Academic literature on the topic 'Regime jurídico AIA'

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) estabelece, dentre outros instrumentos, a Avaliação de Impactos Ambientais (AIA) e o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (CTF/AIDA) voltados para a promoção do desenvolvimento sustentável. A investigação pretendida neste artigo avalia os níveis da responsabilização administrativa dos profissionais envolvidos nessas atividades, questionando sua extensão, para apontar a incidência de penalidades administrativo-ambientais, além do regime ético disciplinar estabelecido pelos respectivos conselhos de classe. O método utilizado foi o jurídico propositivo além do hipotético dedutivo.

RESUMO A Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) assume-se como um contributo fundamental para o desenvolvimento sustentável, analisando as consequências ambientais do desenvolvimento de determinado projeto. É estabelecido pela Convenção sobre a Diversidade Ecológica de 1992 e pelas Diretivas Europeias relativas à avaliação dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no ambiente, aprovadas entre 1985 e 2014, que a avaliação de impactes deverá realizar-se tendo em vista a Conservação da Natureza e da Biodiversidade. Neste trabalho foram analisados os procedimentos de AIA de 236 projetos desenvolvidos na Região Centro de Portugal, de modo a averiguar se a prática de AIA contribui, de facto, para uma política de conservação da Biodiversidade. Através da criação de uma metodologia, avaliou-se a importância do descritor ambiental “Recursos Ecológicos” na decisão final de AIA, relacionou-se tal importância com a localização em áreas sensíveis e determinou-se a tipologia de projeto onde o descritor ambiental assumiu maior importância. Apesar da existência de projetos em que o descritor em análise se assume com importância máxima, na maioria dos casos o descritor apresenta uma importância reduzida. Pode afirmar-se que a importância se relaciona diretamente com a localização do projeto em área sensível, já que em projetos localizados ou próximos de áreas sensíveis o descritor assume maior importância. Os resultados demonstram que uma boa prática de AIA contribui, de facto, para uma política de conservação da natureza e biodiversidade, sendo a preocupação com a conservação dos ecossistemas algo de real na prática de AIA na Região Centro do país. Sugere-se uma futura avaliação da eficácia das medidas de mitigação propostas, bem como um levantamento dos habitas e espécies afetadas pelo desenvolvimento dos projetos. Palavras-Chave: Avaliação de Impacte Ambiental, Biodiversidade, Conservação da Natureza, Desenvolvimento Sustentável, Recursos Ecológicos, Regime Jurídico de AIA ABSTRACT The Environmental Impact Assessment (EIA) assumes a key role in contributing to sustainable development, as it analyses the environmental consequences of development of a given project. It is established by the 1992 Convention on Biological Diversity and by the European Directives on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment, approved between 1985 and 2014, that the impact assessment should be carried out in order to Nature and Biodiversity Conservation. In this work, the EIA procedures of 236 projects developed in the Central Region of Portugal were analysed, in order to investigate whether the practice of EIA contributes, in fact, for a Biodiversity Conservation policy. By creating a methodology, the importance of the environmental descriptor “Ecological Resources” in the final EIA decision was assessed, that importance was then related with the location in sensitive areas, and the project type where the environmental descriptor assumed great importance was determined. Despite the existence of projects where the descriptor in question assumed the utmost importance, in the majority of the cases the descriptor assumed a reduced importance. It can be stated that that importance relates directly to the project location in sensitive areas since projects located in or near sensitive areas assume utmost importance. The results show that a good practice of EIA contributes, in fact, for a nature and biodiversity conservation policy, and that the concern for the conservation of ecosystems is real when it comes to the practice of the EIA in the Central Region of Portugal. A future assessment of the effectiveness of the mitigation measures proposed as well as a survey of habitats and species affected by developed projects is suggested. Keywords: Biodiversity, Environmental Impact Assessment, Nature Conservation, Sustainable Development, Ecological Resources, Legal Regime of EIA

La región asiste a una constante sucesión de reformas procesales, producto de la irrefutable insatisfacción de la sociedad con sus sistemas de enjuiciamiento. De entre las múltiples preocupaciones que vienen aparejadas con esos movimientos reformistas destaca aquella por la independencia judicial, un tópico de indagación multidisciplinar: desde la ciencia política a la ciencia jurídica, desde la teoría del Estado a la teoría constitucional y, por cierto, a la teoría procesal. La propia conceptualización de la independencia judicial no es unívoca y, así, los acentos aparecen en distintos aspectos. Una mirada recurrente y tradicional apunta al marco institucional: la independencia judicial se asocia al “autogobierno”, a la “autonomía” e, incluso, a la “autarquía financiera”. En un sentido casi contraintuitivo, se define la independencia judicial como la “sumisión exclusiva a la ley” y, coherentemente, como la no sumisión a tribunales superiores, a otro poder ni a entidad o persona alguna; en suma, a la ausencia de subordinación jerárquica. Al fin, se pensará el deber de independencia de los jueces como correlato del derecho de los ciudadanos a ser juzgados desde el sistema jurídico y no desde parámetros extrajurídicos del sistema social (moral, política, economía, preferencias sociales, modas, entre otros. Con acierto, el compilador del libro que comentamos instala el tema en un tiempo en el que se pretende abrir los espacios para la solución jurídica de los conflictos más allá de las fronteras del proceso judicial. Desde ese punto de partida se puede valorar que la obra cuenta con investigaciones generales sobre la independencia judicial, pero también se amplían las referencias procesales a cuestiones vinculadas a medios alternativos de solución de conflictos, en particular la conciliación y el arbitraje. Entre los trabajos generales, los profesores Diana Ramírez Carvajal y Michele Taruffo —quienes conciben al derecho como un fenómeno en la cultura— tratan las relaciones entre los principios de independencia e imparcialidad, frente a los desafíos que se presentan a la labor judicial en este tiempo, y en particular en Colombia. Dentro de los diversos tópicos que señalan los autores, merece especial atención el acertado tratamiento del tema sobrelos efectos que la falta de independencia del vértice de la pirámide judicial produce en la función de todos los jueces. Por su parte el magistrado y docente Danilo Rojas Betancourth expone un metódico trabajo para aclarar las connotaciones del concepto de independencia judicial en el derecho. Destaca la necesidad de entenderlo dando prevalencia a su enfoque como derecho humano, “tanto como exigencia de los jueces mismos, como de los ciudadanos en aras de justicia”. Las profesoras Luz Amparo Granada de Espinal y Catalina Merino Martínez se hacen cargo de unos de los temas de mayor impacto en la adjudicación judicial en el derecho continental: los casos en los que la decisión implica asumir una colisión de principios. La profesora María del Socorro Rueda Fonseca, mediante un sugerente título “El proceso entre las cuerdas”, elabora un análisis comparado del sistema oral y del sistema escrito de la jurisdicción ordinaria colombiana, denunciando que las reformas judiciales que han previsto reducir los niveles de congestión no cumplen sus objetivos. Martha Eugenia Lezcano Miranda trata sobre los retos que para la justicia tiene el fortalecimiento de los medios alternativos de solución de conflictos y las jurisdicciones equivalentes, no solo en Colombia sino en otros países latinoamericanos. Entre sus propuestas cabe resaltar la de fomentar una sólida formación de los jueces en ese ámbito. El tema del arbitraje es desarrollado en varios trabajos. Laura Carballo Piñeiro muestra lo que a su entender son las insuficiencias de los arbitrajes colectivos en la experiencia española. Ana Luiza Nery no solo presenta un pormenorizado análisis conceptual del arbitraje colectivo sino que además especifica los impactos institucionales que este puede ocasionar en el sistema jurídico brasileño. A su vez Cindy Charlotte Reyes Sinisterra muestra los retos que tiene el árbitro de inversión en el posconflicto en Colombia: ¿pueden invocarse los acuerdos de paz como eximentes del cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en un Tratado Bilateral de Inversión? El tema de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (quizás una de las cuestiones más relevantes para la cultura actual), lo desarrollan Adriana Patricia Arboleda López, Luis Fernando Garcés Giraldo, Eduardo Murillo Bocanegra, Astelio Silvera Sarmiento, Jovany Sepúlveda Aguirre y Dany Esteban Gallego Quiceno en el ámbito de la conciliación extrajudicial, con el marcado objetivo de reconocerlo como un mecanismo gratuito, rápido y eficaz para la solución de conflictos jurídicos. Joan Picó i Junoy elabora algunas reflexiones sobre la independencia de los peritos judiciales, aproximándose a las diferencias entre la independencia y la imparcialidad judicial y el interrogante sobre si estas deben cobijar a los peritos judiciales de la misma manera como lo hacen con los jueces. Por último, Darío Alejandro Rojas Araque describe los avances que para el proceso de nulidad matrimonial trajo aparejada la reforma procesal del Papa Francisco de 2015, recortando no solo el tiempo del proceso, sino sus costos económicos. En suma, desde mi propia perspectiva de magistrado y profesor universitario, preocupado por la indagación acerca de mi tarea como juez, me complace destacar la profundidad, solvencia y variedad de estos aportes que, sin duda, contribuirán a reflexionar sobre varios de sus aspectos sobresalientes: la solución pacífica de los conflictos de los ciudadanos, las condiciones de la adjudicación de los derechos (sobre todo, la “independencia judicial”) y la propuesta de otras vías adecuadas que colaboran a la efectividad del acceso a justicia.