Academic literature on the topic 'Proyectos de desarrollo – Perú – Cajamarca Estudio de casos'

¿A más crecimiento económico, menos desnutrición crónica? ¿Qué factores determinan la persistente asociación entre economías extractivas y prevalencia de la desnutrición crónica? La respuesta a estas interrogantes se realiza teniendo como unidad de análisis las regiones en el Perú de 1950 al 2010. Se considera una muestra de cinco regiones: Ancash, Cajamarca, Huancavelica con tradición extractiva minera y agropecuaria; Ica y Lambayeque con economías sustentadas en la agroindustria, la manufactura y el comercio. El estudio muestra, en el período, procesos paralelos y complejos que permiten identificar una gama de determinantes sociales entre el crecimiento continuo y una tendencia al decrecimiento de la desnutrición crónica, pero con velocidades diferentes en las regiones, avizorando en la última década la apertura de una etapa de transición epidemiológica en nutrición. Se utiliza información del INEI, ENDES, evaluaciones de proyectos, informes de investigación y entrevistas a madres de niños pequeños en comunidades urbanas y rurales de las regiones seleccionadas.

En el presente artículo, se revisa someramente la experiencia en la concesión de proyectos de infraestructura en el país desde la década de los noventa hasta los últimos años, tiempo en que se han presentado los denominados megaproyectos, lo que ha dado pie a la discusión de si se están logrando las esperadas ventajas de esta modalidad de desarrollo. Del estudio se concluyó que, en una experiencia de veinte años de concesiones en el Perú, lamentablemente, no se han logrado las esperadas ventajas de ahorrar esfuerzos financieros al Estado y tiempo en la mayor parte de los proyectos concesionados. Por ello, se sugiere que, en ciertos casos, sería mejor aplicar el anterior sistema de licitación con financiamiento, el cual existía en la antigua normativa de contrataciones de obras. La falta de adecuados estudios de preinversión a nivel de factibilidad, sumada al precario estudio de las diversas alternativas de ingeniería conceptual de los proyectos, provoca graves deficiencias en el desarrollo de los mismos. Esta situación ocasiona un incremento innecesario en los costos de inversión previstos en los planes iniciales, además de la falta de previsión oportuna con respecto a la necesidad de expropiaciones, lo que lleva al Estado a iniciar los concursos de selección del concesionario con bases incompletas que se van “madurando” a lo largo de los años. Finalmente, se recomienda revisar la política y normatividad sobre el desarrollo de proyectos mediante concesiones, y se propone, como requisitos para decidir la concesión de un megaproyecto: 1) que el proyecto cuente con estudios de factibilidad completos, 2) que en ningún caso se permita la aplicación del cofinanciamiento, 3) que los procesos de concurso de concesión cuenten con bases adecuadamente preparadas, y 4) que se declare desierto el concurso para concesión cuando se llegue al final con postor único

Los agricultores que cultivan papa en zonas tropicales montañosas enfrentan varios problemas que limitan la productividad y producción. Sin embargo, poco se conoce sobre los efectos del tizón tardío, el conocimiento de los agricultores y el manejo de esta enfermedad a nivel de campo en países en desarrollo. Este estudio se llevó a cabo en Cajamarca, Perú, durante la campaña agrícola de 1997-1998. Un total de 131 agricultores participaron en entrevistas formales e informales y brindaron suscampos para evaluaciones.Los agricultores entrevistados sembraban alrededor de 0.6 ha con papa, mayormente bajo condiciones de secano. Ellos indicaron que el tizón tardío era el principal problema en la zona, el cual reducía la producción significativamente. En general, la mayoría de entrevistados identificaron claramente las condiciones climáticas que favorecen la enfermedad; pero no conocían que esta enfermedad es causada por un microorganismo y tampoco tenían la habilidad para diagnosticarla correctamente.La mayoría de agricultores identificaron al control químico como la principal práctica de control y usaron 6.6 aplicaciones en promedio. El uso de variedades resistentes y diferentes fechas de siembra también fueron mencionados, pero en menor medida. Los fungicidas más usados en la zona fueron el mancozeb y el metalaxyl. La evidencia indicó que el uso de fungicidas está significativamente asociado con la edad de los agricultores, el nivel de educación, el tamaño de la finca, la fecha de siembra y la ubicación de la finca; pero no está correlacionado con el uso de variedades.Las evaluaciones de campo demostraron que la severidad de ataque por tizón tardío está significativa e indirectamente correlacionada con el rendimiento del cultivo de papa. Se estableció que 20% de incremento en severidad tiende a reducir aproximadamente 1 t/ha de rendimiento. La fecha de siembra, la fecha de evaluación, el número de aplicaciones de fungicidas y las variedades de papa sembradas estuvieron correlacionados significativamente con la severidad de la enfermedad.La evidencia del estudio indica que es necesario investigar y difundir métodos de control eficientes contra el tizón tardío y que estos métodos serían rentables, ya que esta enfermedad es el principal factor que disminuye el rendimiento del cultivo de la papa según la percepción de los agricultores y los datos provenientes de evaluaciones de campos.Aceptado para publicación: noviembre 1998.

según estimaciones de organismos internacionales como la CEPAL, el Banco Mundial y la OMS. La pandemia sigue generando enormes retos y dificultades, en el Perú y en el mundo, particularmente para América Latina y el Caribe (ALC) a pesar de que varios países siguen tomando medidas y restringiendo algunas actividades para evitar la propagación del virus, los casos siguen aumentando. El COVID-19 sigue generando una alta demanda en diversos suministros médicos, descontrol en los sistemas nacionales de salud pública, devela las carencias de acceder a una atención médica digna, ALC sigue enfrentando diversos problemas no solo en diagnósticos, sino en una incapacidad de respuesta sanitaria para enfrentar de forma oportuna esta pandemia, incluyendo, ahora, una transparencia efectiva en la gestión pública de las vacunas, cuyos efectos en esta crisis son el desempleo, la pobreza y la creciente incertidumbre. Pero, ante este panorama, nos ha mostrado la importancia de la ciencia, tecnología e innovación (CTI) para hacer frente a los retos globales y su papel que ha ejercido en la toma de decisiones políticas durante estos tiempos, donde se ha logrado avanzar hacia el entendimiento del nuevo patógeno en cuestión de meses y es gracias al trabajo colaborativo que profesionales de la salud han estado llevando a cabo. Ahora, más que nunca, las expectativas de la multitud en general se han encaminado a la ciencia con ojos críticos en espera de respuestas llenas de esperanza. Desde un marco analítico del CTI en los últimos cinco años (2017 a febrero 2021), según Scopus, en el Perú se realizaron 17 334 publicaciones, repartidas al 2017 (17,2 %), 2018 (20,3 %), 2019 (25,6 %), 2020 (32,9 %) y hasta febrero del 2021(4 %), que conllevaría a un crecimiento de 5 % anual. Las universidades que lideran en este periodo son la Pontificia Universidad Católica del Perú (12,1 %), Universidad Nacional Mayor de San Marcos (11,5 %), Universidad Peruana Cayetano Heredia (11,2 %), Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (7,6 %) y entre otras (57,6 %). En este mismo periodo, solo el 2 % corresponde al área de la química con 435 artículos, distribuidos al 2017 (15 %), 2018 (18 %), 2019 (24 %), 2020 (35 %) y hasta febrero 2021 (8 %). Pero los hechos ocurridos durante el 2020, conllevó a un cambio en las tendencias de investigación, que se evidenciaron sobre los 5 705 documentos publicados en ese año, encabezado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (11,8 %), Universidad Peruana Cayetano Heredia (10,1 %), Pontificia Universidad Católica del Perú (10,0 %), Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (8,4 %) y entre otras universidades (59,7 %), donde las áreas dominantes, ahora, fueron Medicina (16,7 %), Ingeniería (10,9 %), Ciencias Sociales (10,6 %), Agricultura y Ciencias Biológicas (8,9 %), Ciencias de la Computación (7,9 %), entre otras más ramas. Este efecto del 2020 se evidencia porque involucró prioritariamente los financiamientos recibidos por patrocinadores nacionales como internacionales y, en este contexto, la participación del Fondo Nacional de Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (FONDECYT) ocupó el tercer lugar con 157 publicaciones (2,8) y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) ocupó el cuarto lugar con 112 publicaciones (2 %) sobre la base de las 5 705 publicaciones del 2020, siendo el 95,3 % correspondiente a otras fuentes de financiamiento. Entonces, basados en la información del CONCYTEC, en Recursos Humanos y Gestión de la Información en CTI sobre la Gestión del Conocimiento en todo el Perú (noviembre 2020) en referencia a la estandarización, sinceramiento de información y mejora de procesos, actualmente existe acceso a literatura científica (IEEE, IOP, SAGE, Taylor & Francis, WILEY, Scopus, EBSCO), se tiene 118 universidades, 9 Escuelas Superiores, 15 institutos gubernamentales y 12 IPIs integradas al repositorio de publicaciones ALICIA, se dispone del convenio con DuraSpace: desarrollo y mantenimiento del software de repositorios institucionales; asimismo, hay una información actualizada de 53 universidades e IPIs sobre gestión de la información en investigación, existe una mejora en el Directorio de RRHH afines a la CTI (ex DINA) e información estadística sobre CTI en el Perú para la Red Iberoamericana e Interamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICYT). Entonces, basados en las estadísticas generales del Repositorio Institucional del CONCYTEC, el número de artículos científicos descargados para el año 2019 (15 917), 2020 (84 131) y hasta febrero del 2021 (20 701), siendo las ciudades con el más alto indicador registrado, Lima (35 845), Arequipa (7 263), Trujillo (4 270) y en el exterior (42 672), en el caso de los países que utilizaron este servicio a nivel mundial fueron Perú (65 483), México (9 804), Estados Unidos de América (8 367), Colombia (5 297), otros países (16 812). Pero en el recuento de artículos depositados fue solo en el 2018 (29), 2019 (103), 2020 (1 747) y en febrero del 2021 (8). Esta misma necesidad ha generado un aumento récord en el volumen de investigaciones realizadas durante esta pandemia, pero está generando cambios significativos en los procesos de publicación científica y exacerbando aún más la brecha de género ya existente en el área de investigación, así como también se debe hablar de los riesgos que implicaría si estas investigaciones no se estuvieran llevando a cabo bajo el más alto rigor de calidad y no solo luchamos contra una epidemia; estamos luchando contra una infodemia, según afirma el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. En una vista general en el portal de transparencia del gobierno (http://www.transparencia.gob.pe), el Presupuesto Institucional Modificado para 2019 del FONDECYT fue de S/ 160 452 240 con un avance de 94,3 %, durante el 2020 fue de S/ 159 479 962, con un avance de 88,1 % y actualmente al 2021, es de S/ 136 174 768 con un avance de 1,2 %. Mientras que para el 2019, al CONCYTEC se le asignó S/ 26 130 047 con un 91,8 % de avance, durante el 2020 fue de S/ 25 012 919, con un 91,3 % de avance y actualmente, al 2021, se le asignó S/ 29 735 713 con un avance de 7,0 %. Haciendo evidente que no existe un marco claro de política económica orientado a mejorar en el desarrollo tecnológico y, según el análisis del gasto público (AGP) en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), cuyo propósito es determinar la calidad de la combinación de las medidas adoptadas por el Gobierno del Perú para incrementar las oportunidades de impacto que mejoren la competitividad de la econo¬mía y que está plasmado en el Estudio de Línea Base del Gasto Público en Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú, (Proyecto CONCYTEC, FONDECYT y el Banco Mundial en marzo del 2020), cuyo soporte está basado en la documentación del Gobierno del Perú, como la Ley Marco de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Ley 28303), Plan Nacional de Competitividad y Productividad (Decreto Supremo 237-2019 EF), Ministerio de Economía y Finanzas. Política Nacional de Competitividad y Productividad, Documento Resumen, Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, que consolidaron los siguientes resultados y conclusiones: existe una alta concentración del gasto en pocos instrumentos; desbalance en la representación de los objetivos estratégicos del plan nacional de competitividad y productividad; alta concentración del gasto dentro de los sectores de gobierno; alta superposición de objetivos entre instrumentos; alta superposición de objetivos entre sectores de gobierno; alta duplicación de esfuerzos en creación de conocimiento; instrumentos con referencia a múltiples mecanismos de intervención; instrumentos con múltiples tipos de beneficiarios; gran proporción del gasto enfocado a beneficiarios académicos; escasa especialización de instrumentos enfocados al sector privado y perfil académico del sector producción, bajo estas evidencias, con fecha 2 de noviembre del 2020, el Congreso presentó el Proyecto de Ley 06575/2020-CR, mediante el cual se propone la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de artículos científicos de esta dimensión no habría sido posible sin recursos que financiaran este proceso extraordinario y no sólo la pandemia ha sido un propulsor en materia de producción, sino también de accesibilidad científica. En este contexto, se debe proponer que las investigaciones y proyectos en CTI no son un gasto, sino una inversión y una gran fortaleza si son usadas para la toma de decisiones de un país, pero se necesita un cambio profundo en las políticas públicas y económicas del mismo, para la mejora del futuro basados en la ciencia, tecnología e innovación.

ResumenEn las últimas décadas del siglo XX en América Latina, la llegada del neoliberalismo, particularmente, a los países de la zona andina en Sudamérica, ha facilitado las condiciones para la imposición e incremento significativo de grandes proyectos de extracción minera, fomentados y avalados por organismos financieros internacionales, gobiernos de los países y empresas transnacionales, que dicen promover el crecimiento económico, el “desarrollo” y el “progreso”. Sin embargo, estos megaproyectos afectan la autonomía de las comunidades campesinas y pueblos originarios sobre sus territorios y ponen en riesgo sus formas de reproducir la vida. Desde una perspectiva decolonial y a partir del estudio de los casos: Quimsacocha en Ecuador y Conga en el Perú, se analiza la emergencia de diversos modos de resistencia indígena/campesina como el “Sumak Kawsay” o “Buen Vivir”, que cuestiona al modelo capitalista y propone otras formas de reproducción y convivencia.Palavras-clave: resistencia andina, extractivismo minero, perspectiva decolonial, Sumak Kawsay o buen vivir.

Resumen El artículo analiza el alcance de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en América Latina, desde el acercamiento etnográfico a los casos de ejecución de los proyectos de desarrollo, orientados a mitigar los impactos del cambio climático en las comunidades indígenas de Shiña, Ecuador y Pumatalla, Perú. El estudio considera que el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas constituyen en principios que garantizan la superación del Estado monocultural, excluyente, y reconocen la necesidad de participación de los indígenas en el diseño y en la ejecución de los proyectos de desarrollo. El análisis concluye que la celebración del bicentenario de independencia en Perú y Ecuador es una oportunidad para repensar en Estados que superen el pasado colonial. Se demuestra que hay esfuerzos por responder a las demandas de los pueblos indígenas, en cuanto que los Estados asumen los convenios internacionales sobre derechos colectivos concernientes a estos pueblos. Hay desarrollo y aceptación considerable de estos derechos en la legislación, pero en la práctica, son escasamente asumidos por los dos Estados, por lo que continua la discriminación y no se resuelven los diversos problemas que afecta a los indígenas. Abstract The article analyzes the scope of the collective rights of indigenous peoples in Latin America, from the ethnographic approach to the cases of execution of development projects, aimed at mitigating the impacts of climate change on the indigenous communities of Shiña, Ecuador and Pumatalla, Peru. The study considers that ILO Convention 169 and the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples constitute principles that guarantee the overcoming of the monocultural, exclusive State, and recognize the need for indigenous participation in the design and in the execution of development projects. The analysis concludes that the celebration of the bicentennial of independence in Peru and Ecuador is an opportunity to rethink in States that overcome the colonial past. It is shown that there are efforts to respond to the demands of indigenous peoples, inasmuch as the States assume international conventions on collective rights concerning these peoples. There is considerable development and acceptance of these rights in the legislation, but in practice, they are scarcely assumed by the two States, so discrimination continues and the various problems that affect indigenous people are not resolved.

En la actualidad, el mundo vive grandes desafíos en materia de salud pública, pero también de encontrar nuevas fórmulas de desarrollo económico. Los sistemas políticos de naciones diversas tienen el reto de encontrar soluciones sostenibles que cumplan con las expectativas de las naciones (Zamorano Farías, 2010). En el presente número de la revista “Política, Globalidad y Ciudadanía”, el lector tendrá acceso a once artículos que profundizan sobre temas que son indispensables para encontrar los mecanismos institucionales que permitan una mejor convivencia social entre los individuos que forman parte de una sociedad plural y también entre las naciones. Corresponden a estudios que se han realizado de manera rigurosa y con una examinación de casos que contribuyen a un necesario debate en la academia actual. Al respecto, resulta importante reflexionar sobre el concepto de una democracia de “calidad” en la que O’Donnell, Vargas y Iazzetta (2004) establecieron que existen algunos elementos esenciales que nos permiten hablar de una democracia con contenido. Este concepto, se compone entre otras cosas, por la celebración de elecciones libres, por una verdadera independencia de los medios de comunicación, por contar con índices aceptables en materia de equidad, por el hecho de que la población tenga acceso a una amplia seguridad social y porque las mayorías y minorías se encuentren representadas. Por esa misma razón, es importante que las instituciones puedan convertirse en un mecanismo eficaz que pueda hacer posible que esos ideales de una democracia de calidad se conviertan en una realidad cotidiana. De acuerdo con un estudio de Tusell (2015), algunos de los factores que se encuentran inherentemente relacionados con la calidad de la democracia son la rendición de cuentas y el estado de derecho. En términos generales, este es uno de los principales conceptos que nos concierne en la presente edición: el funcionamiento correcto de los poderes públicos resulta clave en la consolidación de cualquier régimen democrático y en particular, en el de preservar las libertades fundamentales (Barreda, 2010). En materia de mediación, se cuenta con un estudio cualitativo por parte de Roberto Guerrero Vega, de la Universidad Politécnica de Nicaragua, quien propone un modelo de evaluación de la calidad al servicio de mediación en México. Es necesario resaltar que son investigaciones como las de Guerrero Vega, las que contribuyen a fijar las bases de una mejoría en la resolución de controversias, las mismas que contribuyen a generar una mejor convivencia social. Precisamente sobre el tema del bienestar, es que Francisco Gorjón Gómez, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), nos presenta un trabajo que permite corroborar la presencia de la mediación como un instrumento para lograr el bienestar colectivo. En cuanto al análisis jurídico, se presentan las indagaciones de Yahaira Berenice Martínez-Pérez, Brenda Judith Sauceda-Villeda y María Salomé Moreno-Rodríguez de la Universidad Autónoma de Nuevo León (México), quienes argumentan a favor de una reforma jurídica que protega a los sectores más vulnerables. Además se cuenta con la participación de Jose Luis Leal Espinosa, de la Universidad Autónoma de Coahuila (México), quien también argumenta de manera sólida en torno a la necesidad de concretar mecanismos institucionales que garanticen el derecho a la información. En materia educativa, contamos con las destacadas participaciones de Fabio Orlando Cruz Paez y Oswaldo Vanegas Florez de la Universidad de Cundinamarca (Colombia) y el caso de Fernando Cárdenas Cabello del Centro Universitario CIFE (México), quienes nos exponen sobre el proceso de vigilancia tecnológica y su incidencia en la cultura organizacional de una prestigiada universidad colombiana en el primer caso, mientras que en el segundo se examina la adecuación de la política industrial 4.0 en la transición de un gobierno a otro, basado en el análisis del Plan Nacional de Desarrollo. También los investigadores de la Universidad de la Costa, Greys Nuñez Ríos, Kadry García Mendoza, Judith Castillo Martelo y Nevis Niño-Jiménez quienes realizan un estudio sobre una intervención comunitaria de cómo se puede motivar a los ciudadanos a participar en actividades que contribuyan a la paz. En materia geopolítica, esta edición cuenta con dos productos notables: El análisis de la relación de la Alianza del Pacífico, que conforma México, Perú, Chile y Colombia, con la República Popular China, que realiza el investigador de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México), Flavio Rafael González-Ayala. El lector también puede consultar la investigación interinstitucional de José María Ramos García (El Colegio de la Frontera Norte, México), Carlos Barrachina Lisón (Universidad Anáhuac, México) y Jimmy Emmanuel Ramos (Universidad Autónoma de Baja California), quienes ponderan sobre los retos de la frontera sur de México, en cuanto a su importancia en su relación con Estados Unidos. Por último, la edición cuenta con contribuciones internacionales notables sobre temas actuales y también, de una introspección de la evolución de un partido político que ha sido fundamental para la democracia española: En ellos se encuentra reflejado el compromiso de la revista Política, Globalidad y Ciudadanía de difundir proyectos de investigación de temas vigentes, así como aquellos que contienen una oportuna revisión histórica. En lo relacionado al tema se encuentra con una vigencia oportuna, el trabajo de Juan Sebastián Sánchez Gómez (Universidad de los Andes, Colombia) quien expone el caso del estado de excepción decretado en Colombia a partir de la pandemia de coronavirus. En el caso de Borja García-Vázquez (Universidad Autónoma de Nuevo León), se realiza un amplio recorrido del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), desde un año antes de la muerte de Francisco Franco, al año de su primera derrota electoral a nivel nacional, después de detentar el poder por 14 años consecutivos. En síntesis, el fascículo 6(12) cuenta con artículos de investigadores de prestigio, de centros educativos también destacados, que reflexionan de temas fundamentales que refuezan las líneas de investigación vigentes en materia de geopolítica, mediación, estado de derecho y política educativa. Por lo tanto nuestra intención es contribuir al intercambio permanente en materia de investigación de calidad, es por esto que esperamos que los académicos que consulten esta edición puedan encontrar información que les sea de utilidad en sus propias indagaciones.

Durante el siglo XX y lo que va del actual siglo, en América Latina han ocurrido diversos e importantes cambios con relación a la propiedad de la tierra. Dichos cambios están asociados con la implementación de reformas agrarias de distinto carácter y alcances muy diferentes (México, Perú, Nicaragua, Honduras y Ecuador). Asimismo, con procesos de colonización promovidos o no por el Estado (México, Guatemala, Colombia y Ecuador); y, más recientemente, con programas de certificación parcelaria y apertura o ampliación del mercado de tierras (Guatemala, Perú, México, Nicaragua, Honduras). Estas transformaciones en la propiedad de la tierra han estado ligadas tambien a la creación de nuevas categorías socio-identitarias (ejidatarios, comunidades negras, colonos), o a nuevas modalidades de clasificación de la población (comunidades indígenas renombradas como comunidades campesinas), que han derivado en el surgimiento de nuevas comunidades políticas y en una permanente pero diversa interlocución con el Estado. Los cambios en la propiedad de la tierra también han estado vinculados a importantes transformaciones territoriales, derivadas de la redistribución de tierras, la ampliación de fronteras agrícolas, el desplazamiento de unos propietarios por otros vía el mercado de tierras y, en las últimas tres décadas, por la expansión constante de una agricultura extractivista que contribuye a generar numerosos desequilibrios regionales junto con ocasionar estragos socioambientales. A partir de discusiones generales sobre estas problemáticas, llevadas a cabo en un seminario organizado en noviembre de 2019 en la ciudad de México como parte de las actividades del grupo de trabajo “Recomposiciones territoriales, entre procesos identitarios y dinámicas normativas”, del Laboratorio Mixto Internacional Movilidades, Gobernanza y Recursos en la Cuenca Mesoamericana (http://meso.hypotheses.org), nos propusimos dar cuenta cómo se “localizan” varios de esos procesos. Con base en una convocatoria que elaboramos a principios de 2020, logramos reunir un conjunto de textos escritos por investigadoras/es con diferentes formaciones disciplinarias (historia, antropología, geografía), quienes analizan las dimensiones políticas, económicas, territoriales y culturales de la propiedad agraria. Reflexionan en especial sobre tres procesos relevantes en la historia agraria de América Latina, que se relacionan con las dinámicas y realidades del mundo rural actual: las transformaciones en la propiedad de la tierra, las políticas de colonización emprendidas por algunos gobiernos en diferentes momentos del siglo XX y los efectos en la actividad agrícola del paradigma neoliberal de desarrollo. Los artículos reunidos enfocan su atención en dos países vecinos –México y Guatemala– que comparten varias problemáticas similares, pero tienen una historia agraria y política muy distinta. El conjunto de artículos permite abordar la historia agraria de estos países desde varios enfoques complementarios. Por lo que se refiere a la propiedad de la tierra, W. A. González y C. Ventura indagan en la interacción entre Estado y comunidades indígenas a partir de estudios de caso en Guatemala (departamento de Baja Verapaz) y México (estado de Michoacán). Ambos estudios aluden al hecho de que las comunidades son arenas políticas en las que se confrontan distintos proyectos de comunidad, elaborados tanto desde su interior como desde el Estado. Estos proyectos diversos han tenido como referente importante la concepción sobre la propiedad de la tierra, en una lucha constante entre lo colectivo y lo privado que transcurre cuando menos desde el siglo XIX hasta la actualidad. Los dos trabajos subrayan el papel de la propiedad agraria tanto en la formación del Estado como en las diversas maneras de imaginar a la comunidad. Por otra parte, las pugnas en torno a la propiedad de la tierra han incorporado en las últimas décadas la reivindicación al territorio y la identidad étnica, demandas políticas que se ha empleado para poner en cuestión modalidades excluyentes de propiedad de la tierra, así como para enfrentar las amenazas de la expansión de un modelo neoliberal de utilización de los recursos de tipo extractivista. Otra cuestión relacionada con la propiedad de la tierra, y que es un punto de referencia central en casi todos los artículos sobre México, es la de las transformaciones en la propiedad social (ejidos y comunidades agrarias) resultantes de los cambios al Artículo 27 de la Constitución mexicana que entraron en vigor en enero de 1992, y que derivaron en la creación de una nueva Ley Agraria y un programa de certificación parcelaria (PROCEDE) que el gobierno mexicano puso en marcha en 1993 y concluyó en 2006. México no ha sido el único país de América Latina en el que en los años 90 del siglo XX se echó a andar un programa de certificación y titulación agraria, pero ahí tuvo un impacto particular debido a la importancia política, ideológica y socioeconómica de un reparto agrario resultante de la Revolución Mexicana de 1910, el cual perduró por más de 75 años (1915-1992), transformando profundamente el régimen de propiedad agraria, la organización territorial y las vidas de los campesinos dotados con tierras, como lo muestra V. Thiébaut, mediante el estudio y análisis de varios expedientes de ejidos del estado de Veracruz (oriente del país). Pese a algunos importantes tropiezos, como el que se explica en el artículo de F. Velázquez para el occidente de México, y a innumerables retrasos en las dotaciones ejidales, de los cuales trata el artículo de R. Torras, el reparto agrario tuvo como consecuencia que para 1992 la propiedad social de la tierra abarcara un poco más del 50% de la superficie total del país. El otorgamiento de certificados agrarios, la legalización de la venta de parcelas ejidales y la posibilidad de optar por el régimen de propiedad privada en vez del ejidal, que introdujo la Ley Agraria de 1992, derivaron en la creación de un mercado de tierras de propiedad social que ha profundizado las desigualdades al interior de los ejidos y ha debilitado la institución ejidal, tal como es analizado por E. Léonard y M. Mitaut en su estudio de caso en el estado de Tlaxcala, en el Altiplano central. En México, en la segunda mitad del siglo XX hubo otro proceso importante relacionado con la propiedad de la tierra: la colonización de la selva tropical al sureste del país mediante la dotación de tierras ejidales. En el mismo tiempo, el gobierno guatemalteco también promovió un proceso de colonización en el Petén, zona fronteriza con México. En un interesante ejercicio de análisis comparativo, R. Torras estudia ambos procesos con el objetivo de entender las estrategias de territorialización desplegadas por ambos Estados en un afán de integración nacional de estos espacios fronterizos y aseguramiento de sus soberanías nacionales. En los dos casos hubo una concepción estatal de la selva como un espacio vacío, lleno de riquezas naturales, que serviría para desahogar la presión agraria en otras regiones de cada uno de los países, una idea que cambiaría a partir de la década de 1990 y la entrada en escena de los discursos ambientalistas. El tercer asunto que se aborda en este número temático de HAAL refiere a las contrastantes consecuencias de la implantación del modelo neoliberal en la agricultura y la propiedad de la tierra. Por un lado, E. Velázquez y P. López, con un estudio de caso en un espacio rururbano del centro del estado de Veracruz, muestra las consecuencias agrarias de la debacle de antiguos cultivos comerciales (café y caña de azúcar), expresada en el abandono creciente de la producción agrícola. La venta moderada de parcelas ejidales y la posibilidad de acceder a trabajos urbanos han sido dos válvulas de escape a la crisis agraria en regiones que por diversas razones no resultan particularmente atractivas para el capital agrario. Sin embargo, la escasez de opciones productivas es una amenaza permanente a la supervivencia de la propiedad social, creada originalmente para la manutención de la población campesina. Por su parte, I. Cano nos ofrece un interesante análisis comparativo sobre los efectos agrarios y sociales del anclaje de la palma de aceite en una frontera marginalizada entre la Selva Lacandona (México) y el Petén (Guatemala). Si bien en las últimas dos décadas en ambos lados de la frontera se han expandido las plantaciones de palma de aceite, la autora nos muestra la contrastante internalización de este sistema productivo en cada uno de ellos, derivada de distintos procesos de formación del Estado y de diferentes procesos histórico-culturales de implantación del capitalismo agrario. El conjunto de los trabajos permite apreciar, desde distintos enfoques, las dinámicas y cambios –antiguos y recientes– relativos a la propiedad agraria y a las poblaciones que hacen uso de la misma, tanto en México como en Guatemala. Se destaca el papel de las políticas estatales en la configuración de las distintas formaciones analizadas, pero también las acciones de los diversos grupos sociales para acoplarse, rechazar o reinterpretar tales políticas. Virginie Thiébaut y Emilia Velázquez Editoras Invitadas

La presente investigación pretende analizar los impactos institucionales, socioculturales, socioambientales y económicos que ha generado el reasentamiento involuntario en los pobladores de Huabal a Nuevo Huabal en el distrito de San Felipe, provincia de Jaén en el departamento de Cajamarca por la construcción de la presa El Limón que forma parte del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT). El Proyecto Olmos, ha sido un viejo anhelo lambayecano, declarado por el Estado peruano de necesidad pública nacional, lo que ha supuesto la expropiación de grandes áreas de terrenos. Sus orígenes inician en el siglo 20, identificado con el objetivo de derivar recursos hídricos de la vertiente del Atlántico hacia la del Pacífico, es decir, trasvasar las aguas del río Huancabamba para irrigar las pampas de Olmos y así aprovechar la generación de energía eléctrica para incrementar la producción agropecuaria en terrenos de la costa. Esta obra en su primera etapa contempla la producción de energía, para lo que se ha construido la presa El Limón en el departamento de Cajamarca, esta construcción, ha originado la reubicación de familias, quienes se han visto afectados por el reasentamiento involuntario, puesto que la nueva zona donde se les ha reubicado, Nuevo Huabal, carece de las condiciones básicas de habitabilidad, presentando riesgos a la vida y salud de los pobladores, siendo una zona que presenta continuamente deslizamientos de las laderas de los cerros. Así mismo ha ocasionado una serie de impactos entre sociales, ambientales, institucionales, económicos y culturales, exacerbando la desigualdad en la población, evidenciando que, aunque el desarrollo beneficie a un gran número de personas, el precio lo pagan de manera desproporcionada las poblaciones más pobres y marginadas. Si no se planifican y desarrollan cuidadosamente las medidas apropiadas, el reasentamiento involuntario puede causar privaciones graves y prolongadas a las poblaciones; empobrecimiento y daño al medio ambiente.
Tesis

El desplazamiento poblacional se produce cuando las personas, familias y/o comunidades tienen que abandonar su hogar por la existencia de un factor externo como proyectos de infraestructura, mineros, hidrocarburíferos, energéticos, intervenciones urbanas, desastres naturales, situaciones de violencia, entre otros, que los induce a tomar la decisión de desplazarse al no tener la opción de permanecer en su lugar de origen. El desplazamiento causa graves impactos sociales, económicos, culturales y psicológicos en la población que lo efectúa, puede incluso afectar a varias generaciones. El reasentamiento asumido desde una perspectiva de oportunidad para el desarrollo sostenible es la medida apropiada para prevenir, mitigar y compensar los impactos negativos que afrontan las poblaciones desplazadas. En esta línea, la presente tesis enfatiza la gestión de los reasentamientos poblacionales generados por proyectos de desarrollo, tomando como estudio de investigación el caso de la población desplazada de Huabal. Los pobladores de Huabal distrito de Pomahuaca, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca; fueron desplazados el año 2009 de su lugar de origen, debido a que el territorio donde se encontraban asentados era requerido para la ejecución del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), proyecto de infraestructura considerado de necesidad pública para el país. El PEOT reasentó a dicha población en Nuevo Huabal distrito de San Felipe, provincia de Jaén, departamento de Cajamarca. El objetivo de este estudio es identificar los efectos sociales, económicos y culturales que se han generado en la vida de la población desplazada de Huabal y conocer sus percepciones, expectativas, intereses y demandas respecto a su reasentamiento. Asimismo, se busca identificar y analizar los logros y vacíos del proceso reasentamiento, a partir de la información de los actores involucrados y los documentos normativos y técnicos existentes, con la finalidad de proponer medidas que fortalezcan la gestión de los reasentamientos generados por los proyectos de desarrollo para minimizar los efectos adversos de los desplazamientos.
Tesis

Las herramientas metodológicas de la gerencia social pueden proveer mayores perspectivas para el análisis de proyectos de desarrollo que forman parte de la estrategia de lucha contra la producción y tráfico ilícito de drogas en el Perú. En “Análisis de los factores que limitan la efectividad del Proyecto Especial de Desarrollo – PROVRAEM en el valle del Río Apurímac 2015 - 2016”, se aborda el complejo escenario en que se encuentra una iniciativa Estatal, con el propósito de promover el desarrollo rural con enfoque integral, en pos de mejorar el nivel de vida de su público objetivo, y a la vez emplear como instrumento técnico para la reducción de la oferta de cultivos ilícitos. El VRAEM es el área geográfica donde confluyen tres valles entre los límites de las regiones de Ayacucho, Cusco, Junín, Apurímac y Huancavelica, en el cual, se produce la mayor cantidad de hoja de coca y cocaína en el Perú. No obstante, este boom de la coca, antes que contribuir al logro del desarrollo social, hace uso y reproduce las carentes condiciones expresadas en la pobreza rural, causadas por una baja competitividad de la actividad agraria y hasta cierto grado por la deficiente coordinación con los mercados de productos lícitos. Éstas son condiciones suficientes para tomar en cuenta su importancia en el diseño de las políticas públicas que promueven el desarrollo humano en las cuencas con influencia de cultivos de coca. En el presente documento que consta de cinco capítulos, además de las conclusiones y recomendaciones, se describe como un estudio de caso, los factores que limitan la implementación del Plan de Reconversión Productiva Agropecuaria (PRPA) en el marco del PROVRAEM desde la versión de los actores. Para ello se realizó una revisión panorámica de los procesos históricos referidos a las principales políticas públicas que se aplicaron en la zona con propósitos de lograr el desarrollo social y enfrentar al “terrorismo” y el “narcotráfico”. La metodología empleada, fue de carácter cualitativo, y se ha centrado en la aplicación de instrumentos de recojo de información tales como, las entrevistas semiestructuradas y a profundidad, retroalimentado sobre todo con la revisión documental. Las fuentes secundarias provienen de documentos oficiales en cada sector correspondiente, principalmente con datos hasta el 2013. Para efectos de establecer comparaciones de las condiciones del escenario con otra cuenca 3 cocalera, se incluyó en el marco contextual algunos datos relevantes de la cuenca del río Huallaga. En los hallazgos se presentan las versiones con el que los actores involucrados identifican el origen de las fallas o limitaciones que pueden haberse presentado, o que se mantienen, a nivel del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la Estrategia de Desarrollo hasta fines de julio del 2016. La tesis concluye identificando los errores detectados en todo el ciclo del PROVRAEM, en términos de desarticulación, inoperatividad, actividades inconclusas o realizadas a destiempo, y limitaciones de procedencia externa a los alcances del proyecto. El análisis siguió un enfoque del ciclo de proyectos, retroalimentado con las percepciones de los mismos actores en cada una de sus fases, los cuales sirvieron para proponer, como recomendaciones, los ajustes que se requieren para asegurar una aplicación eficiente y eficaz de la intervención.
The methodological tools of social management can provide largest perspectives to analysis of development projects as part of the strategy against illicit drug production and trafficking in Peru. In "Analysis of the factors that limit the effectiveness of the Special Development Project - PROVRAEM in the Apurímac River Valley 2015-2016", describes the complex scenario in which a State initiative is located with the purpose to promote rural development with Integral approach, to increase the standard of living of its public, and at the time to employ as a technical instrument to reduce the supply of illicit crops. The VRAEM is the area that three valleys converge between Ayacucho, Cusco, Junín, Apurímac and Huancavelica regions. These place is the biggest producer of coca leaf and cocaine in Peru. However, rather than contributing to social development, the coca boom uses and reproduces the poor conditions expressed in rural poverty caused by a low competitiveness of agrarian activity and by the wrong articulation with the licit products markets . These are sufficient conditions to take into account its importance in the design of public policies to promote human development in watersheds influenced by coca crops. This document has five chapters in addition to the conclusions and recommendations, it describes a case study about the factors that limit the implementation of the Agricultural Productive Reconversion Plan (PRPA) into the framework of PROVRAEM from the actors’ version. For this, it has reviewed a panoramic view historical processes related to the main public policies that were applied in these area looking for social development and against "terrorism" and "drug trafficking". The methodology used was qualitative and focused on the application of information gathering instruments such as semi-structured and in-depth interviews, mainly to feedback with documentary review. The secondary sources comes from official documents in each corresponding sector, mainly with data until 2013. To establish comparisons between the conditions of the scenario in the VRAEM with another coca producer valley (bechmark), some relevant data were included from Huallaga river valley. 5 In the findings it presents the versions that each involved actors identify the couse of the flaws or limitations that may have occurred or that are maintained at the design, implementation, monitoring and evaluation level of the Development Strategy until July 2016. The thesis concludes identifying the errors detected throughout the cycle of the PROVRAEM intervention as a special strategy in the vraem, in terms of disarticulation, inoperability, unfinished or untimely activities, and limitations from external origin to the scope of the project. The analysis followed a project cycle approach that was feedback with the perceptions of the key actors in each phases, which had served to propose recommendations, and adjustments to ensure an efficient and effective implementation of the intervention.
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Hoy en día, la definición de la innovación es ambigua; ya que a largo de la historia las definiciones han ido evolucionando o complementando; sin embargo, es más ambiguo aún el término capacidad de innovación, existen diferentes autores que proponen diferentes alcances para definir a la capacidad de innovación, además postulan diferentes sub capacidades que explican esta capacidad de innovación. Es por ello que, el presente trabajo de investigación busca evaluar la capacidad de innovación en un grupo de empresas, entre individuales y asociadas, que participaron de un fondo de beneficio para proyectos de innovación (FINCyT), a través de la identificación de las sub capacidades que expliquen la capacidad de innovación y, por consiguiente, la relación con las innovaciones. Para ello, se emplea un método mixto, lo que implica encuestas a las empresas que fueron beneficiadas por el FINCyT y luego entrevistas a expertos para corroborar la información obtenida por las encuestas. La presente investigación se basa en que la capacidad de innovación viene explicada por cuatro sub capacidades, capacidad de absorción de conocimiento, recursos humanos, marketing y gestión de redes y relaciones territoriales; además que estas sub capacidades tienen una relación positiva con los tipos de innovación
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La siguiente investigación busca generar mayor conocimiento sobre la gestión de proyectos sociales, específicamente para el caso de proyectos de desarrollo rural. Hoy en día, en el contexto donde el enfoque de desarrollo sostenible está tomando cada vez más protagonismo, la gestión de este tipo de proyectos no solo es pertinente para las organizaciones de la sociedad civil, sino también para todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas. Para el caso específico de esta investigación nos centraremos en los proyectos de tecnologías para el desarrollo rural de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU). Las universidades cada vez están tomando más conciencia sobre el rol que tienen en el desarrollo del país, es por esta razón que constantemente están buscando formas de relacionar a la comunidad universitaria en proyectos que les permitan tener un impacto positivo tanto en la generación de conocimiento socialmente pertinente como en la calidad de vida de las personas. El eje central de esta investigación se basa en la idea de que es necesario tomar en cuenta la participacion de la comunidad desde el diseño del proyecto, además de enfocarse en fortalecer las capacidades de las personas para así lograr un impacto sostenible en el tiempo. Para poder entender esto en un caso real se evaluará el proyecto de transferencia tecnológica: “Sistema de interconexión energética con RIOGENERADORES PUCP en comunidades rurales altoandinas” (2010-2015) del Grupo de Apoyo al Sector Rural PUCP, específicamente en 6 comunidades de la provincia de Angaraes en Huancavelica. Para esto la tesis se ha dividido en tres capítulos que presentan el marco conceptual, el marco contextual y la evaluación del estudio de caso. Por último la investigación finaliza con conclusiones y recomendaciones relevantes para la gestión de este tipo de proyectos.
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La participación ciudadana y la adecuada articulación de los actores involucrados en la promoción de la salud sigue siendo un reto hoy en día en el Perú. El presente trabajo ha documentado y analizado los buenos resultados obtenidos en la implementación de la metodología de promoción de la salud denominada “Municipios y Comunidades Saludables” que fue empleada por el proyecto USAID/ MCS II en las regiones de San Martín y Ucayali durante el periodo 2011 – 2015. Para ello, se tuvo en cuanta tanto los factores internos como externos que mediaron la adopción de dicha metodología por parte de las familias, las comunidades organizadas y los municipios. El análisis de dichos factores permite delinear una hoja de ruta o lecciones aprendidas a ser tomadas en cuenta por los gobiernos regionales y locales, así como por todo actor involucrado en la promoción de la salud que tenga por finalidad implementar un programa o proyecto que involucre la participación de la comunidad y sus autoridades locales. Así, luego de haber identificado la escasa documentación referida al involucramiento directo y trabajo articulado entre los grupos familiares, comunidades y municipios en la labor de la promoción de la salud vinculada a sus cuatro fases (sensibilización y organización, planificación, ejecución y autoevaluación); mediante la presente investigación tratamos de dar a conocer el desenvolvimiento e interacción entre aquellas familias, comunidades y sus respectivos municipios, mostrando hallazgos tales como: la existencia de familias con niños menores de 2 años y mujeres gestantes que lograron implementar compromisos para mejorar sus viviendas y prácticas de salud, comunidades empoderadas que implementaron acciones de promoción de la salud y de mejora de sus determinantes sociales de la salud mediante el empleo de instrumentos de gestión como diagnósticos y planes comunales, así como gobiernos locales que llegaron a implementar acciones contenidas en su plan distrital para promover escenarios saludables y brindar soporte para realizar un trabajo articulado con el personal de los establecimientos de salud. Para ello, se desarrolló un análisis descriptivo con enfoque cualitativo, siendo el ámbito de estudio 6 comunidades de la Región San Martín y 4 comunidades de la Región Ucayali, se realizó grupos focales a las familias y comunidades organizadas bajo el modelo de juntas vecinales comunales (JVC), entrevistas a representantes del personal de salud, entrevistas a funcionarios de los gobiernos locales, una entrevista a un representante del Ministerio de Salud y una entrevista al profesional responsable del componente de promoción de la salud del proyecto USAID/ MCS II. De esta forma, producto de las indagaciones realizadas por cada escenario saludable (familias, comunidades y municipios) se registró y procesó la información recabada, la cual fue utilizada posteriormente en el proceso de análisis e interpretación de los resultados, entre los cuales se puede describir los siguientes: En el escenario familia, la implementación de la metodología de familias saludables buscó que aquellas adopten un compromiso de cambio, el cual se manifestase mediante la puesta en marcha de nuevas prácticas de salud orientadas a generar una cultura de auto cuidado y de mejora del entorno familiar. De esta manera, se promovería que los niños y niñas menores de 2 años de edad se beneficien de prácticas saludables tales como: acceso a la lactancia materna exclusiva (en los 6 primeros meses), consumo de alimentos balanceados y en la frecuencia adecuada para su edad, vacuna y control de crecimiento al día, así como consumo de agua segura y niños con documento de identidad (DNI). A nivel de la comunidad se buscó que las autoridades comunales organizadas en JVC se empoderasen, asuman un liderazgo democrático y adopten una gestión comunal planificada a favor de la salud de sus familias; todo ellos a partir de la implementación de herramientas de gestión comunal tales como los diagnósticos y los planes comunales. A nivel de los Municipios se esperó que las autoridades municipales como los encargados o gerentes de desarrollo social y alcaldes distritales fortalezcan sus capacidades para asumir el liderazgo de la gestión local de promoción de la salud de manera articulada con sus comunidades, equipos de los EESS y otros actores locales clave. De esta forma, es importante que los gobiernos regionales y locales adopten e interioricen la metodología como propia, para que las familias, comunidades y municipios cuenten con actores clave a cada nivel, suscitando condiciones e involucramiento de las distintas entidades para la adopción de una cultura de auto cuidado de la salud y gestión de los determinantes sociales de la salud.
Tesis