Academic literature on the topic 'Viviendas – Legislación – Perú'

El actual derecho a la vivienda en las legislaciones locales de las entidades federativas es considerado un derecho humano, y la redacción de sus principios se encuentran inspirado por dos fuentes jurídicas: por un lado, está la Constitución Política de los Estados; y, por otro lado, el derecho internacional de los derechos humanos. El concepto de “vivienda adecuada” no se encuentra en la Constitución, de ahí su inconstitucionalidad; pero a pesar de esto, el legislador local lo emplea para referirse al derecho humano a la vivienda y a su garantía. En 27 de las 32 entidades del país, acorde a este estudio, la legislación local emplea el concepto de “vivienda digna y decorosa” atendiendo a la norma fundamental, lo que representa poco menos del 85%, y en menor medida utiliza los conceptos de “vivienda digna” y “vivienda adecuada”.

Acciones y reacciones reversibles entre organismo y ambiente crean un proceso permanente adaptativo que conduce a la aclimatación. En realidad la adaptación es una forma de Mal de Altura cuya curación es la aclimatación. Se trata pues de una noxa climática que actúa sobre el individuo y la raza a punto tal que ha quedado enjuiciado en los relatos, documentos y libros de los comentarios o Historiadores del Tahuantisuyo y la Colonia, La "agresión climática" aparece definida por la acción nociva del "temple" andino para los costeños y del 'temple" costeño para los serranos. Tal factor fué contemplado en la Legislación social del Incario y Pachacutec y otros Incas la utilizaron en la táctica de la guerra (Garcilaso ). Se dejó sentir visiblemente la "agresión climática" en la reproducción humana y animal, Sobre lo primero el milagro de San Nicolás de Tolentino referente al primer hijo de padres españoles logrado en Potosí, tiene todas las características de un tan sensacional acontecimiento que entró en la tradición de la Villa hasta que la Escuela Médica Peruana encontró su explicación biológica, demostrando que, en la altura, a la fertilidad se llegó mediante un proceso lento de aclimatación progresiva de las razas españolas en los elevados altiplanos de Sud-américa. Análogo hecho se recoge del Acta de la Fundación de Lima y al mismo se refiere insistentemente el Padre Cobo. También aparecen informaciones precisas sobre la preocupación genética de las sociedades autóctonas del Tahuantisuyo al prohibirse el matrimonio entre hermanos contra lo admitido generalmente, pues sólo fué a partir del gobierno de Tupac Yupanqui, que se autorizó tal cosa y únicamente para sujetos de sangre real. Es interesante anotar que sobre el mestizaje indo-hispánico estableciera el Padre Cobo conclusiones genéticas que pueden estimarse como anticipaciones mendelianas. Queremos dejar claramente establecido que la adaptación, y la aclimatación de raza en la altura constituye un hecho perfectamente establecido como lo demuestra la descendencia hispánica en los Andes,. La regla en la aclimatación es la fertilidad. Si al atletismo se obtiene creando un déficit de oxígeno por encima del requerimiento normal; el déficit de oxígeno permanente de la altitud debe conducir necesariamente al atletismo. Luego el acostumbramiento a la fatiga debe ser la ley orgánica de altura. Pues bien todos los Cronistas están conformes en hablamos de la extraordinaria resistencia física del andino y como el cultivo del esfuerzo se incorporó profundamentalmente en su vida diaria -ciudades y viviendas en las cumbres; en su organización social, chasquis y cargadores del Inca; en las distintas formas del culto-apachetas; en la selección de la nobleza, fiesta del Huaracu, orden de los "orejones" y en fin en las ceremonias nupciales, fiestas del Atacaimita y Paltay - En todas ellas el entrenamiento en lo que respecta a concentración, alimentación y ejercicios atléticos y vida rigurosamente higiénica era análogo a lo que ocurrió en los juegos olímpicos de Grecia y en la preparación actual de las Olimpiadas. La raza autóctona estuvo tan hondamente impregnada del ambiente telúrico que en la constitución de las sociedades tenía que actuar, imperativamente, un determinismo bio-climático. Así se explica el sentido de las migraciones a localidades del mismo temple y el nomadismo de retorno de la organización de los Mitimaes, lo que trajo como consecuencia un cruzamiento incesante que daba homogeneidad a la raza, cuidando siempre de la estabilidad del clima de altura. La Sociología incaica pues fué bio-climática; la influencia biológica del altiplano se dejó sentir en el hombre, la raza y las sociedades de América en la paz, en la guerra y en la colonización. La Corona de España conoció el hecho y trató de fomentarlo con una abundantísima legislación que sólo quedó escrita. La República ignora este problema. En las guerras de emancipación toda vez que las tropas porteñas combatieron en localidades de escasa elevación, como ocurrió en las proximidades de Jujuy (1236 m. sobre el nivel del mar), Salta (1185 m.) y Tucumán (477 m.) salieron vencedoras, mientras que fueron derrotadas por los ejércitos andinos en el Alto Perú, por encima de 3000 m. de altitud, Sipe-sipe, Ahoyuma y Huaqui. San Martín se negó a atravesar el altiplano como si tuviera la intuición biológica de la agresión climática que históricamente venció a los hombres del Llano. El Instituto Nacional de Biología Andina hace un llamamiento para que los pueblos indo-hispánicos reciban de los poderes del Estado la protección que su biología reclama y que el problema de la vida y de las sociedades andinas que con tanta devoción lo está resolviendo la Universidad de San Marcos reciba todo el apoyo que la Nación debe darle.

Con el presente escrito, se busca hacer una análisis completo sobre la legalidad del contrato de mutuo para financiar vivienda y los intereses máximos a cobrar en esta clase de créditos, de conformidad con la nueva legislación de vivienda (546 de 1999) y las problemáticas presentadas respecto del parágrafo 3o del artículo 42, que desde el punto de vista jurídico generaron interpretaciones contrapuestas en los diferentes estrados judiciales que conllevaron a una inseguridad jurídica para los deudores y acreedores hipotecarios. Así mismo se efectúa un análisis completo sobre la Sentencia de Unificación SU-813 de 2007 proferida por la Corte Constitucional, que resuelve la problemática anteriormente descrita, en pro de la defensa de los derechos constitucionales de los deudores, pero, que sin duda alguna deja sin protección legal a los acreedores financieros y a los terceros de buena fe.

Este trabajo es un estudio analítico y comparativo entre el régimen de contrato laboral vigente en Ecuador y el contrato de teletrabajo que busca resolver el problema legal de establecer si la relación laboral de teletrabajo configurada como contrato de trabajo puede estar sujeta a las reglas generales de los contratos o reglas específicas del contrato de vivienda contempladas en el Código de Trabajo Ecuatoriano. Como el teletrabajo no está reconocido por la legislación laboral ecuatoriana, el trabajo se divide en tres capítulos diferentes que buscan solucionar el problema legal mencionado. Se exponen todas las características, elementos y demás cuestiones relevantes al régimen de contratación laboral, sirviendo de antecedente para el análisis comparativo antes mencionado. Posteriormente, se hace una descripción y análisis de la figura del teletrabajo, así como sus características y elementos que lo convierten en una figura diferente y única. Finalmente, se hizo un análisis del trabajo a domicilio (modalidad que está regulada por la legislación laboral ecuatoriana) para luego pasar a compararlo con el teletrabajo. El resultado de esta comparación es determinar si es legalmente posible regular. Palabras Clave: teletrabajo, legislación laboral, contrato de trabajo. Referencias [1]N. Samaniego, «El teletrabajo en el Ecuador,» agosto 2016. [En línea]. Disponible: http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/6133/1/TUSDMDL002-2017.pdf. [Último acceso: 09 Septiembre 2020]. [2]P. Alvarez, «Teletrabajo en la experiencia extranjera, » octubre 2018. [En línea]. Disponible: https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/25913/2/PA_Teletrabajo_2018.pdf. [Último acceso: 09 09 2020]. [3]M. Palacios, «El teletrabajo: hacia una regulación garantista en el Ecuador,» Quito, 2017. [4]J. Espinosa, «Los Efectos del Condicionamiento del Plazo de un Contrato de Trabajo a la Duración de un Contrato de Servicios Complementarios en Base al Artículo 169 numeral 3ero del Código de Trabajo,» Quito, 2015. [5]Constitución de la República del Ecuador, «Legislación laboral y de Seguridad Social Tomo I,» Pudeleco, Quito, 2016. [6]H. Chiriboga, «Historia del Derecho Laboral como instrumento político del Ecuador,» Guayaquil, 2017. [7]G. Blacio, «La vulneración de los principios constitucionales del trabajo, en cuanto a la exoneración del pago de utilidades a los operarios y aprendices de losartesanos,» Loja , 2016. [8]P. Arpi, «Estrategias para promover el teletrabajo en las empresas del sector privado del Ecuador para mejorar el empleo y la productividad,» Quito, 2018. [9]P. Martín, Teletrabajo y comercio electrónico, Madrid (España): Secretaría General Técnica, 2018. [10]G. Poveda, Abril 2018. [En línea]. Disponible: https://www.eumed.net/actas/18/empresas/18-una-revision-al-teletrabajo.pdf. [Último acceso: 09 09 2020]. [11]Organización Internacional del Trabajo, «Las dificultades y oportunidades del teletrabajo para los trabajadores y empleadores en los sectores de serviciosde tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y financieros,» 2016. [En línea]. Disponible: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_531116.pdf. [Último acceso: 09 09 2020]. [12]E. Villa, «Beneficios e impactos del teletrabajo en el talento humano: una revisión de literatura,» CEA,vol. 2, nº 4, pp. 59-73, 2016. [13]Ministerio de Trabajo, Agosto 2016. [En línea]. Disponible: http://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/2016/10/Acuerdo_Teletrabajo_WEB.pdf. [Últimoacceso: 09 09 2020]. [14]C. Vélez, «Análisis de la norma jurídica sobre el teletrabajo en Ecuador y sus vacíos legales,» Enero 2020. [En línea]. Diponible: http://dspace.uniandes.edu.ec/bitstream/123456789/11164/1/PIUAMDL001-2020. pdf. [Último acceso: 09 09 2020]. [15]R. Hernández, Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, México D.F. (México): McGraw Hill, 2018. [16]M. Bonilla y A. López, «Ejemplificación del proceso metodológico de la teoría fundamentada,» Scielo, pp. 305-315, 2016. [17]R. Buenaño, «El fututo del trabajo, teletrabajo y su influencia en la relación laboral,» Derecho Ecuador, 15 05 2020. [En línea]. Disponible: https://www.derechoecuador.com/el-futuro-del-trabajo-teletrabajo-y-su-influencia-en-la-relacion-laboral. [Último acceso: 10 09 2020]. [18]Ministerio del Trabajo y Previsión Social, «Ley 21220 Modifica el código del trabajo en materia de trabajo a distancia,» BCN, Santiago de Chile, 2020. [19]A. Mello y A. Acuña, «Primer Informe Estado del Teletrabajo en América Latina y El Caribe,» Ita Lac, América Latina y El Caribe, 2017. [20]C. Valera, «El teletrabajo en la legislación peruana y latinoamericana,» La Ley, Lima (Perú), 2020. [21]J. Rodríguez, «Teletrabajo en Panamá,» 06 03 2020. [En línea]. Disponible: https://www.dentonsmunoz.com/es/insights/articles/2020/march/6/teleworking-in-panama. [Último acceso: 11 09 2020]. [22]J. Hewitt, A. Acuña y A. Formoso, « Informe del Estado del Teletrabajo en Costa Rica,» CIIDTT, San José, 2017.

<p>En el presente estudio abordaremos la situación de monoparentalidad, pero no en un sentido general, sino que atenderemos a la que se produce como consecuencia y derivada de la violencia de género. Cierto es que se carece de una legislación estatal que atienda a esta situación, pero ello no es óbice para que sean cada vez más el número de familias monoparentales o monomarentales. Tomando como pretexto el Decreto 19/2018, de 9 de marzo, del Consell, por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana, vamos a ocuparnos de cómo se contempla en los casos de violencia de género. Hay que tener en cuenta la afectación al menor, así como la necesidad de articular mecanismos de protección suficientes teniendo en cuenta necesidades de inclusión en nuestra sociedad, y se plantean algunas cuestiones que es necesario darles una respuesta (por ejemplo, la situación de la vivienda habitual; la custodia compartida en la situación de violencia de género, entre otras). La metodología que se va a utilizar será un análisis de la normativa, se atenderá a la postura de la doctrina especializada en orden a determinar cómo mejorar la situación de la unidad familiar afectada. De dicho estudio extraeremos unas conclusiones para observar el grado de protección que concede la normativa, así como cómo se podría mejorar la situación de una monoparentalidad no elegida, sino derivada de una situación de violencia.</p>

La inserción laboral de personas con discapacidad, ha logrado espacios transcendentales en América Latina, sobre todo en la década pasada; respecto a los índices laborales éstos referencian el tema de los derechos humanos en salud, educación, vivienda y trabajo, pero este aspecto, aún sigue constituyendo una gran problemática. El Ecuador tiene políticas que identifican a dichos hombres como el grupo de atención prioritaria, de esta manera el objetivo primordial de la investigación, vislumbra una alta conmoción porque aborda situaciones de la inserción positiva de discapacitados quienes también obtienen la mayoría de veces, un rotundo, siendo ellos un valioso segmento social, idéntico que los registros de beneficios laborales en las unidades educativas de la ciudad de Ambato. En el quehacer de las funciones ellos encuentran obstáculos, no debido a su condición, sino por cómo está organizada la colectividad. Los inconvenientes que tienen que pasar para adquirir empleo, son las normas y reglamentaciones restringidas y que, a la hora de garantizar su acceso, no cumplen con lo estipulado por la legislación; es notorio en varias empresas públicas y privadas que los colaboradores inhabilitados no son tratados con igualdad, se crean estereotipos de marginación y compasión destinados a esta especie humana, disminuyendo su autoestima por ser considerados inútiles o no productivos. La población se delimitó en 1244, la muestra es de 294. Sobre la metodología que se utilizó se puede mencionar: Métodos de Análisis: Marco Teórico, a través de la participación de conceptos fundamentados en la autoría de varios especialistas; la bibliografía y producciones literarias inherentes; Método Descriptivo que significó emplear la técnica de la encuesta con su herramienta llamado cuestionario, a fin de obtener información que conecte, la misma que coadyuve a inspirar la paridad y accesibilidad a las múltiples oportunidades y en todos los ámbitos ciudadanos.

El derecho a la educación es un derecho fundamental internacionalmente reconocido. Empero, este reconocimiento está condicionado a las circunstancias personales del valedor o tenedor del mismo. Nos encontramos ante un derecho doblemente importante debido a que no sólo hablamos de educación en el sentido de ser receptor de una enseñanza sino también de integración y participación en la sociedad, de ahí que se promueva la implicación de todos los poderes públicos para su implementación y desarrollo. La evolución de tal derecho hasta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, momento en el cual se consolida la implicación de la comunidad internacional a este respecto, se ha visto confrontada en la actualidad en razón de la crisis económica que se está viviendo el último tiempo. De ahí que el motivo del presente estudio sea reivindicar la necesidad de implantación y aplicación de la normativa en materia de discapacidad en las universidades mediante la reforma de sus normas y la formación e información del personal. La universalización de los derechos, como la educación, se topa con dificultades para lograr su plenitud en cuanto los titulares del mismo presentan diferencias con respecto a otros receptores de este derecho. El reto de este trabajo es visualizar la situación en un entorno muy específico, el de la enseñanza universitaria, y en un contexto muy preciso, el del Reino de España. Sin embargo, la globalización hace asumir como propios los principales problemas y retos que se identifican en este trabajo. Se repara en el carácter prolijo de una legislación que tiene su origen e impulso en el ámbito internacional, para recalar en el ordenamiento interno con un grado de desarrollo y dispersión que chocan con una clara efectividad. La existencia de una voluntad meridiana de las autoridades competentes en adoptar un modelo inclusivo choca con dificultades exógenas, especialmente la carencia de medios, pero también endógenas, como la falta de implicación de alguno de los actores afectados. Desde estas líneas se afronta la necesidad de ser más rigurosos en la implementación de unos objetivos, que desde la letra de la ley son atrayentes y loables.El derecho a la educación es un derecho fundamental internacionalmente reconocido. Empero, este reconocimiento está condicionado a las circunstancias personales del valedor o tenedor del mismo. Nos encontramos ante un derecho doblemente importante debido a que no sólo hablamos de educación en el sentido de ser receptor de una enseñanza sino también de integración y participación en la sociedad, de ahí que se promueva la implicación de todos los poderes públicos para su implementación y desarrollo. La evolución de tal derecho hasta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, momento en el cual se consolida la implicación de la comunidad internacional a este respecto, se ha visto confrontada en la actualidad en razón de la crisis económica que se está viviendo el último tiempo. De ahí que el motivo del presente estudio sea reivindicar la necesidad de implantación y aplicación de la normativa en materia de discapacidad en las universidades mediante la reforma de sus normas y la formación e información del personal. La universalización de los derechos, como la educación, se topa con dificultades para lograr su plenitud en cuanto los titulares del mismo presentan diferencias con respecto a otros receptores de este derecho. El reto de este trabajo es visualizar la situación en un entorno muy específico, el de la enseñanza universitaria, y en un contexto muy preciso, el del Reino de España. Sin embargo, la globalización hace asumir como propios los principales problemas y retos que se identifican en este trabajo. Se repara en el carácter prolijo de una legislación que tiene su origen e impulso en el ámbito internacional, para recalar en el ordenamiento interno con un grado de desarrollo y dispersión que chocan con una clara efectividad. La existencia de una voluntad meridiana de las autoridades competentes en adoptar un modelo inclusivo choca con dificultades exógenas, especialmente la carencia de medios, pero también endógenas, como la falta de implicación de alguno de los actores afectados. Desde estas líneas se afronta la necesidad de ser más rigurosos en la implementación de unos objetivos, que desde la letra de la ley son atrayentes y loables.

Estudiar las relaciones intrafamiliares y las redes de apoyo en la China actual nos da la clave para evaluar los cambios en una sociedad históricamente dominada por estas relaciones. La familia tradicional china, base de su sociedad, empezó a sufrir transformaciones radicales a partir de 1949, cuando los comunistas llegaron al poder. Las Leyes de Matrimonio de 1950 y 1980 transfieren prerrogativas del sistema patriarcal dándole al Estado el control. Hasta fines de la década de 1980, la estructura de la sociedad y la familia en China no se había transformado mucho más allá de los patrones que habían fijado los cambios en la economía y la legislación, aunque las actitudes respecto al matrimonio y la situación familiar cambiaban: en un estudio que la autora llevó a cabo en 1987 en seis ciudades chinas se reflejaban estas nuevas actitudes. Pero los cambios más significativos han ocurrido en las últimas décadas, los cuales han permitido mayor equidad de género, libertad para elegir a la pareja y menos urgencia para tener hijos. Estas nuevas realidades, aunadas a las transformaciones económicas y la apertura política, llevaron al gobierno a proceder a una revisión de la Ley de Matrimonio de 1980. La ley revisada, del año 2000, considera situaciones más complejas en las relaciones intrafamiliares y es un esfuerzo tanto para adaptarse a las transformaciones de la familia como para afianzar valores tradicionales. A pesar de que la investigación sobre la familia en China ha estado limitada por las circunstancias políticas, las tendencias se han acentuado con la mayor apertura del país. Así, con base en diversos estudios y encuestas, se examinan relaciones familiares y redes de apoyo a partir de la década de 1990. En la actualidad, las redes de apoyo descansan en un sistema de relaciones interpersonales que se conoce como guanxi: relaciones de intercambio entre iguales. Estas relaciones son importantes para la vida diaria; facilitan el intercambio de servicios y resuelven problemas de vivienda, urbanización, autoempleo, migración y salud. La familia china está cambiando, tanto en el ámbito urbano como en el rural; sin embargo, sigue siendo la principal fuente de apoyo emocional y económico para los individuos

Estudiar las relaciones intrafamiliares y las redes de apoyo en la China actual nos da la clave para evaluar los cambios en una sociedad históricamente dominada por estas relaciones. La familia tradicional china, base de su sociedad, empezó a sufrir transformaciones radicales a partir de 1949, cuando los comunistas llegaron al poder. Las Leyes de Matrimonio de 1950 y 1980 transfieren prerrogativas del sistema patriarcal dándole al Estado el control. Hasta fines de la década de 1980, la estructura de la sociedad y la familia en China no se había transformado mucho más allá de los patrones que habían fijado los cambios en la economía y la legislación, aunque las actitudes respecto al matrimonio y la situación familiar cambiaban: en un estudio que la autora llevó a cabo en 1987 en seis ciudades chinas se reflejaban estas nuevas actitudes. Pero los cambios más significativos han ocurrido en las últimas décadas, los cuales han permitido mayor equidad de género, libertad para elegir a la pareja y menos urgencia para tener hijos. Estas nuevas realidades, aunadas a las transformaciones económicas y la apertura política, llevaron al gobierno a proceder a una revisión de la Ley de Matrimonio de 1980. La ley revisada, del año 2000, considera situaciones más complejas en las relaciones intrafamiliares y es un esfuerzo tanto para adaptarse a las transformaciones de la familia como para afianzar valores tradicionales. A pesar de que la investigación sobre la familia en China ha estado limitada por las circunstancias políticas, las tendencias se han acentuado con la mayor apertura del país. Así, con base en diversos estudios y encuestas, se examinan relaciones familiares y redes de apoyo a partir de la década de 1990. En la actualidad, las redes de apoyo descansan en un sistema de relaciones interpersonales que se conoce como guanxi: relaciones de intercambio entre iguales. Estas relaciones son importantes para la vida diaria; facilitan el intercambio de servicios y resuelven problemas de vivienda, urbanización, autoempleo, migración y salud. La familia china está cambiando, tanto en el ámbito urbano como en el rural; sin embargo, sigue siendo la principal fuente de apoyo emocional y económico para los individuos.

Resumen:El Convenio Europeo de Derechos Humanos no reconoce expresamente los derechos sociales de prestación (a excepción del derecho a la educación). A pesar de ello, el Tribunal de Estrasburgo ha realizado una interpretación extensiva de los derechos civiles y políticos reconocidos para incluir, de diversas formas, la protección de aquellos derechos. Una de las técnicas utilizadas ha sido la doctrina de las obligaciones positivas del Estado. Aunque el Tribunal ha aplicado esta doctrina, fundamentalmente, a los derechos civiles y políticos, podemos encontrar algunas resoluciones en las que establece determinadas obligaciones positivas estatales para proteger derechos como la protección de la salud, la vivienda, la protección social o la protección de las personas con discapacidad. En general, se trata de reconocimientos generales y poco concretos pero, en algunos casos, ha detallado cuáles son estas obligaciones. Esto lo ha hecho, en primer lugar, en casos en que se habían producido daños cuya responsabilidad era directa o indirectamente del Estado. En segundo lugar, cuando se trataba de personas que se encontraban bajo la tutela del Estado, como las personas detenidas o internas en prisiones. Y, en tercer lugar, cuando los afectados eran personas especialmente vulnerables (discapacitados o pertenecientes a la minoría gitana). Aunque se trata de una interpretación incipiente y poco desarrollada, muestra un camino en el que se debería profundizar en el futuro. Es generalmente admitido que son los Estados quienes deben tener la iniciativa en el diseño y establecimiento de los derechos sociales de prestación pero, en caso de conductas y omisiones estatales manifiestamente contrarias a los estándares internacionales, el Tribunal Europeo debería obligar a los Estados mediante sus sentencias a dictar una legislación o establecer políticas que hagan efectivos estos derechos.El artículo consta de una introducción, cuatro epígrafes de contenido y una conclusión final. En el segundo epígrafe se aborda la cuestión de la problemática justiciabilidad de los derechos sociales de prestación. En el tercero se hace referencia a la doctrina de las obligaciones positivas del Estado en la jurisprudencia del TEDH. En el cuarto se apuntan las principales técnicas que ha utilizado el TEDH para proteger los derechos sociales de prestación y, en particular, la extensión del contenido de algunos derechos civiles y políticos. En el quinto epígrafe se analiza cómo se ha utilizado la técnica de las obligacionespositivas del Estado en la protección de los derechos sociales de prestación y, en concreto, del derecho a la protección de la salud y del derecho a la vivienda.Summary:1. Introduction. 2. The social rights of assistance and its problematic justiciability. 3. The positive obligations of the state in the case lawof the ECtHR. 4. The protection techniques of the social rights of assistance in the case law of the ECtHR. 4.1. General approach. 4.2. Application of the prohibition of discrimination of article 14 ECtHR to certain social benefits. 4.3. Extension of the content of several rights recognized in the Convention. 5. In particular: the protection of social rights of assistance through the doctrine of the positive obligations of the state. 5.1. The right to health protection. 5.2. Theright to housing. 6. By way of conclusion.Abstract:The European Convention on Human Rights does not expressly recognize any social rights of assistance (except the right to education). In spite of this, the Strasbourg Court has made a broad interpretation of recognized civil and political rights to include, in different ways, the protection of those rights. One of the techniques used by the Court has been the doctrine of the State's positive obligations under the ECHR. Although the Court has essentially applied this doctrine to the civil and political rights, we can find some resolutions in which it establishes certain positive state obligations to protect rights such as protection of health, housing, social benefits or protection of people with disabilities. Generally, these are general and not very specific recognitions, but in some cases, they have detailed what these obligations are.Firstly, this has been done in cases where there was damage which was directly or indirectly the responsibility of the State. Secondly, regarding people who were under the protection of the State, such as persons detained or interned in prisons. And, thirdly, when those affected were particularly vulnerable (disabled or belonging to the Roma minority). Although it is an incipient and underdeveloped interpretation, it shows a way in which should be further deepened. It is generally accepted that it is the States that must take the initiative in designing and establishing social rights of assistance but, inthe case of state conduct and omissions that are manifestly contrary to international standards, the European Court should oblige States with their judgements to enact legislation or develop policies to give effect to these rights.The article consists of an introduction, four content epigraphs and a final conclusion. The second section deals with the question of the problematic justiciability of social rights of assistance. The third refers to the doctrine of the positive obligations of the State in the Case Law of the ECtHR. The fourth section outlines the main techniques used by the ECtHR to protect the social rights of assistance and, in particular, expanding the scope of some civil and political rights. The fifth section analyzes the use of the technique of positive obligationsof the State in the protection of social rights of assistance and, in particular, the right to protection of health and the right to housing.

El presente trabajo académico recoge normativa actual que está siendo aplicable a nivel registral con respecto a los pactos de reserva de aires y la independización de aires sobre aires, teniendo en cuenta que aires y azoteas son conceptos jurídicos equiparables. A partir de dichas fuentes, lo que se busca es plantear una distinción entre ambos conceptos y observar cómo es que en doctrina extranjera no se emplea los términos aires o azotea, sino surge la idea del derecho a vuelo, aspecto que intentaremos proponer como futuro cambio normativo en el Perú. Por otro lado, se analizará y cuestionará los precedentes de observancia obligatoria que dieron origen a los respectivos acuerdo plenarios que serán mencionados más adelante, debido a que no cumple con un correcto análisis crítico de las instituciones e inclusive, crean nuevos problemas jurídicos al registro y confusión a los usuarios.
This academic work includes current regulations that are applicable at the Superintendency of Public Registries (SUNARP) according to air reserve agreements and the independence of airs on airs, taking into account that airs and roofs are comparable legal concepts. From these sources, what is sought is to raise a distinction between both concepts and observe how it is that in foreign doctrine the terms air or roof is not used, but the idea of the right to flight arises, an aspect that we will try to propose as a future change normative in Peru. On the other hand, the precedents of mandatory observance will be analyzed and questioned, because it does not comply with an adequate critical analysis of the institutions and even creates new legal problems for registration and confusion for users.

El presente trabajo académico recoge normativa actual que está siendo aplicable a nivel registral con respecto a los pactos de reserva de aires y la independización de aires sobre aires, teniendo en cuenta que aires y azoteas son conceptos jurídicos equiparables. A partir de dichas fuentes, lo que se busca es plantear una distinción entre ambos conceptos y observar cómo es que en doctrina extranjera no se emplea los términos aires o azotea, sino surge la idea del derecho a vuelo, aspecto que intentaremos proponer como futuro cambio normativo en el Perú. Por otro lado, se analizará y cuestionará los precedentes de observancia obligatoria que dieron origen a los respectivos acuerdo plenarios que serán mencionados más adelante, debido a que no cumple con un correcto análisis crítico de las instituciones e inclusive, crean nuevos problemas jurídicos al registro y confusión a los usuarios.
This academic work includes current regulations that are applicable at the Superintendency of Public Registries (SUNARP) according to air reserve agreements and the independence of airs on airs, taking into account that airs and roofs are comparable legal concepts. From these sources, what is sought is to raise a distinction between both concepts and observe how it is that in foreign doctrine the terms air or roof is not used, but the idea of the right to flight arises, an aspect that we will try to propose as a future change normative in Peru. On the other hand, the precedents of mandatory observance will be analyzed and questioned, because it does not comply with an adequate critical analysis of the institutions and even creates new legal problems for registration and confusion for users.

Dos problemas de tipo económico se presentan alrededor de las viviendas vacacionales en nuestro país: su alto costo y su desuso, ya que, por tratarse de viviendas para descanso, la utilidad de estas se encuentra reducida a un tiempo mínimo durante todo el año. A su vez el desuso no solo se presenta desde la perspectiva del usuario final de la vivienda sino también desde la perspectiva del empresario turístico, que tiene desocupadas gran parte de las viviendas del complejo vacacional durante largas épocas del año, teniendo asegurada su ocupación solamente en períodos determinados del año, lo que representa una pérdida en su negocio. Por ello es importante hallar un mecanismo que permita que más personas puedan acceder a las viviendas vacacionales y a su vez que permita darles un uso permanente a fin de evitar el desperdicio de recursos. Para solucionar este problema podríamos acudir a la figura legal que en doctrina se conoce como multipropiedad, derecho que consiste en compartir la propiedad o el uso de un inmueble vacacional entre varias personas que se turnan en el disfrute en forma periódica. En Perú la multipropiedad ha sido regulada mediante el Decreto Legislativo N°706 que data del año 1991, sin embargo no ha sido aplicado en la práctica, por lo que son objetivos de este trabajo: determinar si efectivamente se pueden celebrar contratos de multipropiedad a la luz del citado decreto o si es necesario acudir a otra forma de regulación vigente, determinar las ventajas y desventajas de cada una de las posibles formas de regulación de la multipropiedad y por último determinar la opción legislativa más conveniente, ya sea en la misma normativa nacional o creando nueva regulación. Al final del presente trabajo se concluye que la alternativa idónea para regular este negocio turístico y aprovechar económicamente las viviendas vacacionales es el arrendamiento, y se propone una forma de regulación desde una perspectiva civil y registral.
Tesis

En los últimos años el gobierno nacional comienza a tener un papel más protagonista en el desarrollo de la vivienda de interés social. Tal es así que mediante decretos supremos se promueve la inversión privada en el desarrollo de estos proyectos. Los decretos supremos 010-2018 y 012-2019 buscan establecer disposiciones básicas que los promotores inmobiliarios puedan usar desde la concepción de los proyectos como tener más altura, densidad, reducir áreas mínimas, etc. que en conjunto da como resultado tener más área vendible, así mismo, obtener la licencia municipal, a pesar que estos no cumplan en su totalidad con los parámetros establecidos en el certificado de parámetros. Por otro lado, debido a que cada vez más limeños de clase media buscan departamentos ubicados en la llamada Lima Moderna, la cual comprende distritos de Jesús María, Lince, Magdalena del Mar, Pueblo Libre, San Miguel y Surquillo. Lince colinda con zonas residenciales, financieras y comerciales importantes de San Isidro, Jesús María, Lima Centro y La Victoria. Además, de su ubicación cuenta con una alta conectividad e infraestructura, por lo que el distrito es considerado como un punto estratégico. Lince está evolucionando de ser una zona comercial y residencial a una zona atractiva para el desarrollo inmobiliario como es el caso de la Av. Prolongación Iquitos donde muchas viviendas unifamiliares y comercios han cedido sus espacios para desarrollos inmobiliarios, por ello se ha considerado este distrito para el presente trabajo de tesis. El propósito del presente trabajo de tesis consiste en mostrar la conveniencia de la aplicación de los decretos supremos 010-2018 y 012-2019 en un proyecto multifamiliar en la avenida prolongación Iquitos del distrito de Lince. Presentar los beneficios del uso de ambos decretos, un comparativo entre un proyecto que está siendo ejecutado y que cumple con certificado de parámetros, y un proyecto que aplica algunas disposiciones de los decretos supremos para ofertar en el mercado un producto más económico y accesible a un target establecido. Para ello, se realizará un estudio que integre la situación macroeconómica, microeconómica, aspectos del mercado (oferta y demanda), propuesta de diseño, plan comercial y desarrollo del perfil estático y dinámico de ambos proyectos. Así mismo, el presente proyecto busca romper con los esquemas actuales de precio/calidad de departamentos en la zona para que inversionistas y personas del nivel socioeconómico B+ y A- puedan acceder a un inmueble económico, eco-amigable, sostenible y rentable que incluya espacios para Co-living y Co-Working, además de ser beneficiado por los programas sociales del estado peruano cerca a sus zonas de trabajo y estar en un distrito céntrico de Lima. Al analizar el proyecto y planteando un costo de capital (ke) de 12%, una velocidad de ventas de 6 unidades por mes que considera que el 33% de ellas son planes ahorro a 6 meses, el proyecto tiene un TIR anual de 16.32%, un TIR anual del accionista de 15.83% y VAN positivo. Con los TIR antes mencionados el proyecto es capaz de cubrir lo requerido por el accionista y el banco. Mientras que el proyecto que no aplica asumiendo un costo de capital de 12%, considerando la velocidad de venta real del producto de 4 unidades por mes, sin considerar planes ahorro; tiene TIR anual de 12.40%, un TIR anual del accionista de 10.08% y VAN positivo.
Tesis

El presente proyecto se trata de la evaluación de alternativas de inversión inmobiliaria de una habilitación urbana en un terreno de 73,038.51 m2 ubicado en el distrito de Hualmay, ciudad de Huacho, departamento de Lima. Como parte de esta evaluación se analizaron varios proyectos en lanzamiento, ejecución y entregados, los cuales ofrecen diferentes tipos de productos como: casas de campo, club house, casas huerto, venta de lotes unifamiliares y comerciales, y viviendas de interés social; siendo estas últimas dos la base de nuestro estudio. En este proceso, se identifica que la ejecución de viviendas subsidiadas por el estado a través del Fondo Mi Vivienda con su programa Techo Propio, no ha tenido una adecuada penetración como se tiene en provincias, debido a factores sociales y económicos que caracterizan a esta parte del país, como la autoconstrucción, uso de viviendas – comercio y áreas de terreno por encima de los 100 m2. Se ha propuesto tres escenarios de inversión que contemplan la venta de lotes de vivienda y comercio, dirigido a un segmento de nivel socioeconómico C, con ingresos familiares entre S/ 3,540 y S/ 4,310. El primer escenario se refiere a la comercialización al contado y financiado de 402 lotes de viviendas unifamiliares; el segundo escenario se refiere a la comercialización al contado y financiado de 355 lotes unifamiliares y la venta al contado de un macrolote comercial; el tercer escenario se refiere a la comercialización al contado y financiado de 355 lotes unifamiliares y un macrolote comercial con derecho de superficie y venta del flujo económico al onceavo año. Este tercer escenario es el que se alinea más con los objetivos de los inversionistas por sus proyecciones de ventas y sus posibles resultados económicos. Se estima una velocidad de ventas de lotes de vivienda de 9 unidades por mes, con un ticket de venta aproximado entre los USD 15,000 y USD 20,000, con cuotas mensuales aproximadas desde de USD 337 con una inicial del 20% a crédito directo y una TEA del 20% hasta 84 meses de financiamiento. El macrolote comercial se dará en derecho de superficie con un alquiler mensual de USD 12,853 y se estima su venta como flujo económico en el año once, lo cual genera un ingreso total de USD 1,714,340

El presente trabajo busca analizar las principales incidencias de las Asociaciones Pro vivienda en el Registro de Personas Jurídicas y demostrar por qué están en “proceso de extinción”. Para ello se hace una breve introducción de su origen, su definición y sus diferencias con las asociaciones creadas bajo el amparo del Código Civil de 1984. En una segunda parte se explican las razones de por qué a pesar de la larga data de su norma de creación, la Ley N°13500 y su reglamento D.S. N°131-H, estas aún están vigentes y siguen teniendo incidencia en nuestro ordenamiento legal. Finalmente, en una tercera y última parte se expone los problemas registrales más comunes vinculados a las Asociaciones Pro-vivienda y cómo el Tribunal Registral ha venido resolviendo en su jurisprudencia. De esta forma, a través del análisis legal y casuístico se desea mostrar un fenómeno que está ocurriendo paulatinamente y que está llevando a las Asociaciones Pro vivienda a su extinción: la modificación de sus estatutos sin la aprobación previa de la Junta Nacional de la Vivienda (hoy Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) conlleva a su transformación en una asociación al amparo del código civil.
Trabajo académico

El presente trabajo busca a partir de la normativa aplicable y de los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Registral, encontrar los criterios aplicables en sede registral al procedimiento de regularización de edificaciones al amparo de la Ley 27157, a fin de facilitar la inscripción del referido acto en el registro de predios. En ese sentido, se hace un análisis del marco normativo, de los requisitos para la inscripción de la regularización de edificaciones y se desarrolla los criterios adoptados por el Tribunal Registral.
Trabajo académico

Determina la relación entre las variables norma G050, seguridad durante la construcción, y la variable clima de seguridad de las edificaciones de viviendas multifamiliares del distrito de Surquillo, toda vez que, diversos estudios se ocupan de analizar la seguridad basada en el comportamiento, pero no se cuenta con estudios que analicen la relación entre las normas legales de seguridad y salud en el trabajo, los factores que influyen en su diseño, y como las mismas influyen en el clima de seguridad de las organizaciones y en el subsecuente cumplimiento de las mismas. En ese orden de ideas, el presente estudio analizó la información obtenida a través del cuestionario de clima de seguridad de (MELÍA JOSE, 1999), y el cuestionario de evaluación de factores que influyen en el cumplimiento de la norma G050 (CEFIC G050), aplicados a 250 colaboradores, de 25 labores de edificación de viviendas multifamiliares del distrito de Surquillo, evidenciándose una relación positiva entre las citadas variables. Dentro de los principales resultados obtenidos se tiene que: (i) los trabajadores estiman legítimo el acatamiento de la norma G050; (ii) las normas personales (sentimiento de culpa) y las normas sociales (el menoscabo de la consideración de personas apreciadas, tales como amigos o gente conocida), influencian en el acatamiento de la norma G050; (iii) los trabajadores se identifican socialmente con la norma G050; (iv) la norma G050 y sus potenciales infracciones ante su incumplimiento representa un elemento disuasivo para su cumplimiento de parte de los trabajadores. Finalmente, estando a los resultados de la investigación, es necesario revalorar la norma G050, las variables que afectan su cumplimiento y, su relación con el clima organizacional, a efectos de que todas las empresas del sector comprendan su importancia, y dirijan sus esfuerzos para su cumplimiento.