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1
Pajares, Alvarado Andres. "Informe Jurídico sobre la Sentencia N° 03343-2007-PA/TC." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19952.
Full textAbstract:
El presente informe jurídico tiene objetivo general realizar un análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 03343-2007-PA/TC, en el que se resolvió la demanda de amparo interpuesta por el señor Jaime Hans Bustamante contra Occidental Petrolera del Perú; LLC, Sucursal del Perú, Repsol Exploración Perú, Sucursal del Perú, Petrobras Energía Perú S.A y el Ministerio de Energía y Minas. En ese sentido, en el presente informe se realiza una revisión doctrinaria, jurisprudencial y legislativa con la finalidad de repensar la controversia discutida en dicha sentencia. Al
respecto, en el presente documento se concluye que la demanda de amparo interpuesta debió ser declarada improcedente por la configuración de la sustracción de la materia; sin perjuicio de la evaluación a cargo del juez constitucional sobre la necesidad de emitir un pronunciamiento en atención al carácter objetivo del proceso de Amparo. Asimismo, también se concluye que a la controversia bajo análisis le subyace un conflicto constitucional entre la libertad de empresa y el derecho a gozar de un medio
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida; de tal manera que, su conciliación debe realizarse en el marco del principio constitucional de desarrollo sostenible. Finalmente, en el presente informe se concluye que la inexistencia del Plan Maestro del ACR Cordillera escalera no es un impedimento para el desarrollo de las actividades de hidrocarburos al interior de esta área; de modo que, los derechos preexistentes de los titulares debían ser respetados
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Muñoz, Flores Denisse Inochi. "Informe jurídico sobre la Sentencia Nº 00943-2016-PA/TC." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/20133.
Full textAbstract:
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación han influenciado la forma de
comunicarnos, así como las relaciones de trabajo. Es decir, el empleador proporciona las
herramientas digitales necesarias para que el trabajador realice sus labores; sin embargo,
estarían siendo utilizadas, al mismo tiempo, para fines personales.
Este informe profesional analiza el recurso de agravio constitucional presentado por un
trabajador que fue despedido por la supuesta comisión de una falta grave (uso de
información reservada de la empresa), tras haber el empleador accedido a una
conversación de Facebook entre el demandante y una compañera de trabajo. El trabajador
alegó la vulneración de su derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones,
mientras que el empleador se amparó en el ejercicio de sus facultades de fiscalización y
sanción.
Al respecto, nuestra jurisprudencia sostiene que toda información obtenida de la
intervención al chat virtual o a los correos electrónicos institucionales y privados, sin
madato motivado del juez, es inconstitucional y carece de efectos legales. Por lo que,
habría que diferenciar entre los medios tecnológicos de propiedad del trabajador y los de
propiedad del empleador, siendo estos últimos objeto de fiscalización por la finalidad con
la que son entregadas.
Por lo tanto, en el presente informe, se pretende analizar las principales controversias
jurídicas identificadas, exponer una posición sobre lo resuelto por el Tribunal
Constitucional y brindar algunas recomendaciones, recurriendo, para ello, a doctrina,
legislación, jurisprudencia, documentos técnicos-legales y a los fundamentos de la
posición minoritaria del Pleno de sentencia.The new information and communication technologies have influenced the way we communicate, as well as work relationships. In other words, the employer provides the digital tools necessary for the worker to carry out their work; however, they would be being used, at the same time, for personal purposes. This professional report analyzes the constitutional complaint filed by a worker who was fired for the alleged commission of a serious misconduct (use of confidential company information), after the employer accessed a Facebook conversation between the plaintiff and a colleague of work. The worker alleged the violation of his right to secrecy and inviolability of communications, while the employer relied on the exercise of its powers of inspection and sanction. In this regard, our jurisprudence holds that all information obtained from the intervention of virtual chat or institutional and private emails, without a reasoned order from the judge, is unconstitutional and lacks legal effects. Therefore, it would be necessary to differentiate between the technological means owned by the worker and those owned by the employer, the latter being the object of control for the purpose for which they are delivered. Therefore, in this report, it is intended to analyze the main legal controversies identified, present a position on what was resolved by the Tribunal Constitucional and provide some recommendations, resorting, for this, to doctrine, legislation, jurisprudence, technicallegal documents and the fundamentals of the minority position of the plenary session.
3
Orosco, Cano Ximena. "Informe Jurídico sobre la Sentencia del Expediente 00016-2020-PI/TC." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/20097.
Full textAbstract:
El presente trabajo tiene por finalidad desarrollar la reciente Sentencia del Tribunal Constitucional (TC) respecto al caso de devolución de aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que tiene como asunto la demanda de inconstitucionalidad planteada contra la Ley N° 31083, Ley que establece un régimen especial facultativo de devolución de los aportes para los aportantes activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990 administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Con ello se
busca profundizar las disposiciones emitidas por la Ley en controversia, asimismo, se desarrolla los fundamentos y pronunciamiento emitidos por el TC en función de la referida Ley y finalmente de manera paralela se realiza un análisis comparativo con las normativas de disponibilidad de fondos de pensiones emitidas en el marco del Sistema Privado de Pensiones (SPP). Conforme al análisis realizado considero que el Tribunal ha buscado preservar la naturaleza del SNP, no obstante la justificación con los fundamentos abordados y el fallo han dejado de lado diversos aspectos como el desarrollar las consecuencias que generan cada medida establecida por la cuestionada ley, asimismo no se profundiza con mayor detalle la fuente de financiamiento y tampoco se evalúa si la propuesta del Poder Ejecutivo pudo haber sido más beneficiosa, menos aún se valora las medidas adoptadas en función al contexto de la pandemia y finalmente no se fortalece el concepto del fin pensionario. A razón de ello con el
presente trabajo se ahonda en los puntos mencionados y se plantea otros argumentos que el TC no tuvo en consideración para resolver fundada la demanda de inconstitucionalidad
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Quispe, Umpire Madily Graetzel. "Informe jurídico de la sentencia 468/2020 del expediente N° 04417-2016-PHC/TC." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/20096.
Full textAbstract:
La Constitución Política del Perú reconoce en su artículo 149 la función jurisdiccional de
las Comunidades Campesinas y Nativas con el apoyo de las Rondas Campesinas; sin
embargo, en la Sentencia 468/2020 del Tribunal Constitucional, emitida el 23 de julio de
2020, se desconoce las competencias de las Rondas Campesinas al considerar que estas
solo cuentan como apoyo de la función jurisdiccional de las Comunidades Campesinas.
Al respecto, este informe busca demostrar que, de la emisión de esta Sentencia, se ha
vulnerado derechos sobre las Comunidades Campesinas y en el caso en cuestión, sobre la
Ronda Campesina del Caserío Las Malvinas toda vez que se declaró fundada la demanda
de Habeas Corpus impuesta por José Santos Castillo Fernández. Para ello, se realiza el
análisis de las normas nacionales e internacionales vinculantes para el reconocimiento de
las competencias de las Rondas Campesinas en relación a un Estado pluricultural y
además observar la falta de motivación en relación a la vulneración de los derechos sobre
José Santos Castillo Fernández quién fue sancionado por la Comunidad por faltar a la
Asamblea General del Caserío Las Malvinas. Finalmente, en relación a lo observado
sobre la sentencia, objeto de análisis, se determina la escasez de la interculturalidad de la
administración de justicia y las contradicciones del Tribunal Constitucional al desconocer
competencias de las Rondas Campesinas para ejercer jurisdicción dentro de las
Comunidades en las que se desenvuelven.
5
Gallo, Rolando Ricardo Mateo. "Informe Jurídico sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 00020-2015-PI/TC." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/18339.
Full textAbstract:
El presente Informe Jurídico se justifica en la necesidad de otorgar de insumos a la Contraloría General de la República para que ejerza plenamente su potestad sancionadora, debido a que mediante STC 00020-2015-PI/TC se declara inconstitucional el catálogo de infracciones consagrado en el artículo 46 de la Ley 27785, incorporado por el artículo 1 de la Ley 29622, por contravenir el principio de tipicidad. Bajo dicho escenario, el objetivo del presente Informe Jurídico es realizar un análisis sobre la STC 00020-2015-PI/TC y proponer una lectura constitucional del artículo 46 de la Ley 27785, con la finalidad de rescatar la constitucionalidad parcial de dicha disposición normativa. Del análisis de la STC 00020-
2015-PI/TC se identifican cuatro problemas jurídicos. Primeramente, determinar si los artículos 45 y 51 de la Ley 27785, incorporados por el artículo 1 de la Ley 29622, son inconstitucionales por contravenir el principio de independencia, imparcialidad y no regresividad de derechos sociales. En segundo lugar, determinar si el artículo 46 de la Ley 27785, incorporado por el artículo 1 de la Ley 29622, es inconstitucional por contravenir el principio de tipicidad y ne bis in ídem. En tercer lugar, determinar si el artículo 47 inciso 1, literal a, de la Ley 27785, incorporado por el artículo 1 de la Ley 29622, es inconstitucional por contravenir el principio de acceso a la función pública y el de proporcionalidad. Por
último, determinar si las demás disposiciones de la Ley 29622 son inconstitucionales por conexidad. La metodología del Informe Jurídico para el análisis de los cuatro problemas jurídicos se basa en el análisis de los conceptos dogmáticos de los principios vulnerados y la aplicación de los principios constitucionales de interpretación. La conclusión principal es que el inciso b y d del artículo 46 de la Ley 27785, incorporado por el artículo 1 de la Ley 29622, es constitucional, en armonía con los conceptos de relación de sujeción especial y colaboración reglamentaria, además si se interpreta que el inciso b hace referencia al Código de Ética de la Función Pública - Ley 27815- y el inciso d refiere al Reglamento de Organización y Funciones, al Manual de Organización y Funciones o los términos de referencia, según sea el caso
6
Bardelli, Lartirigoyen Juan Bautista. "Comentarios a la sentencia del Tribunal Constitucional N. 0019-2005-PI/TC, Caso "Arresto Domiciliario"." Derecho & Sociedad, 2017. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/118809.
Full text
7
Benavides, Huamaní Flavio Diego. "Informe jurídico de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00987-2014-PA/TC." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/20087.
Full textAbstract:
El objetivo del presente trabajo es demostrar que la regla establecida por el Tribunal Constitucional en el precedente Vásquez Romero resulta adecuada para armonizar su rol de último garante de los derechos fundamentales y su rol de tribunal de casos. El análisis jurídico parte del hecho de que esta última función deriva en una sobrecarga procesal que, a su vez, dificulta la labor de brindar tutela de urgencia en las causas que realmente lo ameritan. Así, conforme a los criterios desarrollados por el profesor Marinoni para controlar la insuficiencia normativa para garantizar el derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva, se concluye que las causales de rechazo del RAC resultan idóneas para concentrar los recursos
institucionales del Tribunal Constitucional y, a su vez, no desnaturalizan su rol de tribunal de casos, pues permiten descartar causas en que no medie necesidad de tutela de urgencia desde una dimensión subjetiva.
Asimismo, en el presente trabajo se demuestra por qué las pretensiones planteadas por la señora Francisca Lilia Vásquez Romero deben ser desestimadas, tanto si se emite un pronunciamiento sobre el mérito como sobre su procedencia. Se trata de lo que se denomina un caso fácil, respecto al cual la jurisprudencia del Tribunal Constitucional resulta armónica; aunque, pese a ello, se detectan algunas deficiencias argumentativas del Tribunal Constitucional al declarar infundadas ambas pretensiones
8
Verano, Martínez Angela Pierina. "Informe Jurídico sobre la sentencia del Tribunal Constitucional bajo numero de expediente N° 00021-2014-PI/TC." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/20047.
Full textAbstract:
El informe tiene como objetivo analizar la sentencia del Tribunal Constitucional respecto del “Caso Régimen Laboral de las MYPE”, recaído en el expediente N° 00021-2014-PI/TC. En el cual el Colegio de Abogado de Arequipa interpone la Demanda de Inconstitucionalidad contra los artículos 7,8,9 y 10 del Decreto Legislativo 1086; y contra el Articulo 11 en la medida que modifica los artículos 5 y 42 del TUO de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial (D.S 013-2003-PRODUCE) y a la segunda disposición complementaria transitoria de la Ley 30056. Siendo admitida por el Tribunal solo lo concerniente a la Ley 30056. El Tribunal declara infundada la demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, Asimismo, se exhorta al congreso que en el marco de sus atribuciones modifique el sentido de los art 5 y 51 del TUO de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial (D.S 013-2003-PRODUCE).
El presente informe se analiza si resulta suficiente esta sentencia interpretativa del Tribunal Constitucional, partiendo de definir si el régimen MYPE no vulnera el principio - derecho de igualdad de los trabajadores sujetos al mismo frente a los trabajadores del régimen laboral general. Asimismo, si la ponderación de derechos de los artículos 2.2 y 59 de la Constitución Política que realiza el Tribunal fue adecuada. Finalmente, se analiza si el régimen MYPE ha cumplido con el objetivo para el que fue creado
9
Tamara, Coronel Keshia. "Informe Jurídico sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00655-2010-PHC/TC." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19998.
Full textAbstract:
El presente Informe Jurídico analiza la Sentencia del Tribunal Constitucional recaía en el
Expediente N° 00655-2010-PHC/TC, el cual resuelve el recurso de Hábeas Corpus
interpuesto por la defensa de Alberto Químper Herrera, miembro del directorio de la
empresa estatal Perúpetro, quién habría participado en negociaciones junto a Rómulo
León, ex ministro aprista, a fin de favorecer la entrega de lotes petroleros a la empresa
noruega Discover Petrolum. Dichas negociaciones se dieron a conocer debido a
interceptaciones telefónicas que sufrieron los suscritos. A pesar que, el Tribunal
Constitucional declaró improcedente la demanda, tuvo a bien pronunciarse respecto al
manejo de dichos audios provenientes de “chuponeo” por parte de la justicia, los cuales
son considerados prueba prohibida. Asimismo, el Tribunal advierte que el uso de
interceptaciones telefónicas ilícitas por parte de los medios de comunicación puede
acarrear responsabilidad penal. En ese sentido, se buscará analizar y tomar posición frente
a lo esbozado por el Tribunal Constitucional, de cara a la normativa, jurisprudencia y
doctrina jurídica respecto a la improcedencia de un Hábeas Corpus contra una resolución
judicial, la prueba prohibida y la censura previa.This Legal Report analyzes the decision of the Constitutional Tribunal in the Case No. 00655-2010-PHC/TC, which resolves the Habeas Corpus appeal filed by the defense of Alberto Químper Herrera, member of the board of directors of the state company Perúpetro, who allegedly participated in negotiations together with Rómulo León, former minister from APRA. This in order to take advantage of the delivery of oil lots to the Norwegian company Discover Petrolum. These negotiations became known due to telephone interceptions suffered by the subscribers. Despite the Constitutional Court declared the lawsuit inadmissible, it was kind enough to pronounce on the handling of such audios coming from "tapping" by the justice system, which are considered prohibited evidence. Likewise, the Court warns that the use of illicit telephone interceptions by the media may entail criminal liability. In this sense, we will to analyze and take a position on what was outlined by the Constitutional Court, in view of the regulations, jurisprudence and legal doctrine regarding the inadmissibility of a Habeas Corpus against a judicial decision, the prohibited evidence and the prior censorship.
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Obregon, Palomino Dayhana Carolina. "Informe Jurídico sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 03150-2017-PA/TC." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/20077.
Full textAbstract:
La Contratación Pública es una de las actividades del Estado con más riesgo de corrupción
y mal destino de los fondos públicos; debido justamente a la gran cantidad de dinero que se
destina anualmente para dicho fin. Teniendo en consideración dicho escenario y sobre todo
con la finalidad de proteger los fondos públicos cuya finalidad debe ser, exclusivamente, la
satisfacción del interés público que nuestra legislación vigente sobre las contrataciones con
el Estado ha regulado a lo largo de los años determinados impedimentos para contratar con
las entidades públicas dirigidos a altos funcionarios públicos y a sus cónyuges, convivientes
y parientes más cercanos; esto con la finalidad de evitar cualquier tipo de riesgo de
corrupción o favoritismos cuyo único propósito sea la satisfacción de un interés particular.
Es a la luz de estos hechos, entonces, que en el presente Informe Jurídico se cuestiona el
análisis realizado por el Tribunal Constitucional en una de sus sentencias donde declara que
dichos impedimentos referidos a los parientes más cercanos de los Congresistas de la
República vulneran derechos constitucionales; sin tomar en cuenta la finalidad de estas
restricciones ni el alto riesgo de corrupción y favoritismos que habría si no se contaran con
los mismos.Public Procurement is one of the activities of the State with the highest risk of corruption and bad use of public funds; precisely due to the large amount of money that is allocated annually for this purpose. Taking into consideration this scenario and above all with the purpose of protecting public funds whose purpose must be, exclusively, the satisfaction of the public interest that our current legislation on contracting with the State has regulated over the years certain impediments to contracting with public entities aimed at senior public officials and their spouses, partners and closest relatives; this in order to avoid any type of risk of corruption or favoritism whose sole purpose is the satisfaction of a particular interest. It is in light of these facts, then, that in this Legal Report the analysis carried out by the Constitutional Court in one of its judgments is questioned where it declares that said impediments referred to the closest relatives of the Congressmen of the Republic violate constitutional rights ; without taking into account the purpose of these restrictions or the high risk of corruption and favoritism that would exist if they were not available.
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Aguedo, Huiza Beatriz Alexandra. "Lucha contra la corrupción: principio constitucional para el aseguramiento de su exigibilidad - Análisis de la Sentencia 0017-2011-PI/TC." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19940.
Full textAbstract:
El objetivo general del trabajo es presentar un análisis de los problemas jurídicos
encontrados en la sentencia del Tribunal Constitucional No. 0017-2011-PI/TC, la cual
versa sobre la demanda de inconstitucionalidad contra algunas disposiciones de la Ley
29703 que modificaron el art. 384 (delito de colusión) y el artículo 401 (tráfico de
influencias del Código Penal). Para realizar el análisis, primero se desarrolló lo contenido
en la doctrina y la juriprudencia; después, se describió el razonamiento del Tribunal
plasmado en la sentencia, para al final presentar la postura y el análisis jurídico personal.
En primer lugar, se identificó la afectación de la interpretación sobre el bien jurídico del
delito de colusión en virtud de la modificación dada por la Ley 29703, la cual desprotegía
el bien jurídico indicado por el Tribunal e iba en contra del principio constitucional de
lucha contra la corrupción como mandato de exigibilidad hacia el legislador. Un segundo
problema identificado fue el extremo del fallo del Tribunal en relación a la concepción
del tráfico de influencias simulado, lo cual consideramos que fue en contravención al
principio constitucional de lucha contra la corrupción al no proteger adecuadamente al
bien jurídico de dicho delito. Asimismo, se identificó que el Tribunal no desarrolló
correctamente el mencionado principio de proscripción como parte de su argumentación
en toda la sentencia, lo cual hubiera permitido una mayor comprensión de su mandato
para todo el ordenamiento jurídico. Finalmente, el Tribunal no se pronunció sobre la
jerarquía normativa de la Convención ONU al no desarrollarlo en la sentencia, por lo cual
somos de la interpretación que se consideró dicho tratado como una norma interpuesta,
parte del bloque de constitucional con el cual se evaluó la constitucionalidad de la Ley
29703.The general objective of the report is to present an analysis of the legal problems found in the Peruvian Constitutional Court ruling No. 0017-2011-PI / TC, which deals with the unconstitutionality claim against some provisions of Law 29703 that modified art. 384 (crime of collusion) and article 401 (influence peddling) of the Peruvian Criminal Code. To carry out the analysis, first the content of the doctrine and jurisprudence was developed; later, the reasoning of the Court embodied in the sentence was described, in order to finally present the position and personal legal analysis. In the first place, the impact on the interpretation on the legally-protected right of the crime of collusion was identified by the modification given by Law 29703, which unprotected such legally protected right indicated by the Court and went against the constitutional principle of fighting against corruption as an enforceability mandate from the legislator. A second problem was the extreme of the Court's ruling in relation to the conception of simulated influence-peddling crime, which we consider to be in violation of the constitutional principle of fighting corruption by not adequately protecting the legally-protected right of said crime. Likewise, it was identified that the Court did not correctly develop the aforementioned principle of fighting against corruption as part of its argumentation throughout the judgment, which would have allowed a better understanding of its mandate for the entire legal system. Finally, the Court did not rule on the normative hierarchy of the UN Convention against Corruption by not developing it in the judgment, for which we are of the interpretation that said treaty was considered as an interposed norm, part of the constitutional body of law, from which the unconstitutionality of Law 29703 was declared.
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Ramírez, Cárdenas Sergio Ismael. "“Régimen de contratación administrativa de servicio. Análisis de la sentencia 002-2010-PI/TC desde la perspectiva de la función pública”." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017. http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/11796.
Full textAbstract:
Nuestra Constitución Política de 1993 no obliga a la Administración Pública a
establecer un régimen público único para los servidores públicos, facultando así, la
coexistencia de un diversidad de regímenes públicos y privados.
El análisis e interpretación de la Función Pública y la Carrera Administrativa -como
bienes Constitucionalmente protegidos-, nos permite establecer que el régimen Público
laboral de la Administración Pública necesita una unificación; siendo que, uno de los
objetivos de la Administración es que, toda aquella persona que brinde un servicio al
Estado se encuentre sujeto a un régimen uniforme, con la finalidad de iniciar la
modernización del servicio público “elemento fundamental para un adecuado
funcionamiento de la Administración Pública”1. Este articulo académico tiene por finalidad analizar la Sentencia 002-2010-PI/TC -
desde la perspectiva de la Función Pública- con la finalidad de establecer si el Régimen de
Contratación Administrativo de Servicios cumplió con la finalidad pública por la cual fue
creada.Trabajo académico
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León, Vásquez Jorge, and Córdova Luis Castillo. "Poder judicial versus poder ejecutivo: ¿se extralimitó el tribunal constitucional en su sentencia al expediente 0006-2006-PC/TC: Caso casinos y tragamonedas?" THĒMIS-Revista de Derecho, 2008. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/109891.
Full textAbstract:
En el siguiente artículo, los autores debaten sobre si el Tribunal Constitucional se extralimitó en sus facultades al declarar inconstitucionales una serie de resoluciones judiciales que contravienen su decisión, apesar de que algunas de dichas resoluciones fueron expedidas varios años antes de la Sentencia en cuestión. Así, los autores se enfrentan con el fin de concluir si los argumentos utilizados por el Tribunal son suficientes y correctos.
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García, Amado Juan Antonio. "Controles Descontrolados y Precedentes sin Precedente: A Propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional del Perú en el Expediente Nº 3741-2004-AA/TC." Derecho & Sociedad, 2017. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/118554.
Full text
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Fernández, Cano Arturo Augusto. "Es Bueno Jalar pero no Romper. Configuración del Superproceso de Cumplimiento para las lnconstitucionalidades por Omisión Normativa. Alcances sobre la Sentencia N° 5427 -2009-PI/TC." Derecho & Sociedad, 2015. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/119100.
Full textAbstract:
En el presente artículo el autor realiza un análisis crítico desde el punto de vista constitucional de la recientesentencia emitida por el Tribunal Constitucional, en la que se ordena al Ministerio de Energía y Minas emitir un reglamento especial que desarrolle el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, en cumplimiento de los principios y reglas previstos en el Convenio 169 de la OIT.
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Cisneros, Molina Jorge Guillermo. "El cobro de intereses moratorios en el ámbito de un procedimiento administrativo tributario a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional N° 04082-2012-PA/TC." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19974.
Full textAbstract:
Actualmente, muchos contribuyentes en el Perú han recurrido al Proceso de Amparo con
el objetivo de que se les inaplique lo establecido en el artículo 33° del Código Tributario
antes de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 981 y la Ley N° 30230, normas
que establecen el plazo legal máximo para resolver un Recurso de Reclamación y de
Apelación, respectivamente; con la finalidad de que se les aplique la regla de la no
exigibilidad de intereses moratorios, alegando la vulneración del Derecho al Plazo
Razonable. Sin embargo, no existe un panorama claro para determinar la imputabilidad
del retraso y las situaciones en las cuales el cobro de intereses moratorios vulnera
principios y derechos constitucionales, como el Principio de No Confiscatoriedad o el
Derecho a un plazo razonable, puesto que el Tribunal Constitucional no establecido un
precedente vinculante. Por lo tanto, el presente trabajo tiene como objeto de estudio del
cobro de intereses moratorios en el ámbito de un procedimiento administrativo
tributario, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, específicamente
de la Sentencia N° 04082-2012-PA/TC, el cual buscará discutir y analizar
constitucionalmente los aspectos más relevantes del cobro de intereses moratorios y su
concordancia con un Estado Constitucional de Derecho.At present, taxpayers in Peru have resorted to the Proceso de Amparo in order to achieve the non-application of article 33º of the Tax Code, before the entry intro effect of Legislative Decree Nº 981 and Law Nº 30230, both of which establish the maximum legal deadline to resolve a Claim and Appeal, respectively; with the purpose of obtaining the application of the Rule of non-enforceability of default interests, alleging the violation of the right to a reasonable term. However, there is no clear picture to determine the imputability of the delay and the situations where charging default interests violates constitutional principles and rights, such as the principle of non-confiscation and the right to a reasonable term, given the fact that the Constitutional Court has not set a binding precedent. Therefore, this report aims to study the collection of default interests within an administrative and tax procedure, taking into account the jurisprudence of the Constitutional Court and, specifically, of Constitutional Decision Nº 04082-2012-PA/TC, which will seek to discuss and analyze the most relevant aspects of the collection of late payment interests in accordance with a Constitutional State of Law
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Rabanal, Florián Dannery Tais. "La Fe Pública Registral, en los casos de fraude inmobiliario, a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente. N° 00018- 2015-PI/TC." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020. http://hdl.handle.net/20.500.12404/18626.
Full textAbstract:
Uno de los mayores problemas de seguridad jurídica de la primera década del siglo
XXI fue el ocasionado por el fraude inmobiliario, cuyo fenómeno significó la pérdida
del patrimonio de innumerables propietarios peruanos. A raíz de la judicialización de
estos ilícitos, se visibilizó la precariedad de los procedimientos de verificación
documental de los registros públicos y de los funcionarios involucrados en las
transferencias de los inmuebles. Asimismo, quedó manifiesta la diversidad de criterio
judicial en la resolución de estos casos pues, en ocasiones, restituían el inmueble a
los propietarios y, en otras, se la otorgaban al llamado tercero registral. Bajo este
marco, el poder legislativo emite la Ley N° 30313 - Ley de Oposición al Procedimiento
de Inscripción Registral en Trámite y Cancelación del Asiento Registral por
Suplantación de Identidad o Falsificación de Documentación y Modificatoria de los
Artículos 2013 y 2014 del Código Civil y de los Artículos 4 y 55 y la Quinta y Sexta
Disposiciones Complementarias Transitorias y Finales del Decreto Legislativo 1049 -
, cuya constitucionalidad fue, acertadamente, cuestionada y, recientemente, resuelta
por el Tribunal Constitucional, a nuestro criterio, de forma errónea. Tal disposición
normativa otorga protección al tercero registral, antes que al propietario, en los casos
de Suplantación de Identidad y Falsificación Documental en aplicación del principio
de fe pública registral. Dicho criterio ha sido avalado por el Tribunal Constitucional en
la sentencia recaída en el expediente N° 00018-2015-PI/TC a pesar de que el acto
origina la titularidad del tercero es un ilícito. Por ello, en la presente investigación de
orden dogmático documental, pretendemos delinear los argumentos históricos,
lógicos y normativos que sustentan que, ante el fraude inmobiliario, no se debe aplicar
el principio de fe pública registral. Su aplicación se configuraría como un incentivo a
la comisión de delitos que atentan contra la fe pública y contravendría normas de
carácter público.One of the biggest legal security problems of the first decade of the 21st century was caused by real estate fraud, the phenomenon of which meant the loss of the assets of countless Peruvian owners. As a result of the prosecution of these crimes, the precariousness of the documentary verification procedures of the public registers and the officials involved in the transfers of real estate became visible. Likewise, the diversity of judging criteria in the resolution of these cases was evident since, on occasions, they returned the property to the owners and, on others, they granted it to the so-called third-party registry. Under this framework, the legislative power issues Law No. 30313 - Law of Opposition to the Registration Procedure in Process and Cancellation of the Registration Entry for Identity Impersonation or Forgery of Documentation and Amendment of Articles 2013 and 2014 of the Civil Code and Articles 4 and 55 and the Fifth and Sixth Complementary Transitory and Final Provisions of Legislative Decree 1049 - whose constitutionality was rightly questioned and, recently, wrongly resolved by the Constitutional Court, in our opinion. Such normative provision grants protection to the third party registry, before the owner, in cases of Identity Impersonation and Document Falsification in the application of the principle of registry public faith. Said criterion has been endorsed by the Constitutional Court in the sentence passed in the file N ° 00018-2015-PI / TC although the act originates the ownership of the third party is illegal. Therefore, in this research of a dogmatic documentary order, we intend to outline the historical, logical, and normative arguments that sustain that, in the face of real estate fraud, the principle of public registry faith should not be applied. Its application would be configured as an incentive to the commission of crimes that violate the public faith and would contravene public regulations.
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Gómez, Hinostroza Violeta Cristina. "Discriminación Contra la Mujer: Los Casos de las mujeres embarazadas separadas de las Escuelas de Formación de la Policía Nacional y la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 5527-2008-PHC/TC." Derecho & Sociedad, 2017. http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/119044.
Full text
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León, Espinoza Wendy Janeth. "Informe sobre Sentencia recaída en el Expediente N° 05410-2015-PA/TC - Demanda de amparo presentada contra el Decreto Supremo N° 130-2013-PCM, Decreto Supremo que establece disposiciones referidas al Aporte por Regulación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA a cargo de las empresas del sector minería." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/18414.
Full textAbstract:
El Aporte por Regulación percibido por el OEFA es quizá la fuente de financiamiento más controversial que tiene esta institución para realizar sus actividades de fiscalización ambiental. Hasta la fecha, aun cuando existen diversas sentencias y resoluciones que acreditan la constitucionalidad de su cobro, la aplicación del Aporte por Regulación es materia de cuestionamientos. Por ello, el objetivo de este Informe es determinar la constitucionalidad del Aporte por Regulación establecido a favor del OEFA para efectos de aportar en el desarrollo de su estudio. Para ello, en base a los alcances del caso recogido en la Sentencia del Tribunal Constitucional, recaído en el Expediente N° 05410-2015-PA/TC, analizaremos los principios de reserva de ley, y de no confiscatoriedad tributarios para el establecimiento del Aporte por Regulación en favor del OEFA. En este Informe nos encontramos de acuerdo con el fallo del Tribunal Constitucional, en tanto consideramos que el Aporte por Regulación asignado al OEFA es una fuente legítima de financiamiento para sus actividades de fiscalización ambiental. Sin embargo, creemos necesario hacer énfasis en cuestiones adicionales que no fueron detalladas por Tribunal Constitucional y que permitirían entender la funcionalidad y naturaleza de este tributo.
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Bringas, Aceijas José Gonzalo. "¿El fin de los permisos de pesca judiciales?: Los límites del ejercicio de las atribuciones del Poder Judicial respecto de la expedición de títulos habilitantes para el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos y su conservación, como parte de la diversidad biológica, en base al análisis de la sentencia del expediente N° 0005-2016-CC/TC." Bachelor's thesis, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021. http://hdl.handle.net/20.500.12404/19957.
Full textAbstract:
El otorgamiento de títulos habilitantes para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la conservación de la diversidad biológica, de acuerdo con la Constitución, son atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo. Para dar cumplimiento a ambos mandatos constitucionales, se constituyeron órganos públicos y se desarrolló un amplio marco normativo.
Desde 2005, el Ministerio de la Producción, en su calidad del organismo competente del subsector pesca, enfrentó procesos judiciales que menoscababan las mencionadas atribuciones constitucionales que viene ejerciendo sobre los recursos hidrobiológicos desde su creación.
En el presente informe analizaremos los alcances de la sentencia, por medio de la cual, el Tribunal Constitucional resolvió la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial por haber menoscabado sus atribuciones constitucionales a través de una interpretación institucional, subyacente en las resoluciones judiciales mencionadas, mediante las cuales se le ordenaba al Ministerio de la Producción otorgar títulos habilitantes para el aprovechamiento de recursos
hidrobiológicos o se revocaban resoluciones administrativas que los habían denegado, pese a que habían sido emitidas en el marco de sus atribuciones, contemplando los mandatos constitucionales