Journal articles on the topic 'Unidad Democrática y Popular (Bolivia)'

El artículo analiza la relación Estado-nación en los sucesos recientemente acaecidos en Japón y Bolivia, casos en los que los ideales universalmente compartidos sobre el desarrollo y la democracia se cumplen con los criterios comunes para la mayoría de países del globo. Esta relación es analizada comparando las particularidades de cada contexto respecto a los conceptos mencionados. Japón, a pesar de considerarse un país desarrollado económicamente, es criticado por la falta de ejercicio de una política popular democrática. Este país, aún en el siglo XXI, sigue siendo una monarquía constitucional. Así, ante el catastrófico episodio de marzo del 2011, la suerte de la ciudadanía fue definida por la familia imperial. Por su parte, Bolivia, desde comienzos del presente siglo, ha gestionado una reconstrucción nacional que ha refundadola Carta Magna, y, con esta, la nación y el Estado; sin embargo, esta reorganización democrática asiste hoy a varias encrucijadas que debaten el estado entre la democracia y el autoritarismo, e igualmente entre el desarrollo liberal y el desarrollo desde una perspectiva comunal.

En la década de los setenta el debate sobre las vías más eficaces para la transición hacia el socialismo cobró un nuevo vigor a partir de la victoria de la Unidad Popular. De manera contemporánea hubo otras experiencias como las de Juan Velasco Alvarado en Perú, Juan José Torres en Bolivia, Omar Torrijos en Panamá, la creación del Frente Amplio en Uruguay y el retorno del peronismo, las cuales alentaron las discusiones en el campo de la izquierda. En este artículo estudiaremos los análisis del MIR y de la izquierda peronista, de estas experiencias latinoamericanas, a partir de las revistas El Rebelde y Punto Final (Chile) y El Descamisado y Militancia (Argentina).

Confrontations between Evo Morales’s Movement toward Socialism (MAS)-led government and sectors of his original support base have raised concerns regarding Bolivia’s “process of change.” An empirical analysis of the Regional Workers’ Union and the Federation of Neighborhood Associations in El Alto reveals that extensive and intensive linkages forged between the MAS and its base during confrontations with conservative forces weakened their contestatory efforts and fostered internal splits that the MAS and the right-wing Unidad Nacional (UN) parties actively promoted. The upshot was the emergence of two versions of each organization that existed side-by-side, one aligned with the MAS, the other with UN, and the capacity of the base to hold the government to popular demands was greatly diminished. Los enfrentamientos entre el gobierno liderado por Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales y sectores de su base de apoyo original han suscitado preocupaciones con respecto al “proceso de cambio” de Bolivia. Un análisis empírico del Sindicato Regional de Trabajadores y la Federación de Asociaciones Vecinales de El Alto revela que los amplios e intensivos vínculos forjados entre el MAS y su base durante los enfrentamientos con fuerzas conservadoras debilitaron su capacidad de impugnación y fomentaron divisiones internas que tanto el MAS como los partidos de derecha de Unidad Nacional (UN) promovieron activamente. El resultado fue el surgimiento de dos versiones de cada organización que existen lado a lado, una alineada a favor del MAS y la otra a favor de UN. La capacidad de las bases para exigir al gobierno que atendiera las demandas populares se vio muy disminuida.

La victoria electoral en algunos de los países andinos de proyectos políticos de izquierda transformadora, y de nuevos procesos constituyentes, especialmente en Venezuela, Bolivia y Ecuador, ha despertado una reacción entusiasta en los observadores progresistas. El discurso o fraseología revolucionaria y las transformaciones impulsadas (nacionalización de los sectores productivos estratégicos, reformulación de la división en los tres poderes clásicos del Estado, creación de nuevas formas de participación ciudadana, la garantía efectiva de los derechos económicos y sociales, la reconstrucción de la Constitución económica incluido el concepto de propiedad privada, etc.), han puesto sobre la mesa un debate que parecía cerrado desde la derrota de la Unidad Popular del Presidente Allende, el de la “transición pacífica al socialismo” o hacia un Estado y un Derecho nuevo. El nuevo constitucionalismo latinoamericano está suponiendo un proceso de construcción del llamado socialismo del siglo XXI, y de un nuevo Estado y Derecho, que ahora son puestos en cuestión. Entonces, ¿nos encontramos ante una auténtica revolución de la que está emergiendo una nueva forma de Estado y de Derecho no liberal?, o bien, ¿estamos ante una simple evolución, ampliación y especificación de los derechos liberales y de un constitucionalismo liberal de tercera generación?

This article offers an interpretation of the crisis of the Bolivian Left in the mid-1980s, perhaps the most spectacular of all those suffered by the Latin American Left over the course of the decade. The author shows that the main distinguishing feature of the Bolivian case was the exceptional political power of the Central Obrera Boliviana (COB). It was this that enabled the union federation first to impose a highly expansive wage policy on the Unión Democrática y Popular (UDP) government, and then to veto its attempts to move towards a more realistic financial policy. The author goes on to argue that, in this second period, when the undesired consequences of the government's economic policy were sufficiently obvious to persuade the union to change its original strategies, the institutional structure that the COB had inherited from the past restricted and ultimately eliminated the union's strategic capacity. In this interpretation, the power of the union vis-à-vis a weak government, coupled with the union's own weakness as a corporate actor, gave rise to an accelerated process of institutional decline under the UDP government. This process was marked by the increasing prevalence of particularist and partial rationalities over the collective rationality, taking Bolivia to a Hobbesian situation, in which any actor capable of imposing a new order – however authoritarian or exclusive – would enjoy widespread support and legitimacy.

El deseo común y compartido de una correcta aplicación de las normas jurídicas juega un papel fundamental en un proceso de transformación que está interesando, en la actualidad, nuestras estructuras democráticas. Estamos viviendo un proceso de transición entre el Estado de Derecho y el Estado de Justicia, con una ciudadanía más formada, más informada y, en definitiva, más consciente del alcance de sus prerrogativas basadas en el Derecho. Por otra parte, si la ciudadanía acude con más desenvoltura al sistema de Justicia, es también porque los ámbitos de nuestra convivencia que se encuentran regulados por normas jurídicas se hacen, cada vez, más amplios. Todo ello presupone el máximo esfuerzo de los Poderes públicos para asegurar que el sistema judicial sea eficaz, efectivo y respondiente a las garantías y a los principios que nuestra Constitución exige para nuestro Estado social y autonómico. Entre todos ellos destacan el principio de legitimación democrática y de sumisión del juez a la ley, el principio de responsabilidad, el principio de exclusividad, el principio de unidad de la jurisdicción y la dimensión territorial del Poder Judicial en nuestro Estado compuesto. Ante este panorama en evolución, cabe preguntarse si tiene sentido configurar la función judicial como un Poder Estatal, siguiendo la tradición de Montesquieu. En realidad, seguimos equiparando la función judicial a un «poder» sobre la base de un «malentendido». Hemos olvidad que los dos modelos tradicionales de Justicia –el modelo jacobino y el modelo estadounidense– han servido, cada uno, para dar respuestas diversas a reivindicaciones igualmente distintas, otorgando carácter democrático a la función judicial por vías netamente opuestas. Así, como es sabido, la soberanía popular en el modelo de justicia de Norteamérica se manifiesta a través de procesos electorales directos o indirectos –es decir, por medio de representantes– que otorgan a los jueces una legitimación democrática fuerte, manifiesta e inmediata. Sin embargo, el modelo francés –forjado a raíz de las revoluciones liberales y generalmente adoptado en toda Europa– arranca de presupuestos radicalmente distintos: el «supuesto poder de los jueces» consiste sólo y exclusivamente en aplicar al caso concreto una norma general y abstracta; en ser «la boca de la ley» a la que están sometidos. Nuestro planteamiento es el de volver a configurar la función judicial por lo que realmente es o debería ser: un servicio público esencial que el Estado debe proporcionar a la ciudadanía acorde a una serie de principios constitucionales y estándares de calidad. Este estudio, reflexiona sobre estas cuestiones.

The Colegio Médico de Chile (College of Physicians of Chile) was a significant professional association with a long history and a leadership position in discussions about physicians as an occupational group and about public health in Chile. It opposed the socialist Popular Unity government (1970–1973), supported the military coup, collaborated actively with the dictatorship for several years afterward, and later joined the opposition demanding a return to democracy. Since the formal return to democracy in 1990, it has continued to participate in public discussions not only about health but also about human rights, reparations, and democratic convivencia in Chile. Examining its history helps us to historicize the construction of contemporary memory, facilitating an analysis of groups that do not correspond to the binary opposition of victims and victimizers that dominates the historical literature. The Colegio’s use of the same memories in different contexts leads us to reflect upon the fact that public memories are much more mobile and pragmatic and less principled than they first appear. This underlines the importance of including class and professional or corporate identity and other differences in analyses of the discourse of memory. El Colegio Médico de Chile es una importante asociación profesional con una larga historia y una posición de liderazgo en las discusiones sobre los médicos como grupo ocupacional y sobre la salud pública en Chile. Se opusieron al gobierno socialista de la Unidad Popular (1970–1973), apoyaron el golpe militar, colaboraron activamente con la dictadura durante varios años y más tarde se unieron a la oposición que exigía el regreso de la democracia. Desde el retorno formal de la democracia en 1990, el Colegio ha participado activamente en los debates públicos no sólo sobre la salud sino también sobre los derechos humanos, las reparaciones y la convivencia democrática en Chile. Si examinamos su historia podemos historizar la construcción de la memoria contemporánea, lo que nos ayuda a analizar aquellos grupos que no cuadran con la oposición binaria de víctimas y victimarios que domina la literatura histórica. El uso que hace el Colegio de las mismas memorias en diferentes contextos nos lleva a reflexionar sobre el hecho de que las memorias públicas son mucho más flexibles y pragmáticas y menos guiadas por principios de lo que parecen a primera vista. Todo esto subraya la importancia de incluir clase e identidad profesional o corporativa y otras diferencias en los análisis del discurso de la memoria.

Esta edición de Encrucijada Americana busca aportar a la discusión académica presentando una selección de artículos elaborados por profesores, investigadores y estudiantes de postgrado de Chile, Uruguay y México. Los trabajos han sido agrupados en tres categorías: I. Relaciones internacionales e integración regional; II. Democracia y sistema político; III. Gobiernos locales, comunidades y actores sociales. En la primera sección se incluyen tres artículos que analizan las relaciones internacionales en Latinoamérica, a nivel regional dos de ellos, y bilateral el restante. El primero, titulado UNASUR y la integración latinoamericana: propuesta de un nuevo modelo del regionalismo post-liberal, explora el nuevo contexto regional y expone algunas claves para entender y proyectar el proceso de integración actualmente en curso, poniendo el foco en la experiencia de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Fue elaborado por un grupo de estudiantes y académicos de la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Alberto Hurtado, coordinados por Isabel Rodríguez y Cristóbal Bywaters. El segundo, Conflicto y cooperación en América Latina: un análisis desde el neorrealismo, analiza “la estructura de poder en América Latina con base en la teoría del Neorrealismo, y la tendencia de la región al conflicto o la cooperación”, en palabras de la propia autora, Renata D`Onofrio, quien es estudiante del Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos de la Universidad Alberto Hurtado. El tercero, La relación bilateral Chile-Perú: un caso de visiones geopolíticas opuestas, analiza, desde la geopolítica crítica, los divergentes puntos de vista con que Chile y Perú afrontan discursivamente la relación bilateral, caracterizada en buena cuenta por el alto nivel de competencia entre las partes. El autor, Lester Cabrera, es Profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad San Sebastián, y Coordinador Académico del Programa de Magíster en Seguridad y Defensa de la ANEPE-UdeC. La segunda sección contiene dos artículos, ambos relacionados con el funcionamiento de la democracia y el sistema político, en Uruguay y en Chile. El primero de ellos, Estado de Derecho, democracia y gobernabilidad en Uruguay, analiza el funcionamiento de la democracia y las características del Estado de Derecho en aquel país, poniendo especial atención al período de gobierno del Frente Amplio, entre el 2005 y el 2010. El autor, Carlos Moreira, es politólogo uruguayo, y miembro de la Red de Estudios de Calidad de la Democracia en América Latina. El segundo, Nominando candidatos con “encuestas en mano”: el uso de las encuestas como mecanismo de selección de candidatos, examina el escenario político-electoral chileno entre el 2005 y el 2009, indagando en aquella particular fórmula, empleada por los principales conglomerados políticos del país (Concertación y Alianza por Chile) para elegir a los candidatos a las elecciones parlamentarias, presidenciales y municipales realizadas en aquel período. Tal mecanismo “nuevo” es contrastado con lo que los autores denominan “métodos tradicionales de selección de candidatos”. El artículo fue co-elaborado por Andrés Dockendorff, Alejandro Salinas y Pedro Figueroa, todos ellos investigadores externos del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Finalmente, en la tercera sección se incluyen tres artículos, relacionados entre sí por la preeminencia que los autores confieren a los gobiernos locales, municipios y actores sociales en el análisis de las problemáticas que estudian. El primero de ellos, Gobierno local: una lectura de municipios y comunidades desde la teoría democrática, explora – en palabras del propio autor- “los conceptos de municipio y comunidad, como elementos integrantes de la idea de gobierno local”, empleando como base interpretativa los postulados de Robert Dahl y Giovanni Sartori. El escrito fue elaborado por Roberto Lagos, alumno del Magíster en Sociología de la Universidad Alberto Hurtado. El segundo, El Municipio en Chiapas en la coyuntura zapatista: un actor inesperado, analiza el rol que desempeñó y desempeña el municipio –como institución- en el contexto que siguió a la confrontación armada, después de 1994, en Chiapas. La autora, Araceli Burguete, es mexicana, e integrante del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), Unidad Sureste (Chiapas, México). Por último, en el tercer artículo, La participación de las Comunidades Eclesiales de Base (CEBs) en la regeneración del tejido social popular brasileño durante la dictadura militar 1964-1985, se examina el papel que le correspondió a la Iglesia Católica brasileña, y en particular a las Comunidades Eclesiales de Base, en la reconstrucción del tejido social popular, especialmente en el complejo período de 1964 a 1985, marcado por la violencia institucionalizada practicada por los gobiernos militares. El autor del artículo, Fabián Bustamante, es estudiante del Magíster en Historia de Chile, impartido por la Universidad de Santiago. Esperamos que esta edición de Encrucijada Americana contribuya a enriquecer el debate académico en torno a los temas estudiados, y que tal debate posibilite e impulse transformaciones que, en definitiva, vayan en beneficio de los pueblos de nuestra América.

El ciclo de movilizaciones iniciado globalmente el año 2011 y que ha tenido su propia y particular versión en Chile ha permitido reinstalar en las agendas de investigación la centralidad de los movimientos sociales (Bringel & Pleyers, 2017). Efectivamente, las movilizaciones estudiantiles del ciclo 2011 en Chile han posibilitado una renovación de los debates sobre acción colectiva y movimientos sociales, al mismo tiempo que los actores sociales han recuperado protagonismo público y académico y, aunque el ciclo global de movilizaciones del mismo periodo aparentemente obedece a lógicas y dinámicas diferentes, la simultaneidad de ambos ha permitido emparentar y potenciar estas agendas de investigación. ¿Cómo abordar reflexivamente este nuevo ciclo?, ¿qué desafíos de rescate o renovación teórica surgen en el horizonte investigativo de quienes se han dado la tarea de comprender este momento de protagonismo social?, ¿qué nuevas subjetividades ancladas en la contestación se configuran en las luchas que signan este periodo?, ¿qué nuevos repertorios de acción colectiva aparecen y cuáles se reactualizan? y finalmente ¿cómo este ciclo impacta políticamente las realidades que pretenden transformar? Los artículos publicados en este número especial de Persona y Sociedad, desde distintos enfoques teóricos y metodológicos, casos de estudio y realidades han asumido la tarea de responder a estas preguntas e ir más allá. El propio Manuel Garza, cuyo texto da inicio a este Dossier tematiza incluso la propia pertinencia de la noción de “movimientos sociales”. ¿Qué ilumina, pero sobre todo qué obscurece este concepto central en la sociología contemporánea? Para el investigador mexicano, esta categoría no permite dar cuenta del antagonismo constitutivo de las sociedades capitalistas en las que vivimos, a saber, la negación del trabajo concreto, ocultando manifestaciones que buscan nuevas formas de relación, distintas a las existentes. En este sentido, los movimientos sociales son modos de existencia que exteriorizan estas luchas, pero, al mismo tiempo, negándolas. Siguiendo el argumento anterior, que afirma que la lucha no es una consecuencia de las relaciones capitalistas, sino condición de existencia de las mismas; entonces podremos situar de mejor forma el artículo de Tito Tricot sobre el movimiento mapuche en Chile y su relación con la violencia. Para el sociólogo chileno, el modo de existencia mapuche y las concepciones de mundo que derivan de ella (Küme Mongen) antagonizan con el modelo neoliberal, más aún cuando este último es inseparable de la violencia política que sistemáticamente se ha aplicado contra el pueblo mapuche, generando como respuesta, en un sector significativo del movimiento, lo que el autor conceptualiza como contra-violencia mapuche. ¿Cómo pensar en este contexto la relación de los movimientos con el Estado? En ambas conceptualizaciones el Estado es definible desde el antagonismo, más aún en el caso del texto de Garza, en tanto, su perspectiva es subsidiaria del marxismo abierto y del llamado a “cambiar el mundo sin tomarse el poder” (Holloway, 2011). En dirección contraria, el manuscrito de Tomás Torres y César Luzio aborda la concepción de los movimientos sociales desarrollada por Álvaro García Linera a lo largo de toda su obra político-teórica. La “tensión creativa” existente entre el Estado y los actores sociales adquiere, en el trabajo del actual vice-Presidente de Bolivia, una connotación especial por los diferentes lugares de enunciación por los que ha transitado este intelectual. ¿Qué continuidades y qué rupturas emergen en el tratamiento analítico de esta tensión? Esa es una de las preguntas que guía este artículo que se sumerge en la trayectoria de uno de los intelectuales más originales e influyentes de América Latina. También desde lo que se ha llamado la sociología de las intervenciones de los intelectuales, José Manuel Farías revisa sistemáticamente la obra de otro pensador fundamental para la comprensión de América Latina, pero sobre todo de Chile, Norbert Lechner. ¿Cómo la dimensión subjetiva de la política puede recomponer los puentes entre los actores sociales y el sistema político? Esta interrogante asume ribetes más actuales si se consideran los altos niveles de abstención electoral en un contexto de mayor protagonismo de los movimientos sociales en Chile (Garretón, 2016). Farías nos muestra cómo la narrativa de la “dimensión subjetiva de la política” fue construida científicamente, por un lado, y cómo esta elaboración fue permeando discusiones públicas claves para comprender la política reciente del país, por otro. Para el sociólogo uruguayo Maximiliano Duarte, retomar la relación entre movimientos sociales e institucionalidad, supone primeramente ir más allá de la dicotomía ciudadanía/clientelismo, binomio que recuerrentemente se ha utilizado en la región sobre todo para estudiar las expresiones políticas del mundo popular. Tomando como tópico y fuente empírica a las favelas cariocas, Duarte recorre críticamente la imaginación sociológica producida sobre las favelas de Rio de Janeiro, mostrando estos territorios como plataformas para la movilización e interacción con la institucionalidad. Otro actor anclado en un espacio popular que ha alimentado un gran número de reflexiones en las ciencias sociales es el movimiento de pobladores chileno. Rodrigo Millán rescata a un autor que, aunque consagrado, ha visto como sus primeros estudios precisamente sobre este movimiento han sido relegados, me refiero a Alejandro Portes. Esta recuperación pone de relieve la teoría de la “racionalidad poblacional”, como práctica política utilitaria que desmitifica, por un lado, la idea de una anomia marginal que impide la organización de los pobres urbanos y, por otro, la concepción que asume una inclinación natural de los habitantes de las barriadas hacia posiciones eminentemente radicales. El trabajo de Millán no sólo permite revisitar a un autor clave de las ciudades latinoamericanas, como lo es Portes, sino que también abre la posibilidad de rediscutir algunos de los tópicos del movimiento de pobladores que han tomado actualidad con la aparición del Movimiento de Pobladores en Lucha en Chile. Por lo mismo, este artículo debe leerse también a la luz de la reseña crítica que uno de los principales estudiosos actuales de este movimiento, Nicolás Angelcos, dedica a la obra “Pobladores: luchas sociales y democracia”, escrita por François Dubet, Eugenio Tironi, Vicente Espinoza y Eduardo Valenzuela. Esta obra, una de las más sistemáticas teórica y metodológicamente que se han publicado sobre este movimiento, sitúa el papel posible, así como las debilidades de este actor social en momentos en que se definía el retorno a la democracia. Angelcos procura sacar lecciones analíticas de este estudio para la comprensión de la expresión contemporánea del movimiento de pobladores. La citada transición democrática chilena ha sido caracterizada como un momento de baja presencia de actores sociales que desafíen al sistema político. Sin embargo, esta inercia ha sido quebrada por la emergencia de un ciclo de movilizaciones que encuentra en el año 2011 su punto álgido. Camila Ponce se dedica a comprender las formas de activismo y participación política que se inauguraron con el movimiento estudiantil de aquel año: cómo se construyeron identidades, cómo se renovaron los repertorios de acción colectiva y cómo aparecieron nuevas formas de subjetivación política, son algunos de los elementos que el texto de Ponce aborda, entregando reflexiones claves para comprender este momento de irrupción social. ¿Qué demandas pueden surgir con fuerza en este ciclo global? El texto de Van Parijs, traducido por el sociólogo Pablo Gutiérrez, sobre la Renta Básica, no sólo ofrece al lector en español un artículo de gran impacto en el mundo anglosajón, sino que también pondera una posible demanda que pueda adquirir fuerza en el contexto presente. Esto en la medida que los movimientos y activistas actuales parecen mostrar que dicotomías tales como lo material versus lo post-material no son suficientes para comprender las dinámicas reivindicativas de los movimientos contemporáneos. Finalmente, este número se cierra con una reseña del libro “Los Partidos y la cuestión agraria en Chile” de Octavio Avendaño. En el cincuentenario del inicio de la Reforma Agraria en este país, tanto el libro de Avendaño como la revisión que aquí se publica se vuelven referencia obligada, no sólo por la profundidad del trabajo en cuestión, sino que también porque la autoría de la reseña corresponde a uno de los intelectuales imprescindibles de Chile y a uno de los protagonistas de este hecho fundamental para la historia política reciente del país, me refiero a Jacques Chonchol. Con este amplio abanico de perspectivas, autores, teorías y movimientos, presentamos al lector este Dossier dedicado a los movimientos sociales en este nuevo ciclo de luchas. Esperamos que encuentren en estas páginas herramientas y discusiones que ayuden a consolidar una agenda de investigación de los movimientos más allá de los momentos de mayor movilización de un determinado ciclo. El equipo editorial que organizó este número agradece a todos los autores que enviaron propuestas y a los evaluadores que anónimamente contribuyeron a la definición del número tal cual llega a las manos de los lectores. ¡Buena lectura!

Si tuviésemos que buscar una palabra para definir este 2020 bien podría ser «incertidumbre». Tanto las resonancias de la revuelta social iniciada en octubre del año pasado, como también los profundos cambios y consecuencias que ha traído la pandemia por Covid-19, nos sitúan en un escenario de incertezas vitales pocas veces visto. Más aún entonces, y como bien decíamos al finalizar la editorial del número anterior, estamos frente a desafíos de enorme grosor, entretejidos a partir de los nuevos aires del octubre chileno y la pandemia.En razón de ello, para los dos números de este año hicimos un llamado para la recepción de artículos que se vincularan con ambos acontecimientos en desarrollo, pese a no tratarse de ediciones temáticas propiamente tales. Creemos que el ejercicio escritural, así como las investigaciones y reflexiones que están a su base nunca puede expresarse de manera ajena al tiempo en que se llevan a cabo. Se dice que nadie salta sobre su propia sombra, y tiene mucho sentido.Muy en consonancia con esa expresión y con el pensamiento orteguiano, diríamos también que nadie camina pasivamente tras su sombra, porque es parte de nuestra condición humana el interrogarnos por aquello que ocurre simultáneamente a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Desde esta perspectiva, acontecimientos como los mencionados son componentes de esa historia que es parte constitutiva de los seres humanos en el mundo, no al modo de un pasivo sufrirla o contemplarla, sino de vivirla juntos, dado que “la realidad, pues, del hecho no está en él, sino en la unidad indivisa de cada vida.”iAsí, en este primer número de 2020 incluimos tres artículos vinculados a los tópicos de la convocatoria, que se suman a otros tres no temáticos. En síntesis, abordan cuestiones relativas a: el ejercicio de la comparación para la formación en trabajo social; dependencia de drogas en mujeres; gubernamentalidad y resistencias frente a la pandemia; el giro político de la justicia para la discusión en trabajo social, especialmente a la luz de la revuelta social y la pandemia; construcciones de género en estudiantes en práctica en violencia de género; políticas sociales y modelo de intervención en un marco neoliberal en crisis tras el estallido social y la llegada del Covid-19. En cuanto a la localización geográfica en que se sitúan tales discusiones, éstas provienen de Francia, Argentina y Chile.El primer artículo, titulado «Iniciando a la comparación internacional para formar profesionales en intervención social: una experiencia de descentramiento, de Francia a Chile», de los autores Benjamin Denecheau e Irene Pochetti, parte de la comprensión del ejercicio comparativo como motor de aprendizaje para la formación. Se trata de una reflexión exploratoria en tanto proceso de objetivación de reflexiones acerca de las prácticas docentes, basado en observaciones realizadas antes, durante y después de un viaje de estudios, sumado a un taller de escritura realizado tras el periplo con los estudiantes.En segundo lugar se ubica el artículo «Transformación y construcción del género en estudiantes, a partir de sus prácticas en la temática de violencia de género», escrito por Raúl Ulloa Gutiérrez, Rocío Santander Navarrete, Javiera Gatica Lara y Andrea Avaria. Aquí se da cuenta de las transformaciones en las construcciones de género de un grupo de estudiantes (hombres y mujeres) de las carreras de Trabajo Social y Psicología, que desarrollaron su práctica profesional en el Centro de Prevención y Tratamiento de Violencia Intrafamiliar de la Universidad Autónoma de Chile. Por medio de un acercamiento cualitativo al tema, las reflexiones sobre la intervención social en dicho marco se entremezclan con elementos propios del contexto y la estructura social en que se despliega. Vinculado también a una reflexión sobre el género como sustrato, encontramos el tercer artículo, cuyo título es «Drogas y rehabilitación: historias de vida de mujeres consumidoras», de las autoras Carmen Gloria Jarpa-Arriagada, Yohanna Parra Carrasco y Daniela Escamilla Rojas. A partir de las experiencias de mujeres internas en una comunidad terapéutica de la Región del Biobío (sur de Chile), se recogen interesantes hallazgos que muestran que el inicio en las drogas ocurre en la adolescencia como resultado de un modelo de consumo masculino, donde predomina un discurso justificador, externalizante y de autocontrol respecto de la responsabilidad del inicio y mantención de la ingesta. Respecto del ingreso a rehabilitación, éste es gatillado por un punto de inflexión en su patrón de consumo asociado a sentimientos de pérdida afectiva y material, en donde el cuestionamiento al rol de la mujer en un contexto patriarcal opera como sustrato.El cuarto artículo proviene de Argentina y se titula «Discursos de gobierno y tácticas de resistencia desde los barrios populares (Salta-Argentina-2020): derivas analíticas de la pandemia». Su autor es Gonzalo Juan José Fernández y en este escrito pretende mostrar cómo en el contexto de la pandemia, las alocuciones gubernamentales son desplegadas bajo la grilla de la seguridad e inmunidad, por medio de formas como el aislamiento social preventivo y obligatorio y el distanciamiento social, bajo el principio de “cuidado” comunitario. Junto con ello, aborda las estrategias de resistencia ante dichos dispositivos que desarrollan grupos de vecinas y vecinos configurados como potencia plebeya, en algunos barrios populares de Salta capital.El quinto artículo, «Golpes de knock out y crisis sin retorno: política social y modelo de intervención obsoleto» de Iván Ojeda Pereira y Camila Joustra Bartholomaus, contiene una interpretación sociohistórica del carácter de la política social y modelo de intervención en el periodo nacional-popular, dictadura militar y postdictadura para, desde allí, reflexionar sobre lo que los autores estiman es una crisis sin retorno de la política social luego el estallido de octubre y la posterior crisis sociosanitaria por Covid-19, enmarcada en el ciclo neoliberal. Elementos como la focalización, el tecnocratismo economicista y la privatización de la política social son aspectos fundamentales para comprender dicha crisis.Finalmente, en sexto lugar, se ubica el artículo de Catalina Ruz Escobar, titulado «¿Qué justicia social queremos? Nociones para el trabajo social», que se inicia revisitando la noción rawlsiana de la justicia distributiva para, en segundo término, plantear el giro político de la justicia propuesto por Iris Marion Young y María Xosé Agra, quienes ponen de relieve la justicia democrática y la justicia del oír. A partir de estas perspectivas, se relevan algunas contribuciones para la ampliación del debate sobre la justicia en trabajo social, cuyas repercusiones teóricas y prácticas permiten atender -a juicio de la autora- de mejor forma a los desafíos actuales frente a la revuelta social y la pandemia.Tras los artículos reseñados, dos nuevos textos se suman a esta edición. Ambos están, de una u otra forma, vinculados con el proceso constituyente en curso. Por una parte, una entrevista a la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien además de hacer un balance sobre el trabajo de la institución que dirige, así como de los desafíos que vienen en materia de niñez en Chile, se refiere también a las posibilidades de participación de niñas, niños y adolescentes en la Convención Constitucional que redactará la nueva carta fundamental, en concordancia con los resultados del plebiscito del pasado 25 de octubre, donde una amplia mayoría se manifestó a favor de una nueva Constitución.El otro texto se ubica en la sección Debates y se titula «¿Por qué debe incorporarse el Derecho al Cuidado en la futura Constitución? Una reflexión desde el cuidado no remunerado de personas en situación de dependencia», a cargo de Mariela Serey Jiménez y Carolina Giaconi Moris, ambas integrantes de la Asociación Yo Cuido. Desde su experiencia activa en una entidad surgida de la sociedad civil, Mariela y Carolina fundamentan la demanda por constitucionalizar el cuidado como un derecho humano, junto con plantear ciertos desafíos en la materia, dirigidos hacia tres ámbitos en particular: las políticas sociales, la intervención social, y la sociedad civil.Ciertamente, este conjunto de escritos no agota las reflexiones de este convulso presente. Al contrario, se ubica como una invitación a seguir pensando aquello que conforma ‘los temas de nuestro tiempo’, parafraseando a Ortega, quien nos dirá también que la condición humana está dada por esa necesidad de saber y de afanarse con sus medios intelectuales, más allá de consideraciones naturalistas sobre nuestro devenir humanoii.Asimismo, en consonancia con el propósito de revista Intervención, estos escritos se ubican como un aporte a la reflexión en momentos especialmente complejos donde la incertidumbre ha sido el sello identitario de estos últimos tiempos, pese a que contamos con sistemas precisos para conocer y medir el paso del tiempo. En este escenario, a juicio de Wallerstein, las ciencias sociales tienen un rol insustituible: “intentan articular lo que sucede, ofrecen una interpretación de la realidad social que la refleja y la afecta al mismo tiempo, de modo que constituyen una herramienta tanto para los poderosos como para los oprimidos. Son un campo de lucha social, pero no es único, y probablemente no el principal. [Empero…] su forma se verá condicionada por el resultado de las luchas sociales futuras así como su forma histórica se vio condicionada por las luchas sociales del pasado”iii. De esta imbricación entre luchas sociales y ejercicio profesional y disciplinar seguiremos dando cuenta en el próximo número, en un año signado por las demandas sociales en las calles, en las casas producto del confinamiento, y en el espacio virtual.

La interdisciplina cada vez más expandida en las ciencias sociales nos ha puesto como desafío mirar los fenómenos sociales desde la complejidad. La historia, la ciencia política, la sociología y el trabajo social, nunca antes habían dialogado como ahora. La ciencia, si bien no puede responder a todo, intenta poder plantear debates sobre los modos de acción colectiva, sus repertorios de acción, ya no solamente desde una visión macro, sino que comprensiva de los sujetos y de los elementos de contexto que influyen en el ámbito del espacio público. Con el objeto de poder dialogar sobre lo anterior, pero específicamente desde una perspectiva situada en Chile en el contexto latinoamericano entrevistamos a Franck Gaudichaud, Doctor en Ciencia Política de la Universidad París VIII, Profesor de Historia latinoamericana contemporánea de la Universidad Toulouse 2 - Jean Jaurés (Francia), quien ha coordinado y escrito diversos libros sobre Chile y Latinoamérica en los últimos diez años. Franck, en el contexto de tu trayectoria académica, desde donde has podido investigar sobre movimientos sociales ligados al mundo sindical de la historia reciente de Chile, me gustaría que pudiésemos conversar sobre cómo interpretas el momento actual de Chile, en consideración de los procesos, de la historia política que has podido investigar, marcado en un primer instante por una experiencia socialista, seguida por la implementación de un modelo neoliberal en dictadura y de una recuperada democracia que para muchas personas aún resulta insuficiente. En un momento actual, si lo vemos desde el punto de vista más general, yo creo que, la pregunta es si la “transición” chilena ha terminado o no, creo que es una pregunta latente dentro de las ciencias sociales, dentro del mundo social chileno también, y que lo queramos o no esa pregunta sigue existiendo, sobre todo dentro del marco de una democratización neoliberal “pactada”. Las herencias autoritarias, podemos discutir si son “enclaves autoritarios” como señala Garretón, o estructuras autoritarias, pero a pesar de todo esto, se puede hablar de un gran continuismo entre elementos autoritarios y elementos democráticos. Evidentemente, también existen inflexiones y evoluciones notables: lo vemos desde el punto de vista de los movimientos sociales, a partir del 2006-2007 (por la parte sindical) y del 2011 (por la parte estudiantil y feminista) hubo una inflexión, incluso una casi ruptura en la historia reciente chilena, porque existió una gran reactivación de lo que el sociólogo Massimo Modonesi nombra movimientos sociales “antagónicos”, que cuestionan el “modelo neoliberal”. Por ejemplo, si hablamos de movimiento sindical, los estudios de terreno destacan una revitalización del espacio sindical en Chile, un uso marcado de la huelga (ilegal y legal), etc., aunque sea una revitalización parcial. Ahora bien, se puede señalar que la construcción neoliberal en Chile tiene globalmente mucha estabilidad, el modelo económico implementado por los Chicago Boys logró mantenerse en muchos aspectos en democracia. Las élites chilenas encarnan una clase dominante muy consolidada y bastante unificada (comparada con otros países de la región sudamericana). Con todo, yo hablo de “fisuras” o de brechas: creo que hay fisuras desde “arriba”, en varios ámbitos del “modelo”, y cierta reactivación social y subjetivación antagónica “desde abajo”, pero sin exagerar ni el uno, ni el otro. Si hablamos ahora más específicamente de mi investigación sobre el movimiento sindical-obrero chileno ayer y hoy, vemos más rupturas que continuidades de cierta manera. El periodo de la dictadura cívico-militar, evidentemente rompió lo que era el movimiento obrero chileno histórico, su vinculación con el Estado, los equilibrios, lo que se llamó el “Estado de compromiso” por ejemplo, de los años 1930 hasta el 1973. Hoy en día, el movimiento sindical es un movimiento sindical disgregado, muy fragilizado, en un contexto legal sumamente autoritario, el Código Laboral actual es herencia directa de la dictadura, del plan laboral de 1979. En este contexto, organizarse a partir y desde el trabajo en Chile es muy complejo, y es muy difícil hacer sindicalismo en condiciones mínimamente “normales”, siguiendo - por ejemplo - las normas de la convenciones internacionales de la OIT (no respetadas en Chile). Frente a partir de lo que tú acabas de mencionar sobre la revitalización, ¿piensas que ella está acompañada entonces, en el actual contexto, de nuevos repertorios de acción colectiva, o si se han transformado en relación a lo que tú pudiste investigar antes y a lo que estás viendo ahora? Sí, bueno, dentro de la idea de la “revitalización sindical”, está la pregunta sobre si los repertorios de acción (en el sentido de Sídney Tarrow) de la acción colectiva sindical se renovaron también. En parte sí, en parte solamente, porque hay muchos elementos que se mantienen en el tiempo, a lo largo de la historia (por ejemplo, en el espacio portuario que estudié últimamente). De manera más general, la acción sindical siempre pasa por “ciclos” más conflictivos o más “canalizados”, de la negociación a la huelga, y de la huelga a la negociación. No obstante, sin duda, el estudio de las dinámicas de conflictos y de huelgas, hacen parte de los repertorios centrales estudiados, pues permiten revelar muchos elementos de las relaciones laborales y sociales. En Chile, está el interesante trabajo del “Observatorio de la huelga en Chile”3, llevado a cabo por el COES y la Universidad Alberto Hurtado (UAH), donde un grupo de jóvenes investigadores realiza un gran esfuerzo para prolongar el trabajo de Alberto Armstrong, que venía de la Universidad Católica. Estos últimos vienen estudiando desde el 2000 hasta ahora la dinámica huelguística actual, mostrando muy claramente, con datos duros y fuentes (estadísticas de la Dirección del Trabajo, prensa, etc.) el “retorno” (relativo) de la huelga obrera en Chile. También, una de las características de la acción colectiva laboral en Chile, es que cuando existe conflicto éste va por fuera del marco legal, porque hacer huelga en Chile es casi forzosamente salir del marco legal. En Chile, si no es dentro del marco reglado de la negociación colectiva, la huelga está prohibida (por todas las otras causales), a diferencia de lo que existe en Francia por ejemplo… Un caso único en el mundo que se dice “democrático”. Así, gran parte de la acción colectiva huelguística está por fuera del marco legal y más aún en un país donde los trabajadores fiscales no tienen derecho a sindicalización ni a huelga. Esto genera una paradoja enorme en país supuestamente muy legalista, muy controlador, donde el Estado tiene una tradición de control social vertical muy fuerte: toda la acción colectiva sindical, incluso, no forzosamente “radical”, tiene un carácter “rupturista” de cierta manera. También significa que el “costo” individual, si hablamos de trayectoria individual de los trabajadores, el costo de la sindicalización es muy alto y la represión sindical excepcionalmente fuerte para un país de la OCDE. Volviendo a ideas más generales sobre el contexto de la sociedad chilena actual, ¿dónde ves tú las principales fracturas que existen al interior de la sociedad chilena y en qué se estarían basando desde tu punto de vista? Bueno, hace tres o cuatro años atrás, publiqué en CLACSO un pequeño ensayo, que se llamaba, “las fisuras del neoliberalismo”, centrado sobre trabajo, democracia y conflictos sociales4. Se trata de una discusión y de una síntesis crítica de lo que se ha escrito y de los grandes debates en torno a la evolución reciente del neoliberalismo. Ahí se plantea que los cientistas sociales que trabajaron este tema en Chile, primero dialogan muy poco entre ellos, es decir, cada uno desarrolla su pista, pero no toman el tiempo de discutir con los otros investigadores sociales; eso es un déficit que me parece muy importante. Segundo, se trata de debatir con las teorías planteadas en su momento por Alberto Mayol, quien desde las grandes movilizaciones estudiantiles del 2011, de la explosión estudiantil, podríamos decir, habla de un “derrumbe” -posible- del modelo. Obviamente no estamos frente a un derrumbe del modelo, no es posible sostener aquello aún, aunque sí hay fisuras, brechas, y reacomodos dentro del modelo, a la vez que una fuerte impugnación al mismo. Por eso, también es necesario volver a discutir y hacer dialogar los trabajos más históricos de Moulian, la idea del “transformismo” permanente del modelo chileno, o los trabajos de Manuel Antonio Garretón sobre “neoliberalismo corregido”, de Carlos Ríos sobre “neoliberalismo avanzado” y de volver a interesarnos a los textos de Rafael Agacino sobre la “madurez” del modelo. Algunos plantearon la idea que Chile sería una “sociedad de clase media”, otro gran mito del “jaguar” chileno que hay que deconstruir. Si vemos las estadísticas o entrevistas trabajadas por algunos colegas sociólogos de la Universidad de Chile (como Emmanuelle Barozet), aparece como una construcción mediática y política. Chile no es una sociedad de clase media, es una sociedad muy segmentada, donde una gran mayoría de los trabajadores tiene ingresos que están por debajo de los cuatrocientos mil pesos, neto o “líquido”. Entonces en estas condiciones hay que debatir algunos mitos: tampoco hay una estabilización de una clase media “ascensional”, moderna, con capacidad de ahorro. Basta con analizar el nivel de deudas, ahí tenemos una fisura muy grande de este modelo económico y social. Tú qué analizas todas estas tensiones desde una perspectiva crítica, ¿qué alternativas políticas o salidas visualizas en consideración con las deudas pendientes que tiene la democracia? Bueno es una pregunta muy política, que sale del campo académico, pero necesaria me parece. Lo que veo, es que hay continuismo neoliberal pero a la vez modificaciones en curso. Ejemplo: la aparición del Frente Amplio es un efecto indirecto de las movilizaciones de 2011, de manera diferida, de manera en gran parte institucionalizada, pero hay evoluciones incluso en el campo político-electoral en Chile notables. La pregunta es, si el Frente Amplio encarnará una renovación del modelo o una alternativa frente a este modelo fisurado. Esta es una gran interrogante. Algunos dicen que el camino institucional, sin modificación sustancial constitucional, está cerrado a toda alternativa, que tiene que ser dentro de la sociedad que debe haber una reactivación “desde abajo” de los espacios comunitarios, de los espacios autogestionados, de los sindicatos, de las formas de pensar la sociedad. O sea, romper con la visión totalmente neoliberal de la sociedad y defender la perspectiva de los bienes comunes. Es decir, revisar lo que hacen actualmente los jóvenes movilizados en Chile, el movimiento feminista, algunos sindicatos, planteándose estas nuevas formas de organización a partir de lo colectivo y de la co-construcción. Los trabajos de los sociólogos Pierre Dardot y Christian Laval, sobre la revolución de los “comunes”, son muy interesantes en este sentido: los comunes como respuesta a la crisis del capitalismo neoliberal, al autoritarismo, a las “zonas de sacrifico”, al derrumbe climático y ecológico, a la crisis de nuestra civilización, etc. Ahí hay una pista interesante, pero la pregunta después es más estratégica, es decir, el ¿qué hacer?, ¿es el partido la respuesta?, o sea, ¿hay que formar nuevos partidos, nuevos movimientos políticos, para responder a la crisis?, ¿cuáles son los otros caminos de democratización radical?, ¿cómo articular estos diferentes espacios? Desde tu opinión, ¿qué áreas de intervención debería privilegiar el Estado entonces en el contexto del Chile actual, teniendo en consideración todo lo que estamos hablando? El Estado en Chile, hasta el momento, es sumamente “subsidiario-asistencial-autoritario”, muy moldeado por lo que fue la dictadura. Claro que no estoy diciendo que es un Estado dictatorial, pero hay herencias que pesan dentro de su aparato y prácticas, incluso en su modo de intervención social y acción pública. La modernización neomanagerial de años 90-2000, no significó ruptura con el neoliberalismo, más bien significó “modernización neoliberal”. De hecho, es lo que muestran tus propios trabajos en materia de intervención hacia las mujeres y la violencia de género, o la tesis doctoral del politólogo Antoine Maillet sobre el “sendero neoliberal” y la acción estatal en la construcción de los mercados en Chile. Se pensó la democratización “en la medida de lo posible”, sin romper con lógicas subsidiarias y asistencialistas. Al contrario, se vino a legitimar en democracia esas lógicas. Por ejemplo, si pensamos en la reforma de Bachelet sobre la jubilación: ahora existe un bono para un ingreso mínimo para las mujeres más pobres, pero este mínimo no te permite vivir, y sobre todo no cuestiona el sistema de capitalización de AFP, que está totalmente colapsado. Quiero decir que el Estado neoliberal democrático también es “intervencionista” (y no solo como Estado represivo), creando “parches” para generar “intervención social” focalizada, pero sin tocar o modificar la estructura del mercado neoliberal privilegiando la focalización y las transferencias condicionadas. Otro ejemplo, ¿cuál es la respuesta del Estado chileno a las grandes movilizaciones estudiantiles? De manera bastante inteligente de hecho: se ha “escuchado” el malestar del que habla Mayol, el malestar en el mundo estudiantil, entonces se va a proponer gratuidad, ¿pero qué tipo de gratuidad?, una gratuidad que finalmente termina por subvencionar en parte las universidades privadas en vez de desarrollar o crear universidades públicas, entonces siempre está presente la lógica del “voucher”, y no del servicio público universal. Desde tu punto de vista y en la línea de la conversación, ¿cómo se permean los derechos y las experiencias de justicia e injusticia en un contexto de gobiernos de derecha como en el caso de Chile, y bueno también podríamos decir de Francia en la actualidad? No sé si hay tantas variaciones en la percepción de la justicia o injusticia entre los últimos gobiernos en Chile de Bachelet a Piñera o de François Hollande a Emmanuel Macron; no sé si la percepción cambia radicalmente. Existe une crisis de legitimidad de la política profesional en muchos países y globalmente, la injusticia se mantiene; si miramos los datos estadísticos, no hay grandes modificaciones. Después está toda la pregunta sobre la percepción de la injustica, que es muy variable según los contextos, que obviamente ahí hay un gran campo de investigación primero, pero también un espacio de debate sociológico-político. Si miramos Chile, estamos frente a una sociedad sumamente desigual, donde la ideología dominante, los medios hacen que parte significativa de las familias populares y endeudadas, tengan la percepción de pertenecer al espacio “medio” de la sociedad, y no a las clases populares. Al mismo tiempo, en Francia, un asalariado que desde Chile, tal vez, se puede considerar como de “clase media”, pues posee uno o dos autos, una casa (a crédito), una cubertura social bastante amplia en términos de salud y educación, sufre situación de precarización neoliberal creciente, lo que también acelera la crisis de legitimidad de los gobernantes. Así se generan grandes movimientos como el de los «chalecos amarillos», un movimiento excepcional por su amplitud, duración y características populares. Ahí, el corazón de la movilización fue la percepción de vivir de manera cotidiana la injusticia fiscal, que se volvió injusticia social cuando se entiende que el “1%” vive en el lujo. Las reivindicaciones de los «chalecos amarillos» parten de algo tan “básico” y tan esencial como el precio del litro de la gasolina, su aumento es vivido como una injusticia total por parte del Estado y de Macron, en particular dentro de sectores con bajos niveles de sindicalización, hasta el momento pocos organizados, pero con un “hartazgo” acumulado considerable. Obvio, el tercer elemento de la coyuntura es determinar quién es el responsable de la injusticia social. En el movimiento de los chalecos amarillos, es el Estado (y el Presidente Macron, calificado de “Presidente de los ricos”) que ha sido el centro del foco de la movilización y del descontento. La burguesía o la clase dominante -muy bien estudiado por los libros de sociología de Pinçon-Charlot-, o el empresariado, quedaron bastantes ilesos en el conflicto, ¿por qué?, porque se centró en el Estado como responsable principal. Entonces ahí hay elementos y variables entre la desigualdad social “real”, es decir estadística, y su construcción sociopolítica, la percepción de esta injusticia social y su traducción en términos políticos o ideológicos: eso es el objeto de la “política de conflicto”, en el momento de determinar a quiénes se le atribuye la responsabilidad de la desigualdad social o de la crisis de legitimidad de un sistema político. Y esa traducción política incidirá en si un movimiento social antagónico se vuelve reaccionario, progresista, populista, anticapitalista, etc. En el caso de los «chalecos amarillos», después de un momento de vacilación, su carácter progresista, antineoliberal y cada vez más elaborado, está ahora confirmado, y representa una gran esperanza democrática para muchos. Si consideramos entonces lo que acabas de decir, en torno a la justicia como una experiencia al estilo Derrida, y retomamos tu idea de percepción en el marco de tu investigación de campo más actual acerca de los trabajadores del sector portuario, ¿cuáles son las experiencias de injusticia social que te han podido transmitir aquéllos? Fue muy interesante emprender esta investigación, porque descubrí un mundo que conocía muy poco y que es muy poco estudiado en Chile. Existe un vacío historiográfico inmenso en este campo, cuando el trabajador marítimo-portuario es un actor central de la historia chilena. De hecho, el eslogan de la Cámara Marítima Chilena hoy es “Chile, país puerto”, y es cierto: Chile es un país puerto, con más de 40 puertos, es un país orientado hacia el mar históricamente, pero casi no hay estudios sobre los portuarios y es una paradoja total. Grandes historiadores de lo social, como Sergio Grez, Gabriel Salazar, o Julio Pinto, lo mencionan en sus trabajos pero muy en general de “pasada”, en sus investigaciones sobre movimiento obrero e historia del “bajo pueblo”. Algunos jóvenes ahora en Chile están intentado paliar ese vacío historiográfico. Lo interesante es mostrar cómo este espacio laboral bien especifico y bastante cerrado ha sido capaz de conformar formas de organización originales y sui generis. Un ejemplo, es la “nombrada”; históricamente los puertos, no solamente en Chile sino que en todo el mundo, poseen esta figura, que significa que es el sindicato que decide quién va a trabajar en el puerto, siguiendo un sistema rotativo (la redondilla) ¿Por qué?, porque el puerto es un espacio de la “eventualidad permanente” donde no hay estabilidad laboral, o muy poca. Hasta hoy, una minoría de los estibadores tiene contrato estable en Chile, todos son trabajadores por turnos, cada siete horas y media, un trabajador portuario es cesante, turno tras turno. De este modo, un portuario que camina por la calle, es cesante, en cambio un portuario que entra al puerto, es de nuevo contratado… Entonces para intentar organizar esa eventualidad, los sindicatos desde finales del siglo XIX, pusieron en marcha sistema de “nombrada” donde el sindicato controla la fuerza de trabajo, y “nombra” la mano de obra, todos los oficios del puerto, y por turno. Eso es muy interesante como forma de enfrentar la precariedad laboral. Así, el sindicato toma en sus manos el control, adquiere lo que llamamos “poder sindical” y también organiza la igualdad entre los trabajadores afiliados, obviamente eso también puede permitir si no es organizado de manera democrática, caudillismo y mafia sindical, lo que existe también fuertemente en los puertos. En fin, en Chile existió una interesante revitalización sindical con la creación de la Unión Portuaria de Chile, donde lograron comenzar a mancomunar territorialmente las acciones colectivas portuarias, y esto es muy importante: el puerto es un espacio laboral riesgoso, donde hay muertos, donde hay piernas cortadas, manos aplastadas, gente que muere cada semestre, mutilaciones… El problema es que como hay muchos puertos en Chile, se movilizaba un puerto, pero, ¿qué hacía el empresariado marítimo naviero? Iba al otro puerto, entonces la movilización no tenía peso. La Unión actual proviene de los años 2000 cuando emergió la Coordinadora Marítima Portuaria, principalmente desde los puertos del norte del país. Al procesar esa experiencia y probar con nuevas formas de coordinación territorial se desarrolló, a partir de los años 2010 y 2011, la Unión Portuaria del Biobío y luego la Unión Portuaria de Chile. Es lo que he estudiado en base a entrevistas, trabajo de fuentes escritas, observación en los mismos puertos. Fue muy enriquecedor conocer a esos trabajadores y dirigentes, me enseñaron mucho y sigo en contacto con algunos de ellos. Se puso en marcha un sistema de solidaridad de puertos a puertos, de huelga solidaria, se logró mancomunar fuerzas para evitar lo que sucedía antes. Es importante recalcar además que por los puertos sale el 80% de la riqueza del PIB chileno, entonces ahí se tiene lo que llaman algunos sociólogos como John Womack, “un poder disruptivo sindical”, es decir, son minoría de los asalariados, pero el poder que tiene de bloqueo de la cadena de producción y de exportación es fuerte, y si tienen organización (eso es lo principal ante todo) pueden obligar el gobierno a la negociación. Bueno, pero significa también la represión de Carabineros, la militarización de los puertos, etc. En tu experiencia de campo ¿has tenido aproximaciones a experiencias laborales de mujeres y cómo evalúas esas condiciones en el caso de las mujeres, de justicia y de injusticia social? Bueno eso es un gran déficit de mi investigación, pero también es un problema de invisibilización en sí en los puertos, que son espacios masculinizados y “virilistas”. Hay mujeres, pero muy pocas, entonces en las entrevistas, pude solamente entrevistar a dos mujeres de las treinta y tanto que realicé. Lo que necesitamos ahora efectivamente con urgencia es documentar mejor la especificidad del trabajo de las mujeres en los puertos, su papel en la movilización dentro y fuera del puerto. En su mayoría trabajan en la parte administrativa del puerto, pero hay cada vez más mujeres en el patio con los hombres haciendo trabajo de estiba. Parece que hay una investigación en curso sobre el tema. Lo que sí te podría decir y que lo trabajo un poquito es la relación del trabajador portuario con su familia, ya que como su trabajo es eventual, esa eventualidad recae mucho sobre la mujer, en el hogar. Existe así mucho trabajo no remunerado, de cuidado, en donde se observa una concentración de la reproducción social en el espacio familiar, dónde la mujer se vuelve dependiente de esa eventualidad permanente de su marido, que puede trabajar dos turnos de noche, un turno en la mañana, un turno en la noche, etc. Entonces, recae muchísimo de la responsabilidad familiar sobre ella, así su trabajo no remunerado permite el trabajo del hombre en el puerto. De esta manera, el portuario dice, sin mi mujer no puedo hacer lo que hago, o sin mi mujer no puedo tener el espacio familiar ni una casa, porque no sé en qué turno voy a trabajar. Incluso en la movilización, las mujeres tienen un papel activo, de orientación incluso si no son trabajadoras del puerto, o de acción desde la calle, también vienen al espacio sindical, organizan una olla común, o un espacio recreativo para los niños, etc. Eso aparece en las entrevistas y tengo como proyecto profundizarlo. En el último tiempo, he estado trabajando un poco sobre el movimiento feminista chileno, y yo creo que justamente es central para entender esas fisuras que mencionamos. El feminismo es hoy un elemento central de los movimientos sociales en Chile, la coordinadora 8M, el movimiento feminista en general, tal vez es el movimiento colectivo más dinámico de momento en Chile, y con conexiones internacionales, con Argentina, con España, con Polonia, con México. Lo interesante de la coordinadora 8M es que no abandonó la temática laboral, eso me parece fundamental; ellas se movilizaron para el primero de mayo, con la idea de que la mujer era también una mujer trabajadora, remunerada o no remunerada, pero siempre una mujer trabajadora, en el espacio cerrado doméstico o en el espacio asalariado. Se intentó hacer la conexión entre trabajo reproductivo y trabajo asalariado, incluso con la idea de que el trabajo reproductivo no remunerado tiene que ser reconocido como un trabajo y dar derecho a jubilación. Eso es muy interesante. Claro, poniendo en cuestión también esta idea de cómo la mujer se inserta en el mercado a partir del modelo capitalista en sí. Bueno atendiendo también a lo reflexionado y señalado hasta el momento, desde una perspectiva más latinoamericana, entonces, ¿cuáles son los desafíos que visualizas para la intervención social desde el Estado en la región? Yo creo que en el contexto latinoamericano, es muy importante lo que ha pasado en los últimos veinte años, donde se ha hablado de un “giro progresista” o giro “a la izquierda”. Lo importante es ver qué lograron o no estos gobiernos, llamados progresistas en su gran diversidad, desde el PT en Brasil (con Lula) hasta Morales en Bolivia, el Frente Amplio en Uruguay, incluyendo la experiencia bolivariana en Venezuela, Correa en Ecuador, un abanico muy diverso de experiencias nacionales populares y progresistas. Todos esos Ejecutivos pretendieron implementar nuevas formas de intervención social, la gran promesa de su gobierno era pasar de “la noche neoliberal”, como decía Correa a un postneoliberalismo, donde hubiera un retorno del Estado social, y efectivamente hubo un retorno del Estado social, de manera diferenciada pero se volvieron a implementar políticas públicas más activas, políticas focalizadas donde está la pobreza, de integración social a través de bonos, los famosos bonos “hambre cero” en Brasil, la asignación por niño en Bolivia y Argentina, las misiones sociales en Venezuela y todo un abanico muy grande de intervenciones sociales a través del Estado “refundado” (en el caso de Bolivia, Ecuador y Venezuela). El problema es que si hacemos un balance crítico, todos estos mecanismos de intervención social fueron muy dependientes de un momento y al final transitorios, pues fueron rápidamente afectados por la crisis económica capitalista mundial del 2008-2009. Lo anterior, porque el Estado social era y es dependiente de la extracción de materia prima, entonces el Estado social neodesarrollista fue en realidad, ante todo, un neo-extractivismo asistencialista, un modelo que no tiene sustentabilidad, que no tiene coherencia (ver los trabajos de Maristella Svampa, por ejemplo). En Venezuela se creó un conjunto de intervenciones y participaciones sociales por fuera del Estado incluso (los consejos comunales), pero todo lo que se adquirió en los años Chávez se derrumbó con la mega crisis actual: ahora la pobreza se disparó, hay una desigualdad social terrible, la crisis migratoria e inflacionista más grande de la historia del siglo XX-XXI. Se trata de la crisis del modelo del Estado rentista petrolero, combinado con los problemas de la corrupción, la ofensiva de Washington, la violencia política, etc. Terrible. Tal vez los dos países “progresistas” que hoy día aparecen como más “estables” son Bolivia y Uruguay, son los dos procesos que más lograron estabilizar una forma de pacto social que podemos calificar de corte más socialdemócrata en el caso de Uruguay y de nacional-popular en el caso de Bolivia. Claro, en el marco de sus modelos… En Brasil hoy, estamos frente a un desastre político que amenaza no solo al pueblo de Brasil, sino toda la región, con la presencia de una extrema derecha militarista y racista en el poder. Eso después de 16 años de gobiernos del PT (Partido de los Trabajadores). Es necesario descifrar lo que pasó allí, sin olvidar el golpe de Estado parlamentario y el encarcelamiento de Lula. El panorama es complejo. Acabamos de publicar un libro sobre el tema con Massimo Modonesi y Jeff Webber, en la UNAM, que intenta “una interpretación histórica de los progresismos latinoamericanos”, que establece un balance critico de ese periodo5. Quisiera volver un poco al tema de las migraciones de las que estábamos hablando. Al respecto, ¿cuáles son a tu juicio los principales desafíos actuales en materias de migración tanto en Chile como en Francia?, ¿encuentras que hay aspectos comunes pese a las diferencias contextuales? Bueno, aspectos comunes hay, como el tratamiento inhumano que los Estados aplican a los migrantes, aunque lo que pasa a nivel europeo es aún más dramático. Hoy día el mar Mediterráneo es el cementerio más grande del planeta, lo cual es responsabilidad directa de los Estados del espacio Schengen, debido al tratamiento que se le aplica a los migrantes que vienen del Sur, esencialmente de Libia y del norte de África. Ahí hay una responsabilidad que es política, si hablamos de Europa hablamos también de los Estados más ricos del planeta… Vemos una inhumanidad total de la política migratoria que rompe con todos los acuerdos internacionales, de Ginebra, y de muchos otros en materia de derechos humanos. Existe una ruptura de convenios firmados por los mismos Estados frente a la comunidad internacional, y en Francia es un tema central, el tema del tratamiento represivo en los centros de detención hacia niños, etc. Además, es un tema que está siendo instrumentalizado por la extrema derecha y explica el crecimiento radical de esas fuerzas en toda la Unión Europea. En América latina, está Trump y su relación con México, y un foco central de conflicto y de la negociación de López Obrador es obviamente el debate en torno al odiado muro. Dentro de lo novedoso en la región, tenemos la mega migración venezolana hacia el sur, hacia países como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, hablamos de casi cuatro millones de migrantes, es un fenómeno -en un tiempo tan corto-único en la historia de América del Sur, y que implica dramáticas problemáticas sociales. En este sentido, son interesantes los trabajos de María Emilia Tijoux desde Chile, sobre la racialización de la sociedad, de los cuerpos, de la política y su posible instrumentalización. A la vez, la sociedad chilena está cambiando, por una parte se está abriendo a nuevas culturas latinoamericanas, y por otra parte hay un crecimiento de la xenofobia y del racismo. Pero lo interesante es que hay una parte significativa de la sociedad chilena que yo creo que está cambiando, en positivo, una sociedad más multicultural y acogedora. Una sociedad chilena que por fin se va a latinoamericanizar, para no quedar encerrada sobre sí misma detrás de la cordillera: es ese aspecto positivo muy enriquecedor que espero que gane la partida sobre la xenofobia y el racismo.

Resumen: El artá­culo estudia el avance de las dictaduras del Cono Sur durante los años sesenta y setenta, tomando los casos de Brasil, Uruguay y Chile. Se estudia el mapa polá­tico regional y cómo distintas experiencias que no optaron por las armas pero proponá­an proyectos de transformación constituyeron un motivo de preocupación para las derechas locales y los Estados Unidos: João Goulart en Brasil (1961-1964), Juan Velasco Alvarado en Perú (1968-1975), Juan José Torres en Bolivia (1970-1971), la Unidad Popular en Chile (1970-1973), la creación y el crecimiento del Frente Amplio en Uruguay (1971) y el retorno del peronismo en 1973. El artá­culo también estudia los recorridos de la izquierda a través de los paá­ses del Cono Sur, conforme se afianzaba el cerco represivo de las dictaduras. Palabras clave: Dictaduras, Cono Sur, Plan Cóndor, Izquierdas. THE FENCING OF THE SOUTHERN CONE DICTATORSHIPS: Brazil, Uruguay And ChileAbstract: The article analyzes the dictatorship in the Cono Sur, during the sixties and seventies, especially Brazil, Uruguay and Chile. It examines the regional politic map and the lefts experiences that represented a warning to the rights and the United States: João Goulart in Brazil (1961-1964), Juan Velasco Alvarado in Peru (1968-1975), Juan José Torres in Bolivia (1970-1971), the Unidad Popular in Chile (1970-1973), the emergence and growing up the Frente Amplio in Uruguay (1971) and the return to the peronismo in 1973. The article, also analyzes the left paths through the Cono Sur countries under the advancing of the dictatorships. Keywords: Dictatorships, Southern Cone, Plan Cóndor, Lefts.

La publicación de la edición N° 8 de la Revista Nuevas Dimensiones inaugura una nueva etapa. En circulación electrónica desde el año 2010, como una iniciativa de profesores y profesoras de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en Chile, hoy se encuentra adscrita a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Alberto Hurtado y es la revista de la Asociación Chilena de Enseñanza de las Ciencias Sociales (ACHECS) y de la Red Iberoamericana en Didáctica de las Ciencias Sociales (RIDCS). Esta nueva edición comienza a gestarse a mediados del año 2020, en el contexto de la organización de la ACHECS, que reúne a académicos y académicas que trabajamos en la formación del profesorado de Historia y Ciencias Sociales, así como al profesorado en ejercicio de esa especialidad. En ese mismo periodo, vivimos la dolorosa pérdida del profesor Joan Pagés Blanch, responsable de la formación académica de varios integrantes de nuestra Asociación. Nuestras Primeras Jornadas de Enseñanza de las Ciencias Sociales, a fines del 2020, fueron en homenaje a su trayectoria, y en esa misma línea, decidimos que el relanzamiento de Nuevas Dimensiones abordara su contribución en el desarrollo de la didáctica de las ciencias sociales en el contexto Iberoamericano. Sin lugar a duda, sus aportes han permitido que hoy las reflexiones sobre la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales tengan un camino recorrido que ha permitido que en una parte importante de los países que tuvieron la oportunidad de recoger sus enseñanzas, hayan incorporado una mirada distinta con respecto a este campo de saberes. Por medio de ello se ha generado un importante aporte a la construcción de una ciudadanía crítica y empoderada que toma en sus manos la construcción de futuros alternativos que permiten el acercamiento hacia la justicia social. Esta edición comienza con una reseña de la obra de Joan titulada, Joan Pagés Blanch: el ejercicio de la ciudadanía democrática y la formación del profesorado de Historia y Ciencias Sociales, a cargo de Sixtina Pinochet y Lucía Valencia que pone foco en dos de las líneas en las que su quehacer ha sido clave para el desarrollo del campo de la didáctica: el ejercicio de la ciudadanía y su relación con la formación del profesorado de Historia y Ciencia Sociales y el rol de esos últimos en el desarrollo de esa ciudadanía. Los artículos siguientes consideran publicaciones de Pagés en números anteriores de Nuevas Dimensiones; trabajos que profundizan su aporte en la formación del profesorado en dos realidades situadas, las de México y Argentina; además de investigaciones sobre experiencias de prácticas de enseñanza en Ciencias Sociales y debates en torno a las posibilidades de enseñanza a través de la literacidad crítica y la problematización de la realidad social. El número inicia con el artículo de Paulina Latapí Escalante, titulado “Formación del profesorado de historia en México: Orientaciones determinantes”. A partir de su escrito, la autora destaca los aportes de Joan Pagès al desarrollo de la investigación en didáctica de la historia en un país caracterizado por una gran diversidad de enfoques en la formación del profesorado de esta asignatura. A través de un recorrido que pone su foco en revisar ponencias, lecturas, seminarios, talleres, entrevistas y conversaciones, entre otros, efectuados entre los años 2008 y 2020, la autora evidencia cómo Pagès invitó a la reflexión y la problematización de la enseñanza de las ciencias sociales, llegando a establecer una gran influencia tanto en la formación del profesorado como el currículo del país. El artículo, desde una descripción pormenorizada y sentida, denota los lazos de afecto que tejió el profesor Pagès con estudiantes de profesorado, académicos y académicas del ámbito de las ciencias sociales, y profesorado del sistema escolar. El artículo, además, evidencia el compromiso permanente de Joan por fortalecer lazos de colaboración a través de la conformación y consolidación de redes como REDDIHE. Destaca en el artículo el reconocimiento, desde el análisis de los planteamientos de Joan Pagès, de ciertas orientaciones nodales para la formación de profesores de historia. En ellas, es posible reconocer las enseñanzas que recogimos del profesor Pagès todas y todos quienes tuvimos la oportunidad de formarnos con él. El segundo artículo de homenaje está a cargo de Gerardo Raúl Arañal y Miguel Angél Jara, quienes titularon su propuesta “Investigar, formar e innovar. Aportes de Joan Pagès para repensar la formación del profesorado que enseña ciencias sociales, geografía e historia”. Desde una perspectiva muy similar al artículo anterior, los autores analizan los aportes de Joan Pagès al desarrollo de la didáctica en el ámbito latinoamericano, y dentro de este, en Argentina. Para ello, se enfocan en revisar la relevancia que tuvo en las obras de Pagès poner en un sitial de primera relevancia la formación inicial y continua del profesorado de ciencias sociales, entendiéndose esto como uno de los elementos claves para generar transformaciones en la enseñanza de este campo de conocimientos. Para ello, la propuesta presentada por los autores releva el interés que siempre suscito en Pagès el poder mantener una vinculación más permanente entre las escuelas y las universidades a través de prácticas que tuvieran un importante componente de reflexión profesional. Esto sería lo que permitiría establecer una relación más coherente entre lo que se investiga, y lo que termina sucediendo cuando se enseña historia, geografía y ciencias sociales. El artículo da un recorrido a través de las investigaciones, pero también de la participación en cursos, seminarios y otros por parte de Joan Pagès, por medio de ellos se evidencia la preocupación y participación constante en la formación del profesorado en contextos como el argentino. Arazy González, Carmen García y Antoni Santisteban presentan el artículo “Hacia un Modelo de Intervención Didáctica en Literacidad Crítica para la Educación Infantil. Avances en la Investigación”. Por medio de este se explicita la necesidad de abordar el desarrollo de la literacidad crítica desde la primera infancia. Para ello, se focalizan en evidenciar la relevancia que tienen la formación del profesorado de infantil en generar experiencias educativas que permitan que las maestras, maestros o educadoras y educadores adquieran estas competencias para poder desarrollarlas posteriormente con niños y niñas. Al respecto, proponen trabajar la literacidad crítica a través de materiales culturales como los cuentos o imágenes, para llevar a reflexionar a las infancias sobre presencias y ausencias, la mentira y la verdad, los intereses diversos frente a una misma situación, entre otros. En el artículo se plantea que el desarrollo de la literacidad crítica en las infancias es clave en la sociedad que vivimos hoy, ya que estas se desenvuelven en un mundo hiperconectado, donde la información (falsa y verdadera) transita sin mayores filtros. Por otra parte, el artículo plantea la experiencia implementada con el profesorado de grado de infantil para abordar el desarrollo de la literacidad crítica, y algunos de los resultados obtenidos a partir de su ejecución. Augusta Valle, Alejandra Acevedo, Alicia Chong, Ana Sánchez, Wendy Paucar y Mari Carmen Mencia presentan el artículo “Mirar la realidad y problematizarla, el trabajo de campo como una estrategia para re prensar la enseñanza de las ciencias sociales”. A través de su escrito, las autoras evidencian los resultados de una investigación desarrollada con el profesorado de educación secundaria sobre el trabajo de campo. Considerando las perspectivas de Joan Pagès, las autoras plantean que el trabajo de campo es una experiencia de aprendizaje que puede contribuir a que niños, niñas y jóvenes desarrollen el pensamiento social, y una comprensión sobre el mundo y su realidad. Para ello, se propone el trabajo con experiencias de campo que estén más cercanas al espacio cotidiano de quien aprende, ya que esto es lo que permitirá generar una comprensión que permita al estudiantado adquirir el desarrollo de competencias para un ejercicio crítico de la ciudadanía. Por su parte, Isaac Calvo nos presenta el artículo “¿Aprender la Historia de Otros o la Nuestra? Secuencia Didáctica sobre Memorias e Historia de la Unidad Popular (Chile, 1970-1973)”. A través de este, el autor nos evidencia una propuesta didáctica implementada en el marco de su investigación de posgrado con estudiantes de educación secundaria. La propuesta pone su foco en una secuencia didáctica que aborda la alfabetización del estudiantado participante en conceptos como los de memoria y memoria histórica, con tal de que, a partir de estos, sean capaces de levantar preguntas que permitan el rescate de memorias sobre la Unidad Popular en Chile. En el artículo se destaca el rol relevante las memorias como fuentes, pero también las fuentes secundarias, ya que estas últimas permiten situar y contextualizar los relatos. La propuesta didáctica finaliza con un foro a través del cual se dan a conocer los resultados del estudiantado en el proceso de investigación. En el artículo se recalca el potencial que tiene el trabajo con las memorias familiares y locales en el aula, ya que permite construir pensamiento social desde los propios intereses del estudiantado, lo que contribuye a su validación como sujetos sociales. Por otro lado, Daniela Pardo Cáceres, nos presenta el artículo “Propuesta desde la escuela: Plan Covid-19. Práctica de aula centrada en la incorporación de Problemas socialmente relevantes para el aprendizaje de las Ciencias Sociales en IV Año Medio”. En este artículo, situado desde las experiencias del profesorado en un contexto escolar en medio de la pandemia por COVID-19, la autora expresa la relevancia de trabajar a partir de Problemáticas Socialmente Relevantes (PSR), con tal de contribuir a que el estudiantado desarrolle competencias ciudadanas, y que a través de estas aprendan a leer y cuestionar la realidad vivida en Chile producto de la emergencia sanitaria. A su vez, la autora plantea que, por medio del abordaje de las PSR, se puede conducir al estudiantado para pensar y avanzar hacia el levantamiento de propuestas o alternativas que permitan abordar, una realidad social que es compleja. Javier García presenta el artículo “Modelos Docentes en Ciencias Sociales. Análisis de las Concepciones y Prácticas Docentes en el Área Metropolitana de Barcelona”. A través de este, nos presenta una investigación que tiene como objetivo describir, analizar y teorizar las concepciones y prácticas docentes del profesorado de ciencias sociales en educación secundaria. Para establecer las conclusiones de la investigación, el autor utilizó un amplio repertorio de instrumentos de investigación, entre los que destacan entrevistas, encuestas y unidades didácticas. A partir del análisis de la información, el autor nos presenta en este artículo los modelos de profesorado que logró reconocer. Destaca en el escrito el rol que el autor le asigna a la emoción en las prácticas del profesorado de ciencias sociales. Finalmente, Viviana Nancuante nos comparte el artículo “La Equidad de Género: Inclusión de la Mujer Indígena Aymara en la Enseñanza de las Ciencias Sociales”. A través del escrito, el cual se posiciona desde el estudio de las invisibilidades sociales en el ámbito de la enseñanza de la historia, la teoría crítica, y la perspectiva de los estudios de género y etnicidad, la autora nos presenta una revisión y análisis del currículo para determinar la inclusión de la mujer aymara en este. A partir de ello, se analizan las lecturas e interpretaciones que hace el profesorado sobre estas actoras, para incluir los saberes ancestrales del mundo femenino aymara en sus prácticas educativas. El artículo se plantea una serie de preguntas que apuntan a proponer cómo debería ser la inclusión de las mujeres aymaras y sus saberes en la enseñanza de las ciencias sociales.

O direito de liberdade[1] à informação jornalística foi objeto de proteção específica pela nossa Constituição, que, no parágrafo lº, do artigo 220, vedou expressamente qualquer atividade que possa constituir obstáculo ou embaraço ao fluxo informativo. Nesse sentido, o mens constitutionem é clara e incontroversa ao estipular vedação, quer ao Poder Executivo, quer ao Legislativo, para edição de atos ou desempenho de atividades que obstaculizem ou, de alguma forma, embaracem a livre informação jornalística. Na verdade, a informação jornalística foi alçada a um patamar singular de proteção por razões bastante palpáveis. É que a informação jornalística constitui veículo da opinião pública livre. Esta, de sua vez, garantia institucional da democracia e do pluralismo político, indicados, pelo artigo 1º, caput e inciso V, da Constituição Federal, como, respectivamente, essência e fundamento da República Brasileira. O direito de informação jornalística, tal qual os demais direitos fundamentais, não é absoluto. Antes, é limitável, encontrando na existência e na observância dos demais direitos constitucionais as fronteiras demarcatórias da sua extensão. Em diversas situações, o exercício de um direito fundamental pode implicar a ofensa de outro, ou outros direitos, de igual ou diferente natureza. Essas hipóteses, concretizadas amiúde na fenomenilização dos preceitos constitucionais fundamentais, albergam diferentes soluções. Muitas vezes, por exemplo, a própria Constituição se preocupa com a compatibilização dos dois ou mais institutos envolvidos. Por um lado, por exemplo, prescreve o direito fundamental à propriedade privada. De outro, institucionaliza a desapropriação. Contudo, compatibiliza a aparente assincronia, disciplinando a prévia e justa indenização. Em outras ocasiões, o constituinte outorga ao legislador ordinário a faculdade de integrar em eficácia institutos constitucionais, ou ainda faculta a edição de diploma de eficácia de suas normas. São as chamadas normas constitucionais de eficácia restrita e de eficácia contida, obedecendo-se classificação preconizada pelo Professor José Afonso da Silva.[2] Nessas situações não se colidem com os direitos, vez que o advento da legislação ordinária foi previsto e preconizado pela própria Constituição, “mas só tem cabimento na extensão requerida pelo bem-estar social. Fora daí é arbítrio,[3] conforme advertência do precitado jurista. Todas essas situações, no entanto, trazem como nota de similitude a existência de regras, dentro do sistema, de equacionamento desses supostos conflitos. De conseguinte, a questão a merecer maior detença é exatamente aquela em que os direitos colidentes permanecem ao desabrigo de anterior previsão constitucional regulamentar, é dizer, quando o conflito normativo, no qual se enlastram diferentes direitos constitucionais, não advém da abstração regulamentar da norma, mas surge no exercício convergente de dois direitos que, em certa medida, passam a se antagonizar. Tal situação bem se expressa no contraponto entre o exercício do direito à livre expressão do pensamento e o direito à honra ou à intimidade, onde certamente teremos circunstâncias de inconciliabilidade entre o exercício absoluto e ilimitado dos direitos colocados em concreta oposição. São as chamadas “colisões”[4] de direitos fundamentais, onde esses direitos, igualmente protegidos pelo texto constitucional, entram em conflito, visto que o concreto exercício de um direito fundamental implica a invasão da esfera de proteção de outro direito fundamental. Daí se poder afirmar que os direitos fundamentais não são absolutos ou ilimitados. Com pena de mestre, José Carlos Andrade Vieira[5] versa o tema: “Não o são na sua dimensão subjetiva, pois que os preceitos constitucionais não remetem para o arbítrio do titular a determinação do âmbito e do grau de satisfação do respectivo interesse”. Seguindo nessa trilha, resta analisar a problemática da determinação de um critério de compatibilização entre os direitos antagonizantes. Inexiste regra geral a ser observada em todas as situações de conflito, mesmo porque tais colisões não se situam no plano normativo, vale dizer, dentro do raio regulamentar de cada uma das normas, mas, contrariamente, surgem no concreto exercício dos direitos. Ninguém nega validade à norma protetiva da liberdade de imprensa. O mesmo se diga em relação à norma que protege a intimidade. No mundo fenomênico, porém, vezes a fio existirão circunstâncias em que o exercício da liberdade de imprensa implicará possível desrespeito à intimidade, sem que com isso se anule quaisquer das regras em análise, pressupondo-se, contudo, a compatibilização prática de ambas. Acompanhando o precitado mestre português[6], para que se equacione concretamente a questão “exige-se que o sacrifício de cada um dos valores constitucionais seja necessário e adequado à salvaguarda dos outros”. Tal entendimento, aliás, afina-se inteiramente à lição de Canotilho e Vital Moreira, que ensinam: “No fundo, a problemática da restrição dos direitos fundamentais supõe sempre um conflito positivo de normas constitucionais, a saber entre uma norma consagradora de certo direito fundamental e outra norma consagradora de outro direito ou de diferente interesse constitucional. A regra de solução do conflito é da máxima observância dos direitos fundamentais envolvidos e da sua mínima restrição compatível com a salvaguarda adequada de outro direito fundamental ou outro interesse constitucional em causa. Por conseguinte, a restrição de direitos fundamentais implica necessariamente uma relação de conciliação com outros direitos ou interesses constitucionais e exige necessariamente uma tarefa de ponderação ou de concordância prática dos direitos ou interesses em conflito. Não se pode falar em restrição de um determinado direito fundamental em abstrato, fora da sua relação com um concreto direito fundamental ou interesse fundamental diverso”.[7] Segue-se dupla conclusão, a primeira que os direitos fundamentais, não sendo absolutos, são limitáveis, a segunda que essa Iimitabilidade não está plasmada em qualquer regra constitucional de contenção, mas sim aportada no efetivo exercício de direitos colidentes, hipótese em que, no caso concreto, se promoverá a conciliação dos direitos e interesses constitucionais envolvidos a partir da premissa de máxima observância e mínima restrição dos direitos fundamentais relacionados. O raciocínio tem aplicação cabal para a definição do regime jurídico do direito de informação jornalística, o qual, dentre outros, encontra nos direitos da personalidade, em especial a intimidade e a privacidade, limites claros ao seu exercício. Tratamento jurídico singular, no entanto, parece receber o direito de crítica em relação à atividade dos mandatários políticos. Com efeito, o direito de informação jornalística deriva da reunião de dois institutos: a notícia e a crítica. Aquela pode ser singelamente definida pela veiculação de fato cujo conhecimento seja importante para que o indivíduo participe da vida em sociedade. A crítica pode ser conceituada como juízo de valor aportado sobre a notícia. Desde logo, observamos que o presente raciocínio tem aplicação específica: as relações derivadas do exercício do mandato e não a vida íntima ou privada do mandatário. No âmago das relações políticas, o direito de crítica adquire um colorido singular. Razões de duas ordens pelejam para o acerto dessa afirmação. A primeira consistente na exposição pública do mandatário, o qual, no terreno das relações políticas, se vê contingenciado a trazer ao conhecimento do público seus predicados de legislador, de administrador, de líder, enfim, de gestor da coisa pública em determinada polis. Por evidente que nessas condições, em que o indivíduo, por espontâneo ato de vontade, traz a público diversas afirmações quanto aos seus predicados e qualidades, não pode reclamar quanto a eventuais dúvidas ou questionamentos quanto aos mesmos. Essa, aliás, a advertência de Thomas Cooley: “Quando alguém se apresenta candidato a um cargo público, põe voluntariamente em evidência as suas aptidões para o cargo, e todos quantos duvidam d’ellas têm o direito de fazer sentir ao povo as suas dúvidas, e exporem-lhe livremente as razões”.[8] Com efeito, ao concretizar uma postulação política, seus predicados podem e devem ser dissecados por seus eleitores. Em síntese, a pessoa que se oferece ao julgamento de seus concidadãos, com o fito de vir a gerir o patrimônio e as coisas públicas, se coloca em uma situação de manifesta evidência e não pode reclamar o mesmo nível de privacidade de um cidadão comum, pois que é ingênuo à política a exposição ao público, que, desta feita, tem o direito a informações que sejam necessárias para a formação de um juízo quanto à vida pública do mandatário. Afinado a esse mesmo diapasão, o Tribunal Constitucional Espanhol, na sentença de 8 de junho de 1998, assim se manifestou: “...cuando las libertades se ejerciten en conexión con asuntos que son de interés general por las materias a que se refiere y por las personas que en ellos intervienen y contribuyen, en consecuencia, a la formación de la opinión pública, alcanzando entonces su máximo nivel de eficacia justificadora frente al derecho al honor, el cual se debilita proporcionalmente como limite externo de las libertades de expresión e información, en cuanto sus titulares son personas públicas o resultan implicadas en asuntos de relevancia pública, obligadas por ello a suportar un cierto riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados por opiniones e informaciones de interés general, pues así lo requiere el pluralismo político, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática”.[9] A segunda ordem de razões, todavia, é mais específica e diz respeito exclusivamente aos atos praticados no exercício do mandato. Com efeito, o mandato aqui referido, obviamente, é o mandato político ou representativo, através do qual o conjunto dos cidadãos outorga a alguns líderes o munus de reger a coisa pública, no Brasil, tanto na órbita legislativa como na executiva. Acompanhando Antonio J. Porras Nadales: “Partiremos de la definición de la representación como un proceso de relación intercomunicativa entre sociedad y Estado centrado en la transmisión de la voz de los ciudadanos sobre la esfera pública. Se trata de un proceso de carácter reductivo, en que se opera una conversión de la pluralidad de intereses y de la multiplicidad de voluntades individuales o grupales, hasta llegar a la unidad final de la voluntad del Estado”. [10] Para efeito da análise aqui empreendida, o principal aspecto do conceito retrotranscrito diz exatamente com essa faceta do mandato de relação intercomunicativa entre sociedade e Estado, pois tal aspecto, é dizer, o caráter intercomunicativo entre sociedade e Estado autoriza um regime jurídico singular do direito de crítica. Com efeito, segundo o precitado autor, a relação de representação política se decompõe em quatro fases, é dizer: 1ª) uma fase originária de debate, em que se procede à formação de uma vontade popular a ser expressa nas urnas; 2ª) uma, estritamente comunicativa, que se estabelece através do mandato, concebido como instrumento jurídico que condiciona determinados conteúdos e limites do processo de representação; 3ª) uma fase de controle de responsabilidade na qual se determina as formas de responsabilização dos mandatários perante a sociedade; e 4ª) a fase de atuação governamental. Essas fases, evidentemente, são compartimentadas, do ponto de vista estritamente teórico, visto que exsurgem imbricadas no cotidiano da relação representativa, servindo tão-só para hiperbolização de especificidades da relação de representação política. Nesse sentido, veja-se que a intercomunicação entre Estado e sociedade, embora peculiaridade da segunda fase, aparece em todas elas, pois a formação da vontade popular, o controle de responsabilidade e a ação governamental estão igualmente nucleadas num processo interativo entre Estado e sociedade, é dizer, ao menos entre a ação daquele e a crítica desta. O presente escorço, contudo, ressalta em importância os contornos apresentados pelo precitado autor no respeitante à segunda fase do processo de representação, a saber: um mandato concebido como instrumento jurídico que condiciona determinados conteúdos e limites do processo de representação. Esses conteúdos e limites, ao que se afigura, podem ser expressos ou tácitos. Do ponto de vista do mandato legislativo, alguns desses limites – expressos – são fixados pela própria Constituição, que, petrificando algumas de suas normas, as tornam intangíveis à manifestação dos mandatários populares. Limites tácitos também são colocados, dentre os quais sobressai com maior evidência a irrestringibilidade normativa do direito de crítica política. Com efeito, na medida em que a intercomunicação é característica intrínseca do mandato, à qual se soma ainda a necessidade de controle popular e de debates para formação da vontade popular, é evidente que os mandantes populares, ao outorgarem o mandato a seus representantes, inscrevem nesse mandato a cláusula tácita de inafastabilidade do direito de crítica da ação desses mandatários, sob pena de se negar a própria natureza de representação (que traz pressuposta a intercomunicação) do mandato político. Não se nega, é evidente, que a projeção generalizadora imposta pelo mandato político[11], em virtude da qual o mandatário representa o conjunto da nação e não seus eleitores singulares, enseja uma separação funcional entre Estado e sociedade, de tal modo a assegurar a esses representantes uma esfera de autonomia para proceder livremente na formação da vontade estatal. Todavia, tal aspecto sobressalente do instituto da representação política longe de negar, só reafirma a conclusão exposta. Com efeito, à míngua de instrumento de controle direto dos eleitores, a relação intercomunicativa, própria do mandato, perpassa por formas de controle ou de intercomunicação difusas, da qual tem maior e mais eficiência social exatamente o exercício da crítica política. Nesse sentido, vem a ponto, mais uma vez, a preleção de Antonio J Porras Nadales, para quem: “Si el control evaluativo de las políticas públicas supone un marco de intercomunicación entre la esfera pública y su propio ambiente o red social susceptible de interpretarse como un modelo innovador de relaciones entre sociedad y Estado, podría plantearse igualmente si en relación con la esfera estrictamente política no ha surgido también un cierto discurso social crítico (alimentado por los abundantes casos de corrupción y disfuncionalidades generadas en el ámbito del Estado de Partidos) alrededor de la propia relación representativa, en el que se expresan las pretensiones de un mayor grado de control social sobe el circuito de la representación política”. Vê-se, pois, que a crítica política, pese embora insuficiente como mecanismo de intercomunicação ou de controle da relação de mandato representativo, constitui-se no principal instrumento de intercomunicação entre mandantes e mandatários na esfera política, mesmo porque, como frisado, mínguam institutos jurídicos que possibilitem o controle direto e identificado entre eleitor e eleito. Reprisando o tema, calha, à perfeição, o escólio de André Hauriou: “Digamos por último que un electo, cuando controla el Gobierno o, con una razón más fuerte aún, cuando él mismo se convierte en gobernante, no habla ni actúa únicamente en nombre de su circunscripción, o más exactamente, de los electores que dentro de esta, circunscripción lo han elegido a él, sino que habla o actúa de toda la nación. Se ha convertido en un representante del Pueblo en conjunto, y no de una parte o una fracción de él”. [12] Assim, não obstante o mandato político não reproduza juridicamente o regime do mandato privado, até porque, como apontado, inexiste uma relação direta de identificação entre eleitor e eleito, fazendo com que este passe a falar difusamente em nome da sociedade, que, com relação a ele, pode se manifestar de forma igualmente difusa, através da crítica política. Dentro dessa esfera, portanto, pode-se, sem rebuços, afirmar que o direito de crítica se traduz num direito residual ao mandato, é dizer, quando o corpo eleitoral, no seu todo, outorga mandato aos eleitos, o faz para que falem em seu nome, tanto no exercício da função executiva, como na da legislativa, todavia essa outorga, por sua natureza ingênita, impõe a exclusão tácita dos poderes para subtrair dos eleitores o direito de criticar seus representantes eleitos no exercício desse munus público. Em termos concretos, tal quer significar que o direito de crítica aos aspectos inerentes ao mandato é ilimitável, ou seja, nenhum outro direito constitucional pode ser evocado como limite externo ao direito de crítica, que, para seu exercício pleno, apresenta como único requisito a identidade entre a crítica esgrimida e o desempenho de mandato político do criticado.