convicción del tribunal. Nadie podrá ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, más allá de toda duda razonable, la convicción de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él, hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.” (el destacado es nuestro). En esta disposición resulta patente, que el nuevo sistema de justicia criminal, introduce una modificación fundamental en el estándar de convicción que se exige al Tribunal de Juicio Oral competente, o al Juez de Garantía , según el caso, para determinar la culpabilidad o inocencia de un imputado. Esta modificación se ve justificada desde la perspectiva de los principios y garantías fundamentales que subyacen al nuevo sistema, así como desde el punto de vista de la lógica del juicio oral; única instancia en que por regla general será rendida la prueba que servirá de base al tribunal de juicio oral para pronunciar su fallo. Esta importante modificación a su vez introduce un cambio fundamental respecto de nuestro ‘antiguo’ y rígido sistema de procedimiento penal, sistema de corte inquisitivo, que consagraba el sistema de prueba legal o tasada, lo que se traducía en que la exigencia de reconstrucción de la verdad histórica exigía alcanzar la máxima certeza para condenar, tanto respecto de la ocurrencia del hecho como de la participación del imputado
13
Mendía, Ramírez María Paz. "La defensa publica en la reforma procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2000. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/114231.
Full textAbstract:
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
El estudio del nuevo sistema de defensa penal pública se ha formulado de la siguiente manera: En el capítulo I bajo el título " La defensa", se presenta esta institución, se conocen sus antecedentes históricos y las acepciones del derecho de defensa como garantía constitucional y como garantía del proceso. Se distingue la defensa privada de la defensa pública, examinando la organización del servicio público de defensa y las funciones del defensor de oficio. En el capítulo II titulado "La defensa en el proceso penal chileno y la defensa pública en el ordenamiento jurídico internacional" se analizan los principios rectores de la defensa en el proceso penal, también recogidos en los tratados internacionales: la igualdad entre las partes, la presunción de inocencia, el principio de congruencia, el derecho a un debido proceso, el derecho a la publicidad del proceso y cómo estos principios son protegidos en el actual proceso penal chileno y en el sistema latinoamericano. En el capítulo III "Defensa técnica y servicio de defensa pública" se precisa la naturaleza de la defensa técnica y su relevancia, las funciones del abogado defensor y las distinciones existentes entre la asistencia jurídica gratuita, la asistencia pública y privada y la normativa legal vigente, que provee de defensa jurídica a todos aquellos imputados o acusados que en el curso de un proceso se vean privados de un defensor de confianza. En el capítulo IV "La defensa en Chile", se analiza desde un enfoque normativo y jurisprudencial al titular de la garantía de defensa y el ejercicio de su derecho en el marco legal vigente. Se formulan las consideraciones y los objetivos de la reforma procesal penal y las principales diferencias entre el proceso penal actual y el proceso penal reformado. El capítulo V denominado "La defensa en la reforma procesal penal" se analiza en profundidad al titular del derecho de defensa, sus derechos, facultades y garantías en el proceso penal reformado. Se aborda los sujetos procesales en la etapa de instrucción como parte de la estructura del procedimiento ordinario por delitos de acción penal pública y cómo se respetan en ella, los derechos y garantías del imputado principalmente durante la investigación y actividades probatorias como en las medidas cautelares de carácter personal. Se sistematiza el proceso y el ejercicio de la defensa en las etapas de formalización de la instrucción, en las llamadas salidas alternativas y procedimientos abreviados, en el juicio oral, en el derecho a recurrir del fallo, para concluir este capítulo con el análisis del proyecto de ley de Defensoría Penal Pública, que regula su organización y funcionamiento.
14
Reinoso, Varas Ricardo, and Varas Patricio Reinoso. "El juicio oral en el código procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2001. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/114751.
Full textAbstract:
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
Este trabajo tiene por finalidad básica analizar en profundidad el juicio oral en el nuevo Código Procesal Penal, sin perjuicio de que también analiza el contexto general de la reforma. Reforma que en términos generales establece las bases procedimentales de un nuevo sistema procesal penal que pretende abandonar el sistema inquisitivo y avanzar hacia otro con una orientación de carácter acusatorio. Es necesario considerar también, que desde un punto de vista social, la reforma se traduce en una ganancia para quienes son víctimas de la conducta delictual. En Chile, por motivos diversos, existe una gran inseguridad subjetiva, un fuerte temor a la criminalidad. Una de las fuentes de esa inseguridad subjetiva, es la indefensión que provoca el deficiente diseño del proceso penal. En los hechos, el proceso penal pone de cargo de las víctimas la iniciativa de la persecución penal, puesto que la actividad de los organismos de persecución penal pública es ineficiente y según ya se vio, no logra focalizarse sobre la criminalidad más grave sino solo sobre los sectores sociales mas vulnerables. La extrema dilación y la estructura de los procedimientos, por otra parte, distancian a la infracción del castigo, privando a este último de sus funciones simbólicas y protectoras. La reforma procesal penal, en la medida que instituye un órgano específico encargado de la persecución penal pública sometido a la conformidad de la víctima y al mismo tiempo, en la medida que abrevia la distancia temporal entre la infracción y el castigo, contribuye a disminuir los factores que acentúan la inseguridad subjetiva en Chile. El Ministerio Público será un órgano estatal especializado en la persecución penal, en la protección de la víctima y en una represión imparcial y rápida de la delincuencia.
15
Pérez, Arroyo Miguel Rafael. "El tratamiento criminológico social, penal y procesal penal de las minorías etnoculturales en el derecho contemporáneo." Doctoral thesis, Universidad de Alicante, 2012. http://hdl.handle.net/10045/24656.
Full text
16
Foy, Valencia Pierre Claudio. "Consideraciones ambientales sobre el proceso penal." Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/116101.
Full text
17
Rodríguez, Hurtado Mario Pablo. "La constitucionalización del proceso penal: Principios y modelo del Código Procesal Penal 2004 (NCPP)." Foro Jurídico, 2017. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/120087.
Full text
18
Manrique, Laura Ricardo Arturo. "La desacumulación y separación de procesos acumulados, imputaciones y delitos conexos en el Código Procesal Penal Peruano: a propósito del artículo 51º del código procesal penal 2004." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2019. http://hdl.handle.net/20.500.12404/16435.
Full textAbstract:
El artículo tiene como propósito analizar la aplicación práctica y operativa de la
desacumulación que instituye el artículo 51º del Código Procesal Penal 2004. La
necesidad de hacer posible del proceso penal eficiente, en términos de celeridad y de
plazos razonables, y con eficacia para garantizar que su decisión se funde en la
verdad como presupuesto de justicia; a este cometido, no contribuye el plazo de
duración promedio del proceso penal complejo y proceso complejo con
organización criminal, sin soslayar la duración que alcanza el algunos casos el
proceso simple criminal, que podrían llegar hasta más de 10 años para la decisión
final en primera instancia; lo que no se condice con la garantía constitucional de la
tutela jurisdiccional efectiva en su expresión el derecho a la obtención de una
decisión fundada en derecho dentro de plazos razonables. El escaso desarrollo
doctrinario y jurisprudencial de la norma y su sentido literal limitan aplicación
práctica y el uso por operadores para convertir la desacumulación de procesos y
separación de imputaciones o delitos conexos como medio idóneo para simplificar
el proceso y resolver la causa en un tiempo célere, desde que la investigación
preparatoria ha cumplido su objetivo. El análisis del texto legislativo y teórico de las
instituciones de la acumulación y desacumulación sostienen un ejercicio de
interpretación dogmatica. La importancia y utilidad práctica de la desacumulación o
separación de imputaciones o delitos conexos para el manejo de procesos complejos
y procesos complejos con organización criminal reside en que sus criterios pueden
bien ser aplicados en el curso del juicio oral para llegar a la conclusión del debate
probatorio en forma anticipada y la emisión de decisiones finales antes de concluir
el debate probatorio en su integridad, sobre todo en casos de pluralidad de
imputados.Trabajo académico
19
Río, Labarthe Gonzalo del. "Las medidas cautelares personales del proceso penal peruano." Doctoral thesis, Universidad de Alicante, 2016. http://hdl.handle.net/10045/54307.
Full text
20
Becerra, Briceño Jesús Luis. "Naturaleza e interpretación del subtipo agravado de estafa procesal." Doctoral thesis, Universitat Pompeu Fabra, 2016. http://hdl.handle.net/10803/383997.
Full textAbstract:
A pesar de la ingente cantidad de supuestos de estafa procesal que son enjuiciados cada año por los juzgados y tribunales españoles, este subtipo agravado ha sido objeto de poca atención por la doctrina. Tras realizar un análisis histórico-dogmático-jurídico-positivo de la evolución de esta figura en el Derecho penal español, alemán e italiano, se hace especial alusión a sus particularidades como figura pluriofensiva y, principalmente, se efectúa una interpretación de sus elementos típicos conforme a los postulados de la teoría de la imputación objetiva. El especial contexto normativo de desenvolvimiento de la estafa procesal ha obligado a realizar un análisis en profundidad de los principios que definen al proceso jurisdiccional (civil, fundamentalmente) como mecanismo último y heterocompositivo de la tutela de intereses privados. En este sentido, la atribución de responsabilidad penal a las partes procesales está estrechamente vinculada al conocimiento de primera mano de, por ejemplo, las reglas relativas a la distribución de las cargas procesales y las facultades judiciales de dirección material del proceso.Trotz der gewaltigen Anzahl von Prozeßbetrugsfälles, die jedes Jahr Gegenstand von Strafprozessen vor den spanischen Gerichte sind, hat die Literatur diesem Tatbestand wenig Aufmerksamkeit geschenkt. In der vorliegenden Dissertation wird zunächst eine Analyse der Entwicklung dieses Tatbestands in der spanischen, deutschen sowie italienischen Strafrechtsordnung aus einer historischen, dogmatischen sowie gesetzlichen Perspektive durchgeführt. Anschließend wir die Struktur des Tatbestandes sowie insbesondere die Auslegung der Tatbestandsmerkmale anhand der Kriterien der objektiven Zurechnung angegangen. Dabei zwingt der spezifische normative Zusammenhang des Prozessbetruges dazu, die Prinzipien des Prozesses (insbesondere des Zivilprozesses) als Mechanism des Schutzes von Privatinteressen tiefgreifend zu analysieren. Dabei ist die Zurechnung von strafrechtlicher Verantwortung zu den Prozessparteien mit den Regeln der Verteilung der Prozesslasten sowie mit den richterlichen Befugnissen zu der materielles Leitung des Prozesses eng verbunden.
21
Yon, Ruesta Roger. "El principio de oportunidad en nuestro sistema procesal penal." Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/115462.
Full text
22
Gray, Gariazzo Tomás. "Análisis del artículo 468 del código procesal penal sobre ejecución de la sentencia condenatoria penal." Tesis, Universidad de Chile, 2012. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/112848.
Full textAbstract:
Tesis (para optar al grado de magíster en derecho con mención en derecho penal)La presente investigación se centra en la etapa de la ejecución de la sentencia condenatoria penal, con el objeto de determinar si es posible sostener actualmente que se mantiene el carácter jurisdiccional de ese estadio procesal, o si, por el contrario, con la irrupción de los nuevos órganos de gestión esa fase es eminentemente administrativa. Una primera parte del trabajo abarcará los conceptos generales sobre la ejecución de la sentencia; sus características, principios, tratamiento legislativo, así como la proyección de posibles vías de solución que se sugieren en el futuro para intervenir esta etapa procesal. La segunda parte de la investigación, la más extensa, aludirá a los distintos aspectos que comprende la ejecución penal, mencionados en el artículo 468 del Código del ramo. La tercera parte del trabajo enfrentará los postulados de los dos capítulos anteriores con la aplicación práctica que algunos Juzgados de Garantía de Santiago y otro de Región han experimentado desde su aparición en la Reforma Procesal Penal. Un último capítulo condensa las conclusiones del autor, resolviendo la pregunta inicial que motivó la presente investigación. Palabras claves: Ejecución de sentencias condenatorias penales, cumplimiento de sentencias penales, sentencias condenatorias penales, pena efectiva, jurisdicción, administración
23
Jensen, M. Rodrigo. "El recurso de nulidad en el nuevo codigo procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2002. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107347.
Full textAbstract:
Memoria (licenciatura en ciencias jurídicas y sociales)El objeto de esta memoria de título es hacer un detenido estudio del recurso de nulidad, contemplado en los artículos 372 a 387 del nuevo Código Procesal Penal, a fin de poder dar algunas luces acerca de las normas relativas a su tramitación, a los objetivos buscados mediante la interposición del mismo, así como también aventurar una opinión personal respecto de su naturaleza jurídica, toda vez que dicho recurso presenta características íntimamente vinculadas con el recurso de casación.
24
Alarcón, Araya Rodrigo Francisco, and Cáceres Luis Alberto Jiménes. "La ley 18.216 ante la jurisprudencia de la reforma procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107819.
Full textAbstract:
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)La presente memoria responde a la necesidad de plasmar en una materialidad parte del trabajo desarrollado por estos memoristas en calidad de analistas documentales durante el tiempo arriba indicado. Es por ello que hemos escogido un tema específico, a saber, la aplicación de la Ley 18.216 en el contexto de la Reforma Procesal Penal, seleccionando una cantidad acotada de sentencias relevantes y atingentes a esta materia, para extraer los criterios aplicados por nuestros tribunales. La presente memoria constituye una innovación en la forma tradicional de desarrollar este tipo de trabajos. En este punto debemos reconocer un hecho fundamental: la utilización de la tecnología de la información aplicada al Derecho, entrega ventajas impensables a los operadores jurídicos en lo que dice relación con la sistematización y utilización del material jurisprudencial, doctrinal y legislativo. Un trabajo como el que se desarrolla en esta memoria, no es concebible sin esta herramienta que es la informática jurídica. Para ser más precisos, la memoria que presentamos reconoce su pertenencia a la informática jurídica documental, que es aquella parte de la informática jurídica que trata del procesamiento a través de soportes computacionales, de la información jurídica contenida en documentos para su posterior recuperación. En nuestro caso nos circunscribimos al procesamiento de información procesal penal de tipo jurisprudencial. En este sentido, esta memoria viene a ser un aporte en el contexto de la informática jurídica documental, dado que el incesante flujo de datos jurídicos – leyes, doctrina, jurisprudencia- exige una capacidad cada vez mayor de sumirse en esta inflación normativa para lograr un óptimo aprovechamiento de ésta. Una memoria como la nuestra, constituye un aporte real en esta tarea
25
Rodriguez, Hurtado Mario Pablo. "Los sujetos procesales en el Código Procesal Peruano de 2004 (acusatorio, garantizador, de tendencia adversativa, eficiente y eficaz)." Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/116449.
Full textAbstract:
El autor analiza el nuevo ordenamiento procesal penal, edificado, como” modelo acusatorio, garantizador y de tendencia adversativa”, analiza además las variables por las que resulta que sin persecución, defensa y fallo, entendidas como funciones diferenciadas y a cargo de un correspondiente sujeto procesal, sea imposible predicar la existencia de un proceso justo, debido y legal, propio de un régimen democrático y republicano al servicio de los ciudadanos.
26
Méndez, Letelier Ignacio. "La criminalidad de bagatela ante el sistema del derecho penal : consideraciones desde los fines de la pena y del proceso, de la teoría del delito, el proceso penal y la determinación de la pena." Tesis, Universidad de Chile, 2009. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/111027.
Full textAbstract:
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
La sociedad del riesgo ha supuesto una verdadera refundación del Derecho penal. Una de las tendencias adoptadas por el legislador penal de la sociedad del riesgo es la prolífera creación de nuevos tipos penales –generalmente de escasa lesividad-, así como una agravación de los ya existentes. La marcada expansión del Derecho penal es un sello distintivo de la sociedad postindustrial y a la vez constituye una de las principales preocupaciones de los modernos sistemas de enjuiciamiento criminal. La presente investigación se centra en la pequeña criminalidad o criminalidad de bagatela, la que se confronta con los fines de la pena y del proceso penal. Se revisa, asimismo, una eventual exclusión de pena a la luz de las distintas categorías de la teoría clásica del delito. También se aborda la posibilidad de exclusión desde modernas teorías del hecho punible, las que confluyen en el intento de construir un sistema integral del Derecho penal. En razón de lo anterior, se vierten en el tratamiento de la criminalidad de bagatela tanto consideraciones procesales como del ámbito de determinación de la pena
27
Rio, Labarthe Gonzalo del. "La acción civil en el Nuevo Proceso Penal." Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/116408.
Full textAbstract:
Este artículo pretende analizar algunas de las reglas del Nuevo Código Procesal Penal de 2004 (NCPP 2004, en adelante) vinculadas a la regulación del ejercicio de la acción civil en el proceso penal. Se intenta demostrar que el NCPP «ataca» una vieja confusión vinculada a la idea de que la acción civil en el proceso penal deriva del delito interpretación que conduce a un supuesto interés público o de la sociedad en el pago de la reparación civil o en la reparación del daño que distorsiona, seriamente, su tratamiento procesal
28
Quintana, Raymundo Gustavo Sebastian. "Convenciones en materia procesal." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/11931.
Full textAbstract:
La búsqueda de la verdad por un órgano estatal (Ministerio Público) tiene relación con el principio de oficialidad, pues en la investigación del delito destinada a ejercitar la acción penal, deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar a los autores o partícipes en su comisión, con apoyo de la Policía Nacional del Perú y con las instrucciones generales del Fiscal de la Nacional; puesto que, el Ministerio Publico como órgano autónomo constitucional, tiene el monopolio de la persecución penal, debiendo investigar con fines de averiguación de la verdad, de cuyos elementos de investigación (actos de investigación) podrán solicitar, entre otras cosas, medidas coercitivas para prevenir, según los casos, los riesgos de fuga, de ocultamiento de bienes o de insolvencia sobrevenida, así como para impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad y evitar el peligro de reiteración delictiva.
En tal sentido, surge el problema de las convenciones, mejor llamadas “procesales”, pues conforme se puede advertir de los siguientes artículos: 156.3, 350.2 y 352.6, se pude extraer las siguientes estructuras:
A. Las partes acuerdan que determinada circunstancia no necesita ser probada.
B. Presentado la acusación, los demás sujetos procesales pueden proponer los hechos que aceptan.
C. Presentada la acusación, los demás sujetos procesales pueden proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados.
De las cuales, las partes podrán convenir sobre hechos y pruebas, omitiendo que la actividad valorativa del juez resulta esencial en este engranaje de justicia penal cuya finalidad es la averiguación de la verdad de los hechos. Por tanto, en esta actividad valorativa tanto en las situaciones “A” y “B”, en el que se tiene como hecho notorio y hecho acreditado, invade la esfera privada del rol del juez y deslegitima su función dentro del proceso, tanto más, si dichos efectos bien puede realizar el juez considerando como hechos no controvertidos, que en materia civil se conocen como fijación de puntos controvertidos y no controvertidos; sin embargo, el legislador ha querido darles etiqueta de “convenciones probatorias”, cuando incluso estos no admiten solución por autocomposición, habida cuenta que, ello supondría que en la decisión de la resolución del conflicto no tendría mayor relevancia la participación de un tercero.
Por tanto, la regulación actual de las “convenciones probatorias” en el proceso penal tienen mucho margen de discusión y debate, además de volverlo ineficaz, por cuanto acordar sobre hechos que pertenecen a la actividad valorativa del juez solo le convendría a priori al Ministerio Público quien se vería morigerado en la búsqueda de prueba de cargo y no convendría a los intereses del imputado, o en todo caso, solo sería una herramienta más para que el juez imparcial pueda evitar mayores pronunciamientos, en vista de la celeridad y en contra posición a la decisión en correspondencia a la realidad, al principio de contradicción y favorecer a la mayor posibilidad al error.Trabajo académico
29
Rojas, Remicio Fabiola, and Fernández Diego Valverde. "Análisis de la problemática procesal penal Peruana desde una perspectiva Garantista y las respuestas del Nuevo Código Procesal Penal. Entrevista a Pablo Talavera Elguera." Derecho & Sociedad, 2017. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/117596.
Full text
30
Borjas, Calderón Karl Andrei d' Harold. "Las convenciones probatorias en la justicia penal peruana." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.12404/13868.
Full textAbstract:
En esta oportunidad se realiza un análisis descriptivo y crítico sobre la novedosa
institución procesal de las convenciones probatorias en la justicia penal peruana,
específicamente, en lo establecido en el Código Procesal Penal del 2004 y el Decreto
Legislativo N.° 1194 (Proceso Inmediato). Para ello, en primer lugar, se presenta la
tendencia simplificadora del proceso penal o desformalización judicial como solución
eficaz contra la criminalidad en sociedades postindustriales. Luego, abordando la teoría
de la prueba, son explicados los hechos notorios y en qué circunstancias del proceso
penal no serán necesarios presentar prueba alguna. Después de este examen, se coteja si
realmente la naturaleza jurídica de estas convenciones es compatible con el sistema
acusatorio, puesto que, sus orígenes se remontan al modelo adversarial de la justicia
norteamericana, asimismo, se aborda las funciones, momentos y finalidades, para un
mejor entender de esta institución. Por último, como forma de simplificación procesal
examinaremos las convenciones probatorias en el proceso inmediato dejando sentado
que el juez puede promocionar la aplicación de éstas entre las partes sin cuestionar su
imparcialidad.Trabajo académico
31
Serrano, Alvarez José Augusto. "Desvinculación procesal, camino de regreso al modelo inquisitivo o institución justificada excepcionalmente." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://hdl.handle.net/20.500.12404/13995.
Full textAbstract:
La función persecutora del delito desde la constitución del 1979 ha sufrido una
modificación sustancial, que empodero el rol del Ministerio Público como director
de la investigación, al conducirla desde su inicio, asume su titularidad y la función
de si fonnuJa o no acusación, lo que traduce y resalta la independencia de funciones
dentro del proceso penal (distintas al rol jurisdiccional), adentrándonos al
planteamiento del problema, es palmario saber que la desvinculacíón procesal es la
injerencia modificatoria del órgano judicial en la tesis acusatoria fiscal, intromisión
que toma sustento en posiciones jurisprudenciales que justifican positivamente su
aplicación siempre que se respete al derecho de defensa del imputado, la igualdad de
armas ínter partes, además que sea sometida a un contradictorio. En el presente
trabajo explicamos que la aplicación excepcional de la tesis de desvinculación es
planteada en búsqueda de la tan ansiada igualdad, pero desde una perspectiva
diferente y poco tratada, como es referente a los derechos de la parte material
representada por el Ministerio Público (parte procesal). La existencia de
justificaciones para la aplicación de la desvinculación, evidencian posturas
antagónicas, pues la muestran como la irrupción a las funciones fiscales en clara
afrenta de los principios procesales del modelo actual.
En el presente trabajo mostramos que esta institución procesal, tiene un anclaje
justificatorio, cuando órgano jurisdiccional ejerza esta facultad que rompe el
principio acusatorio, el de independencia y demás principios que erigen el nuevo
modelo procesal, cuando advierta que la relación simétrica inter partes (a. razón de la
falla, error, negligencia planteada en la tesis de imputación fiscal-acusación) se
convierta en asimétrica, trascendiendo con ello sus efectos al directamente ofendido
por el delito-víctima; viraje justificado a fin de restablecer la simetría del proceso
penal, pues no olvidemos que el principio de acceso a la justicia-constitucionalmente
amparado por cierto- no es de pertenencia del Ministerio Público sino es exclusividad
de la víctima.Trabajo académico
32
Basoa, Oviedo Ubaldo Andrés. "La Reforma Procesal penal en la Constitución Política de la República. Situación de las garantías constitucionales de orden procesal." Tesis, Universidad de Chile, 2005. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107573.
Full textAbstract:
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)Tomando en cuenta lo anterior, es que surge este trabajo de investigación, con el objeto de tratar el impacto de la Reforma Procesal Penal en la Constitución de 1980 y la situación de las Garantías Constitucionales o Derechos Fundamentales de orden procesal.
33
Beltrán, Montoliu Ana. "El derecho de defensa y a la asistencia letrada en el proceso penal ante la Corte Penal Internacional." Doctoral thesis, Universitat Jaume I, 2008. http://hdl.handle.net/10803/10432.
Full textAbstract:
El derecho de defensa y a la asistencia letrada es un derecho fundamental que en el proceso penal ante la Corte Penal Internacional adquiere su mayor trascendencia pues estamos ante el primer tribunal penal internacional de carácter permanente.
34
Bovino, Alberto. "El principio de oportunidad en el Código Procesal Penal peruano." IUS ET VERITAS, 2016. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/123664.
Full text
35
Ramírez, Schwerter María Mercedes. "La codificación procesal penal frente a la prensa 1901 - 1906." Tesis, Universidad de Chile, 2006. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/107774.
Full textAbstract:
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)Este año 2006 se cumple el primer centenario de la dictación de nuestro actual Código de Procedimiento Penal, que con la completa entrada en vigencia a fines de 2005, de la llamada Reforma Procesal Penal, está quedando casi ya en desuso. Este hecho ha sido el motivo que nos impulsó a la elaboración de la memoria que a continuación pasamos a presentar. El presente trabajo está compuesto por antiguas normas de Derecho Español, de Derecho Mixto y de Derecho Patrio o Nacional, según la época de que se trate. Se ha tratado de ser lo más objetivo posible en la recopilación del material para así poder mostrar como se fueron elaborando las normas procesales penales a través del tiempo, hasta el año 1906 donde entró en vigencia, en definitiva y luego de muchos años de discusión y confrontación, el Código de Procedimiento Penal
36
Tantalean, Rojas Leydi Rocio. "El fiscal penal y su responsabilidad de acuerdo al nuevo código procesal penal: delito de prevaricato." Bachelor's thesis, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12423/3447.
Full textAbstract:
El tema de investigación estudiado es el fiscal penal y su responsabilidad de acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal: delito de prevaricato, mismo que lo hemos divido en tres capítulos, que nos ayudaran a resolver la problemática planteada, esto es ¿Qué problemas dogmáticos tiene el delito de prevaricato para que sea modificado, teniendo en cuenta que en la actualidad el fiscal penal emite providencias, disposiciones y formula requerimientos?
Para ello, nos hemos planteado los siguientes objetivos: proponer la modificatoria del delito de prevaricato, teniendo en cuenta que el fiscal penal emite providencias, disposiciones y formula requerimientos; analizar el tipo penal de prevaricato desde sus distintas posiciones doctrinarias; entender la actuación de los fiscales penales antes y después de la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal y comprender las implicancias del principio de legalidad en las normas nacionales e internacionales en concordancia con el principio de prohibición de la analogía; con la finalidad de dar respuesta a la pregunta formulada con anterioridad, nuestro problema de investigación.
En el primer capítulo estudiaremos el tipo penal de prevaricato, para lo cual hemos analizado doctrinariamente el art. 418, el bien jurídico, el sujeto activo y pasivo, los elementos objetivos y subjetivos, su ámbito de aplicación; llegando a concluir que es un tipo penal de infracción del deber y que de acuerdo al Código Penal lo pueden cometer tanto jueces como fiscales en ejercicio de sus funciones, estos últimos sólo lo pueden comer, cuando emitan dictámenes ilegales.
En el segundo capítulo hablaremos sobre la forma de actuación de los fiscales penales de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, esto es, a través de dictámenes; asimismo, estudiaremos las figuras jurídicas de disposiciones, provincias y formulación de requerimientos, la diferencia que existen de éstos con los dictámenes y proporcionaremos ejemplos de cada una de las figuras a modo de ejemplo para mayor comprensión del problema formulado.
En el tercer capítulo daremos la respuesta a nuestro problema, por ello iniciaremos desarrollando el principio de legalidad y prohibición de la analogía, tanto en el ámbito nacional como internacional, y a la vez, analizaremos el principio de taxatividad regulado en la Constitución, Código Penal y Normas Internacionales relacionadas con el principio de legalidad e inaplicabilidad de la analogía, para concluir con una propuesta modificatoria del artículo 418° del Código Penal sobre los elementos referentes a la conducta, específicamente a los elementos normativos que contiene actualmente el tipo penal de prevaricato, mismos que son insuficientes al momento de subsumir el hecho real en el supuesto de hecho factico establecido en la norma, con miras a evitar la impunidad y el no quebrantamiento principio de legalidad.
37
Soto, Valdivieso Paola. "La nulidad por falta de defensa técnica en el código procesal penal." Tesis, Universidad de Chile, 2008. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/106861.
Full textAbstract:
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)No autorizada por el autor para ser publicada a texto completo
En este trabajo nos hemos propuesto demostrar que un proceso penal, dentro del nuevo sistema procesal penal, es anulable a causa del actuar negligente del abogado defensor, pues se estaría vulnerando la garantía del derecho a defensa técnica contenida en el artículo 19, Nº 3, inciso 2, de la Constitución Política de la República. Desarrollamos el trabajo basándonos en los principios del proceso penal y la implicancia que estos tienen en relación a lo que debe entenderse por derecho a defensa técnica dentro del contexto de un Estado de Derecho. El primer capítulo se centra en los fines del proceso penal dentro de éste modelo de Estado. El segundo capítulo busca explicar los principios que estructuran el nuevo sistema procesal penal, en especial, el principio acusatorio y de aportación de parte. Veremos: El principio acusatorio como derivación del sistema acusatorio, su evolución en la doctrina comparada; el principio de contradicción; el principio de aportación de parte; y la manifestación de éstos principios en el Código Procesal Penal. Los capítulos tercero y cuarto tratan sobre el derecho a defensa en general y el derecho a defensa técnica respectivamente. Veremos: Desde que momento nace la garantía a defensa del imputado; la posibilidad de la defensa del imputado a realizar una investigación independiente a la que realiza el Ministerio Público; el derecho a la defensa y el debido proceso; el concepto de defensa técnica y su evolución el la jurisprudencia comparada. Los capítulos quinto y sexto se centran en la defensa técnica dentro de nuestro país y los remedios procesales que existen en caso que sea vulnerada
38
Caneiro, Díaz Belén, and Navarro Yasna Maldonado. "El archivo provisional, efectos y alcances en la reforma procesal penal chilena." Tesis, Universidad de Chile, 2007. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/112434.
Full textAbstract:
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)Tuvieron que pasar muchos años para modificar un sistema inquisitivo en materia procesal penal, pero este cambio claramente se ve marcado por la insatisfacción de la sociedad por un sistema de enjuiciamiento, que era lento, engorroso y que no contemplaba una adecuada regulación de la protección a las víctimas, como la de los derechos y garantías del imputado. Quizás, como decía el Mensaje de nuestro Código Procesal Penal, llegó el tiempo de dotar a nuestro país de un sistema de enjuiciamiento penal, mas acorde con nuestros tiempos, que sea eficaz en la persecución penal, y que garantice el respeto de los derechos y garantías constitucionales. En ese marco tenemos a un nuevo sistema procesal penal que contempla esas garantías, pero es importante rescatar que este sistema también busca en la persecución penal el uso eficiente de los recursos económicos, humanos y técnicos. Es en este ámbito que nuestro proceso penal incluye distintas formas de solución, pero principalmente el uso de los recursos están destinados a perseguir la criminalidad más lesiva, entendiendo por aquellos a los delitos que comprometan con mayor seriedad el interés público. Nuestro sistema procesal penal es inminentemente selectivo, y tal como se señala en el Mensaje del Código de Procedimiento Penal de 1894, nuestro actual Código Procesal Penal señala en su Mensaje “como ocurre en los sectores del Estado, los recursos para la persecución penal son inevitablemente escasos y, por este motivo, no toda forma de conducta desviada puede ser reprimida”. Con este propósito se han establecido diferentes métodos de salidas alternativas para la solución de un conflicto penal, como también se han contemplado diferentes métodos para evitar investigaciones que no conduzcan a una solución eficaz. En este sentido y aplicando métodos de selectividad, el Ministerio Público se encuentra facultado para suspender, interrumpir o hacer cesar el curso de una investigación, concretando esa pluralidad de soluciones que puede ofrecer el sistema procesal penal, siendo la principal y de mayor uso práctico en la actualidad, el archivo provisional, el cual analizaremos para determinar su importancia, efectos y alcances en el desarrollo de la actual reforma procesal penal.
39
Cobián, y. Cobián Luis. "Algo sobre la identificación de delincuentes." Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/115796.
Full text
40
García, Rada Domingo. "Comentarios al código de procedimientos penales." Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/115889.
Full textAbstract:
Etapas del proceso penal: la instruccción y el juicio oral. La acción penal: pública y privada. Su ejercicio. Cuando en un procedimiento civil aparecen indicios razonables de la comisión de un delito perseguible de oficio. Cuestiones prejudiciales y su efecto procesal. Las excepciones que pueden oponerse a un proceso penal y sus efectos procesales. Territorialidad de la ley penal.
41
Villavicencio, Rios Alfredo. "Presentación." Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/115668.
Full text
42
Vargas, Mata Raúl. "La autopsia en la práctica judicial del Perú." Pontificia Universidad Católica del Perú, 2013. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/116691.
Full text
43
Salas, Barrera Erick. "La naturaleza jurídica de la prueba preconstituida en el Código Procesal Penal de 2004." Master's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2018. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/11909.
Full textAbstract:
El presente trabajo plantea una propuesta de interpretación de la regulación de
la prueba preconstituida en el CPP2004, debido a que la norma positiva es
imprecisa en su desarrollo y la doctrina no proporciona criterios claros y
homogéneos para sobrellevar esa deficiencia legislativa. En ese contexto, se
busca establecer cuál es la naturaleza jurídica de la prueba preconstituida en el
CPP2004 y las condiciones que ésta debe reunir para su utilización por el juez
al momento de resolver alguna pretensión procesal durante el proceso, al final -
en la sentencia- así como en las demás instancias. De ahí la importancia práctica
del presente trabajo. Por ello se resaltan las diversas acepciones del término
“prueba”, para hacer notar que no necesariamente cuando el legislador se refiere
a la prueba preconstituida está haciendo referencia a “prueba” en sentido
estricto, es decir como elemento que permite afirmar la verdad de un hecho, sino
que puede adquirir diversos significados. Es a partir de su ubicación legislativa,
su relación con otras categorías procesales y sin abandonar los principios de
oralidad, inmediación, contradicción, presunción de inocencia y las reglas de
libre valoración probatoria que se logra sistematizarla, distinguiéndola de otras
categorías que aparentemente pueden confundirse (como los documentos, la
prueba anticipada, las declaraciones previas o incluso la prueba material),
llegándose con ello a definirse su naturaleza dentro del CPP2004 como medio
de registro (actas) referidas a los actos de investigación en la que se alcanza a
recabar la prueba material.Tesis
44
Rodríguez, Hurtado Mario Pablo. "Medidas Cautelares en el Código Procesal Penal. (El distorsionado reflejo de la realidad en el Derecho Penal)." Derecho & Sociedad, 2017. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/118654.
Full text
45
Martìnez, Esquivel Marìa Guadalupe. "“CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA GUÍA Y PROCEDIMIENTO DE QUEJA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE VISITADURIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO”." Tesis de Licenciatura, Universidad Autónoma del Estado de México, 2013. http://hdl.handle.net/20.500.11799/67184.
Full textAbstract:
Una de las finalidades de la presente investigación es proporcionar a la población,
no solo al estudioso del derecho, sino a toda persona sea cual sea su oficio, un
instrumento que le permita determinar si es preciso interponer una queja ante la
Dirección General de Visitaduría de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México; cuando en determinado momento se convierte en usuario del servicio
público que se desempeña dentro de la Institución del Ministerio Público.
Es por lo anterior, que uno de los objetos de estudio de este trabajo es analizar el
ámbito de atribuciones del Ministerio Público, determinado en los diferentes
ordenamientos jurídicos que rigen en nuestro país y en el Estado de México; ya
que para el desempeño de su función el Ministerio Público realiza infinidad de
actuaciones para llevar a cabo la investigación de los delitos, y poder determinar si
ejercita o no la acción penal; pero desafortunadamente en ocasiones dicho
personal actúa fuera del marco de la legalidad afectando los derechos de sus
representados o en otras ocasiones de los presuntos delincuentes. Paralelamente
a esta situación nos encontramos con que gran parte de la población desconoce la
existencia, función, y atribuciones de la Dirección General de Visitaduría, ya que
esta dependencia surgió de la necesidad de abatir principalmente a la corrupción
que imperaba dentro de la institución del Ministerio Público.
46
Pásara, Luis. "El impacto de la reforma procesal penal en la seguridad ciudadana." Pontificia Universidad Católica del Perú, 2010. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/116541.
Full textAbstract:
Análisis de la Reforma del Proceso Penal tomando como indicadores tres países latinoamericanos que emplean el sistema reformado; dos de ellos se hallan entre aquellos pocos en la región que cuentan con un poder judicial con cierto nivel de reconocimiento. Uno es Costa Rica, que,si bien no está entre los primeros que adoptaron la reforma, lleva diez años con ella; el otro es Chile, que empezó a aplicar progresivamente la reforma en 2001 y, según la bibliografía parece haberlo hecho de manera exitosa El tercer país es Ecuador, un caso de reforma del enjuiciamiento penal que no goza de reconocimiento y cuyos resultados serán contrastados con los dos primeros
47
Durán, Silva Carmen. "La videovigilancia en el proceso penal: tratamiento procesal y eficacia probatoria." Doctoral thesis, Universidad de Alicante, 2016. http://hdl.handle.net/10045/63021.
Full textAbstract:
Durante las últimas dos décadas, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha evolucionado hasta tales extremos que, en cualquier otro momento histórico, hubiera resultado inimaginable una revolución de tal envergadura, alzándose como un auténtico fenómeno a nivel mundial. Todo ellos ha supuesto la transformación y modernización de muchos ámbitos de la sociedad, incluidas las técnicas utilizadas en el marco procesal, tanto civil como penal, si bien reflejándose, a nivel normativo, con un intervalo de 15 años de diferencia. La elección de este tema fue realizada, inicialmente, por el vacío legal existente y la problemática que producía la ausencia de la regulación legal de una diligencia con tanta repercusión práctica en el ámbito del proceso penal. No obstante ello, y durante el desarrollo de este trabajo, la temática estudiada se tornó en una cuestión aún más interesante si cabe tras la reciente promulgación de una ley llamada a disciplinar las nuevas medidas de investigación tecnológicas. Con la elaboración del presente estudio se ha intentado analizar con rigor una materia tan crucial para la actividad probatoria como es la videovigilancia y dotarla de una perspectiva actual, desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, Para ello se analizarán los distintos tipos de vidovigilancia y la posible afectación que su práctica puede ocasionar a los derechos fundamentales. Asimismo, se fijarán cuáles son los requisitos que deben concurrir para que se considere que dicha diligencia de investigación se ha practicado la forma legítima y si ésta puede adquirir valor de prueba reconstituida. Por último, se analizará la vía a través de la que la fuente de prueba videográfica puede acceder al juicio oral y los consecuencias que se derivan de la declaración de su ilicitud.
48
Oré, Guardia Arsenio. "Sobre violencia, justicia y eficacia: el proyecto de Código Procesal Penal." THĒMIS-Revista de Derecho, 2015. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/107985.
Full text
49
Castro, Celedón José Tomás. "Modificaciones realizadas por la Ley No. 20.253 al Código Procesal Penal." Tesis, Universidad de Chile, 2009. http://www.repositorio.uchile.cl/handle/2250/106963.
Full textAbstract:
Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)La presente memoria consta de cuatro capítulos, finalizando con una conclusión. El primero de ellos, trata el contexto histórico y los objetivos perseguidos por esta ley, en la cual se analizará su dictación mediante la utilización de los datos empíricos existentes al momento de su dictación, los cuales son entregados por instituciones de seguridad ciudadana del gobierno como de privados. Además se tratará de justificarla desde un enfoque acorde a las políticas y estudios relacionados a la seguridad ciudadana. En el capítulo segundo se analizará especialmente desde un enfoque jurídico las modificaciones realizadas por la ley al Código Procesal Penal, de acuerdo a los principios y normas consagrados por éste, la Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos vigentes en Chile. Además, en algunos casos, se analizará utilidad práctica de las modificaciones, enfocadas desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. En el capítulo tercero se estudiará la modificación realizada por esta ley en lo que se refiere a la función de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones de Chile, específicamente en lo que respecta a la obligación que se les impone de mantener un banco unificado y actualizado de personas respecto de las cuales existan órdenes de detención pendientes. Se analizará su eficacia respecto a la función del control de la delincuencia, desde un prisma relacionado con las políticas existentes en materia de seguridad ciudadana. En el capítulo cuarto, se estudiará las modificaciones realizadas por la Ley Nº 20.253 a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público, realizando un análisis tomando en cuenta el espíritu de la legislación vigente y el de la ley objeto de esta memoria de grado. Es la intención de esta memoria cotejar las modificaciones realizadas con datos empíricos existentes en la actualidad, puesto que sirven como barómetro para medir su utilidad. Ello se justifica dado que la misma ley señala en su mensaje que se tuvo presente una gran cantidad de datos al momento de aprobarse este proyecto de ley, por lo que es necesario tenerlos en consideración para verificar la verdadera utilidad de esta reforma en materia de seguridad ciudadana.
50
León, Velasco Héctor Aníbal de. "El Recurso de Casación Penal. Los recursos en el sistema procesal penal guatemalteco y en el derecho comparado." Doctoral thesis, Universitat Autònoma de Barcelona, 2005. http://hdl.handle.net/10803/5227.
Full textAbstract:
I. El concepto de recurso y su naturaleza. Los recursos como derecho fundamental; fuentes de apoyo de carácter constitucional, y de carácter internacional, mención del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de las Constituciones Políticas. La doble instancia, en relación con la existencia en Guatemala de un recurso de apelación contra la sentencia de primer grado denominado Apelación especial. Mención de algunas reglas comunes para el planteamiento de los recursos, aplicadas en diversos países de América Latina, y de las clases de recursos existentes en el procedimiento penal guatemalteco y español.II. Apelación. Historia, naturaleza y formas, la apelación plena y la limitada, coexistencia en las legislaciones contemporáneas; datos y características de la apelación española, así como de la denominada Apelación Especial en el procedimiento guatemalteco, los requisitos para su planteamiento, trámite, comentario crítico sobre los aspectos principales de la regulación de la apelación guatemalteca en materia penal, señalándose como el esencial, que el tribunal de apelación conozca solamente los puntos de la sentencia expresamente impugnados; mención de algunos aspectos prácticos para el contenido de un escrito de apelación especial.
III. Revisión penal, su naturaleza, como un recurso y como un proceso especial; motivos de revisión en el código de procedimiento penal guatemalteco, planteamiento y trámite. Análisis de la revisión española, colombiana, argentina y costarricense.
IV. Recurso de casación, historia y generalidades, importancia de los derechos fundamentales en relación con el mismo. Importancia del artículo 24 de la CE y de los derechos fundamentales para fundar un recurso de casación especialmente por la existencia del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que según algunos constituye una tercera vía casacional y ha servido para eliminar las barreras tradicionales de acceso al recurso. El recurso de casación en España, su origen histórico y naturaleza, mención de otros sistemas casacionales europeos; estudio histórico de la casación guatemalteca y los fundamentos y objetivos generales. Importancia de la distinción de los hechos y el derecho en la casación; motivos de inadmisión tanto en el derecho español como el guatemalteco y planteamiento del recurso.
V. Motivos del recurso de casación y casos de procedencia en España. Se tratan aquí los motivos de fondo y de forma y la alegación en casación de la infracción de precepto constitucional con un comentario a la infracción del principio de presunción de inocencia.
VI. Motivos del recurso en la legislación guatemalteca; comentario relativo a la existencia de las mismas bases para el recurso de apelación especial. Estudio de resoluciones recurribles en casación con alusión a la variabilidad de la doctrina jurisprudencial, pese a la existencia de normas concretas. Se analizan los motivos de fondo y de forma así como el planteamiento y la sentencia de acuerdo con la ley guatemalteca.
VII. Propuesta para redefinir el sistema de recursos en la legislación guatemalteca, consistente en que el recurso de casación que conoce la Corte Suprema, sea para la unificación de la doctrina jurisprudencial, es decir que dicha Corte a través de sus fallos centralice la interpretación judicial, consecuentemente la llamada apelación especial debe ocuparse de la función revisora del fallo de primera instancia.
VIII. Comentarios respecto del presente y futuro de la casación. Señalamiento sobre incidencia de regulación actual en el retardo en la tramitación del proceso, que se agrava cuando los litigantes plantean Amparos, "contra" la sentencia de casación. Fundamentos y una regulación posible de la nueva casación guatemalteca.
IX. La necesidad de una nueva casación en España, y en general una nueva regulación sobre recursos; corriente que se inclina por la necesidad de la regulación de una apelación con carácter previo a la casación. Propuestas del Tribunal Supremo español para la reforma del sistema de recursos en el orden jurisdiccional penal.
X. Conclusiones: A) el derecho al recurso es un derecho fundamental equiparable al derecho de acción. B) La Constitución de Guatemala establece el derecho al recurso a través de dos vías: i) la del artículo 12 que se refiere al derecho de defensa y al debido proceso, cuya interpretación por la Corte Constitucional señala como consecuencia la posibilidad recurrir ante el tribunal competente, la Constitución española a través del 24 ii) la del artículo 46 que establece la preeminencia de los Tratados y convenciones en materia de Derechos Humanos sobre el derecho interno. C) El Recurso de apelación especial guatemalteco tiene un similar contenido al del recurso de casación; existe una duplicidad de la revisión del fallo de primera instancia que implica retardo en la administración de justicia, por lo que es necesaria una reforma legal que redefina el recurso de apelación y dé nuevo contenido a la casación. D) En España la doctrina y especialmente el Tribunal Supremo a través de la Sala segunda han estimado que a la par de una nueva casación penal ha de rediseñarse un nuevo sistema de recursos.