Academic literature on the topic 'Proceso Constituyente'

En la búsqueda de fortalecer la democracia y consolidar un sistema político sólido y participativo, la conformación y ejecución de un proceso constituyente en Panamá es un tema de suma relevancia. Este artículo busca contribuir al debate académico y político, sobre el proceso constituyente, proporcionando un análisis comprensivo basado en la experiencia internacional.

"Contextualizar el actual proceso constituyente en Chile y sus posibles desenlaces, nos impone la necesidad de abordar una más larga duración histórica sobre la emergencia de un nuevo ciclo de protesta social que, si bien se fue incubando en forma de múltiples resistencias al modelo neoliberal implantado, logró superar la fragmentación social heredada de la dictadura cívico-militar y reproducida durante el largo período de postdictadura, hasta articularse como una gran plataforma de resistencia reivindicativa con la revuelta popular del 18 de octubre de 2019 (18-O)..."

Durante los años 2021 y 2022 la Convención Constitucional de Chile aprobará para ese país un nuevo texto constitucional que será sometido a la aprobación final de los ciudadanos mediante un plebiscito. Ese proceso constituyente ha sido motivado por los deseos de muchos ciudadanos chilenos para dejar atrás los vestigios de la dictadura de Pinochet y porque han entendido que la Constitución vigente produce un marco de dominación que no es compatible con la democracia ni con los derechos humanos. En 2019 se aprobó una modificación constitucional para normar el proceso constituyente, lo que nos provoca cuatro reflexiones pensando en la realidad mexicana: si todos los constituyentes deben ser electos democráticamente en un proceso de esa naturaleza, si es importante contar con un doble plebiscito en los procesos constituyentes, en dónde reside el constituyente originario, y qué trascendencia tiene el derecho constitucional transitorio.

La nueva constitución boliviana fue promulgada el 7 de febrero de 2009 a través de un proceso constituyente conflictivo con acontecimientos históricos, políticos y sociológicos que marcaron su desarrollo y resultado. La naturaleza de este proceso fue discutida hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió repetidamente que ella habría sido establecida a través de un poder constituyente originario. Esta investigación pretende determinar si este proceso constituyente tuvo realmente esa naturaleza, confrontando en el análisis diferentes corrientes doctrinales, los principales hechos ocurridos y las normas relacionadas. Los hallazgos sugieren que en realidad no hubo un poder fundacional ni revolucionario y, en consecuencia, tampoco un proceso constituyente originario.

El presente documento busca hacer una breve síntesis del proceso constituyente boliviano que tuvo lugar tras la victoria del Movimiento al Socialismo, en las elecciones del año 2005, y que desembocó en la promulgación de la Constitución Política de 2009 y en la refundación del hoy llamado Estado Plurinacional de Bolivia. El escrito presenta una sencilla reseña histórica de los antecedentes económicos, políticos y sociales que fungieron como semilla de la nueva Constitución y del nuevo Estado, los cuales tienen como eje fundamental el reconocimiento del carácter plurinacional del país. Cuestión central de todo el nuevo andamiaje constitucional y jurídico, junto con la reivindicación del derecho a la soberanía y a la libre autodeterminación de los pueblos. Según los acontecimientos ocurridos en octubre y noviembre del año 2019, que forzaron la renuncia del presidente Juan Evo Morales Ayma y de su fórmula vicepresidencial Álvaro García Linera, después de los comicios del 20 de octubre, debe indicarse que afloraron, con mayor claridad, las contradicciones existentes entre los sectores económicos, políticos y sociales afines y enemigos de la Constitución del Estado Plurinacional y del llamado “proceso de cambio”, las cuales datan y se remontan al propio desarrollo del proceso constituyente. Por un lado, la reaccionaria y ultraconservadora oligarquía boliviana afincada principalmente en la Medialuna y adepta del federalismo y del orden neoliberal que empleó la fuerza de las armas para derrocar el gobierno legítimo de Morales y, por el otro, los movimientos sociales y los pueblos indígenas, originarios y campesinos impulsores de la Constitución del 2009, quienes defendieron, el pasado 18 de octubre, en las urnas los logros alcanzados en la refundación de Bolivia, y eligieron al actual presidente Luis Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo.

Actualmente en la República de Chile se está produciendo un proceso constituyente sin precedentes. En este contexto de pandemia se ha escogido democráticamente una asamblea constituyente con representación equitativa de mujeres y hombres y con unos escaños reservados para miembros de los pueblos originarios de Chile. Esta Convención Constituyente tiene el mandato específico de elaborar y votar la nueva constitución para el país que posteriormente se someterá a plebiscito. La historia constitucional de Chile es muy extensa y el camino hasta este momento ha sido largo. Desde la promulgación de la Constitución Política de la República de Chile en 1980, durante la dictadura militar de Pinochet, hasta la actualidad ha sido reformada en cincuenta y dos ocasiones. En este artículo se realiza una crónica de lo acontecido hasta el momento y se analiza el concepto de proceso constituyente, el órgano encargado y, por último, cómo repercutirá esto en los derechos de sus ciudadanos.

Este artículo pretende abordar el proceso constituyente y revolucionario portugués que se inicia con la caída de la dictadura salazarista, haciendo especial hincapié en cómo las tensiones que se dan en su seno influyen en la elaboración de su nueva Constitución. Con ello, se intentará aclarar la naturaleza, deficiencias y características identificadoras del proceso, a la luz de la teoría democrática.

El presente trabajo observa el proceso constituyente boliviano desde la teoría de la acción comunicativa planteada por el profesor Jürgen Habermas, analizándose para ello: 1) al titular del poder constituyente, lo que denota el grado de participación; 2) las temáticas admisibles que deben tratarse en la asamblea constituyente, lo que muestra el grado de imposición; y 3) el procedimiento traumático utilizado y que concluye con la Constitución del año 2009. En este sentido, se espera mostrar que la falta de debate racional en la asamblea constituyente boliviana, luego de que esta fuera aprobada, impidió tener un significado compartido; es decir, que la falta de orden y buena fe en el debate proyectó y generó incertidumbre en la interpretación constitucional, incluso por órganos especializados en ese tipo de interpretación, como son laAsamblea Legislativa Plurinacional y el Tribunal Constitucional Plurinacional, de forma que determinar el significado del texto constitucional para el ciudadano es incluso mucho más dificultoso e incierto.

El texto realiza un análisis de la dimensión afectiva en el proceso constituyente, partiendo de la tesis de que existe un malestar ciudadano que al menos se remonta al 2006 y a la vez un proceso constituyente que tiene sus primeros orígenes en el gobierno de Michel Bachelet. La pregunta de fondo es por la relación entre verdad y afectividad; o enunciado de un modo más suave, sobre la relación entre un contenido y un afecto. Para ello se indagará primero en la función política de la afectividad en general y en el proceso constituyente para luego abordar el tema de la relación entre un contenido, un afecto y su verdad.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)<br>El objetivo del presente trabajo es exponer el caso del proceso constituyente boliviano reciente, mediante una comprensión amplia que abarca tanto la historia previa que determina sus contenidos y características, las fuerzas políticas y sociales y las demandas y propuestas programáticas que en él se desplegaron, y una reseña de los principales rasgos de su producto final, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, promulgada en el 2009, y el escenario posterior a su entrada en vigencia. Se pretende con esto desarrollar de manera completa los distintos elementos que permiten comprender y analizar esta experiencia de cambio constitucional que ha suscitado un significativo interés fuera de sus fronteras, tanto por su trayectoria, el carácter refundacional que lo impulsó, y las innovaciones constitucionales a que dio lugar. Con este objetivo, se hará una reseña de la historia política y constitucional de Bolivia, en particular de aquéllos elementos que permiten una comprensión más acabada sobre la historia reciente y el presente de este país, con especial énfasis en las cuestiones y tendencias que motivan de manera más influyente al proceso constituyente aquí abordado. A continuación, se expondrá de manera detallada la trayectoria con la que se abrió paso el proceso de cambio constitucional por la vía de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, y los rasgos del escenario social y político que dio lugar a este proceso, las complejidades, dificultades, y disputas que se desarrollaron en él. Posteriormente, se presenta una reseña de los contenidos constitucionales que se impulsaron, debatieron, y finalmente acordaron en el nuevo texto fundamental, para finalmente abordar las características del cuadro político e institucional posterior a la entrada en vigencia de la nueva Constitución.

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales)<br>Esta tesis tiene como objetivo analizar si la actual Constitución Política de la República y las demás Constituciones de la historia que han tenido vigencia en el país, poseen una consagración expresa o implícita del derecho al Buen Gobierno o a la Buena Administración Pública, o solo se identifican algunos derechos de los que se consideraran al alero de este, o si, por el contrario, no se encuentra ningún rastro del mismo, también analiza el reciente proceso constituyente, los primeros insumos y el proyecto de nueva Constitución, que se presentaron por el gobierno de Chile. Luego, se buscará identificar a nivel europeo y Latinoamericano, su consagración en los más altos instrumentos de organización de la sociedad, en Cartas que consagran derechos fundamentales, la Constitución Española de 1978 y las convenciones anticorrupción. Por último, se señalará que facetas de existencia presenta el derecho en estudio. El método que se ha empleado en el desarrollo de esta memoria es el de la investigación teórico-dogmática, siendo la técnica de investigación utilizada la documental, bibliográfica y el fichaje, que se materializa en la recopilación del material, legislativo y doctrinario, de Chile, Latinoamérica y Europa, una posterior lectura, revisión y análisis de la información recabada y finalmente, la redacción del trabajo. El resultado de la investigación considera al Buen Gobierno o Buena Administración Pública como un derecho Fundamental de la persona, cuyo fundamento se asienta en la esencia de la función de la Administración, reconocimiento expreso en las Cartas Europea e Iberoamericana, e implícito en algunas Constituciones analizadas.

Trata acerca de la incorporación del juicio político al ordenamiento constitucional peruano vigente, el desarrollo jurisprudencial de esta institución y su empleo en la práctica parlamentaria. Luego de examinar el origen y el significado del juicio político, el autor precisa la distinción entre este procedimiento parlamentario y el antejuicio, y sostiene que esta diferencia ha sido conocida en la historia constitucional peruana desde el siglo XIX.

El presente artículo tiene como objetivo principal mostrar cómo el nuevo constitucionalismo ha sido incorporado en el derecho colombiano mediante la Constitución Política de 1991. El Estado Social de Derecho, los derechos fundamentales, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los mecanismos de participación ciudadana y distintas y eficaces acciones judiciales como la Acción de Tutela forman hoy parte activa del ejercicio jurídico colombiano.Sin embargo, distintos aspectos parecen hoy amenazar lo conquistado durante estos casi veinticinco años, a un insuficiente diseño institucional en algunos casos se une la necesidad urgente de incorporar a las normas vigentes lo que se acuerde en el proceso de paz con las FARC en la Habana, poniendo a prueba el paradigma constitucional actual, el cual se encuentra consolidado en algunos casos pero que permanece frágil en otros.

Teniendo en cuenta la importancia del aroma en la aceptación de los alimentos por parte del consumidor, en esta Memoria abordamos el estudio de la fracción aromática del zumo de naranja, así como las posibles alteraciones que pueda sufrir durante el procesado industrial. El análisis de componentes volátiles totales se realiza mediante la aplicación de la destilación- extracción simultánea (SDE). Esta técnica es favorable en la recuperación de componentes de menor volatilidad que el disolvente orgánico utilizado, por lo que es adecuado para el análisis de hidrocarburos terpénicos, así como aldehídos, alcoholes y ésteres de elevado peso molecular. La microextracción en fase sólida se aplica para el análisis de componentes volátiles en espacio de cabeza, empleando para ello dos recubrimientos poliméricos, uno de naturaleza apolar PDMS (polidimetil siloxano) y otro de naturaleza polar PA (poliacrilato). El estudio de la fracción aromática del zumo de naranja exprimido a mano muestra la elevada eficiencia de la microextracción en fase sólida para la determinación de los componentes volátiles frente a la destilación-extracción simultánea. En el análisis de componentes volátiles totales, treinta y seis componentes son identificados frente a los cuarenta y ocho detectados en espacio de cabeza. Estas diferencias se asocian a las pérdidas de los componentes de elevada volatilidad durante la destilación y posterior concentración. El análisis de la fracción aromática presente en el zumo de naranja exprimido a mano y el zumo pasteurizado revela la importancia de la riqueza del zumo en constituyentes de elevada volatilidad. El zumo pasteurizado presenta un perfil aromático pobre en estos componentes y una mayor abundancia en constituyentes característicos del aceite esencial de la naranja, incorporados al zumo durante el proceso de extracción industrial. Este efecto queda más remarcado cuando se emplea polidimetil siloxano que poliacrilato como recubrimiento polimérico. Se deduce la importancia del empleo de un tipo de fibra u otro dependiendo de la composición y naturaleza de la muestra a estudiar. La incidencia del procesado industrial sobre la fracción aromática muestra un efecto positivo en la disminución de la concentración de determinados componentes como decanal y terpineol que a elevadas concentraciones desarrollan aromas desagradables, frente a la pérdida de los componentes de mayor volatilidad caracterizados por conferir al zumo el aroma frutal. Se estudia la afinidad de los distintos componentes aromáticos hacia la pulpa fina y el suero, resaltando la asociación de la mayoría de los constituyentes de la fracción aromática a la pulpa. Se determina la composición aromática en la pulpa gruesa, destacando que esta podría ser utilizada como fuente para enriquecer la fracción aromática de los zumos de naranja procesados en la industria. El índice de madurez de la fruta afecta a la calidad de la fracción aromática del zumo. Se observa el incremento de la concentración de acetaldehído, etanol y acetato de etilo, componentes definitorios de la calidad de la fruta fresca, y la disminución de los aldehidos característicos del aceite esencial de la naranja, valeraldehído, octanal, nonanal, decanal y neral, frente a un aumento de la concentración de carvona, considerada como índice de degradación de la fracción aromática del zumo.<br>The importance of the aroma in food is known because of the acceptance by the consumer. For this reason, in this work we study the aromatic fraction present in orange juice, as well as, the changes that could happen during the industrial processing. In the analysis of volatile compounds we used steam-distillation-extraction (SDE) device. This technique is suitable for the determination of components with lower volatility than the solvent used. Solid phase-microextraction (SPME) has been chosen for the analysis of the head-space in orange juice. Two polymeric fibers coatings were used: Polidymeti1xilosane (PDMS) y Polyacrilate (PA). The study of volatile components in hand-squeezed orange juice by SPME shows the high efficiency of this device. 48 components were isolated, while 36 by SDE. These differences are associated with the leaks which happened during the distillation and the subsequent concentration step. The comparative analysis between hand-squeezed and pasteurised orange juice shows the importance of the components with high volatility in the juice aroma. Pasteurised orange juice presents a poor profile in these components and a high concentration in charactetistic essential oil components, these are incorporated during the extraction process. These differences were more indicated when PDMS was applied This highlights the importance of the polymeric coating in the analysis of volatile components. The influence of the industrial processing on the aromatic fraction shows a positive effect, since it is favourable in the decrease of the concentration of certain compounds like decanal and -terpineol When these components are present in a high concentration, they develop a typical of fflavour. However, there is a big loss in the presence of components with high volatility, which are characterised to produce the delicate fresh orange juice flavour. Another parameter studied is the distribution of voIatile compounds between the pulp and the serum, and most of them are associated with the pulp.The aromatic fraction isolated from the thick pulp, confirm that these products can be used as a source of volatile components to improve the aroma in the processed orange juice. The ripening ratio in fue fruit describes the aroma quality of the fruit juice, in this way, we observed an increase in the concentration of acetaldehyde, ethanol and ethyl acetate (components which define the fresh fruit quality). However, a decrease in the characteristics components of the essential oil, like valeraldehyde, octanal, nonanal y decana! was determined. Carvona increases its concentration. This compound has been considered as a degradation index of fue aromatic fraction.

Tesis (magister en derecho con mención en derecho público)<br>Los procesos constituyentes son una práctica recurrente en las democracias modernas durante los últimos años. La generación de nuevas constituciones que se ajusten a la realidad de cada Estado obliga a articular modelos de cambio constitucional capaces de generar textos legítimos, donde la ciudadanía sea parte en la elaboración y discusión de este proceso. El presente trabajo realiza un análisis de los principales elementos a través de los cuales se realizan estos cambios en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, identificando a la participación ciudadana, la deliberación pública y la institucionalidad como los factores centrales en todo proceso constituyente democrático.

Tesis (Magíster en Derecho con mención en Derecho Público)<br>La presente investigación establece un análisis desde una perspectiva de la democracia deliberativa al proceso de participación constituyente chileno; específicamente, entre el anuncio presidencial de apertura del proceso constituyente por parte de Michelle Bachelet el 13 Octubre del año 2015 hasta la entrega del proyecto de reforma constitucional el 6 de Marzo de 2018. Para ello se analizan tanto principios axiológicos de la democracia deliberativa, con un perfil republicano, como las experiencias de participación en procesos constituyentes en el derecho comparado. Con lo anterior, se realiza una sistematización del proceso de participación chileno para dar cuenta que si bien existieron puntos rescatables dignos de replicar y con una clara valoración deliberativa, del proceso participativo se desprenden principios de tinte representativos que se alejan de los principios rectores que significa una democracia deliberativa.

A través del criterio de idealidad, que incluye: validez, observancia de las normas preconstituyentes de contenido yprocedimiento legitimidad, representatividad de la población que la emite y rige, estabilidad, número en el tiempo, formación de acuerdo a valores, entre otros elementos;  Javier Murillo analiza las constituciones de 1979 y 1993 a fin de detectar sus virtudes, defectos y así establecer cuál es la “más ideal”. Para el autor, la búsqueda de una constitución ideal es una tarea importante, sobre todo en un país como el nuestro que ha vivido veinticinco procesos constitucionales y la vigencia de doce constituciones. Todo un récord.

Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2017-11-27T15:51:31Z No. of bitstreams: 1 Soraia de Carvalho - Tese PPGCS 2016.pdf: 5205971 bytes, checksum: 7dd5c8b6645cbc08493508073df2a083 (MD5)<br>Made available in DSpace on 2017-11-27T15:51:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Soraia de Carvalho - Tese PPGCS 2016.pdf: 5205971 bytes, checksum: 7dd5c8b6645cbc08493508073df2a083 (MD5) Previous issue date: 2016-05-13<br>Capes<br>Movimiento Indígena - Campesino Esta tese tem como objeto de estudo duas distintas saídas para crises de hegemonia no processo político boliviano: a Assembleia Popular de 1971 e a Assembleia Constituinte, instalada em 2006, que resultou no novo texto constitucional promulgado em 2009, sob o governo de Evo Morales. A perspectiva metodológica adotada foi a do materialismo histórico e dialético. Analisa, quanto à independência de classe: qual a relação com as classes e frações dominantes e o Estado; como se manifestaram as ilusões democráticas; suas propostas em relação ao funcionamento do sistema judiciário. Identifica em cada experiência a forma como se deu a aliança entre as classes, frações de classe e nacionalidades oprimidas. Debate a abordagem do controle da produção, da questão agrária e das nacionalidades indígenas, assim como a política militar de cada uma delas. A partir destes pontos de análise, identifica que são experiências que adotaram rumos opostos. A primeira impulsionou a luta de classes enquanto a segunda a conteve nos marcos da democracia burguesa. A Assembleia Popular era parte da estratégia revolucionária do proletariado boliviano, que constituiu um organismo embrionário de duplo poder que se manteve independente perante as classes dominante e seu Estado. A vigência do pacto militar-camponês impôs dificuldades em incorporar esta classe à Assembleia. O golpe militar de 21 de agosto de 1971 interrompeu o desenvolvimento desta experiência. A Assembleia Constituinte instaurada em 2006 organizou-se em torno de uma estratégia democratizante, como uma saída burguesa para a crise de legitimidade das instituições estatais, profundamente abaladas pelos efeitos da aplicação das políticas neoliberais que levaram o país a uma situação prérevolucionária, com os levantes batizados como Guerra da Água, em 2000 e Guerra do Gás, em 2003. A negociação com modificação do texto aprovado pelos constituintes expressou que os delegados constituintes não tiveram controle sobre o resultado do processo e os conflitos entre o Governo Morales, as comunidades indígenas e outros segmentos, sob a vigência da nova Carta demonstram os limites da via jurídico-parlamentar para que os explorados conquistem suas reivindicações.<br>Esta tesis tiene como objeto de estudio dos distintas salidas para crisis de hegemonía en el proceso político boliviano: la Asamblea Popular de 1971 y la Asamblea Constituyente, instalada en 2006, que resultó en el nuevo texto constitucional promulgado en 2009, bajo el gobierno de Evo Morales. La perspectiva metodológica adoptada fue la del materialismo histórico e dialético Analiza, cuanto a la independencia de clase: cual la relación con las clases y fracciones dominantes y el Estado; como las ilusiones democráticas se manifestaron; sus propuestas en relación al funcionamiento del sistema judicial. Identifica en cada experiencia la forma cómo se dio la alianza entre las clases, fracciones de clases y nacionalidades oprimidas. Debate el abordaje de temas como el control de la producción; la cuestión agraria y de las nacionalidades indígenas, así como la política militar de cada una de ellas. A partir de estos puntos de análisis, identifica que son experiencias que adoptaron rumbos opuestos. La primera impulsó la lucha de clases mientras que la segunda la contuvo en el marco de la democracia burguesa. La Asamblea Popular era parte de la estrategia revolucionaria del proletariado boliviano, se constituyó como un órgano embrionario de poder dual que se ha mantenido independiente ante las clases dominantes y su Estado. La vigencia del pacto militar-campesino ha impuesto dificultades en la incorporación de esta clase a la Asamblea. El golpe militar del 21 de agosto de 1971 interrumpió el desarrollo de esta experiencia. La Asamblea Constituyente inaugurada en 2006 se organizó en torno a una estrategia democratizante, como una salida burguesa a la crisis de legitimidad de las instituciones estatales, profundamente abaladas por la aplicación de las políticas neoliberales que llevaran al país a una situación prerevolucionaria, con los levantamientos bautizados como la Guerra del Agua en el año 2000 y la Guerra del Gas en 2003. Las negociaciones que acabaron modificando el texto aprobado por los constituyentes expone que los mencionados delegados no tuvieron control sobre el resultado del proceso político y que los conflictos entre el gobierno Morales, las comunidades indígenas y otros segmentos, bajo la vigencia de la nueva Carta demuestran los límites de los medios legales y parlamentarios para que los explotados conquisten sus reivindicaciones.

El pasado 23 de diciembre se publicó en el Diario Oficial la Ley N° 21.298, que modifica la actual Constitución Política para reservar escaños a representantes de los pueblos indígenas en la Convención Constitucional y para resguardar y promover la participación de las personas con discapacidad en la elección de los Convencionales Constituyentes. En particular sobre la participación de las personas con discapacidad (en adelante, PcD), esta ley incorpora al actual texto constitucional una disposición según la cual, al menos el cinco por ciento de la totalidad de las declaraciones de candidaturas de las listas conformadas por un solo partido político o pactos electorales de partidos políticos, deberá corresponder a candidaturas de PcD. La situación de discapacidad del candidato podrá acreditarse mediante la respectiva calificación y certificación prevista en la Ley N° 20.422 o mediante la verificación de la calidad de asignatario de pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Finalmente, se establece que el incumplimiento de estos requisitos acarreará el rechazo de todas las candidaturas declaradas por la lista infractora, sin perjuicio de que se fijan reglas y procedimientos para subsanar dicha infracción. De este modo, el debate constituyente que se desarrolla hoy en Chile representa un hito sin precedentes en materia de participación política de las PcD. La elección de los Convencionales Constituyentes será la primera elección popular en Chile que contará con cuotas electorales específicamente reservadas para PcD. A la luz de este hito, el objetivo del presente trabajo es analizar uno de los elementos necesarios para que un proceso constituyente tenga el potencial de reflexionar sobre la posición que las personas con discapacidad ocupan en la sociedad: garantizar una participación política efectiva de las PcD en el proceso constituyente chileno. Queremos dar cuenta de las potencialidades y dificultades que dicho camino enfrenta, considerando las medidas que han sido adoptadas para permitir esa participación. Para ello, en primer lugar, se introduce un marco conceptual que identifica el reto de la transformación constitucional que vaya en beneficio de las PcD (secciones b, c y d); en segundo lugar, se identifica un marco normativo en el que, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, la participación de las personas con discapacidad debe desarrollarse (sección e); finalmente, se centra la discusión en la participación de las PcD en el órgano constituyente, identificando ciertos desafíos que la implementación de la Ley N° 21.298 debe afrontar para que dicha participación sea efectiva y significativa (sección f).

Bolivia nace a la vida democrática en 1825, a partir de esa época se inicia el proceso constituyente y los cambios que el desarrollo social y económico exigirían en la reformulación de las Constituciones mismas que serán el encargo social, para que visibilizarían a los grupos vulnerables. Por ello, en el presente artículo, se parte de un análisis del desarrollo histórico de los procesos constituyentes y sus efectos en la sociedad boliviana, así también, se analiza el proceso constituyente del 2009, los cambios y actores, donde se reconoce a los pueblos indígenas de oriente y occidente como Naciones y se refunda a Bolivia como Estado Plurinacional, reconociendo la pluralidad poblacional. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia tiene un sistema judicial de que se compone de varias entidades diferentes como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, los Consejos de Justicia, el Tribunal Militar, el Tribunal Laboral, el Tribunal de Seguridad Social, el Tribunal Disciplinario y el Tribunal Electoral. Estas entidades trabajan juntas para brindar justicia a todos los ciudadanos sin prejuicios ni discriminación, asimismo, el pluralismo legal en Bolivia garantizan a todos los ciudadanos acceso a la justicia, independientemente de su raza, y nivel socioeconómico. Por lo tanto, es fundamental el cumplimient6os de toda legislación y norma para proporcionar equidad y justicia en el territorio boliviano.

Colombia en su constitución Política de 1991, en su proceso de reorganización Estatal en todas sus formas, obligó al esquema de aseo como un servicio público a transformar sus prácticas, los botaderos a cielo abierto entraron a ser rellenos sanitarios, dando un manejo técnico de disposición final al residuo producido por las comunidades aglutinadas en centros poblacionales y por consiguiente un proceso de saneamiento ambiental, consolidándose una narrativa y práctica cultural contemporánea que alimenta el esquema lineal de explotación de recursos hasta el enterramiento de sus residuos, en este sentido, la constituyente del 91 planteó que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado.

Las transformaciones de las ciencias socio jurídicas en los países de américa Central y américa Latina en los últimos tres o cuatro lustros han implicado dimensiones tecnológicas y generacionales y se han sucedido en el marco de mayores incidencias de unas políticas de ciencia y tecnología abiertamente productivistas y del posicionamiento del modelo gerencial de la universidad-empresa. A lo largo del último medio siglo nuestra producción intelectual también refleja distintas modas analíticas y metodológicas sin apartarse por ello de la preocupación central de ampliar nuestra comprensión de los fenómenos americanos sui géneris. La formación académica en derecho de las aulas universitarias, la atenta lectura de expedientes judiciales - a despecho de quienes creen que son fríos testimonios de incidencias procesales inútiles – constituyen una verdadera inspiración a partir de la interactuación de sociedad y derecho, donde las sociedades se juridizan. La administración de justicia, las organizaciones civiles y ciudadanas, los grupos de estudio de opinión pública y los sistemas informativos, son ejemplos de instancias donde tiene lugar esta operación de observación, reflexión y mediación, constituyendo retos de la investigación jurídica en las aulas universitarias hacia el 2021 y a la par resultados concretos de “Cómo hacer una tesis y no envejecer en el intento”. En esa perspectiva, Rodolfo Stavenhagen plantea renovar el compromiso de la investigación por el análisis y explicación de la emergente realidad social americana. Se trata de nuevos problemas emergentes en los procesos que por su naturaleza se colocan en referencia a los desempeños y puntos de vista de los protagonistas involucrados los mismos que repercuten en el ciudadano de a pie que añora Justicia en muchos eventos de la realidad social.

La estandarización es clave en la puesta en marcha de Industry 4.0 donde las normas internacionales existentes constituyen el punto de partida para el desarrollo de los nuevos estándares demandados. En el ámbito de la automatización industrial se propone el uso del estándar ANSI/ISA-88 para su aplicación en fabricación discreta, procesos continuos e incluso en logística. En el presente trabajo se propone una extensión de la metodología MeiA●(Methodology for industrial Automation systems) concebida para desarrollar software de control en el ámbito de la ingeniería de automatización. Dicha extensión consiste en la incorporación del estándar ANSI/ISA- 88. La aplicabilidad de la extensión propuesta se ilustra mediante un caso de estudio, que pone de manifiesto la obtención de los modelos propuestos por ANSI/ISA S88 siguiendo la metodología, así como la descripción de los modos de operación de acuerdo a dicho estándar.

El desarrollo de diferentes industrias en Colombia ha generado la necesidad de tener personal calificado con un amplio conocimiento y experiencia en la realización de múltiples pruebas con Ensayos No Destructivos (END). Por tal motivo, se recurre a inspectores certificados, que requieren formación siguiendo prácticas internacionales recomendadas, donde se utilizan, en el proceso de entrenamiento, piezas con defectos típicos de diferentes procesos de fabricación como soldadura, conformado mecánico o fundición. Estas piezas constituyen material didáctico primordial para el estudio que, junto con la práctica en la interpretación y dimensionamiento de los defectos, mejoran la apropiación del conocimiento disciplinar del estudiante para su posterior certificación como inspector calificado. Por lo anterior, en el presente trabajo se desarrolló una metodología que permite fabricar patrones de bajo costo para la enseñanza de END, con discontinuidades inducidas durante el proceso de soldadura. Para la fabricación de los patrones se contemplaron dos defectos: inclusiones de escoria y grietas. Los defectos fueron inducidos de manera controlada no solo, modificando las variables del proceso de soldadura (corriente, velocidad de enfriamiento, etc.) sino también, por la aplicación de agentes externos como fósforo, azufre o cargas externas. Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que la generación de defectos está directamente influenciada por las particularidades de los procesos de fabricación de los patrones. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos en la evaluación de los patrones fabricados por diversas técnicas de END.

En esta comunicación presentamos, en el marco de nuestro proyecto de investigación en curso, CONSTRIDIOMS, una propuesta de descripción de construcciones fraseológicas del alemán que incluye la vertiente contrastiva con el español. Frente a las construcciones fraseológicas sustantivas, es decir aquellas que tienen todos sus constituyentes saturados léxicamente (p. ej. sich (um etw.) den Kopf zerbrechen), las construcciones fraseológicas se caracterizan por poseer constituyentes o slots abiertos que se actualizan en el discurso. En cuanto al significado, se observa con frecuencia un fuerte contenido pragmático. Nos detendremos más detalladamente en el nivel interlingüístico, en el que la búsqueda de equivalentes funcionales se lleva a cabo a través de corpus paralelos, en concreto, de PaGeS, partiendo del método contrastivo unilateral (Kątny/Olszewska/Socka 2014). Dicho proceso de búsqueda y sistematización de equivalentes funcionales constituirá, a su vez, el punto de partida para la detección de (nuevas) construcciones fraseológicas en la lengua meta. Como caso de estudio nos centramos en la construcción [aus VOLL Nsg{somatónimo}], que licencia constructos como los extraídos del corpus Timestamped JSI web corpus 2014-2020 German (Sketch Engine): aus vollem Herzen, aus voller Kehle, aus voller Brust, aus vollem Hals(e), aus voller Lunge, con distintos grados de lexicalización. La construcción se caracteriza por una clara función intensificadora, pudiendo coocurrir en su perfil sintagmático con una serie definida de verbos, principalmente relacionados con la emisión de sonidos. Por medio del análisis de corpus paralelos trataremos de determinar qué construcciones intensificadoras del español recogen el significado y función de la citada construcción alemana.

Desde fines de la década de 1990 se estaría gestando una reestructuración del Área Metropolitana de&#x0D; Buenos Aires (AMBA), que tendría como uno de sus principales resultados la configuración de una nueva&#x0D; dinámica metropolitana a partir de la revitalización de los centros tradicionales y de la generación de&#x0D; nuevas centralidades, vinculadas a renovados procesos de mercantilización del espacio. El objetivo de este&#x0D; trabajo es presentar un análisis sobre las transformaciones urbanas en el partido de Lomas de Zamora,&#x0D; tomando como casos testigos a la “Feria La Salada” y a “Las lomitas”. Estas transformaciones urbanas&#x0D; ¿Constituyen “nuevas” centralidades? Entonces ¿Cómo podemos definir a las centralidades? Y ¿Qué&#x0D; relaciones pueden establecerse con los procesos de embellecimiento urbano? Since the late 1990´s Buenos Aires Metropolitan Area (AMBA) has assisted a restructuring process in which one of its main results would be a new metropolitan dynamic derived from the revitalization from traditional centers and the generation of new ones, linked to renovated process of commercialization of space. The aim of this paper is to present an analysis of urban change in Lomas de Zamora, based on two witness cases: the "Feria La Salada" and "Las Lomitas". These urban transformations: Constitute "new" centralities? &#x0D; If so, how can we define the inner cities? And what relationships can be established with urban “beautification” processes?

The present paper is a theoretical approach that seeks to explore the political and economic logic in the production of the city from one of its basic constituent elements, the urban layout, as part of the grammar of the city. Building upon Aureli (2018), a brief reflection is proposed on the effects of the processes of subdivision and appropriation of territory by the grid according to a quantitative logic, and how this would be the basis of many phenomena that we see as emergent, both in the past and in the present. Thus, we seek to explore the process by which when we talk about the foundational base proposed by the urban grid, it would not entail a neutral support that enables various ways of inhabiting the territory, but a spatial apparatus that systematically imposes, both de jure and de facto, the quantitative logics of capital. La presente ponencia es una aproximación teórica que busca explorar las lógicas económico-políticas en la producción de la ciudad a partir de uno de sus elementos básicos constituyentes, la traza urbana, como parte de una gramática de la ciudad. A partir de Aureli (2018) se propone una breve reflexión sobre los efectos que tienen los procesos de subdivisión y apropiación del territorio que propone la traza de acuerdo con una lógica cuantitativa, y cómo esto sería la base de muchos fenómenos que vemos como emergentes, tanto en el pasado como en la actualidad. Así se busca explorar el proceso por el cual cuando hablamos de la base fundacional que propone la traza urbana, no se trata de un soporte neutro que posibilita diversas maneras de habitar el territorio sino que hablamos de un aparato espacial que impone de forma sistemática, tanto de jure como de facto, la lógica cuantitativa del capital.

El propósito del proyecto #terremoto83 fue generar un espacio de encuentro, memoria colectiva y diálogo intergeneracional entre los habitantes de Popayán, sobre uno de los acontecimientos más significativos de la ciudad, como fue el terremoto de 1983. Recuperar el diálogo como forma básica de comunicación y, a través de él, las voces, las historias y las imágenes de los protagonistas del proceso social posterior al terremoto, para compartirlas haciendo uso de diversas herramientas digitales. Esta experiencia se diseñó desde una perspectiva que tiene en cuenta elementos de la comunicación, el arte contemporáneo y la opción decolonial. A nivel metodológico contempló tres momentos: diseño de la narrativa y planificación de los componentes, implementación y documentación, y sistematización. Pese al diseño lineal de esta ruta, el proyecto fue, también, un ejercicio de exploración y experimentación narrativa. Como conclusión relevante se tiene que las narraciones/estrategias/experiencias transmedia pueden ir mucho más allá de la industria del entretenimiento, la publicidad y el marketing, por cuanto constituyen un valioso recurso que puede contribuir a los procesos sociales de historia y memoria, y muchos otros que demanden la participación activa y real de los ciudadanos.

El propósito del proyecto #terremoto83 fue generar un espacio de encuentro, memoria colectiva y diálogo intergeneracional entre los habitantes de Popayán, sobre uno de los acontecimientos más significativos de la ciudad, como fue el terremoto de 1983. Recuperar el diálogo como forma básica de comunicación y, a través de él, las voces, las historias y las imágenes de los protagonistas del proceso social posterior al terremoto, para compartirlas haciendo uso de diversas herramientas digitales. Esta experiencia se diseñó desde una perspectiva que tiene en cuenta elementos de la comunicación, el arte contemporáneo y la opción decolonial. A nivel metodológico contempló tres momentos: diseño de la narrativa y planificación de los componentes, implementación y documentación, y sistematización. Pese al diseño lineal de esta ruta, el proyecto fue, también, un ejercicio de exploración y experimentación narrativa. Como conclusión relevante se tiene que las narraciones/estrategias/experiencias transmedia pueden ir mucho más allá de la industria del entretenimiento, la publicidad y el marketing, por cuanto constituyen un valioso recurso que puede contribuir a los procesos sociales de historia y memoria, y muchos otros que demanden la participación activa y real de los ciudadanos.

El macizo montañoso de Guguy (La Aldea de San Nicolás, Islas Canarias, Spain) es el centro de un espacio natural protegido debido a su singularidad e importancia geomorfológica, ecológica y paisajística. Desde el año 2021 existe una propuesta para incluir dicho espacio bajo la figura de Parque Nacional. La legislación española establece que la gestión de los Parques Nacionales marítimo-terrestres será competencia de las comunidades autónomas siempre que se demuestre la continuidad ecológica entre los ecosistemas marino y terrestre. Con el fin de evitar las fronteras administrativas y fracturación de las competencias en la gestión del espacio, se han usado los procesos geomorfológicos en los sistemas sedimentarios costeros de Guguy como indicadores para demostrar la evidencia de la continuidad ecológica entre ecosistemas. Los resultados de los análisis sedimentarios y de dinámica eólica y marina, evidencian la existencia de una sola unidad funcional geodinámica en la costa de Guguy, donde se acoplan procesos marinos, eólicos, fluviales y de vertientes. A partir de estas evidencias, aconsejamos evitar la fragmentación administrativa de este espacio de cara a promover una gestión integrada de los procesos ecológicos que lo constituyen.

La Investigación que aquí se presenta forma parte de un proceso en el cual se reflexiona sobre la concepción de cuerpo e identidad a través del espacio “no lugar”. Un proyecto de investigación artística en el cual la propia práctica que muestro es método y resultado del proceso de indagación. En este artículo se constituye un alucinógeno recorrido fotográfico, textual y experiencial en el cual se proyecta la idea de huella transferida del cuerpo al espacio, estableciendo una simbiosis que invite a conectar con el “no lugar” de una manera mucho más profunda e íntima correlacionando cuerpo e identidad a través del entorno. La comunicación comienza con una introducción en la que se justifica la idea de cuerpo como no lugar, hipótesis principal que ocupa este estudio, con el fin de resolver a través de la práctica artística los vacíos que también construyen la identidad. Continúa presentando las corrientes de pensamiento que reflexionan sobre el espacio, el paseo y/o la deriva como una práctica artística con el ánimo de resolver las cuestiones emocionales e internas que constituyen la experiencia humana, una pequeña introducción a la corriente situacionista. Por último, se propone una especie de psicogeografía como resultado de ese proceso de investigación previo. Un ensayo visual que recoge la experiencia de deriva y el paseo por el “no lugar” como práctica artística. Un recorrido emocional, desde la oscuridad y el desasosiego, un laberinto de cicatrices en el espacio que conectan con las huellas experienciales del cuerpo y el alma que conforman mi identidad, mi construcción actual. Un laberinto de papel donde cohabitan mis monstruos, mis contradicciones, mi historia y mis proyecciones y que quedaron ahí para transformar el espacio.

El Estado de Chile no ha reconocido a los pueblos indígenas en su Constitución a 30 años del retorno a la democracia y sus derechos solo se fueron incorporando por la vía de la ratificación de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Desde esa perspectiva, el “control de convencionalidad” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) adquirió un rol central, más allá de sus luces y sombras en el debate doctrinario. Tras la “crisis social” de octubre de 2019 y el proceso constituyente que desencadenó, se instaló la cuestión del reconocimiento de los pueblos indígenas como uno de los ejes del debate constituyente. En este trabajo se plantean, varias premisas relevantes de discutir sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas durante en el proceso constituyente −con plena participación indígena− se espera sean un insumo en la deliberación constituyente de la Convención Constitucional.

En agosto comenzó la franja del plebiscito del próximo 25 de octubre, donde se someterán a elección popular dos opciones: Apruebo, para un cambio de la Constitución, con la posibilidad de que se haga a través de Convención mixta o Convención constituyente; y Rechazo, para mantener la actual. En la propaganda del Apruebo se potencia una idea con un trasfondo histórico sugerente: por primera vez en la historia de Chile, la ciudadanía tendrá la posibilidad de participar en un proceso constitucional, hecho significativo sobre todo si miramos la historia de Chile, esta nos demuestra que, desde los primeros ensayos constitucionales hasta hoy, la creación de la Carta Magna ha estado a cargo de las élites del país.

La elección de Gabriel Boric como presidente de Chile el 19 de diciembre de 2021 envuelve al menos tres significados que dan cuenta de un nuevo ciclo en la política chilena, que también aportan claves de interés para la comunidad latinoamericana e internacional. Primero, después del proceso constituyente, supone un gran momento de reconstrucción de la legitimidad de la política chilena, pero este es llevado a cabo por una nueva generación. Segundo, a diferencia de los 30 años previos de la coalición de centroizquierda que gobernó Chile tras la dictadura, Boric ha triunfado encabezando la primera conquista del gobierno por una coalición de izquierdas desde la elección de Salvador Allende en 1970, retomando con mucha fuerza la tradición allendista de construcción de una izquierda democrática, pero recreándola con una nueva caja de herramientas conceptual y paradigmática observada con interés en América Latina y el mundo. Tercero, la elección pondrá en marcha la búsqueda de un desarrollo distinto al promovido hasta ahora en Chile, basado en una propuesta paradigmática no solo posneoliberal, sino eventualmente posextractivista, emprendedora y sostenible, pero también feminista e intercultural. En definitiva, una propuesta que intenta deconstruir la colonialidad sobre la que se sustenta el Estado en Chile desde su independencia.

La presencia de procesos complejos de militarización es un común denominador en gran parte de América Latina. Este documento busca dar cuenta de las particularidades del caso mexicano, ofreciendo un acercamiento teórico a conceptos como militarización y militarismo, así como un recuento histórico de las relaciones cívico-militares en México y de las decisiones políticas que han desembocado en el estado de cosas en marcha. Se argumenta, de esta forma, que si bien es cierto que México vive un proceso de militarización de larga data que hasta hace poco se había circunscrito a la seguridad pública, las dinámicas recientes, que se extienden a otras áreas de la Administración Pública Federal, constituyen ya una forma de nuevo militarismo que está teniendo repercusiones en la democracia mexicana y en la calidad del gobierno civil.

Introducción En 2023 el Banco de la República celebra 100 años de su fundación. Este es un aniversario de gran significado, el cual ofrece la oportunidad de resaltar el aporte que el Banco ha hecho al desarrollo del país. Su trayectoria como garante de la estabilidad monetaria lo ha consolidado como la institución estatal independiente que genera mayor confianza entre los colombianos por su transparencia, capacidad de gestión y el cumplimiento efectivo de las funciones de banca central y culturales encomendadas en la Constitución y la Ley. En una fecha tan importante como esta, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) hace un reconocimiento a las generaciones de directivos y funcionarios que con su compromiso y dedicación contribuyeron a engrandecer esta institución1. El mandato del Banco de la República se consolidó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, para cuya integración los ciudadanos tuvieron la oportunidad de elegir a las setenta personas que tendrían como tarea redactar una nueva constitución. Los dirigentes de los tres movimientos políticos más votados fueron elegidos presidentes de la Asamblea, y esta presidencia tripartita reflejó la pluralidad y la necesidad de consenso entre las diferentes fuerzas políticas para sacar adelante la reforma. Entre los asuntos considerados, la Asamblea Nacional Constituyente le otorgó especial importancia a la estabilidad monetaria. Por esta razón decidió incluir el tema de banca central y dotar al Banco de la República de la autonomía necesaria para utilizar los instrumentos a su cargo sin injerencia de otras autoridades. El constituyente entendió que velar por la estabilidad de precios es un deber del Estado y que la entidad responsable de este cometido debe estar consagrada en la Constitución y contar con la capacidad técnica y autonomía institucional necesaria para adoptar las decisiones que considere pertinentes para alcanzar este objetivo fundamental, en coordinación con la política económica general. En particular, el artículo 373 estableció que “el Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”, disposición que coincidía con el esquema de banca central adoptado por países exitosos en el control de la inflación. En 1999, mediante sentencia 481, la Corte Constitucional indicó que “el deber de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda no solo se predica de la autoridad monetaria, crediticia y cambiaria, esto es de la Junta del Banco de la República, sino también de quienes tienen responsabilidades en la formulación y ejecución de la política económica general del país” y que “la finalidad constitucional básica del Banco de la República es la protección de la moneda sana, pero esa autoridad debe tomar en consideración en sus decisiones los otros objetivos económicos de la intervención del Estado, como el pleno empleo, pues sus funciones deben coordinarse con la política económica general.” La reforma al Banco de la República concertada en la Constituyente de 1991 y en la Ley 31 de 1992 se puede resumir en los siguientes aspectos: i) asignó al Banco un mandato específico: mantener la capacidad adquisitiva de la moneda, en coordinación con la política económica general; ii) designó a la JDBR como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia; iii) otorgó al Banco y a su Junta Directiva un importante grado de independencia frente al Gobierno; iv) prohibió al Banco otorgar crédito al sector privado distinto del financiero; v) estableció que para otorgar crédito al Gobierno se requería del voto unánime de su Junta Directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto; vi) determinó que el legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares; vii) designó al Congreso, en representación de la sociedad, como principal destinatario del ejercicio de rendición de informes del Banco; y viii) delegó en el presidente de la República la función de inspección, vigilancia y control sobre el Banco de la República. Los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente entendieron claramente que los beneficios de una inflación baja y estable se extienden a toda la sociedad y contribuyen al buen funcionamiento del sistema económico. Entre los más importantes cabe mencionar que una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos, al permitir que los precios relativos guíen de mejor forma la asignación de recursos, lo cual promueve el crecimiento económico y aumenta el bienestar de la población. Igualmente, una inflación baja reduce la incertidumbre sobre la rentabilidad esperada de la inversión y sobre el precio futuro de los activos, lo que aumenta la confianza de los agentes económicos, facilita la financiación de largo plazo y estimula la inversión. Una inflación baja evita redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, debido a que los estratos de ingresos bajos de la población no pueden protegerse de la inflación mediante la diversificación de sus activos, y concentran una elevada proporción de su ingreso en la compra de alimentos y otros bienes básicos, ítems que generalmente son los más afectados por los choques inflacionarios2. Por otra parte, una baja inflación facilita las negociaciones salariales, lo cual crea un buen clima laboral y reduce la volatilidad del nivel de empleo. Finalmente, una inflación baja contribuye a que el sistema de impuestos sea más transparente y equitativo, al evitar las distorsiones que la inflación introduce sobre el valor de los activos y de los ingresos que componen la base tributaria. Desde el punto de vista de la autoridad monetaria, uno de los beneficios más relevantes de una inflación baja es la credibilidad que los agentes económicos adquieren en la meta de inflación, lo que la convierte en un ancla nominal efectiva sobre el nivel de precios. Al recibir su mandato, y en uso de su autonomía, el Banco de la República empezó a anunciar metas puntuales de inflación anual a partir de 1992. Si bien en esta primera etapa las metas de inflación propuestas no se lograron cumplir de forma precisa, sí se consiguió imprimirle a la inflación una tendencia descendente, que la llevó desde un nivel del 32,4% en 1990 al 16,7% en 1998. Para aquella época la tasa de cambio se mantenía dentro de una banda, lo cual limitaba la efectividad de la política monetaria, que buscaba cumplir simultáneamente una meta de inflación y un objetivo de tasa de cambio. La crisis asiática se contagió a las economías emergentes y afectó de manera importante a la economía colombiana. La tasa de cambio presentó una fuerte presión a la depreciación al cerrarse el acceso al financiamiento externo en condiciones de un elevado desequilibrio externo. Lo anterior, junto con la falta de flexibilidad cambiaria, impidió hacer una política monetaria contracíclica, lo que condujo a una contracción del PIB del 4,2% en dicho año. En este contexto de desaceleración económica, la inflación anual se redujo al 9,2% a finales de 1999, situándose por debajo de la meta del 15% que se había fijado para ese año. Este episodio reveló plenamente lo costoso que podría ser, en términos de actividad económica, el tener simultáneamente metas para la inflación y para la tasa de cambio. Hacia finales de 1999 el Banco de la República anunció la adopción de un nuevo régimen de política monetaria que denominó Esquema de Inflación Objetivo. Este régimen, conocido internacionalmente como ‘Inflation Targeting,’ venía ganando creciente aceptación en países desarrollados, al haber sido adoptado a partir de 1991 por Nueva Zelanda, Canadá e Inglaterra, entre otros, logrando importantes avances en el manejo de la inflación, sin incurrir en costos en términos de actividad económica. En América Latina, Brasil y Chile también lo acogieron en 1999. En el caso colombiano, el último requisito pendiente por cumplir para adoptar dicho esquema de política era la flexibilidad de la tasa de cambio, la cual se materializó hacia septiembre de 1999, cuando la JDBR decidió abandonar las bandas cambiarias para permitir que la tasa de cambio se determinara libremente en el mercado. De forma coherente con el mandato constitucional, el objetivo fundamental de este nuevo esquema de política consistía en “el cumplimiento de una meta de inflación que contribuya a mantener un crecimiento del producto alrededor de su capacidad potencial”3. Dicha capacidad potencial se entendía como aquel crecimiento del PIB que la economía puede obtener si utiliza plenamente sus recursos productivos. Para cumplir este objetivo la política monetaria debe cumplir necesariamente un papel contracíclico en la economía. Ello porque cuando la actividad económica está por debajo de su potencial y existen recursos ociosos, la autoridad monetaria puede reducir la tasa de interés ante la ausencia de presiones inflacionarias para estimular por esa vía la economía y, de manera inversa, cuando el producto supera su capacidad potencial. Este principio de política, que está inmerso en los modelos para guiar la postura de política monetaria, hace que, en el mediano plazo, sean totalmente compatibles los objetivos del cumplimiento de la meta de inflación y de un nivel de actividad económica compatible con su capacidad productiva. Para alcanzar este propósito, en el esquema de inflación objetivo se utiliza la tasa de interés del mercado monetario (a la cual el banco central suministra liquidez primaria a los bancos comerciales), como el instrumento primordial de política. Con ello se sustituyó la cantidad de dinero como meta intermedia de política monetaria, que el Banco de la República, al igual que varios otros bancos centrales, utilizaron por mucho tiempo. En el caso colombiano, el objetivo del nuevo esquema de política monetaria implicaba, en términos prácticos, que la recuperación de la economía, luego de la contracción ocurrida en 1999, debía lograrse al tiempo que se cumplían las metas decrecientes de inflación establecidas por la JDBR. De manera notable este propósito se cumplió. En la primera mitad de la década del 2000 la actividad económica logró una recuperación importante, hasta alcanzar un crecimiento del 6,8% en 2006. Entretanto, la inflación fue descendiendo gradualmente, en línea con las metas de inflación. Fue así como la tasa de inflación se redujo desde el 9,2% en 1999 al 4,5% en 2006, cumpliendo con la meta de inflación establecida para ese año, mientras que el PIB alcanzó su nivel potencial. Después de lograrse este equilibrio en 2006, la inflación repuntó al 5,7% en 2007, por encima de la meta del 4% fijada para ese año, debido a que el crecimiento del PIB del 7,5% superó su capacidad potencial4. Luego de comprobarse la eficacia del esquema de inflación objetivo en sus primeros años de operación, este régimen de política continuó consolidándose a medida que la JDBR y el equipo técnico ganaron experiencia en su manejo y se incorporaron modelos económicos de última tecnología para diagnosticar el estado presente y futuro de la economía, y evaluar la persistencia de los desvíos de la inflación y sus expectativas con respecto a la meta de inflación. A partir de 2010 la JDBR estableció la meta de inflación anual de largo plazo del 3%, que continúa vigente en la actualidad. La menor inflación ha contribuido a crear un entorno macroeconómico más estable, que ha favorecido el crecimiento económico sostenido, la estabilidad financiera, el desarrollo del mercado de capitales y el funcionamiento de los sistemas de pagos. Gracias a ello se lograron reducciones en la prima por riesgo inflacionario y menores tasas de interés de los TES y de crédito. A su vez, la duración de la deuda interna pública aumentó de forma importante pasando de 2,27 años en diciembre de 2002 a 5,86 años en diciembre de 2022 y la profundización financiera, medida como el nivel de la cartera como porcentaje del PIB, pasó de cerca del 20% a mediados de la década de los noventa a valores superiores al 45% en años recientes, en un contexto saludable de los establecimientos de crédito. Los logros tangibles alcanzados por el Banco de la República en el manejo de la inflación al haber contado con la autonomía que le otorgó la Constitución para cumplir con el mandato de preservar el poder adquisitivo de la moneda, junto con los importantes beneficios que se derivaron del proceso de llevar la inflación a su meta de largo plazo, hacen que el reto que actualmente enfrenta la JDBR de retornar la inflación a la meta del 3% sea aún más exigente y apremiante. Como es bien conocido, a partir de 2021, y especialmente en 2022, la inflación en Colombia volvió a convertirse en un serio problema económico, con elevados costos de bienestar. El fenómeno inflacionario no ha sido exclusivo de Colombia y es así como muchos otros países desarrollados y emergentes han visto alejarse sus tasas de inflación de las metas propuestas por sus bancos centrales5. Las razones de este fenómeno se han analizado en los recientes Informes al Congreso, y en esta nueva entrega se profundiza al respecto con información actualizada. La sólida base institucional y técnica que soporta el esquema de inflación objetivo bajo el cual opera la estrategia de política monetaria le da a la JDBR los elementos necesarios para enfrentar con confianza este difícil reto. Al respecto, en su comunicado del 25 de noviembre la JDBR reiteró su compromiso con la meta de inflación del 3,0%, la cual prevé alcanzar hacia finales de 20246. La política monetaria continuará enfocada en cumplir este objetivo, al tiempo que velará por la sostenibilidad de la actividad económica, tal y como lo ordena la Constitución. Las encuestas a analistas llevadas a cabo en marzo mostraron un incremento importante (del 32,3% en enero al 48,5% en marzo) en el porcentaje de respuestas que sitúan las expectativas de inflación a dos años o más en un rango entre el 3% y 4%. Este es un indicativo claro de recuperación de credibilidad en la meta de inflación a mediano plazo, lo cual guarda coherencia con el anuncio de la JDBR de noviembre pasado. La moderación de la tendencia alcista de la inflación que se observó en enero, y especialmente en febrero, contribuirá a reforzar esta revisión de expectativas de inflación, y ayudará a cumplir los objetivos propuestos. Luego de registrarse una inflación del 5,6% a finales de 2021, la inflación mantuvo una tendencia alcista a lo largo de 2022 debido a las presiones inflacionarias tanto de origen externo, asociadas con las secuelas de la pandemia y las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, como de origen interno, resultantes de: el fortalecimiento de la demanda local; los procesos de indexación de precios estimulados por el aumento de las expectativas de inflación; las afectaciones a la producción de alimentos provocadas por el paro de mediados de 2021, y el traspaso de la depreciación a los precios. Los aumentos del salario mínimo del 10% en 2021 y del 16% en 2022, que en ambos casos superaron la inflación observada y el incremento de la productividad, acentuaron los procesos de indexación al haber establecido un elevado referente de ajuste nominal. De esta forma, la inflación total aumentó al 13,1% a finales 2022. La variación anual de alimentos, que subió del 17,2% al 27,8% entre esos dos años, fue el factor que más influyó en la aceleración del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Otro rubro que contribuyó de manera importante a las alzas de precios fue el de regulados, cuya variación anual aumentó del 7,1% en diciembre de 2021 al 11,8% a finales de 2022. Por su parte, la medida de inflación básica sin alimentos ni regulados subió del 2,5% al 9,5% entre finales de 2021 y finales de 2022. El aumento sustancial de la inflación básica muestra que la presión inflacionaria se extendió a la mayoría de los rubros de la canasta familiar, lo cual es característico de procesos inflacionarios con una indexación de precios generalizada, como ocurre en Colombia. La política monetaria empezó a reaccionar tempranamente a estas presiones inflacionarias. Fue así como a partir de su sesión de septiembre de 2021 la JDBR inició un cambio progresivo de la postura de la política monetaria a partir del mínimo histórico del 1,75% de la tasa de interés de política al cual se había llegado para estimular la recuperación de la economía. Este proceso de ajuste prosiguió sin interrupción a lo largo de 2022 y hasta inicios de 2023, cuando la tasa de política monetaria alcanzó el 12,75% en enero pasado, con lo cual acumuló un incremento de 11 puntos porcentuales (pp). El público y los mercados se han mostrado sorprendidos de que la inflación continuara aumentando, a pesar de los significativos incrementos de la tasa de interés. Pero como lo ha explicado la JDBR en sus diversas comunicaciones, la política monetaria actúa con rezago. Así como en 2022 la actividad económica se recuperó hasta alcanzar un nivel superior al de prepandemia, impulsada, entre otros factores, por el estímulo monetario otorgado durante el período de pandemia y de los meses subsiguientes, así también los efectos de la actual política monetaria restrictiva se irán dando paulatinamente, lo que permite esperar que hacia finales de 2024 la tasa de inflación converja hacia el 3%, como es el propósito de la JDBR. Los resultados de la inflación en enero y febrero de este año mostraron incrementos marginales decrecientes (13 pb y 3 pb respectivamente), en comparación con la variación observada en diciembre (59 pb). Esto sugiere que se aproxima un punto de inflexión en la tendencia de la inflación. En otros países de América Latina, como Chile, Brasil, Perú y México, la inflación llegó a su techo y ha empezado a descender lentamente, aunque con algunos altibajos. Es previsible que en Colombia ocurra un proceso similar durante los próximos meses. El descenso previsto de la inflación en 2023 obedecerá, entre otros factores, a las menores presiones de costos externos por cuenta de la progresiva normalización de las cadenas de suministro, a la superación de los choques de oferta por razones de clima y por los bloqueos viales de años anteriores, lo que se reflejará en menores ajustes en los precios de los alimentos, como ya se observó en los primeros dos meses del año y, por supuesto, al efecto rezagado de la política monetaria. El proceso de convergencia de la inflación a la meta será gradual y se extenderá más allá de 2023. Dicho proceso se facilitará si se revierten las presiones a la devaluación, para lo cual resulta esencial que se continúe consolidando la sostenibilidad fiscal y se eviten mensajes en diferentes frentes de la política pública que generan incertidumbre y desconfianza. _______________________________________ 1 Este Informe al Congreso contiene el recuadro 1 que resume la trayectoria del Banco de la República en estos 100 años. Adicionalmente, con auspicio del Banco, varios libros que profundizan diversos aspectos de la historia de esta institución fueron publicados en años recientes. Véase, por ejemplo: Historia del Banco de la República 1923-2015; Tres banqueros centrales; Junta Directiva del Banco de la República: grandes episodios en 30 años de historia; Banco de la República : 90 años de la banca central en Colombia. 2 Es por ello que una menor inflación se ha reflejado en la reducción de la desigualdad del ingreso medida a través del coeficiente de Gini al pasar de 58,7 en 1998 a 51,3 en el año previo a la pandemia. 3 Véase Gómez Javier, Uribe José Darío, Vargas Hernando (2002). “The Implementation of Inflation Targeting in Colombia”. Borrador de Economía, núm. 202, marzo, disponible en: https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/5220 4 Véase López-Enciso Enrique A.; Vargas-Herrera Hernando y Rodríguez-Niño Norberto (2016). “La estrategia de inflación objetivo en Colombia. Una visión histórica”, Borrador de Economía, núm. 952. https://repositorio.banrep.gov.co/handle/20.500.12134/6263 5 Según el FMI, la variación porcentual de los precios al consumidor entre 2021 y 2022 pasó del 3,1 % al 7,3 % para las economías avanzadas, y del 5,9 % al 9,9 % para las economías de mercados emergentes y en vías de desarrollo. 6 https://www.banrep.gov.co/es/noticias/junta-directiva-banco-republica-reitera-meta-inflacion-3

"En este artículo se pretende identificar las técnicas modernas de control fiscal internacional, utilizando la IA (inteligencia artificial), y cómo se aplican éstas para dar celeridad a los procesos con el fin de minimizar la corrupción en el ejercicio profesional de los funcionarios y servidores públicos. La metodología utilizada es cualitativa, se realiza una revisión documental con un alcance exploratorio. En la experiencia internacional con la aplicación de sistemas inteligentes como: Dozorro, Prozorro en Rusia; Alice, Mónica y Sofía en Brasil, E-procurement en Ecuador, todo ellos utilizados por entidades que ejercen el control fiscal para el proceso de vigilancia y seguimiento a la contratación y la administración de los recursos públicos; lo que ha permitido mejoras en la gestión estatal y el efectivo control fiscal identificando actos de corrupción y previniendo la perdida de recursos. Se concluye con el análisis de cómo con la implementación de la IA en la ejecución del proceso auditor, de denuncias, de responsabilidad fiscal –y demás aspectos que constituyen el control fiscal realizado por la Contraloría General de Antioquia (CGA)–, se puede ayudar a prevenir daños fiscales reflejados en detrimentos al detectar tempranamente irregularidades, identificar riesgos, analizar las ejecuciones efectivas de los contratos y en general en el seguimiento eficiente a la gestión pública."

La humanidad se está abriendo al espacio en toda su complejidad socio-cultural e interdisciplinar. La arquitectura lunar y planetaria ejemplifica muy bien este proceso, que conlleva la implicación e interacción de áreas científicas como la geología. A través de la geología planetaria se conocen los materiales de nuestro satélite y de Marte, los dos próximos objetivos en nuestra salida al espacio. Dichos materiales constituyen recursos “in-situ” que pueden ser aprovechados y utilizados en las futuras misiones para la construcción y establecimiento de bases semipermanentes y permanentes. En este artículo se lleva a cabo el análisis bibliográfico y la descripción de la situación actual del tema, incidiendo en este binomio arquitectura-geología.

El psicoanálisis es conocido como la primera fuerza de la psicología, ya que sus planteamientos teóricos dan cuenta de la comprensión profunda de la mente humana. Sigmund Freud es el fundador del movimiento psicoanalítico entre los años 1885 y 1939. El psicoanálisis inició como una técnica derivada de la hipnosis para tratar pacientes con histeria. A partir de la recopilación de estos casos clínicos surge la “técnica psicoanalítica”, y posteriormente se deriva una teoría de personalidad, cuyo tema principal se expone en este texto. Hablaremos de cuatro temas principales; características del psicoanálisis, la estructura mental, Ello-Yo-S. Yo, el inconsciente y las pulsiones. Explicaremos el desarrollo e instauración de la personalidad desde perspectiva del mundo interno del sujeto, a partir de las relaciones objetales, las cuales se constituyen en un proceso evolutivo afianzado por la concepción de la sexualidad infantil que se desprende de factores pulsionales innatos en el ser humano; por lo cual, el concepto de “libido” (energía sexual) juega un papel importante en dicho proceso. De igual forma se hace énfasis en la concepción subjetiva del psicoanálisis como eje fundamental de la comprensión de la psique humana.

Este trabajo intenta contribuir a la generación de conocimiento sobre la gestión de redes, mediante el análisis de la estructuración y desempeño de la red intergubernamental destinada a la implementación del componente de formación del Plan jefes y jefas desocupados en la Provincia de Buenos Aires, Argentina, entre los años 2002 y 2003. La experiencia estudiada constituye un caso relevante porque revela de manera clara cómo fue el proceso de estructuración de una red intergubernamental y cuáles fueron sus principales debilidades constitutivas. También, porque nos muestra el conjunto de condicionantes externos e internos que afectaron su desempeño durante el período estudiado. Asimismo, el caso nos permite entender por qué la existencia de recursos y de organizaciones especializadas no constituyen condiciones suficientes para el buen funcionamiento de una red interorganizacional, tal como podría asumir una visión apresurada del tema.

La estrategia didáctica que se emplea es una propuesta académica de buena práctica en el interior del aula. Consiste en una técnica de video basada en la revisión de artículos, a la que denominaremos videografía. La aplicabilidad de esta técnica es estandarizada; no obstante, el método de medición se basa en reconocer las variables o categorías para verificar la apropiación de un elemento de competencia dentro de un curso de manera integrada. Los pasos que la constituyen reflejan, entre otros aspectos, la búsqueda de información científica en artículos de bases de datos, la confrontación de posturas teóricas, el debate reflexivo de la propuesta, la argumentación y analítica de datos. El proceso concluye con un producto puesto en una escena de videograbada en un formato establecido, donde el estudiante es el protagonista de su reflexión a través de un diálogo entre pares expertos, quienes darán cuenta en una escala numérica con expresiones cualitativas de la puntuación, que luego le otorgará, en las dimensiones del conocimiento, un resultado acorde con la calidad y la naturaleza de la videografía.